EL COMPORTAMIENTO DE LA ÉLITE POLÍTICA EN LA CRISIS DEL REINADO DE ISABEL II (1863-‍1864)

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

El funcionamiento de las monarquías liberales en el xix dependió de la combinación armoniosa de prerrogativa regia, elecciones, partidos y Parlamento. Una de las disonancias podía producirse cuando existía contradicción entre un resultado electoral y la designación de la Corona. Esto solo se daba bajo dos condiciones: elecciones sin influencia gubernamental y organización electoral fuerte y eficaz de los partidos. Si no se daban ninguna de estas, la oposición podía seguir dos vías legales para reclamar el poder: demostrar que la opinión pública estaba de su parte y utilizar el obstruccionismo parlamentario para impedir la labor del Gobierno y forzar crisis de gabinete. La resolución de dicha contradicción, su corrección, o el buen funcionamiento de la monarquía constitucional, eran responsabilidad de la élite política^‍‍[1]. Esto es, la «influencia moral» en un proceso electoral era un acto voluntario del Gobierno y sus servidores, no era ejecutado por palacio, como tampoco era la Corona quien impedía la ordenación práctica de un partido, orquestaba la vida parlamentaria o la reforma de leyes como la electoral o la de imprenta. Era la élite política quien tomaba tales decisiones. Por esta razón, dependía de los dirigentes el funcionamiento de un régimen representativo, su transformación o conservación en momentos de crisis, incluso contra el criterio del trono y su corte o camarilla, así como la organización, expresión y representación de la opinión a través del Parlamento, la prensa y los partidos o la estabilidad parlamentaria de los Gobiernos^‍‍[2].

El objetivo de este trabajo es comprobar si la élite política del final del reinado de Isabel II favoreció o entorpeció el funcionamiento del régimen constitucional en su momento más crítico, que sitúo entre 1863 y 1864. Si bien el sistema descansaba en la designación regia, esta se convertía en inútil si esa élite obstruía deliberadamente el proceso para impedir el gobierno del adversario a pesar del coste para la estabilidad, la gobernabilidad o la credibilidad de las instituciones, incluida la Corona.

En este trabajo se abordará el comportamiento de la élite en los canales formales de la gobernabilidad; esto es, la estabilidad parlamentaria y la conciliación para constituir y conservar un ministerio. También se analizará su actuación en la construcción de partidos de gobierno, tanto en reuniones públicas y manifiestos al país como en referencia al papel constructor de partidos que Duverger otorgaba a los grupos parlamentarios. Igualmente se tendrá en cuenta el papel de la élite en los procesos electorales como instrumento para la creación de una estructura partidista nacional, legitimadores del proceso político, o bien como demostraciones de la tensión entre la prerrogativa regia y el Parlamento.

El periodo escogido para el estudio es el que se abre con la ruptura de la Unión Liberal a comienzos de 1863 y concluye con la celebración de elecciones en noviembre de 1864, convocadas por Narváez. En esos meses se dio por hecho que el sistema de partidos estaba roto y que eso hacía imposible la gobernabilidad del país. En ese tiempo se barajaron dos proyectos para solventar la crisis del sistema de partidos: la designación de un «gobierno puente» que convocara elecciones para reconstruir los viejos partidos (el Moderado y el Progresista), ya que se consideraba fracasada la Unión Liberal, o el encargo a un unionista de que formara un Gobierno de conciliación para construir dos partidos nuevos mediante elecciones. Fue la última oportunidad para depurar el funcionamiento del régimen constitucional de Isabel II, y la responsabilidad recayó en la élite política.

II. Idea y caída de la Unión Liberal [Subir]

La idea de la Unión Liberal era construir un centro conciliador que impidiera los pasados exclusivismos de moderados y progresistas y facilitara la regia prerrogativa^‍‍[3]. La Unión Liberal debía regenerar el sistema armonizando la relación entre el Gobierno, las Cortes, los partidos y la Corona. Por esta razón debía llevar a cabo reformas en la cuestión electoral, ampliar la libertad de imprenta y descentralizar, al objeto de que se establecieran «costumbres públicas liberales» y se generara así una vida política sin sobresaltos. El propósito era establecer las condiciones para un turno de partidos, con un trono moderador. En el aire quedaba quiénes formarían el bipartidismo y cuándo.

La ruptura de la Unión Liberal comenzó en 1861. Ríos Rosas inició una disidencia porque esta no había cumplido su promesa de liberalizar el régimen: no había derogado la reforma de 1857 de la Constitución de 1845 ni se había presentado una ley de imprenta con jurado ni una descentralización administrativa. O’Donnell, decían los disidentes, había preferido congraciarse con los moderados resellados de Alejandro Mon y los unionistas conservadores de Cánovas, y no se habían puesto de acuerdo en la institución del jurado^‍‍[4].

La retirada española de México terminó por romper la Unión Liberal. Gran Bretaña, Francia y España habían firmado un acuerdo para intervenir en México. España envió al general Prim, progresista pasado a las filas unionistas, quien, una vez allí, no quiso seguir el juego de Napoleón III: inventar un trono para Maximiliano de Austria. En febrero de 1862 el español concertó con el Gobierno Juárez el «Convenio de La Soledad» sin autorización de O’Donnell, y salió de México.

Los unionistas conservadores pidieron que Prim fuera sancionado, máxime después de que sostuviera su decisión en el Senado. Cánovas se entrevistó con O’Donnell y Prim el 21 de diciembre de 1862 y les comunicó que la cuestión de México era motivo de ruptura^‍‍[5]. O’Donnell decidió apoyar a Prim tras saber que la reina estaba satisfecha, y pronunció un discurso en el Senado en ese sentido. Cánovas dimitió como subsecretario de la Gobernación el 4 de enero^‍‍[6]. La ruptura se consumó cuando Posada Herrera, titular de dicho ministerio, introdujo en el Discurso de la Corona del 6 de enero que el Gobierno aprobaba la conducta de Prim. Mon, moderado pasado a la Unión Liberal, dimitió como presidente del Congreso, calificó la actitud gubernamental como de «antipatriótica condescendencia»^‍‍[7] y orquestó una enmienda a dicho discurso que consiguió el voto de los disidentes de Ríos Rosas, los progresistas y los moderados, y la abstención de los unionistas conservadores.

Ese mes se escenificó la ruptura. Mon sostuvo en el Congreso que el partido ya estaba dividido. O’Donnell respondió que seguía siendo la unión de los «hombres del partido progresista [«resellado»] y del partido conservador», quienes solo tenían «pequeñas diferencias» programáticas, ya que las «grandes cuestiones» estaban «ya resueltas». Cánovas y Ríos Rosas anunciaron su oposición al Gobierno^‍‍[8]. Ante esa demostración de la crisis profunda del partido, se anunció la suspensión de las sesiones de Cortes. Ríos Rosas, intuyendo elecciones, denunció entonces que el Gobierno necesitaba una «mayoría de autómatas».

