El 15 de enero de 1834, tres meses después de la muerte de Fernando VII, el último monarca absoluto, la reina gobernadora María Cristina de Borbón despidió al presidente del Consejo de Ministros, Francisco de Cea Bermúdez, que había sido nombrado por su difunto esposo y estaba decidido en no cambiar la estructura del régimen. En su lugar, María Cristina nombró al liberal Francisco Martínez de la Rosa.

Se afirmó muy a menudo que este cambio se debió al pronunciamiento por escrito de dos generales: el capitán general de Cataluña Manuel Llauder y Camín, y el capitán general de Castilla la Nueva Genaro Quesada y Arango, ambos movidos por su propio interés. Tal planteamiento, que como veremos está en parte motivado por opiniones políticas, no da cuenta de la complejidad de un momento que consideramos clave, ya que puede considerarse como fecha de la ruptura definitiva con el absolutismo en España, a pesar de que la incipiente guerra carlista no garantizaba que lo fuera. Este artículo intenta demostrar que la ruptura de enero de 1834 fue el resultado de una fuerte corriente de opinión dentro de la sociedad española, canalizada por una parte de las elites político‑administrativas del Estado monárquico. Las redes de amistad y de parentesco jugaron un papel importante, particularmente en torno al binomio Francisco Javier Castaños-Pedro Agustín Girón.

En consecuencia, considero que se debe matizar el papel de los militares en esta ruptura. Contrario a planteamientos que sobrevaloran los pronunciamientos verbales de generales como Quesada o Llauder, comparto las interpretaciones de autores como Jean-Philippe Luis, que evidencian el agotamiento del proyecto de absolutismo reformista que pretendía implementar Cea, en medio de divisiones ideológicas crecientes que tenían que ver con el surgimiento de culturas políticas distintas. El papel que correspondió a los militares fue compartido por el conjunto de la clase política de la monarquía, es decir, el grupo de personas cuya actuación puede influir en el conjunto de la sociedad, estructurando las decisiones del soberano.

El cese de Cea Bermúdez debe, por lo tanto, considerarse como un punto de inflexión de mayor entidad. Se puede incluso afirmar que se trata del principio de la ruptura liberal. En efecto, aunque su resultado fuera el nombramiento como presidente del Consejo de Francisco Martínez de la Rosa, cuyo liberalismo se había templado mucho tras su encarcelamiento y sus exilios, el nuevo presidente promovió el Estatuto Real, concebido como una transacción entre absolutismo y liberalismo. No se debe minusvalorar la trascendencia del cambio, que como todas las etapas posteriores de la revolución liberal española se impuso a la voluntad regia.

Finalmente, se pondrá de relieve la importancia del factor político, en el sentido moderno de la palabra (ideológico), en la ruptura con el absolutismo. Los actores del cambio deseaban poner fin al statu quo y favorecían una amnistía amplia y la instauración de un régimen representativo y censitario. Al insistir en la dimensión ideológica del cambio, el texto busca resaltar la importancia de las convicciones personales de los actores, y no meramente una cuestión de intereses personales.

Las fuentes utilizadas son de diversa índole. Contamos con las memorias y testimonios de varios actores implicados en los eventos: Javier de Burgos, el marqués de las Amarillas, José García de León y Pizarro, el marqués de Miraflores, Manuel Llauder y Francisco Martínez de la Rosa. Presentan en su mayoría un carácter netamente apologético (incluso cuando están primeramente destinados a un ámbito familiar, caso de Amarillas y de García de León), un rasgo muy frecuente del género en la España de la época. Se completaron con fuentes archivísticas, procedentes del Archivo General de Palacio (sección de Personal y Papeles Reservados de Fernando VII), del Archivo General del Ministerio de Justicia (sección de Títulos Nobiliarios), y del Archivo Histórico Nacional (sección de Estado, que contiene las deliberaciones del Consejo de Gobierno). Además, se recurrió a la base de datos Fichoz, que permite rastrear los lazos familiares y genealógicos así como las relaciones profesionales y de amistad entre los distintos actores.

En primer lugar, analizaremos el proyecto y la actuación política de Cea Bermúdez. Luego intentaremos mostrar que la oposición al ministro, aunque no fuera estructurada, adquirió, por el peso de las relaciones interpersonales, cierta cohesión interna en torno al Consejo de Gobierno establecido por el difunto monarca. Finalmente, nos centraremos en la cuestión de las convicciones que pudieron llevar a quienes componía la clase política de la monarquía a favorecer el cambio.

