LA ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA RECUPERACIÓN. CRÓNICA POLÍTICA Y LEGISLATIVA DEL AÑO 2021

1. El mecanismo de Recuperación y Resiliencia[Subir]

El Mecanismo de recuperación articula ayudas financieras para que los Estados miembros alcancen «los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en sus planes de recuperación y resiliencia» (art. 4.2 del Reglamento 2021/241). Ahora bien, esos hitos y objetivos han de encuadrarse en los ámbitos de actuación definidos por el artículo 3:

El Plan nacional de recuperación y resiliencia es el instrumento clave para la conformación de la ayuda. El Reglamento 2021/241 le exige que sea un documento «debidamente motivado y justificado», con un contenido mínimo recogido en el apdo. 4 del art. 18. Quiere el Reglamento que el Plan muestre una respuesta integral a la situación económica, efectiva en atención a los retos que diseña, que refuerce el potencial de crecimiento y creación de empleo, y que contribuya a la transición ecológica y a la transición digital. Asimismo, impone que se recojan los planes de inversión concretos, con su correspondiente despliegue temporal, dando cuenta de los proyectos de inversión. Y, no menos importante, pide medidas de seguimiento, con especial énfasis en evitar casos de corrupción y fraude.

Una vez definido el Plan por el Estado miembro, la Comisión lo evalúa. Toma cuerpo una suerte de diálogo político, en tanto que la Comisión ha de trabajar «en estrecha cooperación con el Estado miembro». El examen ha de verificar, según el art. 18.4, si el Plan cumple con el contenido mínimo exigido (pertinencia), implica repercusiones duraderas y una ejecución correcta (eficacia), la razonabilidad de los costes y la previsión frente a los riesgos de fraude (eficiencia) y su coherencia. A su vez, el análisis de la Comisión ha de precisar la contribución financiera, los tramos de abono, la descripción de las reformas, los plazos para alcanzar los objetivos (siendo 2026 su límite) y las disposiciones adoptadas para el seguimiento. La consideración positiva del Plan conduce a una decisión de ejecución del Consejo que lo aprueba y fija la cuantía de la contribución (art. 20).

La preeminencia política de la Unión sobre los Estados miembros se hace, así, manifiesta, en tanto que marca las líneas de gobierno del Estado miembro. Pero la condicionalidad no acaba ahí. El art. 10 profundiza en elementos que ya son de sobra conocidos en el campo europeo y que conceptualmente se han consolidado en la idea de «buena gobernanza económica». De este modo, los pagos de la contribución financiera se suspenderán total o parcialmente si el Estado miembro no adopta las medidas necesarias para reducir el déficit excesivo, cuando el Estado miembro no toma esas medidas en el marco del procedimiento de desequilibrio excesivo, o cuando el Estado miembro no cumple con su programa de ajuste macroeconómico (art. 10).

El Reglamento de Recuperación y Resiliencia prevé que, al menos la mitad aproximada del montante, se distribuya mediante ayudas financieras no reembolsables. Esto es una importante novedad, que separa este instrumento de los utilizados en la crisis de 2008 y lo acerca a los principios que articulan el resto de los fondos sociales. No menos relevantes son los criterios de reparto, que adoptan un marcado cariz redistributivo. Según el art. 11, el 70 % del importe se distribuye en función de la población, la inversa del PIB y la tasa de desempleo. El reparto del 30 % restante elimina el criterio de la tasa de desempleo y suma la evolución del PIB real en 2020 y el acumulado en el período 2020-‍2021. Dados estos parámetros, la imagen global muestra que Italia, España y Francia se reparten aproximadamente el 50 % de las ayudas. A España le corresponde el 19,88 % del primer tramo y el 22,15 % del segundo. A Italia, el 20,45 y el 20,25 %, y a Francia, el 10,38 y el 14,54 %.

Junto con el carácter redistributivo y no reembolsable de las ayudas, se ha destacar el modo elegido para financiar el gasto. La Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, en su art. 5, faculta a la Comisión para contraer empréstitos por valor de las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, deuda pública que será sufragada por el presupuesto de la Unión. Nos encontramos, así, con una comunitarización del coste, circunstancia que supone un elemento de solidaridad inédito hasta ahora.

