FEMINISMO Y DERECHO: LAS CARAS OSCURAS DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL DE LAS MUJERES^[1]

1. La lectura imparcial[Subir]

Es verdad que feminismo y derecho penal operan con lógicas muy distintas, que existe una conciencia feminista bastante generalizada acerca de la incapacidad del sistema penal para ofrecer una respuesta satisfactoria a los atentados de género (‍Larrauri, 1994:98). En particular, porque se pierde su significado político y la complejidad del contexto en que estos buscan ser planteados y resueltos. Se entiende que esa percepción de un daño colectivo resulta incompatible con el reduccionismo penal que tiende a individualizar el conflicto, traduciéndolo en términos de violencia interpersonal (‍Maqueda, 2007: 30, 31), olvidando una situación estructural de contexto y significado para reducirse a un problema de responsabilidad personal. Las estructuras jurídicas del procedimiento penal se caracterizan por la individualización de la persona infractora, como la conducta concreta de un agresor contra una víctima. De esta manera, el conflicto social se reduce a un problema de violencia interpersonal, al margen del contexto y el significado de las agresiones contra las mujeres (‍Bodelón, 1998: 196; también, ‍Asúa, 1998: 55 ‍Laurenzo, 2015: 797, 798 y ss.).

Pero junto a esa íntima conciencia de desconfianza en el derecho penal y en sus soluciones para resolver adecuadamente los conflictos relacionados con la violencia contra las mujeres, hay también una convicción feminista de que la mejor manera de validar las soluciones penales es simplificando la percepción del daño, traduciéndolo en uno individual, al margen de historia, significados y complejidades sociales.

Y es esta perspectiva feminista más pragmática la que se ha impuesto en la lectura penal de la reforma sobre violencia sexual. Había que repensar —y combatir— la actitud de los diferentes operadores jurídicos y los estereotipos y prejuicios que estaban incorporados en sus tareas de creación, interpretación y aplicación de las viejas normas. Y también desdecir a quienes no han comprendido el verdadero significado de la perspectiva de género que ha informado la nueva ley, tachándolo de mera «ideología», como suele suceder con los discursos inmovilistas que deslegitiman los cambios jurídicos superadores de las desigualdades históricas entre los sexos (en esos términos, ‍Laurenzo, 2023: 558).

Merece la pena describir el proceso que muestra las claves que nos han traído hasta aquí. El punto de partida coincide con un momento decisivo de tensión social vivido en la sociedad italiana de los años setenta a noventa del siglo pasado. Tamar Pitch (‍2003: 182, 183) nos cuenta cómo el pensamiento feminista creó en su país «un horizonte de sentido». En su relato se refiere a un clima de movilización muy intensa y una toma de conciencia colectiva acerca de la necesidad de reforma de la ley sobre violencia sexual. Lejos de la mediación de los partidos políticos la proposición feminista fue de iniciativa popular, centrándose en el significado de lo que les preocupaba.

No se estaba debatiendo sobre la sexualidad, sino sobre la violencia, entendida de una manera más simple y más inteligible, como «agresión a la autonomía de decisión de la víctima». Así lo explica la socióloga: es una visión racionalista y simplificada de las relaciones entre partes asexuadas que responde a la lógica del derecho penal, «una visión que empuja la violencia sexual hacia el régimen de violencia sin más, que es la que se puede más fácilmente traducir al lenguaje penal, depurándole de cualquier especialidad que pudiera debilitar el estatus de la víctima y hacer ambiguo el de los culpables» (‍Pitch, 2003: 213).

