eISSN: 1989-9742 © SIPS.
DOI: https://doi.org/10.7179/PSRI_2025.47.09

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Caracterización de los programas de intervención social destinados a la prevención de la violencia basada en género: dentro de la Amazonía colombiana

Characterization of social intervention programs aimed at the prevention
of gender-based violence: within the Colombian Amazon

Caracterização dos programas de intervenção social destinados à prevenção
da violência baseada em gênero: dentro da Amazônia colombiana

Aura María TORRES-REYES https://orcid.org/0000-0002-4417-6740

Reina CASTELLANOS-VEGA https://orcid.org/0000-0001-7484-0262

Universidad de Zaragoza

Fecha de recepción: 26.I.2024

Fecha de revisión: 07.X.2024

Fecha de aceptación: 14.I.2025

CONTACTO CON LAS AUTORAS

Aura María Torres Reyes: Investigadora Grupo de Investigación OPIICS. Universidad de Zaragoza, España. E-mail: auramtorresreyes@gmail.com

Introducción

Colombia presenta una vulnerabilidad sistémica en términos de violencia dentro del contexto, dada su historia acumulada relacionada con hechos violentos que continúan dentro de la cotidianidad a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales en busca de la paz. Esta situación se incrementó un 4.7% para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2022 y el 2023, con un total de 21.605 casos de muertes violentas en todo el país, en donde el 2.3% de muertes violentas corresponden a mujeres, el boletín no hace mención a otras divisiones que estuvieron presentes bajo la categoría intersexual durante el 2022 en donde esta categoría representó el 0.01% de los casos (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2023).

En este contexto, la violencia contra la mujer expresada en tasas de mortalidad evidencia una minoría que contrasta con los datos de lesiones no fatales, en donde durante el mismo periodo de referencia se registraron 155.592 casos de mujeres víctimas de lesiones, lo cual representa el 53,8% del total de reportes realizados por: 1) Violencia interpersonal, 2) Violencia intrafamiliar, 3) Lesiones en eventos de transporte, 4) Examen médico legal por presunto delito de abuso sexual y 5) Lesiones accidentales.

Esto visibiliza la violencia contra la mujer, especialmente en el ámbito familiar y es un problema persistente y grave. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2023), el 76,9%, de las denuncias por violencia intrafamiliar son presentadas por mujeres. Esta alta prevalencia, corroborada por estudios anteriores (2016), evidencia que el hogar sigue siendo el entorno de mayor riesgo para muchas mujeres, confirmándose así la tendencia de un ciclo de violencia que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas.

Situación que continúa al interior de los departamentos que hacen parte de la Amazonía colombiana, en dónde luego de la violencia interpersonal, las lesiones más frecuentes se relacionan con la violencia intrafamiliar y el presunto delito sexual como se observa en la tabla 1. Estos datos, teniendo en cuenta el contexto nacional podrían interpretarse de baja incidencia y al compararlas en cuanto al número de habitantes por departamento serían estadísticamente invisibilizadas, si tenemos en cuenta las dificultades de denuncia reflejadas en infra registro posible dadas las grandes distancias entre las sedes de los organismos estatales y las zonas de asentamiento, los problemas de comunicación, acceso a tecnologías, transporte, desconocimiento de las rutas de atención y las contradicciones que pueden darse al tener doble sistema de justicia (el nacional que se aplica en todo el territorio y el que ejerce el pueblo indígena reconocido en la Constitución Política Nacional), las cifras reales de violencia contra las mujeres habitantes de la Amazonía colombiana podrían acercarse más a las realidades descritas en reportajes recientes (Garzón, 2021; Zambrano, 2022), y estudios regionales del Perú (Justo, 2020).

Esto ha llevado a lo largo del tiempo a realizar esfuerzos jurídicos para dar garantía a los derechos de la mujer en Colombia (Cardona et al., 2019) con su correspondiente adaptación del tratamiento penal que se realiza (Murillo y Muñoz, 2018). Que si bien, normativamente se evidencia un proceso evolutivo con un abordaje amplio de garantía de ejercicio pleno de derechos a la mujer y la protección de los mismos, en la práctica existen otros factores adicionales (Molina, 2019) que, en el escenario de pandemia agudizaron la situación a pesar de las respuestas estatales en cuanto a normativa (Decreto 460 de 2020, Resolución 595 de 2020) y estrategias de intervención socioeducativas a través de campañas educativas y de difusión (Valenzuela et al., 2021).

La vulnerabilidad asociada al hecho de ser mujer, se agrava con otras propias del contexto amazónico como: a) la ruralidad; b) violación de derechos humanos, c) variables étnicas, d) problemáticas generales del país, y e) brecha de género, que se abordan a continuación.

Ruralidad: la Amazonía colombiana tiene una extensión de 476.000 km2 correspondientes al 41.8% del territorio colombiano (CEPAL, 2017, p.1), y se divide al interior del país seis departamentos (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés), que se distribuyen políticamente en 62 municipios, albergando el 2.4% de la población nacional con 1.034.757 habitantes equivalentes a una densidad de 2.3 habitantes por kilómetro cuadrado (DANE, 2023). Su ocupación es mayoritariamente rural distribuida en figuras de ordenamiento territorial que comprenden resguardos indígenas, zona conservada, parques naturales, zonas de reserva forestal y zona intervenida. A nivel de conflicto interno, las problemáticas directas que repercuten en la violencia contra las mujeres en las zonas rurales, se evidencian en situaciones relacionadas con desplazamiento y restitución de tierras a víctimas del conflicto armado, agresiones contra lideresas sociales, limitantes en cuanto a educación y formación de mujeres rurales, financiamiento, desarrollo productivo y brechas salariales (Beltrán et al., 2021).