Francisco de Cea (o de Zea) Bermúdez (1779-1850) nació en una familia de comerciantes malagueños vinculados a Antonio Colombí, cónsul general de España en San Petersburgo e importante comerciante en el imperio ruso. En 1810, Colombí aconsejó al Consejo de Regencia en Cádiz que enviara un comisionado a la corte rusa, cuya actitud respecto al imperio napoleónico iba enfriándose rápidamente. Con la protección de Antonio Ugarte, futuro favorito de Fernando VII, se designó a Cea, que empezó de esta manera una carrera diplomática que duraría todo el reinado de Fernando VII. Representó a España en Rusia como cónsul general, sucediendo al difunto Colombí (1812-1814), y como encargado de negocios (1814-1820). Posteriormente, desempeñó la embajada de Constantinopla durante el Trienio, y luego la de Londres (1824). La protección de Ugarte le permitió, sin duda, escapar de las purificaciones por las que debían pasar los que habían ostentado cargos durante la época constitucional. En julio de 1824, tras el cese del conde de Ofalia, Ugarte y el embajador ruso Oubril aconsejaron al rey que le nombrara primer secretario del Despacho de Estado. Duró un poco más de un año en el cargo, en el que destacó por conseguir el exilio de su protector Ugarte y por gestiones fallidas para retrasar el reconocimiento de las independencias americanas por parte del Reino Unido. Su cese en octubre de 1825 parece deberse a un conjunto de causas, que ponen de relieve el aislamiento del ministro: su oposición, en cierta medida, a los ultras, y su distanciamiento con el ministro no ultra Luis López Ballesteros y el resto de los amigos de Ugarte, entre ellos el banquero Alejandro Aguado, que no le perdonaban su traición y sus intentos de cortocircuitarlos negociando un empréstito con los Rothschild.

Cea fue nuevamente nombrado primer secretario del Despacho en septiembre de 1832, aunque solamente llegó a Madrid a finales de noviembre (con lo cual no tuvo parte en el decreto de amnistía), con un proyecto de gobierno claramente absolutista. Buscaba mantener intacto el absolutismo fernandino para asegurar la llegada al trono de la infanta Isabel y alejar a los carlistas de las estructuras de poder.

Antes de la muerte del rey, reemplazó a todos los ministros que parecían más favorables a la integración de los liberales: José Cafranga (artífice del decreto de amnistía del 15 de octubre de 1832), Juan Antonio Monet y, luego, Francisco Fernández del Pino. Este último fue cesado el 25 de marzo de 1833, a los tres días del decreto aclaratorio de la amnistía. Parece que era sobre todo cercano a la reina, cuando Cea contaba principalmente con el apoyo de Fernando VII: se podría interpretar como una manera de alejar a todos los individuos capaces de poner en peligro su vínculo privilegiado con los reyes, su única baza política. Todas las fuentes insisten en el aislamiento y la impopularidad de Cea; José García de León y Pizarro, en su diario, se complace en repetir todos los rumores en torno al ministro, que detestaba. Por ejemplo, el 18 de abril de 1833 señalaba o siguiente: «Ha corrido que se habían presentado al rey unas monedas nuevas con el lema de Francisco I. Las gentes dicen que es Cea el que fragua estas tramoyas para separar a los infantes […]. Será célebre el ministro Cea por lo bárbaro y vil».

