eISSN: 1989-9742 © SIPS. DOI: 10.7179/PSRI_2024.45.06

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Análisis configuracional de la denuncia de violencia en parejas de mujeres sexodisidentes

Configurational analysis of IPV reporting in sexual minority women couples

Análise configuracional da denúncia de violência entre mulheres de minorias sexuais

Guillermo SAN-ROMÁN-TAJONAR https://orcid.org/0000-0001-9246-167X

Mauricio OLIVARES-MÉNDEZ https://orcid.org/0000-0001-9246-167X

Universidad Autónoma de Querétaro (México)

Fecha de recepción: 15.III.2024
Fecha de revisión: 25.IV.2024

Fecha de aceptación: 20.V.2024

CONTACTO CON LOS AUTORES

Mauricio Olivares Méndez: Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Cerro de las Campanas S/N, Las Campanas, 76010 Santiago de Querétaro, Qro. E-mail: mauricio.olivares@uaq.mx

Introducción

La violencia ejercida en contra de las mujeres es un problema de salud pública, así como un limitante para alcanzar una vida plena, digna y autónoma. Su falta de reconocimiento y atención es una violación de los derechos humanos de las mujeres. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), entre el 22 y el 30 por ciento de las mujeres del mundo que han tenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física y/o violencia sexual por parte de su pareja. La violencia ejercida por los varones en contra de las mujeres ha obligado a los gobiernos, las organizaciones civiles y la academia a emprender esfuerzos para entender y prevenir el fenómeno, pero otras configuraciones de pareja que no están exentas de estas problemáticas han quedado invisibilizadas.

Los sesgos provocados por la heteronormatividad pueden tener consecuencias en el diseño, implementación y evaluación de la política pública y también en las decisiones sobre qué y cómo investigamos. Los estudios sobre la violencia ejercida por la pareja íntima (VPI) contra las mujeres comúnmente utilizan explicaciones asociadas a la desigualdad estructural entre los géneros, las cuales hacen más sentido en las parejas heterosexuales (Dutton, 2012). Como fenómeno de estudio e intervención, la VPI entre personas del mismo sexo reta los conceptos tradicionales heteronormados de la violencia de pareja, demostrando que se trata de un abuso de poder que puede ocurrir entre individuos de cualquier orientación sexual, identidad o expresión de género (OSIEG) (Rohrbaugh, 2006; Steele et al., 2020). Las dinámicas de ejercicio de poder relacionadas a la performatividad del género, así como al acceso a recursos, conocimiento o redes, se reproducen también hacia dentro de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Además, éstas se enfrentan consistentemente a prejuicios, estigmas o violencias asociadas a su OSIEG que producen tensiones adicionales hacia dentro y fuera de la pareja.

En este trabajo se argumenta que esta constelación de factores puede afectar la probabilidad de denunciar hechos violentos. La negativa a denunciar no es una decisión casual de la víctima ni un accidente histórico, es el resultado de la interacción de una gran cantidad de características asociadas a una estructura de dominación y exclusión.

Los estudios de la denuncia de VPI en el ámbito de parejas heterosexuales ya han reconocido que se trata de un problema especial: uno donde la misma variable puede tener efectos diversos, según el contexto, lo que constituye un desafío para cualquier intento de transformación. La evidencia muestra que la modalidad de la violencia tiene efectos diferentes sobre la denuncia según las condiciones de la víctima, de modo que el nivel socioeconómico, la pertenencia a una comunidad racializada o el país de origen modifican el efecto de otras variables (Frías, 2008, 2013; Frías y Agoff, 2015), y también se ha mostrado que el ingreso de la mujer tiene efectos diferentes, según la situación laboral de la pareja (Bhalotra et al., 2021; Canedo y Morse, 2021; Macmillan y Gartner, 1999; San Román Tajonar, 2023), de modo que la misma política puede tener efectos distintos en víctimas distintas. Esto evidencia interseccionalidad (Crenshaw, 1990), una causalidad coyuntural y compleja que no se ha estudiado en grado suficiente en el caso de parejas del mismo sexo (Parry y O’Neal, 2015).

Al asumir una causalidad múltiple, coyuntural y asimétrica, este artículo tiene como objetivo identificar las condiciones necesarias y suficientes para la denuncia de violencia de pareja íntima (VPI) entre parejas de mujeres sexodisidentes. Este estudio pretende abonar a la literatura en este campo, haciendo visibles diversas brechas de desigualdad dentro de una comunidad históricamente vulnerada, y buscando contribuir a una pedagogía social con perspectiva de diversidades, comprometida con la transformación y resignificación de vínculos afectivos antipatriarcales.

