https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2025-410-713
Isabel Fernández Solo de Zaldívar
Universidad Internacional de La Rioja
https://orcid.org/0009-0005-6698-3470
Desde la aprobación de la Ley General de Educación en 1970 hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2022, la Formación Profesional (FP) en España ha transitado de ser una vía educativa secundaria a consolidarse como una opción estratégica para el sistema educativo y el mercado laboral. Durante estas cinco décadas, la FP ha experimentado importantes transformaciones normativas, metodológicas y estructurales, en respuesta tanto a las exigencias del tejido productivo como a los retos derivados del abandono escolar temprano y de la escasa empleabilidad juvenil. Este artículo ofrece una revisión sistemática de la evolución de la FP en España en el contexto de los cambios educativos impulsados desde la Transición democrática hasta la actualidad, con especial atención a la influencia de los modelos europeos (Alemania, Suiza, Países Bajos) y a las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO o CEDEFOP. Se analizan los avances más significativos —como la expansión de la FP Dual, la flexibilización curricular y la digitalización de la formación—, así como los desafíos aún presentes: la percepción social desfavorable, la desigual distribución territorial, las dificultades de coordinación con las empresas y la limitada orientación profesional. El estudio pone de manifiesto que la FP no solo ha contribuido a reducir el abandono escolar, sino que también ha permitido mejorar la cualificación de los jóvenes, adaptando los perfiles profesionales a los cambios tecnológicos y económicos. No obstante, para consolidar su función como vía formativa de calidad y prestigio, se requiere una estrategia a largo plazo que incluya una financiación suficiente, políticas de equidad territorial, un refuerzo de la orientación desde etapas tempranas y una mayor implicación del sector empresarial.
Formación Profesional, FP Dual, abandono escolar, empleabilidad, reforma educativa, sistema educativo español
Since the enactment of the General Education Law in 1970 and culminating in the 2022 Vocational Training Act (Organic Law 3/2022), Spain’s Vocational Education and Training (VET) system has evolved from a secondary educational pathway into a strategic pillar for the education system and labor market. Over the past fifty years, VET has undergone profound legislative, pedagogical, and structural transformations, in response to growing demands for skilled labor and the need to reduce early school leaving and improve youth employability.This article presents a systematic review of the development of VET in Spain in relation to the broader educational reforms introduced since the democratic transition. It pays special attention to the influence of successful European models (such as Germany, Switzerland, and the Netherlands) and to the policy recommendations of international organizations including the OECD, UNESCO, and CEDEFOP. The study analyzes major advances—such as the expansion of Dual VET, the modularization of curricula, and the integration of digital training technologies—as well as ongoing challenges like negative social perceptions, territorial disparities, limited business cooperation, and inadequate career guidance.The findings highlight that VET has played a key role in reducing dropout rates and aligning professional qualifications with technological and economic shifts. However, to fully consolidate its role as a high-quality and prestigious educational route, Spain must adopt a long-term strategy that ensures adequate funding, equitable regional access, enhanced early-stage vocational guidance, and stronger links with the business sector.
Desde la aprobación de la Ley General de Educación (LGE) en 1970, el sistema educativo español ha atravesado profundas transformaciones en todos sus niveles. La muerte de Francisco Franco en 1975 y la posterior transición democrática inauguraron una nueva etapa de reformas que afectaron también a la Formación Profesional (FP), tradicionalmente relegada a un papel marginal y de escaso prestigio dentro del sistema educativo. En los últimos cincuenta años, la FP ha pasado de ser considerada una “vía secundaria” a posicionarse como una alternativa estratégica frente a los retos de empleabilidad juvenil, abandono escolar y transformación productiva.
Anteriormente la FP estaba estructurada en torno a enseñanzas técnicas que se diferenciaban radicalmente de la educación general. Su orientación era claramente jerárquica y subordinada a los intereses del desarrollo industrial, con escasa integración curricular y sin mecanismos reales de movilidad hacia estudios superiores Aunque la Ley General de Educación (1970) representó un avance formal al establecer niveles formativos y un marco organizativo, no logró transformar la percepción social de la FP, que seguía considerándose una vía secundaria o de “segunda oportunidad” para el alumnado con menor rendimiento académico (Grande Rodríguez, 2013)..
La aprobación de la Constitución de 1978 abrió paso a una concepción más inclusiva y democrática del derecho a la educación, lo que impulsó una serie de reformas estructurales. A partir de la década de 1980, leyes como la LODE (1985) y, sobre todo, la LOGSE (1990), buscaron mejorar el reconocimiento social e institucional de la FP, integrarla mejor con la educación general y facilitar la transición entre los diferentes niveles del sistema educativo. No obstante, estas reformas no estuvieron exentas de tensiones y contradicciones, y los avances fueron desiguales en función de la comunidad autónoma, del tejido empresarial del territorio y de los cambios de gobierno (González y Martínez, 2019).
