En el asunto Air Transport Association of America, la Gran Sala del Tribunal de Justicia citó por primera vez el art. 3, apdo. 5, TUE. Se trataba de una cuestión prejudicial formulada por la High Court of Justice (England & Wales), en la que el tribunal remitente planteaba al Tribunal de Justicia, inter alia, si cabía impugnar la validez de la Directiva 2003/87/CE, en la versión modificada por la Directiva 2008/101/CE, a la luz del derecho internacional, incluidos varios tratados internacionales, así como principios de derecho internacional consuetudinario. Se alegaba que la Unión Europea había sobrepasado las competencias que le confiere el derecho internacional al no limitar la regulación a los vuelos puramente intraeuropeos.

Respecto del derecho consuetudinario internacional, el tribunal remitente se refería a los principios según los cuales cada Estado tiene soberanía plena y exclusiva sobre su propio espacio aéreo y ningún Estado puede pretender válidamente someter parte alguna de la alta mar a su soberanía, el principio de libertad de sobrevolar la alta mar y el principio (rechazado por la parte demandada en el asunto principal) según el cual las aeronaves que sobrevuelen la alta mar están sujetas a la exclusiva competencia de su país de matrícula, salvo lo expresamente previsto por tratados internacionales.

El Tribunal de Justicia analizó, en primer lugar, la posible incompatibilidad de la mencionada directiva con las disposiciones de los convenios internacionales alegados, en particular el Convenio de Chicago, el Acuerdo de Cielos Abiertos y el Protocolo de Kyoto. El TJUE no hizo ninguna referencia al art. 3, apdo. 5, TUE al analizar dichos convenios. Por el contrario, la Gran Sala comenzó el análisis de la compatibilidad de la directiva controvertida con el derecho consuetudinario internacional citando el art. 3, apdo. 5, TUE en los siguientes términos:

El Tribunal de Justicia fusionaba por tanto en un mismo apartado el art. 3, apdo. 5, TUE con su jurisprudencia anterior, y en especial con los asuntos Poulsen y Racke, en los que había incluido normas de derecho consuetudinario internacional entre las disposiciones relevantes para analizar la validez de normas de derecho de la Unión. En particular, como el TJUE expresó con claridad en Racke, «la Comunidad está obligada a respetar las normas del Derecho consuetudinario internacional al adoptar un Reglamento por el que se suspenden las concesiones comerciales otorgadas por un Acuerdo o en virtud de un Acuerdo celebrado por ella con un país tercero».

A tenor de lo anterior, el Tribunal de Justicia invocó el art. 3, apdo. 5, TUE, aparentemente para reforzar la incorporación del derecho consuetudinario internacional al ordenamiento jurídico de la Unión. A este respecto, si bien la necesidad de respetar la costumbre internacional estaba reconocida en la jurisprudencia, el argumento no encontraba anclaje en los Tratados hasta la introducción del art. 3, apdo. 5, TUE, que se refiere en general a todo el derecho internacional y no solo a los tratados internacionales suscritos por la Unión, mencionados en el art. 216 TFUE (Bosse-Platière, 2022: 633 y ss.). A este respecto, como precisa Neframi, el art. 3, apdo. 5, TUE no tiene la misma función que el art. 216.2 TFUE, habida cuenta de que su función es la de confirmar la subordinación del derecho de la Unión al derecho internacional al regular las competencias de la Unión, y no como producto de ellas (Neframi, 2016: 206).

Lo anterior viene corroborado por el hecho de que, en sentencias posteriores, el Tribunal de Justicia ha analizado la compatibilidad de un acto de la Unión con el derecho consuetudinario internacional, comenzando su análisis con la referencia al compromiso de la Unión de contribuir al estricto respecto y al desarrollo del derecho internacional previsto en el art. 3, apdo. 5, TUE, seguida normalmente de la cita del pasaje reproducido de la sentencia Air Transport Association of America.

Algunos autores han considerado que mediante esta sentencia el Tribunal reforzó sus propias facultades, habida cuenta de que puede invocar una disposición del Tratado para justificar su propia competencia para revisar el derecho derivado de la Unión sobre la base de su propia interpretación de las normas del derecho internacional consuetudinario (Larik, 2016: 171).

Por su parte, el Tribunal General (TG) tuvo que analizar el alcance del art. 3, apdo. 5, TUE en el asunto iniciado por la República Bolivariana de Venezuela («Venezuela»), relativo a la alegada violación del derecho consuetudinario internacional por parte de la Unión con la pretendida imposición de contramedidas ilegales a través de medidas restrictivas acordadas por el Consejo de la Unión. En particular, el Tribunal General resolvió el recurso planteado por Venezuela contra el Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo, de 13 de noviembre de 2017, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela (en lo sucesivo también el «Reglamento impugnado»), así como contra un reglamento de ejecución y una decisión PESC relativos a la situación en Venezuela.

En esencia, Venezuela sostenía que el Reglamento impugnado le imponía contramedidas ilegales, infringiendo así el derecho consuetudinario internacional, en particular el principio de no injerencia y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Además, consideraba que una de las medidas, el embargo impuesto, era desproporcionada. En relación con la proporcionalidad, Venezuela añadía que el Consejo debería haber tenido en cuenta las medidas restrictivas previamente impuestas a Venezuela por los Estados Unidos de América.

