LEGITIMIDADES CONTRAPUESTAS. CRÓNICA POLÍTICA Y LEGISLATIVA DEL AÑO 2023

2.1. Las elecciones[Subir]

El resultado de las elecciones generales se saldó con una victoria del PP, pero insuficiente para que Feijóo lograse la investidura. En el Congreso, el PP obtuvo 8 160 847 votos (33,06 %) y 137 escaños; 48 más que en las anteriores elecciones, en las que cosechó 3 113 807 votos menos. En ese bloque habría que añadir los 3 057 000 votos (12,38 %) de Vox y sus 33 escaños; una pérdida de 19 asientos y 599 979 papeletas. Al otro lado, el PSOE alcanzó 7 821 718 votos (31,68 %) y 121 escaños; un escaño más que en las anteriores, pero con una acrecida de 1 029 529 votos. En ese espectro Sumar tuvo 3 044 996 votos (12,33 %) y 31 escaños. Si comparamos sus resultados con los de Podemos en 2019, habría mejorado en 5 escaños y 147 577 votos^[8].

La igualdad de votos en la estructura de bloques (11 274 654 frente a 10 866 714) hizo evidente que la investidura se jugaría en la franja de 28 escaños que habían logrado los partidos territoriales, por más que prácticamente todos ellos habían perdido apoyos: ERC, 7 (6 menos); Junts, 7 (1 menos); EH Bildu, 6 (1 más); EAJ-PNV, 5 (1 menos); BNG mantuvo su escaño; Coalición Canaria, 1 (perdió 1), y UPN, 1.

No menos importante para el devenir de la legislatura fue la mayoría absoluta del PP con 120 escaños en el Senado. El PSOE logró 72, IPLI, 7 (Esquerra y EH Bildu), EAJ-PNV, 4, Agrupación Herreña Independiente, 1, Agrupación Socialista La Gomera, 1, y la Coalición de izquierdas balear y UPN, 1.

2.2. Las investiduras[Subir]

Tras la constitución de las Cámaras y las preceptivas consultas, Felipe VI constató que no existía ningún candidato con la mayoría necesaria para obtener la confianza del Congreso. Esta tesitura fue resuelta por el monarca proponiendo al aspirante más votado. Ciertamente, esta era una posibilidad entre otras; hubiera cabido, por ejemplo, que hubiese dado más tiempo a los partidos para armar una mayoría. En el comunicado del 22 de agosto motiva su decisión apelando a una supuesta costumbre^[9]:

Desde luego se ha de celebrar que el rey explique la razón que sustentó su decisión en el margen que le da el art. 99. Sin embargo, este comunicado abrió algunos interrogantes: ¿por qué activar inmediatamente el contador del 99?, ¿existieron presiones de Feijóo para forzar una investidura sin recorrido?, ¿buscó el monarca la aquiescencia del PSOE para dar este paso? Fracasada la investidura de Feijóo, el jefe del Estado propuso la candidatura de Pedro Sánchez, si bien, en este caso, su comunicado del 3 de octubre regresó a lo meramente protocolario, sin mayores acotaciones^[10].

El análisis en paralelo de las dos investiduras expone una suerte de construcción de la confianza en negativo o por rechazo. Los discursos de los candidatos, aunque cumplieron con la tarea de presentar un programa, se volcaron en explicar que la razón última de su elección residía en cerrar el paso a la alternativa, que consideraban ilegítima.

Se observa en las palabras de Feijóo^[11] (sin olvidar las manifestaciones previas que había convocado el PP). Antes de nada, subrayó que habían sido los ganadores de las elecciones:

Luego, consideró que «España vive un deterioro institucional sin precedentes y con riesgo de agravarse todavía más», para terminar concluyendo que, ante la tesitura generada por la amnistía, la diferencia radicaba en la integridad, esto es, en lo moral:

El círculo se cerró calificando de inmoral a la negación de la existencia de una verdadera mayoría alternativa: «Señorías, dejar sin efecto la justicia en función de quien delinca y promover iniciativas anticonstitucionales o inmorales no reúne ninguna mayoría de ciudadanos en España» (p. 8).

