eISSN: 1989-9742 © SIPS. DOI: 10.7179/PSRI_2024.46.04

http://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/

Buenas prácticas y necesidades de formación de los profesionales en los servicios de intervención y apoyo familiar

Best practices and training needs for practitioners in family intervention
and support services

Boas práticas e necessidades de formação de profissionais em serviços
de intervenção e apoio familiar

Victoria HIDALGO* https://orcid.org/0000-0002-9179-2722

Enrique ARRANZ** https://orcid.org/0000-0002-4481-3420

M.ª Ángeles ESPINOSA*** https://orcid.org/0000-0003-3109-3185

Juan Carlos MARTÍN**** https://orcid.org/0000-0001-7283-1952

M. Angels BALSELLS***** https://orcid.org/0000-0003-3283-8222

Raquel-Amaya MARTÍNEZ****** https://orcid.org/0000-0003-3254-8655

Adriana ALAMO******* https://orcid.org/0000-0002-4747-1243

M.ª José RODRIGO******* https://orcid.org/0000-0001-5504-886X

*Universidad de Sevilla, **Universidad del País Vasco, ***Universidad Autónoma de Madrid, ****Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, *****Universidad de Lleida, ******Universidad de Oviedo y *******Universidad de La Laguna

Fecha de recepción: 16.VII.2024

Fecha de revisión: 19.IX.2024

Fecha de aceptación: 05.XI.2024

CONTACTO CON LOS AUTORES

Victoria Hidalgo: Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla. C/ Camilo José Cela s/n. 41018 Sevilla. E-mail: victoria@us.es

Introducción

La creciente sensibilidad social por las necesidades y derechos de la infancia, junto al incremento de las necesidades de apoyo de las familias debido a los profundos cambios sociales de las últimas décadas (Ayuso, 2019), han contribuido a aumentar la conciencia política sobre la importancia de poner en marcha actuaciones que apoyen a mujeres y hombres en el ejercicio de la parentalidad. De hecho, las actuaciones de intervención familiar encaminadas a garantizar que las familias cumplan adecuadamente sus funciones –principalmente las educativas– se han convertido actualmente en un eje central y prioritario de las políticas sociales de la gran mayoría de los países europeos (Daly et al., 2015; Davies et al., 2016). Para el desarrollo de estas políticas y actuaciones, disponemos en la actualidad de un marco normativo a nivel internacional, nacional y local que da cobertura a diferentes servicios que tratan de cubrir las necesidades de apoyo de las familias desde unos planteamientos teóricos y metodológicos que cuentan con un importante consenso y bastantes evidencias científicas de su efectividad (Churchill et al., 2024; Hidalgo et al., 2024).

Un hito fundamental en la concepción actual de la intervención familiar fue la Recomendación del Consejo de Europa (Rec 2006/19) sobre Políticas de Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidad. Tal y como establece esta recomendación, la parentalidad positiva se refiere “al comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación, que incluye el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño” (Consejo de Europa, 2006, p. 3). Esta regulación europea establece además que los estados deben desarrollar políticas que garanticen el apoyo a todas las familias y favorezcan la calidad de la atención mediante la mejora de los servicios y la formación de profesionales. La creciente incorporación del enfoque de la parentalidad positiva, tanto en el ámbito institucional como profesional, ha contribuido a que se hayan incrementado considerablemente las intervenciones psicoeducativas y comunitarias de apoyo familiar desde un enfoque preventivo, positivo y capacitador. En muchos casos, estas intervenciones adoptan una modalidad grupal y utilizan la metodología experiencial, constituyéndose como espacios de apoyo entre familias en situaciones similares, que favorecen el perspectivismo en relación con las prácticas educativas y promueven la incorporación de cambios en el funcionamiento familiar (Longás et al., 2016; Rodrigo, Máiquez et al., 2015).

