En los últimos años, se ha observado una tendencia hacia la reducción de la brecha de género en el uso regular de internet. En España, la aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) representó un avance significativo al reconocer en su art. 81 el derecho de «[...] acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población, [...] independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica». Sobre esta base legal, «el acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral» (art. 81.3 LOPDGDD).

Como resultado, se ha producido una mayor inclusión de las mujeres en los entornos digitales, permitiéndoles acceder con mayor frecuencia a herramientas, recursos e información en línea. Este hecho se evidencia en el estudio publicado por el equipo de trabajo del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) (edición 2024, con datos de 2023).

No obstante, aunque los datos de 2023 apuntan a una disminución de la disparidad, persisten diferencias significativas en ciertos grupos demográficos y contextos socioeconómicos. Específicamente, en España, el 94,6 % de las mujeres utilizaba internet semanalmente, situándose 4,6 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea y ligeramente por encima del 94,3 % registrado entre los hombres. En el marco comparado, España es el sexto país europeo en uso regular de internet por parte de las mujeres. Tan solo superan a nuestro país en este indicador Países Bajos (98,9 %), Dinamarca (97,5 %), Suecia (96,8 %), Luxemburgo (96,4 %) y Finlandia (95,9 %).

Las mujeres destacan en actividades relacionadas con la búsqueda de información sobre salud, la comunicación con el profesorado o alumnado y el uso de redes sociales. Por otro lado, los hombres presentan mayor participación en la lectura de noticias y periódicos, la expresión de opiniones cívicas y el uso de servicios de banca en línea. Un dato significativo de 2023 es que, por primera vez, las mujeres superaron a los hombres en la interacción con la Administración pública a través de medios digitales.

En términos etarios, las niñas muestran un mayor uso de internet en comparación con los niños, con tasas del 95,4 % y 94 %, respectivamente. Sin embargo, esta tendencia se invierte a partir de los 75 años, donde el porcentaje de mujeres usuarias desciende al 37,1 %, frente al 40,2 % de los varones (Eurostat, 2023). Estos datos reflejan cómo las dinámicas de género y edad influyen en el acceso y uso de las tecnologías digitales, subrayando la importancia de abordar las desigualdades en función de las distintas etapas de la vida.

El análisis de las competencias digitales revela diferencias significativas entre mujeres y hombres, tanto en el nivel general de habilidades como en su especialización. Aunque la brecha de género en competencias digitales básicas se ha reducido en los últimos años, los hombres continúan teniendo el liderazgo en competencias avanzadas y técnicas, particularmente en áreas relacionadas con la programación y el desarrollo tecnológico. Los datos muestran que un 65,9 % de las mujeres españolas poseen un nivel de competencias digitales básico o avanzado, apenas 0,6 puntos porcentuales por debajo de los hombres. Este porcentaje, sin embargo, es considerablemente superior a la media de la Unión Europea, situada en el 54,3 %. A pesar de ello, el 29,8 % de las mujeres presentan un nivel de competencias inferior al básico, superando ligeramente el 28,8 % registrado entre los hombres.

Por el contrario, las mujeres suelen destacar en competencias asociadas al manejo de herramientas de comunicación, creación de contenido y resolución de problemas en entornos digitales. Áreas que, aunque esenciales, no siempre están vinculadas a las profesiones tecnológicas mejor remuneradas.

En este sentido, la brecha de género se amplifica significativamente en las titulaciones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Solo el 14,3 % de las personas egresadas en estudios de Informática y el 28,3 % en ingenierías son mujeres, lo que refleja una profunda subrepresentación femenina en estas disciplinas. Una situación similar se observa en la formación profesional vinculada a la informática, donde las mujeres también constituyen una minoría.

Las mujeres continúan estando infrarrepresentadas en las ocupaciones vinculadas a las TIC, así como en roles de alta especialización y liderazgo en el sector digital, como se puede evidenciar en el gráfico 2.

En España, las mujeres representan únicamente el 18 % del conjunto de especialistas digitales, cifra que ha disminuido en 1,4 puntos porcentuales respecto al año anterior y se encuentra nueve décimas por debajo de la media de los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea.

En 2023, solo el 16,4 % de las empresas españolas contaban con especialistas TIC en sus plantillas, de las cuales el 38,7 % empleaba a mujeres en este perfil profesional. Este dato, aunque significativo, evidencia la persistente infrarrepresentación femenina en un sector clave para el desarrollo económico y tecnológico.

El acceso y uso de internet ha generado crecientes preocupaciones sobre la seguridad en línea, en un contexto donde las diferencias de género siguen siendo un factor relevante. Aunque las mujeres están cada vez más conectadas, suelen percibir mayores riesgos asociados a su actividad digital, tales como el acceso no autorizado a datos personales, el ciberacoso o el fraude en línea.

Estas amenazas no solo erosionan la confianza de las mujeres en el entorno digital, sino que también pueden restringir su participación en actividades avanzadas y en línea, limitando su acceso a oportunidades educativas, profesionales y sociales. La sensación de vulnerabilidad puede disuadir negativamente a muchas de ellas a la hora de involucrarse plenamente en el mundo digital, especialmente en áreas donde se requieren habilidades tecnológicas avanzadas o la interacción en plataformas públicas y profesionales.

Como observamos en el gráfico número 3, un 40,7 % de las mujeres expresa una baja o nula confianza en la seguridad en internet, en contraste con el 37,7 % de los hombres que comparten esa percepción. Además, solo el 25,7 % de las mujeres se siente bastante o totalmente preparada para enfrentar problemas de seguridad en línea, mientras que el porcentaje en los hombres asciende al 38,7 %.

Este desfase en la preparación y confianza en la seguridad digital se refleja en la mayor vulnerabilidad de las mujeres ante los delitos cibernéticos. Como dato alarmante, un 67,8 % de las víctimas de delitos sexuales en internet son mujeres, lo que subraya las diferencias significativas en la exposición a riesgos y la necesidad de abordar estos problemas de manera urgente.

En este ámbito, se espera que, junto a la Directiva relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión (Directiva SRI 2), los Reglamentos sobre la Ciberseguridad y los de Cibersolidaridad y Ciberresiliencia sirvan de marco jurídico para reforzar la solidaridad y las capacidades de la UE para detectar amenazas e incidentes de ciberseguridad, prepararse y responder ante ellos.

Los resultados obtenidos a través del análisis estadístico de los indicadores seleccionados evidencian la presencia indiscutible de la brecha digital de género en la sociedad actual y sus efectos distorsionantes sobre los derechos digitales, entendidos como una extensión de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como europeo. Esta realidad ha impelido a la Unión Europea y a sus Estados miembros al diseño y aplicación de nuevas políticas públicas dirigidas a la plena inclusión de las mujeres en el ecosistema digital actual.

Ello se debe a que la igualdad entre mujeres y hombres es considerada por la UE como un principio fundamental, un valor central y una condición sine qua non para la consecución de los objetivos comunitarios en materia de cohesión social, crecimiento y empleo.

Desde el punto de vista jurídico, podemos evidenciar que la igualdad de género está consagrada como un valor fundamental en el derecho originario y derivado de la Unión Europea. De forma específica, en los arts. 2 y 3.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), en los arts. 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el art. 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), donde se exige explícitamente la inclusión del principio de transversalidad de género en las políticas de la Unión. De la misma manera, están alineadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Por su parte, el Tratado de Lisboa se compromete con la igualdad de género a través de la Declaración número 19, aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental adoptada.

En el marco del derecho derivado de la Unión cabe destacar la reciente Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, con la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y mecanismos para su cumplimiento. Junto a otras iniciativas, como la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 (legataria del anterior Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020), la Comisión impulsa esta estrategia con el objeto de incorporar medidas específicas para la consecución de la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos, prestando especial atención a la brecha digital femenina. Se suma a otras propuestas para la definición de la «transición digital» y el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía europea. Específicamente, la defensa de los derechos individuales frente al uso de la inteligencia artificial y la influencia perniciosa que el manejo de la información puede provocar sobre la calidad de vida de las personas. Especialmente en el caso de las mujeres y otros colectivos vulnerables.

En el plano europeo, es igualmente meritorio poner en valor la nueva Estrategia para la Igualdad de Género 2024-2029, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en consonancia con los compromisos de Reikiavik adquiridos por los jefes de Estado y de Gobierno.

Sobre esta base legislativa, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo Europeo han llevado a cabo destacables acciones centradas en la lucha contra la brecha digital de género y, por consiguiente, en la capacitación de las mujeres en tecnologías de la información y la comunicación. Especialmente a lo largo de la última década. Entre otras, son especialmente destacables las primeras resoluciones del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la era digital; y la de 17 de abril de 2018, sobre la capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital. Así como otras más recientes, por ejemplo, la Resolución sobre el cierre de la brecha digital de género y la participación de la mujer en la economía digital, de 21 de enero de 2021. Acciones basadas en estudios previos, como los de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento Europeo, de 30 de octubre de 2015, Empowering women on the internet, o The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital inclusion of women and girls, de marzo de 2018.

También la Comisión Europea ha fomentado una estrategia dual y transversal para la consecución de la igualdad de género desde 1996. Ello ha supuesto no solo la integración de la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias, sino también la implementación de medidas concretas para la eliminación, prevención y superación de las desigualdades de género todavía persistentes en el Viejo Continente. En este plano, es destacable su primer informe Women active in the ICT sector (2013), o estudios como ICT forwork: Digital skills in theworkplace (2017) o Women in the digital age (2018); o el del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), de 26 de enero de 2017, Gender and digital agenda.

Dos años después, en 2019, veintiséis países de la Unión, junto a Reino Unido y Noruega, firmaron en Bruselas la Declaración sobre las Mujeres en el Mundo Digital con el objetivo de incrementar el número de niñas y mujeres en el sector laboral relacionado con las TIC, contando con el apoyo de la UE, los gobiernos y las empresas.

De manera conjunta, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo publicaron la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales el 21 de enero de 2021. Con esta declaración pretenden lograr un ajuste de la transformación digital a la legislación y los valores europeos. Para tal fin, la Comisión actualiza periódicamente los datos de la brecha digital a través del Women in Digital Scoreboard (WiD).

El Gobierno español muestra igualmente un firme compromiso hacia la consecución de la plena inclusión digital de la ciudadanía española, la trasposición del derecho comunitario y la aplicación del principio de transversalidad de igualdad de género en sus políticas digitales. En concreto, con la implementación del Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) de la Unión Europea, el Marco Común Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, y la actual estrategia europea Brújula digital 2030: el enfoque de Europa para el decenio digital, de la Agenda 2030 de la Unión Europea.

Una clara muestra de ello es la aprobación del Plan Nacional de Competencias Digitales, en enero de 2021, enmarcado en la​ Agenda Digital 2026. El Plan se estructura en cuatro pilares fundamentales sobre competencias digitales: i) para toda la ciudadanía; ii) para la población activa); iii) para especialistas TIC, y iv) para la educación. Asimismo, distingue siete líneas de actuación, desarrolladas a través de dieciséis medidas. En concreto, para la lucha contra la brecha digital de género, en su «Línea de actuación número 2», dentro del «Eje I. Competencias digitales transversales» se prevén programas de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en el sistema educativo, y de la capacitación digital de las mujeres y de participación en itinerarios formativos tecnológicos (2021). En él encontramos un desarrollo parcial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se recogen diversas actuaciones para la lucha contra la brecha digital de género. En el plano práctico, suponen la materialización del principio de transversalidad de la dimensión de la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, en los términos establecidos en el art. 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

De forma específica, según se detalla en el informe de la Comisión [COM (2024) 260 final] sobre el Estado de la Década Digital 2024, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (actualizado en octubre de 2023) asignó el 26 % de su presupuesto a medidas relacionadas con el ámbito digital en el año 2024. Recientemente, está más centrado en la transición digital y dedica 40 400 millones de euros a medidas de apoyo a los objetivos digitales (frente a los 19 700 millones del plan original). En el marco de la política de cohesión, se invirtieron 5700 millones de euros adicionales para la transformación digital (el 16 % de la financiación total de la política de cohesión del país).

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial aprobaron el Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) en enero de 2021. Al mismo tiempo, el Gobierno activó el Pacto por la Generación D, el 30 de noviembre de 2022. Un pacto de naturaleza público-privada, que nace con el objetivo de impulsar las competencias digitales en España.

La meta clave de la Trayectoria 1 es garantizar que, al menos, el 80 % de las personas de entre 16 y 74 años posean capacidades digitales básicas de aquí a 2030.

En cuanto a los resultados definitivos obtenidos en 2023, en el Anexo 1 se afirma que veintiséis Estados miembros trazaron un mapa de ruta preciso y acertado para la consecución de esta trayectoria, adoptando un total de 292 medidas y destinando un presupuesto global de 24 800 millones de euros. De todos ellos, España (junto a Finlandia y Países Bajos) superaron satisfactoriamente el 80 % marcado por la UE.

En contrapartida, podemos constatar en el Anexo 2 la persistencia de una acusada brecha digital en el año 2023. Periodo en el que, a pesar de las medidas arbitradas, solo el 55,6 % de los ciudadanos de la UE atesoraba, al menos, capacidades digitales básicas, frente al 53,9 % de 2021. Se trata de un avance anual del 1,5 %, muy por debajo del crecimiento anual medio necesario del 4,5 % para alcanzar la meta a lo largo de los próximos diez años.

Con respecto al sesgo femenino, Bulgaria fue el único Estado miembro en referenciar de forma manifiesta la consecución del equilibro de género. Del conjunto de países de la Unión, tan solo un número muy reducido de ellos (Italia, Chipre, Austria y Portugal) ejecutó políticas específicas para atajar estas brechas de género, orientadas al refuerzo de las capacidades digitales básicas e intermedias de las niñas y las mujeres (ibid.: 39-40). Por lo que será de marcada obligación continuar realizando actuaciones conjuntas, a tenor de los datos objetivos que se reflejan en el siguiente gráfico.

Por otro lado, es importante recordar que las carencias de competencias digitales no afectan únicamente a la población femenina o a la de mayor edad. Una parte importante de nuestros jóvenes, el 30 %, de entre dieciséis y veinticuatro años, no ha conseguido adquirir en 2023, al menos, las capacidades digitales básicas. También persisten diferencias considerables relacionadas con el nivel de educación y el lugar en el que se habita. Con respecto al nivel educativo, tan solo el 34 % de personas con nulo o bajo nivel de educación formal poseen competencias digitales básicas, frente al 80 % de aquellas que han adquirido una educación formal elevada. Con relación al segundo, es asimismo evidente la perpetuación de la brecha rural, al conocer que el 63 % de las personas que viven en ciudades poseen competencias básicas, frente al 48 % de las que residen en zonas rurales.

Cifras que ponen de relieve la urgente necesidad de realizar esfuerzos importantes e inmediatos para frenar estas brechas de aquí a 2030 en lo que respecta, como mínimo, a las capacidades digitales básicas. Conclusión a la que podemos llegar observando las estimaciones que se recogen en el siguiente gráfico:

En la era de las tecnologías de la información y la comunicación, la escasez de especialistas en TIC representa otra cuestión sistémica esencial para alcanzar los objetivos y metas de la Década Digital. Para revertir esta situación, la UE se ha marcado como objetivo contratar, como mínimo, veinte millones de expertos en TIC de aquí a 2030, ampliando el número de titulados y erradicando el sesgo de género prevalente en el sector de las tecnologías.

Para alcanzar esta meta, veinticuatro de los veintisiete Estados miembros han cumplido en 2023 con las hojas de ruta estratégicas nacionales esbozadas para la Década Digital, habiendo alcanzado ya la mitad de ellos este objetivo. Inclusive, Irlanda y Suecia ya lo han superado. Para tal fin, estos países han adoptado un total de 178 medidas, financiadas presupuestariamente con 9500 millones de euros.

Pese a estos avances, si bien las cifras han ido en aumento los últimos diez años, empleando a algo menos de diez millones de especialistas TIC en este sector (el 4,8 % del empleo total), el número de mujeres expertas en TIC sigue siendo todavía muy bajo en 2023 (el 19,4 % del total), frente al de varones (el 80,6 %). A pesar de ir reduciéndose progresiva y lentamente desde 2012, actualmente es muy elevado en comparación con el avance de las mujeres. Lo cual contrasta con el incremento significativo en la UE de contratos de mujeres especialistas TIC de terceros países.

Pese a las cifras crecientes, todavía sigue siendo un hándicap el atraer y mantener a mujeres especialistas en TIC; así como a los jóvenes en el acceso a estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Ello se debe mayoritariamente a la escasez de programas de formación especializados, al desajuste con las necesidades del mercado laboral o a la rigidez de los actuales itinerarios de aprendizaje.

Como resultado, podemos afirmar que, si bien en los últimos diez años se han producido avances destacables, incrementándose la oferta de especialistas en TIC un 4 % en 2023 con respecto al año anterior, la UE todavía se sitúa en 0,9 millones de especialistas por debajo del valor que se requiere para alcanzar la meta marcada para 2030. De hecho, las empresas europeas han tenido que competir por el talento en capacidades digitales. No en vano, más del 60 % de las empresas de la UE que contrataron a especialistas en TIC, o intentaron hacerlo en 2022, encontraron serias dificultades. Especialmente las empresas de corte tradicional, donde la presencia de trabajadores con capacidades digitales avanzadas es muy baja.

Basándonos en pronósticos de la Comisión, podemos concluir que, a pesar de estas medidas y de los resultados actualmente conseguidos, si no se llevan a cabo los cambios necesarios, «será difícil alcanzar las metas de la Década Digital para 2030 en especialistas en TIC» (ibid.: 43).

Para salir de esta inercia, exacerbada por la carrera mundial por el talento digital, los Estados miembros deberán desarrollar nuevas iniciativas con urgencia, reforzar sus políticas digitales y priorizar las acciones que figuran en la Recomendación del Consejo sobre la mejora de la provisión de capacidades y competencias digitales en la educación y la formación. En particular, apoyando la formación temprana CTIM de los jóvenes, fundamentalmente de las niñas, así como la educación y formación profesional (EFP) y su reciclaje constante, aumentando la oferta académica en capacidades digitales avanzadas, facilitando la colaboración entre las instituciones de educación superior, impulsando la colaboración con el sector privado y fomentando la diversidad y la inclusión, en especial de las mujeres.