RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES: OBSERVACIONES CRÍTICAS A LA STC 128/2023, DE 2 DE OCTUBRE, QUE LO DECLARA CONSTITUCIONAL

I. INTRODUCCIÓN: EL SISTEMA DE ELECCIÓN DE LOS VOCALES DEL CGPJ COMO PUNTO DE PARTIDA Y DISCUSIÓN[Subir]

Una de las novedades más importantes que introdujo la Constitución española de 1978, siguiendo los precedentes italiano y francés, fue la creación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como órgano de gobierno del Poder Judicial. Así lo define el apartado 2.º del art. 122, que le atribuye, además, un núcleo intangible de funciones: «nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario» de los jueces y magistrados. Funciones cuya regulación, así como el estatuto de sus miembros y régimen de incompatibilidades, se hará por medio de una ley orgánica. La razón de ser de su creación no es otra que la de sustraer al Gobierno las competencias mencionadas y otras, mediante las cuales el Ministerio de Justicia podía influir en la capacidad de decidir de los jueces, utilizando, por ejemplo, la potestad disciplinaria para sancionar a los no afectos al Gobierno de turno o para favorecer con ascensos a quienes sí lo fueran. Como ya reconoció el Tribunal Constitucional, en la STC 108/86, de 29 de julio, FJ 7, una de las finalidades del CGPJ era «privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado»^[1].

El CGPJ es un órgano constitucional porque, como sintetizan perfectamente Díez-Picazo y Vidal (‍2011: 284-‍285), está previsto y garantizado expresamente por la Constitución y porque es «supremo en su esfera de atribuciones y determinante, en cuanto protector de la independencia judicial, de la forma de Estado y la forma de gobierno constitucionalmente establecidas». También porque está legitimado activamente para promover un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado (arts. 59.1.c y 73 LOTC y 560.5 LOPJ) y porque está dotado de autonomía normativa y administrativa, emanada de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para el ejercicio de sus funciones (arts. 560, apartados 11, 12, 15, 16, 17 y 18, y 565 LOPJ).

Al poco tiempo de su implantación pudo apreciarse la disfuncionalidad de este órgano en «el correcto desenvolvimiento del sistema constitucional» y de sus instituciones. Debido, entre otras causas, a «una intensa polarización ideológica en su interior […], que se ha proyectado en el cotidiano ejercicio de sus funciones con alineamientos en mayoría y minoría», más propias de una institución parlamentaria que de un órgano constitucional, y al «alto grado de politización» de algunas de sus decisiones, al fundamentarse «en criterios político-ideológicos más que en razones de carácter jurídico». Esta disfuncionalidad ha permanecido hasta nuestros días, perturbando su funcionamiento cotidiano y mermando su legitimidad (‍Aguiar, 2016: 11-‍13; ‍Elvira, 2016: 49; ‍Ballester, 2007: 295-‍296; ‍Íñiguez, 2008: 432 y 436).

La polarización ideológica y politización del CGPJ tiene su origen en el sistema de designación de sus vocales establecido en el art. 122.3 CE, en su desarrollo legislativo y, especialmente, en la denostada práctica partidista del reparto por cuotas de sus miembros. El art. 122.3 CE lo configura como un órgano colegiado y plural, integrado por veinte vocales más el presidente, de los cuales doce serán elegidos «entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión».

En la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial, el legislador consideró que los vocales de extracción judicial se elegían «por» y «entre» los jueces y magistrados (tal y como actualmente exigen los estándares europeos). Sin embargo, cinco años después, con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el legislador cambia de opinión y realiza una interpretación distinta del precepto constitucional, al entender que los vocales judiciales han de elegirse «entre» jueces y magistrados, pero «por» el Congreso y el Senado y no «por» los jueces (art. 112, apartados 1 y 3, LOPJ, actualmente derogados por la reforma de la LOPJ por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio). No obstante, este es el sistema de designación de vocales que, con mínimos cambios, pervive en la actualidad.