Así desaparece la naturaleza sexuada de la acción y de la complejidad: se hace igualitaria, neutra y se rebaja el límite de lo que se considera violento, ofensivo e inaceptable —lo no consentido—, dotando de mayor reconocimiento al valor de la credibilidad de la acusación. No más experiencias penosas para la víctima sin el estereotipo dominante que transforma a la víctima en cómplice, en culpable. Se trata de averiguar lo que efectivamente ha pasado y en qué medida y cómo el acusado fue consciente de la falta de consentimiento normalizando el delito y depurando su carácter especial. No serán necesarias preguntas sobre la dinámica de la violación, salvo que sean necesarias para la reconstrucción de los hechos; así se combate la cifra negra de denuncias y aumenta la iniciativa de resolver el conflicto con el ejercicio de su libertad sexual (ibid.: 191, 192, 199).

Vale, pues, la definición de lo que debe entenderse como violencia sexual, sigue afirmando Tamar Pitch: «La violencia empieza donde no hay consentimiento, no hacen falta amenazas, intimidaciones, malos tratos específicos para que se produzca menosprecio de la libertad sexual […]. La coerción […] es la que define un acto como violento y hay coerción en el momento en que falta el consentimiento de la otra parte»^[13]. La existencia de la fuerza y la intimidación no deben tener, pues, carácter constitutivo porque no son idóneas para tutelar la libertad de autodeterminación sexual, son requisitos que son ajenos a la lesión del bien jurídico (como en la agresión y en el allanamiento de morada, donde basta el disenso). Al traducirse al lenguaje penal acaban «contaminando» las construcciones de la sexualidad y de las relaciones entre los sexos, de un lado, peligrosas y que representan intrínsecamente un «mal»; y, de otro lado, marcadas por el dominio y la sumisión y, por tanto, por la agresividad y la victimización (ibid.: 209, 213, 214, 215).

La batalla es simbólica: hay que huir de las imágenes de la sexualidad como un peligro en sí misma, como afirma Tamar Pitch (ibid.: 187, 207). Clara Serra toma el testigo cuando apunta a esa cultura feminista que expresa la necesidad de combatir «la idea de que el gran obstáculo para la libertad sexual de las mujeres es la sexualidad depredadora de los hombres […]. Olvidan que ese no es ningún relato que no haya explotado ya el propio patriarcado, que lleva siglos advirtiendo a todas las caperucitas del peligro que suponen los lobos. Lo realmente peligroso para nuestro orden social es asociar el sexo al peligro y fomentar nuestro miedo […]» (‍Serra, 2021).

Todo este discurso es trasladable hoy a las ideas compartidas por buena parte del pensamiento feminista español. Quienes formularon sus propuestas —y las apoyamos— partieron de un sector de la academia penal que, desde una perspectiva de género, buscaban un cambio de significado en la argumentación jurídica que impregnara las normas penales sobre la violencia sexual. Ese nuevo significado es el que expresa la letra de la ley sobre violencia sexual como ausencia de consentimiento con un solo objetivo, el de crear a las víctimas las expectativas de que su capacidad de autodeterminación, de dignidad y de seguridad están protegidas sin interferencias intolerables en su intimidad, evitando su victimización secundaria (‍Acale y Faraldo, 2018: 27 y ss.; ‍Maqueda, 2020: 277).

O, expresándolo en otros términos, ahuyentando lo que se conoce como «cultura de la violación», una expresión que fue analizada por primera vez en el seno del feminismo estadounidense de los años setenta, queriendo visibilizar todo un conjunto de mitos, estereotipos y creencias dictadas por el patriarcado y arraigadas en toda la sociedad, en la opinión pública, en los mass media, en los operadores jurídicos, en las estructuras políticas… «Un sistema que tolera, acepta y reproduce la violencia sexista» a través de «narrativas» que alimentan todo un imaginario colectivo cómplice, como señala Raquel Miralles (‍2020: 83 y ss.).

