GOBERNAR CON UNA MAYORÍA FRÁGIL. CRÓNICA POLÍTICA Y LEGISLATIVA DEL AÑO 2024

2.1. La tercera reforma constitucional[Subir]

La reforma del art. 49 de la Constitución española, de 15 de febrero de 2024^[22], se ha realizado conforme al procedimiento simplificado del art. 167. Su aprobación ha tenido lugar un lustro después de su propuesta (2018), aunque hunde sus raíces en el compromiso de Rodríguez Zapatero ante el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2005.

Su objetivo fue el de adaptar la semántica y perspectiva del art. 49 CE. Aunque se trató de un artículo pionero y con pocos referentes comparados, desde hace años se demandaba un cambio, por un lado, del término «disminuido», ofensivo en tanto que designa a personas con aptitudes en grado menor a lo normal, y su sustitución por el término «personas con discapacidad». Por otro lado, un cambio en su perspectiva, para adaptarse a los convenios internacionales (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006) y alejarse de la aproximación paternalista centrada en la necesaria intervención de los poderes públicos como agentes protectores: se ha pasado de «[l]os poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración […] prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán» a una nueva visión que sitúa la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad en el centro: «[…] las personas con discapacidad ejercen los derechos […]. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal […] de las personas con discapacidad».

Su importancia radica, sobre todo, en que se trata de la primera reforma constitucional con contenido netamente social. También en el momento político de fragilidad en el que se ha conseguido. Tanto es así que, como se dijo, Vox fue el único partido que votó en contra por los motivos aducidos, que nada tienen que ver con el contenido de la reforma. Para aglutinar una mayoría suficiente sin comprometer la legislatura, en la propia Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados (Comisión para las políticas integrales de la Discapacidad) en la que se inició el procedimiento, se remarcó que se procedía «de forma absolutamente separada de cualquier otro debate sobre la reforma constitucional, incluso […] de manera aislada y sin ninguna conexión ni compensaciones de ningún tipo»^[23].

2.2. La ley de amnistía[Subir]

Entre las leyes polémicas, la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña^[24] (LOA), ocupa el podio con diferencia. Se trata, como todos saben, de la condición sine qua non para el voto favorable de los 7 diputados de Junts y los de ERC a la investidura de Sánchez.

Mucho se ha escrito a favor y en contra sin que se atisbe un consenso en la disciplina. Sin ir más lejos, remitimos al número 131 de esta misma revista. De la manera más aséptica posible, trataremos de comentar su contenido y complejidad.

La ley trata de cerrar un conflicto político con la extinción de la responsabilidad criminal, definiendo un ámbito objetivo que se circunscribe al procés catalán. Aunque su objeto principal son los actos vinculados a las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarados ambos inconstitucionales, abarca actos relacionados con ambos hechos acontecidos del 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023 (art. 1).

Incluye actos relacionados con la organización y celebración de ambos hechos, actos preparatorios y acciones de protesta, la asistencia, colaboración, asesoramiento, representación, protección y seguridad a los responsables, actuaciones de divulgación, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares, o lograr apoyo de entidades públicas o privadas para la independencia de Cataluña. Incluye las expresiones de crítica o agravio contra autoridades y funcionarios públicos, entes e instituciones públicas, así como sus símbolos o emblemas, incluyendo aquellos realizados a través de medios de comunicación o redes sociales.

No se amnistían: actos dolosos que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad. Torturas y tratos inhumanos o degradantes que «superen un umbral mínimo de gravedad», delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea y delitos con motivaciones discriminatorias.

Resultan problemáticas tres exclusiones más. Tras las investigaciones en torno al líder de Junts de vínculos con Tsunami Democratic, plataforma civil investigada por terrorismo al haber promovido las protestas posteriores a la sentencia del procés, así como con una supuesta trama de contactos con Rusia, Junts votará sorprendentemente en contra de la LOA en el Congreso, forzando una renegociación para incluir los delitos de terrorismo y traición. En la versión final que se aprobará en mayo, los delitos relacionados con el terrorismo seguirían excluidos siempre que hubiesen dado lugar a «graves violaciones intencionadas de derechos humanos» (según la Directiva (UE) 2017/541), y seguirían excluidos los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado, siempre que se hayan producido «tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España».