El estallido de la guerra carlista aumentó el rechazo a Cea, cuya gestión generó muchas críticas. La guerra aceleró el cambio, al generar más crítica hacia el Gobierno. Con la división del realismo entre partidarios de don Carlos y de la infanta Isabel, los voluntarios realistas resultaban ser un peligro. Esta milicia había sido creada para controlar la movilización popular a favor del rey y contrarrestar la falta de confianza de este en su ejército, pero podían ser y fueron utilizados por los carlistas. Ahora bien, el Gobierno central estaba convencido de que todavía resultaban útiles los voluntarios: el Consejo de Ministros del 2 de agosto de 1833, se declaró «[…] convencido de la necesidad de conservar los cuerpos de Voluntarios Realistas», hasta el punto de discutirse en varias ocasiones las maneras de financiarlos. El desarme de estos focos de carlismo fue una iniciativa de los capitanes generales ante los disturbios que provocaban. Según el marqués de las Amarillas, encargado a la sazón de Andalucía, «los Capitanes Generales hubieron de suplir en beneficio de la Causa, con inmensa responsabilidad suya, lo que el Gobierno no hacía, y a ellos solos se debe el que la guerra civil no se incendiase simultáneamente en todos los ángulos de la Península». Manuel Llauder, capitán general de Cataluña, insiste en la política a su juicio absurda del Gobierno: «¡El ejército se deja reducido a los 50 000 hombres fijados en el reglamento económico de 1828, y los 30 000 de milicias provinciales, en presencia de 300 batallones de voluntarios realistas, cuyo espíritu era notorio y constaba al gobierno por los informes de los jefes de las provincias. En tan crítica situación se dan las licencias absolutas a más de 20 000 soldados […]». Como resumía Martínez de la Rosa: «[Fernando VII] Hallábase, por aquel tiempo, en la situación más grave y angustiosa que imaginarse puede: deseaba dejar asegurada la corona a su Hija; y al propio tiempo temía mostrarse severo con el partido que sustentaba el régimen absoluto, y que era el mismo que conspiraba a favor de su hermano».

Una vez muerto el rey, Cea quiso mantener el rumbo marcado por el difunto. El 4 de octubre, María Cristina de Borbón, como gobernadora del Reino, publicó un manifiesto redactado por Cea, en el cual el ministro reafirmaba su compromiso con el absolutismo: «Tengo la más íntima satisfacción de que sea un deber para mí conservar intacto el depósito de la autoridad real que se me ha confiado. Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la Monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas, aunque halagüeñas en sus principios, probadas ya sobradamente para nuestra desgracia». En la línea del despotismo tardoilustrado, intentaba seguir la política de Fernando VII sin Fernando VII. Obtuvo la renuncia del conde de Ofalia al ministerio de Fomento, pretextando que esta función no era compatible con su nuevo cargo de secretario del Consejo de Gobierno. Su buena reputación le podía hacer sombra. En su lugar, nombró a Javier de Burgos (21 de octubre).

El nuevo ministro, antiguo afrancesado que había conseguido como muchos rehabilitarse en la Década Ominosa gracias a sus relaciones con el banquero Aguado, compartía las orientaciones anunciadas en el manifiesto del 4 de octubre: reformas administrativas, pero no políticas. En sus Anales (1850), aunque se preciara de constitucionalista, Burgos escribe que los españoles eran básicamente incapaces de vivir bajo un régimen liberal: «[…] los pueblos que, durante siglos, han vivido en las fangosas regiones del despotismo, no pueden sin riesgo respirar de repente el aura puro de la libertad». La persistencia en plena Década Moderada de tales planteamientos demuestra cómo incluso el liberalismo conservador del periodo supuso una ruptura fuerte con el orden anterior. Según Javier de Burgos, uno de los objetivos del manifiesto del 4 de octubre era obtener el reconocimiento de Isabel II por las potencias absolutistas (Austria, Prusia y Rusia). Atribuye el hecho de que no sucediera a «ocurrencias graves que cambiaron sus disposiciones», o sea, al giro representativo dado en 1834.

En términos generales, en el ámbito diplomático, la política española se encontraba en una situación muy compleja, sobre todo con respecto a Portugal. Cea Bermúdez mantuvo la política seguida por Fernando VII desde 1828: defensa a ultranza del absolutismo ultra encarnado por don Miguel, usurpador de su sobrina, en contra de las propuestas más liberales encarnadas por su hermano mayor don Pedro, emperador de Brasil, e incluso de las «intenciones constitucionales» del padre de ambos, João VI. El Gobierno fernandino fue de los pocos que reconocieron a don Miguel como rey legítimo. Ahora bien, don Carlos y su familia se encontraban desde la primavera de 1833 en la corte de don Miguel, su sobrino y cuñado. Este apoyaba sin esconderlo demasiado las pretensiones de su tío. Pero el Gobierno español no modificó su política, temeroso del supuesto contagio revolucionario que conllevaría una victoria de don Pedro. A pesar del apoyo de don Miguel a los carlistas, Cea no intentó acercarse a don Pedro, que juzgaba tan peligroso como su contrincante. Tropas españolas fueron mantenidas en la frontera con Portugal, de poca utilidad contra los carlistas, destinadas en realidad a prevenir cualquier intento liberal desde Portugal. Martínez de la Rosa considera que este «funesto empeño» fue una causa esencial de los éxitos carlistas en el norte a finales de 1833, aunque le conviniera afirmarlo, ya que sucedió a Cea.