A este respecto, el Tribunal General recordó que, con arreglo al art. 3 TUE, apdo. 5, la Unión contribuye al estricto respeto y al desarrollo del derecho internacional. Por consiguiente, y con referencia a la mencionada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el TG concluyó que, cuando adopta un acto, la Unión «está obligada a respetar todo el Derecho internacional, incluido el Derecho consuetudinario internacional que vincula a las instituciones de la Unión».

A continuación, el Tribunal General señaló que un justiciable puede invocar los principios de derecho consuetudinario internacional para analizar la validez de un acto de la Unión si considera que esos principios puedan cuestionar la competencia de la Unión para adoptar dicho acto y, por otro lado, el acto controvertido pueda afectar a los derechos que el derecho de la Unión atribuye al justiciable en cuestión, o crear a su cargo obligaciones en relación con este derecho, refiriéndose a este respecto a la sentencia del TJUE en el asunto Air Transport Association of America y otros.

No obstante, como subrayó el TG, siguiendo la línea jurisprudencial del TJUE comentada previamente, «puesto que un principio de Derecho consuetudinario internacional no reviste el mismo grado de precisión que la disposición de un acuerdo internacional, el control judicial debe limitarse necesariamente a determinar si las instituciones de la Unión, al adoptar el acto controvertido, incurrieron en errores manifiestos de apreciación en lo que respecta a las condiciones de aplicación de dicho principio».

Esta conclusión otorga a la Unión un notable margen de discrecionalidad al interpretar principios de derecho internacional consuetudinario, como el principio de no intervención o las propias condiciones de las contramedidas. De esta forma, el TG pasó a analizar las medidas controvertidas a la luz del art. 49 del Proyecto de Artículos de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados —no el equivalente relativo a la responsabilidad de las organizaciones internacionales, el art. 51 del Proyecto de la CDI de 2011—, y concluyó que el Consejo no había respondido a una violación del derecho internacional por parte de Venezuela, una de las condiciones estipuladas en dicho artículo. Además, el Consejo tampoco habría notificado su intención de responder mediante contramedidas con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia, en particular el asunto Gabčíkovo-Nagymaros, que el TG cita. Por último, Venezuela sostuvo en la vista ante el TG que no había cometido ningún hecho internacionalmente ilícito y alegó que, por lo tanto, los actos impugnados no constituían contramedidas, lo que el TG constató para reforzar la conclusión de que las condiciones del art. 49 no se habían cumplido.

Como se ha expuesto, el TG consideró que las medidas restrictivas en cuestión no constituían contramedidas principalmente porque ese no era su objetivo según el Consejo, porque Venezuela reconoció que no había cometido un hecho ilícito internacional y porque el Consejo no había llevado a cabo la preceptiva notificación. Sin embargo, el TG no llevó a cabo un análisis detallado sobre la posible consideración de las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo como contramedidas y, en particular, como contramedidas colectivas, como parece exigir el art. 3, apdo. 5, TUE y ha criticado la doctrina. A este respecto, Kassoti ha sugerido que el TG debería haber explorado la posible licitud de las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo a la luz del art. 54 del Proyecto de Artículos de la CDI como contramedidas colectivas adoptadas en respuesta a la violación de normas imperativas por parte de Venezuela (Kassoti, 2024: 257), lo que a nuestro juicio hubiera sido también más coherente con lo exigido por el art. 3, apdo. 5, TUE, como se expondrá más adelante en relación con otras normas imperativas.

Asimismo, el hecho de que el Consejo de la Unión no llevara a cabo una notificación no significa necesariamente que las medidas restrictivas no puedan constituir contramedidas, habida cuenta de que podría tratarse, por el contrario, de la vulneración por la Unión precisamente de esa obligación procesal de derecho internacional consuetudinario, ratificada por la jurisprudencia, relativa a las contramedidas. De manera similar, que Venezuela afirmara que no cometió un hecho ilícito durante la vista tampoco parece suficiente para descartar la adopción de contramedidas por parte de la Unión, pues con frecuencia los Estados tienen opiniones divergentes sobre la existencia de un hecho ilícito previo que genere la posibilidad de adoptar contramedidas. Además, corresponde a cada sujeto de derecho internacional de manera individual evaluar la existencia de un hecho ilícito antes de adoptar contramedidas.

Por otro lado, la abogada general Kokott también se ha referido al art. 3, apdo. 5, TUE para avalar la aplicación del art. 114 TFUE con el fin de adaptar medidas ya existentes de armonización del mercado interior a obligaciones de derecho internacional o a recomendaciones de organismos internacionales, reforzando por tanto a nuestro juicio la función integradora del derecho internacional en el de la UE del art. 3, apdo. 5, TUE. Estas conclusiones refuerzan también el carácter de cláusula de recepción del precepto objeto de este artículo de todo el derecho internacional, incluidas por tanto las resoluciones obligatorias de organizaciones internacionales de las que la Unión es parte.

