ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL. PONDERAR LOS MÉRITOS Y CAPACIDADES QUE LA FUNCIÓN DE JUEZ DEMANDA

1.1. Una primera prueba tipo test o de otro tipo más completa [Subir]

Como adelantábamos, la primera de las pruebas de selección exige la realización de un cuestionario-test de cien preguntas, tras cuya valoración pasan a la segunda prueba los candidatos con las mejores calificaciones^[22]. Respecto de esta primera prueba, hemos de comenzar apuntando una cuestión: en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito en mayo de 2001 por el Gobierno y el entonces principal partido de la oposición, se estableció que las pruebas de la oposición, entre otras cosas, «deberán permitir valorar la cultura, la madurez y capacidad argumental y de análisis del aspirante» (punto 5). Sin embargo, nada de ello puede apreciarse en ese examen-test. La prueba examina exclusivamente sobre contenidos teóricos jurídicos:

Ha de admitirse que la inclusión de una prueba de criba inicial tipo test tiene sentido y utilidad, porque actúa como filtro, evitando que tengan que conformarse un exceso de tribunales —con los costes económicos y de dedicación personal que ello supone— para examinar a un elevado número de aspirantes que, posiblemente, solo vayan a probar/conocer los exámenes de acceso y que difícilmente pasarían con éxito el resto de pruebas. La organización de una prueba tipo test y su corrección es, sin duda, mucho más sencilla. Al tiempo, el examen-test establece una primera prueba selectiva muy objetiva y homogénea entre todos los aspirantes, en el sentido de igualitaria en cuanto a su valoración/corrección.

Sin embargo, con los actuales exámenes-test se pierde una oportunidad de testar a los candidatos sobre habilidades que serán muy necesarias en el ejercicio de la profesión en el futuro. Como decíamos, en el diseño inicial de las pruebas de acceso, se buscaba valorar la capacidad argumental y de análisis de los aspirantes. Si ello es así, deberíamos pensar en una prueba en la que actúen como tamiz no solo cuestiones teóricas sobre derecho positivo, sino también cuestiones sobre lógica, deducción, o razonamiento, entre otras cosas.

Cabría reflexionar, asimismo, sobre la existencia de otras habilidades ligadas muchas veces a la personalidad de un individuo y que no siempre son fáciles de aprender. Por poner un ejemplo, se puede mejorar en competencias físicas o artísticas, pero hay individuos que, por mucho entrenamiento, no serían capaces de alcanzar unos mínimos niveles en esas disciplinas. En el acceso a la judicatura, tal vez cabría plantearse la misma cuestión. Debiéramos plantearnos si es posible analizar con antelación (mediante algún tipo de prueba/test escrito u oral o entrevista) si el candidato a juez es capaz de tomar dediciones, incluso en casos difíciles, si tiene templanza como para decidir alejado de condicionantes personales o del entorno, si es emocionalmente estable, si tiene capacidad de escucha, relación y diálogo, si tiene capacidad de adaptación, si sabe trabajar en equipo, o cuestiones similares.

Se trataría de incluir en esa prueba inicial de criba tipo test preguntas no solo de contenido jurídico, sino también de carácter más técnico y de habilidades, que midiese también esas necesarias aptitudes para quien ha de ejercer la función jurisdiccional. Podríamos pensar en un 50 % de preguntas de contenido jurídico y un 50 % de preguntas de argumentación, razonamiento, lógica y también de personalidad como las que se han citado a modo de muestra.

Esto mismo es lo que se deriva de la Declaración de Dublín sobre la selección y nombramiento de Jueces, adoptada en 2012 el marco de la Red Europea del Consejos Judiciales, que, aun sin tener ningún valor normativo, sí apunta a estándares comunes en esta cuestión. En la misma se recomienda lo siguiente:

Por poner un ejemplo de la posibilidad de realizar pruebas que midan otro tipo de capacidades de los candidatos a jueces, cabe traer a colación el caso de Holanda. En este país, los graduados en Derecho candidatos a juez deben someterse a dos pruebas de carácter psicológico: una de inteligencia y otra de personalidad. Del resultado de esas pruebas se conforma una lista de una cincuentena de aspirantes que cada año ingresarán en la Escuela Judicial. Las pruebas son muy exigentes y tienen por objeto analizar la personalidad, las cualidades del carácter, las habilidades intelectuales y de análisis, la preparación jurídica, la actitud hacia el trabajo, la resistencia al estrés, la capacidad de comunicación, la productividad y la sociabilidad (‍Gómez Martínez, 2002: 13).