Cuando consultó al Consejo de Gobierno para validar su política, Cea le preguntó cómo «[…] precaver a España de las inquietudes que pudiera causarle con sus instituciones, o su conducta, el Gobierno que por consecuencia definitiva prevaleciese en Portugal». Los consejeros contestaron criticando la falta de previsión del Gobierno español: la similitud de situación entre don Miguel y don Carlos, contra los derechos de sus sobrinas y sus opiniones ultras hubieran debido alertar desde años:

Se desprende de la consulta del Consejo de Gobierno cierto escepticismo respecto a las capacidades de Cea como diplomático. En su carta a la reina (15 de noviembre), Miraflores compartía este escepticismo, que servía en realidad de argumento político para los opositores de Cea Bermúdez.

Estos se volvieron cada vez más numerosos tras la muerte del rey. Según Javier de Burgos, los que se oponían a la marcha del Gobierno eran poco numerosos, y se limitaban a los liberales y a un puñado de ambiciosos en el Consejo de Gobierno y en la Corte. Según el flamante ministro, «los pueblos veían esta marcha del gobierno con un entusiasmo unánime. La Gaceta de Madrid, llena todos los días de disposiciones benéficas, era, por donde quiera, esperada con impaciencia y devorada con ansias». ¿Era acertado el optimismo de Burgos? Estudiemos ahora con detenimiento la densa red de oposición al ministerio Cea y a su política.

La oposición a la continuidad de Cea Bermúdez en el ministerio fue amplia, casi generalizada, y proveniente de sectores distintos de la incipiente opinión pública y de las elites, o mejor dicho, de lo que aunque se tratara todavía de un régimen de monarquía absoluta puede llamarse la clase política española, en el sentido de «grupo ejerciendo un poder de hecho que puede ser más efectivo que la soberanía». Este término está tomado de la teoría de las elites, cuyos planteamientos pueden resultar útiles para explicar los eventos aquí estudiados. Para un mejor seguimiento de las imbricadas tramas que se tejieron en este momento, dividiremos su estudio en tres apartados: la oposición cortesana, la oposición encarnada por el Consejo de Gobierno y la opinión del público. Todas estas oposiciones tenían como objetivo influir sobre María Cristina de Borbón, de quien dependía en gran medida la resolución del conflicto de poder en torno a su principal ministro.

Javier de Burgos, quince años después de los eventos, consideraba en sus Anales que el cambio de 1834 se debía esencialmente a la ambición de unos pocos intrigantes movidos por su interés propio: Amarillas, Castaños, Llauder y Quesada. El viejo afrancesado negaba toda dimensión ideológica al cese de Cea Bermúdez, aunque consideraba que la agitación de los liberales (turbulentos, ambiciosos, inexpertos o todo a la vez, afiliados a sociedades secretas) había sido una causa importante de la rebelión carlista, la cual, aparentemente, no hubiera llegado a tanto sin los alborotos liberales.

Ahora bien, el desencanto respecto al régimen liberal español pudo llevar a que parte de la historiografía siguiera el planteamiento de Burgos, cuya influencia en la interpretación del cambio de 1834 resulta importante, e insistiera en el papel determinante de los «personalismos». Esta línea interpretativa fue la que siguió la llamada escuela de Navarra: según Federico Suárez, no había más que tres grupos ideológicos: carlistas, liberales y «moderados». Estos últimos conspiraron con los liberales para impedir la sucesión de don Carlos (la legítima). Hace tiempo que se demostró que esta interpretación es demasiado simplificadora y los trabajos de Emilio La Parra han puesto en tela de juicio el término mismo de «moderado» aplicado a los partidarios de Fernando VII, por lo menos a principios de la Década Moderada. Según Suárez, todos los que se oponían a Cea eran los constitucionales, y los que le apoyaban los ya mencionados «moderados». Estos constitucionales fomentaban la «anarquía interior». Luego, apoyándose en una carta del embajador británico Villiers (que no analiza ni contextualiza), afirma que la clase política del Estatuto Real era mediocre, corrupta y que «da[ba] asco» al susodicho embajador.

La explicación de tanta inquina es simple: la escuela tradicionalista apareció durante la dictadura franquista, la cual trataba, implícitamente, de justificar la época de Fernando VII aminorando su represión, y haciendo de la política liberal un juego mediocre de ambiciones personales. Comentando este posicionamiento historiográfico, Carlos Marichal escribe:

El problema es que estos planteamientos, que ya criticó en su tiempo M. Artola, todavía aparecen en algunos trabajos, fueran de discípulos de Suárez o de quienes le están muy alejados.