Las intervenciones familiares desde el enfoque de la parentalidad positiva cuentan actualmente con un importante respaldo tanto a nivel legislativo (Consejo de Europa, 2011; BOE, 2021) como científico (Bornstein et al., 2022; Hidalgo, Rodríguez-Ruiz et al., 2023; Toros y Falch-Eriksen, 2021). No obstante, sigue siendo un reto pendiente el lograr que en las intervenciones con familias se utilicen programas basados en evidencias; esto es, programas que hayan demostrado científicamente que producen efectos positivos en las familias y que cumplan con los estándares de calidad que deben caracterizar este tipo de intervenciones (Asmussen, 2011). Los programas basados en evidencias, además de haber demostrado su efectividad, deben tener en cuenta tanto el entorno sociocultural en el que se implementan como el contexto del personal técnico que lo aplican. De hecho, las prácticas basadas en la evidencia se definen como la integración de la mejor evidencia procedente de la investigación con la experiencia profesional y teniendo en cuenta las características específicas de la población destinataria (Grimshaw et al., 2012). En este sentido, la European Family Support Network (EurofamNet) ha definido como componentes centrales de la calidad de los programas de apoyo familiar, junto con la efectividad, la responsividad, la viabilidad, la ética profesional, la inclusividad y la sostenibilidad (Özdemir et al., en prensa). Además de cumplir con estos principios generales, los criterios de calidad de los programas basados en la evidencia tienen que ver con el diseño (e.g. contar una sólida fundamentación teórica que explicite el modelo de cambio; tener un alto grado de sistematización), la evaluación (e.g. usar instrumentos de medida validados; demostrar la existencia de cambios positivos con tamaño del efecto relevantes) y la implementación (e.g. lograr un adecuado balance entre fidelidad y flexibilidad; disponer de un manual detallado) (Flay et al., 2005; Gottfredson et al., 2015; Rodrigo et al., 2023).

A la hora de asegurar unas condiciones que garanticen la calidad de la implementación, la labor del personal técnico tiene un papel central en los programas basados en la evidencia (Hidalgo, 2022; Hidalgo, Balsells et al., 2023). En concreto, entre los factores que se relacionan con la efectividad de las intervenciones figuran la adecuada formación y capacitación profesional, así como el compromiso y valoración del personal técnico de los programas que aplican (Casillas et al., 2016; Child Welfare Information Gateway, 2013; Durlak y DuPre, 2008; Fixsen et al., 2005). En el ámbito de la formación profesional, actualmente está tomando mucho peso el concepto de práctica profesional reflexiva, que supone reconocer que el personal técnico realiza una construcción personal de los conocimientos y de los enfoques de intervención que guía y orienta sus actuaciones en el trabajo con las familias (Canavan et al., 2016). Esto implica que la formación de profesionales no puede limitarse a una capacitación inicial, sino que tiene que concebirse como un proceso de acompañamiento continuado que se prolonga durante toda la intervención y tiene un carácter reflexivo, otorgándole a los equipos profesionales un gran protagonismo (González-Caparrós y Bas-Peña, 2024). Una concepción de la formación profesional acorde con estos planteamientos es crucial para favorecer su compromiso y fidelidad con los fundamentos teóricos, los principios metodológicos y las condiciones de implementación relacionadas con la efectividad de las intervenciones (Canavan et al., op. cit.).

Esta forma de entender los procesos de formación de profesionales en el ámbito de la intervención familiar ha estado muy presente en las actuaciones realizadas en España para impulsar el enfoque de la parentalidad positiva. Mediante la colaboración mantenida de forma constante desde 2009 entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Federación Española de Municipios y Provincias y un grupo de investigadoras e investigadores de diferentes Universidades españolas (Rodrigo et al., 2018), se han desarrollado políticas informadas en parentalidad positiva a partir de la evidencia generada en los intercambios entre la ciencia aplicada y la experiencia profesional. Esta colaboración trilateral entre política, ciencia y práctica ha tenido desde sus inicios como un objetivo primordial la formación en cascada de responsables políticos de diversos niveles de la administración y de distintos sectores para difundir el enfoque de la parentalidad positiva entre los equipos de profesionales de primera línea. Asimismo, se ha estado llevando a cabo formación y asesoramiento en relación con la implementación y evaluación de programas de parentalidad positiva para obtener evidencias de su efectividad y contribuir a su difusión (Rodrigo, Hidalgo et al., 2023).