A estas excepciones se añade la aplicación de la amnistía al delito de malversación de caudales públicos (art. 1.a) «siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad». El Tribunal Supremo, mediante auto del magistrado instructor de 1 de julio, confirmó que cualquier ventaja personal de carácter patrimonial (art. 1.4) debía entenderse comprendida en la exclusión, e imputó un delito excluido de la amnistía a los líderes del procés (Puigdemont, Comín y Puig) por haber decidido «cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste» del referéndum del 1-O, «que era un empeño no solo ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut de Catalunya, sino ajeno a sus responsabilidades de Gobierno y a las competencias de la Generalitat». Es decir, al no pagar los costes del procés de «su bolsillo», sino de las arcas públicas, el juez instructor observa la existencia de un «beneficio personal de carácter patrimonial» (art. 1.4) y, por tanto, un tipo excluido de la amnistía. Por este motivo, Carles Puigdemont continuará hasta la fecha dirigiendo el partido desde el extranjero, en busca y captura, protagonizando una segunda «huida» de la justicia tras intentar asistir a la investidura del president Salvador Illa en agosto de 2024^[25].

Además del sorprendente voto en contra de Junts en la primera votación, en la tramitación de la ley hubo otros dos hitos particulares. En el primero de ellos los letrados de la Congreso, mediante nota de la Secretaría General de 20 de noviembre, aunque reconocían que podía haber «posibles motivos de inconstitucionalidad», también afirmaron que el texto de la LOA no se encontraba «viciado por una inconstitucionalidad “palmaria y evidente”», por lo que correspondía a la Mesa de la Cámara su calificación y al Tribunal Constitucional, en su caso, su control de constitucionalidad. En contra de esta opinión, los letrados del Senado, siendo el mismo cuerpo, chocaron frontalmente materializando la falta de consenso sobre la ley en la disciplina. Partiendo de este informe, una vez aprobado en el Congreso, el Senado hizo uso de su poder de veto esgrimiendo la mayoría absoluta del PP. Veto que será levantado por el Congreso por 177 votos a favor y 172 votos en contra^[26].

La utilización de vetos del Senado, y la reiterada amenaza de un conflicto de atribuciones entre ambas cámaras, será una constante del año (utilizado también en la ley de eficacia de la justicia y puenteada por el Congreso en la ley de paridad).

Han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, como dijimos más arriba, 16 recursos de inconstitucionalidad (presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, más Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, y las Cortes de Aragón) y 4 cuestiones de inconstitucionalidad, del TS y del TSJ de Cataluña.

Además, la Audiencia Nacional ha planteado cuestión prejudicial al TJUE para que se pronuncie sobre si la LOA vulnera la normativa europea al pretender aplicarse a los Comités de Defensa de la República (CDR). La LO 1/2024, de Amnistía, dicen los jueces, parece que excluye, con carácter general, su aplicación a los delitos de terrorismo previstos en la Directiva 2017/541, que, a priori, no serían amnistiables. Sin embargo, condiciona esa exclusión a la concurrencia de un requisito adicional, no previsto en la Directiva 2017/541; concretamente cuando dice «y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derecho humanos».

Entre los argumentos esgrimidos en los recursos y cuestiones (Auto de 24 de julio de 2024) encontramos los siguientes puntos comunes: 1) el art. 62.i de la Constitución prohíbe los indultos generales, por lo que se plantea ante el TC si detrás de esta prohibición se encuentra también la de la amnistía por el principio «quien puede lo más puede lo menos»; 2) vulnera el principio de igualdad del art. 14, pues concede un beneficio solo a los reos de unos mismos tipos penales que lo cometieran dentro de unas particulares coordenadas temporales y teleológicas, excluyendo a los que hubieran cometido esos mismos delitos en otros momentos y/o con otros fines^[27], y 3) vulnera el art. 117 CE en tanto que el legislador usurpa la función exclusiva del Poder Judicial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

En la misma línea argumentativa, además del TS, se mueven las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (especialmente el Auto de 30 de julio de 2024). Por otro lado, mediante el Auto de 29 de julio de 2024, el Tribunal de Cuentas ha planteado cuestión prejudicial al considerar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe pronunciarse sobre la adecuación de la LOA a la normativa europea sobre lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal.