Al contrario, factores ideológicos, políticos en el sentido moderno del término, determinaron el desenlace de la crisis gubernamental abierta por la muerte de Fernando VII. La manera en la que se debía ejercer el poder tras la desaparición del Deseado era un tema fundamental. Antonio Calvo Maturana recuerda que no hubo total ruptura en la clase política de la monarquía antes y después de 1808, y los militares, funcionarios y eclesiásticos que ejercían parte del poder se vinculaban ideológicamente a la Ilustración: el servicio a la nación iba substituyendo paulatinamente el servicio al rey, y el concepto de «buen ciudadano» al de «buen vasallo». La monarquía absoluta habría «socavado su propia base» al favorecer una clase de funcionarios que se habrían convertido progresivamente en políticos y estadistas.

El rechazo de Cea Bermúdez a cualquier transacción con la idea de una representación nacional precipitó su cese. Ahora bien, no es pequeña paradoja que el propio Cea formara parte del grupo que tanto contribuyó a su caída, el de la clase política de los últimos años del absolutismo. Las fuentes demuestran que el llamamiento a una convocatoria de Cortes tenía amplia aceptación entre ella, bajo los presupuestos tradicionales pero «[…] si después de meditado el punto con el pulso y madurez que exige su importancia se creyese oportuno hacer alguna mejora o modificación, atendida la diferencia de épocas y circunstancias, tampoco lo resistirían las leyes fundamentales», como escribió el Consejo de Gobierno.

Años más tarde, amargado por la desviación revolucionaria que supuso para él la desaparición del Estatuto Real de 1834, el marqués de las Amarillas no renegaba de su compromiso representativo de 1834:

El marqués no era el único en desear una apertura política: el anciano Puig, a pesar de ser el exdecano del Consejo de Castilla, institución clave del entramado jurídico del Antiguo Régimen, quería también que se convocaran Cortes, en acuerdo con las antiguas leyes fundamentales del reino. Se integraba en una potente tradición historicista en España, que utilizaba la historia y una reconstrucción idealizada del pasado medieval para justificar el fin del absolutismo y un sistema representativo y restringido. Esto fue precisamente la apuesta política de Martínez de la Rosa con el Estatuto Real.

Castaños, que no tenía la cultura jurídica de su sobrino, encajaba en este tipo de posicionamiento. Mantuvo a lo largo del reinado de Fernando VII unas opiniones ilustradas y de tolerancia que apuntan a que no veía con malos ojos un sistema representativo que no fuera la Constitución de Cádiz. En 1817, intentó influir al Gobierno en favor de la abolición de la trata de negros, tan decididamente que sorprendió a García de León y Pizarro, a la sazón ministro. Finalmente, a lo largo del reinado de Fernando VII, aconsejó en al menos dos ocasiones (1817 y 1830) que se promulgara una amplia amnistía. En 1817, se consultó a los capitanes generales al respecto, y su respuesta fue la más declaradamente favorable a una amnistía general. En 1830, su llamamiento suscitó una notación furibunda del ultra Arias Teijeiro: «¡Qué hombre tan despreciable! Un general viejo y bufón indecente, sin principios, sin convicción, sin algo bueno». Como su sobrino, tenía excelentes relaciones con Wellington y los británicos en general, los cuales juzgaban negativamente la Constitución de 1812, pero vivían bajo un régimen parlamentario bicameral y aristocrático.

Ahora bien, si los manifiestos de Llauder y Quesada fueron siempre considerados como determinantes, quizás fue porque, a diferencia de los miembros del Consejo de Gobierno, de quienes se esperaba un llamamiento a convocar Cortes, su intervención era sorprendente. Es cierto que ambos eran «conocidos por su dura antipatía a la libertad, y por el vigor e incansable celo con que habían contribuido al triunfo del absolutismo en 1823». Llauder justifica su evolución por la convicción de que el Gobierno de Cea no hacía nada para evitar el estallido de la guerra civil, y que se debía apoyar sobre las elites y el pueblo partidario de la reina, además de haberse convencido por el manifiesto de Miraflores del 15 de noviembre.