El Tribunal Constitucional, en la STC 108/86, de 29 de julio, mediante una interpretación conforme, avaló la constitucionalidad de este sistema legal de designación parlamentaria de los doce vocales de extracción judicial, aunque advirtió del riesgo de politización del Consejo «si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas […] atiend[e]n sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos». Y es que, continúa diciendo el Tribunal de modo clarividente: «La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial» (FJ 13)^[2]. A pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional de los riesgos de politización del CGPJ, si las fuerzas políticas parlamentarias se repartieran por cuotas los cargos de vocal —como así ha sido—, el legislador reformó en dos ocasiones el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo sin cambiar su designación por las cámaras^[3].

Hace años que me he pronunciado a favor de la elección parlamentaria por mayoría cualificada de los vocales del CGPJ, tanto los de extracción judicial como los juristas de reconocida competencia (‍Delgado, 2012: 194-‍195). Creo que el sistema de elección parlamentaria de los vocales del CGPJ legitima democráticamente a este órgano constitucional, que es un órgano de gobierno de los jueces, y no un órgano judicial, y menos de representación procesal o política de los jueces. Es un modelo que garantiza la presencia en el Consejo de diversas sensibilidades ideológicas y profesionales^[4]. Las competencias de esta institución interesan no solo a los jueces y magistrados, sino también a todos los ciudadanos representados en las Cortes Generales, sean o no justiciables.

Sin embargo, las últimas renovaciones del CGPJ y el bloqueo de la más reciente por las principales fuerzas políticas (que ha impedido su constitución hasta el 25 de julio de 2024, después de cinco años y medio en funciones), nos llevan a un escenario distinto en el que los partidos políticos y los grupos parlamentarios mayoritarios vienen utilizando el sistema de designación parlamentaria de forma inadecuada y perturbadora^[5]. Por un lado, se reparten por cuotas partidistas los candidatos a vocal del CGPJ (judiciales y juristas), teniendo en cuenta, en numerosos casos, más sus afinidades ideológicas que sus cualidades profesionales^[6]. De otro lado, si no logran «sacar a los suyos», bloquean la renovación e impiden la designación de «los otros»^[7]. Lamentablemente, han hecho realidad los riesgos pronosticados en su día por el Tribunal Constitucional en la citada STC 108/86, de 29 de julio, FJ 13.

II. MEDIDAS DISUASORIAS DE LOS BLOQUEOS A LA RENOVACIÓN DEL CGPJ: LA INTRODUCIDA POR LA LEY ORGÁNICA 4/2021, DE 29 DE MARZO, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL PARA EL CGPJ EN FUNCIONES [Subir]

Con la finalidad de evitar los retrasos en la renovación del CGPJ^[8], el legislador ha llevado a cabo algunas reformas de la LOPJ introduciendo determinadas medidas, que han sido de escaso éxito y nula eficacia al no haberse obtenido los resultados pretendidos. Una de ellas fue la incluida en el art. 570 LOPJ por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El apartado primero de dicho precepto dispone:

El apartado segundo impide, además, la elección de un nuevo presidente del CGPJ, cuando ninguna de las cámaras se pone de acuerdo para designar a los vocales que les corresponden, y, el apartado tercero, precisa que el mandato de los vocales nombrados «con posterioridad a la expiración del plazo concedido legalmente para su designación no supondrá, en ningún caso, la ampliación de la duración de su cargo».