El hecho de que la mitad de la ayuda financiera sean contribuciones no reembolsables pone el foco en el control de la ejecución. En este sentido, el art. 23.3 dispone que el compromiso jurídico o el préstamo contengan un largo elenco de previsiones dirigido a asegurar el uso correcto de la financiación y reaccionar frente al fraude. Asimismo, el apdo. 5 estipula que los acuerdos de ayuda han de prever mecanismos de reducción o reembolso en caso de fraude, corrupción o conflicto de intereses. El control se extiende al desempeño, de manera que, si los hitos y objetivos no se han cumplido de manera satisfactoria, «se suspenderá el pago de la totalidad o una parte de la contribución financiera, y, en su caso, del préstamo» (art. 24.6), pudiendo incluso resolver el acuerdo de financiación (art. 24.9). Debe advertirse, no obstante, que la metodología del control está aún por determinar, a expensas del desarrollo de los reglamentos delegados previstos en los arts. 29 y 30, con los que habrán de fijarse los indicadores de la recuperación y resiliencia.

Finalmente, el Reglamento recoge estipulaciones específicas respecto al equilibrio institucional dentro de la Unión. En virtud del peso específico que cobra la Comisión, se le impone un deber de información al Consejo y al Parlamento en el art. 25. El 26 prevé un debate bimensual en el Parlamento, con la Comisión, que, además, habrá de emitir un informe anual (art. 31) y otro final que ha de resultar de una evaluación independiente (art. 32).

2. El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia: programa y materialización[Subir]

El Plan nacional, en una simple ojeada, denota que nos encontramos con un texto abstracto y cargado de objetivos, por más que en el apdo. III se descienda algo en las líneas de inversión. Es un marco de trabajo, que habrá de ser concretado. Pero esto no le resta un ápice de interés político. El Plan constata la estandarización de los programas de gobierno; es la Unión, definitivamente, la que diseña el horizonte político. Términos como transición verde, transformación digital, cohesión económica y social e igualdad de género (p. 9) son ya premisas indiscutibles que encuentran su raíz en la Unión. Lógicamente, hay margen para el matiz en el segundo escalón, en el de las políticas concretas (un resumen, en p. 9), pero estas también se mueven en el plano conceptual fijado por la Unión. Así las cosas, si el debate durante la segunda mitad del siglo xx giró en gran medida sobre la categoría de dirección política y su lugar adecuado entre el Gobierno y el Parlamento, es inevitable ahora observar que el impulso político encuentra su motor en la Unión.

Este fenómeno tiene consecuencias evidentes sobre la política nacional. Una de ellas es la polarización. En cuanto a la dinámica partidista, se le ha hurtado la capacidad de reflexionar y fijar horizontes, su actuación necesariamente se centra en el objetivo desnudo de alcanzar el poder y conservarlo, primando comportamientos tácticos, que necesitan el choque frontal para hacerse visibles al electorado. Esa práctica cala especialmente en los ámbitos al margen de los espacios socioeconómicos (cuestiones identitarias, derechos políticos, etc.).

Un segundo aspecto constitucionalmente relevante tiene que ver con la materialización del Plan. La ingente cantidad de dinero prevista y el breve plazo de ejecución suponen un reto mayúsculo para la Administración. La respuesta quiere ser el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dispone este real decreto ley la creación, dentro del Gobierno, de la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, compuesta por todos los ministros, los secretarios de Estado del área económica y social, y la autoridad responsable del Mecanismo y el Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia el Gobierno (art. 14.2). A esta Comisión le corresponde el establecimiento de las directrices políticas y el seguimiento del Plan, mientras que el trabajo técnico es responsabilidad de un comité, que está compuesto, básicamente, por funcionarios de primer nivel de la Administración General del Estado. Asimismo, el Real Decreto Ley 36/2020 ha previsto la creación de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para «canalizar la participación» de las comunidades autónomas. No obstante, el reparto se está haciendo en cada una de las conferencias sectoriales^[7].

Finalmente, se ha de reseñar que el Real Decreto Ley 36/2020 dispone, como instrumento novedoso de la colaboración público-privada, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES, art. 8), que son proyectos «con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española». Un proyecto se convierte en PERTE por acuerdo del Consejo de Ministros. La clave de la colaboración reside en el Registro de entidades interesadas, en el que se han de inscribir aquellas vinculadas al interés público del PERTE. Hoy en día, se cuenta, por ejemplo, con los siguientes PERTE: para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado; para la salud de vanguardia; de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento; de la economía social de los cuidados; en español: nueva economía de la lengua; aeroespacial y de la cadena agroalimentaria, inteligente y sostenible.