1. Justificación y objetivos: la violencia de pareja en parejas sexodisidentes

La literatura revela que la VPI reportada por personas LGB es tan frecuente (Ard y Makadon, 2011; Blosnich y Bossarte, 2009; Callan et al., 2021; Kulkin et al., 2007; Murray y Mobley, 2009) o incluso mayor (Bermea et al., 2021; Parry y O’Neal, 2015; Rodríguez Otero et al., 2017; Scheer et al., 2023; Sherman et al., 2022; Turner y Hammersjö, 2023) que aquella reportada por mujeres en relaciones heterosexuales. Quienes estudian la VPI en la comunidad sexodisidente señalan que existe una variación muy grande entre los datos sobre la prevalencia, tipos y modalidades de violencia debido a las diversas metodologías, el tamaño de las muestras y las diferencias conceptuales que existen sobre violencia y sobre cómo identificar la disidencia sexual (Alhusen et al., 2010; Callan et al., 2021).

La VPI no es un fenómeno homogéneo, y tampoco lo es su denuncia. La propensión por denunciar la VPI varía según la naturaleza de la agresión. Suele afirmarse que la gravedad de la violencia es el principal predictor de la búsqueda de ayuda, y también que es más común la denuncia cuando se trata de violencia física (Ravi et al., 2022; Santoniccolo et al., 2023). Además, la repetición de la violencia ya sea emocional, de acoso o controladora, también motiva la denuncia. Este patrón se repite con la violencia física o sexual (Morgan et al., 2022).

La literatura muestra que la propensión a la denuncia entre las personas sexodisidentes es afectada por la disponibilidad de recursos económicos, y por estresores únicos asociados a las OSIEG. La disponibilidad de recursos económicos juega un papel crucial en la decisión de denunciar. La falta de vivienda alternativa, seguro médico o medios para pagar servicios médicos (Luebke et al., 2022), así como la carencia de transporte (Voth Schrag y Edmond, 2018) o empleo que satisfaga las necesidades de los hijos (Vidales, 2010), deja a las víctimas en una situación vulnerable (Robinson et al., 2021). Por lo tanto, la capacidad económica está estrechamente ligada a la búsqueda de ayuda, y los cambios en esta capacidad afectan las probabilidades de denuncia (Rodríguez Otero et al., 2017; Santoniccolo et al., 2023). Según el estudio de Morgan (2022), si la persona agresora pierde su empleo o ingresos, es más probable que la violencia se denuncie a la policía, ya que el poder del agresor está relacionado con la asimetría de recursos.

La propensión por denunciar también es distinta según la OSIEG de las víctimas (Santoniccolo et al., 2023). La opinión pública considera el abuso en parejas de mujeres particularmente atípico (Rollè et al., 2018), lo cual puede resultar en un obstáculo para la identificación de las violencias por parte de las víctimas (Donovan y Barnes, 2020), y con ello la denuncia. Experiencias negativas con fuentes formales de apoyo desalientan la denuncia (Santoniccolo et al., 2023), ya que las víctimas temen maltratos, falta de comprensión o creencia en sus identidades (Donovan y Barnes, 2020). La policía a menudo no reconoce o minimiza la violencia entre parejas del mismo sexo (Miles-Johnson y Ball, 2022), brindando tratos diferentes a las víctimas sexodisidentes y las heterosexuales (Calton, 2016), y a menudo fallando en distinguir entre víctimas y agresores (Rodríguez Otero et al., 2017). La percepción de que el funcionariado de atención a víctimas puede ser incompetente o insensible a la VPI entre personas del mismo sexo también configura una barrera adicional a la denuncia (Whitton et al. 2024). Las políticas, programas o protocolos diseñados para la prevención de la VPI o para la promoción de su denuncia deben tomar en cuenta estas experiencias diferenciadas con la autoridad, ajustando prácticas y recursos para asegurar la atención adecuada, formando al funcionariado para el desarrollo de las competencias y sensibilidad necesarias.

Además, las personas sexodisidentes enfrentan estresores únicos, como la prevalencia de prejuicios y estigmas, la permanencia en el “armario” por miedo a repercusiones, o la posibilidad de que alguien revele esta información a un tercero. Este “estrés de minorías” (Meyer, 1995) obstaculiza la denuncia de la VPI. Muchos sobrevivientes temen que no se les crea debido a mitos sociales que invisibilizan o desestiman la violencia en parejas sexodisidentes (Alanez y Jarro, 2022; Calton et al., 2016; Parry y O’Neal, 2015). Al considerar la denuncia de actos violentos, una víctima de VPI que pertenece a la comunidad sexodisidente debe tomar en cuenta que se puede revelar su OSIEG. En muchos casos, la víctima no desea ser visibilizada (Rondan Pumachagua et al., 2022), pero denunciar le exige que revele su identidad sexual (Kidd y Witten, 2007) tanto con las autoridades como con su entorno. Este estresor puede ser tan fuerte que incluso puede ser usado en contra de una víctima (outing) disuadiendo la búsqueda de ayuda. Al denunciar violencia en la vida de pareja, la discriminación es un estresor importante.