Esta norma permite no solo que el CGPJ pueda renovarse parcialmente, sino que pueda estar compuesto por dos tipos de vocales según la duración de su mandato: unos cuyo mandato se agotaría al cumplirse los cinco años y otros en los que su mandato (más reducido) se fijaría en función del período de tiempo que hubiese tardado en designarlos la cámara correspondiente. Se trata de una medida singular, anómala y de dudosa constitucionalidad, pues da lugar a que coexistan en el CGPJ dos grupos de vocales, los que están en funciones con el mandato prorrogado y los que han accedido al cargo tras ser elegidos por la cámara respectiva. Aunque este precepto (el art. 170, 1 y 3, LOPJ) no ha llegado a aplicarse en la práctica (‍Carmona, 2022: 152), el Tribunal Constitucional resolvió las dudas de constitucionalidad que se plantearon contra él en la STC 191/2016, de 15 de noviembre. El Tribunal declaró su conformidad con la Constitución, al entender que la renovación parcial del CGPJ es «una opción legítima del legislador orgánico», que «busca paliar los efectos de una eventual anomalía». Ahora bien, seguidamente, el Tribunal critica la dilación del Parlamento en la designación de los vocales, cuando afirma que la opción legislativa «no habría de librar de censura ni de convertir en constitucionalmente correcta, llegado el caso, cualquier hipotética relajación de las Cámaras en el cumplimiento diligente de sus respectivos deberes de propuesta» (FJ 8.d).

Otra medida antibloqueo, controvertida y de dudosa constitucionalidad, fue la presentada por los grupos parlamentarios socialista y confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, mediante la Proposición de Ley Orgánica de 23 de octubre de 2020, de modificación de la LOPJ para la reforma del procedimiento de elección de los vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial y para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones^[9]. Consistía en designar a los doce vocales de origen judicial por una mayoría absoluta de las dos cámaras en una segunda votación, cuando no pudiera obtenerse en la primera la mayoría de tres quintos. Esta propuesta de rebaja de mayoría, similar a la que tuvo lugar en Polonia en 2016, se retiró en mayo de 2021 por los grupos parlamentarios que la presentaron, tras ser reprobada por la Comisión Europea, al considerar que aumentaba la politización del órgano y ponía en peligro la independencia judicial^[10].

Sin embargo, esta medida se ha vuelto a retomar en mayo de 2024, de modo más disparatado, con la presentación por el grupo parlamentario Mixto (Podemos) de una Proposición de Ley Orgánica de modificación de la LOPJ para reformar el procedimiento de elección de los vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial (aunque afecta también a los vocales juristas). La propuesta de reforma se justifica en la necesidad de «ajustar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial a la realidad social, así como de facilitar la renovación del CGPJ en plazo». En realidad, pretende un mayor control político por una de las cámaras, el Congreso, sobre la designación de las cuatro quintas partes de los miembros del Consejo. Así, de un lado, al igual que la Proposición de Ley Orgánica de 23 de octubre de 2020, establece la rebaja de mayoría para los vocales del turno judicial, de tal modo que estos se designarán en primera vuelta por mayoría de tres quintos del Congreso y, si esta no se consiguiera, se hará «por mayoría absoluta que debe tener el respaldo de la mitad de los grupos parlamentarios». Pero, de otro lado, va más allá, al atribuir al Congreso, en detrimento del Senado, la elección de dieciséis vocales, los «doce correspondientes al turno judicial y otros cuatro entre juristas de reconocida competencia». El Senado (que actualmente cuenta con mayoría absoluta del principal grupo de la oposición) elegiría, por mandato constitucional, los cuatro vocales restantes del cupo de juristas de reconocida competencia por mayoría cualificada de tres quintos^[11].

La propuesta de reforma se adecúa a la letra del art. 122.3 CE, pero no a su espíritu, dado que, si la Constitución atribuye a cada una de las cámaras la facultad de elegir a cuatro de los ocho vocales juristas por mayoría de tres quintos, el legislador orgánico debe asignar la elección de los vocales judiciales a cada una de las cámaras en la misma proporción que para los vocales juristas y con la misma mayoría cualificada de tres quintos. El Tribunal Constitucional, en la citada STC 108/1986, de 29 de julio, FJ 13, ya consideró una «cautela» necesaria la fijación por el legislador de esa mayoría cualificada de tres quintos también para los vocales judiciales. Se trata de una medida que incumple, además, los estándares europeos que en materia de independencia judicial y consejos judiciales han fijado organismos y tribunales del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Directrices que recomiendan e instan a España a modificar el sistema de elección parlamentaria de los doce vocales del turno judicial del CGPJ, para que estos se elijan por sus homólogos, sin intervención de los poderes Legislativo o Ejecutivo^[12]. Por mandato del art. 122.3 CE, indisponible para el legislador, la elección de los ocho vocales juristas correspondería a las dos cámaras y por una mayoría de tres quintos; mayoría cualificada que exige llegar a un verdadero consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, incluidas las que forman parte de la oposición al Gobierno.