En España, podría pensarse que estas aptitudes cabe detectarlas pronto, al comienzo de la preparación de la oposición por el propio preparador, que es el que tiene contacto estrecho con el aspirante a juez. Pero ello no es así, porque el preparador no prepara para fomentar la capacidad de relacionar normas, de razonamiento, de lógica jurídica, de desenvolverse ante casos difíciles, de saber solventar de forma independiente de cualquier sesgo sus decisiones, etc., ni puede percibir si el candidato o candidata posee tales capacidades. Como mucho, los preparadores detectan si estos poseen o no las capacidades memorísticas y de resistencia personal para afrontar la preparación y los exámenes, o los opositores mismos se dan cuenta de ello y abandonan.

Por eso, la posibilidad que nos quedaría es esa, la de baremar esas aptitudes de forma objetiva en ese test inicial que a día de hoy existe, introduciendo el tipo preguntas adicionales y precisas que ayuden a detectar tales aptitudes o capacidades. Ello supondría la conveniencia de contar en las comisiones que elaboran esas pruebas no solo con un nutrido y variado conjunto de juristas, sino también con algún profesional que sea capaz de diseñar en el test algunas pruebas que puedan medir esas otras aptitudes, dígase, expertos en argumentación jurídica, o psicólogos, o filósofos, o sociólogos…

Aun así, aunque esa prueba de habilidades/capacidades pueda ser superada por un candidato en la fase inicial de la oposición, también es verdad que se trata de elementos de la personalidad o habilidades que, en algunos candidatos, pueden quedar mermados tras cinco años o más de dura preparación, donde, como es sabido, los aspirantes se encierran a memorizar durante seis días a la semana, a una media de ocho-diez horas diarias, alejados del mundo y del estilo de vida y de interacción que serían razonables en esa etapa de juventud. No hemos de descartar que algunos candidatos hoy, tras aprobar todas las fases y pruebas de la oposición, después de más de cinco años imbuidos en la preparación de esta, no pasarían debidamente un test psicotécnico que midiese alguno de los elementos arriba indicados. Son consabidos los desequilibrios emocionales o episodios de ansiedad que la preparación de la oposición puede conllevar para algunos candidatos.

En la línea de lo que venimos hablando, hay que destacar que, en Portugal, entre las pruebas de acceso, se incluye una prueba oral que consiste en una entrevista que realiza el tribunal de oposición, que tiene presente un informe psicológico sobre el candidato (‍Asociación judicial Francisco de Vitoria, 2021: 8). En el caso de España, ante esta posibilidad de medir psicológicamente a los candidatos, Andrés Ibáñez (‍2023: 27) indicaba que «si se trata, como se trata, de evaluar aptitudes para evitar que sujetos con personalidades problemáticas o aquejados de algún tipo de desequilibrios accedan al ejercicio de función tan delicada, nada mejor que la observación cuidadosa a cargo de un plural cuadro de profesores auxiliados por el asesoramiento técnico que en algún momento fuera preciso para la detección de esos perfiles».

1.2. Repensar el temario de la oposición [Subir]

El sistema de acceso mediante la superación de los exámenes a los que arriba se hacía referencia prepara, en principio, para el ejercicio de diversas funciones en distintos órganos jurisdiccionales, pero se trata de una formación generalista/transversal pensada, como decíamos más arriba, para un Estado que era política, jurídica y socialmente diferente. Señalaba Jiménez Asensio que «el juez que demanda la sociedad española del siglo xxi es juez de la legalidad, como lo ha sido históricamente, pero es mucho más que eso. Es, al tiempo, juez de la constitucionalidad, garante de los derechos fundamentales, juez común del Derecho europeo y aplicador de normas producidas por sujetos legislativos que actúan en un Estado territorialmente compuesto» (‍2001: 115).

Aunque el temario es extensísimo y son muchos los temas sobre los que al candidato se le exige conocimiento —lo que requiere un difícil y tenaz ejercicio de preparación—, se dejan fuera otras cuestiones del derecho de notable importancia para una adecuada aplicación del ordenamiento a la realidad actual.