Desde entonces, la Formación Profesional ha sido objeto de sucesivas reformas legislativas y de planes estratégicos orientados a mejorar su calidad, adaptar su oferta a las nuevas demandas del mercado laboral e impulsar su dimensión práctica. La reciente aprobación de la Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la FP, representa el esfuerzo más ambicioso hasta la fecha por consolidar un sistema moderno, modular, orientado por competencias y conectado con los sectores productivos (BOE, 2022; MEFP, 2023a).
La relevancia de este proceso histórico se hace especialmente visible si se analizan algunos indicadores clave. Según Eurostat (2023), España ha logrado reducir la tasa de abandono escolar temprano del 31,7 % en 2008 al 13,9 % en 2022, pero todavía se sitúa por encima de la media de la UE-27 (9,6 %). Numerosos estudios han demostrado que la expansión de la FP, especialmente en su modalidad dual, ha sido uno de los factores más influyentes en esta mejora (OECD, 2023; CaixaBank Dualiza y Orkestra, 2023).
En paralelo, la inserción laboral de los titulados en FP ha mejorado notablemente en las últimas dos décadas, aunque persisten diferencias significativas entre modalidades, territorios y sectores. La FP Dual, implantada de forma generalizada a partir de 2012, ha mostrado tasas de inserción superiores al 85 %, muy por encima de la FP tradicional, según datos del Observatorio de la Formación Profesional (CaixaBank Dualiza y Orkestra, 2023).
Este artículo se enmarca dentro del monográfico “Transformación educativa: medio siglo tras la muerte de Franco” con el objetivo de analizar la evolución de la Formación Profesional en España entre 1975 y 2025. A través de una revisión sistemática de fuentes académicas, informes institucionales y datos estadísticos oficiales, se reconstruirá el itinerario legislativo, curricular y político de la FP durante este período, evaluando sus logros, limitaciones y desafíos futuros. En definitiva, se trata de ofrecer una mirada integral a uno de los pilares más dinámicos y estratégicos del sistema educativo español.
Método
Este trabajo adopta un enfoque de revisión sistemática de la literatura con el objetivo de analizar las transformaciones legislativas, institucionales y sociales que ha experimentado la Formación Profesional (FP) en España desde 1975 hasta 2025. Se ha optado por esta metodología por su idoneidad a la hora de sintetizar grandes volúmenes de información, identificar patrones históricos y contrastar políticas educativas a lo largo del tiempo (Gough, Oliver y Thomas, 2017; Snyder, 2019).
El análisis se organizó en cuatro dimensiones temáticas, que estructuran los resultados del artículo:
Esta estructura temática permite articular el análisis histórico con los desafíos contemporáneos y futuros de la FP, aportando una visión integradora y crítica sobre su transformación desde el fin del franquismo hasta la actualidad.
Marco legislativo e histórico de la Formación Profesional en España (1970–2025)
El desarrollo normativo de la Formación Profesional (FP) en España ha estado estrechamente vinculado a los procesos políticos y sociales que han configurado el sistema educativo durante las últimas cinco décadas. Desde la Ley General de Educación de 1970, hasta la actual Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (2022), se han sucedido una serie de reformas que han transformado progresivamente la FP, tanto en su estructura como en su función social y económica (Tabla 1).
La FP durante el tardofranquismo y la transición democrática
La Ley General de Educación (LGE) de 1970 introdujo una estructura formal para la Formación Profesional dentro del sistema educativo, pero aún separada del itinerario académico tradicional. Estableció un sistema de FP de primer y segundo grado, orientado a cubrir las necesidades del mercado laboral, con una fuerte división entre educación general y técnica Aunque representó un avance técnico respecto a la situación anterior, la FP continuó siendo percibida como una vía de menor prestigio, especialmente entre el alumnado procedente de contextos desfavorecidos (Grande Rodríguez, 2013).Con la aprobación de la Constitución Española en 1978, se sientan las bases para una estructura más equitativa e inclusiva del sistema educativo, incluida la FP. Sin embargo, no será hasta mediados de los años ochenta cuando se produzcan cambios significativos.
La LODE (1985) supuso un primer paso hacia la consolidación de un sistema educativo democrático, reconociendo la libertad de enseñanza y regulando el sistema de centros públicos y concertados, lo que afectó también a la provisión de la FP en diferentes entornos (González y Martínez, 2019).