Otra medida para disuadir a las fuerzas políticas de bloquear la renovación del CGPJ ha sido la introducida por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Se trata de una medida de autoría gubernamental, aunque acometida mediante la presentación de una proposición de ley de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de coalición (eludiendo así la emisión del preceptivo informe del CGPJ). Consiste en limitar algunas de las competencias del CGPJ cuando se encuentre en funciones.

La reforma, según el preámbulo de la LO 4/2021, se justifica para cubrir una laguna, regular el régimen jurídico del CGPJ cuando se haya superado el plazo máximo de mandato sin producirse la debida renovación. Régimen jurídico que «no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento». Se dice que la aprobación de «una normativa apropiada para estos casos supone una garantía básica para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como un medio para favorecer la renovación». De ello, sin más explicación, «se colige la necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un Consejo saliente». Pues bien, con la reforma, no se ha logrado ni una cosa ni la otra. Por un lado, el CGPJ ha tardado algo más de tres años en renovarse, y, por otro, estamos asistiendo a un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia por la acumulación de asuntos sin resolver en algunas de las salas del Tribunal Supremo. En definitiva, ha sido peor el remedio que la enfermedad^[13].

El preámbulo no recoge el motivo principal que subyace en la reforma, que puede calificarse de oportunismo político, presionar a los partidos de la oposición para lograr cuanto antes un acuerdo sobre el nombramiento de los vocales y evitar que el CGPJ saliente, que está en funciones, continúe realizando nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales y de magistrados del Tribunal Supremo^[14]. Ahora bien, las razones esgrimidas por el legislador, como indica certeramente la profesora Rodríguez-Patrón (2023: 140-‍141), no responden a la función primordial que, como órgano constitucional, le atribuye la Constitución, garantizar la independencia judicial, ni a su posición en nuestro sistema institucional. Tampoco es adecuado, como justificación de la restricción de algunas de las atribuciones del CGPJ en funciones, el argumento de que así sucede con otras instituciones como el Gobierno en funciones o las diputaciones permanentes de las cámaras, entre otros motivos, porque el Consejo no es un órgano político ni ejerce funciones políticas.

La reforma de la LO 4/2021 introduce un nuevo precepto, el art. 570.bis LOPJ, que enumera las atribuciones que corresponden al CGPJ en funciones (quince), frente a las que tiene reconocidas en los arts. 560 y 561 LOPJ cuando está renovado (veintiséis). Entre las competencias que se privan al Consejo saliente, por considerar que implican «una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante», está el nombramiento discrecional de determinados cargos judiciales gubernativos, como los presidentes del Tribunal Supremo y de sus salas, de las audiencias, de los tribunales superiores de justicia o de la Audiencia Nacional. También el nombramiento de altos cargos jurisdiccionales, como los magistrados del Tribunal Supremo. Una de las consecuencias de la sustracción de esta facultad ha sido el colapso de algunas de las salas del Tribunal Supremo, especialmente la Tercera y la Cuarta^[15].

