SOBRE LA «ESPECIAL RESPONSABILIDAD» DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

1. El valor jurídico de la Carta[Subir]

Es, en efecto, un precepto enormemente simple en su formulación, inserto en el Tratado de Lisboa, el que dará un giro en el sentido de la responsabilidad iusfundamental del TJ. Su tenor es de sobra conocido: «La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados». No hace falta decir que este precepto se corresponde con el párr. primero del apdo. 1 del art. 6 del reformulado Tratado de la Unión Europea.

La Carta, esto es lo primero que debe recordarse, ha venido obligando sin matización alguna desde la reiterada fecha como parte del derecho primario de la Unión, y también desde entonces su aplicación judicial no es distinta de la del resto del ordenamiento comunitario: sencillamente, tiene «valor jurídico», siendo esa la proclamación esencial, por más que inmediatamente se añada que ese valor jurídico es el mismo que el de los Tratados^‍‍[10]. Entendido como proclamación de que la Carta «vale como Derecho», es claro que su valor jurídico es el mismo que el de todo el derecho de la Unión en su conjunto, el originario y el derivado. En lo que sí se puede establecer diferencias es en lo que respecta a su respectivo rango, y a esto es a lo que propiamente alude al equiparar el valor jurídico de la Carta al de los Tratados constitutivos. En suma, lo que el TUE quiere decir, y eso explica la versión alemana^‍‍[11], es que la Carta tiene el rango que corresponde al derecho primario en el ordenamiento de la Unión. La CDF deviene así canon o parámetro de control de todo el derecho de la Unión que quede extramuros de dichos Tratados constitutivos (y, condicionadamente, del derecho de los Estados en toda su extensión). Es así como la aplicación judicial de la CDF resulta posibilitada por la proclamación de su valor jurídico, y al mismo tiempo reforzada por la proclamación de su rango.

A partir de aquí, y sin el menor ánimo de exhaustividad, pasaré a presentar, de manera siempre sumaria, los distintos factores que han contribuido a mantener la alta responsabilidad y el fuerte protagonismo del TJ a lo largo de la primera década transcurrida de aplicación judicial de la CDF.

2. El valor constitucional de la Carta[Subir]

En esta línea, conviene comenzar por la referencia a un elemento que cabe englobar en la categoría de lo político-constitucional. La CDF elevada al rango de derecho primario ha supuesto un salto, acaso no cualitativo, pero en todo caso fundamental, en la dimensión constitucional de este derecho primario. Si con el resultado de los referendos de mayo de 2005 en los Países Bajos y en Francia la idea de «una Constitución para Europa» (el que hubiera sido segundo Tratado de Roma) «salía por la puerta», con el Tratado de Lisboa esta misma idea «entraba por la ventana». Convirtiendo a la Carta en derecho positivo, y evidentemente primario, de la UE, los padres de los Tratados estaban materialmente recuperando para la Unión la categoría de Constitución en una de sus dimensiones básicas. La Carta ha atraído los derechos fundamentales al espacio y a la forma del constitucionalismo moderno y al mismo tiempo ha recuperado para la Unión la representación constitucional de la misma que se hubiera dicho fracasada en 2005. Todo esto tiene para el TJ la consecuencia, en términos político-constitucionales, de poder presentarse ante el colectivo de los tribunales constitucionales y equivalentes nacionales con una reforzada veste constitucional. En definitiva, hay en este sentido argumentos para sostener que con la CDF se ha reforzado la responsabilidad constitucional del TJ.

3. La CDF y la cuestión de la pervivencia del antiguo paradigma[Subir]

Podría decirse que, en línea de principio, la primera responsabilidad del TJ en el inmediato periodo post-Lisboa venía marcada por el contenido del tercero y último de los apartados del mismo art. 6 TUE, que había comenzado proclamando la positividad de la Carta. En efecto, acaso lo más llamativo de la economía de este artículo sea el mantenimiento, con algunos cambios de redacción, del paradigma judicial que recibió formulación constitucional escrita en Maastricht, vale repetir, la declaración de la vigencia de los derechos fundamentales en tanto que principios generales derivados a su vez de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y recogidos en el CEDH. Pues cabría pensar que, una vez desaparecida la premisa, la carencia en la Unión de una propia declaración de derechos, este paradigma cedería sin reservas en favor de uno nuevo que, sin pretensión alguna de desmerecimiento del anterior, podemos llamar constitucional.