Esta fructífera colaboración entre responsables políticos, personal investigador y profesionales realizado en España en el marco de la parentalidad positiva ha permitido elaborar recursos de apoyo y formación para los equipos profesionales, entre ellos, la Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva (Rodrigo, Amorós et al., 2015) y la Guía de Competencias Interprofesionales en Parentalidad Positiva (Rodrigo, Arranz, et al., 2021). Desde el convencimiento de la importancia de implementar buenas prácticas y de una formación profesional que asegure la calidad en los servicios de atención familiar, con estos materiales se ha tratado de poner a disposición de los equipos profesionales las acciones formativas y los recursos necesarios para conocer y aplicar lo previsto en las regulaciones internacionales y nacionales respecto al ámbito de la intervención familiar, hacerles partícipes de los principales avances conceptuales teóricos y metodológicos en relación con el trabajo con familias, desarrollar una buena cultura de la evaluación y promover la incorporación de procesos de innovación y mejora en los servicios (Hidalgo, Balsells et al., 2023).

En el caso concreto de la Guía de Buenas Prácticas, se trata de un recurso elaborado con el objetivo de introducir el enfoque de parentalidad positiva en los servicios de atención familiar y fomentar en ellos procesos de innovación y mejora de su calidad. Esta guía permite clarificar qué se entiende por parentalidad positiva y qué prácticas profesionales constituyen indicadores de calidad. Mediante un proceso de elaboración riguroso, se identificaron buenas prácticas para el trabajo con familias que van acompañadas de preguntas para la reflexión e indicadores de acción. Todo ello se recoge en un protocolo que permite valorar las condiciones del servicio, la idoneidad y pertinencia de las actuaciones profesionales, así como la calidad de los programas utilizados. En definitiva, la Guía de Buenas Prácticas se ha concebido como una herramienta de autoevaluación que debe cumplir una función formativa y facilitadora del cambio necesario para mejorar la calidad de los servicios (Rodrigo, Amorós et al., 2015).

En este marco de las actuaciones desarrolladas en España para incorporar buenas prácticas en los servicios de atención familiar desde el marco de la parentalidad positiva, el objetivo de este estudio fue analizar las necesidades formativas de los equipos profesionales que trabajan desde el enfoque de la parentalidad positiva en servicios de intervención familiar en España cuando quieren llevar a cabo procesos de innovación y mejora de los servicios. Como se explica en la sección de Metodología, estas necesidades de formación profesional se han obtenido mediante la aplicación del protocolo de autoevaluación elaborado a partir de la Guía de Buenas Prácticas.

Metodología

Los resultados que se presentan en este estudio proceden del análisis de 54 planes de mejora de entidades públicas y privadas de atención familiar que han obtenido el reconocimiento a la promoción de la parentalidad positiva, otorgado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Estas entidades habían evaluado sus servicios y/o programas de forma voluntaria con del Protocolo on-line de la Guía de Buenas Prácticas (Rodrigo, Amorós et al., 2015) que está disponible en la www.familias en positivo.org para todas todos aquellos equipos profesionales que quieran llevar a cabo un proceso de autoevaluación y mejora de los servicios de intervención y apoyo familiar desde el enfoque de parentalidad positiva.