Durante el periodo comprendido entre la aprobación de la LGE (1970) y la LODE (1985), la Formación Profesional en España experimentó una transformación significativa en términos estructurales y metodológicos. La LGE introdujo una FP dividida en dos niveles —Formación Profesional de primer grado (FPI) y de segundo grado (FPII)— con currículos que combinaban enseñanzas generales, formación básica y formación profesional específica, aunque con una clara separación respecto a la educación académica tradicional (Grande Rodríguez, 2013). Esta estructura respondía a un enfoque tecnocrático centrado en la capacitación operativa más que en una formación integral del alumnado. Aunque la FP se integró formalmente en el sistema educativo, persistía una notable desconexión entre la oferta formativa y las necesidades reales del mercado de trabajo (Mena, Fernández-Enguita y Riviere, 2010). Además, los diseños curriculares seguían distantes de los planteamientos pedagógicos más avanzados, lo que dificultaba la adaptación de la enseñanza a contextos dinámicos y a la diversidad del alumnado. Resultaba significativo que, mientras el Bachillerato y el COU se centraban exclusivamente en enseñanzas generales, la FP combinaba contenidos generales, básicos y específicos, reforzando su identidad diferenciada dentro del sistema educativo. Estos factores explican por qué las transformaciones introducidas posteriormente con la LOGSE marcaron un punto de inflexión en la concepción y el papel de la FP en España.
La LOGSE (1990) fue la primera ley que abordó de manera profunda la estructura de la Formación Profesional en un marco unificado. Estableció los ciclos formativos de grado medio y superior, integró la FP en la educación secundaria postobligatoria y articuló un modelo más cercano a la educación general (Martínez García, 2009). Esta ley supuso un punto de inflexión, ya que por primera vez se planteó una estructura formativa modular y orientada a competencias profesionales.
Como parte de las medidas orientadas a reducir el abandono escolar, durante el desarrollo de la LOGSE se pusieron en marcha los Programas de Garantía Social. Estos programas estaban dirigidos a jóvenes que no habían obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y ofrecían una primera cualificación profesional básica, orientada a facilitar su inserción en el mercado laboral o su reincorporación al sistema educativo. Aunque su alcance fue limitado y su estructura menos sistematizada que la de los programas posteriores, constituyeron el antecedente directo de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) implantados con la LOE (Marhuenda, 2006).
La elaboración de la LOGSE fue precedida por un proceso participativo en el que se constituyeron los Grupos de Trabajo Profesional (GTP), una innovación destacada en el ámbito de la política educativa. Estos grupos, integrados por docentes y expertos del ámbito empresarial, participaron activamente en la definición de los nuevos Ciclos Formativos, lo que permitió incorporar criterios profesionales a la construcción curricular, más allá de los puramente pedagógicos. Gracias a su intervención, se pudieron definir con mayor precisión los perfiles profesionales, los resultados de aprendizaje esperados y las condiciones técnicas necesarias para impartir cada ciclo (Marhuenda, 2006).
Durante la década de 1990, en paralelo a la implantación de la LOGSE, el Consejo General de la Formación Profesional aprobó los Programas Nacionales de Formación Profesional, que resultaron fundamentales para articular los pilares del futuro Sistema Nacional de Cualificaciones. En ellos se definieron los componentes esenciales de dicho sistema: el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, los certificados de profesionalidad, los procedimientos de acreditación de competencias y los mecanismos de coordinación entre la formación reglada y la formación para el empleo. Estos programas anticiparon el tránsito hacia un modelo de formación basado en competencias, más próximo al contexto europeo y a las demandas del mercado laboral (Marhuenda, 2006).
En esta misma línea de avance estructural, en 1999 se creó el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), mediante el Real Decreto 375/1999. Su función era apoyar al Consejo General de la Formación Profesional en el desarrollo del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, piedra angular del nuevo enfoque formativo basado en competencias. Este organismo, en colaboración con las administraciones educativa y laboral, facilitó la articulación entre la formación reglada y la formación para el empleo, sentando las bases del actual Sistema Nacional de Cualificaciones (Martínez-Morales & Marhuenda-Fluixá, 2020).La LOCE (2002), aunque de corta duración, introdujo algunos elementos de control de calidad en el sistema, pero no llegó a consolidar cambios relevantes en FP debido a su escasa implementación (González y Martínez, 2019).