En relación con lo anterior, posiblemente la referencia más clara a la función integradora o de recepción del derecho internacional en el derecho de la Unión y, en especial, del derecho consuetudinario internacional se encuentra en una de las conclusiones presentadas por la abogada general Ćapeta en relación con el asunto Frente Polisario:

Asimismo, en un asunto reciente de Gran Sala, el art. 3, apdo. 5, TUE parece haber militado a favor de la integración de un acuerdo internacional, en particular el Acuerdo de París sobre el cambio climático, en el conjunto normativo del derecho de la Unión a los efectos de impugnar la legalidad de un acto de la misma. En particular, en el asunto Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), varios Estados miembros alegaron que un reglamento adoptado por la Unión y, en particular, la obligación de regreso de los vehículos cada ocho semanas prevista en el mismo era contraria al texto y a los objetivos del Acuerdo de París, invocando a este respecto el art. 3, apdo. 5, TUE. En sus conclusiones sobre este asunto, el abogado general Pitruzzella consideró que esta disposición era inoperante habida cuenta de que el Acuerdo de París, por su naturaleza y sistema, no formaba parte del conjunto normativo del derecho de la Unión. Sin embargo, la Gran Sala del Tribunal de Justicia, citando a este respecto el art. 3, apdo. 5, TUE, no planteó objeciones a la naturaleza y al sistema del Acuerdo de París, considerándolo parte del ordenamiento jurídico de la Unión, aunque finalmente concluyó que las disposiciones invocadas por las demandantes no eran lo suficientemente precisas e incondicionales como para poder ser invocadas.

En suma, aunque el art. 3, apdo. 5, TUE se enmarca entre los objetivos que persigue la Unión, algunos autores como Neframi consideran que su papel en la arquitectura de los Tratados va más allá, al concluir que este artículo es una expresión de la apertura del ordenamiento jurídico de la Unión Europea al derecho internacional, y que colma una laguna previamente existente en los Tratados al abordar el papel del derecho internacional, incluido el derecho internacional consuetudinario, en derecho de la Unión (Neframi, 2016: 206), una conclusión compartida por Kujper (2013: 589 y ss.) y López Escudero (2026: 316).

Por el contrario, otros autores como Cragl consideran que el art. 3, apdo. 5, TUE no constituye una cláusula de incorporación del derecho internacional en derecho de la Unión, como tampoco lo es el art. 21 TUE (Cragl, 2014: 5). No obstante, este autor añade que, aunque el art. 3, apdo. 5, TUE no define el estatuto jurídico preciso del derecho internacional general dentro de la jerarquía de normas de la Unión, su redacción es susceptible de implicar que las normas de derecho internacional se incorporan al ordenamiento jurídico de la UE como tales, y no como «Derecho internacional de la Unión Europea» (Cragl, 2014: 5).

A nuestro juicio, el art. 3, apdo. 5, TUE, aunque no contenga el contenido típico de cláusula de recepción como el que se encuentra en las disposiciones de numerosas constituciones, sí que puede ser considerado como una cláusula de recepción del derecho internacional en su conjunto, a la luz de la jurisprudencia de los tribunales de la Unión analizada, constituyendo una de sus funciones más relevantes.

La versión en castellano del art. 3, apdo. 5, TUE dispone que «la Unión contribuirá […] al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas» (énfasis añadido). Sin embargo, otras versiones lingüísticas del TUE utilizan el término observancia, por ejemplo, en la inglesa (observance), portuguesa (observancia), alemana (Einhaltung) o italiana (osservanza), pero no todas, pues no solo en la española, sino también en la francesa (respect) el término definitivo es el de respeto.

La diferencia es susceptible de ser significativa, habida cuenta de que la observancia es un criterio más exigente que el respeto. En efecto, la Real Academia Española define la observancia como el «cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla», y como sinónimos incluye los siguientes: acatamiento, cumplimiento, disciplina, obediencia, sumisión. El respeto no figura entre ellos, sino como un término «afín», que se define como «veneración, acatamiento que se hace a alguien», o bien como «miramiento, consideración, deferencia».

De hecho, algunos autores que han analizado el art. 3, apdo. 5, TUE se han centrado en este artículo para estudiar su efecto normativo porque consideran que el término observance es más «robusto» que el término respect que figura en el art. 21 TUE (Kassoti y Wessel, 2023: 20). Otros autores han subrayado también la diferencia en el texto de los arts. 3, apdo. 5, y 21 TUE a este respecto (Kellerbauer et al., 2024: 46).

A nuestro juicio, conviene recordar que el art. 3, apdo. 5, TUE se integra en una disposición que tiene por finalidad establecer los principales fines de la Unión, que deberán ser desarrollados por las políticas concretas. A este respecto, la enmienda que dio lugar a la introducción del término «estricta observancia» en el debate constitucional enfatizaba la necesidad de cumplir con el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

El mantenimiento del término original de observancia en otras versiones lingüísticas, así como la práctica institucional y la jurisprudencia posteriores, que han puesto un notable —excesivo para algunos (Dunbar, 2021: 284 y ss.)— énfasis en el término observancia del derecho internacional, refuerzan la tesis de que es la observancia, y no meramente el respeto, lo que persigue la disposición en cuestión, tal y como se desprende de los trabajos de la Convención, marcados por la voluntad de reforzar el cumplimiento del derecho internacional por la Unión, así como su desarrollo. En suma, en nuestra opinión el término que mejor refleja la finalidad y la aplicación jurisprudencial del art. 3, apdo. 5, TUE es el de observancia o cumplimiento del derecho internacional, y no el del mero respeto de este, tanto ad intra como ad extra de la Unión, como se expone a continuación.