No es esto, como sabemos, lo que ocurrió, de tal modo que la CDF se introdujo en el TUE sin desplazar el anterior paradigma. A lo sumo se podría hacer observar que, con arreglo a su orden de aparición en el artículo, el viejo paradigma se situaba detrás del nuevo. Llevaría lejos entrar a considerar la explicación de este sorprendente resultado, que tiene algo de esquizofrénico. Acaso pudiera aventurarse que se quiso tranquilizar al TJ con la garantía de que podría seguir operando con el antiguo paradigma, al menos en paralelo con el nuevo^‍‍[12]. Otra explicación pudiera ser la de que se ha querido evitar una lista cerrada de derechos fundamentales, dejando abierta la posibilidad de ampliarla por medio del mantenimiento del antiguo paradigma^‍‍[13].

Como quiera que sea, parece claro que este esquema estaba pidiendo una intervención cuando menos orientativa por parte del TJ, a ser posible desde los primeros momentos de aplicación de la Carta. La noción más o menos difusa, posiblemente prevalente en el seno de la jurisdicción, era la de que en la UE los derechos fundamentales existen tanto en su manifestación como derechos formulados e integrados en una declaración de derechos, la CDF, como en tanto que principios generales deducibles de las fuentes de reconocimiento sabidas^‍‍[14].

Siendo todo esto así, cabría sostener que el TJ tenía una cierta responsabilidad en orden a sentar doctrina por lo que hace a la correlación entre los apdos. primero y tercero del art. 6 TUE. No lo ha hecho, salvo error por mi parte, de tal modo que hay que recurrir a alguna declaración del sucesor de Rodríguez Iglesias en la presidencia del TJ, Vassilios Skouris, para encontrar la constancia de que en esta vertiente de su jurisdicción el TJ acude primordialmente a la Carta antes que a los principios generales, como así es realmente (Skouris, V. (2015). Die europäische Grundrechte-Charta in der Rechtsprechung des EuGH. Arbeit und Recht. Deutsches und europäisches Arbeitsrecht, 8-9, 294-300.‍Skouris, 2015: 299).

Como quiera que sea, aquí hay que dar ya entrada a la peculiaridad de un sistema en el que la jurisdicción de derechos fundamentales tiene básicamente lugar a través del impulso indirecto de los jueces nacionales por la vía de la cuestión prejudicial. Han sido, en efecto, ellos los que han acudido al TJ en petición de interpretación del derecho de la Unión «a la luz de», no de los derechos fundamentales en tanto que derivados de principios generales, sino directamente de los enunciados de la CDF. En suma, fuese cual fuese la preferencia del TJ por un paradigma y otro, han sido las preguntas contenidas en las cuestiones prejudiciales las que pronto inclinaron la balanza en favor del nuevo paradigma.