La erradicación de la discriminación y el estigma asociado a la sexodisidencia debe ser un trabajo profundo en el que participan todo tipo de actores. La creación de narrativas sostenibles de inclusión y afirmación puede abonar a reducir los estresores sociales, por lo que la formación desde el colegio hasta la habilitación de los profesionales de la atención debería ser consciente de éstos y de la multiplicidad de escenarios a los que se enfrentan las personas sexodisidentes. Los prejuicios de género y la discriminación contra las disidencias sexuales favorecen las condiciones para la permanencia en relaciones violentas.

La amenaza de perder trabajo, familia, redes de apoyo y la revelación no consentida de su OSIEG dificultan la búsqueda de ayuda. Estos estresores interactúan con las brechas socioeconómicas mencionadas. La capacidad económica es crucial, ya que proporciona recursos para enfrentar la VPI (Vidales, 2010). Las víctimas con altos ingresos no citan el miedo como razón para no denunciar (Messinger, 2022). Denunciar es solo una opción entre muchas para buscar ayuda (Xie y Baumer, 2019), pero para los desfavorecidos, a menudo es la única.

La no-denuncia parece cobrar forma a partir de dos trayectorias de exclusión que se intersectan: una que segrega por la OSIEG; otra, que segrega por la posición socioeconómica. La una amplifica y facilita la otra. Cada una impone cargas que, en presencia de la otra, se hacen más pesadas. Las brechas de clase, género y victimidad son inseparables. Por el contrario, se entrecruzan para configurar un cuadro singular de injusticias simultaneas y comúnmente invisibilizadas. Como se evidenciará más adelante es en su conjunción donde se puede explicar la no denuncia.

Ni la violencia ni su denuncia son fenómenos homogéneos. La literatura muestra que la denuncia de cada tipo de violencia es un fenómeno diferente y se explica de manera diferente. En las siguientes secciones se estudia la denuncia de dos tipos de violencia. La económica, por ser omitida por prácticamente toda la literatura, y, como contraste, la violencia física, por ser más estudiada (San Román Tajonar y Olivares-Méndez, 2024). En cada caso, el propósito es identificar las condiciones suficientes y necesarias para que haya o no denuncia. El análisis cualitativo comparado (QCA) es la metodología más adecuada para cumplir estos objetivos (Vázquez Soriano, 2023). En la siguiente sección se presentan los datos y los métodos a usar para poner a prueba este enfoque.

2. Metodología

En esta sección se describen los datos y los procedimientos utilizados para identificar las condiciones necesarias y suficientes para la denuncia de violencia de pareja íntima (VPI) entre mujeres sexodisidentes. El diseño propuesto es comparativo, dado que, como se ha señalado, no se busca la covariación, asumiendo que la causalidad no es aditiva, como en los métodos paramétricos, sino coyuntural, asimétrica y múltiple. El método utilizado para establecer relaciones causales de esta naturaleza es el análisis cualitativo comparado (csQCA).

Los datos analizados consisten en registros administrativos captados por instituciones mexicanas, sobre los cuales los autores no tienen injerencia en su generación. A continuación, se describen estos datos, así como la estrategia para abordar los sesgos implícitos en este tipo de información.

Datos

Para identificar las condiciones necesarias y suficientes para la denuncia y la no denuncia de VPI en parejas de mujeres sexodisidentes, se han utilizado datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). BANAVIM consta de registros de violencia contra mujeres captados por las más de 900 instituciones que conforman el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) en México. Los datos se obtuvieron mediante la solicitud de transparencia 331001222000108. El 15 de agosto de 2022, el Portal Nacional de Transparencia (PNT) entregó un archivo xls con 1,048,575 registros, captados entre 2015 y 2022.

Los casos bajo estudio son aquellos en que: a) la persona agresora es pareja, esposo(a) o concubino(a) de la víctima, lo que excluye cualquier otro tipo de parentesco (hermanas, madre, hija, suegra, nuera, vecina, etc.), y b) el sexo de la persona agresora es mujer. El conjunto de datos final consta de 2,323 observaciones.

Cuando en este texto se habla de VPI entre mujeres sexodisidentes, se hace referencia a mujeres en situación de víctima que reportan ser pareja de una mujer agresora. Sin embargo, es importante notar que no existe forma de saber si las personas involucradas en el hecho violento se reconocen a sí mismas como lesbianas, bisexuales o con alguna otra orientación sexual. De la misma forma, no es posible conocer su identidad de género más allá del modelo binario del sistema sexo-género, recogiendo de forma imprecisa los datos sobre personas no-binarias, genderqueer o trans.

Todos los casos bajo análisis son víctimas de alguna forma de VPI. Como posibles causas de denuncia se considera la disponibilidad de recursos económicos: a) si la víctima reside en vivienda propia; b) si la víctima está afiliada al seguro popular, IMSS o ISSSTE; c) si la víctima trabaja fuera del hogar; además, se consideran rasgos de la persona agresora: si consume drogas, si trabaja fuera del hogar; y si hizo uso de otro tipo de violencia.

Todas las variables son categóricas y se han recodificado para fungir como condiciones: Toman el valor “0”, si el renglón no corresponde a la definición, y “1”, cuando sí lo hacen.

