eISSN: 1989-9742 © SIPS.
DOI: https://doi.org/10.7179/PSRI_2025.48.03

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Trayectorias educativas de jóvenes extutelados en Cataluña: factores asociados y apoyos tras el egreso

Educational trajectories of care leavers in Catalonia:
associated factors and post-care supports

Trajetórias educacionais de jovens egressos do acolhimento na Catalunha:
fatores associados e apoios

Josefina SALA-ROCA https://orcid.org/0000-0001-9829-5131

Valeska CABRERA-CUADROS https://orcid.org/0000-0002-2560-6303

Laura ARNAU-SABATÉS https://orcid.org/0000-0003-3359-4071

Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha de recepción: 01.VIII.2025

Fecha de revisión: 27.IX.2025

Fecha de aceptación: 07.XI.2025

CONTACTO CON LAS AUTORAS

Josefina Sala-Roca: Facultad de Ciencias de la Educación, Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Cerdanyola del Valles. Barcelona. E-mail: fina.sala@uab.cat

Introducción

La educación, especialmente la educación secundaria, constituye un factor fundamental para la inclusión sociolaboral y el bienestar a largo plazo de la juventud con experiencia en el sistema de protección, actuando como un elemento protector durante su proceso de transición a la vida adulta (Courtney & Hook, 2017; Tootell & Harvey, 2024). Además, el hecho de alcanzar mayores niveles educativos no solo incrementa las oportunidades laborales, habitacionales y los ingresos, sino que también contribuye a reducir las desigualdades y se asocia con mejores indicadores de salud, esperanza de vida y redes de apoyo social (Brandt & Hagge, 2020; Raghupathi & Raghupathi, 2020).

No obstante, la mayoría de los jóvenes con experiencia en el sistema de protección alcanza niveles educativos inferiores a los de sus pares no tutelados, lo que dificulta que puedan aprovechar plenamente las oportunidades y beneficios asociados a la educación. La evidencia internacional muestra que estos jóvenes presentan un rendimiento académico inferior al de sus iguales durante toda la escolaridad obligatoria, así como mayores dificultades para acceder y mantenerse en la educación secundaria y postsecundaria, lo que refleja una brecha persistente en sus logros educativos (Ellis & Johnson, 2024; McNamara et al., 2019; O’Higgins et al., 2017; Sebba & Luke, 2019) que puede perpetuarse de una generación a otra (Parsons et al., 2023).

Entre los múltiples factores que explican esta situación, destacan las experiencias de adversidad previas a la entrada en protección, como el maltrato, así como la alta movilidad escolar, la escasa coordinación entre los sistemas educativo y de protección (Clemens et al., 2017) y la interrupción repentina del apoyo a los 18 años (Tootell & Harvey, 2024). Asimismo, el hecho de estar en acogimiento residencial se asocia con un mayor riesgo de desventaja educativa, lo que sugiere que estos jóvenes constituyen el grupo con mayores dificultades en términos de progreso académico (Gypen et al., 2022; Montserrat et al., 2015). Dentro de este grupo, Miguelena et al. (2022) observan que hay más chicos que chicas que continúan estudiando tras el egreso; sin embargo, ellas lo hacen en mayor medida en itinerarios postobligatorios y superiores y expresan mayores expectativas de seguir formándose. Por otra parte, también señalan que los jóvenes nacidos fuera de España, de menor edad o que residen en recursos de emancipación presentan una mayor continuidad educativa. Más allá del tipo de acogimiento, existen otras variables individuales como el género, la orientación sexual o el origen, que pueden generar desigualdades adicionales. Así, los jóvenes LGBTQ tienen más probabilidades de sufrir acoso escolar (Mountz et al., 2020), mientras que los migrantes no acompañados presentan mayores tasas de abandono educativo debido a barreras lingüísticas, a las situaciones de discriminación o a las dificultades de adaptación cultural (Di Lisio et al., 2025; Mohamed Si Ali et al., 2025; Sanz et al., 2024).

Ante estos retos y dificultades, muchos jóvenes tutelados experimentan frustración y una sensación de diferencia respecto a sus compañeros (Häggman et al., 2018). Esto se ve agravado por la estigmatización social que sufren (Sting et al., 2025) y por las experiencias de aislamiento y acoso escolar que, con frecuencia, enfrentaron durante la escolaridad obligatoria (Arnau y Sala, en revisión).