3. Más allá de la crisis sanitaria: La Estrategia 2050[Subir]

Frente al peso de la inmediatez que supuso la crisis sanitaria, se ha de destacar el esfuerzo gubernamental por generar un análisis de mirada larga, a lo que responde el documento presentado en mayo y titulado España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, texto que profundiza en la idea de la planificación como instrumento político. Se trata de un escrito que hace una radiografía sin paños calientes de las necesidades del país, desde una «perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política» (p. 13). Parte de un cierto optimismo retrospectivo, en el que se alzan los hitos de los últimos cuarenta años: democracia, crecimiento económico, Estado de bienestar e inclusión social. Pero, sobre todo, apunta al futuro, destacando «desafíos».

El primero es el de la productividad, que se puede ver acentuado por la caída demográfica, y que nos separa de los países de la UE en términos de renta. Baja productividad que el documento achaca a la escasa formación del capital humano, el pobre impulso innovador, la falta de implantación tecnológica, un marco regulatorio que no ayuda al emprendimiento (precariedad laboral, costes energéticos, economía sumergida) y una estructura de pequeñas empresas. El segundo desafío tiene que ver con la fragilidad de la educación en España, caracterizada por la alta tasa de repetición y abandono, un nivel bajo de aprendizaje y un escenario de segregación escolar. Esa falta de formación se manifiesta en un tercer desafío, relativo a la escasa cualificación de nuestra fuerza de trabajo. De nuevo, asoma como problema el pronto abandono escolar, y, con ello, débiles competencias básicas, por ejemplo, en lectura comprensiva. Formación que, además, se suele cortar cuando se entra en el mercado laboral. El cuarto desafío es resistir el cambio climático. El documento subraya la creciente huella ecológica que genera nuestro país, debida, en gran medida, a «la escasa ambición de los actores públicos», la «apuesta insuficiente» por soluciones medioambientales a largo plazo, un patrón económico que hace del transporte por carretera una de sus claves, y un sector empresarial que ha realizado escasos avances. El quinto desafío tiene que ver con la adaptación del Estado de bienestar a la mayor longevidad de la población. En este sentido, el documento subraya la necesidad de acercar el mundo del trabajo a un envejecimiento activo, fomentando la continuidad en el trabajo, la sostenibilidad del sistema de pensiones, del sistema sanitario y del cuidado de los mayores. El sexto desafío responde al desarrollo territorial y, en especial, la urbanización y la desigual distribución en el territorio. Además, el documento achaca a esa concentración urbana la carestía de la vivienda, el deterioro ambiental y la desigualdad. El séptimo desafío atiende a las necesidades del mercado de trabajo. Un mercado de trabajo, primero, con un alto paro, que, además, afecta a la población juvenil y tiende a convertirse en un desempleo de larga duración. Luego, un mercado laboral segmentado, en el que existe un amplio número de pequeñas empresas y trabajadores precarios (temporales y a tiempo parcial) y de escasa productividad. El octavo desafío pretende reducir la pobreza y la desigualdad y «reactivar el ascensor social». Una causa de esta situación es la segmentación del mercado laboral ya indicada. Otra, la insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva del sistema fiscal, que en términos relativos carga sobre los sectores más pobres, a la vez que realiza transferencias sociales poco enfocadas a los grupos vulnerables. Todo esto lleva al documento a afirmar de manera rotunda que «España es uno de los países más desiguales de Europa» (p. 321). Finalmente, con el noveno desafío, se pretenden ampliar las bases del bienestar de la ciudadanía. En este punto, el documento toma la perspectiva del «bienestar subjetivo» y afirma, a modo de colofón:

1. Medio ambiente[Subir]

La esperada Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, posee una textura normativa particular, debido al singular problema político que intenta solventar: ¿cómo se ordena un conflicto con múltiples actores y que no admite medidas a corto plazo? Mediante objetivos y planificación. Así, descuella el art. 3, que marca tres fines claros: descarbonizar la economía española, electrificarla mediante energías renovables y mejorar la eficiencia energética, cuantificados todos ellos de manera precisa. Los instrumentos fundamentales para alcanzar esos objetivos son el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a 2050, una vez más, requerimientos procedentes del derecho de la Unión. Poco dice la ley sobre los planes, limitándose, más que nada, a atribuir la competencia al Consejo de Ministros, pero no es menos cierto que, en paralelo a la aprobación de la ley, se estaban gestando el Plan Nacional y la Estrategia, que vieron la luz en 2020.