Con la LOE (2006) se consolidaron los ciclos formativos como la vía principal de acceso a la FP reglada, se reforzó la orientación laboral y se abrió la posibilidad de diseñar programas de cualificación profesional inicial (PCPI), dirigidos a jóvenes en riesgo de abandono escolar (BOE, 2006). Estos programas retomaban el espíritu y los objetivos de los anteriores Programas de Garantía Social desarrollados bajo el marco de la LOGSE, que también estaban orientados a proporcionar una primera cualificación a quienes no habían superado la educación obligatoria, aunque con menor estructuración curricular y sin la misma proyección hacia el sistema reglado (Marhuenda, 2006).
La LOMCE (2013) mantuvo la estructura general de la LOE pero sin grandes transformaciones en la FP. Se centró más en reorganizar las etapas educativas obligatorias y reforzar el enfoque evaluador del sistema, dejando en segundo plano el desarrollo de la FP, salvo por la creación de la FP Básica como sustitución de los PCPI (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2023a).
La LOMLOE (2020) introdujo mejoras en la equidad educativa y la personalización del aprendizaje. En relación con la FP, promovió una mayor conexión entre el sistema educativo y el mundo laboral, sentando las bases para la reforma posterior (BOE, 2020).
Finalmente, la Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional, representa la reforma más profunda del modelo español de FP. Esta norma configura un sistema único e integrado de FP, de carácter modular, orientado por competencias, conectado con la estrategia de empleabilidad del país y con especial énfasis en la FP Dual como modalidad obligatoria y progresiva (BOE, 2022). Además, la ley establece una colaboración estructurada entre centros educativos, empresas y administraciones, con el objetivo de consolidar un sistema más flexible, adaptado a los cambios tecnológicos y alineado con el desarrollo regional y sectorial (CaixaBank Dualiza y Orkestra, 2023).
TABLA 1. Resumen del desarrollo normativa en España
| Año | Ley | Impacto en la Formación Profesional |
|---|---|---|
| 1970 | Ley General de Educación (LGE) | Introduce una estructura básica para la FP, separada de la educación general. |
| 1985 | Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) | Establece derechos básicos y define la red de centros públicos y concertados. |
| 1990 | Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) | Integra la FP en la educación secundaria, introduce los ciclos formativos. |
| 2002 | Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) | Breve aplicación, con enfoque tecnocrático; poca repercusión en FP. |
| 2006 | Ley Orgánica de Educación (LOE) | Consolida los ciclos formativos y fomenta la conexión con el mercado laboral. |
| 2013 | Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) | Modifica la estructura anterior sin cambios profundos en la FP. |
| 2020 | Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) | Introduce equidad, currículo por competencias, impulso a la FP Dual. |
| 2022 | Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP (LOFP) | Reestructura la FP: sistema modular, por competencias, Dual obligatoria progresiva. |
A lo largo de las últimas cinco décadas, la Formación Profesional (FP) en España ha experimentado no solo transformaciones legislativas, sino también profundas reformas en el plano pedagógico y curricular. La evolución ha estado marcada por la voluntad de dotar a la FP de una identidad propia dentro del sistema educativo, pasando de un enfoque rígido y tecnocrático a uno más flexible, modular, centrado en el desarrollo de competencias profesionales y en la empleabilidad del alumnado.
Del currículo técnico a la estructura modular
Durante el franquismo, la FP se caracterizaba por una estructura cerrada, jerárquica y escasamente conectada con la educación general El currículo estaba orientado a la adquisición de competencias técnicas específicas, sin apenas relación transversal con otras materias ni posibilidades reales de transición hacia estudios superiores. Esta organización reflejaba una lógica industrial y utilitarista que subordinaba la formación al desarrollo económico, y consolidaba la visión de la FP como una vía limitada a ciertos perfiles sociales y profesionales (Grande Rodríguez, 2013).Con la LOGSE (1990), se introdujo una transformación clave: la estructuración de la FP en ciclos formativos de grado medio y superior, organizados en módulos formativos. Este cambio permitió una mayor flexibilidad, facilitó el reconocimiento de aprendizajes previos y abrió la puerta a una formación más integrada. Además, se incorporaron los módulos de Formación y Orientación Laboral (FOL) y de formación en centros de trabajo (FCT), consolidando una dimensión profesionalizadora del currículo (Martínez García, 2009).
El enfoque por competencias
Uno de los cambios más significativos en las últimas décadas ha sido la introducción del enfoque por competencias, que fue incorporado en la LOGSE (1990) a través de los módulos formativos que estructuran los ciclos de Grado Medio y Superior. Esta ley supuso un giro hacia una formación orientada a los resultados de aprendizaje y a las cualificaciones, inicialmente de forma parcial y hoy convertido en eje central del nuevo modelo formativo. Este enfoque busca asegurar que el alumnado no solo adquiera conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas, actitudes profesionales y capacidad para transferir lo aprendido a contextos reales de trabajo (OECD, 2023; CEDEFOP, 2023).
La Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la FP, consolida esta evolución al establecer un currículo modular, orientado a resultados de aprendizaje y con acreditación parcial acumulable, lo que permite al alumnado obtener certificados oficiales por módulos superados, incluso si no finaliza un ciclo completo (BOE, 2022).
Evaluación, orientación y formación dual
Paralelamente a la transformación curricular, también se han producido cambios metodológicos relevantes. La evaluación ha pasado de ser exclusivamente finalista y memorística a incluir enfoques formativos y por competencias, promoviendo la mejora continua del aprendizaje (UNESCO, 2022).
La orientación académica y profesional, tradicionalmente débil en la FP, ha ido ganando peso en el marco de una mayor personalización del aprendizaje. No obstante, sigue siendo uno de los aspectos pendientes, especialmente en las etapas previas a la elección de itinerarios formativos (CaixaBank Dualiza y Orkestra, 2023).
Otro avance pedagógico ha sido la consolidación de la FP Dual, que combina la formación en el aula con el aprendizaje práctico en empresas. Esta modalidad refuerza la adquisición de competencias en contextos reales y favorece la inserción laboral, además de aportar una dimensión metodológica más activa, colaborativa y contextualizada (Navarro y Gil, 2023; García-Pérez y Marhuenda, 2023). Aunque esta modalidad ha cobrado mayor relevancia a partir de 2012, su origen puede rastrearse hasta la LOGSE (1990), que introdujo por primera vez el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Este módulo, obligatorio y con evaluación específica, se cursaba al finalizar la formación en el centro educativo y suponía una estancia formativa en un entorno profesional real. La FCT supuso un punto de partida fundamental para vincular la formación reglada con el mundo laboral, y constituye el precedente directo del modelo Dual actualmente impulsado por la Ley Orgánica 3/2022 (Marhuenda, 2006).
La evolución de la Formación Profesional (FP) en España no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto europeo y las influencias internacionales que han impulsado reformas estructurales, curriculares y metodológicas en las últimas décadas. Desde la entrada de España en la Unión Europea en 1986, el país ha participado activamente en procesos de convergencia educativa promovidos por instituciones como el Consejo de la Unión Europea, la OCDE o el CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional), lo que ha contribuido decisivamente a la modernización del sistema de FP.
La FP Dual y el modelo centroeuropeo
Entre los modelos que han servido de referencia destacan los de Alemania, Suiza y Austria, países con sistemas duales consolidados, donde los estudiantes alternan formación en centros educativos con aprendizaje en empresas. En estos países, más del 60 % del alumnado de FP opta por esta modalidad, con tasas de inserción laboral que superan el 90 % (OECD, 2023; CEDEFOP, 2023).
La Formación Profesional Dual se caracteriza por su estrecha colaboración entre el sistema educativo y el tejido empresarial, la existencia de marcos normativos compartidos, una financiación mixta público-privada y el reconocimiento social de la FP como opción de primera elección. Este modelo ha sido adaptado en España de manera progresiva desde 2012 y consolidado jurídicamente con la Ley Orgánica 3/2022, aunque su implantación sigue siendo desigual territorialmente (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2023).
Francia y los itinerarios integrados
El caso de Francia presenta un modelo mixto, donde coexisten la FP inicial, la FP continua y los programas de alternancia (apprentissage), todo ello dentro de un sistema articulado y flexible. Las titulaciones de FP están integradas en un marco nacional de cualificaciones que permite la movilidad entre itinerarios y el reconocimiento de la experiencia laboral (Navarro y Gil, 2023).
Este enfoque ha influido en la estructura modular y en la orientación por competencias que ha adoptado la FP española, especialmente a través de la creación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el reconocimiento de acreditaciones parciales acumulables, dos ejes centrales del actual modelo español.
El papel del CEDEFOP y la OCDE
El CEDEFOP ha sido una de las instituciones europeas más influyentes en la transformación de la FP, al impulsar desde principios de los 2000 una agenda centrada en la aprendizaje permanente, movilidad, empleabilidad y calidad. A través de informes, recomendaciones y la definición del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), ha promovido la armonización de los sistemas de FP de los Estados miembros (CEDEFOP, 2022).
Por su parte, la OCDE ha contribuido con estudios comparados que sitúan la FP como un motor clave para la inserción laboral, la cohesión social y la competitividad económica. En varios de sus informes, ha subrayado el impacto positivo de la FP en la reducción del abandono escolar y la necesidad de vincular los currículos formativos con los sectores productivos emergentes (OECD, 2023).
