El 14 de octubre de 2025, el Consejo de Ministros acordó iniciar el procedimiento de reforma constitucional para incluir en la misma el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, aunque algunas semanas antes la ministra de Igualdad había adelantado esta decisión del Gobierno para garantizar a nivel constitucional este derecho de las mujeres. A partir de ese momento, la posible reforma ha sido objeto de opiniones contrapuestas, tanto jurídicas como políticas.

No hay precedentes de la inclusión expresa de la interrupción voluntaria del embarazo en una constitución española. El único precedente legislativo, que no constitucional, es el Decreto de 25 de diciembre de 1936, sobre la Interrupción Artificial del Embarazo, de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, en plena Guerra Civil. Esta norma legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas, con el consentimiento de la mujer, sin necesidad de alegar ninguna causa y realizado en centros sanitarios públicos.

Federica Montseny, ministra de Sanidad y Asistencia Social en el Gobierno de Largo Caballero, promovió por primera vez un proyecto sobre aborto voluntario de ámbito nacional, también iniciada ya la Guerra Civil. El proyecto, que recibió el rechazo incluso del propio Gobierno al que Montseny pertenecía, se basaba en la defensa de la maternidad voluntaria y se integraba dentro de los servicios de la sanidad pública.

Durante los debates parlamentarios para la elaboración de la Constitución de 1931 se hizo patente el diferente enfoque de los parlamentarios que consideraban el aborto voluntario un tema altamente conflictivo. Tampoco las mujeres parlamentarias en aquellos debates defendieron los derechos reproductivos de la mujer, donde los temas preferentes eran la maternidad, la protección de la infancia o la salud de la mujer trabajadora, aunque se reconoció el divorcio y la igualdad de los hijos ante la ley.

El aborto fue considerado delito y penado severamente en los códigos de 1822, 1870, 1944, delito que se mantuvo en reformas posteriores hasta la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, derogada por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Como es conocido, contra estas leyes orgánicas se interpusieron recursos de inconstitucionalidad que fueron resueltos por el Tribunal Constitucional en sus SSTC 53/1985, de 11 de abril, y 44/2023, de 9 de mayo de 2023, y que son objeto de comentario en un apartado posterior.

Durante el siglo xx diferentes países aprobaron leyes de despenalización del aborto, con el sistema de plazos o de indicaciones o de ambos. En este siglo xxi, Francia ha sido el primer país en incluir la interrupción del embarazo en su Constitución. El Parlamento aprobó el 4 de marzo de 2024 la ley constitucional n.º 2024-200, que modificó el art. 34 de la Constitución francesa. Nótese que el art. 34 de la Constitución se refiere a las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno y el nuevo texto queda incluido en el subapartado que establece que «la ley determinará los principios fundamentales» de las materias que a continuación se citan, entre ellas, la nueva previsión de garantizar la libertad de la mujer ante el aborto. No se creó, por tanto, un nuevo derecho fundamental, totalmente definido en la Constitución, sino que se reconoció una libertad susceptible de desarrollo legal.

Luxemburgo ha sido el segundo país en iniciar un proceso de reforma constitucional para elevar a rango constitucional la libertad de la mujer para interrumpir su embarazo. Conforme al art. 131 de la Constitución, la reforma constitucional debe votarse en la Cámara de Diputados afirmativamente en dos votaciones separadas, al menos, por tres meses. La primera votación afirmativa se realizó el 3 de marzo de 2026 y el resultado de la votación fue de 48 votos afirmativos, 6 negativos y 2 abstenciones, superando la mayoría de dos tercios requerida. Como en el caso de Francia, también el texto de reforma constitucional de Luxemburgo evita reconoce un «derecho» de la mujer a la interrupción del embarazo, considerando que tal término implicaba confirmar la obligación del Estado de garantizar activamente el aborto en todo caso, mientras que el término «libertad» permitía —se dijo— un mayor margen del legislador.

En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió, en el Consejo de Ministro del 14 de octubre de 2025, iniciar los trámites para la que sería la cuarta reforma constitucional del texto de 1978. En esa reunión, el Gobierno aprobó el anteproyecto de reforma constitucional del art. 43 de la Constitución (derecho a la protección de la salud) y acordó solicitar al Consejo de Estado el dictamen previo para poder tramitar formalmente dicha reforma constitucional. El 7 de abril de 2026, el Gobierno aprobó un nuevo texto de reforma constitucional en el que, según la nota de prensa posterior al Consejo de Ministros de ese día, se incorporaban las mejoras realizadas por el Consejo de Estado, a las que posteriormente se hace referencia.