La privación al CGPJ en funciones por la LO 4/2021 de la competencia de nombramiento de altos cargos judiciales tuvo también consecuencias sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional, ya que el CGPJ en funciones no podía designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le atribuye el art. 159.1 CE. Si no se les nombraba en tiempo, quedaba prorrogado el mandato de los dos magistrados salientes hasta que se constituyera el nuevo CGPJ y nombrara a los que le correspondían. Entretanto, surgió la duda de si el Gobierno podía nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le asigna también, en la misma parte o cupo que al CGPJ, el art. 159.1 CE. En su momento me pronuncié acerca de que no era posible (‍Delgado, 2022: 49), si se acude a una interpretación literal del mandato contenido en el art. 159.3 CE (reiterado en el art. 16.3 LOTC), que establece una renovación por terceras partes del Tribunal (esto es, para grupos de cuatro magistrados). De lo contrario, se estaría admitiendo una renovación por terceras partes para el Congreso y para el Senado y otra distinta y en momentos diferentes para los otros dos órganos constitucionales, el CGPJ y el Gobierno, que el constituyente no previó^[16]. Dado el interés del Gobierno en la designación de los dos magistrados constitucionales y para evitar que el «bloqueo» del CGPJ «bloquease» también el Tribunal Constitucional, asistimos perplejos a otra reforma de la LOPJ por la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, que restituye al CGPJ en funciones la potestad de nombrar solo a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (modificación del art. 570.bis.1.1.ª LOPJ). Además, se le obligaba a realizar dicho nombramiento «en el plazo máximo de tres meses» a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior del Tribunal (modificación del art. 599.1.1.ª LOPJ). Plazo que también se incumplió^[17].

Resulta paradójico, como indica Sáenz de Jubera (‍2024), que no se haya llegado a un acuerdo parlamentario para modificar el sistema de elección de los vocales del turno judicial y, sin embargo, se hayan acometido dos reformas exprés de la LOPJ con el objeto de presionar al principal partido de la oposición para renovar el Consejo: una, para limitar las atribuciones del CGPJ en funciones (la LO 4/2021) y, otra, para devolverle la potestad de nombrar a dos magistrados constitucionales (la LO 8/2022). La nota 18 iría después del cierre del paréntesis (la LO 8/2022)^[18].

Sí se ha llegado, sin embargo, a un acuerdo extraparlamentario entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ y reformar la LOPJ y el Estatuto Fiscal. Este se suscribe y escenifica, en Bruselas, el 25 de junio de 2024, bajo el escrutinio innecesario de la Comisión Europea^[19]. En él se establece, en su apartado primero, tramitar por el procedimiento de urgencia una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la LOPJ y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en la que se introduzca, entre otras medidas, requerir al CGPJ para que «apruebe por mayoría de tres quintos una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación». La Proposición de Ley Orgánica presentada por los grupos parlamentarios popular en el Congreso y socialista se aprueba como Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En relación con el CGPJ, la norma introduce algunas medidas acertadas para reducir la politización del órgano, como endurecer el régimen de incompatibilidades para poder ser designado vocal del Consejo por el turno de juristas de reconocida competencia, de tal modo que no podrán ser elegidos quienes, en los cinco años anteriores, hayan sido titulares de un ministerio, de una secretaría de Estado, de una consejería de un Gobierno autonómico o de la presidencia de una corporación local, o quienes hayan tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma (art. 567.3 LOPJ). Incompatibilidad por cinco años que debiera de extenderse también a los candidatos propuestos a vocal por el turno judicial, ya que aquellos jueces o magistrados que hubiesen ejercido alguno de los cargos mencionados anteriormente, si reingresasen al servicio activo, quedarían, según el art. 383 LOPJ, en situación de servicios especiales durante los dos años siguientes a su cese, sin ejercer funciones jurisdiccionales. Transcurridos esos dos años podrían ser propuestos como candidatos a vocal del CGPJ. También es oportuna, como medida de transparencia y según se viene haciendo para otros cargos —como los candidatos propuestos a magistrados del Tribunal Constitucional—, la obligación de los candidatos a vocal de comparecer en audiencia pública ante la comisión de nombramientos de la cámara correspondiente, que evaluará sus méritos e idoneidad (art. 567.2 LOPJ).

