Revista de Derecho Comunitario Europeo https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE <p><strong>ISSN-L:&nbsp;</strong>1138-4026&nbsp; &nbsp;<strong>DOI</strong>:&nbsp;<a href="/index.php/RDCE/index">10.18042/cepc/rdce</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/issue/view/3965">&nbsp;<strong>ÚLTIMO NÚMERO (66)</strong></a></p> Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es-ES Revista de Derecho Comunitario Europeo 1138-4026 <br />En el momento en que una obra es aceptada para su publicación, se entiende que el autor cede a la RDCE<em> </em>en exclusiva los derechos de reproducción, distribución y, en su caso, venta de su manuscrito para su explotación en todos los países del mundo en for­mato de revista de papel, así como en cualquier otro soporte magnético, óptico y digital.<br />Los autores cederán también a la RDCE<em> </em>los derechos de comunicación pública para su difusión y explotación a través de intranets, internet y cualesquiera portales y dispositivos inalámbricos que decida el editor, mediante la puesta a disposición de los usuarios para con­sulta online<em> </em>de su contenido y su extracto, para su impresión en papel y/o para su descarga y archivo, todo ello en los términos y condiciones que consten en la web donde se halle aloja­da la obra. A su vez, la RDCE<em> </em>autoriza a los autores de los trabajos publicados en la revista a que ofrezcan en sus webs personales o en cualquier repositorio de acceso abierto una copia de esos trabajos una vez publicados. Junto con esa copia ha de incluirse una mención espe­cífica de la RDCE, citando el año y el número de la revista en que fue publicado el artículo o nota de investigación y añadiendo, además, el enlace a la web de la RDCE.<br />Transcurrido un año desde su publicación, los trabajos pasarán a estar sujetos a la Licencia de reconocimiento de <strong>Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada 4.0 Internacional</strong>, que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación en esta revista.<br /><strong></strong><br /><strong>PLAGIO Y FRAUDE CIENTÍFICO</strong><br />La publicación de un trabajo que atente contra los derechos de propiedad intelectual será responsabilidad de los autores/as, que serán los que asuman los conflictos que pudieran tener lugar por razones de derechos de autor. Los conflictos más importantes pueden darse por la comisión de plagios y fraudes científicos.<br />Se entiende por <strong>plagio:</strong><ol><li>Presentar el trabajo ajeno como propio.</li><li>Adoptar palabras o ideas de otros autores sin el debido reconocimiento.</li><li>No emplear las comillas u otro formato distintivo en una cita literal.</li><li>Dar información incorrecta sobre la verdadera fuente de una cita.</li><li>El parafraseo de una fuente sin mencionar la fuente.</li><li>El parafraseo abusivo, incluso si se menciona la fuente.</li></ol><br />Las prácticas constitutivas de <strong>fraude científico </strong>son las siguientes:<ol><li>Fabricación, falsificación u omisión de datos y plagio.</li><li>Publicación duplicada.</li><li>Conflictos de autoría</li></ol> Infrastructural Europe: EU law and human life in times of the Covid-19 pandemic https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82630 <p>Sin resumen</p> Loïc Azoulai ##submission.copyrightStatement## 2020-08-10 2020-08-10 66 343 359 10.18042/cepc/rdce.66.01 Sobre la «especial responsabilidad» del Tribunal de Justicia en la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82632 <div id="contenedor"> <div id="article1-front" class="front"> <div class="resumen" lang="es"> <p id="d7e131" class="first">La garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales en la UE ha hecho recaer en su Tribunal de Justicia una «especial» responsabilidad a lo largo del proceso de integración europeo. Esta particular responsabilidad se ha manifestado, sin embargo, de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Durante el largo periodo precedente a la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fundamentales esta responsabilidad se tradujo en la tarea de atraer al ordenamiento comunitario unos derechos fundamentales enraizados en un patrimonio europeo común. Desde que la Carta entrara en vigor hace diez años, el Tribunal de Justicia se ha enfrentado con esa responsabilidad en un contexto enteramente diferente pero igualmente exigente para su función jurisdiccional.</p> </div> </div> </div> Pedro Cruz Villalón ##submission.copyrightStatement## 2020-08-10 2020-08-10 66 363 384 10.18042/cepc/rdce.66.02 La Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82649 <div id="contenedor"> <div id="article1-front" class="front"> <div class="resumen" lang="es"> <p id="d7e133" class="first">La aprobación en 2000 de la Carta de Derechos Fundamentales y su entrada en vigor efectiva en 2009 han dado lugar a un fenómeno de indudable interés, al afectar al sentido de las relaciones entre el sistema de protección de derechos humanos establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el sistema de integración supranacional representado por la Unión Europea. En efecto, y durante un considerable lapso de tiempo, la dirección de los influjos de un sistema sobre el otro, en materia de derechos humanos, parecía claramente ir del sistema del Convenio Europeo hacia la Comunidad, luego Unión Europea; sin embargo, a partir de la aprobación de la Carta, este flujo unidireccional ha ido transformándose cada vez más en una relación integrada por influencias recíprocas.