De aquellas fechas nos llega el relato de Susan Brownmiller, que habló por primera vez de la cultura de la violación en términos de «sexismo cultural», de «una ideología violatoria nutrida de valores culturales» (‍1981: 373), denunciados por grupos de activistas feministas que «se atrevieron a hablar de lo inexpresable hablando de su opresión», organizando grupos de apoyo mutuo y de «toma de conciencia» para compartir las violencias que habían recibido y actuar colectivamente para combatirlas. «El que las mujeres debían organizarse para luchar contra la violación —nos cuenta la autora— fue una invención del movimiento feminista», que auspició programas de alcance comunitario, de solidaridad fraternal, panfletos, boletines y consignas, como «basta de violaciones», «guerra contra la violación», «aplasten el sexismo», «desarmen a los violadores»… (‍1981: 381, 382).

Nuestro ejemplo de La Manada fue, asimismo, muy significativo de la operatividad de esa cultura cómplice de la que hablamos: muchos medios de comunicación, aliados con la defensa de los agresores, que culpabilizaron a la víctima dudando de su testimonio («Hermana, yo sí te creo» era el lema de las movilizaciones públicas), o los magistrados de Navarra, que nunca hablaron de violación, conformándose con un consentimiento no ausente, solo viciado («No es abuso, es violación» gritaba el público en las calles)… (‍Miralles, 2020: 85)

Pero «el caso de La Manada no es el modelo de La Manada», en palabras de Clara Serra (‍2021). «El contexto amenazador de aquel portal oscuro no es el mundo en el que vivimos y pensar desde ese escenario el conjunto de la sexualidad limita y restringe las posibilidades de ampliar nuestra libertad al instaurar un escenario de peligro que acaba trayendo consigo la negación de nuestra voluntad». Y la filósofa repite el lema que preside la reforma de las violencias sexuales: «No podemos actuar contra las agresiones sexuales tomando La Manada como modelo» porque gana ese imaginario impuesto de inseguridades y temores y se convierte en una apuesta securitaria por el arbitraje estatal sobre la sexualidad.

Coincido plenamente con esa lectura feminista que denuncia los peligros de cuestionar el valor del consentimiento de las mujeres y de maximizar la sombra de la amenaza de una sexualidad masculina violenta y depredatoria. Otras lecturas de género sobre violencia sexual promueven, a cambio, estados de alarma y alerta permanentes que se acaban traduciendo en crecientes imposiciones normativas a las mujeres y a sus comportamientos sexuales. Veamos estas últimas.

2. Las lecturas normativas[Subir]

En los primeros años ochenta del siglo pasado, Ellen Carol Dubois y Linda Gordon afirmaban que durante demasiado tiempo el movimiento feminista había «tenido un papel importante en la organización e, incluso, en la creación del sentimiento de peligro sexual de las mujeres» en torno a «dos temas que han englobado y simbolizado los miedos de las mujeres: la prostitución y la violación» (‍1989: 54).

Aunque las autoras rastreaban los recorridos de la ortodoxia feminista, especialmente a lo largo del siglo xix, son muchas las similitudes que se mantienen hoy en día entre las filas del feminismo más normativo. Porque la libertad sexual de las mujeres ha estado en pugna, primero, con la moralidad sexual tradicional, y después con la moralidad que se desarrolla en las últimas décadas, bajo el pensamiento antineoliberal sexual. El lenguaje parece cambiar —y también los agentes del conocimiento—, pero el significado es el mismo: el afán del proteccionismo de las mujeres a costa de mermar el valor de su consentimiento (‍Vance, 1989:10 y ss.).

El principio fundamental es que «la sexualidad tiene género» (De Miguel, 2015: 123) y encierra una visión binaria de los sexos cuyo retrato es el de una rapacidad y violencia masculinas y una victimización eterna de las mujeres. Ellas son el testimonio de los «males de la permisividad». Cualquier mandato incumplido busca imponer un sentimiento de culpabilidad y un menosprecio de sí misma por su exposición al riesgo (‍Echols, 1989: 98, 104): el «más vale segura que arrepentida» se convierte en una precaución esencial, resume Carole Vance (‍1989:14)