Violación de derechos humanos: en cuanto a la garantía de los derechos humanos dentro del país se encuentran esfuerzos nacionales como la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana para la vida y para la paz, y el relanzamiento del programa integral de garantías para mujeres defensoras, que evidencian avances como lo menciona el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU, 2023), sin embargo el camino por recorrer aún existe si nos detenemos en las cifras sobre homicidio de personas defensoras de derechos humanos en el país, que expresa el mismo informe:

En el primer semestre del 2023 verificamos 46 casos de homicidio de personas defensoras. 39 hombres y 7 mujeres. 11 indígenas, 9 afrodescendientes y 15 campesinos. 35% de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas eran miembros de Juntas de Acción Comunal (ONU, 2023, p. 1).

Adicionalmente el informe abarca temáticas pendientes de mejoras como las relacionadas con el control sobre la población de grupos armados, homicidios, masacres, falta de presencia estatal, extorsión, entre otras.

Lo cual es agudizado por situaciones propias de la región amazónica como: insatisfacción de necesidades básicas en un 45.8% de la población (CEPAL, 2017, p. 3); narcotráfico, minería y presencia de grupos armados (Rutas del Conflicto, 2023), la deforestación (CEPAL, 2017, p.4); tensiones frente a normativas de Ordenamiento territorial y necesidades de subsistencia y seguridad alimentaria (Decreto 632, 2018; García, 2023; Pérez, 2022), riesgo de explosionar por presencia de munición abandonada y minas antipersonas, presencia de grupos armados residuales y sus procesos de reclutamiento en menores de edad (Gobernación del Vaupés, 2020). Por consiguiente, existe un desafío pendiente en cuanto a la garantía de derechos humanos, a la que podemos añadir la variable étnica.

Variable étnica: la región amazónica es un territorio ancestral que habitan 64 pueblos indígenas de los 115 existentes en el país (Comisión de la Verdad, 2018). En general, dentro del país existen 1.905.617 personas que se perciben como indígenas, de las cuales el 50.1% son mujeres (Crespo et al., 2020, p.10). Ser indígena implica una visión del mundo diferencial, no sólo entre países que pertenecen a la región Amazónica, sino también al interior del país, pues cada pueblo ha construido una cosmovisión que lo identifica, en ellas se encuentran posiciones alternativas al patriarcado como aquellas que se basan en la complementariedad de hombres y mujeres (Remuy, 2009), o en la línea matrilineal (Valbuena, 2009).

Esta particularidad ha llevado a un reconocimiento nacional de su autonomía consagrada en la Constitución Política del país, añadiendo la variable de origen étnico (Defensoría del pueblo, 2017), cuya atención diferencial en el contexto de violencia contra la mujer ha logrado visibilización reciente debido a casos de violación de menores indígenas (Ospina, 2020) y situaciones relacionadas con derechos humanos que las afectan directamente como desplazamiento y reclutamiento forzado, trata de blancas, desaparición y desatención estatal (OCHA, 2023).

Brechas de género: al conflicto interno, se suman las brechas de género dentro del país representadas en aspectos como empleo, pobreza, protección social, desigualdad en la organización social del cuidado, la participación en escenarios de poder y toma de decisiones públicas, así como ejercicio pleno de derecho en salud sexual y reproductiva (Crespo et al., 2020) y problemáticas relacionadas que inciden de forma diferente acorde con el género como: el cambio climático, las fumigaciones por parte del Estado, la extracción petrolera (Ulloa et al., 2008), los procesos de violencia relacionados con el desplazamiento y refugio en zonas fronterizas como con Brasil (ACNUR, 2012), que suman escenarios de tensión adicionales a los abordajes tradicionales de la violencia de género como aquellos relacionados con factores de riesgo (motivos pasionales, influencia de emociones, contexto sociocultural, factores sociodemográficos) y consecuencias (Físicas, psicológicas, sociales, embarazo) (Molina, 2019, p. 21).

En este contexto, a fin de abordar las problemáticas locales haciendo un uso apropiado de los recursos del Estado, en Colombia se han normalizado los procesos de planeación de desarrollo territorial a través de la elaboración de planes de desarrollo, definidos como:

El Plan de Desarrollo es el principal instrumento para orientar la inversión pública territorial que tienen los departamentos. En el PDD se definen las acciones que adelantará la administración para atender las expectativas y necesidades de la población, bajo un enfoque de gestión por resultados y priorizando acciones hacia el cierre de brechas socio-económicas (Gobernación de Guainía, 2020, p. 376).

Estos planes, aunque son elaborados y ejecutados bajo el liderazgo del candidato elegido por votación popular para el periodo electoral (última vigencia 2020-2023), deben basarse en diagnósticos situacionales y procesos de planeación participativa, cuyo resultado se somete a debate público antes de su aprobación.

En este sentido, los planes de desarrollo deben adoptar las políticas nacionales y articular con los objetivos de desarrollo sostenible, a través de enfoques como el de derechos, equidad de género, poblacional, territorial, integral, diferencial (con relación a grupos étnicos) y de integración regional, a través de los cuales se espera atender las demandas locales y generar desarrollo sostenible en la región, lo cual puede incluir mejoras en infraestructura educativa, sanitaria, vial, promoción de la cultura y la convivencia ciudadana, deporte, emprendimiento, procesos de sustitución de cultivos ilícitos y demás líneas de atención detectadas en el diagnóstico.

A fin de viabilizar la inversión pública territorial e iniciar el ciclo de la implementación el Departamento Nacional de Planeación Nacional (DNP) ha elaborado un kit disponible online (KITPT, 2023) basado en la metodología de marco lógico que permite a las diferentes administraciones nacionales a construir los planes de desarrollo, con estructuras dimensionadas acorde con los lineamientos de la normativa nacional y sus políticas. Sin embargo, a la hora de programar los recursos se debe tener en cuenta el Manual de Clasificación Programático del Gasto Público y el catálogo de productos de la Metodología General Ajustada (MGA) lo cual conlleva a la necesidad de realizar una homologación entre el plan de desarrollo y la MGA (Departamento Nacional de Planeación, 2023, p.13), que da lugar a dos formas de expresión de la planeación, cuyo ejemplo se encuentra en la siguiente tabla 2.

