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La historiografía, y las ciencias sociales en general, han venido estudiando detalladamente los fenómenos migratorios del tardofranquismo. Cinco millones de personas que cambiaron de domicilio durante los años sesenta y alrededor de otros dos millones que emprendieron la emigración exterior en las mismas fechas captaron indudablemente la atención. No ha ocurrido lo mismo respecto de las migraciones interiores de la posguerra. La pésima fama del Censo de la Población de 1940 y el discurso ruralizante del propio régimen han contribuido a ello. Además, el trabajo clásico de García Barbancho (1967) abundaba en la tesis de la ruralización durante la posguerra.

Esta visión ha empezado a ser fuertemente cuestionada por la historiografía desde hace tiempo. Y en esa perspectiva se sitúa el libro de Díaz Sánchez, que es una adaptación de su tesis doctoral, en la que toma como objeto de estudio el conjunto del territorio español. La obra está basada en un amplio corpus de documentación inédita y la hipótesis central consiste en otorgar importancia a unos movimientos migratorios a los que hasta ahora se les había prestado una atención insuficiente, como son las migraciones de la posguerra. El autor trata así de invalidar la vieja tesis de la ruralización.

Fronteras de papel está construido en torno a tres ejes temáticos que a menudo se entrelazan. Aborda así los movimientos migratorios desde el ámbito rural hacia las grandes ciudades y los núcleos urbanos industriales. En segundo lugar, estudia la política desarrollada por la dictadura al respecto. Por fin, presta atención a la respuesta de los migrantes a dicha política, dotándoles de capacidad de agencia.

Díaz Sánchez apela a dos marcos teóricos y metodológicos, no por conocidos menos eficaces. Por un lado, señala las redes migratorias. Esta noción permite aunar las escalas macro y micro. En segundo lugar, apela a las resistencias no dirigidas que no constituyen un movimiento social explícito, pero que dan lugar a formas de rechazo y resiliencia frente al Estado, particularmente en los regímenes dictatoriales como es el caso.

El eje temático que analiza con mayor minuciosidad es la intervención del Estado. Aunque no por ello deja de demostrar ampliamente los movimientos de población hacia las grandes ciudades y los municipios industriales. Como indica el autor, tales movimientos fueron posibles, a pesar de las restricciones del régimen, gracias a la reactivación de las redes migratorias y al restablecimiento de las cadenas de emigración vertebradas antes de 1939. Y aunque a veces resulta difícil distinguir entre un tipo de emigración de otro —como sucede entre las migraciones económica y política—, el autor distingue diversos orígenes de las mismas. Así, por ejemplo, la desmovilización militar dejó grandes contingentes de antiguos soldados en las ciudades. Igualmente, la salida de presos políticos en libertad vigilada durante la posguerra incrementó las poblaciones urbanas. La vuelta de los exiliados y de la población desplazada, que en ambos bandos huían de los frentes de guerra, supusieron otro desafío poblacional al final del conflicto. Muchas personas del bando perdedor escaparon del ámbito rural para dirigirse a las ciudades. Lo hacían porque la vida les resultaba imposible en espacios reducidos de socialización en los que eran señalados y acosados por los vencedores. La ciudad les permitía cierto anonimato, eludiendo el control social y político. También se abandonaba el campo ante la imposibilidad de encontrar allí el sustento, con la esperanza de hallarlo en la ciudad. A menudo, ambas razones explicaban a la vez los desplazamientos.

Según Díaz Sánchez, la respuesta del Estado resultó esencialmente represiva y burocrática. Su objetivo era impedir las migraciones hacia los grandes espacios urbanos. No solamente debido al discurso ruralizante de posguerra, sino porque los espacios urbanos resultaban más difíciles de controlar social y políticamente. Además, la industria manufacturera y el resto de sectores de actividad de carácter urbano no podían absorber la mano de obra inmigrada, generándose bolsas de desempleo. Obviamente, un abundante desempleo se consideraba indeseable dado que se percibía como una amenaza para el orden público. Así las cosas, el régimen trató de impedir la inmigración poniendo en marcha una acción represiva y burocrática al mismo tiempo. Esta política incluyó la detención y concentración por miles en recintos específicos de inmigrantes indocumentados, para ser devueltos a sus poblaciones de origen. Sin embargo, esta política de devoluciones fracasó, tanto por su incapacidad para detener los flujos migratorios como por el elevado coste económico de los traslados.

El punto de partida de la política antiinmigración fue la Orden Circular de 1 de septiembre de 1939, del Ministerio de la Gobernación. El organismo emisor proporciona idea de la naturaleza represiva de esa política. A partir de dicha orden, el franquismo intervino en cuatro aspectos para detener el éxodo rural: a) los propios movimientos migratorios; b) el mercado laboral; c) el abastecimiento de la población, y d) la vivienda. La intervención combinaba aspectos represivos y burocráticos. Así, el Gobierno instituyó un salvaconducto, una especie de pasaporte interior para trasladarse dentro de la geografía española, que estuvo en vigor hasta la implantación del DNI, a mediados de los años cincuenta. En relación con el mercado laboral, se exigía la cartilla profesional para acceder al empleo en lugar distinto al de la residencia habitual, que expedía la Organización Sindical. Y en cuanto a las cartillas de racionamiento, las controlaba el Auxilio Social. De modo que cuando el acceso a las mismas era imposible —como para los inmigrantes irregulares— la alternativa era el mercado negro. Es decir, la precariedad y, en ocasiones, la mendicidad. Esta, a su vez, fue estrictamente perseguida, mostrando el carácter aporofóbico del franquismo. Finalmente, en relación con la vivienda, se exigía demostrar que se contaba con un alojamiento en la ciudad de acogida. Sin embargo, frente a la escasez de vivienda, se erigió el chabolismo en ciudades como Madrid o Barcelona. Estas exigencias documentales constituían un conjunto de dispositivos de control social. En definitiva, el libro de Sánchez Díaz constata el fracaso de las políticas antimigratorias de posguerra.

Fronteras de papel es un libro excelente. Lo es, por supuesto, por lo que se refiere a la historia de las migraciones interiores del siglo xx español. En este aspecto, representa una aportación importante. Asimismo, resulta una obra de gran interés para la historia social en la medida que aborda asuntos como la articulación de los mercados laborales de la posguerra o la respuesta de los migrantes frente a la acción del Estado, otorgándoles capacidad de agencia.