A este respecto, en el asunto sobre Venezuela considerado en la anterior sección, el Estado latinoamericano alegó que las medidas adoptadas por el Consejo implicaban el ejercicio de una competencia extraterritorial contraria al derecho internacional. Sin embargo, el TG rechazó este argumento subrayando, inter alia (con referencia al art. 3, apdo. 5, TUE) que las medidas adoptadas por el Consejo formaban parte del ámbito de la PESC y eran coherentes con los objetivos y valores de la Unión, entre ellos el de fomentar el respeto al derecho internacional en el resto del mundo.

Por tanto, la Gran Sala del TG sugiere, en este asunto, que el art. 3, apdo. 5, TUE no solo exige a la Unión el respeto del derecho internacional ad intra, sino también el fomento de su respeto ad extra y por otros actores internacionales, en particular para hacer valer obligaciones erga omnes. Lo anterior es coherente con el tenor literal de la disposición objeto de estudio, que comienza señalando: «En sus relaciones con el resto del mundo…».

En los términos utilizados por el TG:

El TG alcanzó una conclusión similar en su sentencia en el asunto Frente Polisario/Consejo de 29 de septiembre de 2021. En particular, el TG recordó que el juez de la Unión es competente para examinar la compatibilidad de una decisión de celebración de un acuerdo internacional con las normas de derecho internacional, y en particular con los principios como el de autodeterminación, que constituye «un derecho invocable erga omnes […] puesto que la Unión debe ejercer sus competencias con observancia de esas normas, que la vinculan en virtud de los Tratados». La referencia a la «observancia» del derecho internacional parece apuntar a la versión en inglés del art. 3, apdo. 5, TUE («observance of…») como referencia para este asunto, donde se omite de nuevo la referencia a la «contribución» al respeto u observancia prevista en dicho artículo, reforzando la obligatoriedad de este objetivo.

La Unión debe por tanto respetar el derecho internacional en el ejercicio de sus competencias y este deber se extiende asimismo ad extra de la Unión en virtud del art. 3, apdo. 5, TUE al subrayar el TG que, de acuerdo con este artículo y el art. 21 TUE, apdo. 1, «la acción de la Unión en la escena internacional ha de basarse en los valores y principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación. Debe contribuir, en particular, al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular al respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas».

Más recientemente, el asunto RT France resulta relevante por varios motivos relacionados con el derecho internacional. Por un lado, el art. 3, apdo. 5, TUE fue invocado por el TG como respaldo de la competencia del Consejo para sancionar a un medio de comunicación audiovisual por un contenido editorial inapropiado, en contra de lo que defendían los demandantes, que alegaban que solo las autoridades reguladoras nacionales podían legítimamente hacerlo.

En particular, el TG concluyó, tras observar que las medidas restrictivas adoptadas tenían por objeto «proteger a la Unión y sus Estados miembros frente a las campañas de desinformación y de desestabilización llevadas a cabo por medios de comunicación bajo el control de dirigentes de la Federación de Rusia y que constituyen una amenaza para el orden público y la seguridad de la Unión en un contexto marcado por una agresión militar contra Ucrania», que los objetivos del art. 3, apdo. 5, TUE, incluido el apartado relativo al estricto respecto y al desarrollo del derecho internacional, se pueden alcanzar a través de medidas como las impugnadas porque «la propaganda y las campañas de desinformación pueden poner en cuestión los fundamentos de las sociedades democráticas y forman parte del arsenal de la guerra moderna [por lo que], las medidas restrictivas de que se trata también se enmarcan en la persecución por la Unión de los objetivos que le fija el artículo 3 TUE, apdos. 1 y 5».

Resulta también destacable de esta sentencia que el TG justificara la adopción de medidas restrictivas de la Unión por el Consejo sin haber informado previamente, lo que planteaba dudas sobre la observancia por la Unión del derecho a ser oído, así como sobre la posible limitación del derecho a la libertad de expresión, ante la vulneración de una norma de ius cogens, en particular la agresión de Rusia a Ucrania. A este respecto, en el asunto RT France, el TG concluyó que

Esta conclusión, que ha sido confirmada por sentencias posteriores, es muy relevante pues parece otorgar un derecho directo de la UE, como sujeto de derecho internacional dotado de personalidad jurídica distinta de la de los Estados miembros, a invocar la responsabilidad en caso de violación de las obligaciones contraídas con la comunidad internacional (Gestri, 2022: 83). Se trata además de una de las pocas sentencias en las que el TG define a la Unión como un sujeto de derecho internacional, aunque ese carácter se desprende inter alia de la personalidad jurídica que le confiere el art. 47 TUE.

En un sentido similar, en el asunto Belaruskali/Consejo, la demandante alegó, inter alia, que las medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania contravenían los objetivos establecidos en los arts. 3 TUE y 21 TUE, en particular «puesto que tienen consecuencias dramáticas que afectarán no solo a la Unión, sino a todo el mundo».

Sin embargo, el TG rechazó este argumento, reafirmando que es el Consejo el que define, pronunciándose por unanimidad, el objeto de las medidas restrictivas que adopte la Unión, y que goza de una amplia discrecionalidad a ese respecto, que no había sido sobrepasada en el asunto en cuestión. El TG ha reafirmado esta postura, con referencia al art. 3, apdo. 5, TUE, en sentencias posteriores, confirmadas también por el Tribunal de Justicia. A nuestros efectos, se desprende (tácita pero necesariamente) que la colaboración de Bielorrusia con la agresión de Rusia a Ucrania justifica la actuación de la Unión con arreglo a lo previsto en el art. 3, apdo. 5, TUE, en particular en lo relativo al estricto respecto y al desarrollo del derecho internacional y de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

En suma, de la jurisprudencia analizada se desprende un paulatino crecimiento en la aplicación y relevancia del art. 3, apdo. 5, TUE para exigir no solo el respeto (u observancia) del derecho internacional ad intra por parte de la Unión, sino también para fomentar la observancia del mismo, también por otros actores internacionales, ad extra de la Unión, y en particular para hacer valer obligaciones erga omnes, destacando a este respecto la naturaleza de sujeto de derecho internacional de la Unión diferente de los Estados miembros.