De igual modo, se establece una disposición adicional, en la que se encomienda al CGPJ que, en un plazo premuroso y apremiante de seis meses, elabore un informe sobre

Como puede comprobarse, la disposición adicional es una declaración de intenciones, una prometedora propuesta que supone un paso adelante para que los vocales de origen judicial se elijan por los jueces; pero el compromiso no es definitivo, pues depende de lo que recomiende la propuesta del CGPJ y de lo que posteriormente decidan el Gobierno y los partidos políticos mayoritarios^[20].

III. LA STC 128/2023, DE 2 DE OCTUBRE, QUE DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA 4/2021, QUE LIMITA LAS ATRIBUCIONES DEL CGPJ EN FUNCIONES: ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS [Subir]

Contra la LO 4/2021 se interpusieron dos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que han sido resueltos por las SSTC 128/2023, de 2 de octubre, y 15/2024, de 15 de enero^[21]. Nos referiremos a la primera, que es la que sienta doctrina y a la que se remite la segunda en varias consideraciones, sin perjuicio de que esta última introduzca observaciones complementarias sobre algunas cuestiones ya examinadas en la STC 128/2023.

En el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la LO 4/2021, resuelto por la STC 128/2023, los recurrentes entendían que la norma impugnada adolecía de unos vicios de inconstitucionalidad de carácter formal y material que examinamos a continuación.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN[Subir]

El CGPJ es un órgano constitucional al que el art. 122.2 CE le atribuyó un núcleo intangible de funciones para una misión clara, garantizar y proteger la independencia judicial. La renovación de los vocales que lo integran es un problema recurrente, pues prácticamente no se ha producido en plazo desde su creación como consecuencia del bloqueo ejercido por las principales fuerzas políticas. La última renovación ha superado todos los récords, cinco años y medio, en un clima de máxima crispación política. A ello ha contribuido, más que el sistema de elección parlamentaria, el reparto por cuotas partidistas de los candidatos a vocal del CGPJ. Práctica perniciosa que ha hecho realidad los riesgos de politización del CGPJ presagiados en su día por la STC 108/86.

Para evitar los retrasos en la renovación del CGPJ, el legislador ha realizado algunas reformas de la LOPJ introduciendo determinadas medidas. Una de ellas ha sido la acometida por la LO 4/2021, de 29 de marzo, que limita algunas competencias al CGPJ cuando se encuentra en funciones. Entre los motivos que justifican la reforma de la LOPJ, están garantizar «el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia» y ser «un medio para favorecer la renovación» del CGPJ. Pues bien, como se ha dicho, la reforma no ha conseguido ni una cosa ni otra. El CGPJ ha tardado algo más de tres años en renovarse y estamos sufriendo las consecuencias de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia por el colapso de algunas de las salas del Tribunal Supremo.

La STC 128/2023, de 2 de octubre, ha declarado la constitucionalidad de la reforma de la LOPJ por la LO 4/2021. En las páginas anteriores hemos discrepado de la argumentación ofrecida por la mayoría del Tribunal para justiciar su constitucionalidad, por motivos tanto formales como de fondo. También hemos disentido de las observaciones complementarias introducidas en la STC 15/2024, de 15 de enero. En ambas resoluciones compartimos plenamente los votos particulares formulados por los magistrados discrepantes.

En relación con las tachas procedimentales, entendemos que, aunque la tramitación de la norma impugnada no haya incurrido en unos vicios formales graves lesivos del derecho del art. 23.1 CE, el Tribunal pierde una ocasión para advertir al legislador de que haga un uso adecuado del procedimiento de urgencia, evitando su empleo como una especie de atajo en reformas de cierta entidad como la de la LO 4/2021. También el Tribunal debería de haber censurado al Parlamento (y al Gobierno) por utilizar las proposiciones de ley como «proyectos de ley encubiertos» con el fin de eludir informes de órganos consultivos, como en este caso el del CGPJ, en una materia que, además, le afecta directamente.

