El primer punto que quiere destacarse tiene que ver con el diálogo que los magistrados instauran con la investigación científica en materia de calentamiento global. En unas diez páginas (desde el párrafo 16 hasta el párrafo 55), el BVerfG recorre y sintetiza los principales avances de la ciencia en materia de calentamiento global y sus consecuencias, utilizando aquella técnica argumentativa que la doctrina italiana define como riserva di scienza. Es decir, frente a una cuestión que tiene un contenido altamente científico, un tribunal, para tomar una decisión, admite la necesidad de hacer referencia a fuentes distintas de aquellas propiamente jurídicas y que tengan, por supuesto, una reconocida autoridad.

Esto es exactamente lo que hace la decisión analizada. Más específicamente, los magistrados adoptan como principal referencia los informes del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]), un organismo establecido en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. Los datos y estudios difundidos por estos informes permiten a los magistrados confirmar la gravedad de los fenómenos climáticos y, siempre confiando en la aplicación de un riguroso método científico, consiguen proyectar sus consecuencias en el futuro.

Este aspecto tiene una importancia central en la contribución de la sentencia alemana a la configuración de una justicia climática; o, mejor dicho, para la sensibilización de la jurisprudencia (también europea, pero no solo) sobre las implicaciones jurídicas del cambio climático. En realidad, esta referencia al conocimiento científico podría parecer tanto superflua como totalmente (quizás excesivamente) razonable: en el primer sentido, podría evidenciarse que todos los acuerdos y leyes mencionados, fundamentándose en aquel mismo conocimiento, ya le reconocen relevancia jurídica; en el segundo sentido, podría considerarse algo muy racional que un tribunal, supuestamente desconocedor de las explicaciones científicas del calentamiento global y de sus riesgos, recurra a fuentes especializadas.

Sin embargo, nada de todo esto puede entenderse sin más. El debate público sobre el cambio climático solo se ha conformado en torno a las aportaciones del mundo científico muy recientemente. Hace unos años prevalecía una gran desconfianza acerca de este fenómeno, también favorecida por los populismos (y por los líderes que los fomentaban) que negaban, y siguen negando, la existencia de una emergencia climática. De hecho, el negacionismo climático es otro fenómeno muy preocupante de los últimos años, que, además, se cruza con el problema de la verdad en el espacio público y con la actitud de las grandes compañías tecnológicas de promover la circulación de fake news en los espacios digitales (Balaguer Callejón, 2022).

A este problema se suma otro distinto. Como se ha evidenciado antes, la «timidez» que caracteriza a parte de la doctrina jurídica en el momento de reflexionar sobre el cambio climático acaba caracterizando también a la jurisprudencia. Previamente se han recordado algunos tribunales europeos (y claramente la investigación podría ampliarse) que no han llegado a declarar la responsabilidad estatal en materia climática, básicamente siempre por los mismos obstáculos: ausencia de una violación cierta y/o falta de un interés legítimo de los recurrentes.

Ahora bien, la argumentación del Tribunal sirve para solucionar los dos problemas, que, aunque tengan raíces muy distintas, están interrelacionados en la decisión. Por lo que se refiere al primero, los magistrados de Karlsruhe acaban legitimando las fuentes científicas que mencionan y, por lo tanto, también los acuerdos internacionales que se fundamentan sobre ellas. Haciendo esto, además, la sentencia reconoce un verdadero valor jurídico a los mencionados datos científicos, que de esta manera se convierten en un parámetro de constitucionalidad; o, mejor dicho, las normas jurídicas que incorporan estos datos científicos integran un bloque de constitucionalidad que acaba definiendo un parámetro de constitucionalidad (Balaguer Callejón, 2023c).

Esto quiere decir que, aunque las afectaciones determinadas por la LFPC acaben violando lo dispuesto por la Constitución alemana, la ciencia constituye un filtro que permite leer e interpretar la misma Ley Fundamental; y esto, además, frente a un fenómeno como el cambio climático, que, por sus características, como se ha visto, desorienta el razonamiento jurídico y jurisprudencial.

Precisamente adoptando el conocimiento científico como base de su argumentación, el Tribunal anula todos los obstáculos que pueden colocarse entre el fenómeno climático y el reconocimiento de formas de tutela contra sus consecuencias. Y este es el primer elemento que quiere resaltarse: una de las agujas de la brújula, retomando la metáfora que se proponía antes. Los fenómenos globales que hoy en día interesan (o tendrían que interesar) al constitucionalismo no pueden prescindir de este diálogo. Solo gracias a él se puede promover un avance de las democracias pluralistas que acoja desafíos que, de otra manera, quedarían fuera de los mecanismos de protección introducidos por el constitucionalismo.