Palabras mucho más gruesas utilizó Abascal en nombre de Vox con ocasión de la investidura de Pedro Sánchez. Bastan algunas referencias para constatar el cariz de la intervención: «[…] parece que más de 176 diputados, presumiblemente, avalarán una investidura que destruye la propia autoridad de esta Cámara, que es una autoridad delegada por el pueblo soberano, y darán mañana el primer paso para un [golpe] a la nación, para un [golpe de Estado], para un [golpe] a la Constitución y para iniciar el fin de la democracia y la abolición del Estado de derecho» (p. 43; las palabras entre corchetes fueron retiradas del Diario de Sesiones).

Y en forma reiterada afirmó:

Al otro lado, el PSOE salió al paso de las voces que cuestionaban que el partido que no había ganado las elecciones formase Gobierno; luego, en un juego de espejos, desacreditó la hipótesis de una mayoría PP/Vox. Respecto a lo primero, fueron claras las palabras de Óscar Puente durante la réplica a la candidatura de Feijóo: «En una democracia parlamentaria gana quien logra formar Gobierno, y usted sabe, señor Feijóo, que hoy no va a ser investido presidente y, por tanto, no está en condiciones de formar Gobierno» (p. 21). Y en los mismos términos, Pedro Sánchez en su discurso de investidura^[12]:

Pero, como señalé antes, gran parte de la estrategia narrativa pasó por vituperar la idea de un Gobierno del PP con Vox^[13]. Lo expresó Pedro Sánchez situando la cuestión en términos amplios:

Para luego encajar al PP en este contexto:

2.3. La formación de Gobierno[Subir]

Pedro Sánchez obtuvo la investidura el 16 de noviembre con 179 votos a favor y 171 en contra, reuniendo los apoyos del Grupo Socialista, Grupo Plurinacional Sumar, Grupo Republicano, Grupo Junts per Catalunya, Grupo Euskal Herria Bildu, Grupo Vasco y Coalición Canaria.

El 21 de noviembre se conoció la composición del Ejecutivo de coalición con cuatro vicepresidencias: Nadia M. Calviño Santamaría (Economía, Comercio y Empresa), Yolanda Díaz Pérez (Trabajo y Economía Social), Teresa Ribera Rodríguez (Transición ecológica y Reto demográfico) y María Jesús Montero Cuadrado (Hacienda y Función Pública). Con la salida de la primera al Banco Europeo de Inversiones, esta última pasó a ser vicepresidenta primera y la cartera de Economía la ocupó Carlos Cuerpo Caballero el 29 de diciembre.

Mantuvieron la cartera los siguientes ministros: José M. Albares Bueno, en Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Félix Bolaños García, en Presidencia y Relaciones con las Cortes, a la que unió Justicia; Margarita Robles Fernández, en Defensa; Fernando Grande-Marlaska Gómez, en Interior; Pilar Alegría Continente, en Educación y Formación Profesional, a la que añadió Deportes; Luis Planas Puchades, en Agricultura, Pesca y Alimentación; Isabel Rodríguez García, que dejó Política Territorial para ocuparse de Vivienda y Agenda Urbana; Diana Morant Ripolli, en Ciencia, Innovación, sumándole Universidades, y José Luis Escrivá Belmonte pasó a Transformación Digital.

Y llegaron al Ejecutivo Óscar Puente Santiago, en Transportes y Movilidad Sostenible; Jordi Hereu Boher, en Industria y Turismo; Ángel V. Torres Pérez, en Política Territorial y Memoria Democrática; Ana María del Carmen Redondo García, en Igualdad, y Elma Saiz Delgado, en Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por Sumar, Ernest Urtasun Domènech, en Cultura; Pablo Bustinduy Amador, en Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030, y Sira Abed Rego, en Juventud e Infancia.