La Unión Liberal quedó dividida en cuatro: los disidentes de Ríos Rosas, las facciones conservadoras de Mon y Cánovas, y los fieles a O’Donnell, cuyo hombre fuerte era Vega de Armijo. Este último negoció la reconciliación con Ríos Rosas, quien condicionó su apoyo a la publicación de la descentralizadora ley de gobiernos provinciales —que había sido sancionada por la Reina, pero no publicada en la Gaceta—, una declaración de que el nuevo Gobierno significaría una vuelta a la Unión Liberal genuina y una ley de ayuntamientos que ampliara el voto en la elección de los alcaldes. Vega de Armijo quiso que el unionista disidente Pastor Díaz ocupara Gracia y Justicia, y Ríos Rosas pidió que entraran Serrano en Estado y Bustillos en Marina^‍‍[9]. El nuevo Gobierno juró, pero no impidió la ruptura de la Unión Liberal. Los disidentes enseguida se revolvieron porque Vega de Armijo, nuevo ministro de la Gobernación, paró la ley de ayuntamientos. El intento de refundar la Unión Liberal uniendo a O’Donnell y Ríos Rosas había fracasado, pues este último, según escribió el diputado moderado Valero Soto, no cedió en ninguna de sus condiciones^‍‍[10], aunque la otra parte tampoco. Al tiempo, Cánovas y Mon estrecharon lazos para presentarse como oposición.

III. Las tribulaciones de Isabel II[Subir]

En enero de 1863 la crisis era evidente. Primero fue el malestar que produjo el nombramiento como ministro de Marina de Augusto Ulloa, demócrata y civil. La cascada de dimisiones en la Armada alarmó al Gobierno, a la opinión pública y a palacio. Luego tuvo lugar el cese de Saturnino Calderón Collantes, ministro de Estado. Pedro Egaña, director del moderado La España, y siempre bien informado, aseguró que ese cambio se había ocultado «a los ojos de la reina misma, que ignora el secreto de la farsa». Barrot, embajador francés en Madrid, había estado «tan imprudente», se había dejado llevar «tanto por la vanidad, que no hay perro ni gato en Madrid que ignoren que la medida ha sido una inútil y torpe maniobra dirigida por él, de acuerdo con Vega de Armijo y los Concha». Barrot, cuya condición de diplomático no le otorga un carácter de analista superior ni certero, había sido muy indiscreto: quería a Vega de Armijo en Gobernación y, apuntaba Egaña, que para «dirigir» las nuevas elecciones y lograr una mayoría de «otros cuatro o cinco años». Egaña remataba: todo el mundo «le llama el Ministerio francés» (subrayado original)^‍‍[11]. O’Donnell no podía continuar en el Gobierno, pero tampoco podía convocar elecciones porque la Unión Liberal estaba rota, y dimitió el 26 de febrero de 1863.

La tensión entre las facciones unionistas y la división y debilidad de las oposiciones como alternativa de gobierno, aconsejaban una fórmula de conciliación. De hecho, Narváez se ofreció a finales de 1862 para solucionar la crisis, pero la reina lo rechazó. Carlos Marfori, quien más tarde sería amante de Isabel II, escribió a Narváez, su tío, que la reina le había dicho que quería un Gobierno conciliador, y que ella temía que él no sirviera para tal cometido^‍‍[12]. El objetivo era que gobernara quien estableciera los cauces para la resolución de la disgregación partidista.

La reina se entrevistó con Ríos Rosas y Manuel Gutiérrez de la Concha, presidentes del Congreso y del Senado respectivamente, para preguntar si querían formar Gobierno y tantear las mayorías, como era preceptivo. Luego se entrevistó con progresistas templados como el exdiputado Moreno López, el esparterista Pascual Madoz y Manuel Cortina, abogado y hombre de confianza de María Cristina y de Riánsares. Los tres dijeron que la Unión Liberal había sido un intento fallido de disolver los viejos partidos que había dañado la situación, por lo que se mostraron partidarios de recuperar al Partido Moderado y al Progresista. Desaconsejaron un ministerio Narváez por «reaccionario», o uno inspirado por Napoleón III, y apuntaron a la formación de un Gobierno «compuesto de personas de un mismo partido». Al ser preguntados por nombres, escribió Madoz, «nos abstuvimos de entrar en este terreno». Los tres dijeron a Isabel II que el Partido Progresista sería garantía de libertad y orden si era llamado al poder «en circunstancias normales, en su tiempo» (cursiva original), pero no en coalición, sino en exclusiva. La expresión «en su tiempo» significaba que los progresistas no querían ser llamados en ese momento, sino en condiciones favorables; esto es, con una legislación electoral que asegurase la limpieza del proceso, y formar un Gobierno monocolor. Madoz informó a Olózaga y a la minoría progresista, que quedó satisfecha^‍‍[13]. Esas condiciones exigían fortalecer al partido en provincias y unificar las «huestes», porque así «vendrán a buscar (al Partido Progresista); tengo de ello seguridad, si ha de salvarse el trono»^‍‍[14].

Los informantes de Riánsares, entre los que había diputados y senadores, apuntaban que el Partido Progresista podía ser una salida para frenar la revolución si estaba en manos de un «gran hombre». Riánsares pensó en Cortina, pero estaba fuera de la vida política, y luego en Prim, en cuanto volvió al progresismo, como se verá más adelante. Sin embargo, al igual que Barrot había recibido la orden de Napoleón III de cobrarse el asunto de México con el cese de Saturnino Esteban Collantes en enero de 1863, es probable que el emperador no viera con buenos ojos el acceso al poder de Prim, principal causante del ridículo mexicano de Francia.

Narváez, animado por Fernández de Córdoba, salió de su retraimiento, llegó a la corte el 12 de febrero de 1863 para reconstruir el Partido Moderado y aprovechar que «el lenguaje de los palaciegos respira desdén y muerte por O’Donnell»^‍‍[15]. Isabel II le llamó el 26 de febrero y sin convicción le encargó reunir un Gobierno de conciliación parlamentaria. Narváez habló con Mon y Cánovas, pero no quisieron compartir ministerio con los disidentes de Ríos Rosas porque contradecía su idea de deslindar los campos políticos inmediatamente. Fracasado, Narváez comunicó a Isabel II la imposibilidad de cumplir su encargo. La reina recurrió entonces al general José Gutiérrez de la Concha para otro Gobierno de conciliación. Ríos Rosas no aceptó participar porque quería Gobernación, crucial para la ley de ayuntamientos y organizar las elecciones. Concha se decidió luego por los conservadores Mon y Cánovas, pero las discrepancias sobre quién debía ocupar el Ministerio de Marina, algo vital para resolver la crisis en la Armada provocada por O’Donnell, abortó la posibilidad de que saliera adelante. Tras los fracasos de Narváez y Concha, la Reina se decidió por Mon y Cánovas, pero estos no se pusieron de acuerdo en cuanto a la continuidad de las Cortes o su disolución.

Desde el 26 de febrero se había consultado a casi todos, con cuatro posibles Gobiernos con un único objetivo: solucionar la crisis del sistema de partidos que desestabilizaba la monarquía constitucional y que, por dejación e incapacidad de la élite política para llegar a acuerdos, otorgaba demasiado protagonismo al trono. Nazario Carriquiri, Esteban Collantes, Campo Sagrado y Pedro Egaña, hombres vinculados a los negocios, la política y la prensa, relataron a Riánsares el papel secundario de la Corona en este asunto. «Desgraciada Reina» o «Pobre Reina» son expresiones habituales en esos documentos para describir las actuaciones de Isabel II entre políticos «egoístas» y «ciegos». En esta situación, Riánsares barajó el proyecto de crear un periódico «liberal democrático» que dejara al trono fuera de las disputas políticas. El motivo, decía, era que los ministros responsabilizaban de sus actuaciones a la reina, con lo que se dañaba a la monarquía y a la dinastía^‍‍[16].

