Revista Española de Derecho Constitucional

STC 167/2023: los límites a la Presidencia del Senado en la resolución de controversias presupuestarias .

Enrique Ortea — 2024-12-05

El artículo sintetiza los aspectos más novedosos de la STC 167/2023, fundamentalmente la interpretación del art. 151.5 del Reglamento del Senado (RS) desde la óptica de las funciones de la Presidencia del Senado. En primer lugar, presenta sucintamente la regulación del veto presupuestario y la narración de los antecedentes de hecho del caso. A continuación, explica el nuevo marco hermenéutico del precepto y analiza la posibilidad de que el Gobierno vete propuestas de modificación en el Senado. En fin, se reflexiona acerca de la necesidad de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la declaración de nulidad de votaciones y se estudia la compatibilidad de la resolución con la jurisprudencia previa y la desprotección de los parlamentarios en el contexto actual.

El espacio físico —público o privado— puede ser inviolable (a propósito de la STC 92/2023, de 11 de septiembre) .

Cristina Zoco Zabala — 2024-12-05

Los avances tecnológicos han desvelado nuevos escenarios que afectan a derechos fundamentales diversos cuyo objeto y contenido deben ser asegurados. La garantía de autorización judicial de entrada en un espacio inviolable desvela un riesgo para otros derechos que pueden resultar afectados por aquellos escenarios. Ello requiere asegurar algunos aspectos: la correcta ejecución de las medidas de investigación tecnológica mediante resolución judicial, y el severo control del destino de las informaciones obtenidas.
La invocación de lesión del art. 18.1 CE impide al Tribunal Constitucional considerar la de otros derechos fundamentales eventualmente afectados por los escenarios descritos en el caso. Esta exclusiva invocación del art. 18.1 CE no es casual; viene inducida por constante jurisprudencia que concibe el espacio físico como garantía instrumental de la vida íntima o privada.
Se sugiere la revisión de la legislación orientada a reforzar la inviolabilidad de los espacios físicos en los nuevos escenarios tecnológicos que permita o posibilite una reorientación de la jurisprudencia en los nuevos supuestos de vulneración de derechos fundamentales en entornos físicos.

La reforma del artículo 49 de la Constitución

Artemio Rallo Lombarte — 2024-12-05

Este trabajo analiza la reforma constitucional del art. 49 a partir del evolutivo contexto social y político de las últimas décadas y del impacto de la Convención internacional sobre la discapacidad de 2006. Se aborda el estudio de los sucesivos proyectos de reforma, las críticas del Consejo de Estado, el texto definitivo del precepto pactado por PSOE y PP, y su rápida tramitación parlamentaria en lectura única y sin necesidad de referéndum de ratificación.

El «tradicionalismo»: alcance y riesgos del último estándar de interpretación constitucional de la Corte Suprema estadounidense en materia de derechos

Ana Valero Heredia — 2024-12-05

La nueva «supermayoría» de jueces conservadores de la Corte Suprema norteamericana ha adoptado, desde el año 2020, un nuevo estándar de constitucionalidad, el «tradicionalismo», y con él ha derogado la protección del derecho al aborto vigente para las mujeres estadounidenses durante medio siglo; ha aminorado la posibilidad de restricción del uso de armas de fuego; ha limitado la capacidad de las agencias gubernamentales para proteger la salud, la seguridad públicas y detener el cambio climático, y ha declarado inconstitucionales las medidas de discriminación positiva tradicionalmente empleadas por las universidades estadounidenses para garantizar la igualdad por motivos de raza. Esta regresión en materia derechos fundamentales trae causa de la aplicación del test de la «historia y tradición». Al análisis de este y de las consecuencias y riesgos de su aplicación se dedica el presente artículo.