2.4. De la confianza para formar Gobierno a la confianza para gobernar[Subir]

En la segunda investidura del presidente Rajoy, aprendimos que, en el nuevo contexto parlamentario surgido tras el fin del bipartidismo imperfecto, la investidura no asegura la gobernabilidad. Ya nos advirtió la doctrina italiana de la segunda mitad del siglo xx, que la relación de confianza entre Parlamento y Gobierno ha de ser permanente. Viene esto a cuento porque los primeros meses de la legislatura están mostrando las dificultades del nuevo Gobierno para desplegar su programa. Obviamente, todo pasa por los impedimentos de una mayoría transversal, que aúna partidos bien diversos, que van desde los modelos clásicos a derecha e izquierda (PNV o Esquerra) a partidos que hasta hace poco estaban fuera del sistema (EH Bildu), pasando por una nueva formación que intenta ordenar la izquierda a la izquierda del PSOE (Sumar) y que ya padece bajas (Podemos), y terminando en un partido populista de derechas, xenófobo y que se declara contrario al sistema político constitucional (Junts). Desde luego mantener unida esta argamasa se avizora como un reto político mayúsculo que requiere armonizar intereses que compiten por objetivos electorales similares (PNV versus Bildu, Esquerra versus Junts, Sumar versus Podemos). Está por ver que sea suficiente la fuerza que irradia el riesgo de la mayoría alternativa PP/Vox.

En este contexto, sin duda, merece una mención especial el acuerdo entre PSOE y Junts. Un primer dato importante, en línea con lo que se está comentando, es que se trata de un pacto solo de investidura. Lo dejó claro Nogueras, representante de Junts, en el debate de investidura:

Ahora bien, no parece que existan puntos de encuentro más allá de la ley de amnistía. PSOE y Junts partirían de un diagnóstico de mínimos, la existencia de un conflicto político que ha de ser resuelto de manera política. Se afirma en el acuerdo: «Este relato sintético de hechos acredita objetivamente las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución […] estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto».

Pero, a partir de ahí, el documento es más bien un texto que tasa los desacuerdos. Discrepancias que se hacen evidentes en cuanto a la raíz del supuesto conflicto político. Junts se mueve en su retórica clásica, según la cual todo se debe a un choque entre el movimiento democrático independentista y la acción de un Estado represor. En cambio, el PSOE negaría legitimidad jurídica a los hechos que resultaron en el referéndum del 2017. Dice el acuerdo: «Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral».

Esas discrepancias luego se proyectan esencialmente en dos puntos: reconocimiento nacional a través de un referéndum de autodeterminación o mediante el desarrollo estatutario, y autonomía fiscal plena o mejora del sistema de financiación.

Por otro lado, resulta interesante contrastar las narrativas opuestas con las que se intenta justificar en el debate de investidura la amnistía. Ya es célebre la frase de Pedro Sánchez que repitió en la investidura: «Hacer de la necesidad virtud». De este modo, la amnistía serviría para lograr dos resultados. El primero, «consolidar los avances logrados en estos últimos cuatro años» (p. 19). El segundo, fortalecer la unidad de España a través del diálogo (p. 17):

Esta visión encontró un reproche inmediato por parte de Nogueras:

Quien más adelante incidió en la idea clave del independentismo, según la cual existe un conflicto entre dos naciones, una democrática, otra represora:

1.1. Vivienda[Subir]

El acceso a una vivienda digna es un déficit que arrastra nuestro sistema democrático, cronificado en los últimos años^[14]. La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en su preámbulo marca un parteaguas en la crisis económica de 2008 y la sanitaria de 2021: «[…] una parte importante de la población sigue sufriendo severos impactos […] focalizados en muchos casos en la pérdida de la vivienda o en la imposibilidad de acceder a ella en condiciones asequibles». Ante este problema, la novedad radica en la respuesta del Estado. Tradicionalmente, se había entendido que el marco competencial (siendo la política de vivienda exclusiva de las comunidades autónomas) le dejaba un espacio fragmentado para una intervención mínima en las políticas de suelo y una actuación concurrente en el fomento de la vivienda protegida. Ahora, en un salto cualitativo de dudosa constitucionalidad, el Estado central afronta el problema con una ley^[15]. Para ello descalifica la actuación autonómica de décadas («más coyuntural que estructural») y afirma que su propósito es fijar «aquellas condiciones básicas y de igualdad que garanticen un tratamiento uniforme del derecho a la vivienda». Sin embargo, en ningún pasaje se encuentran razones que justifiquen la necesidad de un tratamiento uniforme y simplemente en su preámbulo apela a una particular lectura de la jurisprudencia: «El propio Tribunal Constitucional, en una suerte de reproche al legislador estatal, ha puesto en evidencia la inexistencia de una legislación estatal sobre vivienda que sirva como parámetro de constitucionalidad a la elevada producción normativa en la materia».