El art. 3, apdo. 5, TUE también ha sido invocado, en particular por varios abogados generales, para limitar el control jurisdiccional ejercido por los tribunales de la Unión de actos que ejecuten obligaciones internacionales, con escasos resultados. Esta función se correspondería en esencia con la función limitadora de la autonomía del derecho de la Unión respecto del derecho internacional («as a brake to autonomy») que Kassoti y Wessel atribuyeron al art. 3, apdo. 5, TUE (2023: 38 y ss.)

En particular, respecto de resoluciones del Consejo de Seguridad, el abogado general Bot ha señalado que este artículo, junto con el art. 21 TUE, «sientan las bases de una acción de la Unión en materia de política exterior y de seguridad común respetuosa con la acción que llevan a cabo las Naciones Unidas», y ha abogado por tener en cuenta el origen y el contexto del acto de la Unión que ha de controlar, y en el caso de actos que ejecutan resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia «no puede hacer abstracción del hecho de que la inclusión en la lista se decide de acuerdo con un procedimiento centralizado y universal a nivel de las Naciones Unidas». A la luz de lo anterior el abogado general consideró que la mejor manera de conciliar los objetivos previstos en los Tratados en este contexto consiste en desarrollar la colaboración con la Organización de Naciones Unidas en este ámbito. El abogado general concluía solicitando la anulación de la sentencia del TG, como también hacían la Comisión y el Consejo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia rechazó los recursos y confirmó la sentencia del TG, sin hacer referencia al art. 3, apdo. 5, TUE.

Asimismo, el abogado general Bot, siguiendo en este punto la opinión del profesor De Witte (2014: 34), señaló en sus conclusiones en relación con el Dictamen 1/17 que el objetivo de contribuir al estricto respeto y al desarrollo del derecho internacional previsto en el art. 3, apdo. 5, «implica lógicamente que la Unión debe favorecer las iniciativas y los mecanismos de control que refuercen la efectividad de los tratados internacionales de los que es parte».

En un sentido similar al defendido por el abogado general Bot, el abogado general Pikamäe relacionó agudamente en el asunto Hansol Paper el vínculo entre la Unión y el Estado de derecho con su compromiso de cumplir plenamente sus obligaciones respecto de los demás miembros de la OMC, citando a este respecto el art. 3, apdo. 5, TUE.

Asimismo, el art. 3, apdo. 5, TUE ha sido invocado por un Estado miembro (Bélgica) ante el Tribunal de Justicia para reforzar la legitimación de un tercer Estado, en particular Venezuela, a los efectos del art. 263 TFUE, habida cuenta de que «negar a un tercer Estado la posibilidad de verse afectado por un acto de la Unión significaría poner en tela de juicio la capacidad de la Unión Europea de cumplir el cometido que le impone el artículo 3 TUE, apartado 5». El Tribunal de Justicia aceptó la legitimación de Venezuela, anulando la sentencia del TG, aunque sin citar a este respecto el art. 3, apdo. 5, TUE. Lo anterior es coherente con el carácter horizontal de los objetivos previstos en el art. 3 TUE, que deben ser tenidos en cuenta al aplicar todo el derecho de la Unión, incluido por tanto el art. 263 TFUE.

Por otra parte, en el asunto Changmao la abogada general Ćapeta invocó el art. 3, apdo. 5, TUE en relación con la espinosa cuestión de la competencia del Tribunal de Justicia para controlar la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, a la luz de las obligaciones de la Unión derivadas de los acuerdos de la OMC.

En particular, la abogada general defendió que la jurisdicción del Tribunal de Justicia no puede depender del consentimiento de las instituciones de la Unión, habida cuenta de que lo anterior no tendría fácil encaje con, inter alia, «los objetivos políticos declarados de las relaciones de la Unión con el resto del mundo, tal como resultan del art. 3 TUE, apartado 5».

El Tribunal de Justicia no entró a discutir esta cuestión en su sentencia, aunque sí lo hizo en el posterior asunto Kaikai, relativo a normas sobre propiedad intelectual, confirmando su jurisprudencia restrictiva sobre el efecto directo de los acuerdos internacionales en materia de comercio para analizar actos de derecho derivado de la Unión, rechazando por tanto la limitación de la autonomía del derecho de la Unión que sugería la abogada general Ćapeta también en aquel asunto.