En este contexto, su red de apoyo, a menudo muy limitada, juega un papel crucial (Okpych & Courtney, 2019), pero no siempre proporciona el acompañamiento necesario para sostener la continuidad educativa (Okland & Oterholm, 2022; Yang & Bechtold, 2021). En algunos casos los propios profesionales de los servicios de apoyo a la transición, ante la urgencia de lograr independencia económica, priorizan itinerarios formativos cortos orientados a la inserción laboral, en detrimento de la continuidad académica (Clemens et al., 2017).

Dentro de la red de apoyo, la familia biológica también puede desempeñar un papel relevante en la continuidad educativa después del egreso (Gilligan et al., 2025). Sin embargo, no todos los jóvenes con experiencia en el sistema de protección cuentan con este respaldo, y en algunos casos esta falta de apoyo se puede ver agravada por responsabilidades familiares, como la maternidad, así como por dificultades relacionadas con los ingresos, el apoyo y la vivienda, lo que dificulta dedicar tiempo al estudio (Clemens et al., 2017; Schelbe et al., 2022).

A pesar de estas barreras, existen factores que pueden promover el progreso académico, como las aspiraciones personales y el apoyo de profesionales y educadores (O’Higgins et al., 2017), así como las relaciones positivas con docentes y compañeros, el uso de estrategias educativas eficaces (Sinclair et al., 2022; Townsend et al., 2023) y la agencia individual (Brady & Gilligan, 2020). También influyen positivamente la estabilidad en el acogimiento (Sebba et al., 2015) así como la prolongación de la permanencia en el sistema de protección (Courtney & Hook, 2017; Kelly et al., 2024). En el estudio longitudinal CalYOUTH, entre el 77 % y el 85 % de los jóvenes que permanecieron en el sistema hasta los 21 años obtuvieron una titulación secundaria y entre el 31 % y el 52 % accedieron a la educación superior, si bien solo una minoría logró completar un título universitario a los 25 años (Okpych & Courtney, 2019). De modo parecido, en Inglaterra, la ampliación de la permanencia en el sistema de protección contribuyó a un incremento notable de la participación de los jóvenes egresados en la educación secundaria y superior, si bien estos jóvenes seguían siendo cuatro veces menos propensos a acceder a la educación superior que sus pares de la misma edad (Harrison, 2018).

A pesar de los obstáculos que aún afronta la juventud extutelada para acceder y mantenerse en la educación postsecundaria, los resultados prometedores de las políticas de extensión de la tutela han despertado un creciente interés internacional como estrategia para mejorar sus oportunidades educativas. No obstante, existen diferencias importantes en la manera en que estas medidas se conceptualizan e implementan en distintos contextos (Van Breda et al., 2020). Esta disparidad entre países subraya la necesidad de analizar de manera más específica cómo las políticas de extensión de tutela y programas de apoyo a la transición inciden en las trayectorias formativas de los jóvenes al alcanzar la mayoría de edad.

1. Justificación y objetivos

En el caso catalán, la tutela legal finaliza a los 18 años y no existe una extensión formal, lo que obliga a los jóvenes egresados a asumir la independencia de manera más rápida y temprana que la mayoría de sus pares de la misma edad. No obstante, desde 1994 se han venido desarrollando programas de apoyo a la transición, regulados con legislación autonómica específica, que permiten a los jóvenes continuar recibiendo ayudas económicas, educativas y habitacionales hasta los 24 años, siempre que permanezcan en formación (Arnau et al., 2021). Estos programas buscan compensar la ausencia de una extensión formal de la tutela y facilitar una transición más gradual hacia la vida adulta. En este marco, Cataluña destaca por disponer de una red amplia y diversificada de servicios de apoyo a la transición para jóvenes extutelados, en contraste con otras comunidades autónomas donde el despliegue de recursos resulta más limitado y desigual (Sanz y Sevillano-Monje, 2022). Sin embargo, pese a la relevancia de estas políticas y apoyos a la transición en Cataluña, la evidencia empírica sobre su efectividad sigue siendo muy limitada. De hecho, son prácticamente inexistentes los estudios que analizan cómo estos programas de apoyo pueden influir en las trayectorias educativas de los jóvenes extutelados.