Días antes de la reunión del Consejo de Ministros de octubre de 2025, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció el texto que se incluiría como nuevo apartado, el 4, al art. 43 CE: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».

En el Consejo de Ministros del 7 de abril de 2026, el texto que se adoptó decía: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio». Este texto fue el finalmente remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria y el 30 de abril, el Congreso de los Diputados, por 177 votos en contra y 171 votos a favor, rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios del PP y Vox.

Hay diferencias sustanciales y no meramente terminológicas entre un texto y otro. El inicialmente aprobado por el Consejo de Ministros enfatizaba en el derecho de las mujeres, expresión con la que se iniciaba el nuevo apartado 4. En el texto definitivo se elimina la mención a la «protección de los derechos fundamentales de las mujeres», con el que se finalizaba dicho apartado en la primera versión. El texto que se tramitará inicialmente en el Congreso adopta una redacción más nítidamente prestacional, pues, aunque se alude deliberada y expresamente «al ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo», se evita proclamarlo como premisa, vinculándolo a las obligaciones prestacionales del Estado. Esta tesis se sustenta también en la literalidad de la exposición de motivos del anteproyecto cuando afirma que, con el reconocimiento constitucional propuesto «el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo queda amparado, además de como una libertad fundamental de las mujeres, como una facultad indisponible para los poderes públicos, especialmente para el legislador, que no pueden desconocerla ni suprimirla». La exposición de motivos del anteproyecto vincula el derecho a la protección de la salud (art. 43.1 CE) con el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha sostenido la conexión del derecho a la protección de la salud con los derechos fundamentales a la integridad física ymoral (STC 118/2019, de 16 de octubre). Esta tesis permite avalar el establecimiento de las «prestaciones sanitarias necesarias» para la «garantía efectiva del ejercicio del derecho» a la interrupción voluntaria del embarazo como «exigencia inescindiblemente unida a la protección de los derechos fundamentales vinculados a dicho derecho a la interrupción del embarazo».

La ubicación de esta reforma en el art. 43 CE, dentro del capítulo III, del título I, «Principios de política social y económica», determina que el procedimiento de reforma aplicable sea el establecido en el art. 167 CE (reforma ordinaria), ya que el art. 43 CE no se encuentra entre las materias reservadas a la reforma agravada regulada en el art. 168 CE. En todo caso, el procedimiento previsto en el art. 167 CE requiere, como es conocido, además del informe del Consejo de Estado al que ya se ha aludido, la aprobación por mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado, y si no se obtuviera dicha mayoría, la constitución de una comisión mixta que presentará un texto para nueva votación por iguales mayorías. Si este paso procedimental también fracasara, la reforma podría ser aprobada con el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado y mayoría de dos tercios del Congreso. El art. 167 CE prevé, además, que pueda convocarse un referéndum de ratificación de la reforma, pero solo si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores (cosa que sería posible dada la pluralidad y divergencia de fuerzas políticas en la actual legislatura), mientras que en el procedimiento del art. 168 CE el referéndum es obligatorio. Por tanto, a pesar de que el procedimiento del art. 167 CE es menos riguroso que el establecido en el art. 168 CE, no carece de complejidad y requiere igualmente un acuerdo parlamentario amplio. Con todo, es necesarioseñalar que la obtención de las mayorías requeridas en el art. 168 CE, dos tercios de cada Cámara, era un objetivo de muy difícil logro con la correlación de fuerzas políticas en las Cortes en el momento del anuncio de la reforma.

La dificultad política de obtener las mayorías requeridas en el art. 168 CE determinó, sin duda, que la reforma se ubicara en el art. 43 CE que regula el derecho a la protección de la salud, la organización de la tutela de la salud pública y otras materias conexas, hecho que fue expresamente reconocido en la memoria explicativa que acompañó al anteproyecto. También el Consejo de Estado en su Dictamen 1078/2025 llamó la atención sobre este asunto, afirmando que se trata de «consideraciones de oportunidad política que, desde un punto de vista constitucional, no deberían ser tenidas en cuenta a la hora de elegir el precepto objeto de la reforma» y que la decisión de «reformar uno u otro precepto constitucional ha de realizarse atendiendo únicamente al contenido de la reforma propuesta, en el marco de la Constitución».