A este respecto, de los asuntos analizados en los que los abogados generales solicitaban al Tribunal una mayor apertura al derecho internacional, con la consecuente reducción de la autonomía del derecho de la UE, se desprende que, aunque el art. 3, apdo. 5, TUE es susceptible en principio de limitar la autonomía del derecho de la Unión respecto del derecho internacional, esta sigue siendo un elemento muy preciado para el TJUE, del que no parece estar dispuesto a renunciar, como ha subrayado recientemente el propio presidente del TJUE, que no obstante también ha señalado que la autonomía no debe confundirse con el «desapego total» del derecho internacional (Lenaerts et al., 2021b: 57). Se trata, como ha señalado recientemente López Escudero, de una jurisprudencia que subordina la recepción y aplicación de las normas internacionales al respeto de los elementos esenciales del derecho de la Unión, una integración «controlada» habida cuenta de la autonomía del derecho de la Unión (López Escudero, 2026: 252 y 338).

La abogada general Sharpston afirmó en sus conclusiones sobre el Dictamen 2/15, relativo a la firma de un acuerdo comercial con Singapur, en el que se discutía si la competencia exclusiva de la Unión en política comercial permitía la firma de un acuerdo que preveía también disposiciones de desarrollo sostenible y protección medioambiental:

Sin embargo, el Tribunal de Justicia no parece haber seguido en este caso esa sugerencia, reforzando el carácter integrador del art. 3, apdo. 5, TUE, habida cuenta de que el dictamen concluyó que «la obligación de la Unión de integrar dichos objetivos y principios en la realización de la política comercial común se deriva de una lectura conjunta del artículo 207 TFUE, apartado 1, segunda frase, del artículo 21 TUE, apartado 3, y del artículo 205 TFUE».

Además, el Tribunal de Justicia se refirió también a los arts. 9 a 11 TFUE y 3, apdo. 5, TUE para reforzar su conclusión de que el objetivo de desarrollo sostenible forma parte integrante de la política comercial común. De hecho, como ha señalado Cannizzaro, el art. 3, apdo. 5, TUE despliega un efecto normativo y, en particular, amplía el alcance funcional de las competencias sustantivas de la acción exterior de la UE (Cannizzaro, 2021: 3 y ss.).

A este respecto, como ha señalado también la abogada general Kokott, la Unión «debe ejercer sus competencias respetando el Derecho internacional», añadiendo con agudeza en sus conclusiones que «la Unión Europea ha asumido el compromiso expreso de contribuir al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional (artículo 3 TUE, apartado 5, segunda frase) así como al fomento de los principios del Derecho internacional en el resto del mundo (artículo 21 TUE, apartado 1, párrafo primero)».

Por tanto, el art. 3, apdo. 5, TUE ha sido relevante para delimitar el alcance de las competencias de la Unión. En relación con lo anterior, algunos autores han observado la relación del art. 3, apdo. 5, con el Estado de derecho, y en particular que esta disposición podría suponer la proyección internacional del Estado de derecho alcanzado en la UE: «From this perspective, the rule of law, after having been successfully established within the EU, is translated into the objective to further it at the international level» (Larik, 2016: 106).

Cabe traer a colación a este respecto que la abogada general Sharpston se refirió al art. 3, apdo. 5, TUE para concluir que «todos los Estados miembros tienen el deber de afirmar y promover los valores comunes establecidos en el artículo 2 TUE, incluido el Estado de Derecho», lo que en efecto se desprende de la primera frase del art. 3, apdo. 5, TUE, aunque en este caso cobra también relevancia la segunda frase del mismo, donde se encuentra la referencia al estricto respeto del derecho internacional, habida cuenta de que el procedimiento que dio lugar a la sentencia prejudicial en este caso era una solicitud de protección internacional y, en particular, de asilo.

En un sentido similar, varios abogados generales se han referido al art. 3, apdo. 5, TUE para justificar «la exigencia de respeto del Derecho internacional en el ejercicio de las competencias de la UE y la interpretación del Derecho de la UE a la luz del Derecho internacional», o «la obligación de la Unión […] de respetar todo el Derecho internacional cuando adopta un acto», así como para exigir que el Tribunal de Justicia aplique el principio de interpretación conforme «a la hora de analizar las relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho de la Unión», y en particular respecto de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de sus protocolos adicionales en tanto que «principios inconculcables del Derecho consuetudinario internacional».

La interpretación conforme del derecho de la Unión con el derecho internacional fue señalada por Kassoti y Wessel como un ejemplo de la función del art. 3(5) TUE como herramienta interpretativa. Cabe recordar a este respecto que, como ha recordado el presidente Lenaerts, «the Court interprets the Treaty provisions in the light of the Union’s objectives» (Lenaerts et al., 2021a: 83), y el art. 3(5) TUE forma parte de esos objetivos.

A este respecto, en el asunto SuperLeague, la Gran Sala del Tribunal rechazó que el art. 165 TFUE, relacionado con el fomento del deporte, tuviera el mismo rango que los objetivos generales del Tratado, y en particular los incluidos en las «disposiciones de principio» entre las que figuran, en el título II del TUE, las «disposiciones de aplicación general». En particular, el TJUE concluyó que

Podría por tanto desprenderse, a contrario sensu, que las disposiciones de principio incluidas en los títulos I y II, entre las que se encuentra el art. 3, apdo. 5, TUE, han de integrarse o tomarse en consideración de forma vinculante al aplicar las normas del Tratado.

La jurisprudencia reciente parece reforzar esta tesis y en el futuro puede ser incluso ampliada. A este respecto, el abogado general Biondi ha sugerido recientemente, en un asunto relativo a las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la UE y, en particular, a la posible aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido, extender la aplicación del principio de interpretación conforme de acuerdos internacionales concluidos por la Unión que no gozan de efecto directo al derecho nacional de los Estados miembros, y lo ha hecho con referencia al art. 3, apdo. 5, TUE, lo que podría suponer un ejemplo de delimitación expansiva de los efectos del derecho de la Unión, del que forman parte los acuerdos internacionales que la Unión suscribe.