Esta falta de conocimiento adquiere especial relevancia dado el importante volumen de recursos públicos destinados a acompañar la emancipación de este colectivo. En este sentido, se hace necesario analizar en qué medida los servicios de apoyo a la transición, juntamente con otras variables, inciden en el desarrollo de las trayectorias educativas, con el fin de comprender mejor su efectividad y orientar futuras acciones de mejora.

Para ello, el estudio incorpora la voz de los propios jóvenes tres años después del egreso, con el propósito de responder a las siguientes preguntas:

¿Cuál es su situación educativa actual? ¿Existen diferencias según género, origen, tipo de acogimiento, edad de ingreso o estabilidad en los recursos? ¿Se observan diferencias entre quienes han participado en programas de apoyo a la transición y quienes no? ¿Qué factores contribuyen a explicar su continuidad educativa y el nivel de estudios máximo alcanzado?

El objetivo principal del estudio consiste en analizar las trayectorias educativas de la juventud extutelada en relación con su nivel educativo máximo y la continuidad formativa, considerando la influencia de algunas variables (género, el origen, el tipo de acogimiento, la edad de ingreso, la estabilidad en el acogimiento), y, especialmente, evaluando si la participación en recursos de apoyo a la transición tiene un impacto diferencial en su trayectoria educativa. Se parte de la hipótesis de que la participación en programas o servicios de apoyo a la transición, como los programas económicos y de vivienda, constituyen un elemento clave para favorecer la continuidad en la formación y alcanzar niveles educativos más elevados. De este modo, se espera que los jóvenes que han tenido acceso a estos apoyos presenten trayectorias educativas más desarrolladas y prolongadas, en comparación con aquellos que no han contado con este tipo de recursos.

2. Metodología

Este estudio forma parte de una investigación longitudinal sobre la transición a la vida adulta de jóvenes tutelados (proyecto CALEAMI), desarrollada con la colaboración de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) y la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). La muestra inicial fue de 204 jóvenes, seleccionados mediante muestreo por afijación simple, considerando el género, tipo de acogimiento y condición de migrante no acompañado. Se realizaron dos olas de recogida de datos: la primera entre los 17 y 18 años, centrada en la preparación para la transición, y la segunda, tres años después, enfocada en los apoyos recibidos y su impacto. En este estudio se analizan los resultados correspondientes a la segunda ola.

Muestra

En la segunda ola participaron 161 jóvenes (87 chicos, 74 chicas), cuya edad prevista era entre 20 y 21 años. Sin embargo, cinco participantes tenían 22 años en el momento de la entrevista debido a las dificultades para localizarlos con los datos de contacto facilitados en la primera ola, lo que retrasó su incorporación a la muestra (M = 20,6; SD = 0,8). Estos jóvenes habían sido acogidos en centros residenciales (n = 89) o familias (n = 72). La edad media de ingreso fue menor en acogimiento familiar (M = 7,5) que en centros (M = 13,7). La estabilidad en el sistema fue muy variable (M = 2,49 lugares de acogida). De los participantes, 94 nacieron en España y 67 en el extranjero (principalmente Marruecos). Cincuenta fueron tutelados como menores migrantes no acompañados. En el momento de la entrevista, 100 jóvenes tenían nacionalidad española, y casi todos los restantes contaban con permiso de residencia y trabajo, salvo algunos casos que estaban tramitando la renovación. El 62 % había vivido en viviendas subvencionadas y el 76 % había recibido la prestación económica para jóvenes extutelados.

Instrumento

La recogida de datos se realizó mediante una entrevista estructurada con preguntas cerradas sobre distintos ámbitos relevantes para el estudio: situación educativa actual y su continuidad, el nivel educativo máximo alcanzado, experiencias durante la tutela (tipo de acogimiento, edad de entrada y estabilidad en el acogimiento), experiencias durante la transición y apoyos recibidos (programas de apoyo y permanencia).

En el contexto de este estudio, la continuidad educativa refleja tanto la progresión del participante en el sistema educativo como su permanencia en él a lo largo del tiempo. El nivel educativo máximo alcanzado corresponde al grado más alto completado formalmente y se clasifica en bajo (sin estudios obligatorios), medio (ESO o equivalente) y alto (estudios postobligatorios, como Ciclo Formativo de Grado Superior, bachillerato o estudios superiores).

El instrumento fue revisado por académicos, responsables de administración y jóvenes extutelados, y se pilotó con entrevistas cognitivas (Willis, 2015). No fue necesaria su traducción, ya que todos los participantes hablaban español.