Como se observa por el papel desempeñado por los tribunales mediante sus reenvíos al TC y al TJUE, pese a las críticas más sonadas, son los jueces y tribunales (junto con órganos administrativos o contables pertinentes) los que tienen, en última estancia, la competencia de interpretar los casos de aplicación de la LOA y de determinar el resultado final. Los interesados, como dispone la ley, deberán solicitar la aplicación en un plazo de cinco años y las decisiones deberán adoptarse en un plazo de dos meses, sin perjuicio de los reenvíos prejudiciales pertinentes. Estos órganos deben adoptar las decisiones correspondientes de manera preferente y urgente, independientemente del estado de tramitación del procedimiento.

Huelga decir que, pese a los efectos suspensivos de las cuestiones planteadas por algunos tribunales, como el TSJC, la norma está en vigor y es de plena aplicación hasta que se pronuncie el TC.

No podemos olvidar que, además de los recursos y cuestiones sobre el texto de la propia ley, el Senado planteó por primera vez en democracia un conflicto de atribuciones entre Senado y Congreso, acuerdo que, no obstante, fue suspendido en marzo de 2024. El clima político promete que la decisión del alto tribunal no será pacífica. Pero esta será materia de la próxima crónica.

2.3. Derechos e igualdad[Subir]

Pese a las batallas políticas por la investidura, el Gobierno ha debido hacer frente también a un programa de coalición marcado inicialmente por la agenda social y la igualdad.

Por un lado, encontramos la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, en vigor desde el mes de agosto^[28]. Con ella se establece la obligatoriedad de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales y de relevancia constitucional. Ley que es resultado de la trasposición de la Directiva (UE) 2022/2381 para mejorar el equilibrio de género en los consejos de administración de sociedades cotizadas. A efectos de la ley (disposición adicional primera), se entiende por representación paritaria y presencia equilibrada entre mujeres y hombres aquella situación en la que las personas de cada sexo no superen el 60 % ni sean menos del 40 % en un ámbito determinado. En consonancia con el principio de acción positiva, podrá no aplicarse el criterio de representación paritaria y presencia equilibrada entre mujeres y hombres cuando exista una representación de mujeres superior al 60 % que, en todo caso, deberá justificarse.

La ley se aplica principalmente a los siguientes ámbitos: candidaturas a elecciones, órganos constitucionales y de relevancia constitucional, Gobierno, Administración General del Estado, sociedades cotizadas, colegios profesionales, medios de comunicación de titularidad estatal, sindicatos y asociaciones empresariales, fundaciones y organizaciones del tercer sector de acción social, Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, órganos para la concesión de premios o condecoraciones financiados o concedidos por la Administración General del Estado. Además, se incluye la paridad en las instituciones deportivas y permisos para deportistas profesionales.

No podemos pasar por alto que la disposición final cuarta de la Ley Orgánica de Paridad modifica, a su vez, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para sortear el futuro veto del Senado al techo de gasto. La LO establece que, si el Congreso aprueba los objetivos de estabilidad y deuda pública, pero el Senado los rechaza, estos se someterán a una nueva votación en el Pleno del Congreso que podrá levantar el veto por mayoría simple. En el mes de diciembre el TC admitió a trámite el recurso presentado por el PP contra el precepto.

La Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, conocida como ley ELA, ha sido otro hito de consenso durante el año, obteniendo unanimidad en el Congreso.

Su objetivo es establecer un marco jurídico que asegure un trato digno, respetuoso y adecuado para las personas con ELA y otras enfermedades similares, como procesos neurológicos irreversibles, que tengan una rápida progresión y requieran cuidados sociales y sanitarios centrados en el domicilio, así como para sus familias.