Como ya se ha señalado en el apartado de Introducción, la Guía de Buenas Prácticas es un recurso diseñado para apoyar la práctica de los equipos profesionales que trabajan con familias. Para ello, la guía incluye 25 buenas prácticas que se agrupan en tres partes diferentes: la primera parte incluye 9 buenas prácticas relativas a las características y organización del servicio; la segunda parte integra 11 buenas prácticas para analizar las actuaciones profesionales; y la tercera parte se compone de 5 buenas prácticas relacionadas con las características de los programas que se utilizan. Las 25 buenas prácticas se autoevalúan a través de 189 indicadores objetivos. Una vez cumplimentado el Protocolo de Buenas Prácticas, en su versión on-line, se genera de manera automática un informe que identifica tanto las fortalezas relacionadas con los tres ámbitos evaluados (organización del servicio, actuación profesional y programas utilizados) como una serie de recomendaciones para el cumplimiento de cada una de las 25 buenas prácticas. A partir de los resultados obtenidos mediante este proceso de autoevaluación, las entidades y/o servicios elaboran sus planes de mejora estableciendo una serie de prioridades para incorporar buenas prácticas basadas en la evidencia con el objetivo de poner en marcha procesos de innovación que supongan la mejora de la calidad de los servicios. En concreto, los planes de mejora deben definir las prioridades elegidas por la entidad y establecer una calendarización para conseguirlas, estableciendo prioridades a corto, a medio y a largo plazo. Una vez definidas estas prioridades se deben detallar las acciones relacionadas con cada una ellas para alcanzar los objetivos propuestos, así como los recursos personales y materiales necesarios, incluyendo las necesidades de formación derivadas de las mismas. Finalmente, los planes de mejora deben incluir una propuesta de evaluación que permita obtener información acerca de los progresos realizados. Una vez elaborado el plan de mejora la entidad, pública o privada, puede solicitar el reconocimiento a la Promoción de la Parentalidad Positiva que otorga el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la FEMP.

En concreto, para este estudio, se analizaron las necesidades de formación incluidas en los 54 planes de mejora de las entidades públicas y privadas de todo el territorio español que han llevado a cabo el proceso de autoevaluación y obtenido el reconocimiento oficial hasta la actualidad. La participación de los equipos profesionales fue voluntaria, se aseguró la confidencialidad de los datos y se siguieron los criterios éticos de la investigación con seres humanos de acuerdo con la Declaración de Helsinki. Durante todo el desarrollo del estudio se establecieron relaciones basadas en el respeto entre los investigadores y los participantes (Ellis, 2007).

Resultados

Resultados descriptivos de las entidades participantes en el estudio

Con respecto a la titularidad de los servicios que habían presentado los planes de mejora analizados, el 51.9 % pertenecían a entidades públicas, mientras que el 44.4 % eran de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). La Figura 1 recoge la distribución de estos 54 planes de mejora por las Comunidades y Ciudades Autónomas a las que pertenecían los servicios evaluados, correspondiendo el 40.7 % a la Comunidad Autónoma de Canarias, situándose a continuación el Principado de Asturias con un 22.2 % y la Junta de Andalucía con un 14.8%.

Cuando se analizó el ámbito territorial de las entidades que aplican estos planes de mejora, tal como se observa en la Figura 2, la mayoría resultaron ser de ámbito local (53.70 %), seguidas a una importante distancia de las que operan en el ámbito autonómico (29.60 %) y nacional (11.10 %), siendo las entidades de ámbito provincial las que menos representadas estaban en la población estudiada (5.60 %).

Otro aspecto relevante respecto al análisis de las características de las entidades que han puesto en marcha planes de mejora es conocer el sector al que pertenecen. Tal como aparece en la Figura 3, la gran mayoría (el 72.2 %) correspondían al sector de los servicios sociales, seguidas a una muy considerable distancia de las procedentes del sector de la educación, que representó el 16.7 % y del sector de la salud, cuyo porcentaje ascendió al 9.3%. Un porcentaje prácticamente residual, el 1.9 %, resultaron ser servicios intersectoriales.

Finalmente, respecto al objeto concreto del análisis que nos ocupa en este artículo, las necesidades de formación profesional detectadas, es importante destacar que las entidades señalaron, respecto a cada buena práctica a mejorar, entre 1 y 19 actividades de formación, situándose la media de actividades por entidad en 3.78.