La ley reúne en torno a la vivienda una serie de derechos (art. 8): disfrutarla en cualquier régimen de tenencia y acceder a la información y prestaciones de los programas públicos de vivienda. Pero es una relación dual, en la que también se prevén deberes (art. 9): preservar el uso y disfrute de la vivienda, conservarla, respetar la tenencia de los demás, que el transmitente o intermediario cumpla con las diversas condiciones legales, y conservar y mantener el parque público de vivienda.

Además, precisa el derecho de propiedad a la vivienda, condicionado por su función social en tanto que está «destinado a satisfacer las necesidades básicas de alojamiento de las personas, familias y unidades de convivencia» (art. 7). Más allá de la común facultad de uso y disfrute, se fijan las cargas de mantenimiento y conservación, se prohíbe el uso fuera de las condiciones de habitabilidad, se exige el cumplimiento de las condiciones de información en su venta o arrendamiento, y se imponen obligaciones derivadas del mercado residencial tensionado (art. 11).

La ley pretende garantizar el derecho a la vivienda mediante la creación de parques públicos de vivienda. Esta última recupera el instrumento clásico de las viviendas de titularidad pública (ahora llamadas en la ley viviendas sociales, especie dentro del género vivienda protegida), junto con las tradicionales de titularidad privada con precio intervenido en razón de las medidas de fomento que las han auspiciado (que la ley denomina viviendas protegidas de precio limitado). En definitiva, los parques públicos quieren hacer accesible la vivienda a los sectores con mayores dificultades, en especial jóvenes y colectivos vulnerables (art. 27).

Se crea también el novedoso instrumento de la declaración de zonas tensionadas. Requiere un procedimiento administrativo previo en el que se constate que el coste de comprar o alquilar, más los gastos y suministros básicos, supera el 30 % de los «ingresos medios o de la renta media de los hogares». Una vez delimitada la zona, las viviendas en ella están sometidas a un régimen jurídico extraordinario de prórroga del contrato de hasta tres años, a petición del arrendatario; además, en la celebración de un nuevo contrato, la renta «no podrá exceder de la última renta» del contrato que hubiese estado vigente los últimos cinco años «una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior», con un máximo del 10 % si se han realizado obras de rehabilitación y mejora, o el contrato era de duración de diez o más años. Si no existía un contrato previo o el arrendador es un gran tenedor, entonces la actualización de renta estará determinada por un «sistema de índices de precios de referencia» (disposición final primera, que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos). Además, la disposición final segunda establece reducciones sobre el rendimiento neto del alquiler de una vivienda ligadas a la disminución del precio del arrendamiento.

Fuera de las zonas tensionadas, también se prevé la prórroga forzosa de un año a favor del arrendatario, cuando los servicios sociales acrediten que se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica (disposición final primera que modifica el art. 10 de la LAU). Asimismo, se regula una prórroga tácita de hasta tres años en favor del arrendatario en cualquier tipo de contrato (disposición final primera, que modifica el art. 10 de la LAU).

1.2. Seguridad Social[Subir]

La sostenibilidad del sistema de pensiones, en especial cuando se acerca el retiro de la generación del baby boom, es un problema que ha ocupado a la mayoría de gobierno durante esta legislatura. Sus medidas han ido encaminadas a mejorar los ingresos del sistema, más aún desde que la Ley 21/2021 reintrodujo la actualización de las pensiones con la inflación, conexión que había desaparecido en 2013. Al propósito de acrecer los recursos responde el Real Decreto Ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones^[16].