Esto puede traducirse en una dificultad para las personas que elaboran los planes de desarrollo territoriales, y quienes los utilizan, más aún cuando se incluyen variables étnicas de representación de la realidad y su forma de actuar en ella, que en la Amazonía se puede evidenciar en la forma en que los pueblos ancestrales realizan procesos de planeación a través de la construcción de su Plan Integral de Vida Indígena (PIVI).

El PIVI incluye el uso de metáforas para representar su percepción de realidad, está técnica les permite concretar elementos para la puesta en común al interior de las comunidades, un ejemplo de ello en los procesos de planeación se encuentra en la descripción del departamento del Vaupés representada como una serpiente de cascabel muda, es decir una Surucucú, así:

SURUCUCU, a tu paso, las escamas del miedo arrastran todo lo que encuentras, maldad es tu presencia, tu fealdad fría se desdibuja entre las hojarascas en la profundidad del mar verdoso que oculta su realidad escalofriante, temor, sufrimiento, miedo es tu nombre, olvido es tu lema (Gobernación del Vaupés, 2020, p. 71).

Complementada con la metáfora de la configuración deseada, representada para el mismo periodo como un Yaigote o Jaguar, así:

El Jaguar (Yaigote) Tanimuca– Macuna Ostentoso en tu andar suave, despliegas poder y fortaleza con tu mirada ámbar, serena y calculadora; Tu naturaleza galante refleja la tranquilidad de tu bienestar, renunciando a tu paso estela de fortuna como las mariposas que se ciñen a tu piel ávidas de libertad, manto de esperanza anhelante y satisfecha de tu ser (Gobernación del Vaupés, 2020, p. 71).

Esta diversidad en las formas de representar pone de manifiesto la necesidad de una homologación adicional de doble vía, que permite el acceso a los recursos públicos y la construcción colectiva de las realidades dentro de la región.

1. Justificación y objetivos

Por tanto, la elaboración de los planes de desarrollo es, en sí misma, un ejercicio de conciliación, reconocimiento y puesta en común que permite a los habitantes participar en la construcción de su territorio y el manejo de los recursos de la región.

Esta planeación incluye programas de intervención social con el ánimo de construir y mantener la paz dentro del país, que con frecuencia se abordan desde diferentes mecanismos y estrategias basados en pedagogía social, orientadas a permitir la prevención, ayuda, restitución y resocialización que requieren personas en general o aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad específicamente frente a una situación de riesgo de violencia.

Esta intervención, se aborda tanto desde la planeación estatal, como de organizaciones civiles y multilaterales. Un ejemplo de ello, son las intervenciones que realizan entidades como ACNUR en la zona (ACNUR, 2023). En línea con esta visión, un estudio concluye sobre el postconflicto en Colombia: “la Pedagogía Social se vuelve protagonista en las oportunidades de neutralización violenta desde lo cotidiano, en sus diversos campos y situaciones para una paz estable y duradera” (Del Pozo et al., 2018, p. 48).

Sin embargo, en la práctica académica hay poco abordaje de la intervención que se realiza desde la pedagogía social para prevenir situaciones de violencia contra la mujer y de género, incluida la violencia intrafamiliar en la Amazonía colombiana. Dado que los indicadores en la región pueden invisibilizarse por la menor proporción de habitantes en relación con otras, y, además, coexisten violencias que poseen un mayor impacto en número de víctimas mortales.

Por ello, nuestra investigación tuvo por objetivo realizar una caracterización de los programas de intervención basados en pedagogía social para la prevención de la violencia contra la mujer y de género, incluida la violencia intrafamiliar, en la Amazonía colombiana dentro de los planes de desarrollo 2020-2023, a fin de visibilizar la problemática en el contexto de los esfuerzos locales basados en pedagogía social que se realizan.

2. Metodología

Este estudio se corresponde con una investigación cualitativa desde la perspectiva de Hernández et al. (2014), que siguió los pasos sugeridos y se retoman a continuación en el marco del estudio.

Planteamiento del problema en este paso inicial surgió la pregunta de investigación: ¿Cómo se caracterizan los programas de intervención basados en pedagogía social para la prevención de la violencia contra la mujer y de género incluida la violencia intrafamiliar en la Amazonía colombiana dentro de los planes de desarrollo 2020-2023?

Para responder a la pregunta, se avanzó al siguiente paso: revisión de la literatura, que se consolidó en el marco teórico. Posteriormente, se procedió al inicio del tercer paso en cuanto a la recolección de datos de todos los programas que se registraban dentro de los planes de desarrollo vigentes para el periodo 2020-2023, teniendo como criterio de inclusión que su producto incluyera formación o capacitación hacia una comunidad, y como criterio de exclusión, que el producto correspondiera a educación formal en cualquiera de sus niveles.

En estos documentos oficialmente se encuentra la planeación proyectada desde las gobernaciones de los departamentos que hacen parte de la Amazonía colombiana (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés) para 2020-2023; consolidando, entre otros, todos los planes, proyectos, actividades, productos y presupuestos asignados para la ejecución del mandato que estuvo vigente durante el periodo estudiado. Se extrajeron directamente de los sitios web oficiales de las gobernaciones departamentales. Esta selección de fuentes permitió cumplir las reglas de selección y elección formuladas por Bardin (1996) relacionadas con exhaustividad, pertinencia y representatividad.

Una vez se obtuvieron los documentos, se realizó la identificación a través de análisis de contenido de los programas que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, y se inició el cuarto paso análisis de los datos, en donde se emplearon técnicas de categorización y codificación guiadas por un proceso deductivo-inductivo, en el que: “se extraen características a partir de los datos del contexto” (Vives y Hamuni, 2021).