4. La CDF en el contexto del mandato de adhesión al CEDH[Subir]

El art. 6 TUE contenía un último capítulo en el marco de las responsabilidades reservadas al TJ en materia de derechos fundamentales para esta primera época. Su apartado segundo recoge el mandato a las instancias políticas de la Unión, de obtener el acceso de la UE al sistema regional de garantía de los derechos y libertades que representa el CEDH. Por medio de un convenio internacional singularmente mencionado en el art. 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE (en adelante, TFUE)^‍‍[15], la Unión se adheriría al Convenio de Roma. No era este un objetivo novedoso por parte de las instancias políticas de la Unión^‍‍[16]. Pero ahora se trata ya de un mandato constitucional dirigido a estas mismas instancias políticas, con la peculiaridad de que, por efecto de dos razones combinadas, el TJ tendría reservada en este proceso una responsabilidad casi determinante. De un lado, una razón procesal: el TFUE abre con notable amplitud la posibilidad de un control jurisdiccional previo de los acuerdos internacionales, como así se dice, previstos^‍‍[17]. De otro, una razón sustantiva: pues, mientras que en lo que se refiere al enunciado de este apdo. 2 no hay mucho que interpretar, cosa muy distinta sucede cuando se atiende a las cautelas que el mismo Tratado de Lisboa introduce respecto del modo de la implementación del mandato. Dicho sencillamente, la adhesión solo podrá llevarse a cabo en el respeto de las «especificidades» del derecho de la Unión^‍‍[18]. Y a diferencia de lo que es el caso del apdo. 2, aquí se abría una labor de interpretación de altos vuelos. Es tan evidente que cláusulas de este tenor postulan el concurso del supremo intérprete del derecho de la Unión que, con su sola inserción en los tratados, y por una elemental prudencia, el TJ tenía asegurado el control previo del acceso de la UE al CEDH, lo que es tanto como decir el control de la incorporación al ordenamiento de la Unión de un sistema de revisión externa de la jurisprudencia del propio TJ en materia de derechos fundamentales. Cabe observar que este control previo de dicha adhesión tenía mucho de inédito por contraste con el modo como los Estados miembros accedieron en su día al sistema del CEDH.

No es este el momento de entrar en detalle en la doctrina sentada por el TJ en el Dictamen 2/13 que declaró los acuerdos previstos de adhesión incompatibles con los Tratados constitutivos de la UE. Sí hay, sin embargo, lugar a proponer el 18 de diciembre de 2014, fecha del dictamen, como el hito más relevante de la década, no solo para la materia de los derechos fundamentales en la Unión, sino también para la posición de la Carta en el conjunto del sistema. Situado justo en la mitad de la década, el dictamen marca a ambos efectos un antes y un después. Si durante los primeros cinco años de vida activa de la Carta pudo mantenerse la expectativa de una Unión en definitiva equiparada a los Estados miembros en lo que hace a su doble obediencia a su respectiva Constitución y al CEDH, a partir de esa fecha esa expectativa simplemente se esfuma, como los cinco años transcurridos desde entonces lo confirman.

No es necesario argumentar mucho para poner de relieve lo que la relegación sine die de la adhesión al CEDH supone para el modo de regir de los derechos y libertades en el ámbito de la UE. Más interés tiene en el actual contexto la repercusión del sentido del referido dictamen sobre el modo como la CDF se aplica. El CEDH está ciertamente presente en el sistema jurídico de la Unión de varias maneras. Una de ellas es en forma del mandato de adhesión que se ha visto. Pero hay otras, también relevantes, alguna ya mencionada, como es su función como fuente de reconocimiento de los derechos fundamentales en tanto que principios generales. Y sobre todo está la otra: el mandato de alineación de los derechos de la CDF con los del CEDH, cada vez que se constate una identidad en lo formulación de unos y otros, siempre salvada la eventualidad de un superior nivel de protección en el derecho de la Unión (art. 52.3 EDF). Aparentemente todo esto no se ha visto afectado por el dictamen. Ocurre sin embargo que, como consecuencia del sentido de este último, la interpretación que el TJ haga de estas cláusulas, la del art. 6.3 TUE y la del art. 52.3 CDF, no podrá ser revisada por el TEDH. Y, de modo más general: la jurisprudencia del TJ en materia de derechos fundamentales es firme y definitiva, con la sola reserva de que la jurisprudencia Bosphorus del TEDH sea en algún momento reconsiderada^‍‍[19].