Establece el real decreto ley un «incremento gradual de la base máxima». Se intenta de esta forma mejorar la progresividad del sistema, integrando en la recaudación aquella parte de los salarios más altos que superaban la base máxima (nueva disposición transitoria trigésima octava de la Ley General de Seguridad Social). Además, la base máxima se actualizará anualmente según la revalorización de las pensiones contributivas. Sin embargo, no habrá un correlativo aumento de la pensión máxima, lo que ha de generar solvencia.

Crea también una cotización de solidaridad que grava, «de forma gradual y moderada, la masa salarial que supera la base máxima de cotización» (nuevo art. 19 bis de la Ley General de Seguridad Social). En efecto, se fijan unos tipos que oscilan del 5,5 al 7 % y que se irán aplicando paulatinamente. Tiene una finalidad puramente recaudatoria, pues no supondrá un incremento de la pensión máxima.

Otro instrumento para aumentar los ingresos es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (nuevo art. 127 bis de la Ley General de la Seguridad Social). Consiste en una cotización adicional y de carácter temporal destinada al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Llegará al 1,2 %, siendo la carga esencialmente de la empresa, y durará hasta el 2050.

El real decreto ley tiene también el objetivo de reducir la brecha de género, siguiendo la línea ya marcada con el Real Decreto Ley 3/2021. Al igual que entonces, se incorporan un conjunto de medidas que intentan suturar aquellos puntos en los que se desangra la igualdad. Se prevén actuaciones que atacan directamente el trato desigual, como sería el reforzamiento del complemento para la reducción de la brecha de género (art. 60 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social). Pero la mayoría de las intervenciones combaten la discriminación indirecta, acabando con regímenes normativos que generaban situaciones de facto desigualitarias. Es el caso de la consideración de la excedencia por cuidado de familiares como tiempo cotizado y el complemento de esa cotización hasta el 100 % (nuevo art. 237.2 de la Ley General de Seguridad Social) o la mejora de la pensión mínima (nueva disposición adicional quincuagésima tercera).

2.1. Identidad de género[Subir]

La mayoría de gobierno saliente ha estado volcada en la redefinición y ampliación del concepto de igualdad. Un ejemplo paradigmático es la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI^[17], cuyo objeto es «garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales […] así como de sus familias» (art. 1).

Resulta clave en la ley el cuerpo de definiciones, en especial la distinción entre orientación sexual, identidad sexual y expresión de género. La orientación sexual es la «atracción física, sexual o afectiva hacia una persona», que puede ser heterosexual, homosexual (gay o lesbiana) o bisexual. La identidad sexual consiste en «la vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer». Y la expresión de género es la «manifestación que cada persona hace de su identidad sexual». Pero, sobre todo, el punto cardinal de la ley es la ausencia de un concepto de «sexo»^[18], de manera que los elementos biológicos que tradicionalmente diferenciaban al hombre y la mujer pasan a un segundo plano en favor de una determinación subjetiva, vivencial, del género^[19].

Desde este marco, la ley responde al modelo contemporáneo de normativa encaminada a proteger y, sobre todo, fomentar la igualdad (existe un claro paralelismo conceptual con la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, comentada en la crónica anterior). Respecto a lo segundo, el instrumento central es la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, de duración cuatrienal y que fija los principios de actuación, las medidas de corrección y las de información (art. 10). La complementa el Consejo de Participación de las Personas LGTBI, que ha de encauzar la relación con la sociedad civil (art. 9). Además, la ley va acotando aquellos ámbitos en los que la protección del colectivo requiere una actuación más precisa: el administrativo, el laboral, la salud, la educación, la cultura, el ocio y el deporte, la comunicación social e internet, la acción exterior y la protección internacional, el medio rural y el turismo. La dinámica se repite en el capítulo II del título II, centrado en «la igualdad real y efectiva de las personas trans», y que, de nuevo, selecciona el ámbito laboral, el de la salud y el educativo como aquellos espacios de mayor riesgo y en los que han de afinarse las medidas. Actuaciones que, en todo caso, lo son de impulso y divulgación.