La ley, acompañada con la lectura del Plan Nacional, distingue aquellos puntos en los que se ha de desplegar la transición medioambiental. Sin duda, la movilidad y transporte, fijándose en el art. 14 el objetivo de cero emisiones. El otro elemento esencial consiste en potenciar las energías renovables, de ahí que el título II fomente las centrales hidroeléctricas reversibles y en el art. 12, los gases renovables, cerrando el paso en el título III a medidas que faciliten la explotación de hidrocarburos, minerales radioactivos o productos energéticos de origen fósil. Por lo demás, el título V refleja la transversalidad de la política medioambiental, que ha de abarcar un amplio abanico de espacios, como la gestión del agua, el dominio público, la planificación territorial y urbanística, la alimentación, o la política agraria y forestal.

La política medioambiental tendrá sus costes sociales. Lo refleja perfectamente la ley en el título VI, que recoge medidas de transición justa. Destaca en este punto la Estrategia, otro plan, que ha de identificar los «colectivos, sectores, empresas y territorios potencialmente vulnerables al proceso de transición en una economía baja en emisiones de carbono», que irá acompañada de convenios con un calendario que fije las medidas de modernización de la economía, y que ya se han aprobado en distintas zonas donde existía minería^[8].

Sin embargo, este año, con la subida espectacular del precio de la luz, hemos tenido un ejemplo palmario de que el despliegue del nuevo paradigma medioambiental es un reto político mayúsculo. Lo explica con claridad el Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, que en su preámbulo declara:

Más aún, la subida de los precios de la electricidad muestra las dificultades, tanto del Gobierno nacional como de las instituciones europeas, para ordenar ese mercado. En el segundo caso, se ha de destacar la «Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al comité de las regiones. Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento de los precios de la energía» (COM[2021] 660 final). El documento interesa en cuanto que plantea sin ambages la frágil situación de la Unión en términos energéticos, con una gran dependencia de la importación —61 %— (p. 3). La Comisión propone tres tipos de medidas según su dimensión temporal. A corto plazo solo cabe abaratar el coste al consumidor social mediante ayudas a familias y empresas, y reducción de la fiscalidad. A medio plazo se plantea la necesidad de potenciar el almacenamiento de gas y energía, para poder amortiguar los vaivenes del mercado. Y, finalmente, a largo plazo, potenciar los objetivos esenciales de incremento de las energías renovables y eficiencia energética.

En este contexto, las medidas del Ejecutivo nacional han buscado paliar los efectos sobre el consumidor final, imputando parte del incremento de los costes al erario público, disminuyendo los ingresos tributarios, con la reducción del IVA y del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (Real Decreto Ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua). Reducciones que se mantienen en el Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, que, además, reduce el impuesto especial sobre la electricidad. Este Real Decreto Ley 17/2021 también crea el suministro mínimo vital, «instrumento de protección social frente a la situación de pobreza energética en la que se encuentran los consumidores en situación de vulnerabilidad», y que garantiza un suministro mínimo durante seis meses. E, igualmente, el citado real decreto ley establece el mecanismo de minoración de la retribución, aplicable a las generadoras de energía renovable, y que reduce la retribución en proporción al aumento de ingresos. Y todavía el Real Decreto Ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural, aumenta los descuentos sobre el bono social eléctrico e incrementa el pago directo que supone el bono social térmico.

2. El mercado de trabajo[Subir]

El mercado de trabajo continúa siendo uno de los espacios en los que con mayor acento se ponen en juego las distintas formas de concebir la economía y la sociedad. Esto explica que la mayoría de gobierno esté impulsando modificaciones con las que responder a nuevos fenómenos.

Uno de ellos, sin duda, es el trabajo a distancia, que ha cobrado una presencia cotidiana con la pandemia, y que la Ley 10/2021, de 9 de julio, quiere ordenar. Realiza, en primer lugar, una definición de los conceptos, de manera que el trabajo a distancia, según el art. 2, es la «forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular», a lo que habría que añadir el teletrabajo, entendido como «aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación». Considera el legislador que la desvinculación de la persona respecto a su trabajo en términos temporales y espaciales conduce a la autoorganización, que implica una serie de ventajas:

Pero, a su vez, también supone un elenco de problemas: «[…] protección de datos, brechas de seguridad, tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral». La ley configura este fenómeno a través de una panoplia de derechos, entre los que cabe destacar, antes de nada, el carácter voluntario para ambas partes de la relación, que toma forma en un acuerdo coetáneo o posterior al contrato de trabajo (art. 5). La esencia del trabajo a distancia es, a su vez, la flexibilidad organizativa del trabajador, que, fuera de los tiempos de disponibilidad obligatoria, determina él mismo su horario (art. 13). Y el tercer elemento imputa los costes de medios y equipos al empresario (arts. 11 y 12).