Dentro del estudio se tuvieron en cuenta categorías preestablecidas en los planes de desarrollo de las planeaciones departamentales y los códigos, se retoman etiquetas textuales de los documentos. Dando por resultado las definiciones conceptuales las categorías y subcategorías, que se representan en la figura 1.

Desde el proceso deductivo-inductivo que acompañó el establecimiento de las categorías, subcategorías y códigos de los programas, se establecieron las definiciones conceptuales y operacionales de categorías y subcategorías agrupadas en la tabla 3, y los códigos que se presentan en la tabla 4.

Este proceso permitió establecer un total de 83 programas de intervención basados en pedagogía social destinados a la prevención de la violencia contra la mujer y la violencia basada en género dentro de la Amazonía Colombiana, todos fueron analizados dentro del estudio, con lo cual la muestra se constituyó con la totalidad de programas identificados (n = 83).

Los valores extraídos acorde con las categorías y códigos procedentes de los documentos oficiales, se registraron en una matriz de datos Excel compartida por las investigadoras, que se constituyó en el instrumento central de recopilación, validación y análisis de los datos.

Este análisis se validó con triangulación intersubjetiva de las investigadoras, y triangulación metodológica (Piza et al., 2019) a través del empleo de técnicas de análisis cuantitativas como análisis de tendencia, proporciones y tabulación de los datos obtenidos durante la categorización y la codificación, que aportaron una mirada cuantificada de la distribución de las categorías y códigos establecidos.

No se incluyó una categoría o subcategoría relacionada con información financiera o de cuantificación de beneficiarios debido a que no se encontraba disgregada o no se expresaban de forma homogénea los indicadores, debido a que algunos planes se presentaban homologados a la Metodología General Ajustada (MGA).

Una vez finalizado el proceso de análisis, se concluyó la secuencia de investigación con la ejecución del último paso reporte de resultados, que dio lugar a este informe.

3. Resultados

3.1. Programas de intervención socioeducativa identificados en planes de desarrollo departamental 2020-2023

En total se identificaron acorde con las definiciones del estudio 83 Programas socioeducativos destinados a la prevención de la violencia contra la mujer y la violencia basada en género incluida la violencia intrafamiliar dentro de la región amazónica para el periodo 2020-2023, que se distribuyeron acorde con las categorías establecidas en un 42% correspondientes a 35 programas identificados de abordaje troncal y 58% correspondientes a 48 programas socioeducativos identificados por un enfoque transversal. En la figura 2 se resume la presentación de los hallazgos del estudio, teniendo en cuenta las variables del mismo.

3.2. Resultados específicos de los programas según abordaje troncal y transversal

Dado que se utilizaron las mismas categorías para el análisis del abordaje troncal y transversal de los programas, se presenta de manera conjunta los resultados obtenidos, detallando tanto en las figuras como en el texto acompañante cada abordaje.

3.2.1. Departamento

La distribución de los programas según el departamento se puede observar en la figura 3, que en promedio cada departamento proyectó 14 programas de intervención socioeducativa para la prevención de violencias (6 de tipo troncal y 8 de tipo transversal).

Al observar las intervenciones, se encuentran mayoritarias las que se corresponden con abordaje transversal. Destacando que los departamentos de Vaupés (29%), Caquetá (27%) y Guainía (17%) concentran el 73% de las intervenciones socioeducativas realizadas dentro de la región amazónica de forma transversal.

Por su parte, el abordaje troncal, aunque también está concentrado por mayor número de programas en los departamentos de Vaupés, Caquetá y Amazonas (65%), su distribución tiende a ser más homogénea en el resto de departamentos oscilando en el rango de entre 4-5 programas de abordaje troncal.

3.2.2. Enfoques

En Colombia los planes de desarrollo deben alinearse con la política de desarrollo nacional y las normativas vigentes, a fin de tener viabilidad presupuestal. Por ende, las líneas de abordaje se enmarcan dentro de esos enfoques presentes, como: derechos, integral, equidad de género, diferencial, territorial y poblacional, cuya distribución se encuentra en la figura 4, en la que se observa que de forma conjunta se sigue una tendencia decreciente desde el enfoque de género, derecho, integral hasta llegar a los enfoques territoriales y diferenciales.

Al revisar los programas de abordaje troncal, se encuentra que mayoritariamente se centran en el enfoque de equidad de género y de derechos, seguidos por enfoque integral y poblacional, y minoritariamente aparece el enfoque territorial siendo nulo el enfoque diferencial.

De otro lado, si se analizan el abordaje transversal, se encuentra que la distribución es similar a la hallada en el abordaje troncal en cuanto a los enfoques con mayor presencia. No obstante, en los enfoques minoritarios desaparece el enfoque territorial y emerge levemente el enfoque diferencial.

Así mismo, es importante recordar que debido a que los planes de desarrollo responden a un territorio. Por ende, esta clasificación debe ser dimensionada por enfoque prioritario presente dentro del departamento, así en el Amazonas prevalece un enfoque de equidad y diferencial; en Caquetá un enfoque de derechos y poblacional; en Guainía un enfoque integral; en Guaviare los enfoques de equidad y territorial; en Putumayo los enfoques de derechos, integral y poblacional; y en Vaupés el enfoque de equidad.

3.2.3. Productos

Desde la metodología obligada en la presentación de los planes de desarrollo, se denominan productos al resultado de la inversión que se realiza, a partir de la información disponible en los planes de desarrollo se establecieron los productos que se observan en la figura 5, las designaciones de los productos se codificaron teniendo en cuenta vocabulario textual presente en los planes de desarrollo.

En general, se observa disparidad frente al tipo de producto dentro de los abordajes. En el caso del abordaje troncal prevalecen estrategias, campañas, acciones, programas, servicio, capacitación y actividades, jornadas, encuentros, mínimamente se espera asistencia técnica, y no se encuentra ningún plan o proyecto.