Así, sería necesario ampliar el temario en materias de derecho internacional, en particular, el derecho de la Unión Europea y los derechos humanos. Recordemos que, además del lógico conocimiento del propio derecho estatal, se recoge en los Principios de Bangalore sobre comportamiento judicial, adoptados en el marco de Naciones Unidas en 2003^[23], que «un juez se mantendrá informado sobre los cambios relevantes en el derecho internacional incluidos los convenios internacionales y los otros instrumentos que establezcan normas de derechos humanos» (valor 6.4). Ello sin olvidar que los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno (art. 96 CE) y que el art. 10.2 CE otorga un valor interpretativo a estos en el ámbito de los derechos fundamentales.

Así, por ejemplo, al estudio de los derechos humanos, que están reconocidos en muchos acuerdos o textos internacionales ratificados por España y son de obligado respeto, se le dedica un solo tema en la oposición. Igualmente, el temario brinda proporcionalmente poco espacio a los derechos fundamentales, los valores y principios constitucionales, o el valor de las sentencias de los tribunales internacionales que se pronuncian sobre derechos humanos. Como recordaban Bustos y Pastrana (‍2018: 528), junto con el resto de profesionales del derecho, «es en particular a los órganos jurisdiccionales a los que corresponde en primer lugar la aplicación y salvaguardia de los derechos de las y los ciudadanos europeos. De este modo, la adecuada formación […] en derechos humanos permitiría que estos fueran directamente aplicados en el nivel estatal y no existiera la necesidad de protegerlos en los niveles internacionales». Integrar de forma amplia estos conocimientos sobre las libertades y los derechos humanos desde el primer momento en el temario ayudaría a otorgarles el valor principal que merecen; los derechos constituyen el elemento nuclear del ordenamiento constitucional y ello debiera quedar reflejado en el temario en la misma medida, no solo para ampliar los conocimientos del opositor, sino también para crear conciencia desde el primer minuto de que la garantía de tales derechos debe permear su futura actuación judicial.

Hablando de derechos, también parece proporcionalmente escasa la parte del temario que se reserva al conocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (al que se dedica un tema, cuando desde 2021 es de los escasos contenidos de obligada inclusión por imperativo legal, art. 310 LOPJ, junto con la no discriminación, por razón de género principalmente, y la violencia de género), a la incapacidad (medio tema), a la extranjería (medio tema), al fin reinsertador de la pena (sin demasiada alusión) y a otros campos donde la formación y la aplicación del derecho requieren de la especial conjunción con valores y principios esenciales en nuestro Estado democrático. Y ello lo estamos afirmando a sabiendas de que se han ido dando pequeños cambios en el temario, introduciendo temas sobre la discriminación por razón de género o la ley de medidas de protección contra la violencia de género, inclusiones a las que más arriba se ha hecho mención.

En lo que refiere al derecho supranacional, mayor relevancia debiera darse al derecho de la Unión Europea y al valor de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestiones que ocupan solo dos temas y alguna mención tangencial a lo largo del temario, cuando la importancia e imbricación del derecho de la Unión en los ordenamientos nacionales es hoy por hoy muy amplia.

De igual modo, ¿qué sucede con materias de absoluta importancia en nuestros días como las relacionadas con los derechos de los consumidores o el derecho internacional privado? ¿O la propiedad intelectual, la protección de datos, el comercio electrónico o la inteligencia artificial? Campos donde cobran especial importancia los elementos de la informática jurídica. Esta es, por ejemplo, una de las cuestiones de las que se examina a los candidatos a juez en Italia.

Lo mismo cabría pensar en materias no estrictamente jurídicas como la deontología, la metodología o la sociología, sobre las que son examinados en una de las pruebas orales los candidatos a juez en Portugal (‍Asociación Judicial Francisco de Vitoria, 2021: 11). O, asimismo, podría plantearse la exigencia de ciertos conocimientos sobre cuestiones de economía (macroeconomía y microeconomía), prevención de riesgos laborales, medicina forense, psiquiatría, o idiomas, por poner algunos ejemplos dispares entre sí. En este caso, justificado sería que los tribunales de oposición incluyeran algunos expertos en esas materias.

Es cierto que, una vez aprobados los tres ejercicios, en la Escuela Judicial se les forma en todas o casi todas las materias que se han indicado, al igual que en el propio conocimiento del órgano de gobierno del Poder Judicial —el CGPJ^[24]—, pero todo se tiene que hacer en unos meses, con escaso tiempo para aprovechar de todo ello. Como ya hemos señalado, sería mejor integrar, o ponderar, todas estas materias en el temario del que se examinan los candidatos, permitiéndoles una asimilación mayor, y no abordarlos de forma tan acelerada en los meses de formación en la Escuela Judicial.