</p> </div> </div> </div> Luis López Guerra ##submission.copyrightStatement## 2020-08-11 2020-08-11 66 385 406 10.18042/cepc/rdce.66.03 Horizontal direct effect of the Charter of Fundamental Rights of the EU https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82650 <p>En una serie de sentencias dictadas en 2018, el Tribunal de Justicia de la UE decidió que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o, al menos, algunas de sus disposiciones podrían tener un efecto directo horizontal. Esta contribución analiza estos casos recientes, los pone en perspectiva y reflexiona sobre las posibles implicaciones para el efecto directo horizontal de la Carta. En particular, considerará cuál es la razón para aceptar el efecto horizontal directo en esta jurisprudencia, qué lecciones se pueden extraer para otras disposiciones de la Carta y, finalmente, qué relación está surgiendo entre las directivas de la UE y las disposiciones de la Carta.</p> Sacha Prechal ##submission.copyrightStatement## 2020-08-11 2020-08-11 66 407 426 10.18042/cepc/rdce.66.04 L’examen des actes étatiques au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82651 <p>La Carta de Derechos Fundamentales se aplica sin dificultad a los actos de las instituciones órganos y organismos de la Unión. Pero su ámbito de aplicación también se extiende a los actos adoptados por los Estados miembros cuando aplican derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia se ha visto obligado a clarificar en su jurisprudencia, no sin dificultades, qué tipos de actuaciones estatales suponen una aplicación del derecho de la Unión y quedan, por tanto, sometidos a las exigencias de la Carta.</p> Fabrice Picod ##submission.copyrightStatement## 2020-08-11 2020-08-11 66 427 446 10.18042/cepc/rdce.66.05 L’application de la Charte á l’ère du numérique https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82652 <p>El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de Internet ha traído consigo un riesgo de intrusión excesiva en la vida privada, permitiendo un acceso sin control a los datos personales. La Carta enuncia, en su art. 7, el «derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones» y en su art. 8, el «derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan». En este ámbito, el legislador de la UE ha adoptado la Directiva 95/96 y, subsiguientemente, el Reglamento 2016/679 (RGPD). Esta contribución ofrece una vista de pájaro de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia sobre la interpretación y la validez de esos actos de la Unión.</p> José Luís da Cruz Vilaça ##submission.copyrightStatement## 2020-08-11 2020-08-11 66 447 469 10.18042/cepc/rdce.66.06 Sorteando los inconvenientes del artículo 7 TUE: el advenimiento del control jurisdiccional del Estado de derecho https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82655 <p>La realidad de los últimos años refleja un creciente número de casos en los que algunos Gobiernos buscan conscientemente socavar sistemáticamente algunos de los valores claves de la Unión. Es entonces cuando nos hemos dado cuenta de las insuficiencias del art. 7 TUE para abordar los desafíos sistémicos contra estos valores, permitiendo un desafortunado <em>impasse </em>en el Consejo. Sin embargo, desde finales de 2017 una serie de fallos fundamentales han revelado la firme voluntad del TJUE para actuar como guardián de la ortodoxia del orden constitucional europeo para proteger, al menos, la independencia judicial en los Estados miembros. En este contexto, los procedimientos de infracción a través del procedimiento acelerado, acompañados de medidas cautelares de suspensión bajo apercibimiento de cuantiosas multas, han demostrado ser una forma efectiva de reaccionar ante esta crisis del Estado de derecho. También frente a la propia Unión el Tribunal de Justicia trata de hacer prevalecer los distintos perfiles del Estado de derecho, aunque en algunos ámbitos el balance es más bien tenue. Mientras que ello siga ocurriendo no cabe duda de que existe un contraste entre el control del respeto del Estado de derecho por parte de la propia Unión y la actitud opuesta frente a sus Estados miembros.</p> José Manuel Cortés Martín ##submission.copyrightStatement## 2020-08-11 2020-08-11 66 473 517 10.18042/cepc/rdce.66.07 El derecho de la Unión Europea ante las cláusulas derogatorias previstas en los tratados internacionales de derechos humanos https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82656 <p>La activación de las cláusulas derogatorias contenidas en los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos en que los Estados miembros son parte constituye una competencia exclusiva de estos últimos, pudiendo traducirse su ejercicio en límites intangibles a la primacía del derecho de la Unión, en ámbitos atribuidos a esta, en punto a la supervivencia de los propios Estados miembros con arreglo al derecho internacional. No obstante, la autonomía del derecho de la Unión impone límites a la apreciación soberana tendente a la aplicación de dichas cláusulas derogatorias, así como a las medidas que pueden ser adoptadas en virtud de las mismas. La propia conservación de la Unión Europea en tanto que Unión de derecho, la autonomía de su ordenamiento jurídico y la preservación de los valores fundacionales, exigen que la Unión goce de la capacidad jurídica para prevenir y corregir en su caso un eventual uso abusivo de estas cláusulas por parte de los Estados miembros.