La parte que con más evidencia porta el juicio moral es precisamente un elemento no planificado por la LOPJ: el encabezamiento, que era lo más parecido a les qualités de las resoluciones francesas. Es aquí donde encontramos a modo de seña de identidad y con pocas excepciones, aparte de la dicotomía elemental «buena conducta»/«mala conducta», clasificaciones tan vaporosas tales como «ignorada conducta», «regular conducta», «mediana conducta», «dudosa conducta», «pésima conducta», «de conducta agresiva y violenta» e, incluso, «depravada conducta» y «poca [sic] satisfactoria conducta». En algún momento, incluso, se clasificaba a los reos como «de desconocida conducta», «no acreditada conducta» o «no informada conducta». Era tan elevada la relevancia de la moral en los juicios penales que no se daban patentes de moralidad a menos que existieran pruebas fehacientes. Este sistema no experimentó alteraciones en ningún momento de la historia republicana. Muy excepcionalmente, tratándose de personalidades, por ejemplo, de la alta burguesía sentadas en el banquillo, nos topamos con apelativos como «de excelente conducta». Solo estos procesados merecían la estima de los jueces y magistrados, lo que da cuenta de los valores e intereses de clase que unían a la judicatura con las clases altas: las únicas a las que se dirigían de «usted», «señor» o «don». Los falangistas también solían ser clasificados como sujetos de «buena conducta», y no es raro leer muestras de hasta qué punto los jueces hacían oídos sordos a la abolición de los títulos nobiliarios prevista en el art. 25 de la Constitución.

No faltan casos prácticos que apuntan hacia tratos privilegiados e incluso la creación de espacios de impunidad sobre la premisa de la aplicación de disposiciones normativas de la Dictadura de Primo de Rivera o constructos jurisprudenciales extralegales. Así fue para los tenedores de armas de fuego sin licencia, lo que sin duda se hacía en el marco de simpatías políticas y corporativas reproductoras del viejo sistema político, ya fuera protegiendo a la parte económicamente fuerte o a los sostenedores parapoliciales de aquel. Por ejemplo, a pesar de la disolución del Somatén por decreto de 15 de abril de 1931 y del vencimiento del plazo de cuarenta y ocho horas otorgado para que sus miembros entregaran las armas, algunos tribunales no dudaron en beneficiarlos al enjuiciar las conductas punibles. En Sevilla, la Audiencia Provincial presumió que cierto acusado gozaba de permiso para el uso de armas de fuego «por su calidad de somatenista», además de reconocer su «excelente conducta», que derivaba de su pertenencia al ya extinto Somatén. En este caso, la fiscalía retiró la acusación que había vertido con carácter provisional al recibir la denuncia de las víctimas de los disparos, por lo que el tribunal procedió a su absolución de acuerdo con el «sistema acusatorio vigente». No sucedía lo mismo con las guardias cívicas de inclinación izquierdista, que sí eran castigadas por lo general, como acredita la movilización popular en defensa de la República que se llevó a cabo en numerosas localidades con posterioridad al golpe de Sanjurjo. Sería el caso de Estepa (Sevilla) el 28 de agosto de 1932, cuando los «afiliados a la Unión General de Trabajadores que por indicaciones del Alcalde pretendían coadyuvar con la Guardia Civil para impedir determinadas manifestaciones públicas atribuidas a elementos monárquicos de la localidad». Se castigó por tenencia ilícita de arma a uno de los miembros del grupo a cuatro meses y un día de arresto mayor, accesorias y costas. Nadie presumió licencia ni autorización tácita o ad hoc para auxiliar en el mantenimiento del orden.