Las manifestaciones de las primeras campañas antiviolación en manos de los movimientos de pureza social ofrecieron esa visión del mundo limitada y limitante. Su conservadurismo se traducía en la imposición de códigos sexuales muy estrictos para las mujeres con vistas a librarse de su condición de víctimas de la lujuria y la agresividad masculinas. La idea de la asexualidad de las mujeres desarrollada bajo las feministas del siglo xix (Vance,1989: 11) se renovaría bajo el mandato cultural del feminismo de ese nombre, que proponía marcar los movimientos y comportamientos de las mujeres a través de sus miedos a la inmoralidad y al peligro sexual. La libertad sexual pasaba a ser una fuerza reaccionaria contaminante que adormecía la lucha política contra la opresión de los hombres (‍Dubois y Gordon, 1989: 75; ‍Echols, 1989: 105 y ss.).

Pero el moderno feminismo radical se parece mucho a esa cruzada moral. Hay suficientes lecturas que se proponen «cómo producir y representar cuerpos femeninos no victimizables», huyendo del lenguaje de su vulnerabilidad. Para Cristina Molina (‍2009: 138 y ss.), la forma «realista» de prevenir la violencia sexual no reside en el lado de los agresores («cómo educarlos o penalizarlos o como sensibilizar a la sociedad para que los rechace o al aparato jurídico-legal para que los castigue»), sino en el de «la posible víctima» evitando un lenguaje corporal de gestos eróticos que hablan de disponibilidad sexual, «hay que saber lo que se está diciendo», curtirse en la capacidad de «prever los problemas y sobrevivir a desdichas sexuales». Las ideas de peligro sexual y de miedo cerval a la violación sigue latente e inspira la necesidad de «resignificar» voluntarismos irresponsables para poner freno a las amenazas de un ataque sexual masculino (‍2009: 140). Hablaba de ello, hace años, Carole Vance cuando se refería críticamente a esa «mitología cultural» que rodea a la violencia sexual de los hombres y a su deseo sexual intrínseco, incontrolable y fácilmente excitable que ponen cortapisas dañinas a las manifestaciones libres y espontáneas del deseo y la sexualidad femeninas (‍1989:13).

Esa voz de alarma frente a los comportamientos irresponsables de las mujeres por «el exceso de naturalismo» y el «entendimiento naif de las relaciones sexuales» se acompaña de un reproche por sus «consecuencias perversas para el propio feminismo» (‍Molina, 2009: 138, 140). Son ideas muy desarrolladas en el tratado sumamente pedagógico de Ana de Miguel. En el centro se sitúa la pretensión de mantener al feminismo estable y libre de contaminaciones y, en particular, del pensamiento de la voluntariedad y el consentimiento de las mujeres. «Hoy, especialmente cuando hay sexo por medio, se trata de imponer la idea de que toda acción es feminista con tal de que sea fruto de la decisión individual de una mujer». Se trata de una nueva normativa sexual que está a falta de legitimación: «Yo lo he elegido, no hay problemas» es el lema del posfeminismo y el enfoque queer que se identifican con una concepción neoliberal de la sexualidad (2015: 145, 147). Sexo, poder y mercado son las claves críticas: «Bajo la coartada de la tolerancia y la libre creación, lo que se hace es dejar la estructura de poder intocable y a los jóvenes indefensos frente a la normativa y la coacción del mercado» (‍2016:146).

Pero si se profundiza en las lecciones de la autora sobre «el mito de la libre elección», ellas no se agotan en la denuncia de esa inspiración neoliberal de las decisiones de las mujeres frente al sexo, sino que ganan prioridad argumentos —fuertemente ideologizados— que se sitúan, casi sin excepciones, en el contexto de las sexualidades disidentes y del feminismo más libertario. Lo que nos muestra es, básicamente, una guerra abierta entre dos posiciones teóricas y políticas enfrentadas dentro del feminismo acerca de la situación de las mujeres voluntariamente implicadas en el trabajo del sexo, esto es, en la pornografía, pero, sobre todo, en la prostitución. Si bien, se hace evidente que más allá de sus convicciones acerca del valor de su consentimiento, a esos feminismos les separa una cuestión de principios.