Con todo, la diferente ubicación de la reforma tiene, en este caso, consecuencias de profundo calado, ya que, como el propio Gobierno expuso, la constitucionalización del aborto por primera vez en la historia constitucional de nuestro país se realizaría como una prestación sanitaria, cosa que actualmente ya está reconocida en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo art. 19 reconoce esta prestación, con independencia del lugar de residencia, con cargo al Sistema Nacional de Salud y, por tanto, con financiación pública, ya sea en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. El citado precepto considera la interrupción voluntaria del embarazo una prestación sanitaria de urgencia por razón de los plazos y la garantiza (art. 18 LO 2/2010), incluso por vía jurisdiccional (art. 19.4 LO 2/2010). La reforma, pues, impediría que dicha prestación sanitaria pueda eliminarse de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud sin otra previa reforma constitucional, pero está muy alejada del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

El Dictamen 1078/2025 del Consejo de Estado ya citado concluye enunciando una diferente redacción del proyectado apartado 4 del art. 43 CE. Esta diferente redacción considera viable la reforma constitucional «si se realiza de forma coherente con el contenido del derecho a la protección de la salud reconocido en dicho precepto y con el resto de derechos y bienes constitucionales concernidos en la interrupción voluntaria del embarazo». El derecho a la protección de la salud —afirma igualmente el Dictamen— tiene un contenido prestacional, que se manifiesta es la obligación impuesta a los poderes públicos de «organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» (art. 43.2 CE). Puntualiza el Dictamen la separación que existe entre la libertad de la mujer para adoptar la decisión de interrumpir el embarazo (fundamentalmente, su derecho a la integridad física y moral) y las prestaciones que el Estado debe garantizar a tal fin. Así, el Consejo de Estado reconduce los argumentos sobre la reforma constitucional a que la redacción del nuevo apartado 4 del art. 43 CE responda a la naturaleza del contenido de dicho precepto y concluye su Dictamen con la siguiente nueva redacción al proyectado apartado 4: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para hacerlo efectivo». Esta redacciónalternativa del Consejo de Estado fue aceptada por el Gobierno, incluyendo «en condiciones de igualdad real y efectiva», y remitida para su tramitación parlamentaria. Con ello, como ya se señaló, se enfatiza en las obligaciones prestacionales del Estado y se diluye el reconocimiento del derecho a la interrupción del embarazo, con lo cual se apoya indirectamente la tesis de que el art. 43 CE no era la ubicación correcta para el reconocimiento expreso del tal derecho en la Constitución.

Sin embargo, otra opción de reforma constitucional era posible. Se ha enunciado con acierto la posibilidad de dotar de las garantías previstas en los apartados 1 y 2 del art. 53 a derechos que han cobrado especial relevancia en las sociedades actuales, entre ellos, el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE). Efectivamente, conforme a esta tesis el art. 43 CE podría tener las mismas garantías que se aplican actualmente a los derechos fundamentales.

Si el Gobierno hubiera completado la reforma del art. 43 CE con la del art. 53 CE, incluyendo en el mismo la extensión de las garantías reconocidas actualmente en los apartados 1 y 2 a los apartados 1 y 4 del art. 43 CE, se habría logrado no solamente incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como prestación sanitaria, sino que, en este caso, sí habría sido posible enunciarlo como derecho autónomo de las mujeres, máximamente garantizado, desvinculado de las obligaciones prestacionales del estado en materia sanitaria.

Como es conocido, el Tribunal Constitucional ha abordado la naturaleza jurídica de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en dos momentos distintos, respecto del enjuiciamiento de dos leyes orgánica diferentes y con argumentos y resultados igualmente dispares, en concreto, en sus SSTC 53/1985, de 11 de abril y 44/2023, de 9 de mayo de 2023, respecto de las leyes orgánicas 9/1985 y 2/2010 ya citadas. Resulta de interés recordar, aunque sea con suma brevedad, los argumentos que en esas ocasiones fundamentaron el respectivo fallo.