Al tratarse de registros administrativos, sobre estos datos pesa un sesgo importante. A continuación, discutimos una alternativa para obtener inferencias válidas pese a ello.

Selección de casos

No todos los datos se utilizan en el análisis. En arreglo con Marx y Dusa (2011), se ha seguido la metodología de los sistemas más similares de Przeworski y Teune (1970). Esta metodología maximiza la similaridad de las observaciones en cuanto a sus rasgos generales, de modo que las diferencias en el resultado puedan atribuirse a los rasgos sistémicos. Así, se satisfacen las condiciones de la inferencia causal (King et al., 2018).

La selección de los casos similares se realizó mediante Coarsened Exact Matching (CEM) (Iacus et al., 2009; King et al., 2017). Este método extrae datos de calidad experimental “ocultos” dentro de datos con sesgos de selección. Para hacerlo, CEM genera estratos en las variables de pretratamiento y los divide en dos grupos: control y tratamiento. Si un estrato sólo tiene miembros en uno de estos grupos, el estrato completo es descartado. De esta manera, CEM reduce el imbalance de los datos. El imbalance se mide con el índice L1, que toma valores entre 0 y 1, de mínimo a máximo imbalance. Al reducir el imbalance se maximiza la similaridad entre los individuos expuestos y no expuestos al tratamiento. Sólo así es posible atribuir efectos al tratamiento y no a las diferencias preexistentes. CEM también mide el soporte común (de 0 a 100), donde los valores altos garantizan que las características individuales no predeterminan la exposición al tratamiento.

Para el balanceo, se utiliza la combinación de tratamientos menos común en los datos de BANAVIM: víctimas que viven en vivienda propia y tienen seguro médico. Los rasgos personales son utilizados como variables pretratamiento: estado civil de la víctima, país de origen, número de hijos, alfabetización y nivel educativo. El balanceo implica retener sólo aquellos casos en los que los individuos de los grupos de control y de tratamiento son iguales en estos aspectos.

Mientras que las condiciones causales son exteriores y contingentes al individuo, no atributos suyos (Holland, 1986), las variables de pretratamiento son precisamente los atributos.

Procedimiento

En este trabajo se ha argumentado que la denuncia de VPI es un problema especial: como problema interseccional, muestra equifinalidad, asimetría y causalidad coyuntural. Se habla de equifinalidad o complejidad causal (Ragin, 2008) cuando distintos sistemas pueden llegar al mismo equilibrio partiendo de diferentes condiciones iniciales, cuando alcanzan el mismo resultado por diferentes caminos (Merton, 2013). Hay asimetría cuando la ocurrencia y la no ocurrencia del fenómeno se explican de manera diferente, cuando un sistema puede volver a su estado previo, pero no por el mismo camino (Gresov y Drazin, 1997). Hay causalidad coyuntural cuando una condición sólo es causal en combinación con otras condiciones, como en las hipótesis de interseccionalidad.

Un método estadístico no puede abordar este tipo de problema, debido a que los modelos estadísticos son aditivos y simétricos (Mahoney y Goertz, 2006); es decir, asumen a) que el efecto de cada variable es independiente de los valores de otras variables, y b) que hay simetría entre los dos lados de la ecuación de un modelo. La bibliografía sugiere que ambos supuestos son poco plausibles. Si la no denuncia es un problema interseccional, entonces es preciso tomar en cuenta que: a) sus causas no pueden analizarse de manera separada; b) muchas condiciones pueden llevar al resultado y c) suprimir esas condiciones no asegura que habrá más denuncias.

El análisis cualitativo comparado (QCA), fue concebido para analizar problemas donde la causalidad es coyuntural, compleja y asimétrica (Ragin, 2008).

En el QCA, se evalúa la pertenencia de cada caso a conjuntos que son definidos por la teoría (Ragin, 2008): el conjunto de las causas y el de los efectos. Luego, mediante tablas de verdad, alimentadas con información empírica, se evalúa si ser miembro de cierto conjunto (la causa) es o no condición para ser miembro de otro conjunto (el efecto).

Existen varias versiones de QCA. Dado que las variables son categóricas, se utiliza la versión crisp-set QCA (csQCA), en donde el estatus de miembro de conjunto es una variable discreta.

El análisis tiene cuatro etapas: revisión del diseño; análisis de necesidad; análisis de suficiencia, y minimización.

Al revisar el diseño, el índice de complejidad evalúa el balance entre condiciones y casos (Marx, 2010). Un diseño es adecuado si el índice es menor a 0.3. Para lograrlo, es importante tener muchos más casos que condiciones.

Para el análisis de necesidad (Schneider y Wagemann, 2010) una condición es necesaria si el resultado solo puede producirse si tal condición está presente. De manera formal, X ← Y: X es necesaria para Y si Y es subconjunto de X (Dusa, 2022). La necesidad se valida con dos requisitos: a) la inclusión de necesidad es igual o superior a,8, y b) la relevancia de la necesidad es mayor o igual a,6.