Frente a quienes defienden el lenguaje de los derechos para afirmar la legitimación social y legal de toda conducta sexual voluntaria, dentro o fuera del mercado^[14], el pensamiento radical de Ana de Miguel es selectivo y negacionista: «Esas mujeres» —y sus actos sexuales— no tiene cabida en una sociedad igualitaria y antipatriarcal. Les falta el reconocimiento de su libertad: «La democracia pone límites a los contratos “voluntarios” por la desigualdad y los más desfavorecidos» o, en otras palabras, «es irracional e injusto argumentar seriamente al consentimiento (de las mujeres prostituidas) en un plano globalizado y atravesado por las desigualdades económicas, étnicas y, muy especialmente, de género» (‍2016: 151, 161)

El reflejo de esa fuerte polarizacion ideológica entre feminismos se ha hecho evidente en otra de las líneas más polémicas abiertas en el reciente debate español acerca de la ley del «solo sí es sí» y el modelo del consentimiento. En ese contexto, necesitan hacerse ver contenidos esclarecedores que sean significativos y se alejen de la simplicidad de bandos enfrentados en torno a la prostitución. Corrigiendo el término descalificador e inexacto de feminismos pro-prostitución^[15], a favor del más adecuado de feminismos pro-derechos, podemos hablar, al otro lado, de feminismos abolicionistas bajo una diferenciación entre abolicionismo moderado y abolicionismo punitivo, más fieles para describir la diversidad de posiciones políticas y legales acerca del consentimiento sexual de las trabajadoras del sexo dentro del escenario español.

Llamadas por su nombre, el feminismo pro-derechos define, sin ambages, sus líneas de pensamiento filosóficas acerca del consentimiento sexual femenino. Su signo identificativo se deja ver en un manifiesto elaborado en la fase prelegislativa de la ley del «solo sí es sí» que exhibía una vocación abolicionista criminalizadora por su «mirada victimizadora»:

Para una lectura fidedigna del pensamiento abolicionista acerca del consentimiento de las mujeres implicadas en el mercado sexual hay que remontarse a la historia de su victimización. Un afán victimizador que se ha concentrado, durante décadas, en la ausencia de libertad en la elección sexual de la prostitución. Se lee, a menudo, en sus dogmas: mujeres que muestran una debilidad psíquica, de inmadurez o fragilidad ante engaños y presiones, que han sufrido daños en la infancia, abusos constantes, una socialización defectuosa… (críticamente, ‍Juliano, 2004: 64). Así las definía en 2007 el Informe de la ponencia para el estudio de la situación actual de la prostitución en España: Son «víctimas del sistema, víctimas de sus proxenetas y víctimas de sus clientes […] víctimas de abusos sexuales en la infancia […] graves secuelas psicológicas (como el estrés postraumático), violencia, abuso, etc.» (‍Maqueda, 2009: 27).

Pero ese estatus de vulnerabilidad se ha ido debilitando con el tiempo. Ha crecido la falta de convicción de las abolicionistas de que las prostitutas no son libres. Y la estrategia estadística, una supuesta mayoría aplastante (un ilusorio 95 %: críticamente, ‍Maqueda, 2009: 28), no aporta ninguna evidencia empírica porque la prostitución transcurre en un contexto de diversidad, alegalidad y clandestinidad incontrolables (‍Sánchez, 2022: 184 y ss.). Había que reformular las razones que justifican su abolición. El marco crítico al neoliberalismo les ha ofrecido una utilidad adicional: «El neoliberalismo busca que pensemos la prostitución desde el punto de vista individual, borrando todo rastro de lo social que podría cuestionarla […]», se trata de «desplazar el énfasis en la voluntariedad o no de la prostitución al efecto que esta tiene en la igualdad de género». Así lo explica Beatriz Gimeno:

Ana de Miguel insiste en esa relación de desigualdad que transcurre en la prostitución entre «mujeres vulnerables» y hombres con «el derecho a acceder a sus cuerpos» (‍2016: 162), pero en su construcción persiste la idea de negar el valor del consentimiento de las prostitutas. Lo que cambia es el carácter prescriptivo de su falta de libertad porque esta vez no reside en su subjetividad desviada, sino en una imposición determinista: las mujeres prostituidas «no son sujetos, son los objetos, las mercancías expuestas para que el comprador, el cliente, elija, pague y se corra» (ibid.: 164), «cuerpos desnudos, en fila, sin nombre, a disposición de quien tenga dinero para pagarlos» (ibid.: 162) «mujeres como cuerpos y trozos de cuerpos de lo que es normal disponer» (ibid.: 168). Desde el abolicionismo, esa idea objetualizadora se repite hace años poniendo en jaque su dignidad: «Por definición, las mujeres que ejercen la prostitución no son autónomas. Por definición, son cuerpo objeto para el placer de otros. Su cuerpo subjetivo, su persona, está cosificada y no hay un “yo” en el centro. En esta situación no hay posibilidad de construir una persona que se autodefine, que se autolimita, que se protege y se desarrolla a sí misma» (‍Lagarde, 2000: 55).

No hay una violencia simbólica más invasiva y más insidiosa sobre las trabajadoras del sexo que la administrada por el feminismo abolicionista más radical y que funciona como una genuina sanción de género: me refiero a esa devaluación que les viene impuesta —como seres alienados y de una identidad deteriorada o aún como simples cuerpos sin alma asimilables a mercancías susceptibles de venta o arriendo— por ser incapaces de satisfacer las expectativas creadas para ese otro sujeto construido y estereotipado que es la Mujer (en mayúscula) (‍Smart, 1994: 179 y ss.). Una ceremonia de heterodesignación que se comporta como una estrategia de dominación y de negación con lugares comunes a los que frecuenta el patriarcado. Pensando en ella, Femenías la califica lúcidamente de «violencia simbólica» cuando enumera sus características identitarias: «Descalificando, negando, segregando, invisibilizando, marginando, fragmentando o utilizando arbitrariamente el poder sobre otros/as» (2007: 70, 74).

El abandono del debate acerca del consentimiento de las trabajadoras del sexo es, pues, pura apariencia. Persiste con virulencia la misma lección del patriarcado: «Por un lado están las mujeres madres, esposas e hijas, compañeras de trabajo, mujeres a las que se reconoce el derecho a limitar el acceso al cuerpo, a su autonomía sexual y, por otro, las prostituidas, las mujeres que por definición no pueden impedir el acceso y son las célebres “mujeres públicas”» (‍De Miguel, 2016: 172). Una estratificación sexual interna que ofrece una imagen deshumanizada de las prostitutas, que las coloca en su lugar, «llevadas a un concepto límite, un insulto o una maldición», describe De Miguel (ibid.: 216), sin el reconocimiento de su capacidad de autodeterminación ni el de sus experiencias y sentimientos. Paula Sánchez trae a colación las lecciones de la filosofía kantiana aplicadas a la prostituta: «Se nos dice que la prostituta deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio para el placer de otro. Reducida a ser una cosa, pierde su estatus como sujeto moral capaz de autodeterminarse; esto es, pierde su libertad o autonomía, ergo, su dignidad» (2023: 166)

Es una de las caras oscuras más evidentes del consentimiento sexual de las mujeres. Ese negacionismo radical constituye la esencia más dura del abolicionismo hegemónico, el más dogmático, atrapado en grandes principios, sin visos de realidad (‍Mestre et al, 2019). A salvo quedan corrientes más moderadas donde se gestionan las vías del acuerdo y de la alegalidad (‍Gimeno, 2012). Concebida la prostitución como un problema de género, la tensión transcurre entre soluciones fuera o dentro de la legalidad penal. Hay, pues, «grises», como afirma Paula Sánchez: la prostitución puede «estar mal» como institución patriarcal y, sin embargo, considerar que lo menos dañino es dar derechos y alternativas (‍2022: 37). La más contraproducente nos lleva a la ideología punitivista.