Por su parte, el abordaje transversal, prioriza productos como: servicio, capacitación, acciones, estrategias, actividades, jornadas, encuentros, programas, asistencia técnica, campañas, e incluye mínimamente proyecto y plan.

3.2.4. Tipo de violencia

Según el tipo de violencia, en el abordaje transversal se encuentra una gran diversidad de temáticas que abordan afectaciones locales, desde las cuáles se realiza prevención de la violencia de forma transversal. Por lo cual la temática central de abordaje no es violencia (exceptuando un 2% que mencionan prevención de las violencias), sino factores relacionados como se puede observar en la figura 6.

En cuanto al abordaje troncal de la prevención de la violencia, se encuentra una diferenciación sobre el tipo de violencia en la cual se centra la acción del proceso como se observa en la figura 7, se realiza con mayor frecuencia la prevención de la violencia basada en género, seguida de la violencia contra la mujer de forma particular, y minoritariamente se aborda la violencia sexual y otros tipos de violencia (explotación laboral sexual, violencias físicas y psicológicas).

3.2.5. Población objeto

Con relación a la población objeto se encuentra una gran diversidad acorde con la figura 8, especialmente en la población objeto del abordaje transversal, aunque se estableció una concentración en cuatro grupos: general, población joven, mujer y funcionarios que en conjunto suman el 62% de la agrupación de población objeto.

Le siguen otros grupos de población como: familia (8%), niños, niñas y adolescentes (6%), mujeres indígenas (4%), y población desplazada (4%).

De otro lado, un grupo minoritario, con un 2% cada uno, está dirigido a población específicas como LGTBI, líderes y lideresas, Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes, personas con discapacidad, afrodescendientes, población indígena, población NARP negra, mulata, afrodescendiente, afrocolombiana y población vulnerable.

Finalmente, la población objeto del abordaje troncal está concentrado (91%) en tres grupos poblacionales: general, LGTBI y mujer, y minoritariamente a Niños, niñas y adolescentes (9%).

3.2.6. Temática

Acorde con las temáticas identificadas en el abordaje transversal, se encuentran cuatro tendencias, las temáticas de mayor frecuencia (35%), que abordan: derechos (17%), trata de personas (10%) y fortalecimiento de la familia (8%).

En segundo lugar (24%), las relacionadas con: cultura, artística y recreación (6%), liderazgo (6%), participación ciudadana (6%) y salud (6%).

En tercer lugar (20%), las relacionadas con: emprendimiento (4%), organización población civil (4%), permanencia educación superior (4%), proyecto de vida (4%), salud mental y convivencia (4%).

En cuarto lugar, con 2% cada una: deporte y equidad de género, educación inicial, embarazo no deseado, equidad de género, liderazgo, emprendimiento y TIC, prevención de violencias, reclutamiento infantil, resolución pacífica de conflictos y formulación de proyectos, superación de la pobreza.

Por otra parte, en cuanto a las temáticas troncales acorde con la figura 8, se identifican tres grandes grupos de tendencia. El primer grupo, abarcan el 54% del total: violencia basada en género (26%), derechos de la Población LGBTI (17%) y violencia intrafamiliar (11%).

Un segundo grupo, representando el 12%: de los casos, se enfoca en la prevención de violencias niños, niñas y adolescentes (6%), y empoderamiento de la mujer (6%).

Finalmente, se encuentra un tercer grupo más disperso, con baja frecuencia que aborda las temáticas, con una participación del 3% en cada una y estas son: asistencia técnica relacionada con atención mujeres víctimas de violencia, derechos de la mujer y violencia de género, diversidad sexual, emprendimiento mujeres, inclusión y participación LGBTI, prevención de embarazo adolescente, violencia sexual y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, protección social de la mujer, sexualidad sana, violencia contra LGTBIQ, violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogodependencias; violencia sexual contra la mujer; violencia sexual y empoderamiento mujeres.

4. Discusión y conclusiones

La prevención de la violencia contra la mujer y la violencia basada en género incluida la violencia intrafamiliar, posee un lugar importante de las intervenciones que se planean dentro de la región amazónica tanto como un programa de abordaje troncal o transversal, lo cual es consistente la alta probabilidad de que una mujer sea víctima de agresiones físicas dentro de la región amazónica (Cárdenas y Polo, 2022, p. 28), reflejado en las estadísticas de lesiones no fatales en mujeres durante el periodo 2022-2023 (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2023).

Podríamos inferir que el número de programas proyectados para su prevención podría correlacionarse positivamente con una reducción de su tasa de ocurrencia si tomamos el caso del departamento del Vaupés que dentro del estudio tuvo el mayor número de programas y para el periodo del 2019-2023, logró pasar de una tasa de ocurrencia de 224,7 a 146,7; mientras que Putumayo, el departamento con menor número de programas para el mismo periodo pasó de 114,8 a 156.4 (Instituto Nacional de Salud, 2023, p. 12), aunque esto debería estudiarse con mayor detenimiento en estudios posteriores.

No obstante, la atención específica dentro de los programas objetos del estudio a poblaciones indígenas dentro de la Amazonía colombiana es baja representando sólo el 4% de los programas transversales, y el 0% de los programas troncales.

Esta baja atención podría estar relacionada a la limitada financiación destinada a los pueblos indígenas. Solo el 13% de los recursos proviene del Sistema General de Participaciones (SGP) asignado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2014), y administrado por los resguardos a través de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI).

Sin embargo, un estudio del DNP la asignación destinada para los resguardos indígenas fue del 0.52% (DNP, 2023, p. 15), con lo cual es presumible que las temáticas no sean atendidas diferencialmente tanto con recursos nacionales o específicos.

Lo anterior, pone de manifiesto las dificultades de los pueblos indígenas dentro de sus territorios ancestrales para acceder y administrar los recursos asignados constitucionalmente, tal como lo corrobora el informe de la Contraloría General de la República (CGR) en su informe (CGR, 2020), mencionando que los recursos no se destinan a proyectos destinados a mejorar la calidad de vida, sino a la adquisición de bienes de consumo inmediato que algunas veces ni siquiera llegan.