5. El TJ ante las indefiniciones del Título VII de la Carta[Subir]

La mirada ha de desplazarse ya del art. 6 TUE al Título VII y último de la Carta. Es aquí, en efecto, donde se sitúa un amplio arsenal de nociones llamadas a centrar la atención del TJ. Bajo el expresivo epígrafe de «Disposiciones Generales que rigen la interpretación y aplicación de la Carta», los cuatro preceptos que integran este Título vienen a contener el «sistema operativo» de la misma. Si se quiere decir de otro modo, son las «instrucciones de uso» de la CDF, destinadas de modo muy particular al TJ. Podría pensarse que, a partir de estas disposiciones, al TJ le quedaba poco verdaderamente relevante que añadir en términos de acabado final del nuevo paradigma (Cartabia, M. (2017). Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Rivista AIC, 3, 1-17.‍Cartabia, 2017: 1-‍17). No era ese, ni de lejos, el caso. Del conjunto de estos últimos preceptos de la Carta se deriva de nuevo una «especial responsabilidad» para el TJ durante el periodo inaugural que ahora contemplamos. En el contexto de esta presentación apenas cabrá otra cosa que un simple enunciado de los principales campos abiertos al trabajo interpretativo del TJ^‍‍[20].

En este sentido, lo primero a notar es una circunstancia que, en línea de principio, debiera contribuir a rebajar el protagonismo del TJ en estos primeros años de vigencia de la Carta: se trata de las llamadas «explicaciones» que originariamente se hicieron con la intención de subrayar que era poco lo que en materia de derechos la convención redactora de la CDF innovaba^‍‍[21]. Desde aquel momento de Niza, estas «explicaciones» han visto reforzado progresivamente su estatus, apareciendo, casi machaconamente, en el art. 6 TUE, en el preámbulo de la CDF y en su art. 52.7. Lo interesante de esas «explicaciones» es que frecuentemente no hacen sino recoger la jurisprudencia anterior del propio TJ: en este sentido tienen frecuentemente el sentido de una exhortación dirigida al TJ de no apartarse de su propia jurisprudencia. Ahora bien, una verdadera ayuda para el TJ en lo que se refiere a su tarea de subvenir a las grandes indefiniciones del Título VII no se puede decir que hayan sido.

Si hubiera que destacar un solo problema expresivo de la responsabilidad del TJ en el conjunto de este Título VII, habría acuerdo en citar la cuestión del «ámbito de aplicación» de la CDF en los Estados miembros. Ningún pasaje de la Carta suscitaba tanta expectación como el contenido en la sencilla docena de palabras con la que concluye el primer inciso de su art. 51.1: «[…] así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión». Por medio de ellas el legislador constitucional de la Unión proclamaba la aplicación directa de la Carta al ordenamiento de los Estados miembros. Para el TJ estas pocas palabras significaban la atracción a su competencia del control último de iusfundamentalidad de los correspondientes actos nacionales.

Desde el principio se ha destacado la relevancia que para el desarrollo del paradigma judicial tuvo la jurisprudencia constitucional nacional en relación con aquella parte de los ordenamientos nacionales que podía considerarse directamente determinada por el derecho de la Unión. A quién debiera corresponder la concreción de ese alcance es algo que ha sido siempre de vital importancia para los Estados. Cualquier término verbal, al igual que cualquier adverbio modal que pretendiera describirlo no disminuiría el reto de su interpretación. Y sin que, una vez más, las referidas explicaciones añadieran gran cosa.

Sea como sea, no se puede decir que en esta ocasión el TJ haya rehuido su responsabilidad en el esclarecimiento de este trascendental extremo. Apenas dos años después de la entrada en vigor de la CDF, ya sentaba jurisprudencia en un asunto cuyo cuadro fáctico y normativo no debía dar lugar a dudas sobre el alcance del entendimiento del crítico pasaje del art. 51.1 CDF: Åkerberg, el nombre del asunto, pasó desde el primer día a simbolizar una doctrina inequívocamente expansionista del alcance del precepto^‍‍[22]. Apenas es necesario decir que esta jurisprudencia no recibió el aplauso unánime de los tribunales nacionales. Al mismo tiempo hay que señalar que, prácticamente desde el principio, esta jurisprudencia fue siendo objeto de matizaciones puntuales, todo ello desde luego sin poner en cuestión el planteamiento de partida^‍‍[23].