El cambio climático se corresponde con un fenómeno global, lo que se puede interpretar en dos sentidos: el primero, que sus consecuencias afectan a todo el planeta, y, por tanto, también a aquellos países que, por el momento, asisten menos a la manifestación de eventos naturales conectados con él; el segundo, que la responsabilidad climática no puede delimitarse territorialmente. Este último aspecto, de hecho, lleva al razonamiento jurídico el contenido de la teoría del «efecto mariposa» (Lorenz, 1993), por la cual un evento (aunque aparentemente insignificante) que tenga lugar en una parte del mundo puede repercutir, determinando significativas consecuencias, en otro lado del planeta.

Esta consideración tiene un gran impacto en el marco de los principios que caracterizan el constitucionalismo. En particular, la dinámica que se ha descrito explica por qué el cambio climático, y más bien la responsabilidad climática, no respeta los criterios de la soberanía. A diferencia del razonamiento más general en materia de medio ambiente, donde en la mayoría de las veces la responsabilidad puede reconducirse a un solo Estado, el cambio climático es siempre el resultado de una responsabilidad, por así decirlo, compartida entre más actores soberanos.

Una realidad de este tipo lleva al constitucionalista a un dilema: entender si la constitución puede ofrecer respuestas a un fenómeno global o si, al contrario, tiene que dar un paso atrás, dejando (o esperando) que sean niveles de gobierno diferentes del estatal los que hayan de encontrar dichas respuestas. Como se ha evidenciado antes, hay parte de la doctrina y de la jurisprudencia que afirma esta segunda lectura, es decir, la incapacidad del constitucionalismo de generar herramientas contra desafíos globales.

Sin embargo, siguiendo una perspectiva crítica (Balaguer Callejón, 2023b), se advierte que admitir un retroceso de la constitución ante desafíos de este tipo, como es el cambio climático, significaría, paradójicamente, negar su función, puesto que gran parte de los desafíos contemporáneos que vemos a través de la esfera constitucional poseen ya una dimensión global. La constitución, entonces, puede y tiene que desarrollar sus funciones frente al cambio climático y, más específicamente, realizar los roles que más la caracterizan: la limitación del poder y la tutela de los derechos.

En su sentencia, el Tribunal de Karlsruhe afirma precisamente esta idea: segunda aguja de la brújula. En particular, los magistrados llegan a esta conclusión argumentando sobre la posición de los recurrentes que viven en Bangladesh y Nepal, los cuales afirman que el Estado alemán, al no adoptar una política lo suficientemente ambiciosa, es en parte responsable de los eventos catastróficos que se manifiestan en sus respectivos países. Por ello, sobre la base de la garantía de los derechos fundamentales declarada por la Constitución, los recurrentes opinan que Alemania tiene una obligación de protección también hacia ellos.

En realidad, pensar que el BVerfG afirma el alcance global de la Constitución podría parecer incorrecto, ya que la sentencia niega expresamente que el Estado alemán esté obligado a la protección de ciudadanos de otros países. De hecho, en el párrafo 173, se afirma que «no se puede constatar ninguna violación de un deber de protección impuesto por los derechos fundamentales con respecto a los recurrentes que viven en Bangladesh y Nepal».

Sin embargo, justo en la dirección de explicar una aclaración tan firme, los magistrados acaban reconociendo la responsabilidad del Estado y también el alcance global de la decisión que toman con respecto a la LFPC (Pereira da Silva, 2022). Esta conclusión depende, en primer lugar, del párrafo siguiente (el 173), donde se lee precisamente lo que se observaba antes: o sea, la imposibilidad de delimitar territorialmente la responsabilidad estatal en materia climática. «En sus propios países», afirma el Tribunal, «los recurrentes están particularmente expuestos a las consecuencias del calentamiento global […], un mayor calentamiento de la tierra solo puede detenerse mediante los esfuerzos de protección climática por parte de todos los países». Es decir, no cabe duda de que los recurrentes son víctimas de las consecuencias del calentamiento global, así como es cierto que Alemania es responsable, al igual que otros países, de este fenómeno.