Procedimiento

El contacto con los jóvenes se realizó por los canales facilitados en la primera ola (redes sociales, correo o teléfono). Entre ambas olas se llevó a cabo un contacto intermedio de seguimiento con el fin de mantener la vinculación con los participantes y reducir las pérdidas muestrales. En la segunda ola, se volvió a informar a los jóvenes sobre sus derechos de participación y privacidad, y se programó la entrevista, que fue grabada, transcrita y codificada. La investigación fue aprobada por el comité ético de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEEAH 4546). De los 204 jóvenes iniciales, solo se pudo contactar y entrevistar 118. Para compensar las pérdidas –especialmente entre migrantes no acompañados– se incorporaron 43 nuevos participantes proporcionados por la administración, mayoritariamente usuarios de programas de transición, para alimentar la muestra inicial. Se aplicó una ponderación muestral para corregir desequilibrios según sexo, origen, tipo de acogimiento y acceso a apoyos (vivienda y prestación económica). Las ponderaciones se definieron por subgrupos, tomando como referencia la distribución de la población en estas variables. En ambos grupos se aplicó el mismo instrumento, asegurando así la fiabilidad y comparabilidad de la información.

Análisis de datos

Las respuestas fueron codificadas mediante análisis categorial mixto, combinando categorías deductivas definidas previamente en las opciones de la entrevista estructurada, y emergentes, en las dos preguntas abiertas sobre el tipo de estudios realizados y la forma de financiación. Todas las respuestas fueron transformadas en una matriz numérica que permitió su análisis cuantitativo con el software SPSS Statistics.

Se aplicaron análisis descriptivos e inferenciales, incluyendo tablas de contingencia, comparaciones de medias, correlaciones y regresión logística. Además, se realizaron análisis comparativos entre los jóvenes que ingresaron en el sistema de protección por ser menores migrantes no acompañados (MNA) y aquellos que lo hicieron por otras razones, tuvieran o no nacionalidad española (No-MNA).

También se compararon los resultados según el sexo y el tipo de acogimiento (residencial o familiar). Estas dos comparaciones se efectuaron únicamente con los jóvenes No-MNA, dado que casi todos los MNA son varones y han estado exclusivamente en acogimiento residencial, lo que habría introducido un sesgo en el análisis. Finalmente, se examinó el efecto de la edad de entrada en el sistema de protección y la participación en los programas de vivienda y prestación económica para jóvenes extutelados.

3. Resultados

Para analizar la formación reglada de los jóvenes se tuvieron en cuenta las siguientes variables: a) el nivel máximo de estudios alcanzado, ya fueran finalizados o en curso; b) la continuidad educativa (si estaban estudiando en el momento de la entrevista); c) el tipo de estudios que cursaban en ese momento; y d) la forma de financiación de dichos estudios.

3.1. Nivel de estudios alcanzado

Se preguntó a los jóvenes por los estudios finalizados y se analizó el nivel máximo de estudios alcanzados. En la Tabla 1, se puede observar la distribución del nivel formativo máximo. Más de un tercio de los jóvenes no había completado la educación obligatoria, casi una quinta parte tenía como nivel máximo la ESO o equivalente, y menos de la mitad había alcanzado o estaba cursando estudios postobligatorios.

En cuanto a las certificaciones educativas obtenidas, dos tercios contaban con la ESO o estudios equivalentes, mientras que algo menos de la mitad había completado ciclos formativos. Muy pocos habían cursado el bachillerato y ninguno había finalizado aún estudios universitarios.

3.2. Continuidad educativa y financiación de los estudios

Como puede observarse en la Tabla 1, aproximadamente una tercera parte de los jóvenes continuaba estudiando en el momento de la entrevista algún estudio reglado. La mayoría de los que lo hacían estaba estudiando formación profesional de grado medio y superior. Muy pocos jóvenes estaban estudiando en la universidad, y solo tres jóvenes lo hacían en estudios no reglados. Respecto al tipo de formación que realizaban, los CFGM más habituales eran auxiliar de enfermería, electromecánica, cocina, estética o administración. Los CFGS se centraban en integración social, educación infantil, informática, cocina y enfermería. Los estudios universitarios incluían grados como Educación Social, Trabajo Social, Sociología e Ingeniería.