Influencias recientes: digitalización y sostenibilidad
Los marcos internacionales actuales, como el Pacto Europeo por las Capacidades, la Agenda 2030 y el Green Deal europeo, están incorporando nuevas prioridades en la FP: competencias digitales, sostenibilidad, economía circular, resiliencia y emprendimiento. España ha comenzado a integrar estos enfoques mediante proyectos piloto, nuevos módulos formativos y estrategias estatales, pero aún está lejos de los niveles de integración observados en países nórdicos como Finlandia o los Países Bajos, donde la digitalización y la personalización de itinerarios están mucho más avanzadas (UNESCO, 2022; Eurydice, 2023). (Tabla 2)
TABLA 2. Comparativa modalidad de FP en Europa
| País | Modalidad predominante | Inserción laboral (%) | Carácter del sistema | Particularidades clave |
|---|---|---|---|---|
| España | FP tradicional y FP Dual | ~68 % tradicional, ~85 % Dual | En desarrollo, modelo mixto | Dual en crecimiento, desigual territorialmente. Modular y por competencias. |
| Alemania | FP Dual | >90 % | Sistema dual consolidado | Formación en empresa y aula. Altísima implicación empresarial. Prestigio social alto. |
| Suiza | FP Dual | >90 % | Sistema dual obligatorio | 3 días en empresa, 2 en aula. Reconocimiento nacional. Acreditación para progresar. |
| Francia | Mixto (FP inicial + alternancia) | ~70–80 % | Sistema articulado | Marco Nacional de Cualificaciones. Alternancia común. Reconocimiento modular. |
| Países Bajos | FP modular flexible | ~80 % | Sistema personalizado | Itinerarios a medida. Competencias transversales y digitales muy integradas. |
| Finlandia | FP personalizada y digital | ~80–85 % | Sistema centrado en el alumno | Alta autonomía. Prácticas en empresa. Fuerte componente de evaluación formativa. |
La Formación Profesional (FP) en España se encuentra en un momento de consolidación y transformación. Las reformas legislativas más recientes, especialmente la Ley Orgánica 3/2022, han sentado las bases para un modelo unificado, modular y más conectado con el mercado laboral. Sin embargo, la implementación efectiva del nuevo sistema aún presenta desafíos importantes relacionados con la equidad territorial, la vinculación con el tejido productivo, la orientación profesional y la modernización metodológica.
Evolución de la matriculación y perfil del alumnado
La FP ha experimentado un crecimiento sostenido en matriculaciones en la última década. Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional (2023), en el curso 2022-2023 se registraron más de un millón de estudiantes en enseñanzas de FP, lo que representa el 12 % del alumnado no universitario.
El mayor crecimiento se ha producido en los ciclos de Grado Superior, con un aumento del 77 % en la última década, seguido de los de Grado Medio (+52 %) y la FP Básica (+28 %) (CaixaBank Dualiza y Orkestra, 2023). Este incremento responde en parte al reconocimiento social creciente de la FP y a las mejores perspectivas laborales de los titulados en comparación con quienes abandonan tras la educación obligatoria.
Inserción laboral: ventajas y brechas
Uno de los indicadores más sólidos del éxito de la FP es la tasa de inserción laboral, especialmente en la modalidad Dual. Los titulados de FP de Grado Medio tienen una tasa de inserción del 63 % al año de finalizar sus estudios, mientras que en FP Dual se eleva al 85 % (Observatorio FP, 2023). En los ciclos de Grado Superior, estas tasas pueden superar el 90 % en sectores como informática, sanidad o mecatrónica.
No obstante, existe una notable desigualdad territorial: comunidades como el País Vasco, Navarra o Cataluña lideran en implantación de FP Dual y tasas de empleabilidad, mientras que otras regiones muestran una oferta limitada y menor conexión con el tejido empresarial local (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2023).
Desigualdad de acceso y percepción social
Aunque se ha producido un avance en el prestigio social de la FP, todavía persisten estereotipos que la sitúan como una opción secundaria frente al Bachillerato o la Universidad. Esto afecta especialmente al alumnado de entornos socioeconómicos más vulnerables, que opta por la FP en muchos casos por descarte más que por vocación (Sánchez y Ruiz, 2021).
Por otro lado, el acceso a la FP también depende del territorio: en algunas comunidades autónomas hay listas de espera, falta de especialidades o escasa conexión con los sectores productivos estratégicos. Esta situación dificulta el papel de la FP como herramienta de equidad educativa (Consejo Económico y Social, 2023; Observatorio de la Formación Profesional, 2023).