Lógicamente, a su vez, ello requeriría de una reducción (aligeramiento) del temario por otro lado, para no convertir la parte de acumulación memorística de contenidos en una prueba descomunal. En este sentido, cabría aligerar el estudio de partes de escasa aplicabilidad práctica, dejándolas para una formación posterior, como muchos delitos sobre los que la mayoría de los jueces posiblemente vaya a tener que pronunciarse en el futuro cercano en escasas ocasiones (delitos de genocidio y de lesa humanidad, delitos contra la seguridad colectiva o de terrorismo, delitos contra la Corona, los relativos a la defensa nacional, delitos de traición…), o el excesivo detalle de mucho temario de derecho civil o procesal. Como dijera Saiz Arnaiz, nos referimos a aquellas partes del temario «que constituye[n] para cualquier opositor un auténtico calvario, y que exige de un esfuerzo memorístico tan poco formativo como inútil» (‍2007: 26). En definitiva, se trataría de racionalizar el peso de algunos ámbitos como el derecho civil o penal, en ningún modo de aumentar a más temas el ya excesivo temario.

1.3. La inclusión de una prueba práctica [Subir]

Con independencia del conocimiento del derecho que la superación de las pruebas de oposición garantiza, también hay que pensar que ello demuestra una habilidad, que es la capacidad de recitar de memoria en un tiempo determinado la mayor cantidad de contenidos posibles sobre un tema. Como ya se ha reiterado, no se examina al aspirante a juez sobre otras habilidades/capacidades que son igualmente importantes para el ejercicio de las tareas que en el futuro tendrá que utilizar y que son tanto o más importantes: la reflexión, la interpretación de la norma, la resolución de conflictos de normas, la capacidad argumentativa, la habilidad de atender a las circunstancias del caso, la capacidad de redacción… Decíamos que no hay ninguna prueba que valore esas capacidades en el aspirante a juez.

Para ello sería necesario descargar peso de la evaluación en la parte memorística e introducir una prueba escrita de carácter más práctico en la que los candidatos demuestren tener la capacidad de analizar y sintetizar una situación o expediente y saber interconectar los conocimientos aprendidos y utilizarlos para resolver el conflicto jurídico que se les presenta. No todo el mundo presenta altas capacidades para realizar ese tipo de tareas. No olvidemos que su futuro profesional va a ir dirigido precisamente a redactar por escrito sentencias en las que tendrán que argumentar las razones del derecho para la resolución de un conflicto jurídico concreto, en el que han de barajar elementos muy distintos y articular normas muy diferentes y de diverso ámbito territorial en no pocas ocasiones.

En el resto de oposiciones —en la práctica mayoría de ellas—, está prevista la resolución de un caso práctico. No tiene justificación que no se haga en la oposición para el acceso a la judicatura (y fiscalía), cuando van a tener que poner en práctica todas esas habilidades mencionadas.

Se trataría de una prueba escrita que idealmente tendría que anonimizarse para su corrección, para garantizar que se atienda exclusivamente a ese principio de mérito y capacidad al que antes aludíamos, aunque, una vez corregida, pudiese preverse una lectura pública por la persona que oposita.

2.1. Una prueba de acceso más sencilla y una superación de pruebas posteriores de aplicación práctica [Subir]

La posibilidad de una reforma a fondo del sistema podría tener una primera opción que consistiría en exigir a los candidatos la superación de una prueba de conocimientos jurídicos y de habilidades —que requiriesen una preparación para ese examen de un año, aproximadamente—, esto es, una prueba tipo MIR, un examen de Estado. Sería una prueba de examen de carácter teórico-práctico y los candidatos con mejores calificaciones, en el cupo que se estableciera, continuarían con una preparación de carácter también teórico-práctico organizada por la Escuela Judicial, —o por la Escuela Judicial y las universidades—, y que incluiría la realización de prácticas en juzgados de primera instancia, acompañando/reforzando juzgados, durante tres o cuatro años. Y al final sería necesaria la superación de una prueba que tendría un carácter de comprobación de la aptitud para el ejercicio de la judicatura.