Si una disyunción es necesaria para producir el resultado, los disyuntos son condiciones SUIN: factores suficientes, pero innecesarios, de configuraciones insuficientes, pero necesarias. Schneider y Wagemann (2012) reservan el nombre de “equivalencias funcionales” para estas condiciones.

El análisis de suficiencia se realiza mediante tablas de verdad. Una condición es suficiente sí, siempre que aparece, aparece también el resultado. De manera formal, X→Y: X es condición suficiente para Y si X es subconjunto de Y (Dusa, 2022).

Las tablas de verdad permiten captar configuraciones: conjuntos de condiciones que producen el resultado. Si una condición no predice el resultado de manera individual, pero sí lo hace al aparecer en conjunción con otras condiciones, decimos que esa condición es causal INUS (Mackie, 1965): Insuficiente, pero necesaria, en una configuración innecesaria, pero suficiente. Una configuración es suficiente si su índice de inclusión es mayor a 0.75.

Muchas configuraciones pueden ser suficientes. Esta complejidad puede reducirse mediante procesos de minimización. Estos comparan las configuraciones una a una: si dos configuraciones son iguales excepto por una condición, esa condición se considera irrelevante. Esto brinda una solución mínima, pero conservadora. De ésta puede extraerse una solución parsimoniosa. El resultado es una fórmula lógica. La forma de esta fórmula es la de la suma de productos. Las relaciones lógicas entre las condiciones se representan con operadores lógicos (’*’ para la conjunción; ‘+’ para la disyunción, y si un término es precedido por ‘∼’, se dice que está negado). La suma de productos es la versión más simple de una expresión lógica, pero por ello mismo encubre relaciones más abstractas. En los análisis siguientes, se propone reorganizar las soluciones mediante las reglas de inferencia de la lógica proposicional (Copi y Cohen, 2019; Deaño, 2009). Esto permite observar formas anidadas y ofrecer una versión más simple de la equifinalidad.

De acuerdo con el supuesto de causalidad asimétrica, este análisis es doble: debe realizarse tanto para la producción como para la no producción del resultado.

Análisis de datos y consideraciones éticas

Los análisis de datos se han realizado mediante R y RStudio, con las librerías CEM y QCA.

Con respecto a las consideraciones éticas, el equipo de investigación se adscribe en su totalidad a los “Principios Éticos de Montreal para la Investigación Inclusiva” desarrollados por Mark Henrickson y sus colegas (2020) que describen los principios éticos en la investigación con personas de género y orientación sexual no normativa1. La investigación sobre grupos en contextos de vulnerabilidad, incluidas las personas sexodisidentes, plantea varias preocupaciones éticas que deben abordarse. Algunas de estas preocupaciones se refieren al consentimiento informado de quienes participan en la investigación, la confidencialidad y privacidad de sus datos, las desigualdades de poder entre el equipo de investigación y el resto de las y los participantes, a la compensación de quienes participan en la investigación, y la estigmatización asociada a las comunidades sexodiversas (Bettinger, 2010; Roffee y Wailing, 2017). Dada la naturaleza de esta investigación y la forma en que los datos a procesar se han recuperado, ha sido posible evitar varias de estas preocupaciones. Al tratarse de datos públicos y anonimizados, proporcionados por una institución del gobierno federal, se ha cuidado la protección de toda información personal haciendo imposible la identificación individual de las víctimas o agresoras.

Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta que la investigación sobre personas sexodisidentes puede perpetuar la estigmatización y la discriminación, especialmente si la investigación no se lleva a cabo con sensibilidad y respeto. Las personas investigadoras deben asegurarse de que su investigación no refuerce estereotipos negativos ni contribuya a las formas de discriminación que se dirigen en contra de las personas que se se reconocen con una identidad u orientación sexual no normativa; deben –en su lugar– informar los resultados de la investigación sin contribuir y alimentar estereotipos de disfunción comunitaria (Roffee y Wailing, 2017). Esto implica un cuidado particular en la forma en que se decide presentar los resultados, una reflexión profunda en torno a las afectaciones posibles y en torno a la multiplicidad de lecturas del público destino.

Por último, el equipo de investigación desea resaltar que esta investigación, por su naturaleza, no se realiza en una comunidad o zona protegida; que no cuenta con patrocinio del sector público ni privado y no comporta riesgos previsibles para personas u otro ser vivo.

3. Resultados

La denuncia y no denuncia de la violencia física y económica se analiza de manera separada. En primer lugar, se reporta el resultado de CEM, que nos permite cumplir con el criterio de trabajar con los sistemas más similares. A continuación, se reporta en análisis de necesidad. En tercer lugar, se presentan las tablas de verdad: una para la presencia y otra para la ausencia del resultado. En estas tablas, la columna output incluye remanentes: configuraciones lógicamente posibles, pero que no se satisfacen por ninguna observación; una configuración con menos de dos casos también es un remanente (Schneider y Wagemann, 2012). Estos remanentes están marcados como “?” y pueden utilizarse como asunciones simplificadoras en la búsqueda de soluciones parsimoniosas. En esta misma columna se han marcado como “C” soluciones contradictorias: renglones que lo mismo podrían ser utilizados para explicar el resultado que la ausencia del resultado. Los renglones “C” no se utilizan en análisis posteriores.