En la STC 53/1985, el Tribunal Constitucional sentó algunos criterios interpretativos de interés. Con base en el art. 30 del Código Civil, confirmó que el no nacido o el nacido sin vida no es persona a efectos jurídicos, criterio que se mantuvo en la STC 44/2023. Por tanto, el Tribunal Constitucional se decantó por la tesis de que el término todos debía interpretarse como todos los nacidos a efectos de la titularidad del derecho a la vida reconocido en el art. 15 CE, cerrando así uno de los argumentos de los demandantes sobre la interpretación que debía hacerse del término todos en dicho precepto constitucional.

En segundo lugar, el Tribunal Constitucional reconoce en la STC 53/1985 obligaciones del Estado respecto de la protección de la vida, doctrina igualmente reiterada en sentencias posteriores, aunque ello no representó un impedimento a la validez del sistema de plazos de la Ley Orgánica de 2010.

En tercer lugar, en 1985, el Tribunal Constitucional sitúa la despenalización de ciertos supuestos de aborto como una situación de ponderación de derechos. A partir de su propia doctrina, que afirma que no hay derechos absolutos, ni siquiera el derecho a la vida, cabía la ponderación entre la protección de la vida del nasciturus y otros derechos de la mujer. En esta ponderación, el Tribunal Constitucional señala la relevancia del proceso vital, partiendo de que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación, de donde concluye que si la «Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental —la vida humana— garantizado en el art. 15 de la Constitución», y constituye un bien jurídico cuya protección encuentra fundamento en dicho precepto constitucional, aunque el Tribunal Constitucional no reconoce al nasciturus la titularidad del derecho a la vida. La «vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, y que termina en la muerte»; dentro de este proceso continuo el Alto Tribunalestima que tiene especial relevancia el nacimiento y, antes de él, el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente (STC 53/1985).

En la STC 53/1985, la defensa del derecho a la vida y el reconocimiento de las obligaciones del Estado al respecto permiten que el Estado establezca, en su caso, sanciones penales para su protección, aunque también estima el Tribunal Constitucional que el Estado puede renunciar a ellas ante determinados supuestos. Ello es así porque la protección debida al nasciturus puede entrar en colisión con otros valores constitucionales protegidos, como la vida y la dignidad de la mujer. Así, el Tribunal Constitucional, apoyándose en los principios penales de razonable exigibilidad de una conducta y de proporcionalidad de la pena, admite la posibilidad de que el legislador renuncie a imponer una pena cuando considere que ello puede representar una carga insoportable, sin perjuicio de que subsista el deber general del Estado de proteger la vida.

Pero, en la STC 53/1985 el Tribunal no llega a configurar un derecho a la interrupción del embarazo que tendría como sujeto a la mujer embarazada. No reconociéndolo así, no llega a plantearse en qué derecho fundamental (vida, integridad, libertad…) podría fundamentarse ese derecho ante la ausencia de reconocimiento expreso en la Constitución.

La STC 44/2023 que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, cambió sustancialmente la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los derechos de la mujer con relación a la interrupción del embarazo y su propia doctrina sobre el particular.

En primer lugar, el Tribunal Constitucional, aunque cita reiteradamente la STC 53/1985 como antecedente en la interpretación del derecho a la vida, considera que lo dicho en ella no vincula al Tribunal, que debe realizar una interpretación en cada caso que atienda al contexto histórico (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 9), de forma que a través de una interpretación evolutiva pueda leerse el «texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual». Afirmación que fue contestada en los votos particulares discrepantes que se formularon a la STC 44/2023.

Respecto de la impugnación del sistema de plazos incluido en la Ley Orgánica 2/2010, el Tribunal lo considera compatible con la Constitución, en la medida en la que constituye un sistema de «tutela gradual» de la vida del nasciturus o, «más propiamente, de limitación gradual de los derechos constitucionales de la mujer en aras de proteger la vida prenatal», que toma particularmente en consideración —en palabras de la STC 53/1985, FJ 5— «los cambios cualitativos en el desarrollo del proceso vital» que «encuentran un reflejo en el estatus jurídico del sujeto vital». Sigue afirmando el Tribunal que el legislador ha optado por no limitar la autonomía de la mujer dentro de las iniciales catorce semanas, a partir de las cuales sí se establecen requisitos e indicaciones para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

Como conclusión, el Tribunal Constitucional afirma que el «respeto al derecho fundamental de la mujer a la integridad física y moral (art. 15 CE), en conexión con su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1), exigen del legislador el reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación».