En conjunto, al preguntar a los jóvenes cómo financiaban sus estudios, la mayoría indicó que estos eran gratuitos o estaban exentos de pago. Una cuarta parte mencionó que contaba con la prestación económica para jóvenes extutelados para cubrirlos, mientras que unos pocos manifestaron que los financiaban con una beca. Aproximadamente una quinta parte afirmó que los financiaba con recursos propios y un número reducido mencionó recibir ayuda familiar (Tabla 1).

3.3. Diferencias según origen migrante

Tal como se observa en la Tabla 1, los jóvenes MNA presentaban niveles formativos significativamente inferiores a los de sus pares no migrantes. Aproximadamente la mitad no había completado la educación obligatoria, mientras que entre los No-MNA algo más de la mitad había accedido a estudios postobligatorios.

En la misma línea, la continuidad educativa –entendida como estar cursando estudios reglados en el momento de la entrevista– era mucho menor entre los MNA que entre los No-MNA, y además se concentraba en niveles formativos más bajos (Tabla 1).

En relación con las fuentes de financiación de los estudios, los jóvenes MNA informaban que dependían sobre todo de sus propios recursos, si bien un tercio señalaba que cursaba estudios gratuitos o exentos de pago. Este patrón sugiere un notable esfuerzo personal para sostener sus estudios, junto con el aprovechamiento de medidas de apoyo institucional. En cambio, las prestaciones tienen un papel prácticamente residual en este grupo y la ayuda familiar es inexistente (Tabla 1).

Por su parte, los jóvenes No-MNA señalaron que se beneficiaban principalmente de la gratuidad, aunque en su caso las prestaciones y la ayuda familiar tienen una presencia más destacada, lo que refleja un acceso relativamente más diversificado a los recursos económicos disponibles.

3.4. Diferencias según género

Dado que en el grupo de jóvenes No-MNA no había prácticamente chicas, se analizó la incidencia de la variable género solo en el subgrupo de jóvenes No-MNA, para evitar sesgos en los resultados.

Como puede observarse en la Tabla 2, los chicos tendían a alcanzar niveles educativos más altos, mientras que las chicas mostraban una mayor continuidad educativa en estudios reglados. Por último, considerando la variable género, no se observaron diferencias significativas en cómo financiaban sus estudios.

3.5. Impacto del tipo de acogida

Para analizar las diferencias atribuibles al tipo de acogimiento (Tabla 2) se realizó una prueba χ² dentro del grupo de jóvenes No-MNA. También en este análisis se excluyeron los jóvenes MNA porque prácticamente la totalidad de ellos fueron acogidos en centros residenciales (99 %), por lo que incluirlos habría sesgado los resultados.

El tipo de acogida también influyó en el nivel educativo máximo alcanzado (Tabla 2). Entre los jóvenes No-MNA, los jóvenes acogidos en familia alcanzaban niveles educativos notablemente más altos que quienes habían vivido en centros residenciales. No obstante, se debe considerar que el efecto del tipo de acogimiento puede estar influido por la edad de ingreso en el sistema de protección que se analizará más adelante, ya que los jóvenes que fueron acogidos en familia entraron a edades más tempranas en el sistema de protección que los jóvenes acogidos en centros residenciales (15,4 vs. 12,9, p = ,033).

En el momento de la entrevista se observó que los jóvenes acogidos en familia cursaban con mayor frecuencia estudios universitarios y menos ciclos formativos de grado superior que los acogidos en centros residenciales, aunque estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas. En cuanto a la financiación, los jóvenes en familia señalaban depender más de las prestaciones y menos de la gratuidad o exención de pago.

3.6. Edad de entrada y estabilidad en el acogimiento

El impacto de la edad de entrada en el sistema de protección sobre la formación se analizó mediante el índice Tau-b, diferenciando entre jóvenes MNA y No-MNA, ya que el rango de edad al inicio de la tutela es mucho más amplio en el caso de los jóvenes No-MNA (0-17 años) que en el de los jóvenes MNA (13-17 años) (Tabla 3).

Entre los jóvenes No-MNA, la edad de entrada en el sistema mostró una fuerte correlación inversa con el nivel educativo alcanzado; es decir, que los jóvenes que fueron tutelados a edades más tempranas eran los que alcanzaron niveles educativos superiores. Igualmente, la estabilidad en el acogimiento (menos cambios de recurso) se asoció fuertemente con mejores resultados educativos en estos jóvenes. En cambio, entre los MNA, las correlaciones fueron más débiles y en sentido opuesto, lo que indica un patrón distinto respecto al observado en el grupo no migrante.