Efectivamente, los magistrados evidencian que no puede pretenderse un cumplimiento de deberes de protección que se traduzca en la realización, por parte de Alemania, de obligaciones positivas, es decir, acciones concretas en los territorios, diferentes del alemán, afectados por el calentamiento global. Algo de este tipo podría ser el resultado, al contrario, solo de una cooperación internacional, lo que no puede alcanzarse a través del pronunciamiento del Tribunal.

Aun así, en la sentencia se reconocen los efectos extraterritoriales de una decisión que, tras limitar el poder político en el marco del Estado, acaba reconociendo la protección de los intereses de ciudadanos de otros países. Esta conclusión podría parecer algo implícito: frente a una responsabilidad global, también condenar a un solo Estado determina beneficios, aunque indirectos, a favor de una problemática geográficamente mucho más amplia. Sin embargo, el hecho de que esta conclusión la afirme el Tribunal tiene un gran significado (y precisamente de esto depende la segunda aguja de la brújula).

Frente a la manifestación de fenómenos globales, y entre ellos el calentamiento global, hay una doctrina que propone desde hace tiempo la configuración de un constitucionalismo global a través de la adopción de una constitución de la Tierra (Ferrajoli, 2022), y también, como consecuencia de ello, de mecanismos globales de garantía que afirmen el respeto de los principios de esta constitución (como, por ejemplo, un tribunal constitucional global). Aquí se comparten totalmente la idea y el sentimiento que mueve una propuesta de este tipo, pero hay que reconocer que, al menos en el momento histórico que vivimos, la solución que se acaba de mencionar parece poco viable.

La sentencia del Tribunal alemán, sin embargo, demuestra que el constitucionalismo tiene la capacidad de generar mecanismos globales de protección. Y ello depende de la apertura de la constitución, en este caso por medio de su principal intérprete, hacia un diálogo supranacional e internacional. Esta es la perspectiva del constitucionalismo cooperativo elaborada por Peter Häberle (1978: 407 y ss.), que nos permite afirmar que la eficacia global de la constitución depende de un diálogo de ella con otras constituciones o con niveles de gobierno diferentes del estatal, lo cual activa procesos de integración, a nivel tanto supranacional como internacional.

Todo esto se observa de manera muy clara en la argumentación del BVerfG, que, aunque fundamentando su decisión en lo dispuesto en la Ley Fundamental alemana, interpreta esta a la luz y en función de un panorama más amplio, europeo e internacional. Así, reconduce las obligaciones asumidas por el Estado a un paradigma constitucional, que, aunque siga caracterizándose por una huella estatal, acaba igualmente proyectando sus garantías a nivel global.

El tercer y último punto que quiere analizarse tiene que ver con el alcance intergeneracional de la sentencia y con las argumentaciones que esta propone en relación con la protección del futuro y de quienes lo vivirán. Probablemente este es el punto que más ha llamado la atención por parte de la doctrina, visto el debate que, sobre todo en los últimos años, ha ido configurándose alrededor de este tema; debate que, en particular, se ha dirigido hacia el intento de contestar u ofrecer opciones interpretativas a una pregunta: si las generaciones futuras pueden considerarse titulares de derechos.

Remitiendo a la doctrina que, sobre este punto, ha avanzado soluciones muy distintas, hay que subrayar de inmediato que el BVerfG excluye expresamente esta posibilidad; en su interpretación, las generaciones futuras y todos aquellos que no han nacido no gozan de derechos subjetivos (en particular, párrafo 109). Sin embargo, esto no hace que el Tribunal no reconozca mecanismos de protección intergeneracional.

Este argumento, en realidad, no puede tratarse de manera unívoca, y esto porque, según el razonamiento del Tribunal sobre la cuestión generacional, se corresponde con situaciones distintas. Para explicarlas y entenderlas, parece útil dar un paso atrás.

Hablando de la jurisprudencia europea en materia climática, y específicamente de aquella que ha confirmado responsabilidades estatales, se advierte que, hasta ahora, se han dado básicamente dos interpretaciones alternativas: una que argumenta su decisión hablando de obligaciones objetivas y otra que declina su postura en términos subjetivos, es decir, refiriéndose a los derechos fundamentales; en su momento se adelantó que el Bundesverfassungsgericht no se ha situado en ninguna de estas construcciones, y esto porque, como ahora vamos a ver, utiliza las dos.