La idea que prosperó, vista la situación caótica de la Unión Liberal, fue la reconstrucción del tradicional sistema de partidos de moderados y progresistas. Esa fue la tarea encomendada por la reina a Miraflores el 2 de marzo, cuyo propósito era utilizar las elecciones para ordenar dos grupos parlamentarios poderosos que constituyeran la matriz de los partidos que habrían de turnarse en el poder. Miraflores pensaba que la Unión Liberal no tenía «condiciones de partido», no había llenado el vacío dejado por moderados y progresistas, ni servido para que estos «se fuesen vivificando» durante su mandato. Abogaba por el turno entre esos dos partidos, ya que coincidían, decía, en la unidad religiosa y monárquica, la dinastía, y el constitucionalismo. Además, quería disminuir la presencia del Partido Demócrata, al que consideraba un «elemento perturbador»^‍‍[17]. Miraflores relató que el día que Isabel II le encargó formar Gobierno se encontró en Palacio con Ezpeleta, gobernador de Madrid, quien le advirtió de que «existía una extensa agitación popular peligrosa»^‍‍[18].

IV. Progresistas a la expectativa [Subir]

El Partido Progresista estaba en crisis desde 1856. La Unión Liberal supuso la ruptura del progresismo: a un lado quedaron los que, como Cortina, defendieron la Constitución de 1845 y la colaboración con los unionistas, y al otro los que se negaron a aceptar la situación. Las discrepancias se mostraron con claridad en el verano de 1858. A fin de evitar la escisión se acordó participar en las elecciones, pero quedó pendiente la «cuestión de conducta»; es decir, si la acción parlamentaria iba a ser de colaboración o de oposición. El 26 de septiembre se reunieron los electores progresistas para elegir al Comité Central y decidir la conducta, bajo la presidencia de Olózaga y con Calvo Asensio —director de La Iberia— y Sagasta como secretarios. La comisión para la redacción del manifiesto se rompió y fue Olózaga quien lo escribió^‍‍[19]. El texto anunció que el objetivo del partido era «afianzar y purificar» el régimen representativo, «débil y viciado», realizando una «oposición sistemática»^‍‍[20]. En aquellas elecciones de octubre de 1858 los progresistas puros consiguieron trece diputados^‍‍[21], y los resellados, entre los que estaba el general Prim, obtuvieron actas de senadores.

El progresismo que a partir de entonces lideró Olózaga contó con un grupo parlamentario pequeño y joven, con buenas personalidades, y un puñado de periódicos como La Iberia y Las Novedades, con Calvo Asensio y Montemar al frente. Estos «puros» tenían una concepción contractualista de la comunidad política fundada en dos premisas: la idea de progreso y la idea de la felicidad general. En consecuencia, el Estado debía tener la forma de una monarquía constitucional cuyas leyes fueran elaboradas por los representantes de la nación soberana, lo que procuraría la libertad y, por ende, el progreso y el bienestar de la mayoría. Para que esto fuera cierto, decían, el régimen debía ser verdaderamente representativo; esto es, que las elecciones fueran libres, periódicas y competitivas merced a ayuntamientos elegidos de la misma manera y un Gobierno neutral. Con tal objetivo, junto al dogma de la soberanía nacional defendieron la descentralización, la rebaja del gasto público, la ampliación del cuerpo electoral, las elecciones libres y la amplitud de la libertad de prensa, entrando en un nuevo proceso constituyente. La defensa de estos principios, aseguraban, rompía el dominio exclusivo de los moderados auspiciado por la corte y la Corona. Sobre el trono recaía la máxima responsabilidad, ya que de su decisión dependía quién formaba Gobierno y, en consecuencia, la corrupción del sistema para el beneficio de unos pocos en perjuicio de la nación. Por esta razón, el Partido Progresista había encontrado «obstáculos tradicionales» para llegar al poder^‍‍[22].

Junto a esta argumentación política construyeron otra histórica: eran herederos de la Constitución de 1812 como inicio de la nación política que buscaba el progreso a través de la libertad, y suyos eran los grandes liberales: Argüelles, Mendizábal, Calatrava, Flórez Estrada y Quintana. Convirtieron en actos partidistas la conmemoración de fechas como el Dos de Mayo, o el 19 de marzo y el 18 de junio por la aprobación de las Constituciones de 1812 y 1837, respectivamente. Organizaron una manifestación para enterrar los restos mortales de Muñoz Torrero en Madrid, reeditaron la obra de Argüelles titulada De 1820 a 1824, y construyeron un mausoleo para los «padres del partido»: Mendizábal, Calatrava y los citados Muñoz Torrero y Argüelles^‍‍[23]. La prensa dio cobertura a cada uno de los actos. Entre 1858 y 1864 construyeron con mucha eficacia el relato del «desheredamiento histórico» del poder^‍‍[24], un victimismo político que señalaba como culpables a los «obstáculos tradicionales», para referirse a la Corona, a la camarilla y a la «cualidad indispensable […] para presidir el Gobierno, ser capitán general»^‍‍[25].

La crisis del sistema de partidos con el hundimiento de la Unión Liberal daba una nueva perspectiva al Partido Progresista. Olózaga controlaba la minoría parlamentaria y dio la orden de no alterar el orden ni ofrecerse como solución. Era preciso no salir «antes de tiempo» de esa actitud porque había «una crisis verdadera y más grave de lo que yo pueda decir a V.», escribía Olózaga. La ocasión para acceder al poder se malograría «si no hay mucha prudencia y sobre todo mucha abnegación»^‍‍[26]. Todavía en enero de 1863 Olózaga estaba dispuesto a participar en el régimen, aunque convocara los comicios otro partido: «Lo que importa —escribió— es prepararse para las elecciones generales»^‍‍[27].

O’Donnell fue quien aconsejó a la reina en los meses finales de 1862 que llamase a formar Gobierno a Prim, un progresista «resellado» en el unionismo. No era una simple propuesta gubernamental. Prim dirigiría un Gobierno de conciliación con «más elementos progresistas que moderados» para celebrar elecciones y formar así dos agrupaciones nuevas: O’Donnell con «los hombres conservadores y liberales del país» y Prim con «la mayoría del partido progresista»^‍‍[28]. Prim se entrevistó entonces periódicamente con Isabel II. La reina le aseguró su ayuda^‍‍[29], pero según Carlos Marfori aquel contestó que no se veía todavía capaz de liderar a los progresistas^‍‍[30]. Le faltaba conquistar influencia en el progresismo, tal y como comunicó Campo Sagrado, político moderado, a Riánsares^‍‍[31]. Prim intentó en enero de 1863 dar ejemplo de gobernabilidad y votó en el Senado a favor del Discurso de la Corona. Aquello no gustó a los diputados y senadores progresistas puros, quienes, consultados por el diputado moderado Valero Soto, estaban en «actitud de completa hostilidad al Gobierno»^‍‍[32].

En consecuencia, el puente de Prim al poder, apuntaba el bien informado San Román, diputado moderado, consistía en «organizar públicamente el partido progresista doctrinario (el “puro”) sin violencia», y «así se lo ha dicho a la reina y así irán a las elecciones precediendo su programa o declaración»^‍‍[33]. Por esto Prim habló con Sagasta y Calvo Asensio para volver al partido, lo que fue debatido y aceptado por la minoría progresista. Al tiempo, Prim pidió a Olózaga que le manifestara qué haría su grupo parlamentario si fuera llamado al poder por la reina «espontáneamente y en circunstancias ordinarias». Olózaga solo contestó que «su patriotismo y su abnegación serían sus únicos consejeros»^‍‍[34]; una afirmación que permitía varias interpretaciones y que no favorecía la confianza en un momento tan agudo de la crisis de partidos.

V. La frustración de Narváez[Subir]

El Partido Moderado podía ser la otra alternativa tras la caída de la Unión Liberal. Sin embargo, estaba roto: Mon, Miraflores, Llorente, Arrazola y Armero, entre otros, se convirtieron en moderados «resellados» de unionismo. No eran un grupo sólido y estaban enfrentados a los moderados puros o históricos^‍‍[35]. Estos últimos mantuvieron actividad desde 1859, con reuniones de sus jefes, como Fernández de Córdoba, San Luis, González Bravo, Viluma, Llorente, Alcalá Galiano y otros^‍‍[36]. Sin Narváez, los moderados eran solo una agrupación de juristas y economistas de mérito, pero sin liderazgo, aunque contaran con algunos militares de nombre y periódicos relevantes como La España, de Pedro Egaña, y El León Español, de José Gutiérrez de la Vega.

Narváez dejó su retraimiento en noviembre de 1862, cuando le advirtieron de la crisis unionista^‍‍[37]. Coincidía con la élite política en la necesidad de poner freno a la revolución y de reconstruir el sistema de partidos. Con ese objetivo era preciso favorecer que los disidentes de Ríos Rosas y los progresistas formen «uno o dos partidos que puedan alternar con nosotros». El medio para conseguirlo era el común: desde el Gobierno «hacemos otras elecciones, las dejaremos libres y veremos qué resulta»^‍‍[38]. Estaba arraigada la costumbre, escribía Fernández de Córdoba, de que los Gobiernos llevaran al Congreso «mayorías invariablemente adictas», por lo que se daba a la «Corona esas responsabilidades efectivas que son la negación implícita del régimen constitucional». A esto se añadían las «grandes dificultades que se nos oponían en palacio, porque la reina parecía resuelta a sostener a O’Donnell indefinidamente». En consecuencia, la estrategia de los moderados puros fue utilizar las vías informales: la corte y la aristocracia que la rodeaba, como el conde de Xiquena, el duque de Baena, el marqués de Casa-Ramos, el conde de Cumbres-Altas, el duque de Frías o el joven conde de Toreno. A estos añadieron aquellos que con la prensa o las letras podían crear una opinión pública favorable, como José Gutiérrez de la Vega, Fabié, Juan Valera, Ramón de Campoamor y José Luis Albareda desde El Contemporáneo^‍‍[39].

A pesar de su fracaso en febrero de 1863, antes citado, Narváez continuó con su plan de resucitar el bipartidismo para resolver la crisis del sistema. A su lado quería al Partido Progresista, dijo en mayo en el Senado. Narváez expuso que el problema de liderazgo en ambos partidos se resolvía con la designación regia porque, al ostentar el poder, el jefe de Gobierno sería el jefe del partido. También restó importancia a Espartero intentando ayudar a Prim en la lucha por la jefatura del progresismo. Afirmó que este partido había «prestado servicios» que debía volver a dar para establecer un turno en el poder que pudiera «salvar este país y afirmar el gobierno representativo»^‍‍[40]. Prim, aconsejado por Ricardo Muñiz, contestó aquel discurso con una descalificación de Narváez, que era una de las señas de identidad del progresismo que quería acaudillar^‍‍[41].

La prensa dio por vencedor a Narváez. Algunos moderados vieron en su alocución un manifiesto-programa útil para unir al partido. Así se lo dijo Pedro José Pidal a Narváez, y encargaron a Manuel Seijas Lozano dicha tarea^‍‍[42]. Al tiempo, Narváez intentó crear un periódico dirigido por José Gutiérrez de la Vega^‍‍[43], quien era su hombre de confianza en la prensa desde que volvió de Italia en 1850, como corresponsal de La Época, luego director de El Horizonte (1859-‍1860) y de El León Español (1854-‍1860), este último el diario moderado más importante del momento, y después gobernador civil de Madrid en 1865. Además, era diputado en Cortes desde 1857 gracias a Narváez y Puñonrostro^‍‍[44].

En el verano de 1863 el duque de Valencia, recluido en Loja, estaba a la espera de la designación regia mientras Fernández de Córdoba y Gutiérrez de la Vega recogían opiniones de palacio y entre los políticos. La crisis de Gobierno parecía inminente, pero la reina no contaba con Narváez. «Creo que nos están engañando», escribía este a Fernández de Córdoba el 1 de julio. Narváez creía que los habían utilizado —todo apuntaba a O’Donnell, como se verá más adelante— para simbolizar la reacción frente a la revolución, y que entre los dos extremos, decía, la reina y la opinión pública apoyaran de nuevo un Gobierno largo de la Unión Liberal. Si no se le llamaba a presidir el ministerio por «una Real Orden» antes de las vacaciones de la Reina, en agosto, «que no se cuente conmigo nunca más»^‍‍[45].

VI. El fracaso de Miraflores[Subir]

El nombramiento de Miraflores el 2 de marzo fue instrumental: convocar elecciones para la «reconstrucción de los dos partidos políticos históricos ya semidisueltos, confundidos y perturbados»^‍‍[46]. No parece que en esto la reina tuviera un plan para enemistar a los líderes de las facciones, sino al revés: quería un Gobierno sólido con un Parlamento estable que la dejara al margen de los conflictos políticos. Solo hubiera necesitado la colaboración de los dirigentes de los partidos.

Miraflores se reunió con Olózaga y pidió que el Partido Progresista volviera al consenso político antes de las elecciones y renunciara a «ciertas utopías ya envejecidas», como la Milicia Nacional, en beneficio de la estabilidad gubernamental y parlamentaria. Miraflores creía posible que así alcanzaran entre cincuenta y setenta diputados^‍‍[47]. Esto suponía multiplicar por cinco los obtenidos en 1858. No era un grupo para tener un Gobierno exclusivo, pero les colocaba en buena situación para ejercer una oposición poderosa y presentarse como alternativa.

Olózaga pareció dispuesto a colaborar, pero cambió de opinión cuando lo consultó con la minoría progresista. Dijeron que las exigencias eran inaceptables porque suponían renunciar a reivindicaciones históricas del partido y la propuesta no aseguraba la designación regia, ni el grupo prometido era suficiente para un Gobierno exclusivo. Es más, aceptar suponía ser partícipes del fraude electoral contra el cual habían elaborado una retórica efectiva y realista. La nueva generación de progresistas forjada en los años opositores a O’Donnell estaba impaciente. Ese progresismo veía su acceso al poder como una cuestión de justicia histórica, imprescindible para la regeneración de la monarquía constitucional. Esa fe en un Gobierno progresista se ha convertido en el eje de la interpretación historiográfica volitiva y ucrónica del reinado de Isabel II, quien se condenó, dicen, por no llamar al poder a dicho partido^‍‍[48]. No se sabe qué hubiera pasado. Ateniéndonos solo a los documentos conocidos, la historia es más compleja dada la actitud de los líderes, de los partidos y sus divisiones, así como las carencias de Isabel II y la influencia de los acontecimientos europeos^‍‍[49].

Los unionistas de O’Donnell le hicieron la guerra a Miraflores desde el comienzo, ya que resucitar a los viejos partidos suponía enterrar al suyo. Así, Posada Herrera presentó en la sesión del Congreso del 17 de abril de 1863 una proposición para declarar que el Gobierno O’Donnell había «servido leal y útilmente» a la nación «mientras S.M. le ha dispensado su confianza». Era un texto que desautorizaba a Isabel II y al Gobierno Miraflores, similar a una moción de censura. El debate fue muy duro y Posada Herrera acabó retirando una proposición que hubiera ganado. Miraflores escribió que O’Donnell tenía el «decidido propósito de combatir al Gabinete hasta obligarle a retirarse»^‍‍[50].

Los moderados puros no creyeron a Miraflores. Fernández de Córdoba confió a Narváez que el Gobierno intentaría llevar una mayoría adicta, no reconstruir el bipartidismo tradicional^‍‍[51]. Esto parecieron confirmarlo las circulares de agosto del ministro de la Gobernación, Rodríguez Vaamonde, que ordenaban la presencia policial en las reuniones electorales y limitaban la asistencia solo a los electores. Esto era una injerencia gubernamental que impedía la organización de los partidos, según dijeron políticos y periodistas progresistas en la «Protesta de los mínimos». Prim se entrevistó con Isabel II en tres ocasiones para que el Gobierno rectificara. El Comité Central, presidido por Olózaga, presentó un manifiesto diciendo que Miraflores rompía el derecho de reunión pacífica tenido por la «costumbre española», que impedía las «fatales consecuencias de una oligarquía electoral». Todo estaba dispuesto, se podía leer, para que el falseamiento continuara^‍‍[52]. Con esto, Miraflores ya había fracasado.

Las elecciones de octubre de 1863 fueron inútiles. Los unionistas siguieron divididos. Mon y Cánovas intentaron agrupar a los conservadores en oposición a los disidentes de Ríos Rosas y Alonso Martínez. Miraflores, por contra, se decidió por estos últimos y los introdujo en el Gobierno antes de las elecciones. Aquel Congreso mostró la división y la crisis del sistema de partidos. Ríos Rosas fue el candidato gubernamental a presidir la Cámara frente al conservador Mon, y consiguió 160 votos, frente a los 98 votos de moderados puros y unionistas conservadores. El desorden en los partidos y la inestabilidad continuaban. Isabel II confesó a Emilio Alcalá Galiano su disgusto por la «confusión que hay en la política» y su deseo de que «se agrupen los partidos en el Congreso para saber quién tiene mayoría, y poder llamar a Narváez o a O’Donnell, pues por ninguno tiene preferencia, y que constituyan un Gobierno fuerte»^‍‍[53].

La oposición aprovechó la primera oportunidad para derribar a Miraflores. En 1857 se había reformado la Constitución para distinguir tres tipos de senadores: hereditarios, vitalicios y designados por la Corona. Miraflores planteó eliminar los dos últimos. Perdió la votación del 15 de enero de 1864 por 53 a 93 votos de los moderados puros y de los unionistas conservadores. Era una desautorización completa y dimitió. Pirala escribió que aquel ministerio consiguió unir a O’Donnell y Narváez, ya que «ninguno tenía más aspiración ni otro propósito que aprovechar la ocasión de derribar el gabinete»^‍‍[54].

VII. Los conservadores, rotos[Subir]

La reina encargó a Manuel Gutiérrez de la Concha y a Ríos Rosas, presidentes del Senado y del Congreso respectivamente, la formación de un ministerio. Ante la negativa, Isabel II conservó la idea de reconstruir los viejos partidos, por lo que llamó al moderado puro Lorenzo Arrazola. Este quería «reorganizar el partido [moderado] y atraer al partido progresista» al «terreno de la legalidad». El plan era presentar una moción de confianza y si se perdía, disolver las Cortes y convocar unas «elecciones completamente libres», como querían los progresistas, para reconstruir los viejos partidos^‍‍[55]. Para esto quiso incorporar a Mon y a Cánovas^‍‍[56], pero se negaron porque la pretensión de Arrazola era restaurar el Partido Moderado, no crear uno nuevo ni formar un Gobierno de conciliación^‍‍[57]. «Yo no he conocido jamás un egoísmo más desvergonzado», escribía Agustín Esteban Collantes, exdiputado moderado^‍‍[58].

Benavides, ministro de la Gobernación, se reunió con Prim. Le aseguró que las autoridades no influirían y que se rectificarían las listas del censo electoral, otra de las reivindicaciones progresistas. Ambos coincidieron en que los comicios debían servir para «extirpar de raíz dos lobanillos que le han salido a este país: la democracia y la Unión Liberal». De esa reunión Benavides sacó que el Partido Progresista no había renunciado a «conquistar el poder por medio de la revolución» y que el progresismo aplaudía «con júbilo la tenacidad en no llamarle legalmente a la dirección de los negocios». Los progresistas, concluía Carriquiri, «siguen unidos y compactos, sordos y ciegos, obedientes a la voz de D. Juan [Prim] y de D. Salustiano [de Olózaga]»^‍‍[59]. Carriquiri tenía una relación muy estrecha con Prim, como se desprende de sus cartas. A mediados de febrero de 1864 ya escribió que el progresismo jugaba en «el camino de la legalidad o de los trastornos, según convenga más a su ambición y a sus intereses». Los progresistas, decía, preferían llegar al poder «por la confianza de la Corona» más que por «el hacha de la revolución», pero recurrirían a esta última para satisfacer sus deseos^‍‍[60]. La impresión reservada que moderados, unionistas y demócratas tenían de los progresistas era la de un partido lanzado a la revolución; es decir, a tomar el poder con un acto de fuerza, aunque eso pusiera en riesgo la dinastía o la monarquía. No era un mero recurso retórico, sino una realidad encarnada en la esencia del retraimiento que influyó en el comportamiento del resto de actores políticos^‍‍[61].

La desestabilización también tenía otro foco. Carriquiri consiguió la colaboración de Sagasta, director de La Iberia, para que publicara artículos favorables a un cambio de Gobierno que permitiera la vuelta a España de María Cristina de Borbón. Las órdenes, y seguramente la financiación, venían de Riánsares. Carriquiri informaba de la dirección que «el amigo Sagasta» daba a su periódico y apuntaba la influencia que podía tener en otros diarios del mismo partido: «Dígame V. categóricamente si quiere que los órganos progresistas continúen tratando de la cuestión en la que forma que han comenzado, o lo que estime V. más conveniente»^‍‍[62].

No fue el progresismo, empero, quien falló a Arrazola, sino el moderantismo. La Reina había sufrido un parto muy complicado el 12 de febrero de 1864 con el nacimiento de la infanta Eulalia. Esto obligó a otorgar temporalmente el poder al rey consorte, quien promovió un negocio turbio con los ferrocarriles en el que estaba implicado Salamanca. Arrazola se negó a la componenda, por lo que un grupo dirigido por González Bravo y Salamanca se pasó a la oposición en el Congreso para derribarlo^‍‍[63].

La dimisión de Arrazola estaba cantada. Pedro Egaña, senador moderado y confidente de Riánsares, ayudó entonces a formar Gobierno al senador Alejandro Llorente, que había sido ministro de Hacienda en 1853. La pretensión era reunir un ministerio de conciliación con moderados, unionistas conservadores como Cánovas, y progresistas como Prim y Zavala. Fabié, canovista, relató que un caballerizo de la reina entregó la lista de ministrables a Isabel II. El programa era renovar los ayuntamientos y permitir libertad de imprenta para luego celebrar elecciones generales. Fabié añadió que la reina, todavía convaleciente, desechó este plan a los tres días al ver las trabas que ponían los moderados puros^‍‍[64].

Ricardo Muñiz, progresista e íntimo de Prim, afirmó que este se negó a participar en ese Gobierno y que «convino con doña Isabel II en la formación de un ministerio moderado puro, que hiciera unas elecciones legales»^‍‍[65]. Así, el progresismo saldría del retraimiento, ganaría las elecciones —en teoría— y formaría un Gobierno parlamentario. Pero los progresistas no eran un bloque. Sagasta escribió que sin «que el partido progresista y el moderado turnen en el poder no puede haber sistema constitucional» y que esto dependía del «uso de la regia prerrogativa». Montemar tenía otra actitud: «Una cosa solamente tenemos que advertir a cualquier ministerio que venga. No cuente con el partido progresista para que haga el papel de comparsa en ninguna comedia constitucional». Fernández de los Ríos, en el artículo «O todo o nada» descalificaba «la engañifa pueril del turno pacífico», en la que hablaban de «ofrecer distritos como pudieran ofrecer plazas de alguaciles»^‍‍[66].

La dimisión de Arrazola el 1 de marzo frustró una solución basada en elecciones más libres, que pretendía la reconstrucción del viejo sistema de partidos, la reunión de mayorías en el Congreso y, por tanto, la formación de Gobiernos parlamentarios. El conjunto, creía Arrazola, habría liberado a la reina del peso de la regia prerrogativa como clave del funcionamiento del sistema.

Isabel II encargó entonces a Mon la formación de Gobierno el 28 de febrero de 1864. Probaba así con la facción unionista conservadora, cuya intención no era resucitar los viejos partidos, sino crear dos nuevos; de hecho, Isabel II confesó a Emilio Alcalá Galiano que Cánovas debía tomar «la batuta en el Congreso». Cánovas fue el negociador del ministerio, e incorporó a Pacheco, Augusto Ulloa, Mayans y Pedro Salaverría. También fue su imagen pública: escribió el programa y tomó la palabra en los debates parlamentarios. El plan gubernamental no se diferenciaba mucho del presentado por Miraflores: abolición de la reforma constitucional de 1857 y leyes de imprenta y electoral. Eran las tres claves que se barajaban para salir de la crisis con unas Cortes más representativas y una mayor libertad de expresión. El ministerio no se definió como de «Unión Liberal», sino «liberal-conservador», lo que pretendía ser el germen de una nueva agrupación política: el «Partido Constitucional»^‍‍[67].

Cánovas entendía que la dificultad del régimen constitucional español, a diferencia del británico, era la falta de «verdaderos partidos parlamentarios». El problema, por tanto, no era solo la «influencia moral» en las elecciones, sino una desorganización de los grupos en el Congreso que dificultaba la gobernabilidad. La solución era fortalecer a los grupos parlamentarios, que debían estar identificados con una idea y un partido, no solo con una persona. Esa era la manera, a su entender, de acabar con la inestabilidad e inculcar costumbres públicas liberales en el cuerpo electoral^‍‍[68].

El programa de Cánovas reconoció como negativa la influencia del Gobierno en las elecciones, por lo que reguló las reuniones electorales a gusto de los progresistas, puso sanciones para los abusos y suprimió los corregidores^‍‍[69]. También quiso hacer incompatibles los cargos de diputado y senador y desarrolló una ley de imprenta con juicio por jurados —muy querido por progresistas y demócratas— que limitaba la recogida previa de impresos políticos y las penas y depósitos para editores.

El Gobierno consiguió el apoyo de los unionistas de O’Donnell y de los moderados más liberales, pero contó con la oposición de los unionistas disidentes de Ríos Rosas y de los moderados puros de González Bravo. La incógnita estaba en la respuesta de los progresistas a las medidas aperturistas de Cánovas.

VIII. El pronunciamiento de Prim[Subir]

La célebre reunión del Partido Progresista en los Campos Elíseos de Madrid, el 3 de mayo de 1864, con delegados de todas las provincias, fue una demostración de fuerza, como la de Zaragoza el 5 de marzo y la de Valencia después. Es de sobra conocido que de allí salió el retraimiento electoral, para disgusto de Prim, Ruiz Zorrilla, Figuerola y Madoz, entre otros, y que se evidenció la fractura entre Olózaga y Espartero^‍‍[70]. Por contra, el retraimiento fue un instrumento para la construcción de un partido con comités permanentes. El ardid para salvar la contradicción de construir un partido para abstenerse fue declarar el retraimiento en las elecciones generales, pero dejar libertad en las municipales, como ya había hecho en las celebradas para constituir las diputaciones provinciales, lo que calmó a los progresistas catalanes, más decididos a la participación. Esta estructura partidista se hizo sobre la base de un programa reivindicativo claro: soberanía nacional, elecciones limpias y libres, una Corona al dictado de las Cortes, libertad de imprenta y rebajas fiscales.

No obstante, el progresismo quedó dividido ante la opinión pública y el resto de los partidos. Por un lado, los seguidores de Olózaga, la mayoría, eran partidarios del «o todo o nada», en expresión de Fernández de los Ríos. Por otro lado, los esparteristas, liderados por Pascual Madoz, quien controlaba La Nación, eran partidarios de participar en las elecciones y esperaban que la vuelta de Espartero les acercara al poder. En tercer lugar, Prim, Ruiz Zorrilla y Figuerola, contrarios al retraimiento, pero no esparteristas, creían aún en el proyecto de reconstrucción de los dos partidos tradicionales. A esta división se unió la de los «resellados», que comenzaron a llamarse «progresistas constitucionales», y entre los que estaban Cortina, Antonio Pirala y Fernando Corradi, director de El Clamor Público. La visión peligrosa del «revolucionarismo» de los puros no era solo el punto de vista de moderados y unionistas. En el citado periódico alegaban que «nos hemos separado de los progresistas del comité que llevan el nombre de puros, proclamándonos progresistas constitucionales (cursiva original)», ya que estaban «convencidos […] de que todo cambio revolucionario siquiera se intente con la mejor intención, ha de traer para nuestra patria días amargos»^‍‍[71]. La declaración era importante porque se trataba de Cortina, a quien la reina había consultado un año antes para la formación de Gobierno. La cuádruple división del progresismo, aun siendo en partes desproporcionadas, pero con la mayoría retraída, añadió más confusión al sistema de partidos.

Olózaga reabrió con su discurso de los Campos Elíseos una vieja herida con Espartero diciendo que este era perjudicial para la nación y el partido porque escogía malos aliados. Partidarios de uno y otro intercambiaron acusaciones de no ser progresistas. Espartero envió una carta contestando a Olózaga que causó sensación. Aquel «rompimiento ostensible», escribió Madoz, fue «motivo de mil satisfacciones para los enemigos del partido progresista». La «concordia» y la «conciliación» eran necesarias para resolver «una situación muy comprometida»^‍‍[72]. El Comité Central envió una comisión a Logroño, compuesta por Ruiz Zorrilla, Aguirre y Sagasta para calmar a Espartero, quien contestó que «jamás consentiré que mi nombre vaya unido al suyo» (por Olózaga)^‍‍[73]. Madoz fue nombrado presidente del Comité Central porque Olózaga se apartó para dar a entender que su crítica a Espartero no era por el poder en el partido. Los manejos de los «resellados y de algunos no resellados» para indisponer a los progresistas entre sí eran tan grandes, confesaba Madoz, que temía la ruptura^‍‍[74]. El conjunto enturbió su imagen de organización sólida y fiable y restó sus posibilidades de conciliarse con los otros partidos.

Por contra, el discurso de Prim en los Campos Elíseos conmovió a todo el mundo: «Dos años calculo que le queda de monopolizar el poder al partido moderado (en realidad este no estaba en el Gobierno desde 1858). A los dos años y un día la bandera progresista ondeará triunfante». Burdiel indica que era el anuncio de una revolución^‍‍[75], pero en realidad Prim pensaba en un pronunciamiento, lo que es bien distinto.

Carriquiri contó a Riánsares la conferencia «larguísima» que mantuvo después de aquel 3 de mayo con Prim, quien dijo que «su brindis había sido mal interpretado»^‍‍[76]. El objetivo era conducir la marea: «Se ha propuesto y ha conseguido conjurar la tempestad inmediata que amenazaba a este país y dar largas a soluciones aflictivas»^‍‍[77]. Es decir; Prim arengó a los progresistas con el objetivo de controlar los tiempos en su estrategia personal de llegar al poder. Esto se corrobora con la carta que Prim escribió a Riánsares unos días antes del banquete de los Campos Elíseos, donde decía que se avecinaban «cosas gordas», y que si en ellas le tocaba «buena parte» beneficiaría a Riánsares: «Verás si tu amigo te quiere bien». Prim escribió sobre el «desborde» del partido progresista como una «desgracia» por la preocupación que causaba la posible «caída de la reina» y sobre todo «el después». Prim afirmaba que en «uno o dos años» habría caído todo, a no ser que los progresistas fueran llamados al poder y pudieran limpiar el palacio de «monjas y frailes, y secretarios, (y) […] al mismo marido». Terminaba confesando que ya no se reunía con la reina «porque mis amigos empezaban a creerme mistificado, y no me acomoda perder la fuerza que tengo entre mis amigos»^‍‍[78]. Así pues, Prim abandonó a la reina con el ánimo de aumentar su influencia en un progresismo cada vez más antidinástico y revolucionario, y utilizarlo para llegar al poder sin revolución, a pesar del riesgo que el método entrañaba para la reina y para el país, como él mismo afirmaba en la carta.

Pero la ocasión parecía clara. La crisis del Gobierno Mon-Cánovas se creía segura para el verano. En los mentideros de Madrid, y lo refrenda la documentación epistolar, la mudanza gubernamental se postergaba a la vuelta de las vacaciones de Isabel II. Era un buen momento para un pronunciamiento. Entre junio y agosto de 1864, Carriquiri y Riánsares, en óptima comunicación con Prim, valoraban que el Partido Progresista estaba preparando una revolución que solo se podía parar dándoles el poder o cediendo a sus condiciones para salir del retraimiento. Ambos consideraban que la reina se estaba equivocando y que era preferible forzar un llamamiento regio a Prim con un «movimiento» —un pronunciamiento— a que la revolución tuviera lugar. Es más, los ánimos estaban tan caldeados en el progresismo que «si el movimiento se aplaza indefinidamente y no estalla en este año de 1864 perderá para siempre (subrayado original), según se me asegura, su influencia en el partido progresista quien debe tener grande interés en conservarla (subrayado original)»^‍‍[79]. Todo indica que esa persona a la que se referían era Prim, objeto continuo de sus cartas.

En este sentido, los «dos años y un día» que dijo Prim parecía un plazo dictado para calmar las aguas lo suficiente sin apagar la esperanza. Por esta razón, Carriquiri indicaba a Riánsares que Prim se había dejado querer diciendo a militares y políticos íntimos que «nunca sería cabeza de motín, pero que si viniese la revolución y lo aclamasen por jefe, por salvar instituciones sagradas para él y aún el Trono constitucional de Isabel II y su dinastía, admitiría el cargo»^‍‍[80]. Era el pronunciamiento clásico para hacerse con el poder, otro 1854: la figura del militar sensato que mediaba entre las instituciones y el pueblo indignado.

Un grupo de entusiastas del general y de demócratas dirigidos por Manuel Becerra prepararon un pronunciamiento para auparle al poder; de hecho, todos los condenados posteriormente, menos el general Contreras, habían sido ayudantes de Prim.

Delatados, fueron desterrados y el conde de Reus fue enviado a Oviedo. Campo Sagrado, yerno de María Cristina e informante de Riánsares, acogió a Prim en su casa ovetense. Carriquiri aconsejó a Riánsares que escribiera a Prim para rogarle «prudencia y calma, y que no se deje llevar por la fogosidad de su genio»^‍‍[81]; esto es, que no se lanzara a la revolución que había querido evitar con un pronunciamiento. Eso hizo, pero Prim contestó que sentía «arder la sangre y me dan ganas de pegar fuego a la mina». Riánsares le pidió que no confundiera a la reina con sus ministros. Prim coincidía en esto, aunque se sentía dolido porque Isabel II había permitido que la «pandilla se cebe conmigo»^‍‍[82].

IX. El dardo envenenado de Narváez[Subir]

La crisis llegó al Gobierno en julio de 1864 por la cuestión de la vuelta a España de María Cristina de Borbón. Mon, Mayans y Ballesteros estaban conformes «de que venga a Oviedo»; Pacheco y Pareja no lo creían «conveniente», pero no harían «crisis por esto», y Salaverría, Cánovas y Ulloa estaban «resueltos a que no venga»^‍‍[83]. A esto se unió el citado intento de pronunciamiento de agosto del regimiento Saboya en el Cuartel de la Montaña, que quedó en nada por una delación. Narváez escribió a Carlos Marfori y a Puñonrostro para que advirtieran a Isabel II del estado de indisciplina que existía en el ejército^‍‍[84]. A la vez, Narváez ordenó a Manuel Pavía que reuniera a los moderados para resucitar el partido.

El gobierno Mon-Cánovas presentó la dimisión el 15 de septiembre. Era el fracaso de otro proyecto de Gobierno de conciliación para crear un sistema de partidos sobre opciones nuevas. La reina no desistió y para llevar a cabo la misma misión llamó a O’Donnell, quien había apoyado al Gobierno dimitido^‍‍[85]. El general presentó un programa que incluía el reconocimiento del Reino de Italia, e Isabel II exigió como compensación que volviera María Cristina. Ambos términos eran inaceptables para cada uno: la camarilla maldecía la unificación de Italia, y la reina madre despreciaba a O’Donnell, que la había mantenido diez años en el exilio. Llegados a este punto, Isabel II preguntó si aceptaría a Narváez como presidente. O’Donnell pareció conforme, pero dijo que eso sería aplicar la reacción contra la revolución. Era un dardo envenenado, porque era conocido que los revolucionarios estaban esperando un acto reaccionario para legitimar su levantamiento. O’Donnell, sabiéndose fracasado y sin partido detrás, animó todo lo que pudo para aumentar «el desbarajuste» de los partidos^‍‍[86].

Narváez dijo que si la reina le llamase aceptaría «con gusto» solo por «el placer de dejar al duque de Tetuán con un palmo de narices, porque voy a ser más liberal que Riego»^‍‍[87]; es decir, no sería la excusa para una revolución. Narváez volvía sobre la idea del turno, pero con otros actores, según escribió a González Bravo: «Puesto que el general O’Donnell quiere ser mi amigo y me ofrece su apoyo, le aceptaré y le propondré la manera de que alternemos con lealtad»^‍‍[88].

Desde la crisis de marzo de 1863 se habían sucedido tres gobiernos civiles —Miraflores, Arrazola y Mon— con el propósito de construir un sistema de partidos, ya fuera el tradicional o bien uno nuevo. Ninguno encontró una mayoría parlamentaria suficiente o la conciliación necesaria para la convocatoria de unas elecciones aceptables para todos. La actitud del Partido Progresista era una variable más, muy importante, pero no la única. La desintegración de la Unión Liberal en tres facciones la inhabilitó. El Partido Moderado tenía grandes personalidades, pero no había unidad. Narváez creyó tener la fórmula: una política liberal que sacara al progresismo del retraimiento, o un entendimiento con O’Donnell que permitiera no una alternancia de partidos, sino de militares capaces de reunir a su alrededor a políticos con significaciones similares. Esta fue la fórmula que se impuso en 1865 y 1866.

Narváez llegó a Madrid el 16 de septiembre. Le recibió González Bravo, a quien confesó: «Yo no puedo ser hoy lo que antes fui, y es preciso, por tanto, organizar un Ministerio que dentro del partido moderado pueda satisfacer las tendencias más conciliadoras y liberales»^‍‍[89]. Constituyó un Gabinete de prestigio, solo moderado, con Fernández de Córdoba, Antonio Alcalá Galiano, Seijas Lozano, González Bravo, Arrazola y Armero.

X. Las últimas elecciones [Subir]

Las primeras medidas fueron para contentar al progresismo: amnistía para delitos de imprenta, sobreseimiento de causas pendientes de la prensa, condonación de multas a periódicos y vuelta de los militares desterrados, como Prim. Además, aprobó el regreso de María Cristina, quien llegó a Madrid el 1 de octubre de 1864, que podía ser un gran apoyo de los progresistas en la corte. El objetivo de la reina madre fue convencer al progresismo de que se reintegrara, con la promesa de unas elecciones libres. Se entrevistó con Cortina, a quien no sacó de su alejamiento de la política, y aconsejó a Isabel II eliminar a la camarilla de palacio, en especial a «la Monja», pero no lo consiguió. Terminó por marchar a Logroño para recordar a Espartero su promesa de defensa del «Trono constitucional y de la dinastía»^‍‍[90].

Narváez convocó elecciones para el 22 de noviembre. González Bravo, ministro de la Gobernación, publicó el 15 de octubre una circular a los gobernadores civiles cuyo destinatario parecía el Partido Progresista. Aseguraba que el «campo electoral» estaría «abierto y patente» con plena libertad de expresión, lo que originó la protesta de los unionistas, que pedían censura. «¿Qué más puede exigirse? ¿Qué más puede concederse?», decía González Bravo. Sin embargo, sí se podía más: actualizar las listas de electores, el censo, algo que el progresismo llevaba reivindicando mucho tiempo, y que no se hizo seguramente para moderar los resultados del Partido Progresista si concurría.

La Iberia y Las Novedades siguieron publicando artículos favorables al retraimiento durante aquellos días. La oposición ya no era a un partido, sino al sistema constitucional que les cerraba las vías legales al poder. No iban a variar porque «perderíamos todo lo que hemos ganado en fuerza, en organización y en crédito acudiendo de nuevo a las urnas, y volviendo a ser comparsas en la repugnante farsa»^‍‍[91]. La Junta General del partido se reunió para elegir al Comité Central, bajo la presidencia de Olózaga, del 23 de octubre al 2 de noviembre. La decisión fue el retraimiento porque era imposible la convivencia política con la Constitución de 1845, según Sagasta, dando una vuelta de tuerca a Olózaga, quien quería limitar tal postura a algo «transitorio» mientras «las circunstancias políticas actuales» no variasen^‍‍[92]. Figuerola y otros tres votaron en contra. Madoz habló a favor de la participación, pero se abstuvo en la votación. Todos aprobaron dejar libertad a cada comité local para decidir si presentarse a las elecciones municipales. El manifiesto se firmó el 29 de octubre, pero no se publicó hasta cinco días después, cuando recibieron la adhesión de Espartero.

El manifiesto exponía que el retraimiento estaba motivado por la falsedad del régimen constitucional por la combinación de obstáculos tradicionales, partidos reaccionarios y elecciones fraudulentas. La utilidad del retraimiento, decían, era romper «combinaciones ministeriales» y poner en dificultad a la monarquía, al punto de que si no eran atendidos mirarían «cruzados de brazos y con tranquila conciencia, las ruinas»^‍‍[93]. La impostura quedaba concluida, el obstruccionismo frente a moderados y unionistas, que les hacían la «guerra a cuchillo», como escribió Evaristo Escalera. No se sabe qué hubiera pasado si Narváez hubiera sido «tan liberal como Riego» y hubiera cedido a la propuesta progresista de mejorar el sistema electoral, actualizado el censo y renunciado a nombrar secretarios junto a los gobernadores civiles. Esto era de su competencia, no de la reina. Tampoco sabemos si el Partido Progresista hubiera concurrido a las elecciones en esas circunstancias, ni qué hubiera pasado de hacerlo, pero esa fue su decisión.

XI. ConclusióN[Subir]

El trabajo muestra que el comportamiento de la élite política en la crisis del reinado de Isabel, entre 1863 y 1864, se caracterizó por lo siguiente: primero, el obstruccionismo y la oposición sistemática en las Cortes para derribar a los Gobiernos; segundo, las negativas y los vetos a la hora de constituir ministerios de coalición o de conciliación en torno a programas; tercero, el cálculo partidista para no depurar el sistema electoral y otras leyes; cuarto, la múltiple división en cada partido, que los debilitaba y hacía ingobernable el Parlamento, y quinto, el retraimiento de los progresistas, sin cuya integración no había solución posible. En suma, el comportamiento de la élite impidió la estabilidad del sistema y obligó a un ejercicio de la designación regia que desvirtuaba el espíritu de la monarquía constitucional.

Los partidos estaban desarticulados en enero de 1863. Entre esa fecha y noviembre de 1864 hubo dos salidas para solucionar el problema. Una fue la reconstrucción del viejo sistema de partidos, con el Moderado y el Progresista, mediante la convocatoria de unas elecciones por parte de un ministerio técnico. Otra fue la de construir dos partidos nuevos aprovechando la disolución práctica de los tradicionales. Esta última opción necesitaba también unas elecciones, convocadas por un Gobierno de alguna de las facciones unionistas.

No obstante, todos los intentos fueron abortados. Las facciones unionistas impidieron la estabilidad del Gobierno Miraflores, quien quiso reconstruir el viejo sistema de partidos. Además, dicho ministerio cometió el error de empeorar la circunstancia electoral. Los progresistas iniciaron entonces el retraimiento, que alimentó la división interna y que el doble juego de Prim no supo arreglar. Esto generó una retórica de oposición que fue creciendo hasta su conversión en opositores al sistema con tintes antidinásticos. El gobierno Arrazola quiso acabar con la «influencia moral» en los comicios y revisar el censo, lo que satisfacía a los progresistas, pero la oposición parlamentaria lo truncó. El Gobierno Mon-Cánovas, de unionistas conservadores, pensó utilizar las elecciones para construir un sistema con partidos nuevos, pero no hubo capacidad ni voluntad para crearlos porque las facciones personalistas estaban cada vez más enfrentadas. Narváez parecía el único capaz de agrupar a los moderados, pero cuando por fin consiguió formar Gobierno, las opciones para resolver la situación habían cambiado. No solo el Partido Progresista parecía irrecuperable, lanzado, por otra parte, a una competencia con el Demócrata, sino que añadió una tercera salida a la crisis: la alternancia con O’Donnell, quien se había dedicado a desestabilizar todos los Gobiernos.

La responsabilidad, por tanto, no descansó en la regia prerrogativa, sino en la élite política. La zona de incertidumbre de la designación regia en la toma de decisiones estaba delimitada por la capacidad y la voluntad de los líderes para dotarse de un sistema de partidos que diera vida a las elecciones y al Parlamento, confiriendo estabilidad y práctica constitucional a la vida política. De lo contrario, como así fue, el ejercicio de la regia prerrogativa se ampliaba a límites más allá de la lógica de una monarquía constitucional, al tiempo que, paradójicamente, se volvía impotente. Esto es; sin una élite política gobernante responsable con la ley y el espíritu de un régimen representativo, no era posible su funcionamiento.