3.7. Programas de apoyo: vivienda y prestación económica

Al alcanzar la mayoría de edad, en Cataluña los jóvenes pueden acceder a dos recursos fundamentales para facilitar su transición a la vida adulta: el programa de vivienda para extutelados, que ofrece pisos compartidos con acompañamiento educativo, y la prestación económica, destinada a quienes carecen de recursos y mantienen un proyecto formativo o de inserción laboral. Un 44,2 % de los jóvenes MNA accedió al programa de vivienda, frente a un 10,9 % de los No-MNA. Dada la baja participación de estos últimos en el programa de vivienda, el impacto de este programa se analizó únicamente en el grupo MNA.

Los resultados muestran que la participación en estos programas se asocia con diferencias significativas en los logros educativos y la posibilidad de continuar sus estudios (Tabla 4).

Los jóvenes MNA que accedieron al programa de vivienda y a la prestación económica para jóvenes extutelados tenían niveles formativos un poco más altos que los que no accedieron. Se observó un mayor porcentaje de jóvenes estudiando en el grupo del programa de vivienda, aunque esta diferencia no alcanzó la significación estadística. Además, un mayor porcentaje de jóvenes que se continuaba formando que recibía la prestación económica. Sin embargo, no se halló ninguna relación entre la duración de la prestación y la continuidad educativa en este grupo.

En el grupo No-MNA, la prestación económica para jóvenes extutelados también aparece asociada a trayectorias educativas más favorables. Entre los jóvenes que si percibieron la prestación económica había niveles educativos más altos, y si bien había un mayor porcentaje de ellos que continuaba estudiando, esta diferencia no alcanzaba la significación estadística. Sin embargo, todos los que estudiaban en la universidad si tenían prestación. En lo que se refiere a la financiación, la mitad de los que tenían la prestación para jóvenes extutelados informaban que la prestación les permitía financiar los estudios, con lo que podían cursar estudios no gratuitos, mientras que todos los jóvenes que no recibían la prestación y se hallaban estudiando lo hacían en estudios gratuitos.

En conjunto, los resultados indican que la participación en los programas de apoyo –tanto residenciales como económicos– ejerce un efecto positivo moderado sobre la continuidad educativa de los jóvenes extutelados, si bien su impacto varía en función del origen y del contexto de acogimiento.

3.8. Variables predictoras

Con el objetivo de identificar los factores que explican las diferencias educativas entre los jóvenes extutelados, se realizaron análisis de regresión logística diferenciando por origen, tipo de acogimiento y sexo mediante el método paso a paso por razón de verosimilitud (Tabla 5).

Entre los jóvenes No-MNA, la edad de entrada en el sistema de protección emergió como el principal predictor del nivel educativo alcanzado: quienes ingresaron a edades más tempranas presentaban mayor probabilidad de realizar estudios postobligatorios (χ²(1) = 7.54; Nagelkerke R² = ,24.7; p = .006). El modelo clasificó correctamente el 75.9 % de los casos.

Dado que los jóvenes acogidos en familia suelen haber ingresado a edades más tempranas en el sistema de protección, se profundizó en el análisis con diferentes regresiones logísticas para los jóvenes No-MNA acogidos en centros residenciales y los jóvenes acogidos en familias, considerando como potenciales predictores la edad de entrada y la percepción de la prestación económica. En el grupo de jóvenes No-MNA acogidos en centros residenciales, tanto la edad de entrada en protección como la percepción de prestación económica emergieron como variables predictoras del nivel educativo alcanzado, pero en sentidos opuestos: la edad de entrada tenía una relación inversa con el nivel educativo alcanzado –siendo los que entraron más temprano los que obtuvieron niveles más elevados– y la prestación económica en sentido positivo (χ²(1) = 14.64; Nagelkerke R² = 0,61; p = .001). El modelo clasificaba correctamente el 84.4 % de los casos. En cambio, en el grupo acogido en familia no se identificó ningún modelo significativo con estas variables.

Cuando se realizó un análisis diferencial por chicos y chicas, en el grupo de chicas No-MNA solo emergió una variable predictora del nivel educativo alcanzado, la prestación económica (χ²(1) = 18.43: Nagelkerke R² = ,85; p < .001). El modelo clasificaba correctamente el 95.2 % de los casos. En el caso de los chicos, no se identificó ningún modelo predictor significativo.