Por cierto, que del mismo día es la sentencia recaída en el asunto Melloni^‍‍[24]. Y con ello cabe dar entrada a otro capítulo de la responsabilidad del TJ en el inmediato periodo post-Lisboa. El caso es que el art. 53 CDF, en la medida en que parecía dejar en todo caso incólumes eventuales niveles superiores de protección de los derechos que pudieran darse en los ordenamientos nacionales, podía suponer un importante reto para la unidad y coherencia del derecho de la Unión: incluso las previsiones normativas nacionales determinadas en su contenido por el derecho de la Unión deberían estar sometidos al superior canon constitucional del Estado miembro. Con esto queda dicho hasta qué punto la respuesta a dar en Åkerberg estaba conectada con el alcance a dar en el art. 53. Una concepción amplia del ámbito de protección hacía tanto más grave para la unidad y coherencia del derecho de la Unión la eventual operatividad de la cláusula del art. 53 CDF. En estos términos, una vez que se ha optado por una interpretación extensiva de la cláusula «ámbito de aplicación» se hace necesario conectarla al «nivel de protección». Es lo que se hace ya en Åkerberg pero con la vista puesta en Melloni. La conclusión, en todo caso, es que en ese día 26 de febrero de 2012 quedaron por tanto despejadas por el TJ dos importantes incógnitas de la Carta, lo que hace de esta fecha el segundo hito posiblemente más relevante en la historia de estos diez años.

Otra circunstancia que contribuye aun a realzar la responsabilidad del TJ en este primer periodo es el escaso auxilio que puede recibir del legislador ordinario a la hora de completar el contenido sustantivo de cada derecho o libertad. Trataré de presentar este punto dando un pequeño rodeo. En el sistema operativo de la Carta ocupa una posición central el régimen de las que la Carta llama «limitaciones» de los derechos pero que más usual y expresivamente se conocen como «restricciones» en el ejercicio de los mismos. Son varias las condiciones que el art. 52.1 establece en orden a la legitimidad de estas restricciones: previstas por la ley, respeto del contenido esencial, proporcionalidad, esencialmente. En mayor o menor medida, todas ellas han requerido del TJ una labor de interpretación, pero la concreción del contenido esencial puede recibir atención especial en nuestro actual contexto.

A diferencia de lo que usualmente se produce en la arquitectura constitucional de los Estados miembros, en el caso de la UE no podrá hablarse de un desarrollo normativo de la Constitución, y en particular de sus derechos fundamentales. La legislación subconstitucional que en otros ordenamientos sirve para superar el laconismo con el que se enuncian los derechos fundamentales no se da en este caso y en eso la CDF se asemeja al CEDH. Tratándose del sistema del CEDH, y casi habría que decir que por la naturaleza de las cosas, los derechos solo se cargan de contenido en virtud de la jurisprudencia del TEDH. En el caso de la Unión, por el contrario, hay presente una potestad legislativa que bien hubiera podido asumir la referida función de complemento normativo. Con una puntual y muy particular excepción^‍‍[25], nada prevé la Carta al respecto. Cierto es que el derecho derivado deja ver la anterior presencia de un alto número de previsiones expresas que, al hilo de la regulación de las más diversas materias, hacen referencia a derechos que ahora recoge la CDF. Y a ellas se remiten ocasionalmente las «explicaciones» que la acompañan^‍‍[26]. Pero el centro de gravedad de esta dispersa legislación rara vez se encuentra en el derecho fundamental de referencia. Este conjunto de circunstancias se traduce en una adicional fuente de responsabilidad para el TJ. Así y muy en particular, el señalado déficit de legislación de desarrollo de los derechos fundamentales se proyecta a la hora de identificar el contenido esencial de cada uno de los derechos y, consecuentemente, en la tarea de fijar el límite de las restricciones legítimas de los mismos (Lenaerts, K. (2019). Limits on Limitations: the essence of Fundamental Rights in the EU. German Law Journal, 20, 779-793. Disponible en: https://doi.org/10.1017/glj.2019.62‍Lenaerts, 2019: 779-‍793).