A este respecto, como ha señalado la abogada general Kokott, «con carácter general rige el principio de que, como se desprende del artículo 3 TUE, apartado 5, la Unión contribuye al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional. Por consiguiente, cuando adopta un acto, está obligada a respetar todo el Derecho internacional».

Asimismo, el art. 3, apdo. 5, TUE ha sido invocado por la abogada general Kokott para obligar a las instituciones de la Unión a considerar el contenido de actos de soft law internacional, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y a tenerlos en cuenta en la medida de lo posible al ejercer sus competencias, aun cuando no contengan preceptos jurídicamente vinculantes para la actuación de la Unión.

Finalmente, el abogado general Szpuznar, citando un artículo académico del actual presidente del Tribunal de Justicia, concluyó que el art. 3, apdo. 5, TUE codifica la mayoría de las aclaraciones jurisprudenciales relativas a la relación entre el derecho de la Unión y el derecho internacional.

Esta función se corresponde, en esencia, con la función de norma para el control jurisdiccional atribuida por Kassoti y Wessel al art. 3(5) TUE, cuya evolución jurisprudencial más reciente merece ser analizada, y está estrechamente relacionada con la función de recepción o integración del derecho internacional analizada supra, habida cuenta de que los órganos jurisdiccionales de la Unión han empleado el art. 3, apdo. 5, TUE para analizar la compatibilidad del derecho de la Unión con el derecho internacional, incluido el derecho consuetudinario, el derecho internacional humanitario y las normas imperativas, que han podido ser integrados en el derecho de la Unión con mayor seguridad jurídica a través de este mismo artículo.

En el asunto Western Sahara Campaign UK, el Tribunal de Justicia de la Unión tuvo que analizar, a petición del órgano jurisdiccional remitente, si el Acuerdo de Colaboración con Marruecos, el Protocolo firmado en 2013 y algunos actos de derecho derivado que permiten la pesca de los Estados miembros en aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental, infringen el art. 3 TUE, apdo. 5.

En particular, los demandantes en el pleito principal afirmaban que la inclusión del Sáhara Occidental y sus aguas en el ámbito territorial de aplicación de los mencionados actos era contraria al derecho internacional y, más en concreto, al derecho a la libre determinación, al art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas, a la Convención sobre el Derecho del Mar y a las obligaciones que recaen sobre los Estados y demás sujetos de derecho internacional de poner fin a las infracciones graves de las normas imperativas de derecho internacional, de no reconocer situaciones resultantes de dichas infracciones y de no prestar asistencia a la comisión de ilícitos internacionales.

En sus conclusiones relativas a este asunto, el abogado general Wathelet reconoció la competencia del Tribunal de Justicia para controlar la legalidad de los actos del Consejo a la luz de los Tratados, «así como de los principios constitucionales que de los mismos se derivan», entre ellos, el respeto de los derechos fundamentales y del derecho internacional, con arreglo al art. 3 TUE, apdo. 5. El abogado general subrayó a este respecto que, al no formar parte como miembro de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia es el único órgano jurisdiccional competente para controlar la acción exterior de la Unión y comprobar que tal acción contribuye «al estricto respeto […] del Derecho internacional [y al] respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas».

De esta forma, tras recordar que el art. 3 TUE, apdo. 5, junto a los arts. 21 TUE, apdos. 1 y 2, letras b) y c), 23 TUE y 205 TFUE obligan a la Unión a respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas, concluyó que en la medida en que se aplicaban al territorio del Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes, el Acuerdo de pesca y el Protocolo de 2013, así como los reglamentos adoptados a tal efecto eran contrarios a los artículos mencionados, incluyendo el art. 3, apdo. 5, TUE.

Resulta interesante constatar que, también con base en el art. 3, apdo. 5, el abogado general entendió que la Unión debe cumplir con las exigencias del derecho internacional humanitario, del principio de soberanía sobre los recursos naturales y de las normas imperativas del derecho internacional, esto es, «la obligación de no reconocer una situación ilegal resultante de una vulneración de dichas normas y de no prestar ayuda ni asistencia para el mantenimiento de tal situación».

Sin embargo, el Tribunal de Justicia concluyó que ni el Acuerdo de Colaboración ni el Protocolo de 2013 eran de aplicación a las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental, por lo que el análisis llevado a cabo de la primera cuestión prejudicial formulada por el órgano jurisdiccional nacional no había revelado ningún elemento que pudiera afectar a la validez del Reglamento n.º 764/2006, de la Decisión 2013/785, ni del Reglamento n.º 1270/2013, a la luz del art. 3 TUE, apdo. 5, no considerando procedente analizar el resto de cuestiones prejudiciales planteadas.

No obstante, se desprende al menos de esta sentencia que la legalidad de los actos de la Unión puede ser controlada a la luz del art. 3, apdo. 5, TUE, y que este control obliga al respeto de todo el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, el derecho consuetudinario internacional y las normas imperativas (Kellerbauer et al., 2024: 46 in fine y nota 42). A este respecto, el art. 3, apdo. 5, TUE ha sido también invocado por Estados miembros, en particular por el Reino Unido cuando aún formaba parte de la Unión, para fundamentar la invalidación de las disposiciones de una directiva por ser contrarias a principios de derecho internacional.