Nuevos desafíos: digitalización, sostenibilidad e innovación
La FP debe afrontar en los próximos años varios desafíos transversales:
Aunque el nuevo marco legal contempla estos retos, su implementación aún está en fase inicial y depende de los recursos de cada comunidad autónoma (CaixaBank Dualiza y Orkestra, 2023).
La Formación Profesional (FP) en España ha avanzado significativamente en las últimas décadas, consolidándose como una vía educativa estratégica para la empleabilidad juvenil y la modernización productiva. No obstante, persisten desafíos estructurales, pedagógicos y organizativos que condicionan su desarrollo y aceptación social. Estos retos son particularmente relevantes en el actual contexto de transformación tecnológica, transición ecológica y creciente desigualdad social.
Otro de los grandes retos estructurales del sistema de Formación Profesional en España es la integración efectiva entre la FP educativa y la FP ocupacional, también denominada formación profesional para el empleo o formación continua. Aunque la LOGSE sentó las bases para una articulación más amplia del sistema, en la práctica persisten dos subsistemas diferenciados: uno gestionado desde las administraciones educativas, orientado al alumnado en edad escolar y a titulaciones regladas; y otro gestionado desde las administraciones laborales, enfocado a la cualificación y recualificación de la población activa. Si bien ha habido avances significativos, como la creación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, los certificados de profesionalidad o los procedimientos de acreditación de competencias por experiencia laboral, todavía se está lejos de lograr una integración real que permita aprovechar plenamente el potencial formativo del sistema. La posibilidad de que trabajadores ocupados o desempleados puedan acceder a módulos formativos del sistema educativo sigue siendo limitada, y es necesario avanzar hacia un modelo verdaderamente flexible, modular e interconectado que facilite el aprendizaje a lo largo de la vida (Marhuenda, 2006; Martínez-Morales & Marhuenda-Fluixá, 2020)
Desigualdad territorial y brecha de oportunidades
Uno de los principales retos sigue siendo la desigual implantación de la FP entre comunidades autónomas. Mientras algunas regiones, como el País Vasco o Navarra, han apostado por la FP Dual y la conexión con sectores estratégicos, otras presentan una oferta limitada y desactualizada (Consejo Económico y Social, 2023; Observatorio de la Formación Profesional, 2023). Esta desigualdad territorial genera brechas de acceso, calidad y oportunidades profesionales para el alumnado.
Según el Observatorio de la FP (2023), el 70 % del alumnado en FP Dual se concentra en solo cinco comunidades, lo que pone de manifiesto la necesidad de una política estatal de cohesión territorial que garantice el derecho a una oferta formativa de calidad independientemente del lugar de residencia.
Modernización tecnológica y digitalización
La irrupción de la inteligencia artificial, la automatización y la economía digital exige una actualización constante de los programas formativos. La digitalización transversal en todos los sectores productivos requiere que la FP incorpore contenidos de programación, análisis de datos, ciberseguridad o mantenimiento de sistemas digitales, incluso en titulaciones tradicionalmente no tecnológicas (OECD, 2023).
Aunque el Marco Estratégico de la FP 2022-2025 contempla la creación de más de 200 nuevos títulos y cursos de especialización, su implementación efectiva requiere formación docente, recursos tecnológicos e infraestructuras que actualmente no están garantizados en todos los centros (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2023).
Vinculación con el tejido productivo
A pesar de los avances legislativos, la colaboración estructurada entre centros y empresas continúa siendo un reto. Muchas pymes carecen de capacidad para acoger aprendices o participar en la definición de los programas formativos. Según CaixaBank Dualiza (2023), solo el 4,2 % del alumnado de FP estaba matriculado en la modalidad Dual en 2022, frente al 66 % en Alemania o el 71 % en Suiza.
Incentivar la participación empresarial mediante bonificaciones fiscales, asesoramiento técnico y reducción de cargas administrativas es clave para consolidar la FP Dual como opción real para más estudiantes.
Formación del profesorado y metodologías innovadoras
La innovación pedagógica requiere un profesorado formado y actualizado, capaz de aplicar metodologías activas, trabajar por proyectos, integrar la sostenibilidad y personalizar los itinerarios. Sin embargo, muchos docentes de FP acceden desde el ámbito técnico sin formación inicial en pedagogía, lo que dificulta la incorporación de enfoques competenciales (González y Martínez, 2019).