Cerraré esta sencilla selección de algunos de las nociones del Título VII que reclamaban la intervención del TJ con la que muy posiblemente sea la más notable ambigüedad de la CDF. En efecto, hay que llegar al Título VII de la Carta para saber que en la misma se contienen «derechos» y se contienen «principios». Bien es verdad que el art. 6.1 TUE hablaba de «derechos», «libertades» y «principios», pero los dos primeros se usan con frecuencia indistintamente y el tercero es lo suficientemente ambiguo como para pensar que es otra forma aún de designar a los anteriores. En todo caso, que hubiera dos categorías de contenidos sustantivos en la CDF cada una con su eficacia propia es, por así decir, la última de las sorpresas que la Carta reservaba. Y, con ser importante esta sorpresa, aún lo era más la indefinición en la que la Carta dejaba la identidad respectiva, de derechos o de principios, de los distintos contenidos sustantivos de la misma. La realidad es que el grado de indefinición resultante, muy posiblemente, ninguna Constitución nacional se la hubiera permitido. Por lo demás, tampoco esta vez las explicaciones que acompañan la Carta iluminan en modo apreciable el camino del intérprete. Pero las cosas no siempre son como uno se las imagina y el TJ ha podido sortear hasta ahora el campo de minas que este capítulo, sin ánimo de dramatizar, representa. Como en otras ocasiones, se diría que ha lanzado a los abogados generales por delante, un poco a hacer cada uno la guerra por su cuenta^‍‍[27].

6. El TJ ante las carencias de la tutela judicial de los derechos fundamentales[Subir]

Lo que queda en relación con el Título VII es una carencia. Las disposiciones generales de la CDF guardan un llamativo silencio respecto de un elemento que, en línea de principio, hubiera debido constituir uno de sus principales contenidos. Se trata de la cuestión relativa a los remedios procesales, que en el constitucionalismo histórico se llamaban «garantías», es decir, los institutos que hacen operativos estos derechos para los ciudadanos mediante las herramientas procesales adecuadas (Ward, A. (2017). Remedies under the EU Charter of Fundamental Right. En S. Douglas-Scott, N. Hatzis, N. (eds.). Research Handbook on EU Law and Human Rights (pp. 162-185). Cheltenham (Reino Unido): Edward Elgar Publishing. Disponible en: https://doi.org/10.4337/9781782546405.00016‍Ward, 2017: 162-‍185).

Sabido es cómo esta materia es central al sistema del CEDH, el cual, si ha alcanzado la relevancia conocida, ha sido precisamente gracias al instrumento de la «demanda individual». Como también es sabido cómo no son pocos los tribunales constitucionales nacionales que incorporan un específico remedio procesal a disposición de los ciudadanos para la tutela de los derechos fundamentales, en España con el nombre de recurso de amparo.

No es este desde luego el caso del ordenamiento de la Unión, y en particular, de la CDF, como tampoco del Estatuto del TJ. Acaso sea esta la razón por la cual los sucesivos presidentes del TJ, desde la entrada en vigor de la CDF, han declarado «enfáticamente» que el TJ «no es un tribunal de derechos humanos»: por la falta de un específico remedio procesal de tutela a la disposición de todos. Todo ello sin entrar ahora a valorar la corrección de esa propuesta relación de causa a efecto^‍‍[28].

A lo largo de la CDF, en efecto, y en particular en su Título VII, resulta imposible encontrar previsión específica alguna relativa al modo como los derechos fundamentales se tutelan. Ahora bien, una matización debe en seguida hacerse, toda vez que la CDF contiene una previsión específica al respecto, pero ocurre que precisamente lo hace con el objetivo de restringir el alcance de la tutela de los «principios» en el sentido de los arts. 51.1 y 52.5 CDF^‍‍[29]. Aparte de eso, no hay nada.