Algo así es lo que se hace en Francia y en Alemania. En Francia, la vía principal para alcanzar la categoría de juez o magistrado de carrera pasa por ingresar en la Escuela Nacional de la Magistratura tras la superación de unas pruebas de acceso libre o por concurso oposición. Es en la Escuela de la Magistratura donde realmente se forma a los jueces, de un modo muy práctico, durante un período de treinta y un meses y donde van siendo evaluados (‍Esparza Leibar, 2023). En Alemania se realiza un primer examen de Estado a los que desean ejercer en el futuro como juristas, que acceden al «servicio preparatorio» de una duración de dos años, organizado por los Länder, en un tribunal, una fiscalía, una entidad administrativa y una oficina de asesoramiento legal (Rechstanwalt), que puede incluir, por ejemplo, una notaría, una asociación u otra entidad en la que sea posible adquirir formación jurídica, y ello con el cobro de un modesto salario (‍Sosa Wagner, 2022). En estas distintas fases o cursos prácticos, los tutores evalúan el trabajo desarrollado por el candidato e informan sobre su capacidad, aptitud, diligencia, motivación, rendimiento y nivel de preparación (‍Cancio Fernández, 2022: 574). A continuación, junto con los distintos informes que se han realizado del candidato sobre el paso por el «servicio preparatorio», se ha de superar un segundo examen de Estado, que habilita para ejercer todas las profesiones jurídicas^[25]. Este examen está destinado a verificar la capacidad de razonamiento jurídico de los aspirantes y su formación práctica, mediante pruebas orales, escritas y resolución de casos prácticos. Superado este segundo examen, los que quieren ser jueces presentan su candidatura al ministro de Justicia del Land, que suele seleccionar a los que han obtenido mejores calificaciones en el «servicio preparatorio», y en ese segundo examen de Estado. Posteriormente, el nuevo juez trabaja a prueba durante tres a cinco años y puede ser declarado apto o no apto y, por lo tanto, excluido de la carrera. Solo superada esta última fase se adquiere la condición de juez titular con carácter vitalicio (‍Gómez Martínez, 2002: 13).

Sin duda, un modelo de acceso de este tipo en España, con una prueba de examen compleja en cuanto a los elementos para valorar (teóricos, deductivos, aptitudes…), pero que exigiera una menor preparación, tendría la ventaja de, por un lado, evitar la dedicación de demasiados años a la memorización encorsetada de temas —a veces tres o más para aventurarse a la primera prueba de la oposición—, y, por otro lado, permitiría a los seleccionados —a los mejores— formarse de un modo más práctico y durante más tiempo en el ejercicio real de la función jurisdiccional. En todo caso, como decíamos, el aspirante luego sería evaluado de esa preparación práctica. De no superarla, sin duda, los conocimientos prácticos adquiridos le serían mucho más útiles para reconducir su vida profesional de lo que son ahora los puramente memorísticos y poco reflexivos.

2.2. La experiencia previa para el acceso a la judicatura [Subir]

También podría proponerse solicitar experiencia previa para presentarse al examen de acceso a la judicatura. Solo aquellos que demostrasen un ejercicio continuado de equis años en la profesión de la abogacía, la procura o de letrado de la Administración de justicia, o, si se considera, en otras profesiones jurídicas (inspectores de Hacienda, inspectores de trabajo, abogados del Estado…), podrían presentarse a un concurso-oposición de acceso a la judicatura, donde se valorarían los méritos y se tendría que superar una prueba de carácter práctico de resolución de un caso. Con ello se lograría captar jueces con una formación práctica previa demostrada y unas aptitudes en el ejercicio y aplicación del derecho.

Esto podría aplicarse como sistema general de acceso a la judicatura o mejor para un porcentaje de las vacantes a juez. Podría entenderse como un restablecimiento del que antaño se conoció como tercer turno^[26], pero con una prueba de examen de acceso práctica, que estuvo contemplada en el art. 301.2 LOPJ (en su versión original) y fue suprimida por la LO 19/2003^[27]. De hecho, actualmente, para el acceso a la judicatura por el cuarto turno, el art. 313.3 LOPJ señala que «se incluirán en las bases la realización de pruebas prácticas relativas a la elaboración de un dictamen que permita al tribunal valorar la aptitud del candidato».