Se les reconoce un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, con procedimientos de urgencia para su revisión, y la calificación del grado de dependencia, así como protección para las personas cuidadoras.

Dentro de las normas que regulan nuevos derechos o prestaciones debe señalarse la Ley 6/2024, de 20 de diciembre, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos o tejidos para su posterior trasplante, que modifica la Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores, pues, si

Se concretan prestaciones económicas y permisos retribuidos, así como su reconocimiento como situación especial de incapacidad temporal del donante.

Merece al menos una mínima mención la Ley 4/2024, de 8 de noviembre, de régimen jurídico básico de los agentes forestales y medioambientales, con el objetivo de que estos desempeñen adecuadamente sus labores de policía, custodia y vigilancia de los bienes de naturaleza forestal y ambiental, otorgándoles, independientemente de la Administración para la que trabajen, la consideración de funcionarios públicos y agentes de la autoridad, a efectos de su protección penal, especialmente en casos de atentado que pongan en peligro su integridad física.

2.4. Justicia[Subir]

Paradójicamente, frente a las acusaciones al Gobierno de atacar los fundamentos del Estado de derecho y al Poder Judicial, o quizás a causa de ello, las normativas en materia procesal y judicial ocupan gran parte de la actividad del año.

Véase la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Se trata del fruto de las negociaciones entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del CGPJ. En la LO se toman algunas medidas para una futura fórmula de nombramiento del Consejo por los propios jueces y algunos cortafuegos en la elección del fiscal general que eviten la situación generada. Aunque sea escueta, contiene las enmiendas realizadas por el hemiciclo y una visión plural que garantice la independencia del Poder Judicial. Se incrementa a veinte años el tiempo que los miembros de la carrera judicial deben haber cumplido para poder ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo. Se especifican casos en los que jueces y magistrados deben solicitar la excedencia voluntaria, como cuando se presentan a cargos públicos o son nombrados para cargos políticos de confianza con rango superior a director general. Además, se establece un período de dos años después del cese en estos cargos durante el cual no podrán reingresar al servicio activo, quedando adscritos a la Presidencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia. Se declara la situación de servicios especiales para jueces o magistrados nombrados para cargos políticos o de confianza con rango de director general o inferior. Se introducen incompatibilidades para ser vocal del CGPJ por el turno de juristas de reconocida competencia, impidiendo que quienes hayan ocupado altos cargos políticos en los cinco años anteriores sean elegidos. Se establece obligaciones de presentarse ante comisiones de valoración para ocupar puestos de designación del CGPJ o del propio Consejo, y se exige una mayoría de tres quintos de los vocales del CGPJ para el nombramiento de los presidentes de las audiencias provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia.

Atendiendo a la situación creada por los dos últimos fiscales generales, se establece que el fiscal general del Estado debe abstenerse de intervenir en casos donde le afecten causas de abstención aplicables a jueces y magistrados. También se regula un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento como fiscal general del Estado.

Por último, la ley también contiene una disposición adicional única donde se prevé que, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Consejo General del Poder Judicial deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes Generales para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.

Más compleja fue la tramitación de las leyes en materia de Ley Orgánica 4/2024, de 18 de octubre, por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). También tuvo oposición la ley orgánica de eficacia judicial.

En relación con la primera, la Ley Orgánica 4/2024, la norma es un compromiso con la UE, ya que traspone la Directiva (UE) 2019/884, relativa a la petición de antecedentes, la respuesta a peticiones de otros Estados miembros, la inclusión de la imagen facial y la transmisión de información. Incorpora preceptos del Reglamento (UE) 2019/816 sobre el sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN).