La correspondencia entre la cualidad moral y la posición social del justiciable era, a mi juicio y tras el análisis realizado, manifiesta. Ilustrativo, en este sentido, es que el encabezado incluyera otros datos como el nivel de instrucción, la ocupación, etc. El inicio de la sentencia reproducía con literalidad las «diferencias de rango» existentes en el «sistema de normas y valores que el orden de la sociedad preindustrial garantizaba y legitimaba», lo que lo convierte en una especie de vestigio del principio de personalidad del derecho. Esta economía de las sentencias es bastante indicativa del peso de lo subjetivo en el razonamiento judicial —en contraste, hasta cierto punto, con un derecho penal de corte objetivo—.

El encabezado dejaba constancia de los datos de identificación de los acusados. Además de la conducta: apodo —nunca consignado cuando se trataba de personas de clase alta—, estado civil, profesión, padre y madre, naturaleza y vecindad, nivel de instrucción, solvencia económica, si se encontraban en prisión provisional o no y antecedentes. La cuestión de los antecedentes personales de los ciudadanos es polémica y crucial para explicar la construcción del Estado republicano y el choque entre legislación y jurisprudencia. De una parte, es preciso distinguir los historiales de antecedentes penales. De otra, los historiales policiales, esto es, las listas negras elaboradas por las autoridades policiales y obrantes en los gobiernos civiles. Los primeros eran historiales jurídico-penales, lo que quiere decir que contenían datos de personas que habían sido procesadas en algún momento. Los segundos eran historiales de ciudadanos que eran vigilados, con o sin motivo real, por puro control social de la población. Unos y otros respondían al principio de moralidad y al principio de autoridad, si es que pueden disociarse nítidamente. A un «sujeto de pésima conducta» y «conocido maleante» se le impusieron más de seis años de prisión mayor por agredir a un guarda nocturno, como autor de un delito de atentado y otro de lesiones. Una frase nos ayuda a entender la imbricación de principios: «Intentó arrebatar al guarda el bastón, símbolo de la autoridad». La categoría de «invertido» también fue importada del lenguaje policial al judicial con pulcra complacencia.

En relación con los historiales penales, hay que anotar dos cuestiones. En primer término, en el nivel judicial se confería un mismo valor incriminatorio, por su naturaleza jurídico-positiva o por su naturaleza moral, tanto a la mera participación en un proceso —independientemente de que tuviera lugar en calidad de acusado, en concepto de autor, de encubridor, de incitador... o simplemente como citado a comparecer— como a la condena por sentencia firme. En segundo término, todavía el art. 121 del CP de 1932 planteaba varios requisitos para la cancelación de las inscripciones de condenas en el Registro Central de Penados, entre los que se encontraba la «buena conducta» del condenado. Para ello, el Ministerio de Justicia tenía en cuenta los medios de prueba expuestos por el interesado y los informes de conducta dimanados de las instituciones penitenciarias o cualquier otra.

Este dominio burocrático de los antecedentes penales de la población fue una pieza fundamental en el castigo del «extremista» y en el mantenimiento de patrones ideológicos y morales preconstitucionales. Ello supone que, en la conservación y confección de los historiales penales, se localiza uno de los ejercicios más activos y burdos de definición del término de enemigo de la República con arreglo a un criterio de defensa social de signo antidemocrático. El Tribunal Supremo revalidó el concepto restauracionista de «extremista» como realidad punible ajena a la realización de actos concretos, es decir, como subjetividad político-social criminalmente reprochable. En lo principal, dicha etiqueta dependía de la calificación realizada por fuentes policiales, militares o de la Guardia Civil. Los cuerpos policiales creados en la región catalana no fueron una excepción.

Estas categorizaciones eran asimiladas por los órganos judiciales, que derivaban las consecuencias jurídico-penales. El Tribunal Supremo en sus fundamentos jurídicos o más comúnmente en los resultandos interiorizaba, reproduciéndolas, las calificaciones de los tribunales a quo, que a su vez se referían a informes policiales. Multitud de sentencias asumieron la categoría, sobre todo a raíz de la huelga revolucionaria de signo anarcosindicalista llevada a cabo en diciembre de 1933. A veces, quizá por ser tan obvio, aquel escueto apelativo era sustituido por su significado: «afiliado a la FAI», «comunista» o, simplemente, «afiliados a partidos de ideas extremistas». En ocasiones, sobre todo a partir de la Revolución de octubre de 1934, el discurso judicial subrayaba la radical enemistad de las «personas conocidas por sus ideas extremistas y conceptuadas como peligrosas para el orden social».