La interpretación que se desprende la sentencia del TJUE en Western Sahara, en el sentido de que la vulneración de una norma o principio de derecho internacional puede afectar la validez de un acto de la Unión por obra del art. 3 TUE, apdo. 5, y por tanto que este artículo opera como una «bisagra» del derecho internacional en el de la Unión, fue confirmada por el propio Tribunal en el asunto Frente Polisario, en el que la Gran Sala del Tribunal de Justicia confirmó la sentencia del TG que había sido recurrida constatando que

De este asunto resulta también particularmente relevante, a nuestros efectos, la opinión de la abogada general Ćapeta, quien dedujo del art. 3, apdo. 5, una obligación para los órganos jurisdiccionales de la Unión que va más allá del asunto en cuestión, a saber, la obligación de determinar el significado de una norma de derecho internacional, en particular de derecho consuetudinario, habida cuenta de que al interpretar el derecho internacional el TJUE también contribuye a la creación de la costumbre internacional y a la elaboración de su significado. En particular, la abogada general señaló que

Conviene recordar a este respecto que Hillion ha sugerido que la capacidad del TJUE de controlar actos por vulneración del art. 3, apdo. 5, TUE no se limita a los actos de la Unión, sino que se podría extender también a los de los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto por el deber de cooperación leal previsto por el art. 4, apdo. 3, TUE, interpretado conjuntamente con los objetivos incluidos en el art. 3, apdo. 5, TUE (Hillion, 2014: 26).

En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia reafirmó los principios que emanan de la jurisprudencia anterior en el asunto Front Polisario II, y en el asunto Confédération paysanne, relativo a una cuestión prejudicial sobre la identificación y el etiquetado de melones y tomates procedentes del Sáhara Occidental. Respecto de estas sentencias se ha afirmado que su importancia no puede subestimarse precisamente por poner de relieve el compromiso de la UE con los principios fundamentales del derecho internacional, tal como se definen en los arts. 3, apdo. 5, y 21(1) del TUE (Van Elsuwege, 2025: 2).

El asunto Organisation juive européenne constituye otro ejemplo relevante de la aplicación del art. 3, apdo. 5, TUE por el Tribunal de Justicia. En este caso la Gran Sala del Tribunal tenía que aclarar si la ausencia de la indicación del origen o lugar de procedencia a efectos del Reglamento n.º 1169/2011 de un producto alimenticio originario de un territorio ocupado por Israel era susceptible de inducir a error al consumidor.

A este respecto, en sus conclusiones relativas a este asunto, el abogado general Hogan había subrayado que tanto la ocupación israelí de los territorios palestinos como la política de asentamientos respecto a dichos territorios constituyen claras infracciones del derecho internacional, como lo confirman resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia y de Naciones Unidas, añadiendo que en estas condiciones algunos consumidores podrían albergar consideraciones éticas que influyan en sus preferencias de consumo.

Además, el abogado general citó un asunto en el que el Tribunal de Justicia había dictado la necesidad de distinguir entre los productos originarios del territorio de Israel y los procedentes de Cisjordania, indicando que este análisis era coherente con el art. 3, apdo. 5, TUE. Por tanto, el abogado general concluyó que «la ausencia de la indicación del país de origen o del lugar de procedencia en un producto originario de un territorio ocupado por Israel y, en cualquier caso, de una colonia de asentamiento puede inducir a error a los consumidores respecto al verdadero país de origen o lugar de procedencia del alimento», por lo que la indicación de dicha información viene exigida por el mencionado Reglamento.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia también constató la ilegalidad con arreglo al derecho internacional de la política de asentamientos llevada a cabo por Israel e hizo referencia a las reiteradas condenas del Consejo de Seguridad de la ONU a esta política, citando al abogado general Hogan a este respecto. En este contexto, el Tribunal de Justicia señaló que «ha de subrayarse que, de conformidad con el artículo 3 TUE, apartado 5, la Unión contribuirá al estricto respeto del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas», utilizando por tanto este artículo para reforzar la conclusión a la que finalmente llegó respecto de la cuestión prejudicial planteada, a saber, que el mencionado reglamento exige que los alimentos originarios de un territorio ocupado por el Estado de Israel no solo lleven la indicación de ese territorio, sino también, en el supuesto de que provengan de una localidad o de un grupo de localidades que constituyan un asentamiento israelí situado en dicho territorio, la indicación de esa procedencia. El presidente del TJUE ha destacado este asunto, en el ámbito académico, como un ejemplo de la aplicación del art. 3, apdo. 5, TUE (Lenaerts et al., 2021a: 82).

En suma, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el art. 3, apdo. 5, TUE constituye una base jurídica que permite, por sí misma, analizar la compatibilidad de una norma de derecho derivado de la Unión con el derecho internacional. Este efecto normativo del art. 3, apdo. 5, TUE se ha desplegado también sobre compromisos internacionales como el Acuerdo de París sobre el Clima, considerado como parte del ordenamiento jurídico de la Unión con referencia al precepto objeto de estudio. Asimismo, el art. 3, apdo. 5, TUE ha inspirado también el refuerzo de la legitimación activa de terceros Estados con arreglo al art. 263 TFUE.