Pero la principal complejidad subyace en que se da efectividad a la Decisión Marco 2008/675/JAI, relativa a la consideración de resoluciones condenatorias entre los Estados miembros en un nuevo proceso penal, aplicándose tanto en la fase previa como durante el proceso y en la ejecución de la condena. Se establece de manera definitiva mediante reforma que las condenas anteriores firmes dictadas en otros Estados miembros tendrán los mismos efectos jurídicos que las dictadas en España en un nuevo proceso penal, lo que supone reconocer las condenas cumplidas en Francia por miembros de la banda terrorista ETA reduciendo sus condenas dictadas en España.

El Partido Popular se opuso mediáticamente a la ley sin especificar en el debate que se trataba de una obligación de la Unión. El Senado rechazó por mayoría absoluta la ley orgánica y, a pesar de que ningún grupo había registrado propuesta de veto en tiempo y forma, la Presidencia del Senado interpretó que se trataba de un veto al haber sido rechazado en Pleno por mayoría absoluta, y así lo comunicó al Congreso de los Diputados^[30]. Por su parte, el Congreso de los Diputados dio el procedimiento por finalizado y mandó publicar el texto en el BOE sin someter el texto a nueva votación. El conflicto de atribución, desde entonces, planea en el Senado en cada proyecto legislativo^[31].

También convulsa ha sido la tramitación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Aunque ha sido aprobada el 2 de enero de 2025 como Ley Orgánica 1/2025, fue íntegramente elaborada y negociada durante el año 2024 y supone una importante reforma del Poder Judicial^[32].

La norma crea los tribunales de instancia, órganos colegiados que integran todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial, lo que unificará la respuesta en primera instancia. Crea las Oficinas de Justicia en los municipios, e incluye reformas procesales para agilizar la carga de juzgados y tribunales, haciendo una clara apuesta por los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje.

La polémica no viene tanto por el contenido de la ley, que la oposición considera que ha sido tratado con demasiada celeridad, sino por «una cantidad ingente de enmiendas intrusas que nada tienen que ver con el objeto de este procedimiento, sino de concesiones para mantenerse en el poder». En consecuencia, el PP volvió a utilizar el veto del Senado.

Como muestra del equilibrio inestable del Gobierno, los socios de investidura avisaron al Ejecutivo de que no levantarían el veto del Senado a la ley de eficiencia judicial si no pactaban una «hoja legislativa» para acordar la cuestión de los desahucios. El PNV había «colado» en la norma un procedimiento rápido para los desahucios. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Podemos adujeron un error en sus votos a favor y pretendieron subsanarlo tras el veto del Senado, pero reivindicaron una solución antes de levantar el veto. Concretamente, la prórroga del escudo social, que suspenderá los desahucios durante un año, y seis meses más de ayuda al transporte, y prorroga la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre mediante decreto ley^[33].

Mucho menos compleja ha sido la aprobación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa^[34]. Aprobada en Comisión con la abstención del PP y Vox, y largamente esperada por la abogacía española.

2.5. Decretos leyes[Subir]

No podemos terminar este repaso normativo sin exponer muy brevemente los principales decretos leyes aprobados durante el año. En ellos se da muestra de la verdadera fragilidad del Gobierno y de su tendencia principal. Es a través de estos decretos leyes como el Gobierno da salida a las necesidades de la propia coalición y satisface a socios y electorado.

Los reales decretos leyes número 1 a 4 protagonizaron el denominado escudo social, con medidas que se impulsaron durante la pandemia en la anterior legislatura y coalición y que ahora se han prorrogado como medidas antinflacionarias primero y como medidas pactadas con los socios progresistas del bloque de investidura. Se trata de las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables^[35]; de la ampliación de permisos parentales y la protección por desempleo, incluyendo el ingreso mínimo vital^[36], del bono joven^[37] o el decreto por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social^[38].

Estas medidas se vieron complementadas por dos reales decretos leyes de especial relevancia parlamentaria por su origen y resultado. El Decreto Ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y el Decreto Ley 10/2024, de 23 de diciembre, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025. Con el primero de ellos, conocido como Decreto Ómnibus, se trataba de remediar la prórroga de los presupuestos y cumplir con algunos acuerdos con el bloque de investidura, estableciendo medidas para compensar a colectivos más vulnerables, como familias, jóvenes e industrias electrointensivas, mitigando el impacto de la inflación y los altos precios de la energía.