Hay hambre de criminalización. En su primera versión de la ley de «solo sí es sí», cuando estaba en fase de proyecto (26/07/2021), ya se había contemplado el intento de criminalizar el proxenetismo lucrativo consentido y sin explotación, y la tercería locativa. Un renovado estigma moral vestido ahora con una visión radical de género que toma la forma de un nuevo orden moral sexual que se proyecta e impone sobre las mujeres, precisamente por ser mujeres. Un plan perfecto para apuntalar la vulnerabilidad institucional de las trabajadoras sexuales ante la explotación, la clandestinidad y otras formas de violencia (‍Pomares y Maqueda, 2022), eso sí, en nombre de la igualdad de género.

Pero le faltaron dos apoyos imprescindibles: el primero, los votos favorables necesarios para hacer prosperar el texto de una ley penal como la proyectada, que se acompañaba de una adenda abolicionista con vocación criminalizadora de la prostitución; el segundo, una buena razón para encontrar intereses materiales de protección alternativos a la libertad sexual porque esta es ya un atributo de las víctimas señaladas.

Empecemos por el principio. Esa ley, con el nombre oficial de «garantía integral de la libertad sexual», salió publicada poco más de un año después, sin encontrar los votos precisos de las fuerzas más progresistas del Parlamento. Fruto de la presión política del feminismo más punitivista, la integridad de la propuesta criminalizadora quedaría a salvo gracias al acuerdo de socialistas y populares para un nuevo texto abolicionista de tintes más punitivos. Hasta ahora había sobrevivido —pero ha caducado (‍Cugat, 2023)— una nueva proposición de ley de 27/05/2022 para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que castigaba con penas de prisión de uno a cuatro años y multa a quienes promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución aún consentida de otra persona, de cualquier forma (art. 187.2: «Proxenetismo lucrativo no coercitivo») o a quienes lo hagan destinando de forma habitual algún inmueble, local o establecimiento destinado al ejercicio de la prostitución consentida (art. 187 bis: «Tercería locativa») y también con penas de multa a los que convengan la práctica de actos sexuales a cambio de dinero (art. 187 ter: «Clientes»).

Basta hacer un ejercicio de memoria de otras complicidades antinaturales. Recientemente nos habla de ellas Clara Serra al referirse al feminismo cultural «antipornografía» de los años ochenta en EE. UU.:

El sentido crítico de las fuerzas parlamentarias disidentes estuvo muy presente en los debates a la enmienda sobre la totalidad que se presentó a la proposición de ley socialista. Su voz unánime fue de denuncia de una regulación aporofóbica, generadora de miseria, de abandono, de falta de recursos de supervivencia y de condiciones y garantías sociales dignas a partir de las cuales fundar y defenderse frente al abuso, la precariedad, el aislamiento y las agresiones que les esperan. Algunos ejemplos significativos se verbalizaron: «Un modelo que solo contribuye a perseguir a las mujeres» (CUP); «les van a machacar» (Esquerra Republicana); «una ley escasamente democrática» por el alejamiento de las trabajadoras del sexo del debate» (PNV), etc. El resultado fue estremecedor: 34 votos en contra de la proposición de ley frente a los apoyos de la derecha y socialistas, que sumaron en total 293 votos a favor (y 17 abstenciones) (29/09/2022).

Con la ayuda de la legalidad penal se levantan muros en torno a las comunidades sexuales marginales. Es obra de una ceremonia de desposesión del estatus de sujetos completos. Su subjetividad estigmatizada y silenciada, condenada a carecer de entidad moral y de libertad, les convierte en víctimas fáciles que carecen de poder para defenderse sin aportar daño alguno que justifique su criminalización (‍Rubin, 1989: 165, 166).