No obstante, no se halló ningún potencial modelo predictor de la continuidad educativa entre los diferentes grupos de jóvenes No-MNA.

En el caso de los jóvenes MNA el análisis de regresión logística no encontró ningún modelo significativo que predijera el nivel educativo alcanzado, pero si la continuidad educativa. En este caso la participación en el programa de vivienda predecía de forma significativa estar cursando estudios reglados en el momento de la entrevista (χ²(1) = 5.91; Nagelkerke R² = ,12; p = .015). El modelo clasificó correctamente el 86.7 % de los casos.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados muestran que, tres años después de egresar del sistema de protección, la juventud extutelada presenta trayectorias educativas desiguales y fragmentadas. La baja continuidad en los estudios postsecundarios reglados, el reducido acceso a la universidad y el hecho de que un porcentaje significativo aún no había completado la educación secundaria obligatoria evidencian la persistencia de barreras estructurales y de oportunidades dentro de este colectivo. Estos resultados coinciden con estudios previos que describen trayectorias poco lineales, a menudo prolongadas en el tiempo, con interrupciones, reenganches y dificultades de acceso a la educación superior (Montserrat et al., 2013; Schelbe et al., 2022; Yang & Bechtold, 2021). Esta desigualdad estructural no solo limita sus oportunidades educativas, sino que representa un factor de riesgo añadido en la transición a la vida adulta, especialmente en relación con el empleo y los ingresos. Según el informe Panorama de la Educación 2022, la tasa de ocupación se incrementa significativamente con el nivel educativo, y los ingresos de quienes acceden a estudios superiores son un 41 % más altos que los de quienes solo finalizan la secundaria (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022). Estos hallazgos ponen de relieve que las trayectorias educativas limitadas acumulan desventajas a lo largo de la transición a la vida adulta.

Uno de los factores de desigualdad más relevantes que se desprende de los resultados es la condición MNA. Más de la mitad no había alcanzado la secundaria obligatoria, y tenían una continuidad más limitada en los estudios, en comparación con los jóvenes tutelados no-MNA. A estas dificultades se sumaban importantes barreras económicas, ya que casi la mitad de los jóvenes MNA se costeaba sus estudios con recursos propios y apenas un pequeño porcentaje decía haber recibido la prestación para jóvenes extutelados. Estos resultados coinciden con la literatura previa que subraya el impacto de los obstáculos lingüísticos, el estrés derivado de la aculturación y las experiencias de discriminación en el acceso y permanencia educativa (Di Lisio et al., 2025; Mohamed Si Ali et al., 2025).

Los resultados también muestran que la edad de entrada en el sistema de protección aparece como una variable explicativa relevante. Entre los jóvenes no-MNA, se observó una clara correlación inversa entre la edad de entrada y el nivel educativo: cuanto más temprana fue la entrada, mayor fue la probabilidad de alcanzar estudios postobligatorios. Este hallazgo refuerza la evidencia sobre el valor de las intervenciones precoces (Gardiner et al., 2019; Sebba et al., 2015) y plantea interrogantes sobre la demora en separar a los niños de entornos familiares negligentes o maltratantes. Asimismo, los resultados del estudio mostraron que la estabilidad durante la etapa tutelada desempeña un papel importante: los jóvenes no-MNA que habían cambiado menos veces de recurso tendían a presentar mejores resultados educativos; estos resultados están en línea con estudios que vinculan la movilidad institucional con rupturas escolares y pérdida de vínculos significativos (Clemens et al., 2017).