Empezamos por el argumento subjetivo. Cuando el Tribunal afirma que los recurrentes no hacen valer los derechos de las generaciones futuras, especifica también que ellos invocan, en realidad, la protección de sus proprios derechos fundamentales. Es decir, si, por un lado, los magistrados niegan la garantía de los derechos a favor de aquellos que todavía no existen, por el otro lado, admiten que los recurrentes puedan pedir la protección de sus futuros derechos. Y, en esta declinación, el BVerfG reconoce que la LFPC determina una «injerencia anticipada (eingriffsähnliche Vorwirkung) en la libertad de los recurrentes», lo que configura una violación de la Ley Fundamental. Esta última, de hecho, impone también «la obligación de asegurar la libertad garantizada por los derechos fundamentales a lo largo del tiempo y de distribuir de forma proporcional entre generaciones las posibilidades de disponer de la libertad».

Dicho de otra manera, los derechos fundamentales brindan una garantía de libertad «sin límites temporales», lo que determina la obligación del Estado de garantizar las libertades del individuo teniendo en cuenta también las repercusiones de sus políticas a lo largo del tiempo. Pero, desde esta perspectiva, se afirma esto siempre teniendo en cuenta un individuo existente (en este caso, los recurrentes), que en el futuro podría sufrir la limitación de su libertad a causa de políticas adoptadas años atrás. Esta garantía intertemporal de las libertades (Intertemporale Freiheitssicherung) se basa, en la interpretación del Tribunal, en el art. 2.1 GG.

En cambio, de los arts. 2.2. y 20.a GG deriva la configuración objetiva. Adoptando una perspectiva distinta, los magistrados se refieren también a las generaciones futuras en sentido estricto, es decir, aquellos que todavía no han nacido. La Ley Fundamental, de hecho, contiene un mandato de protección objetiva (art. 20.a) que incluye la necesidad de preservar los fundamentos naturales de la vida para las generaciones futuras. La objetividad de esta perspectiva, entonces, se conecta a una responsabilidad del Estado que, en el momento de adoptar decisiones públicas, no puede considerar exclusivamente sus efectos a corto plazo, pues está obligado a tener en cuenta también su incidencia a lo largo del tiempo.

Las argumentaciones del Tribunal de Karlsruhe que se acaban de reconstruir constituyen la tercera y última aguja de nuestra brújula. Y esto porque el BVerfG soluciona las dudas que, hasta ahora, han sido avanzadas por la doctrina con respeto a la investigación jurídica en materia de generaciones futuras. Más específicamente, la sentencia determina una evolución en el estudio de las formas de protección constitucional del futuro precisamente aplicando (y armonizando) ambas perspectivas propuestas, la subjetiva y la objetiva. Y así, aunque refiriéndose a concepciones distintas, ambas acaban coincidiendo en los efectos de la decisión, lo que es posible gracias a la configuración de un principio más general: el principio de equidad generacional.

En realidad, la configuración de este último principio no es algo nuevo en el ámbito del derecho constitucional, también gracias a los pronunciamientos de otros tribunales europeos. Lo que hace novedoso el razonamiento del Tribunal alemán es, sin embargo, la construcción que de tal principio propone la sentencia objeto de estas páginas. Ella demuestra que, en el momento de preguntarse si la Constitución puede desarrollar sus garantías a favor del futuro, no es imprescindible contestar a la pregunta de si aquellos que todavía no existen son o no titulares de derechos. Y esto porque, a pesar de esta respuesta, no cabe duda de que el constitucionalismo se funda en principios y reglas que miran intrínsecamente hacia el mañana, y no hacia el pasado. De hecho, esto es el significado de la rigidez constitucional, la cual asegura la persistencia de las garantías constitucionales durante un tiempo indefinido.

La sentencia explica, entonces, que esta configuración se traduce en dos conclusiones: por un lado, la protección de los derechos futuros de las generaciones presentes, y, por el otro, el mantenimiento de un hábitat vivible a favor de aquellos que vendrán y que así podrán gozar de las mismas oportunidades de quienes los han precedido. Así, las dos conclusiones coinciden, pues las advertencias del Tribunal se dirigen siempre al mismo sujeto: el representante político. Cuando adopta leyes, el representante tiene que considerar el futuro como una dimensión de sus decisiones: cómo estas repercuten a lo largo del tiempo (Mosquera, 2022; De Armenteras Cabot, 2021). El futuro, entonces, acaba siendo un límite constitucional del poder político, límite que el Tribunal puede llamar en una causa a modo de parámetro de constitucionalidad cuando una ley, concentrando sus beneficios en el corto plazo, traslada al largo plazo sus consecuencias negativas.