Resultados relativos a las necesidades formativas

De acuerdo con los objetivos del presente estudio, se han analizado las necesidades de formación profesional incluidas en los planes de mejora de los servicios que han llevado a cabo el proceso de autoevaluación con la Guía de Buenas Prácticas. Como resultado de este análisis, en la Tabla 1 se presentan los resultados relativos a las necesidades de formación asociadas a las 9 buenas prácticas relacionadas con el ámbito de la organización de los servicios desde el enfoque de la parentalidad positiva.

Como se puede observar en la tabla anterior, las mayores necesidades de formación estuvieron asociadas a la buena práctica 3 “Establecer canales de sensibilización e información para facilitar el acceso universal al servicio”, señalada en un 30.2 % de los planes de mejora analizados; en segundo lugar, a la buena práctica 6 “Disponer de una estructura organizativa y condiciones de trabajo que permitan el apoyo a la parentalidad positiva”, señalada en un 22.6 % de los casos; y a la buena práctica 9 “Colaboración con el ámbito universitario tanto para el asesoramiento como para la investigación en parentalidad positiva”, incluida en un 11.3 % de los planes de mejora analizados.

A continuación, en la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en relación con las necesidades de formación asociadas a las 11 buenas prácticas en el ámbito del trabajo profesional con las familias desde el enfoque de la parentalidad positiva.

En la tabla anterior se constata que las mayores necesidades de formación relativas al trabajo profesional con las familias desde el enfoque de la parentalidad positiva se relacionaron con la buena práctica 14, “Llevar a cabo una evaluación rigurosa de las condiciones en las que se ejerce la Parentalidad en las familias”, señalada en un 16.3 % de los planes de mejora; con la buena práctica 18, “Realizar actividades grupales estructuradas para la promoción de la parentalidad”, destacada en el 8.2 % de los casos; y con la buena práctica 19, “Realizar actividades grupales estructuradas para la atención a la infancia y la adolescencia”, incluida en un 8.2 % de los planes de mejora analizados.

A continuación, en la Tabla 3, se presentan los resultados obtenidos en relación con las necesidades de formación asociadas el ámbito de la utilización de programas de parentalidad positiva basados en evidencias.

Como se desprende de los resultados recogidos en la tabla anterior, de las buenas prácticas relacionadas con la utilización de programas basados en evidencias, para la que se informó que se requería una mayor formación fue la buena práctica 24, “Evaluar el programa con criterios científicos”, señalada en un 21.6 % de los planes de mejora analizados.

Sin diferenciar por ámbitos, las mayores necesidades de formación profesional identificadas y recogidas en los planes de mejora analizados se relacionan, por orden de mayor aparición, con las siguientes buenas prácticas:

– B3. Establecer canales de sensibilización e información para facilitar el acceso universal al servicio.

– BP6. Disponer de una estructura organizativa y condiciones de trabajo que permitan el apoyo a la parentalidad positiva.

– B24. Evaluar el programa con criterios científicos.

– BP14. Llevar a cabo una evaluación rigurosa de las condiciones en las que se ejerce la Parentalidad en las familias.

– BP9. Colaboración con el ámbito universitario tanto para el asesoramiento como para la investigación en parentalidad positiva.

– BP18. Realizar actividades grupales estructuradas para la promoción de la parentalidad.

– BP19. Realizar actividades grupales estructuradas para la atención a la infancia y la adolescencia.

Por otro lado, en relación con los contenidos de las actividades formativas identificadas en los planes de mejora, los contenidos más señalados tuvieron que ver con formación relacionada con parentalidad positiva (42.55 %); instrumentos de evaluación familiar (25.67 %); evaluación de programas y programas basadas en evidencias (10.3 %). Otros contenidos formativos señalados en menor medida fueron: conocimiento de webs institucionales, manejo de situaciones de riesgo y legislación relacionada con infancia, adolescencia y familia.