El moralismo, trasunto ideológico-político sujeto a observaciones discrecionales, estaba presente en el sistema punitivo de principio a fin. Por ejemplo, la Audiencia de Sevilla, al condenar en 1934 al autor de un artículo que criticaba a la Guardia Civil y al gobernador civil de Badajoz por los sucesos letales de Castilblanco, tuvo presente los antecedentes del mismo, que se remontaban a una condena por posesión de explosivos, disparo y atentado cometidos durante la Dictadura de Primo de Rivera. Los antecedentes reunidos en Madrid con motivo del sumario incoado en 1932 contra el anarquista Mauro Bajatierra por la publicación del folleto Contra el capitalismo y contra el Estado bien podrían servir para elaborar una historia procesal de la monarquía y sus ardides represivos. Encontramos condenas por injurias a la autoridad o proposición para la sedición en 1909, 1920, 1921 y 1922, más otros tantos procesamientos con prisión preventiva o meras puestas a disposición de la autoridad tanto en la jurisdicción ordinaria como en la castrense hacia 1909, 1913, 1917, 1921 y 1930. En Barcelona detectamos casos de aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes que tenían en cuenta los encarcelamientos sufridos «por sus ideas avanzadas» bajo la monarquía en tanto prueba de una «conducta reveladora de inclinación al delito».

Por lo que concierne a las listas negras, suponen el ejemplo más retorcido y palpable de control autoritario sobre la población en virtud de las ideas y creencias políticas. En aras de entender cómo se rellenaba de contenido el formulismo personalista de las sentencias penales, es interesante saber que en aquellas listas se consignaban datos acerca de la militancia de un ciudadano, lugares y compañías frecuentadas, listado de detenciones gubernativas, estado civil, profesión, disciplina laboral, etc. Dependían de los gobernadores civiles, de las comisarías de inspección y vigilancia y de los puestos de la Guardia Civil. Pese a la ausencia de una regulación que habilitase la formación de tales repositorios y pese a la falta total de criterios transparentes, los tribunales le otorgaban validez jurídica. Así, no solo olvidaban que la investigación no versaba sobre los hechos en sí, sino sobre los enunciados fácticos elaborados por una cultura policial autoritaria, politizada o, en todo caso, culturalmente contraria al régimen constitucional republicano. En el momento inicial de la República se procedió al borrado de los antecedentes policiales de los opositores a la dictadura de Primo y a la monarquía, pero esta medida tan solo benefició a los republicanos y a los socialistas, dejando fuera de ella a anarquistas, comunistas y regionalistas.

Unas y otras fuentes de información tenían un impacto directo en la elaboración de la convicción judicial acerca de la condición moral de los procesados, en la averiguación de los hechos. Los silogismos supuestamente realizados por la dogmática judicial del momento no consistían en la individualización de la norma jurídica aplicable al caso objeto de la decisión, sino en la subsunción del supuesto concreto dentro de una norma jurídica. Por lo tanto, cobraba gran importancia el análisis factual antes que el jurídico, de lo que se deriva la trascendencia de los resultandos y la trascendencia de la investigación y comprobación de los hechos. El problema es que esta última tarea estaba monopolizada por los servicios vetustos de la policía y la Guardia Civil, por lo que el presupuesto del proceso estaba viciado. La mayoría judicial no solo era consciente, sino que se dejaba espolear por las fuerzas policiales y la fiscalía en los procesos con fines políticos. El intento de incriminar a Manuel Azaña por la rebelión de la Generalidad catalana es una muestra palmaria.

Las apreciaciones morales y sobre la moralidad de los procesados se reflejaban, en segundo término, de manera menos concisa pero bastante común, en los resultandos. En esta parte de la sentencia solía puntualizarse y ampliarse el abanico de etiquetas morales («ejemplar conducta», «conocido maleante de pésima conducta», etc.) con algún tipo de justificación normalmente poco profunda, pues el universo de significado se solía dar por sabido, lo que ofrece alguna pista sobre el tipo de moral que servía de parámetro: la tradicional o, mejor dicho, la oficial. Por ejemplo, de un acusado de hurto, etiquetado como «jornalero» y de «mala conducta» en el encabezado, se decía en el resultando 1.º que era «sujeto de mala conducta, vagabundo, ratero y bebedor». De la categorización de una «señorita» como alguien «de intachable fama y costumbres» dependía la gravedad de las injurias de que había sido víctima, y que se trataba de castigar.

Puesto que los resultandos tenían por función la de consignar los hechos estimados como probados de manera concreta, antes de someterlos al esfuerzo de abstracción que suponía la subsunción en una definición jurídico-positiva, el campo estaba abonado para el empleo de nociones morales. Algunas de ellas, con una proyección jurídico-política más evidente: «El procesado es de dudosa conducta, pero no ofrece temibilidad o peligro social», aducía otra sentencia de la Audiencia hispalense dictada en abril de 1931. El Tribunal de Urgencia de Cádiz absolvió a un capitán monárquico retirado con una fundamentación parecida: de «intachable conducta» y sin «peligrosidad social», no debía castigársele por tener ilegalmente una pistola durante más de dos años.

En los resultandos se encuentran en abundancia referencias sin incidencia, al menos en teoría, de cara al enjuiciamiento de hechos de relevancia jurídico-penal. Por ejemplo, expresiones relativas a la «falta de cultura» del acusado, a la condición de «amantes» de algunos involucrados en los hechos —algo frecuente en agresiones machistas y uxoricidios, pero también en otros delitos—, a rumores sobre la infidelidad en algunos matrimonios, a la justificación judicial de la vigilancia y tutela patriarcal sobre las mujeres, al desarrollo de «relaciones ilícitas» entre dos novios, etc. Quizá destaquen en número los juicios capciosos sobre el tipo de relaciones sexuales y afectivas. De poco tenía por qué servir en términos estrictamente jurídicos para sustanciar un juicio por hurto que la víctima fuera «amante» del denunciante o que tuviera contactos carnales con personas del mismo sexo —«con deshonesto propósito», «vicios contra-natura», etc.—, y sin embargo se hacía constar. Si bien a simple vista podría parecer que estas alusiones no tenían otro interés que el morbo o la exhibición gratuita de apriorismos, no eran superfluas.

Su validación moral como criterio operativo de enjuiciamiento era una muestra de los eclipses y las fallas, discontinuidades y fugas de naturaleza moral que se producían en el razonamiento judicial, pero no necesariamente una desaparición del razonamiento jurídico. Que éste estuviera trufado y soportado por un orden de convicciones morales y políticas no eliminaba su carácter jurídico; más bien nos informa acerca de qué era o continuaba siendo «lo jurídico» para los señores del tribunal. Asimismo, como contrapartida, este hecho pone de relieve la genuina eficacia del principio del orden por la vía de la inclusión de juicios de valor netamente morales y sin soporte en precepto jurídico alguno. A veces este dispositivo era manifiesto, como cuando los tribunales contemplaban la circunstancia atenuante por obcecación en aquellas agresiones cometidas cuando la fidelidad matrimonial era puesta en cuestión por «habladurías», o cuando llamar «maricón» a un hombre daba pie a admitir la concurrencia de la circunstancia atenuante de vindicación de una ofensa grave. Las sentencias, en muchas otras ocasiones, premiaban las actitudes machistas mediante la rebaja de la conducta punible a la categoría de falta.

El abordaje de aspectos morales en el sector de la sentencia dedicada a dejar constancia de los hechos probados delata que todavía en la década de 1930 quedaban algunos rescoldos del tratamiento tópico del razonamiento judicial, consistente en partir del caso concreto para determinar las normas aplicables y el fallo judicial en atención a los factores particulares previamente delineados y su recreación discursiva con arreglo a un trazado moral. Los relatos puntillosos sobre conductas y condiciones morales no eran gratuitos. Tenían una importancia nuclear para el perfil objetivo y subjetivo de justicia: para la configuración de la acción penal y la atribución de responsabilidades, en lo primero; para la concepción tradicional del juez, como juez virtuoso, en cuanto a lo segundo. Aunque se tratara de un modelo en decadencia, su eco resonaba en la persecución penal de toda crítica a la actividad judicial.

Dicho esto, de los casos analizados se desprende que existía un criterio de baremación moral independiente del criterio codificado por el constituyente o el legislador. Así, era fácil topar con que la presencia de antecedentes penales no impidiera clasificaciones favorables a los procesados, de «buena conducta»; o que estas clasificaciones fueran imprecisas hasta el extremo de consignar con relación a un procesado: «cuya conducta deja mucho que desear», que era «de conducta algo dudosa», «de irreprensible conducta», «de mediana conducta», etc. Esto es así porque, en suma, la moral que regía era la del cuerpo judicial y, a su vez, la de la clase social a la que estaba adscrita. En este punto, había una colisión entre la ética pública asociada al régimen republicano y la hegemónica dentro del cuerpo de magistrados.

Los resultandos servían de puente entre los hechos concretos objeto de enjuiciamiento y su encasillamiento en una norma penal, ya en los considerandos. Las relaciones entre uno y otro segmento de la sentencia mostraban el riesgo de que los tribunales incurrieran en razonamientos parabólicos. Los resultandos no solo admitían, sino que requerían valoraciones morales que ayudasen a perfilar el caso particular con el mayor detalle posible. Los considerandos habían de reunir el meollo jurídico-positivo poco después. El problema es que muchos tribunales sentenciadores confundían, deliberadamente o no, el uso de nociones morales con el uso de conceptos jurídicos, de modo que surgían polémicas en torno a si los resultandos habían desplegado el efecto de predeterminar el fallo. En otras palabras, si el juicio real fue solo moral o apriorístico. Muchos recursos de casación arrancaron de esta preocupación. Bien porque el descriptor moral coincidiera con el lenguaje jurídico-positivo, bien porque los tribunales empleasen nociones legales infundiéndoles un sentido moral, esta práctica creaba una zona de penumbra a los justiciables y dificultaba al Tribunal Supremo en su tarea de revisar el acierto con el que se hubieran aplicado los preceptos jurídicos. No en balde, la casación tenía como límite el respeto a los hechos probados por el tribunal a quo, lo cual blindaba los resultandos y, con ellos, la trabazón moral/derecho.

A ello se unía que la omisión de ciertos aspectos en la enumeración de hechos probados no podía dar lugar a la casación de una sentencia por el quebrantamiento de forma expresado en el art. 912.1 LECri. Conforme a la ley, el Tribunal no tenía más obligación que consignar los hechos que estimara probados, lo que según el Alto Tribunal amparaba la exclusión de aquellos consignados en certificaciones de autoridades y dictámenes periciales cuando al parecer del tribunal carecieran de fuerza probatoria. Esta doctrina daba un dominio casi absoluto al tribunal sentenciador sobre el proceso. Así pues, el Tribunal Supremo se vio obligado a intentar paliarlo en 1932, cuando emitió una orden circular llamando a los tribunales a ajustarse plenamente al marco legal, para no ocultar al Tribunal Supremo «todas las posibilidades de rectificación o de confirmación de su criterio en cuanto a la valoración jurídica de los hechos». Exigía que los resultandos fueran meticulosos en la individualización de la pena, «ya que no hay sentencia que no produzca consecuencias graves en orden a la vida, la libertad o la honorabilidad del ser humano». En definitiva, el relato de los hechos no debía realizarse de tal manera que aherrojase el margen de resolución de los recursos de casación.

El problema no se arregló, por lo que el Congreso contestó a la tesitura el 28 de junio de 1933 mediante la ley que reformaba el art. 912.1 LECri. Los fundamentos de hecho —resultandos— y los fundamentos de derecho —considerandos— debían diferenciarse con claridad. Sin embargo, la confusión entre moral y derecho siguió imperando y distorsionando el principio de legalidad, ya de forma inequívoca por insistencia del cuerpo judicial. Podrían traerse a colación varias sentencias del Tribunal Supremo en donde asoman las dificultades para hacer realidad la reforma mencionada, pero ningún caso lo ejemplifica tanto como el asesinato del periodista Luis Sirval a manos de uno de los legionarios que acudió a Asturias a sofocar la Revolución obrera en 1934.

Tan emblemático caso nos permite entender que la ubicación de valoraciones morales en esta parte de la sentencia en vez de en los considerandos no deja de tener trascendencia jurídico-penal. No tenían menos interés por no figurar en la sección en la que supuestamente se condensaba el razonamiento judicial y la subsunción del supuesto de hecho en un precepto legal concreto. Al revés: los juicios netamente morales contenidos en los resultandos, ya de soslayo, ya con ahínco, no hacían otra cosa que apuntalar las motivaciones sobre las que se iban a argumentar las decisiones en los considerandos. Esta queja llegó alguna vez al Tribunal Supremo, que las despachaba con ligereza al establecer que el uso de conceptos jurídicos o de entidad jurídica en los resultandos no tenían valor predeterminativo del fallo. Tenían cabida como estimaciones objetivas de los tribunales a quo a colación de dejar constancia de las pruebas practicadas.

Semejante doctrina sobre los resultandos tuvo un efecto fatal en el caso de Sirval: se mantuvieron incólumes los fundamentos de la Audiencia de Oviedo —sus prejuicios, sus irregularidades— y, así, su decisión. El tribunal ovetense consideró al teniente de la legión Dimitri Ivanoff el único autor de un delito de imprudencia temeraria con resultado de homicidio (arts. 358.1 y 413 CP), con la concurrencia de la circunstancia atenuante de haberse presentado a la autoridad antes del inicio del procedimiento judicial (art. 9.8 CP). La pena se traducía en seis meses y un día de prisión menor, accesorias, costas y pago de 15 000 pesetas a los herederos en concepto de indemnización. En verdad el fallo equivalía a una absolución, ya que después de descontar el tiempo que el procesado llevaba en prisión provisional lo que procedía era ponerlo en libertad. El comportamiento diametralmente opuesto del Tribunal Supremo con ocasión del juicio al capitán Rojas por la masacre de Casas Viejas deja entrever cuál era el interés político peculiar del máximo órgano jurisdiccional de España. Entonces no tuvo empacho en mandar repetir el juicio oral, desautorizando al tribunal popular del jurado.

La legislación procesal exigía que las sentencias contuvieran una relación nítida de hechos probados, en concreto aquellos que sirvieran de resorte a los preceptos jurídicos y guardasen relación directa con la acusación y la defensa (art. 142 LECri). Como sostendría el Tribunal Supremo, los únicos hechos probados que el órgano sentenciador no tenía obligación de consignar eran aquellos que careciesen de trascendencia jurídica. La verdad es que aquel precepto no hablaba expresamente de la conducta moral, ni pública ni privada de los encausados, pero sí de las circunstancias que figuraran en la causa y se estimaran probadas, lo que amplificaba el arbitrio judicial. Si los resultandos expresaban ciertas realidades y para calificarlas o destaparlas se acompañaba un juicio de valor moral, ello tenía incidencia en los considerandos, como una especie de antejuicio. Así, por ejemplo, una sentencia dictada al filo de 1931 por la Audiencia provincial de Sevilla, después de clasificar en el encabezado al procesado como «de dudosa conducta», se remontaba en el resultando 1.º a aspectos pasados de su biografía, en un intento por perfeccionar el perfil antropológico del acusado: «en su infancia —se decía— observaba conducta poco laudable».