No falta en la ley un título, el III, dedicado a la protección efectiva y la reparación. El centro es la protección de la víctima, a la que se le conceden una serie de derechos (arts. 68 y 69): información y orientación sobre derechos y recursos, asistencia psicológica, orientación jurídica, atención a las necesidades laborales y sociales y servicios de traducción e interpretación. En cuanto a las medidas de protección, se introducen un mandato de investigación administrativa de toda discriminación que se conozca (art. 63), y la nulidad de los contratos discriminatorios (art. 66), se amplía la legitimación jurisdiccional para la defensa de la igualdad de trato y no discriminación a los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones de autónomos, de consumidores y las constituidas para la defensa las personas LGTBI (art. 65), y se invierte la carga de la prueba en los supuestos de discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales (art. 66).

La medida que mayor controversia ha concitado ha sido la supresión de los requisitos del diagnóstico de disforia de género y el tratamiento médico por dos años para rectificar en el Registro Civil la mención relativa al sexo (que se prohíben de forma contundente en el art. 44.3). El preámbulo explica con claridad la premisa político-constitucional: «[…] la voluntad libremente manifestada, despatologizando el procedimiento y eliminando la mayoría de edad para solicitar la rectificación». Ahora basta «una manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento» (art. 44.4), pudiendo conservar incluso el nombre de pila. Manifestación que habrá de ratificarse tres meses después (art. 44.7). En cualquier caso, seis meses más tarde puede iniciarse un nuevo procedimiento encaminado a revertir el cambio registral (art. 47). La legitimación la tiene cualquier persona mayor de 12 años; los mayores de 14 y menores de 16 lo harán asistidos por un representante legal, y los mayores de 12 y menores de 14 habrán de solicitar una autorización judicial (art. 43).

2.2. Derechos de los animales[Subir]

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, se inserta en la senda que busca mejorar la protección de la naturaleza y los animales reconociéndolos como como titulares de derechos. Conviene recordar el preámbulo de la paradigmática Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del mar Menor y su cuenca: «[…] ha llegado el momento de dar un salto cualitativo y adoptar un nuevo modelo jurídico-político, en línea con la vanguardia jurídica internacional y el movimiento global de reconocimiento de los derechos de la naturaleza».

Y en esa línea se mueve la Ley 7/2023, cuando declara:

La cuestión relevante es determinar si el propósito normativo (los animales como algo más que mercancías) encuentra un certero acomodo institucional en la ley. Ciertamente sería un excesivo neologismo jurídico cargar el texto con declaraciones de derechos, y por ello se opta por configurar el estatus de los animales a través de las obligaciones de las personas. Lo expresa con nitidez el apartado 2 del art. 1: «Se entiende por derechos de los animales su derecho al buen trato, respeto y protección, inherentes y derivados de su naturaleza de seres sintientes, y con las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone a las personas, en particular a aquéllas que mantienen contacto o relación con ellos».

Pero ¿derechos de qué animales? De aquellos que conviven con las personas: los de compañía, los silvestres en cautividad y las colonias de felinos (se excluye la aplicación de la ley a los animales de espectáculos taurinos, de producción, de experimentación, silvestres y empleados en actividades específicas, todos ellos con su regulación propia, art. 1.3). Categorías que pueden crecer, pues, además de los perros, gatos y hurones, la ley, en sus arts. 34 a 37, dispone los criterios para incrementar la lista positiva de animales de compañía, siendo condición necesaria que puedan vivir en cautividad.

Desde esta perspectiva que subraya la condición de los animales como seres que sienten, se modulan aspectos típicos de su uso mercantil. Por ejemplo, en el capítulo I del título III se regulan su identificación, cría, comercio y transmisión, con reglas bien precisas, como son la exigencia de criadores registrados (art. 51), la prohibición de intermediación en la compraventa (art. 55.1), la forma escrita del contrato de compraventa o cesión (arts. 55.1 y 58.1) o la prohibición de venta online o por anuncios (art. 57). También es ejemplificativa la regulación de su empleo en actividades culturales y festivas (en este caso para todo tipo de animales), con prohibiciones expresas para su uso en atracciones mecánicas, carruseles de feria, belenes, cabalgatas o procesiones en los que permanezcan inmovilizados, en romerías o ferias bajo altas temperaturas o en las que se usen elementos pirotécnicos (art. 65).