Más allá de estos aspectos generales, la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, hace presentes algunas particularidades constitucionales, si bien se resuelven con un reenvío a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, siendo, así, una suerte de recordatorio. Ocurre con los derechos a la intimidad, a la protección de datos y la desconexión digital (arts. 17 y 18).

La Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conocida coloquialmente como «ley de riders», tiene interés constitucional, primero, por su objeto, pues intenta dar respuesta a uno de los fenómenos en los que con mayor relieve ha impactado la tecnología, como es la organización del mercado de distribución a domicilio. Así las cosas, de acuerdo con la disposición adicional vigesimotercera, la relación jurídica entre el distribuidor y la plataforma se presume de carácter laboral. En segundo lugar, la ley goza de relevancia por el juego legislador/Poder Judicial que escenifica. En efecto, como bien describe en su preámbulo, el problema fue resuelto por el Poder Judicial, que determinó la naturaleza laboral de este tipo de relaciones jurídicas. La ley cumple, entonces, una función de consolidación, cerrando el paso a futuras interpretaciones regresivas.

En la intrincada dinámica jurisdicción/legislador, ocupa un lugar estelar la cuestión de la temporalidad en el empleo público, que, además, subraya la mórbida situación de la Administración pública, en especial la local, atrapada entre la necesidad de contar con personal estructural que afronte los servicios que ordena la legislación, la tasa de reposición y los límites al incremento de la masa salarial, que condicionan la incorporación de personal. Como es sabido, el Tribunal de Justicia, en aplicación de la cláusula 5.ª de la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, viene exigiendo medidas efectivas que pongan fin a la temporalidad en las Administraciones públicas españolas. La carencia de eficacia directa del citado precepto exige una acción estatal, que en el caso español ha sido, en un primer momento, jurisdiccional. Ocurre, sin embargo, que la jurisdicción laboral y la contenciosa han dado respuestas diversas. La primera ha creado la particular figura del laboral indefinido no fijo, de suerte que la concatenación de contratos de trabajo encuentra coto y el trabajador permanece en el puesto hasta que la plaza salga a concurso. En cambio, la jurisdicción contenciosa, queriendo proteger los principios de mérito y capacidad del art. 23 de la Constitución, ha negado esta hipótesis a los funcionarios interinos.

La intervención del legislador se hacía improrrogable, y ha tomado cuerpo, primero mediante el Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y, luego, a través de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. De un lado, se pretende acabar definitivamente con la temporalidad. Para ello, se refuerzan los límites precisos que ponen fin a la interinidad, siendo los tres años la frontera, salvo en los casos de sustitución transitoria (nuevo art. 10 del Estatuto Básico del Empleado Público). Y, además, se establece la nulidad de los actos que vulneren tales límites prolongando la situación de interinidad, una indemnización al interino cuya situación se ha extendido más de lo debido y un tenue devengo de las «responsabilidades que procedan» (nueva disposición adicional decimoséptima del Estatuto Básico del Empleado Público).

De otra parte, una vez más, se define un proceso general de estabilización de las plazas estructurales que hayan estado ocupadas en los últimos tres años por personal temporal. En teoría, se estabilizan las plazas, no las personas que las ocupan, pero el modo de selección apunta más a lo segundo que a lo primero, pues se admiten los concursos-oposición en el que lo primero valga un 40 % y se cuente la experiencia. Además, en la ley se establece el mero concurso para aquellas plazas que hubieran estado ocupadas de manera temporal antes del 1 de enero de 2016.

Finamente, no podemos dejar pasar la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que, como bien describe en su preámbulo, afronta uno de los problemas más acuciantes a medio plazo, como es el equilibrio intergeneracional ante la paulatina jubilación del llamado baby boom. Por ello, la ley «recoge diversas medidas que en conjunto pretenden actuar sobre el acceso a la pensión de jubilación a través de fórmulas voluntarias y más equitativas que favorecen un progresivo alineamiento de la edad efectiva y de la edad ordinaria de jubilación como vía para reforzar la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo».

Esas medidas van orientadas a prolongar la vida activa más allá de los 68 años (nueva disposición adicional décima) y un mecanismo de equilibrio intergeneracional (disposición final cuarta), que, básicamente, consiste en elevar la cotización durante diez años desde 2023. Pensiones, que, por lo demás, van a comenzar a revalorizarse en atención a la inflación (nuevo art. 58 de la Ley General de la Seguridad Social), abandonándose el anterior modelo, que estaba desvinculado de ella y centrado en los ingresos de la Seguridad Social, sistema en el que era posible un incremento inferior al índice de precios.

3. Nuevos derechos[Subir]