</p> José Rafael Marín Aís‍ ##submission.copyrightStatement## 2020-08-11 2020-08-11 66 519 557 10.18042/cepc/rdce.66.08 ¿La noción de «país seguro» es segura? Un análisis a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82657 <p>La Directiva 2013/32/UE contempla tres nociones de país seguro. En primer lugar, la aplicación de la noción de «país de origen seguro» permite al Estado miembro la tramitación de una solicitud de protección internacional de un nacional de ese país a través de un procedimiento acelerado. En segundo lugar, la aplicación de la noción de «tercer país seguro» posibilita que el Estado miembro inadmita una solicitud de protección internacional. Y en tercer lugar, la aplicación de la noción de «tercer país seguro europeo» permite que el Estado miembro no realice, o al menos que no lo haga de forma completa, el examen de la solicitud de protección internacional. Algunos Estados miembros han adoptado listas nacionales de países de origen seguros, e incluso la Comisión ha propuesto que se adopte una lista común europea de países de origen seguros. En todo caso, tanto la práctica convencional, legislativa, administrativa y judicial de los Estados miembros como la aplicación de los acuerdos de readmisión suscritos por la UE deben cumplir con lo dispuesto en la Directiva 2013/32/UE, el CEDH y la jurisprudencia del TEDH. El estudio de la jurisprudencia del TEDH que interpreta y aplica los arts. 2 y 3 del CEDH demuestra la necesidad de realizar un examen completo y <em>ex nunc </em>tanto de las circunstancias imperantes en un determinado Estado como de las circunstancias concretas de la persona objeto de expulsión, antes de proceder a su expulsión. De lo contrario, el establecimiento de una lista atemporal y despersonalizada de países de origen seguros puede colisionar con la jurisprudencia del TEDH. En este sentido, la jurisprudencia de este Tribunal arroja criterios que permiten desarrollar los establecidos en la Directiva 2013/32/UE, con el fin de que la catalogación de un país como seguro descanse en el efectivo respeto de los derechos humanos, uno de los valores sobre los que se fundamenta la UE.</p> Carolina Soler García ##submission.copyrightStatement## 2020-08-11 2020-08-11 66 559 600 10.18042/cepc/rdce.66.09 La política comercial común de la Unión Europea y el desarrollo sostenible https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82658 <p>El desarrollo sostenible es un objetivo para la Unión Europea en su acción exterior. La política comercial no ha sido ajena a la realización de este objetivo, de manera que ha desarrollado diferentes técnicas con el fin de implementarlo en sus relaciones con terceros Estados, como son la inclusión de los capítulos sobre desarrollo sostenible en los tratados de libre comercio, las evaluaciones de impacto o mecanismos preferenciales de carácter condicional. Asimismo, la Agenda 2030 establece un marco relacional de carácter finalista que tiene por objeto la consecución del desarrollo sostenible. Más concretamente, el ODS17 presta atención a cómo las relaciones comerciales deben tener en cuenta el desarrollo sostenible. Este trabajo analiza la adecuación de la labor desarrollada por la Unión Europea en este ámbito a la Agenda 2030, la conveniencia de los instrumentos establecidos y la naturaleza jurídica del desarrollo sostenible, tanto en el derecho internacional como en el ámbito de la Política Comercial Común.</p> Ana Manero Salvador ##submission.copyrightStatement## 2020-08-11 2020-08-11 66 603 627 10.18042/cepc/rdce.66.10 El concepto de órgano jurisdiccional nacional: una noción en permanente revisión https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82660 <p>El TJUE continúa perfilando los elementos de su concepto autónomo de órgano jurisdiccional nacional. La sentencia de 21 de enero de 2020 en el asunto <em>Banco Santander </em>profundiza en el criterio de la independencia como rasgo imprescindible para la atribución de competencia prejudicial y excluye a los tribunales económicos administrativos españoles, rectificando su posición anterior. En ella, el Tribunal proyecta sus desarrollos jurisprudenciales recientes relativos a la importancia de la independencia del poder judicial como garantía del Estado de derecho y vuelve a incidir en que la independencia es una garantía que se impone tanto para los tribunales de la Unión como para los tribunales nacionales. Con nuevas decisiones en perspectiva, el concepto de órgano jurisdiccional nacional sigue siendo una noción en constante revisión.</p> Pilar Concellón Fernández ##submission.copyrightStatement## 2020-08-11 2020-08-11 66 629 658 10.18042/cepc/rdce.66.11 Crónica de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, enero-abril 2020 https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82674 <p>Sin resumen</p> Fernando Castillo de la Torre Petra Nemeckova ##submission.copyrightStatement## 2020-08-12 2020-08-12 66 661 713 10.18042/cepc/rdce.66.12 Crónica de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, enero-abril 2020 https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82675 Salvador Cuenca Curbelo ##submission.copyrightStatement## 2020-08-12 2020-08-12 66 715 733 10.18042/cepc/rdce.66.13 I. Bosse-Platière y C. Rapoport (eds.), The Conclusion and Implementation of EU Free Trade Agreements: Constitutional Challenges, Edward Elgar, Cheltenham, Reino Unido, 2019, 300 págs. https://recyt.fecyt.es/index.php/RDCE/article/view/82676 Dorina C. Suciu ##submission.copyrightStatement## 2020-08-12 2020-08-12 66 737 741