Por último, se muestra el proceso de minimización con dos soluciones: una conservadora y una parsimoniosa. Aquí se reportan ambas.

Violencia económica

El valor del imbalance previo al emparejamiento CEM era de 0.755; tras el preproceso, se ha reducido a 0.448. De manera similar, el soporte común ha pasado de 9.804 a 48.387.

Tras el CEM, el análisis de la denuncia de violencia económica procede con 33 casos de denuncia y 177 casos de no denuncia. Toda vez que QCA no es un procedimiento estadístico, sino cualitativo, y es comúnmente utilizado para trabajar con muestras de n pequeña (Wagemann y Schneider, 2015), el tamaño de la muestra es adecuado, en tanto se cumpla el requisito de parsimonia.

El índice de complejidad es de 0.14, con muchos más casos que configuraciones y condiciones, lo que permite cumplir el requisito de parsimonia.

Ninguna condición, ni su negación, cumple de manera individual los criterios para ser condición necesaria. Sin embargo, la disyunción “o la parte agresora tiene o la pareja reside en vivienda propia” alcanza una inclusión de 0.859, cobertura de 0.869 y relevancia de 0.6. Esto sugiere que estas son condiciones SUIN de la no denuncia de violencia económica.

Denuncia de violencia económica

El análisis de suficiencia inicia con la elaboración de la tabla de verdad (Tabla 1). En ella se analizan tanto denuncia como no denuncia.

La solución conservadora de la denuncia de violencia económica es:

En tanto, la solución parsimoniosa toma la forma siguiente.

La solución parsimoniosa se distingue de la conservadora por la supresión de la condición F: que haya más de un tipo de violencia en el episodio.

La denuncia de violencia económica es muy improbable. La solución requiere de cinco condiciones: que la víctima no resida en vivienda propia y no trabaje, pero esté asegurada; y que la agresora consuma drogas, pero no trabaje; esto es, la denuncia de este tipo de violencia requiere que la víctima sea en extremo vulnerable desde el punto de vista económico; además, que la agresora no sólo no tenga un control económico, sino que represente un riesgo mayor, por el consumo de drogas.

La figura 1 muestra esta solución en un diagrama de Venn. La parte sombreada muestra las combinaciones en que la denuncia es posible. La extrema improbabilidad de la denuncia de violencia de pareja queda expuesta en la cobertura de suficiencia, esta solución representa apenas al 6.1 % de los casos, aunque su valor de inclusión es 1.

No-Denuncia de violencia económica

En cambio, muchos caminos llevan a la no denuncia. Aquí la solución conservadora.

Esta solución sugiere nueve caminos que llevan a la no denuncia; ello representa al 77 % de los casos de no denuncia de violencia económica. La inclusión es de 0.89. A continuación, la solución parsimoniosa.

La solución parsimoniosa sugiere ocho caminos para la no denuncia que representan el 81 % de los casos, con una inclusión de ,89.

Aplicando reglas de distribución de lógica proposicional (Copi y Cohen, 2019), la solución parsimoniosa puede interpretarse como:

Los ocho caminos para la no denuncia se organizan en dos caminos generales. El primero indica que, si la agresora trabaja, cinco factores pueden llevar a la no denuncia. El segundo requiere que sí se resida en vivienda propia. La diversidad de estos caminos se muestra en las Figuras 2 y 3.

Violencia física

En esta sección se analizan las condiciones necesarias y suficientes para la denuncia y no denuncia de violencia física. El preproceso ha reducido el valor del imbalance (L1) de 0.737 previo a 0.505. De manera similar, el soporte común pasó de 10.132 a 38.333.

Luego del preproceso, la muestra consiste en 144 casos de denuncia y 235 casos de no denuncia. La parsimonia se aprecia en un índice de complejidad del 0.099. En este caso, ninguna condición ni su ausencia son necesarias ni para la denuncia ni para la no denuncia; tampoco hay candidatos a condiciones SUIN.

Denuncia de violencia física

El análisis de suficiencia para denuncia y no denuncia se muestra en la Tabla 2.

Como antes, se muestran dos soluciones: conservadora y parsimoniosa. La solución conservadora es:

Esta solución muestra tres caminos que llevan a la denuncia de violencia física. Cada una consiste en la unión de cinco condiciones. Esta solución explica el 16 % de los casos, con una inclusión de 0.76. A continuación, se presenta la solución parsimoniosa. En este caso se ofrecen cuatro caminos:

La solución parsimoniosa, que incluye a la anterior, al ser más general explica también el 16 % de los casos, con inclusión de 0.767.

El análisis de estos resultados se simplifica mediante las reglas de asociación y distribución de lógica proposicional. En el análisis de la suma de productos, deducimos que:

Esto significa que si 1) o bien ocurre que ambos miembros de la pareja trabajan y la víctima está asegurada, o bien, que al menos uno no trabaja y la víctima no está asegurada, entonces: 2) la conjunción de no vivir en casa propia, que la persona agresora no consuma drogas y no haya otras formas de violencia lleva a la denuncia. La Figura 4 representa estos escenarios.

No-Denuncia de violencia física

En esta sección se presentan dos soluciones para la no denuncia de violencia física. La solución conservadora toma la forma:

La solución consta de la disyunción de ocho conjunciones y explica el 42 % de los casos, con una inclusión de 0.84.

La solución parsimoniosa se trata de siete términos que dan cuenta del 43 % de los casos, con una inclusión de 0.84.

Tres configuraciones no incluyen otras formas de violencia; las restantes sí. De esto se siguen dos caminos generales distintos que se ramifican. En uno, la pareja tiene empleo; en otro, hay más de una forma de violencia. El primero es:

El segundo camino incluye que se den otras formas de violencia.

Los múltiples caminos que llevan a la no denuncia de violencia física se exponen en las Figuras 5 y 6.

Al utilizar csQCA para evaluar las condiciones de la denuncia y no denuncia de la VPI económica y física, en este trabajo se ha mostrado que pocos caminos llevan a la denuncia y muchos a la no denuncia.

En el caso de la violencia económica, el análisis identificó condiciones SUIN para la no denuncia: o bien la parte agresora trabaja, o bien la pareja reside en vivienda propia. La ausencia de ambas condiciones es INUS de la denuncia: los casos en que no se cumple ninguna de estas condiciones son subconjunto de los casos de denuncia.

Para la no denuncia de violencia física, tres condiciones generales son INUS: la parte agresora trabaja y la pareja reside en vivienda propia; la parte agresora trabaja y consume drogas, o hay otras formas de violencia y la víctima no tiene trabajo. Muchos caminos conducen a la no denuncia. En la siguiente sección discutimos la relevancia de estos hallazgos.

4. Discusión y conclusiones

Nos propusimos identificar las condiciones necesarias y suficientes para la denuncia y no denuncia de VPI en parejas conformadas por mujeres. Para cumplirlo, se aplicó csQCA a los datos de BANAVIM, pretratados mediante CEM. El estudio se enfoca en los casos de violencia económica y de violencia física. Los hallazgos aportan evidencia de complejidad causal: muchas configuraciones alternativas conducen a la no denuncia, pero muy pocas a la denuncia; hay evidencia de causalidad coyuntural: ningún caso de denuncia o de no denuncia se explica por una sola condición, sino por conjunciones especiales de causas. También se encontró evidencia de asimetría: la mera ausencia de las causas de la no denuncia no necesariamente implica que haya denuncia.

Que la parte agresora trabaje o que la pareja resida en vivienda propia son condiciones SUIN para la no denuncia de la violencia económica. Esto las vuelve equivalentes funcionales: producen el mismo efecto de manera individual y no precisan darse juntas. Estas condiciones generan una asimetría que no causa por sí misma la no denuncia, pero sin la cual ésta no puede darse. Las restricciones al acceso al empleo y a la vivienda son los elementos fundamentales del dispositivo. Solamente cuando fallan, la denuncia es posible.

Si la agresora trabaja, la víctima se abstiene de denunciar por miedo, si la agresora consume drogas; o se abstiene por resignación: a) cuando no hay otras formas de violencia; b) cuando ella misma no trabaja, o c) no trabaja ni está asegurada, pero al menos la agresora no consume drogas. Cuando la pareja reside en vivienda propia, el miedo a perder esta seguridad disuade de denunciar.

Parece ser mucho más fácil denunciar la violencia física que la violencia económica. Las parejas LGB no están exentas de vivir estos episodios asociados a las asimetrías de poder, tal como se observa en las relaciones entre personas de sexo opuesto. El hecho de que la violencia económica en parejas de mujeres no se denuncie provoca que se invisibilice y se perpetúe, lo que robustece la estructura de dominación y abre el camino para otras formas de violencia.

En el caso de la violencia física, las mismas condiciones (que la parte agresora trabaje y que la pareja resida en vivienda propia) también pueden hacer que la violencia sea tolerada debido al miedo a perder estabilidad. Condiciones adicionales, como si la parte agresora consume drogas o si la víctima no tiene trabajo pueden complicar aún más la viabilidad de la denuncia.

En ambos casos, que la vivienda no sea propia y que la agresora no tenga empleo son condiciones INUS para la denuncia. En esto se confirman los hallazgos de Morgan (2022): el deterioro de la economía de las agresoras precede a la denuncia de la violencia. Pero cuando esto ocurre, la víctima también está empobrecida.

La causalidad coyuntural se observa en las condiciones “consumo de sustancias” y “seguro médico”. Su efecto depende del tipo de violencia y de la situación laboral de la pareja.

El estudio revela las posibilidades excluidas. En el análisis de los remanentes lógicos surge el problema de variedad limitada (Ragin, 2008), combinaciones lógicamente posibles para las que no existen datos. El estudio revela condiciones que, por motivos históricos, no aparecen juntas: combinaciones que la estructura social prohíbe.

En el contexto de la violencia económica, son remanentes todos los casos en que no hay otras formas de violencia y se cumple al menos una de tres condiciones: la víctima reside en vivienda propia, está asegurada o tiene empleo. Esto indica que la coexistencia de otras formas de violencia, además de la económica, es incompatible con la seguridad económica de la víctima. La estructura prescribe multiplicar las violencias contra quienes carecen de certezas económicas.

Los remanentes de la violencia física muestran que son raros los casos de víctimas que sí trabajan y, por otro lado, que no son víctimas de más formas de violencia. Por el contrario, que no trabajen y que hayan sufrido violencia física predice que sufrirán muchas otras formas de violencia. También son raras las víctimas que viven en casa propia y cuya pareja no trabaja. Es decir, son raros los casos en que la asimetría económica esté del lado de la víctima. La estructura prescribe que las víctimas de violencia física sean víctimas de otras violencias y que la víctima sea la que menos poder económico tiene.

El trabajo adolece de limitaciones. Las condiciones explican muy poco de las condiciones de la denuncia. Esto sugiere que se han omitido condiciones importantes. La literatura destaca la importancia de las redes de apoyo (Cantú Cantú y Martínez Galán, 2023), pero los datos disponibles no incluyen información que permita tomar en cuenta tales redes. Es probable que esta condición sea el eslabón perdido de la denuncia. Lo mismo pasa con información crítica sobre la pareja y los participantes: no es posible saber si su identidad de género u orientación sexoafectiva ha sido revelada, tampoco el tiempo que llevan juntas o si sufrieron violencia o discriminación en sus familias de origen. Aunque este trabajo proporciona explicaciones sobre la falta de denuncia, se necesitan nuevas investigaciones para abordar los casos en los que sí se denuncia. Considerar las redes de apoyo y si la identidad sexual ha sido revelada o no puede arrojar luz sobre este problema.

Este es el primer estudio en México que analiza la denuncia de VPI en parejas conformadas por mujeres utilizando datos de BANAVIM. También es el primero que, mediante el uso de csQCA, da cuenta de manera formal de cómo interactúan diversas características asociadas a la desigualdad, sumándose a la literatura que aboga por integrar una mirada interseccional en los estudios sobre violencia y por enfrentar la heteronorma en la academia, tanto como en la práctica de los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

De nuestros resultados se deduce que cualquier intervención enfocada en la prevención de la violencia y el acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de VPI debe tomar en cuenta tanto la OSIEG como las condiciones de clase simultáneamente.

Este trabajo contribuye a que, desde la pedagogía social, se planteen intervenciones socioeducativas enfocadas en las comunidades sexodisidentes. Estrategias utilizadas en trabajo social para abordar desafíos colectivos como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, que ofrecen apoyo educativo y recursos a personas y comunidades necesitadas (Makwana y Elizabeth, 2022), pueden ser puestas en marcha con una perspectiva de diversidades, para prevenir la violencia, promover la denuncia y facilitar la atención a las víctimas. Es fundamental generar programas educativos formales e informales y campañas de comunicación que permitan a las víctimas y potenciales víctimas reconocer las señales o síntomas de la VPI para promover la denuncia (Whitton et al. 2024). Una apuesta basada en pedagogías de transformación y resignificación de vínculos afectivos antipatriarcales, que cuestionen los mandatos sociales y roles de género tiene el poder para desnaturalizar los vínculos violentos entre pares (Colombo et al., 2019), siempre que considere los estresores específicos de la población sexodisidente.

Para que las políticas públicas emergidas de la pedagogía social sean exitosas, es necesario: a) contar con un cuerpo de funcionarios permanentemente comprometidos (Cortés-González, et al, 2023) capaces de identificar los contextos victimizantes interseccionales que se han resaltado en este trabajo y b) asegurar la financiamiento y evaluación adecuadas, garantizando la coordinación de todos los servicios gubernamentales para proporcionar atención integral, acompañando estrategias de prevención y denuncia, así como proyectos para fortalecer las capacidades económicas de las comunidades disidentes, puesto que la capacidad de denunciar es contingente a la capacidad de emancipación.

Los gobiernos también deben salir del armario, acompañando una nueva pedagogía pública que interrogue la interreación de características asociadas a la vulnerabilidad y la multiplicidad de respuestas posibles para la intervención. Sus estrategias deben integrarse en narrativas más amplias que reconozcan la diversidad entre y hacia dentro de los diversos grupos sociales, naturalizando, respetando y protegiendo las múltiples configuraciones de vínculos afectivos y promoviendo la democratización en la intimidad (Schmukler, 2013).

Contribuciones (taxonomía CRediT)

Financiación

La investigación de la que deriva este artículo no contó con fuentes de financiamiento.

Declaración de conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

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