Por tanto, el Tribunal mantiene la tesis de la graduación de la vida y de la obligación del Estado de protegerla que ya figuraba en la STC 53/1985, pero entiende que otorgar un plazo inicial de libertad a la mujer no contradice esta tesis. Por otro lado, aunque el Tribunal cita reiteradamente la libertad y autonomía de la mujer, fundamenta su fallo, como se ha indicado, en el derecho a la integridad física y moral de la mujer, entendiendo que las consecuencias del embarazo atañen a este derecho fundamental (art. 15 CE), en su dignidad, en los derechos inviolables inherentes a la misma (art. 10.1 CE) y en el valor libertad (art. 1.1 CE), pero no da el paso de reconocer que ese derecho de libertad de la mujer que se enuncia en la sentencia requiere un fundamento diferente al que proporciona el art. 15 CE y que se encuentra en el art. 17.1 CE, que reconoce el derecho fundamental a la libertad, tesis que mantengo y desarrollo en un apartado posterior.

La posición del Tribunal Constitucional en la reiterada STC 44/2023, que reconoce a la mujer, como se ha señalado antes, un ámbito de libertad en el que pueda adoptar autónomamente la decisión de interrumpir su embarazo, ámbito de libertad que forma parte del contenido esencial del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), en conexión con su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1), pero evitando que dicho ámbito de libertad encuentre fundamento en el art. 17.1 CE, se alinea con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha resuelto casos de aborto voluntario con base en el art. 8 del Convenio (vida privada y familiar), a pesar de contar con un art. 5 de igual redacción que el 17.1 CE. La exposición de motivos del proyecto de reforma constitucional del art. 43 CE presentado para su tramitación parlamentaria mantiene este mismo fundamento y cita expresamente la STC 44/2023 cuando afirma que el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo «forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE) en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad como principios rectores del orden político y la paz social (art. 10.1 CE)».

El reconocimiento por el Tribunal Constitucional de este ámbito de libertad a la mujer fue celebrado por un sector de opinión y criticado por otro. Los votos particulares discrepantes reprocharon al Tribunal Constitucional que más que interpretar la Constitución había ampliado su contenido, creando un derecho ex novo invadiendo el ámbito reservado al poder constituyente; el Tribunal habría incurrido, así, en un exceso jurisdiccional, realizando una labor legislativa constitucional bajo la apariencia de interpretación evolutiva. La sentencia habría violado límites estructurales del control constitucional, en la medida en la que el reconocimiento de un derecho fundamental al aborto representa una expansión artificial de la función del Tribunal Constitucional más allá de su competencia. El Tribunal habría trascendido la revisión de constitucionalidad de normas concretas y habría creado un nuevo contenido jurídico, como derecho fundamental, que no está en la Constitución, lo cual representa una invasión de competencias del poder constituyente. Conforme a esta opinión, el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales es potestad del poder constituyente, no de los poderes constituidos y, en consecuencia, no es competencia del Tribunal Constitucional. Siendo lo anterior cierto, lo es también que el Tribunal Constitucional sí puede delimitar elcontenido esencial de un derecho. No puede negarse que el Tribunal en su labor de interpretación delimite el ámbito o alcance de los derechos fundamentales. Cosa distinta es que se pueda alegar que los argumentos aportados por el Tribunal en la Sentencia 44/2023 no eran suficientemente sólidos o que se puedan esgrimir otros en contrario o, también, que fijado un contenido concreto de un derecho fundamental el Tribunal debe, como es conocido, argumentar en profundidad cualquier cambio. Debe recordarse que nuestro sistema de justicia constitucional no sujeta al Tribunal Constitucional a sus propios precedentes, sino que el Tribunal puede cambiar de criterio y solo razones de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y de refuerzo de su propia legitimidad de ejercicio le exigen justificar el cambio de criterio. Y ese cambio es posible siempre, pero se ve particularmente justificado cuando los cambios normativos y contextuales, el progreso cultural y el avance en el reconocimiento de derechos fundamentales permitan desarrollar argumentos nuevos comprensibles y aceptables en y por una sociedad cambiante, como significativamente sería el caso.