Lo anterior, evidencia las dificultades presentes a lo largo del tiempo en Colombia para atender integralmente las poblaciones indígenas si se tiene en cuenta el informe del relator especial de derechos humanos (ONU, 2010) y su situación actual (Jaouen, 2023).

Específicamente sobre el acceso y manejo de recursos, podría ser explicado por la falta de capacitación, conocimiento y destrezas informáticas que requieren la presentación de programas y proyectos.

Esta situación conlleva a observar el impacto específico en los pueblos indígenas de la brecha digital, que posee en la región valores cercanos al máximo según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC, 2023). Además de los problemas de educación que median este acceso como lo señala el estudio de Carrillo-Bulla (2024), que no sólo implican dificultades endógenas de los pueblos, sino de la capacidad nacional para la atención y compresión de los pueblos indígenas en sus particularidades.

Por tanto, afecta las posibilidades que podría brindar la ejecución de la partida presupuestal en la calidad de vida dentro de los territorios, y específicamente, en la prevención de las violencias estudiadas presentes dentro de los departamentos fuera y dentro de los resguardos, tal como se encuentra en los informes estadísticos nacionales (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2023; Boletines Estadísticos Mensuales, 2023).

Es importante, recalcar que, en caso de ser atendidas las violencias estudiadas dentro del territorio, la atención hacia la mujer indígena se difumina sin el enfoque diferencial que les debería caracterizar. Lo cual posibilita que la mujer indígena quede en un limbo jurisdiccional entre la administración general y la indígena, dando lugar a la infravaloración y las realidades descritas en los reportajes y estudios regionales que se tuvieron en cuenta en la introducción del documento (Garzón, 2021; Justo, 2020; Zambrano, 2022).

En consecuencia, esta situación se evidencia dentro del estudio en el bajo número de programas que tuvieron en cuenta el enfoque territorial y diferencial dentro de su diseño, así como el bajo enfoque a población indígena.

Por otra parte, al interior de la región se observa infra registro de la violencia vista desde el sistema nacional (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019), en donde el departamento de Putumayo, específicamente su capital no presenta estadísticas de violencia, lo cual presumimos influyó con un menor número de programas que atienden las violencias dentro de la región, a pesar de la incidencia aumenta como se observa en el informe de 2023 del Instituto Nacional de Salud (INS) (INS, 2023).

No obstante, esto podría explicarse mejor por dificultades administrativas en el seguimiento de las violencias estudiadas, lo que obstaculiza su argumentación para ser atendidas y limita las capacidades de atención locales, contribuyendo con: 1) la normalización de las violencias acorde con otras regiones del país (Gallego, 2022), 2) la falta de confianza en la denuncia generada por miedo a la impunidad que puede incrementar su intensidad (Londoño et al., 2017) como se demuestra en casos públicos de otros departamentos (Guerrero, 2024). Lo que conlleva a la falta de registro, seguimiento y su baja priorización de atención.

En este sentido, se evidencia la necesidad de contar con sistemas de información actualizada y veraz al momento de realizar procesos de planeación y el acceso integral a los sistemas. Esto no sólo implica la ausencia de brecha digital, sino de capacitación y conocimiento para integrar la información en el proceso de planeación, incluyendo en primer lugar, las dificultades generadas por la armonización entre el plan de desarrollo y la Metodología General Ajustada (DNP, 2023); las diferencias entre las concepciones nacionales y ancestrales frente a la planeación (Gobierno del Vaupés, 2020), “el distanciamiento entre el orden jurídico y la realidad que se busca regular” (Zapata, 2020, p. 245).

Además, es fundamental la formación y seguimiento de los funcionarios sobre la atención y actualización de los registros relacionados con las violencias, el seguimiento a los programas y proyectos en cuanto a su efectividad (Fondo de Naciones Unidas, 2010; Rojas, 2024) y por último, cabe destacar que el devenir de la Amazonia y sus pobladores, se modela cada cuatro años acorde con los periodos electorales, e influenciado por las planeaciones que desde organismos internacionales se realizan para la región (Campaña, 2023, p. 112).

En relación con la intervención basada en pedagogía social evidenciada en el estudio, se halló gran diversidad en la designación utilizada para los procesos de capacitación comunitaria, tanto desde un abordaje troncal como transversal. Esta diversidad podría evidenciar posibles dificultades dentro de los procesos de planeación con respecto a la armonización, así como la falta de certeza sobre el producto final esperado.

Por lo tanto, el uso de designaciones generales como “estrategia”, en lugar de términos más específicos como “Proyecto” definen claramente la intención y población a la que se dirigen. Esta situación podría estar asociada a la falta de formación específica en áreas como pedagogía social y a fines, así como en procesos de planeación estratégica similares a los de organizaciones productivas (Valencia y Alfonso, 2016), aunque no se posee información suficiente para afirmarlo con certeza.

Con independencia de lo anterior, los programas identificados como de abordaje transversal de la prevención evidencian intervenciones de tipo estructural (plan, proyecto, servicio) o de mayor duración (capacitación, asistencia técnica), mientras que las intervenciones de abordaje troncal suelen corresponder a intervenciones más puntuales (estrategia, campaña, programa, acciones, encuentros, jornadas, actividades), ya que generan un proceso de activismo al interior de las sociedades, en donde se reconstruyen y transforman los estereotipos, creencias e imaginarios asociados a la violencia, a la mujer y en general al género; encontrando en las redes sociales y el periodismo social una oportunidad de reivindicación (Vite et al., 2020, p. 133), que a su vez pueden incidir en un activismo judicial con las implicaciones que ello tiene (Lozada, 2018).

En este contexto, la intervención desde la pedagogía social aporta a las comunidades, las personas y organizaciones la creación de alternativas de respuesta ante situaciones que inciden dentro de la presentación de la violencia multifactorial del contexto, resaltando su función:

La función del trabajo socio-pedagógico no es ni mantener ni buscar directamente el bienestar del otro, es ayudar a las personas a desarrollar estrategias y a adquirir recursos que les permitan aprender a buscar, a elegir y a construir por sí mismas su propia manera de ser, de estar y de actuar en y con el mundo (Úcar, 2018, p. 66).

De otra parte, esta diversidad en el abordaje de la prevención responde a las diferentes manifestaciones de la violencia que conllevan necesariamente el respecto a la diferencia y a la búsqueda de acuerdos comunes, que permitan tejer la paz de forma duradera, pues la violencia se percibe de forma diferente como lo demuestran estudios dentro del contexto escolar en diferentes estratos sociales (Acosta et al., 2021, p. 255).

Por ende, la concentración de estos programas ubicados en el abordaje troncal se realiza en población general y se específica en poblaciones con mayor riesgo como es la mujer, la población LGTBI y familia. Aunque se refuerza a través de procesos de intervención socioeducativa transversales desde poblaciones que están en situación de riesgo adicional (como lo son las mujeres indígenas, población desplazada, población con discapacidad, entre otras), desde múltiples programas que involucran la población joven en busca de disminuir las prolongaciones multigeneracionales, así como los funcionarios y líderes y lideresas que permiten un cambio dentro del sistema de atención estatal.

La diversidad de temáticas afrontadas desde la intervención transversal pone de manifiesto que la paz se construye desde todos los ámbitos en acciones cotidianas como se ha concluido a lo largo del tiempo, con una experiencia exitosa desde la administración pública con la implementación del programa de cultura ciudadana (Serrano, 2017), evidenciando el potencial de la pedagogía social en la transformación de la ciudadanía, tal como lo expresa: “La incorporación en narrativas que tienen sentido para todo el mundo es curiosamente una condición de éxito de las políticas públicas” (Mockus, 2002, p. 39).

En este sentido, la inclusión de metáforas desde los pueblos ancestrales para representar su situación, pueden ser de gran valor pedagógico, no sólo en procesos de planeación social sino también en lo individual. Aunque tal como lo señala Serrano, existen factores relacionados con la institucionalización, inclusión y continuidad (Serrano, 2017, p. 48), que serán determinantes en la continuidad y mantenimiento de los logros construidos.

Por tanto, es posible que los procesos de transformación basados en la intervención socioeducativas deban plantearse con independencia de los periodos electorales nacionales y locales. Estos periodos electorales “revelan un discurso contradictorio que fomenta” (Zapata, 2020, p. 234), que si bien es mitigada por los objetivos de desarrollo sostenible en articulación con las políticas nacionales decenales.

Además, los enfoques presentes en la intervención socioeducativa planeada, generan una intervención extra entre la población de la región y sus procesos de planeación, que en la práctica desplazan el enfoque diferencial y la atención focalizada a mujeres indígenas particularmente, como se evidencio en el estudio.

Aun así, el enfoque de equidad de género presente de forma mayoritaria en los programas evidencia la correspondencia con el objetivo de desarrollo número cinco relacionado con “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (ONU Mujeres, 2022).

Este enfoque de equidad de género, es complementado con intervenciones socioeducativas que responden a un contexto de riesgo para las mujeres especialmente marcado en el ámbito doméstico, siendo más frecuentes los programas destinados a la prevención de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer dentro de las planeaciones departamentales; seguidos por aquellos destinados a la violencia sexual y otras violencias relacionadas con factores de riesgo regionales como explotación laboral, sexual, violencia física y psicológica, que apuntan a la prevención de la presentación de este tipo de violencias en niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, si tenemos en cuenta el boletín estadístico del Instituto nacional de medicina legal comparando los periodos enero a septiembre de 2019 y 2023, encontramos que sólo dos departamentos presentan disminución en los casos reportados, con lo cual podríamos establecer la necesidad de observar los resultados de la intervención en cuanto a su aporte en la disminución de los indicadores de violencia basada en género y establecer nuevos indicadores de evaluación de resultados, pues, tal como se encuentra en otras intervenciones socioeducativas, como las que abordan temáticas de prevención del embarazo adolescente, no suelen presentar resultados homogéneos (Sanz et al., 2019).

4.1 Conclusiones

Los programas de intervención basados en pedagogía social destinados a la prevención de la violencia contra la mujer y la violencia basada en género dentro de la Amazonía Colombiana 2020-2023 se caracterizan desde el estudio en dos abordajes.

El primer abordaje, retoma la prevención como una temática de atención centrada en la prevención de las violencias tenidas en cuenta y otro abordaje que complementa de forma transversal en un contexto de alto riesgo para las mujeres, en dónde se invisibiliza la atención desde un enfoque territorial y diferencial, que permitiría dar respuesta a las mujeres y población indígena en riesgo de violencia desde su propia cosmovisión y sistema sociocultural.

Estos programas, pueden incidir positivamente en la prevención y la disminución de la ocurrencia de las violencias estudiadas dentro de un territorio, como se concluye parcialmente a partir de los hallazgos del estudio. No obstante, se requieren estudios que lo aborden puntualmente.

Adicionalmente, los programas se caracterizan por atender a las articulaciones nacionales con los objetivos de desarrollo sostenible a través de políticas y planes que se operacionalizan en el plan de desarrollo departamental en líneas que enmarcan los programas desde enfoques; siendo mayoritario el enfoque de equidad de género en el abordaje de la intervención socioeducativa de las violencias estudiadas, lo cual es coherente con las políticas multilaterales de ODS, las políticas nacionales, y las normativas. Sin embargo, dejan un saldo pendiente a la congruencia con la cosmovisión de los pobladores ancestrales a través de un enfoque territorial y diferencial que mínimamente se tuvo en cuenta, lo que corrobora la ausencia de una variable étnica dentro de la planeación presente para la región.