En sí misma y de modo general, esta ausencia de referencia expresa no es particularmente grave, si bien bajo la condición de que el sistema general de tutela judicial de los derechos e intereses legítimos esté configurado y funcione adecuadamente. En este aspecto, se puede decir que la CDF ha hecho su trabajo, en el sentido de que dedica todo el Título VI a la materia de «Justicia», del que forma parte el art. 47 con el expresivo epígrafe de «Derecho a la tutela judicial efectiva y a la independencia judicial». Con arreglo a su contenido, este artículo no difiere esencialmente de sus equivalentes en el CEDH y en las constituciones nacionales.

El problema, sin embargo, estriba en la particular configuración de la jurisdicción en la UE, concretamente en lo relativo a las fuertes condiciones impuestas para la viabilidad de los recursos directos, en definitiva, los recursos individuales, con el consiguiente traslado de la responsabilidad de la tutela judicial a la jurisdicción de los Estados, apoyados en la tarea por el TJ mediante la herramienta de la cuestión prejudicial. Es conocido cómo, de un lado, la jurisprudencia desde antiguo establecida y persistentemente mantenida por el TJ, léase Plaumann^‍‍[30], ha endurecido considerablemente estas condiciones de acceso al mismo. Por otro lado, son también conocidos los límites objetivos de un mecanismo como la cuestión prejudicial para fungir como remedio individual de tutela^‍‍[31].

Ocurre, sin embargo, que el Tratado de Lisboa no solo ha otorgado carta de naturaleza jurídica a la CDF, sino que también ha modificado puntualmente las condiciones de acceso de los particulares al TJ mediante una prudente reformulación del precepto correspondiente del TFUE^‍‍[32]. La nueva fórmula venía con la inequívoca intención de que no se produjesen situaciones de desamparo por el juego combinado de las limitaciones de acceso a los tribunales nacionales y al TJ.

Este es muy sucintamente expuesto el cuadro general en el que se sitúa la responsabilidad del TJ en esta específica materia de la tutela judicial de los derechos fundamentales. En perspectiva comparada, el TJ pertenece sin duda más al género de los tribunales supremos con competencia general que no al de los tribunales constitucionales, en particular al de aquellos con una singularizada competencia de tutela de los derechos y libertades. Y habría que añadir que el TJ se encuentra más que cómodo en esa condición. Dicho todo lo cual, es claro que, referido singularmente al periodo que estamos examinando, el TJ tenía una especial responsabilidad, cuando menos, en favorecer un replanteamiento de la tutela de los derechos fundamentales en la Unión.

En un intento de brevísimo balance de este capítulo cabría decir que el TJ ha combinado un mantenimiento a ultranza de su restrictiva doctrina sobre el acceso a los recursos directos combinado con un esfuerzo por extraer todas las posibilidades de tutela que ofrece la cuestión prejudicial y, muy en particular, de la variante de esta última llamada «procedimiento prejudicial de urgencia», o PPU. En definitiva, por una parte, Plaumann sigue gozando de excelente salud, sin que la modificación incorporada en el TFUE haya tenido consecuencias ni para la tutela judicial de los derechos ni para la específica de los derechos fundamentales. Por otra, sin embargo, la centralidad de la cuestión prejudicial en la tutela de los derechos se ha visto consiguientemente reforzada con el superior estatus adquirido por éstos desde diciembre de 2009: la jurisprudencia más relevante sobre derechos fundamentales ha tenido lugar, sin discusión alguna, por la vía de la cuestión prejudicial. En este contexto, hay que destacar cómo el TJ ha volcado sus energías sobre el procedimiento prejudicial de urgencia como el más apto sucedáneo de los procedimientos ad hoc de tutela de los derechos fundamentales. El TJ, en efecto, no ha escatimado esfuerzos materiales o personales en conseguir que, en el término aproximado de dos meses previsto, estos asuntos se vean resueltos^‍‍[33].