Libertad de expresión, odio y redes sociales: las opciones del legislador democrático español

Eva Sáenz Royo — 2024-12-05

La libertad de expresión y sus límites han adquirido nuevas dimensiones en la era digital. Resulta evidente que se ha ampliado el campo de acción de la libertad de expresión a través del uso de internet. Sin embargo, las ventajas de este medio van acompañadas de una serie de riesgos. Contenidos difamatorios, odiosos o violentos pueden difundirse como nunca antes por todo el mundo en cuestión de segundos y hacerse bajo la impunidad del anonimato. Esta nueva realidad ha tenido un doble efecto.
Por una parte, las instituciones públicas intentan poner límites a las expresiones de odio en las redes. A este respecto se plantea si una ley puede exigir responsabilidades a las plataformas de internet por el discurso de odio vertido por terceros o cuándo puede exigirse a esas plataformas que retiren el contenido y exigirles responsabilidad en caso de no hacerlo. Por otra parte, las grandes plataformas de internet (Twitter —ahora X—, Facebook, Instagram o Google) se han erigido en las controladoras de esas expresiones de odio creando sus propias normas para controlar el contenido que circula en ellas. A este respecto las cuestiones que se plantean es si son las plataformas digitales libres a la hora de moderar sus contenidos y la eficacia mediata o inmediata que tiene el derecho a la libertad de expresión de los usuarios respecto a estas plataformas.
Se trata de dos cuestiones complejas que exigen respuestas coherentes para ambas. Sin existir todavía en España un marco jurídico definido para estas cuestiones, en este trabajo abordaremos las posibilidades que tiene el legislador democrático español a partir de un análisis de la normativa y la jurisprudencia que sobre estas dos cuestiones se han desarrollado tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea

La suspensión de derechos fundamentales en España: un concepto jurídico controvertido

Pablo e Fernández de Casadevant — 2024-12-05

La suspensión en materia de derechos fundamentales constituye una de las manifestaciones más habituales del derecho de emergencia constitucional de cualquier país, algo que queda igualmente reflejado en la Constitución de 1978. En concreto, en forma de un art. 55 concebido para hacer frente a peligros que van desde las alteraciones del orden público más graves —art. 55.1 CE— hasta ciertas investigaciones en materia eminentemente antiterrorista —art. 55.2 CE—.

En todos esos casos, la eficacia en la respuesta deberá ir de la mano de un
garantismo para modular en función de las medidas adoptadas, tarea especialmente compleja si hablamos de suspensiones generales impuestas ante emergencias

Sentencias del Tribunal Constitucional dictadas durante el segundo cuatrimestre de 2024

Ascensión Elvira Perales — 2024-12-05

Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 2024

Juan Carlos Duque Villanueva — 2024-12-05

La fragilidad de la libertad de empresa: su insuficiente tutela en España a la luz del derecho de la UE

Xavier Codina García-Andrade — 2024-12-05

El derecho de la Unión ha contribuido a aumentar el radio de acción de la libertad de empresa a través de distintas vías, desde las libertades de los Tratados a la acción del legislador europeo. En este trabajo se descubre una nueva contribución de ese ordenamiento a la protección de esa libertad, en esta ocasión a través del necesario refuerzo de la vía de acceso a su tutela judicial. El trabajo analiza de qué manera el interesado tiene acceso a tal tutela en el ordenamiento Español y concluye que, a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia en la sentencia Unibet, un particular en España no goza de una tutela adecuada cuando pretende cuestionar ante los Tribunales las medidas legislativas restrictivas de la libertad de empresa.

Derecho e inteligencia artificial en la Unión Europea. ¿Centralidad u obsolescencia del ser humano?

Victoriano Gallego Arce — 2024-12-05

La inteligencia artificial se presenta como un prometedor campo de beneficios y posibilidades, pero también como el escenario en el que aparecen riesgos y vulnerabilidades para el ser humano que pueden socavar su esfera de derechos y libertades. No se trata de algo forzado o violento. La lesión a la dignidad y a los derechos inviolables de la persona se produce por la vía del consentimiento inconsciente que dejamos tras un rastro de datos que, debidamente tratados y procesados, pueden llegar a manipular y condicionar la vida y el pensamiento de las personas.
Parece existir la unanimidad global de que los algoritmos deben servir a la humanidad y no al contrario. De ahí la necesidad de una regulación global y centrada en la persona.
La Unión Europea está dando pasos pioneros en esa dirección mediante la aprobación de una norma general y vinculante para todos los Estamos miembros. ¿Será suficiente?

El derecho represivo de Franco (1936-1975)

Juan María Bilbao Ubillos — 2024-12-05

El poder moderador de la corona

Javier Tajadura Tejada — 2024-12-05

La necesaria evocación de los orígenes del constitucionalismo ante la quiebra de sus principios ancilares

Jorge Pérez Alonso — 2024-12-05