El texto se apodó Ómnibus porque abarcaba desde ayudas directas, como descuentos en el transporte público y vivienda, hasta medidas fiscales y laborales, incluyendo la prórroga de beneficios para el autoconsumo de energía renovable y el apoyo a empresas afectadas por desastres naturales como la DANA, causas de suspensión de disolución mercantil por pérdidas. Además, incluye provisiones relacionadas con el servicio postal universal, la restitución de bienes a partidos políticos (como la famosa sede del Instituto Cervantes de París al PNV), y la adaptación a la normativa europea en materia de servicios digitales. Pero todas estas medidas han quedado al margen del debate, pues esta norma ha sido esencialmente debatida por abordar, como cuestión urgente y prioritaria, la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas para el año 2025.

El Decreto Ley 10/2024, en cambio, es resultado del compromiso del Gobierno con Podemos, a cambio de su apoyo a la reforma fiscal, pese a que quedara fuera el impuesto a las energéticas. La retirada del impuesto a las energéticas fue, asimismo, una exigencia de Junts para apoyar la misma reforma.

Mientras se escriben estas páginas, el Decreto Ómnibus de revalorización de las pensiones y el impuesto a las energéticas han sido derogados, por los votos en contra de PP, Vox y Junts, al no pasar el trámite de convalidación en enero de 2025. Una situación que ha supuesto para el bloque de la oposición una verdadera colisión entre la presión al Ejecutivo y su electorado difícil de explicar y que, todo apunta, será enmendada próximamente con un nuevo Decreto Ómnibus a principios del nuevo año.

Desde 1996 solo se han derogado siete decretos leyes. Dos de ellos, en los últimos meses, cargados de medidas sociales.

Por último, debemos comentar los dos últimos decretos leyes relevantes que muestran cómo el Gobierno, en los últimos meses del año, ha decidido avanzar en su programa mediante decreto por la imposibilidad de alcanzar ulteriores acuerdos, pese al riesgo de su no convalidación, pero convencido de que así fuerza y pone en evidencia a los grupos parlamentarios en el debate plural del hemiciclo y los obliga a apoyar las iniciativas.

Por un lado, el Real Decreto Ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, plantea una importantísima reforma, como su nombre indica, de verdadero calado. Pese a todo, ha sido convalidado en enero de 2025 con 298 votos a favor y 51 en contra. La Cámara ha acordado, además, por unanimidad, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que se abrirá el plazo para la presentación de enmiendas al articulado, lo que apunta a un nuevo consenso en formación.

En sentido contrario se expresa, sin embargo, el Decreto Ley 5/2024, de 22 de octubre, por el que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación RTVE. La norma es consecuencia directa de la imposibilidad para llegar a acuerdos parlamentarios para el nombramiento de entes públicos que requieran mayorías cualificadas. La principal finalidad es desbloquear la situación institucional actual debido a la dificultad para alcanzar acuerdos parlamentarios en la elección de los miembros del Consejo de Administración y de su presidencia. Para ello, se establecen previsiones subsidiarias para la elección mediante mayorías absolutas en segundas votaciones y se habilita al Gobierno para proponer un administrador provisional único en caso de persistir el bloqueo.

En definitiva, el análisis de los decretos leyes es un termómetro del inestable equilibrio del Gobierno de coalición, dependiente de una mayoría fragmentaria capaz de legislar por unanimidad, o casi por unanimidad, hasta en tres ocasiones un mismo año, pero incapaz de pactar unos presupuestos generales, de renovar entes públicos o de asegurar la convalidación de medidas populares como la subida de las pensiones.

Desde el Ejecutivo prometen tres años más de legislatura, pese a la inestabilidad e incertidumbre. Si esto es así, estas crónicas prometen no dejar indiferente al lector presente…, y sobre todo al lector futuro que se sumerja en este primer cuarto de siglo de constitucionalismo democrático en continua crisis.

Bibliografía