La forma en cómo se operacionalizan de cara a la intervención con las poblaciones presenta gran diversidad, dejando entrever una planeación de abordaje directo basado en mecanismos de intervención socioeducativa de tipo activista, mientras que el abordaje transversal suele evidenciar intervenciones de tipo estructural.

Asimismo, estos programas se caracterizan por dirigirse mayoritariamente a población en general, dejando de lado las cosmovisiones ancestrales de los pueblos indígenas, que tampoco son atendidas con presupuestos específicos, propiciando un limbo jurídico en la atención diferencial dentro del territorio para las mujeres indígenas. Con lo cual está situación podría conllevar a un subregistro y desconfianza en la efectividad de la denuncia. En consecuencia, disminuir la cantidad de recursos que se destinan a su prevención por falta de evidencia y, por ende, normalizar la violencia e incidir en el incremento de su ocurrencia.

Además, pone de manifiesto la necesidad de procesos de pedagogía social que permitan a los pueblos indígenas acceder a los recursos que la nación destina para el mejoramiento de su calidad de vida, bajo un enfoque diferencial y territorial. Ello implica no solo la asignación presupuestal, sino la dotación de infraestructura y capacitación que disminuya la brecha digital presente en el territorio; y el conocimiento para realizar procesos que redunden en su propia construcción del bienestar y la paz duradera, con lo cual es necesario pensar en los mecanismos de acceso a presupuestos desde un sistema que se articule con la forma de planeación de las comunidades indígenas y su cosmovisión.

De otra parte, aquellos programas que se realizan desde el abordaje troncal de la prevención suelen enfocarse en poblaciones con alto riesgo; mientras que en el abordaje transversal tienden a dispersarse en múltiples temáticas y poblaciones asociadas a riesgos y vulnerabilidades contextuales, enmarcadas desde los enfoques del deber ser impuestos desde el afuera a las comunidades indígenas que son focalizadas, siendo tal vez la única forma de atención de las mujeres, niñas, adolescentes y población en riesgo de origen indígena, con lo cual tal vez se abre la puerta a un nuevo tipo de violencia a través de la invisibilización de sus necesidades especiales y contextuales, que podría darse desde las instituciones que realizan y diseñan la atención dentro del territorio, evidenciando la omisión de la variable étnica de forma generalizada.

En este contexto, la pedagogía social se dimensiona como una oportunidad en la transformación de los escenarios de interacción, en espacios de paz duradera, permitiendo establecer mecanismos contextualizados en cuanto a la prevención de las violencias, que requieren de mayor seguimiento y de un abordaje que garantice la conexión entre las cosmovisiones presentes en las poblaciones habitantes del territorio y sus incidencias reales.

Sin embargo, a pesar de las posibilidades de aporte, es importante tener en cuenta que la prolongación de sus logros está relacionada con una multiplicidad de factores, que podrían ser afectados por la dinámica de planeación ajustada a un periodo electoral, así como a otros elementos estructurales, que requieren abordajes más amplios en estudios posteriores permitiendo establecer mecanismos de evaluación de impacto, a fin de crear los determinantes que garantizan el éxito y las limitaciones de las prácticas de la pedagogía social.

Adicionalmente, se concluye que si bien los procesos de planeación permiten una participación activa en la construcción de las realidades locales atendiendo a sus diferencias territoriales, está participación se ve limitada por la diferencia en la cosmovisión que media la percepción de la realidad y su forma de representarla, dado que las metodologías establecidas desde el nivel nacional, pueden invisibilizar las lecturas y las narrativas de los pobladores sobre su contexto, un insumo que podría ser retomado en las prácticas de pedagogía social dentro del país, atendiendo su declaración de diversidad cultural.

Está situación de limitación frente a la capacidad de los pobladores para incidir en la planeación de su territorio, ha tenido históricamente dentro de la amazonia una alta intervención de no pobladores, desde el nivel nacional o a través de organismos multilaterales; por ello la pedagogía social en el contexto de la amazonia colombiana no sólo es una línea de intervención socioeducativa de prevención de violencias, sino también una oportunidad de empoderamiento de las personas que habitan el territorio para plantear una amazonia que se pueda representar a sí misma, más como un jaguar tranquilo y menos como una surucucú que deja un hilo de muerte a su paso.

De otra parte, como limitaciones del estudio encontramos: a) las dificultades de los pueblos indígenas para plasmar su cosmovisión dentro de los planes, limitando el reflejo de sus formas de ejercicio de la pedagogía social en los planes de desarrollo y por ende, en el estudio, b) dificultades de los diseñadores de los planes en la diferenciación entre los mecanismos de intervención y los productos basados en pedagogía social, c) desafíos en cuanto a metodologías indígenas efectivas y validadas para el acceso, administración y seguimiento de los recursos.

En este sentido, recomendamos en primer lugar, rescatar elementos ancestrales dentro de los abordajes participativos de planeación y las prácticas de pedagogía social, así como un acompañamiento en la elaboración de los planes de desarrollo de profesionales que contribuyan a potenciar el aporte de la pedagogía social dentro de la planeación de intervenciones socioeducativas que se proyectan dentro del contexto colombiano y específicamente de la Amazonía. Además, en segundo lugar, se realicen estudios que permitan establecer factores de éxito que permitan ampliar los resultados de intervención basados en mecanismos de pedagogía social, sus resultados y el mantenimiento de los mismos dentro de las poblaciones. Por último, diseñar metodologías que permitan acceder, administrar y hacer seguimiento a los recursos destinados a poblaciones indígenas teniendo en cuenta su propia cosmovisión y sistema sociocultural.

Contribuciones (taxonomía CRediT)

Financiación

La investigación de la que deriva este artículo no contó con fuentes de financiamiento.

Declaración de conflicto de intereses

Las autoras declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

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