Por lo que se refiere a los vicios materiales de que adolece la LO 4/2021, consideramos que la creación de un CGPJ en funciones para privarle de atribuciones esenciales en el desempeño de su misión constitucional, garantizar la independencia judicial, supone una desnaturalización del órgano y una dependencia del Poder Legislativo (que puede despojarle de sus funciones y restituírselas en cualquier momento). Para el Tribunal, sin embargo, es conforme a la Constitución el establecimiento del nuevo régimen jurídico del CGPJ en funciones y la privación de alguna de sus competencias. Para justificar su constitucionalidad recurre, sin explicación suficiente y convincente, a una interpretación formalista y literal de las escuetas normas constitucionales sobre el CGPJ. Apela, asimismo, a la amplia libertad del legislador para desarrollar el art. 122 CE, que puede llegar, incluso, a sustraer al Consejo en funciones algunas de sus atribuciones reconocidas constitucionalmente, como la de nombramientos judiciales (sean o no discrecionales). Situación anómala y transitoria que, parece olvidar el legislador y el Tribunal, ha sido causada por el propio Parlamento al incumplir el mandato constitucional de designar a los vocales del CGPJ. Se echa de menos también en la sentencia una censura del Tribunal al Parlamento, como hizo en la STC 191/2016, cuando, tras admitir la constitucionalidad del sistema de renovación parcial del CGPJ, por ser una opción legítima del legislador orgánico ante una anomalía institucional, el Tribunal critica la dilación del Parlamento en la designación de los vocales.

Creemos que un CGPJ en funciones, al igual que un Consejo ya renovado, debe seguir desempeñando el núcleo intangible de competencias que le atribuye el art. 122 CE, en garantía de la independencia del Poder Judicial y del normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Consideramos que no puede justificarse la reducción de atribuciones al CGPJ en funciones comparando su situación con la de otros órganos constitucionales como el Gobierno en funciones o la Diputación Permanente de las cámaras. Entre otros motivos, porque las competencias que ejercen estas instituciones son de carácter político, a diferencia de las del CGPJ, que son eminentemente técnicas.

En la sentencia de la mayoría, a la hora de justificar la constitucionalidad de la reforma de la LO 4/2021, falta una mención (sí lo hace el voto particular) a las normas europeas y a su jurisprudencia interpretativa sobre el canon europeo del principio de independencia judicial y el papel de los consejos judiciales. También se echa de menos una referencia a las graves consecuencias que sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia está causando la privación de algunas funciones al CGPJ (particularmente la relativa a los nombramientos de cargos judiciales) y su incidencia sobre el ejercicio de derechos fundamentales del art. 24 CE, como los derechos a un proceso sin dilaciones indebidas y a la tutela judicial efectiva.

Discrepamos igualmente de la argumentación utilizada por el Tribunal para declarar la constitucionalidad de la sustracción al CGPJ en funciones de la facultad de interponer un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, por tratarse de una potestad reconocida en la LOTC y no en la CE. Entendemos, por el contrario, que es una potestad necesaria para defender las funciones que constitucional y legalmente corresponden al Consejo, con independencia de la situación en la que se encuentre, ya sea con el mandato vigente o prorrogado.

Por último, resulta esperanzadora, y, por tanto, puede valorarse positivamente, la reciente reforma de la LOPJ por la LO 3/2024, de 2 de agosto, que, para reducir la politización del CGPJ, introduce algunas medidas como el endurecimiento del régimen de incompatibilidades de los candidatos a vocal por el turno de juristas de reconocida competencia (art. 567.3 LOPJ). También la obligación de los candidatos a vocal de comparecer ante la comisión de nombramientos de la cámara correspondiente, que evaluará sus méritos e idoneidad para el cargo (art. 567.2 LOPJ). E, igualmente, el encargo al CGPJ para que redacte un informe con una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales, con el fin de trasladarla al Gobierno y a las cámaras para que elaboren un proyecto de ley o una proposición de ley de reforma del sistema (disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024). Esperanzadora propuesta que, de momento, ante la falta de acuerdo en el seno del CGPJ y del Parlamento se queda en una mera declaración de intenciones.