Como decíamos, se trataría de replantearse el antiguo tercer turno, eliminar las deficiencias y mejorar el sistema de selección de los candidatos. Con ello vendría a cumplirse en esta vía con los objetivos que persiguen los medios complementarios de acceso a la judicatura, que señalaba la exposición de motivos de la LOPJ:

Son objetivos loables que, con este sistema de acceso alternativo, tanto el del antiguo tercer turno como el del actual cuarto y quinto turnos, enriquecen a la judicatura.

Desde 1985 y hasta la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 19/2003, se reservó un tercio de las vacantes a juez (tercer turno) para juristas con una antigüedad de seis años de ejercicio profesional, por concurso, primero^[28], y por concurso-oposición^[29] a partir de la Ley Orgánica 16/1994. 

Hay que recordar que, en su día, el sistema del tercer turno no fue recibido por los jueces y magistrados con idéntico entusiasmo al manifestado por el legislador. La medida provocó posicionamientos enfrentados, casi irreconciliables, no ajenos al debate ideológico. Los jueces y magistrados que se oponían consideraban que el Ejecutivo y el Legislativo deseaban abrir la puerta a un número de licenciados en Derecho que no tenían la capacidad suficiente para superar las oposiciones libres, pero que, como contrapartida, sí presentaban una mayor afinidad a determinados posicionamientos ideológicos más cercanos al poder en curso: lo veían como un ataque a la independencia judicial a través de la rebaja del nivel de exigencia para ingresar en la jurisdicción (‍Jiménez Asensio, 2001: 5)^[30].

Otros sectores de la judicatura opinaban, en sentido contrario, que los sistemas complementarios no solo serían capaces de solventar la carestía de jueces y magistrados, sino, asimismo, de aportar a la Administración de justicia otras visiones del derecho, traídas por juristas provenientes del ejercicio libre de la abogacía o de cuerpos de la Administración de justicia.

Al cabo de los años, debe decirse que no es fácil extraer conclusiones categóricas a favor de ninguna de las dos posiciones expuestas. En un balance global, es cierto que no se aprecian graves disfunciones en el conjunto de la Administración de justicia por el hecho de la incorporación de jueces y magistrados por los medios complementarios al sistema de oposición.

Sin duda, los procesos selectivos que en el pasado se utilizaron para el acceso por el denominado tercer turno serían mejorables. Pero, con esas mejoras, se convertiría en una vía de acceso a la judicatura —bien complementaria, o, en un paso más allá, como vía ordinaria— que permitiría nutrir a esta de jueces con un razonable conocimiento del derecho y una elevada capacidad de aplicación de este, al igual que con el conocimiento de las cuestiones de práctica procesal.

Hay que ser conscientes de que la generalización de un tipo de acceso en el que se precisase de esa experiencia previa nos haría acercarnos (un poco) al modelo de juez profesional (‍Guarnieri y Pederzoli, 1999: 107), que es al que responden Inglaterra y Gales, donde los jueces no acceden a la judicatura sin haber ejercido profesionalmente durante muchos años. No obstante, seguiríamos hablando de un sistema de selección muy distinto, pues el modo en que en Inglaterra y Gales se hace esta selección, de entre aquellos que tienen esa obligada y dilatada experiencia previa, dista mucho del modo en que nosotros seleccionamos o podríamos seleccionar a nuestros jueces (‍Fernández Riveira, 2019; ‍2023).

Acercándonos a un modelo más próximo a nuestro sistema jurídico, como es el belga, podemos observar que todas las vías de acceso a la judicatura también aluden a una práctica jurídica anterior. Así, una de las vías es a través de prácticas judiciales (stage judiciaire), ingresando mediante un concurso en el que pueden participar aquellos licenciados que hayan cumplido como mínimo un año de prácticas en un despacho de abogados. Una vez superado aquel, debe realizar un período de formación de tres años, que comprende una fase teórica y otra de carácter práctico. Finalizado el período de stage, siempre que este se supere con éxito, el aspirante es nombrado juez. La segunda vía de acceso es la que contempla un examen de aptitud para aquellos aspirantes que acrediten una experiencia de diez años ininterrumpidos como abogado o doce en los que se alternen funciones de abogacía, enseñanza del derecho en la universidad, o el ejercicio de funciones jurídicas en el servicio público o privado. Y la tercera vía permite la entrada de personas que hayan ejercido la profesión de abogado durante al menos veinte años y superen un examen oral (‍Cancio Fernández, 2022: 576). Como puede verse, en todas ellas cobra relevancia la experiencia práctica previa.