Discusión y conclusiones

Tal y como se ha descrito en la Introducción, el objetivo de este estudio fue describir las necesidades formativas de los equipos profesionales que trabajan desde el enfoque de la parentalidad positiva en servicios de intervención familiar en España. Estas necesidades formativas habían sido identificadas por los propios equipos profesionales a partir de un proceso de autoevaluación con la Guía de Buenas Prácticas (Rodrigo, Amorós et al., 2015). De acuerdo con el enfoque teórico y metodológico de la parentalidad positiva, las buenas prácticas basadas en la evidencia deben guiar la toma de decisiones en los procesos de selección, diseño y puesta en marcha de las intervenciones; siendo necesaria para esa labor una estrecha colaboración entre el personal investigador, responsables institucionales y equipos profesionales, tal y como ilustra la experiencia desarrollada en España (Rodrigo et al., 2018). Igualmente, se debe contar con la participación de las familias como destinatarias últimas de dichas intervenciones; la información proveída por ellas debe contribuir al proceso de mejora constante de las intervenciones (World Health Organization, 2021).

En relación con los resultados obtenidos sobre las características de los servicios que han elaborado planes de mejora que han obtenido el reconocimiento oficial, cabe señalar que la distribución se encuentra equilibrada, casi al 50 %, entre entidades del ámbito público y privado, tratándose las entidades privadas de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). Estos resultados confirman el importante papel de las entidades sociales del tercer sector en la atención a la infancia y las familias (Guiteras, 2012). Asimismo, es un indicador cualitativo importante porque evidencia que las ONGs son conscientes de la importancia de aplicar los parámetros metodológicos y teóricos proveídos por las administraciones públicas, que han sido previamente desarrollados y comprobados en el ámbito académico-científico. En este sentido, los criterios de concesión de subvenciones a entidades sociales por parte de la administración pública debieran ponderar significativamente la calidad científica de las propuestas recibidas, así como la acreditación del apoyo estable al desarrollo de las mismas por parte de universidades y otros centros de investigación expertos en el ámbito de la parentalidad positiva.

En lo que se refiere a la distribución de los planes de mejora clasificados por las Comunidades Autónomas de las que proceden los servicios, se observa una mayor frecuencia en las de Canarias, Asturias y Andalucía. Este hecho refleja la larga tradición de colaboración entre las administraciones públicas y los equipos de investigación universitarios ubicados en las universidades públicas de esas comunidades. Lo mismo ocurre en menor medida en las comunidades de Madrid, País Vasco y Cataluña. Todas estas universidades aportan miembros al grupo de expertos, mencionado en la introducción de este trabajo, y amparado por el acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (Arranz y Rodrigo, 2018). Los datos obtenidos invitan a extender de manera significativa este esquema de colaboración entre administración pública y universidades; iniciativa que se encuentra recogida en la reciente normativa que apoya el desarrollo de acciones políticas científicamente informadas en otros ministerios del Gobierno de España.

La distribución de los planes de mejora en función del ámbito territorial de las entidades que han puesto en marcha acciones de innovación y mejora de los servicios muestra un porcentaje significativamente mayor en el ámbito local; resultado que es entendible debido a que la legislación vigente establece que la administración local es la responsable de la prestación de los servicios de atención a las familias, dado que el contacto directo entre las familias y la administración se produce preferentemente en el ámbito municipal (BOE, 2018). En lo que se refiere a la distribución por sectores de los planes de mejora, merece un comentario especial la escasa presencia de planes de mejora procedentes del ámbito sanitario. Este hecho marca el reto de que las acciones de parentalidad positiva no se deben aplicar de manera exclusiva a las familias en situación de riesgo, usuarias de los servicios sociales sino a todas las familias, dado el constitutivo rasgo de prevención universal del enfoque de la parentalidad positiva. Orientado a la prevención universal, este enfoque se basa en la evidencia científica que apoya el profundo impacto que las practicas parentales tienen sobre la salud mental y física de las personas y reivindica la consideración de las políticas de parentalidad positiva dentro del ámbito de las acciones políticas de salud pública (Daly et al., 2015).