Además, la formación continua del profesorado no siempre responde a las demandas del entorno productivo. Se necesita una estrategia coordinada entre administraciones educativas y el sector empresarial para asegurar que la actualización docente esté alineada con los cambios del mercado laboral.
Prestigio social y orientación académica
A pesar de los avances, la FP sigue arrastrando una imagen social secundaria frente al Bachillerato o la Universidad. Este prejuicio afecta especialmente a la FP Básica, percibida en ocasiones como una vía de “segunda oportunidad” para alumnado con bajo rendimiento académico (Sánchez y Ruiz, 2021).
Una orientación académica y profesional desde edades tempranas, así como campañas de sensibilización social, son necesarias para visibilizar las oportunidades de la FP, especialmente en sectores emergentes con alta demanda laboral como la automatización, las energías renovables o el desarrollo de software.
Tras cinco décadas de evolución legislativa, pedagógica e institucional, la Formación Profesional (FP) en España se encuentra ante la oportunidad de consolidarse como un pilar clave del sistema educativo y del desarrollo económico y social del país. Para ello, es necesario avanzar en una estrategia integral que refuerce su prestigio, garantice su equidad y la conecte de manera eficaz con los retos del siglo XXI. A continuación, se presentan algunas propuestas fundamentadas a partir de la evidencia nacional e internacional.
Garantizar una oferta formativa equitativa y territorialmente equilibrada
Es imprescindible desarrollar un mapa estatal de necesidades formativas y perfiles profesionales que oriente la planificación de la oferta de FP en función de la demanda del mercado laboral por sectores y territorios. Esta planificación debe incluir:
La equidad territorial debe entenderse como un derecho del alumnado a acceder a formación de calidad sin importar su código postal (Consejo Económico y Social, 2023).
Fortalecer la FP Dual y la colaboración con el tejido empresarial
La expansión de la FP Dual requiere una política más ambiciosa de incentivos fiscales, simplificación normativa y asistencia técnica a empresas, especialmente pymes. Algunas medidas recomendadas:
La colaboración debe basarse en un modelo de cogobernanza entre administraciones, empresas y centros educativos.
Inversión en innovación educativa y formación del profesorado
La FP necesita una red de centros de innovación tecnológica y metodológica, dotados de equipamiento actualizado, conectividad avanzada y personal especializado. Asimismo, es prioritario establecer un plan de formación permanente del profesorado centrado en:
Los programas deben adaptarse a las necesidades de cada familia profesional y contemplar estancias formativas en empresas (González y Martínez, 2019).
Reforzar la orientación vocacional y el prestigio social de la FP
La orientación profesional debe comenzar en etapas educativas tempranas (final de Primaria e inicio de Secundaria) y ofrecer información rigurosa, atractiva y actualizada sobre las oportunidades de la FP. Algunas medidas prioritarias:
Recuperar la autoestima de la FP requiere también de su presencia en el discurso educativo, los medios de comunicación y la planificación estatal del talento (Sánchez y Ruiz, 2021).
Impulsar una FP alineada con los desafíos del siglo XXI
La FP debe posicionarse como agente clave en la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social. Para ello es necesario:
CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.
(2023).
CEDEFOP. (2022).
CEDEFOP. (2023).
Consejo Económico y Social. (2023).
Eurydice. (2023).
García-Pérez, C., y Marhuenda, F. (2023). The role of vocational
education in reducing early school dropout: A comparative analysis
between Spain and Germany.
Gough, D., Oliver, S., y Thomas, J. (2017).
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación. Boletín Oficial del Estado, 183, de 6 de agosto de 1970.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Boletín Oficial del Estado, 106, de 4 de mayo de 2006.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Boletín Oficial del Estado, 106, de 4 de mayo de 2006.
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE. Boletín Oficial del Estado, 340, de 30 de diciembre de 2020.
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. Boletín Oficial del Estado, 78, de 1 de abril de 2022.
Marhuenda, F. (2006).
Martínez García, J. (2009). El legado de la LOGSE en la Formación
Profesional.
Martínez-Morales, I., & Marhuenda-Fluixá, F. (2020).
Mena, L., Fernández-Enguita, M., & Riviere, J. (2010).
Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2023).
Navarro, L., y Gil, A. (2023). Bridging the gap between vocational
training and employment: A policy approach in Spain.
Observatorio de la FP. (2023).
Sánchez, L., y Ruiz, D. (2021). Public perceptions of vocational
education: The impact of media narratives on student choices in Spain.
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An
overview and guidelines.
UNESCO. (2022).
Información de contacto / Contact info: Isabel Fernández Solo de Zaldívar. Universidad Internacional de La Rioja. E-mail: isabelfernandezsolo@gmail.com