No se debe subestimar la importancia de las convicciones políticas de la clase dirigente en la ruptura de 1834, impuesta a una Corona fragilizada que hubiera preferido quedarse con Cea. Esta clase era la heredera de la de la Ilustración y del reinado de Carlos IV, y en estas elites había calado un discurso político en el que el soberano gobernaba en colaboración con sus fieles funcionarios. En palabras de A. Calvo Maturana: «El llamado Despotismo ilustrado fue un proyecto de gabinete cuyos miembros crecieron de forma cualitativa y cuantitativa hasta el momento en que pudieron quedarse el poder y repartirlo censitariamente». Muchos hombres que sirvieron lealmente al rey y a la monarquía absoluta se sentían muy a gusto en un régimen más abierto.

Ahora bien, tampoco se debe pecar por idealismo. Miraflores presenta su papel subsiguiente, su nombramiento como embajador en Londres, como un sacrificio patriótico: se fue de ministro plenipotenciario, cuando como grande de España le correspondía el rango de embajador. No fue el único personaje recompensado en las semanas y los meses que siguieron. Rodil, Sarsfield, Fernández del Pino, Llauder y Amarillas recibieron títulos de Castilla. Garelly volvió a ejercer de ministro de Gracia y Justicia con Martínez de la Rosa. A finales de enero de 1834, el duque de San Fernando recuperó la llave y entrada de gentilhombre, que iba reclamando desde años. Morillo, ya titulado y gran cruz de Carlos III, obtuvo también la llave de gentilhombre. Sobre todo, fueron nombrados casi todos en el Estamento de Próceres, la Cámara Alta de nombramiento real que fue creada en el Estatuto Real: de los 107 próceres de la legislatura de 1834-1835, 18 habían actuado de alguna manera en la caída de Cea Bermúdez: los siete miembros del Consejo de Gobierno (Castaños, fue además nombrado presidente del estamento), su secretario Ofalia, Fernández del Pino, el conde de Puñonrostro, Javier de Burgos, Miraflores y, entre los militares, Ezpeleta, Freire, Llauder, Morillo, Quesada, Rodil y Anglona (en 1835). Además, García de León y Pizarro fue nombrado prócer, una vuelta a los asuntos públicos tras quince años de desgracia. El encumbramiento de este viejo servidor de la monarquía manifiesta la continuidad entre el funcionariado ilustrado de las últimas décadas del Antiguo Régimen y la clase censitaria del Estatuto Real, como señalaba A. Calvo Maturana.

He intentado mostrar en este trabajo que la ruptura con el absolutismo en enero de 1834 fue un evento de gran importancia, impuesto a la reina por una amplia corriente de opinión pública, canalizada por las elites administrativas de la monarquía, organizadas en redes familiares y de amistad, cuyo principal núcleo giraba en torno a Francisco Javier Castaños y Pedro Agustín Girón. No se debió, por lo tanto, a la ambición de unos pocos individuos. La interpretación del cambio como producto de personalismos, cuya génesis encontramos en el relato de Javier de Burgos, oscureció el verdadero alcance del cambio llevado a cabo el a principios de 1834

El cese de Cea Bermúdez fue impuesto a María Cristina en la medida en que se le hizo entender respetuosamente que debía ensanchar su base de apoyos. Los protagonistas de esta ruptura con el absolutismo, no por blanda menos definitiva, fueron militares y funcionarios del aparato estatal, envalentonados y convencidos de que, al rechazar el statu quo, tenían el apoyo de amplios sectores sociales de la nación, y en la que los partidarios de un giro representativo y una alianza con el liberalismo eran muy numerosos.

La defensa de los intereses propios y la de las convicciones políticas no es necesariamente contradictoria. El cambio que quisieron implementar era favorable a los intereses de las elites, aristocráticas y de clase media, en el sentido que se daba a la palabra en aquella época, se parecía al régimen inglés antes de la reforma de 1832, donde Wellington, amigo de Castaños y Amarillas, llegó a ser primer ministro.

Fueron sectores tradicionales que impulsaron el cambio (cortesanos, aristócratas y funcionarios), convencidos de que el absolutismo era un callejón sin salida. No se puede minusvalorar la importancia de la ruptura de 1834. El fracaso del régimen del Estatuto Real se explica en parte por el gran ausente de este artículo: la guerra carlista. Al imponer un gran esfuerzo financiero a la nación recién salida del absolutismo y al fomentar la movilización popular, la guerra impediría que el régimen representativo tan censitario y restringido que convenía a la mayoría de los actores de finales de 1833 pudiera durar.