Con esos ingredientes, es difícil traducir una actividad inofensiva en un marco de prohibición penal que repercuta sobre su entorno. Así, llegamos al segundo de los puntos débiles del abolicionismo punitivista. Frente al sexo bueno de las clases sexuales privilegiadas, la trasgresión de las trabajadoras sexuales consiste en ser mujer y optar por el sexo malo, que proporciona placer por dinero, preferentemente a los hombres, y con ello amenaza las estructuras de la igualdad de las sociedades occidentales, formalmente igualitarias. Pero si su libertad o su dignidad no se ven en peligro por un contexto involuntario, o el de abusos o explotación, faltan víctimas y victimarios que puedan justificar una respuesta penal. Como ya se ha dicho aquí, la percepción de un daño colectivo resulta incompatible con el reduccionismo penal que tiende a individualizar el conflicto traduciéndolo en términos de violencia interpersonal. Tiene razón Paula Sánchez cuando afirma que es cuestionable que el derecho penal pueda transformar la realidad social y combatir desigualdades como las de género: no «es una instancia capaz de resolver problemas estructurales y transformar las relaciones entre los sexos por sí misma» (‍2022: 158, 159).

Sus funciones simbólicas y pedagógicas chocan, pues, con su falta de legitimidad material. El derecho inventa víctimas para crear delitos sin bienes jurídicos de sustento. No es competencia de la legalidad penal. Pero los ejemplos cunden. El estigma que persigue a los clientes ha sido mérito del neoabolicionismo nórdico, que en su esfuerzo por criminalizarlos ha procurado espacios cada vez más amplios de vulnerabilidad y de indefensión para las trabajadoras del sexo, que ven obstaculizados sus intentos de luchar por sus derechos y que pierden autonomía y agencia en la necesidad de ocultarse para pasar desapercibidas. El caso sueco es muy representativo de la victimización a que me refiero. Se dice que por efecto de las últimas reformas ha crecido la invisibilidad, la clandestinidad y la discriminación porque las trabajadoras del sexo han perdido poder en los encuentros sociales de todo tipo y se ven amenazadas, a menudo, por la retirada de la custodia de sus hijos y los permanentes cacheos policiales. Su situación de aislamiento se ha visto asimismo incrementada porque han tenido que salir de las calles, las trabajadoras sociales tienen dificultad para acceder a ellas y los clientes ya no les ayudan denunciando los casos de coacción o abuso que detectan por temor a autoinculparse (‍Eriksson, 2008: 187, 188; ‍Villacampa, 2012: 123 y ss.). Los propios informes oficiales suecos no han sido capaces de desmentir esos argumentos y admiten el probable incremento de la prostitución oculta y de la publicidad de los servicios sexuales por internet^[16], así como los crecientes obstáculos surgidos para la persecución de los comportamientos de explotación de la prostitución. No obstante, señala Jacobson, los políticos se sienten muy orgullosos porque han logrado lanzar su mensaje de que la prostitución es violencia contra las mujeres:

La propia jurisprudencia internacional está estudiando la legalidad de la criminalización de los clientes de la prostitución. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reconocido recientemente que las personas que se prostituyen en Francia pueden considerarse víctimas de la legislación del país que penaliza a los clientes de sus servicios a consecuencia del daño personal que ellas sufren por el empeoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida (31/08/2023: demanda n.º 63664/19 en proceso de resolución)

Pero la arrogancia del feminismo punitivista no tiene límites. Su normativismo a la hora de transformar valores colectivos, como la igualdad, en modelos jerárquicos, rígidos y excluyentes conduce a marginar e ignorar la experiencia de muchas mujeres, las más vulnerables (‍Vance, 1989: 39 y ss., 42). Como si esa jerarquización no fuera sino una estructura más de desigualdad en que se organizan las diferencias entre las mujeres, y «para conquistar la igualdad —como dice Paula Sánchez— hay que empezar por conquistar la igualdad política entre las mujeres mismas». O, en palabras de Carole Vance: