Anna Catharina Hofmann: Una modernidad autoritaria. El desarrollismo en la España de Franco (1956-1973), Valencia, Publicacions de la Universitat de Valencia, 2023, 481 págs.
Mejorar el conocimiento de la historia española desde finales de los años cincuenta hasta principios de los años setenta del pasado siglo permite entender con más perspectiva y hondura dos procesos que han merecido particular atención en las ciencias sociales: el final de la dictadura de Franco y el inicio de la democracia. Una modernidad autoritaria contribuye claramente a esa mejora, confirmando a su autora, Anna Catharina Hofmann, como una de las grandes hispanistas alemanas actuales. Impresionan el volumen y la diversidad de fuentes examinadas procedentes de archivos y de materiales impresos y audiovisuales (discursos, conferencias, memorias y diarios, actas, artículos de prensa, documentales y películas) y, también, el rigor y la consistencia en el análisis de tales fuentes, que no esquiva cuestiones de retórica política, lo que denota un conocimiento muy experto de la lengua española por parte de la autora. Impresiona, asimismo, la selección de bibliografía, tan amplia como bien ajustada a los fines de la investigación, que incluye obras de interés teórico y empírico inaccesibles para gran parte de los estudiosos españoles por hallarse publicadas exclusivamente en lengua alemana.
Hofmann encuadra su estudio entre 1956 y 1973, los años que jalonan la etapa gubernamental de la biografía de Laureano López Rodó: en 1956, con treinta y seis años, inauguró el cargo de secretario general técnico de la Presidencia, diseñado por él mismo, y en 1973, tras el asesinato del que siempre fue su gran valedor, Luis Carrero Blanco, cesó como ministro de Asuntos Exteriores. El protagonismo que cobra López Rodó en el libro de Hofmann se justifica por su condición de artífice de las dos reformas decisivas que la autora analiza en profundidad: la de la Administración del Estado y la de la política económica. A Hofmann no le interesa tanto la persona de López Rodó, cuanto las bases intelectuales y la trama política de su actividad normativa y ejecutiva. Ahora bien, el alcance de ese protagonismo difícilmente puede desligarse de dos características personales que singularizaban a López Rodó y que él ponía al servicio de su acción política: ambición intelectual y consagración al trabajo.
Por una parte, su ambición intelectual lo llevó a volcarse durante su formación universitaria en el estudio de los fundamentos teóricos del derecho y elegir una rama jurídica, la administrativa, que, además de abrirle una vía rápida a la cátedra, le permitió —gracias también al por entonces muy inusual manejo de lenguas extranjeras y, en particular, de la inglesa— conocer tanto los sistemas de Administración estatal de otros países (incluidas las democracias europeas y la norteamericana) como las corrientes modernas de pensamiento sobre la regulación estatal de la economía. Pertrechado de una evidente confianza en sí mismo, esos conocimientos técnicos le franquearon la entrada en redes de expertos internacionales sobre el funcionamiento del Estado moderno y la planificación de las economías avanzadas; redes que cultivó tras su acceso al Gobierno, sorteando con habilidad las discusiones de orden político que seguramente también surgían en ellas.
Por otra parte, su intensa dedicación al trabajo le «santificaba» conforme a la doctrina del Opus Dei, institución católica de la cual era miembro numerario, un estatus que lo libraba de cargas familiares y, por tanto, de muchas «distracciones domésticas». Ciertamente, su pertenencia al Opus no coartó la búsqueda de interlocutores y colaboradores de distintas filiaciones y sensibilidades que pudieran contribuir a cumplir su objetivo declarado: convertir el régimen franquista en un Estado autoritario administrativo y desarrollista basado en la eficacia y el rendimiento, ideal para una sociedad desideologizada y despolitizada. No obstante, probablemente Hofmann infravalora la influencia que el Opus Dei ejerció en la visión del orden social que albergaba López Rodó y en su estilo de hacer política, así como también su interés estratégico en ampliar el poder público de esta institución religiosa.
La reforma administrativa que impulsó López Rodó se basó en tres piezas legislativas: la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (27/12/1956), la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (26/07/1957) y la Ley de Procedimiento Administrativo (17/07/1958). Las tres resistieron la transición a la democracia e, incluso, fueron reconocidas por el legislador democrático por su calidad jurídica. En efecto, sobre las dos últimas, en la exposición de motivos de la Ley 30/1992 (de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) se puede leer que «constituyen, ciertamente, una aportación relevante en la configuración de nuestro Derecho Administrativo»; y sobre la primera, la propia ley que la deroga (29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) la considera «universalmente apreciada por los principios en los que se inspira y por la excelencia de su técnica, que combina a la perfección rigor y sencillez».
Pero lejos de conformarse con erigir en menos de tres años esos pilares normativos que ordenaron la administración pública, López Rodó se propuso marcar el rumbo de la política económica del régimen. Como se desprende de la argumentación de Hofmann, este empeño ya se hallaba implícito en otra norma también de su factura, el Decreto Ley de 25 de febrero de 1957, que reorganizó la estructura y acción del Gobierno, realzando la importancia de la esfera económica a través de la creación de dos dispositivos institucionales de primer orden: la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la Oficina de Coordinación y Programación Económica. Y es que la rueda de la economía movía, junto con la de la Administración, el eje de la estrategia de López Rodó para relegitimar el régimen con el fin de asegurar su supervivencia cuando falleciera el dictador. Su ejecutoria en el ámbito de la economía nacional resultó, sin embargo, fallida: los tres planes de desarrollo económico y social que impulsó sucesivamente tomando como referencia las medidas de planificación económica de los Gobiernos franceses bajo la presidencia de Charles de Gaulle fueron perdiendo progresivamente apoyo político, técnico y social. Hofmann detalla cómo se desarrolló este proceso desde el primer Plan (1964-1967), que en un contexto de elevado y sostenido crecimiento económico consiguió una aceptación considerable, hasta el último (1972-1975), duramente atacado por la opinión pública —que la autora ubica en dos espacios: la prensa y los debates impulsados por los procuradores del tercio familiar en las Cortes— e interrumpido antes de su prevista conclusión.
Después de Franco, Administración eficaz y crecimiento económico. Esta fórmula auspiciada por López Rodó para dotar al Estado del 18 de julio de una legitimidad de ejercicio capaz de sofocar las críticas internas y externas a las que se veía sometido el régimen fracasó porque, en lugar de desactivar la política, como él esperaba, la estimuló. Así pues, su intensa acción gubernamental acabó provocando exactamente lo contrario de lo que él pretendía: la movilización de sectores muy influyentes en la opinión pública que extendieron la conciencia del agotamiento del régimen. La pretensión posterior de presentar tal fracaso como un mérito propio y deliberado, autoperfilándose como un promotor de la transición democrática, es tan comprensible desde un punto de vista humano como ajena al relato que elabora cuidadosamente Anna Catharina Hofmann en un libro que merece figurar entre la mejor historiografía sobre el régimen de Franco.