De otra parte, se ha defendido que la STC 44/2023 ha reconocido un derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo que ha quedado incorporado como tal a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que podría resultar innecesaria una reforma constitucional en este sentido, tanto más una que lo ubicaría en el art. 43 CE como prestación sanitaria pública. Posición que también presenta debilidades. La decisión del Tribunal Constitucional en la reiterada sentencia del 2023 podría ser modificada en resoluciones posteriores, no tiene la rigidez y valor de un precepto constitucional expreso que podría, además, incorporar criterios de delimitación. De otro lado, el reconocimiento de este ámbito de libertad de la mujer queda circunscrito a los términos de la ley impugnada y no genera efectos generales respecto de un derecho al aborto voluntario en cualquier plazo y circunstancia. Estimo, pues, que lo que el Tribunal ha reconocido en su sentencia de 2023 es que la decisión libre de la mujer de interrumpir su gestación, en los términos concretos contemplados en la Ley Orgánica impugnada, genera efectos con relación a dicha norma y no va más allá.

La restrictiva, aunque más frecuente, interpretación del derecho a la libertad como libertad deambulatoria, tanto en el constitucionalismo como en textos internacionales de derechos tiene excepciones notables que no deben ser obviadas. El Tribunal Constitucional ha seguido esta interpretación limitada al ámbito de la denominada libertad deambulatoria, y a las garantías inherentes a la detención y a la privación legal de libertad, aunque tal posición no se desprende ni de la literalidad del art. 17.1 CE ni de una interpretación sistemática del mismo respecto a otros preceptos constitucionales.

Las recientes SSTC 19/2023 y 44/2023, que se referían sustancialmente a opciones libres de la persona, han perdido la oportunidad de cambiar este estado de cosas. Aunque el valor libertad (art. 1.1 CE) es plenamente normativo y puede avalar un recurso de inconstitucionalidad como los resueltos en dichas sentencias, el derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE) no puede ser ajeno a la necesaria extensión del ámbito de libertad protegido constitucionalmente y debería haber sido el fundamento para la resolución del recurso de inconstitucionalidad interpuesto con la ley orgánica 2/2010. La interpretación del Tribunal Constitucional configurando un ámbito de libertad de la mujer para adoptar decisiones sobre su gestación, que ha sido considerado por un sector de opinión, como el reconocimiento de un verdadero derecho fundamental y discutido por otro sector de opinión, habría quedado nítidamente configurado si el Tribunal hubiera dado el paso interpretativo necesario. El voto particular concurrente sí aborda esta cuestión con claridad y considera que el derecho a la libertad regulado en el art. 17.1 CE incluye un ámbito de autodeterminación de la mujer para interrumpir su gestación, como defiendo en estas páginas. La concurrencia del art. 17.1 CE, con los arts. 10, 14, 15, 18 y 43 CE, ofrecen una sólida base para el reconocimiento de la libertad de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo.

Como se ha señalado, la reforma constitucional del art. 43 CE, incorporando un nuevo apartado 4, no llevará más allá de constitucionalizar una prestación sanitaria pública que ya está incluida en el ordenamiento español y no reconocerá la libertad de la mujer como derecho de autodeterminación con base en el art. 17.1 CE como he defendido en estas páginas. Incluso, otra reforma constitucional era posible si se hubieran reformado conjuntamente los arts. 43 y 53 CE, reconociendo las garantías contenidas en los apartados 1 y 2 del art. 53 CE a los apartados 1 y 4 del art. 43 CE, conforme a la tesis que se ha defendido para los denominados nuevos derechos sociales fundamentales. Con una de estas dos opciones, y me inclino nítidamente por la primera, la libertad de la mujer habría adquirido la posición constitucional que merece.

Termino como comencé. En la Constitución española puede defenderse la existencia del derecho a la libertad como derecho de autodeterminación junto a la interpretación más tradicional y restrictiva de este derecho como libertad deambulatoria. El derecho a la autodeterminación de la persona puede ser delimitado en la ley y puede quedar sujeto a la interpretación constitucional, como sucede con el propio derecho a la libertad deambulatoria. La libertad de la persona, sus libres opciones vitales, que no resulten contrarias a la Constitución ni a la ley, merecen, sin embargo, la protección fundamental que el art. 17.1 CE puede prestar. El caso de la interrupción voluntaria del embarazo es paradigmático al respecto y cualquier reforma constitucional que contemplara la interrupción voluntaria del embarazo como derecho fundamental debería asentarse en el art. 17.1 CE, ya fuera aisladamente o en concurrencia con otros derechos y principios.