Otro aspecto relevante que se desprendió de los resultados fue el tipo de acogida. Dentro del grupo no-MNA, los jóvenes que vivieron en familias de acogida presentaban niveles educativos notablemente más altos que los que estuvieron en centros residenciales. Estas diferencias se pueden explicar, en parte, por factores estructurales asociados al tipo de acogimiento, como los cambios frecuentes de recurso y la menor individualización del acompañamiento en contextos residenciales (Montserrat et al., 2013; O’Higgins et al., 2017). No obstante, debe considerarse que el tipo de acogida está estrechamente relacionado con la edad de entrada en el sistema, ya que quienes vivieron en familias de acogida ingresaron a edades más tempranas, lo que el efecto observado podría deberse más a la edad de entrada temprana en el sistema que al tipo de acogimiento en sí. Esto señala la necesidad de estudios futuros que profundicen en cómo la edad de entrada y el tipo de acogimiento interactúan para influir en los resultados educativos. Respecto al género, se observan patrones diferenciados. En el grupo no-MNA, los chicos accedieron con más frecuencia a estudios postobligatorios, mientras que las chicas lograron mantener una continuidad más sostenida en la educación reglada. Estos datos sugieren que, pese a partir de posiciones más vulnerables, las chicas desarrollan trayectorias más resilientes y sostenidas (Larsson et al., 2024).

El papel de los apoyos institucionales después del egreso también resulta clave tanto en la continuidad educativa como en nivel máximo de estudios alcanzado. En el caso de los jóvenes MNA, el único factor que predijo la continuidad educativa fue el acceso al programa de vivienda. La prestación económica también mostró efectos favorables, especialmente entre las chicas No-MNA, donde se relacionó con el nivel máximo de estudios alcanzados. Sin embargo, su influencia no fue significativa respecto al hecho de estar estudiando en el momento de la entrevista, lo que sugiere que el impacto de la prestación económica podría estar más ligado al acceso inicial que al mantenimiento en los estudios. Entre los jóvenes MNA, la ausencia de la prestación se vinculó con peores resultados, aunque no emergió como un predictor único. En conjunto, estos hallazgos constatan que los recursos de apoyo a la transición, como los programas de vivienda y la prestación económica, pueden facilitar el acceso a estudios postobligatorios y mejorar los niveles educativos alcanzados, así como la continuidad educativa. Estos resultados concuerdan con los estudios del Midwest, que muestran que permanecer en el sistema de protección más allá de los 18 años aumenta la probabilidad de acceder a estudios postsecundarios (Okpych & Courtney, 2020). Los datos subrayan la importancia de mantener y asegurar estos apoyos una vez los jóvenes abandonan el sistema de protección a los 18 años para que puedan consolidar trayectorias educativas más estables, acceder a estudios postobligatorios y minimizar el riesgo de interrupciones educativas que comprometan su continuidad. Finalmente, los análisis permitieron identificar perfiles diferenciados. Entre los jóvenes no-MNA en centros residenciales, la edad de entrada y la percepción de la prestación explicaban más del 60 % de la varianza en el nivel educativo. En cambio, entre quienes estuvieron en familias de acogida o entre los chicos, no se encontraron predictores estadísticamente significativos. Esto sugiere que el efecto de los factores contextuales puede variar según el perfil, y refuerza la necesidad de abordajes más personalizados e interseccionales.

Los resultados del estudio confirman la influencia del tipo de acogida, la edad de entrada, la estabilidad y los apoyos disponibles en las trayectorias educativas. Es necesario reforzar en Cataluña las políticas de acompañamiento tras el egreso, asegurando la provisión de recursos económicos y residenciales con enfoque interseccional, de manera que se promueva la equidad y se mitiguen las desigualdades estructurales. Es fundamental que las políticas públicas contemplen itinerarios flexibles y diversificados, así como apoyos sostenidos que se ajusten a las necesidades y ritmos individuales, reconociendo la diversidad de experiencias de los jóvenes (Yang y Bechtold, 2021). Se recomienda, además, ampliar programas como la reserva de plazas universitarias (Sala-Roca et al., 2024) y promover políticas capaces de responder a la complejidad y a la prolongada temporalidad de sus itinerarios formativos. Asimismo, resulta clave combatir el estigma y las bajas expectativas para fomentar aspiraciones elevadas tanto entre los jóvenes como entre los profesionales. De igual modo, es necesario desarrollar estudios que permitan analizar con mayor profundidad los apoyos que favorecen la continuidad educativa.

Contribuciones (taxonomía CRediT)

Financiación

Este artículo se ha realizado con financiación de la Agencia Estatal de Investigación (PID2019-105163RB-I00).

Declaración de conflictos de interés

Las autoras declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

Agradecemos sinceramente a los jóvenes con experiencia en el sistema de protección por compartir sus vivencias y contribuir al desarrollo de esta investigación. El estudio fue financiado por la Agencia Estatal de Investigación (PID2019-105163RB-I00) y realizado en colaboración con la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) y la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA).

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