Por otro lado, de gran interés son los resultados obtenidos en relación con las necesidades formativas identificadas por los equipos profesionales y registradas en sus respectivos planes de mejora. En relación con la organización de los servicios, la necesidad más demandada se refiere a la formación dirigida a establecer canales de sensibilización e información para facilitar el acceso universal los servicios; todo ello se refiere a la difusión eficaz de contenido y beneficios que las familias destinatarias puedan obtener con la participación en acciones y programas de parentalidad positiva. Esta necesidad de formación es consistente por tanto con la idea previamente desarrollada de que la promoción de parentalidad positiva debe incorporarse en actuaciones de prevención universal (Daly et al., op. cit.). En un marco más amplio se hallan las estrategias de captación de las familias participantes en los programas ofrecidos, siendo esto especialmente complejo cuando se trata de familias con alta necesidad de intervención y que no acuden a los programas por diversos motivos, tales como el aislamiento social, prejuicios, diferencias culturales u otros motivos de riesgo psicosocial (Rodrigo et al., 2008). En este sentido, la administración debe hacer un esfuerzo importante en su detección acercándose a los diversos escenarios en los que estas familias se encuentran, tales como los centros de acogida, educativos y sanitarios.

Otro grupo de necesidades formativas se refieren al entrenamiento en la construcción de una estructura organizativa y condiciones laborales que permitan el apoyo al desarrollo de la parentalidad positiva. En este ámbito es esencial el reconocimiento del reciclaje profesional dentro del horario de trabajo y la provisión de medios técnicos para su correcta ejecución. En este ámbito, las necesidades formativas relativas a la evaluación emergen como imprescindibles; dentro de ellas se puede distinguir la formación en la evaluación del impacto de los programas, que debe ser rigurosa en su metodología, practicada en términos de replicación, ejecutada con instrumentos válidos y fiables y utilizando diseños de investigación longitudinales (Hidalgo, Rodríguez-Ruiz et al., 2023). La asignatura pendiente en la evaluación de programas es ir más allá de la mera evaluación a través de la satisfacción del usuario. En este contexto procede recordar que únicamente 54 programas de parentalidad positiva han sido identificados en España por la red EurofamNet, cumpliendo con los requisitos metodológicos expuestos. En lo que se refiere a la evaluación de las condiciones en las que se ejerce la parentalidad, el enfoque debe ser exhaustivo y evaluar no solo las competencias parentales sino la ecología en la que la parentalidad se desarrolla (Rodrigo et al., 2015). Estas necesidades formativas se deben cubrir con la necesidad de colaboración con el ámbito universitario para desarrollar investigación rigurosa, innovación y mejora constante (Arranz y Rodrigo, 2018).

El último bloque formativo detectado en este estudio se refiere a la necesidad de formar a las personas profesionales en la metodología constructivista y experiencial para el trabajo con grupos, dirigida a las familias y hacia niñas, niños y adolescentes. Esta metodología es no directiva y su objetivo es facilitar en las familias la construcción de competencias parentales promotoras del desarrollo a través de experiencias que facilitan la toma de conciencia de las propias competencias parentales, la construcción de nuevas competencias a través de la interacción grupal que, además, provee a muchas familias de una nueva red de relaciones sociales directas (Máiquez et al., 2015).

Como conclusión final cabe señalar que el estudio presentado, si bien no es representativo de todos los servicios de intervención familiar de España, aporta datos cuantitativos y cualitativos que apoyan la inversión pública en las políticas de parentalidad positiva, ya que los servicios que adoptan este enfoque están haciendo un importante esfuerzo por incorporar buenas prácticas basadas en la evidencia que, sin ninguna duda, contribuirán a la mejora de la calidad de la atención a la infancia, la adolescencia y las familias.

Contribuciones (taxonomía CRediT)

Financiación

Estudio realizado bajo la cobertura del convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 y la Federación Española de Municipios y Provincias para promover políticas de apoyo a la parentalidad positiva.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

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