Al contrario, consignar la «mala conducta» y algunos antecedentes judiciales o policiales que lo avalaban en la parte dedicada a dejar sentados los hechos que se consideraban probados significaba, en última instancia, que la contravención del orden moral por parte del procesado constituía un punto de partida fáctico y normativamente relevante para el enjuiciamiento del ajuste o no de su comportamiento con relación al orden jurídico-penal. La dependencia que, según la judicatura, el derecho positivo tenía del natural, o sea, respecto a la moral y la ideología, hacía de dicha consideración un elemento de gran relevancia, que a menudo se traspasaba a la parte de los considerandos judiciales bajo la forma de circunstancias agravantes por reincidencia, por ejemplo. Para que las circunstancias agravantes por reiteración y reincidencia pudieran ser aplicadas a un caso, los hechos probados relacionados en los resultandos debían dejar constancia de la pena acoplada al primer delito cometido —porque debía ser cuando menos igual a la del nuevo delito— y la prescripción de los efectos de las agravantes. El real decreto de 14 de noviembre de 1925 (art. 3), mantenido vigente por la República hasta la aprobación del CP de 1932, exigía que se consignasen dichos datos de forma taxativa. Este tipo de exigencias conducía necesariamente a que las consideraciones morales tuvieran cobijo explícito en las resoluciones judiciales. Reunieran o no los requisitos para su impacto formal en la aplicación de agravantes, los antecedentes conductuales del procesado delineados conforme a patrones de justicia preconstitucionales tenían cabida, pues, en el juicio desarrollado bajo el nuevo ordenamiento. Esta identificación entre orden moral y orden jurídico es singularmente visible en los supuestos de injurias privadas: estos juicios dependían por entero de las frases dichas en los resultandos, de los cuales se derivaban —ya en los considerandos— «frases que por su significación gramatical y social puede perjudicar considerablemente la fama, crédito o interés».

Los considerandos no eran ajenos a los principios de moralidad y orden. Los que más expresaban la conexión eran los atinentes a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. La mayoría de las veces, jueces y fiscales coincidían a lo largo del lustro republicano en la apreciación de los siguientes actos como incursos en las causas de atenuación de la responsabilidad enumeradas en el CP: arrebato por ofensa a la madre y al padre —incluso al precio de suavizar la sobre-protección del principio de autoridad—; arrebato o provocación en defensa de la propiedad agraria; arrebato a la mujer que era vejada como «prostituta» o «puta»; arrebato y obcecación «naturalmente» producidas en el varón que vindicaba su honor propio y el de sus hijas, llamadas «putas»; por los insultos a la fidelidad de la esposa —tanto por arrebato como por vindicación de ofensa—; por insultos a la familia en general y a la descendencia; por la creencia de que el hijo había sufrido maltrato; etc. La existencia de «frecuentes ataques» a la propiedad privada, o la «invasión» de fincas, servían de atenuantes por arrebato y obcecación incluso en caso de homicidio.

Aunque en la calificación penal de la acusación fiscal se acogiese la atenuación por alguna de estas causas, a veces el Tribunal prefería absolver al procesado. Esta técnica era muy recurrente en orden a la tutela machista de las mujeres: así cuando se juzgó por lesiones al esposo que peleó con un examante que miró «con descaro» a su mujer, o cuando se juzgó al marido que la emprendió a tiros cuando simplemente «vio pasar» al hombre «de quien tenía noticias por su mujer, que perseguía a ésta». Si el resultado lesivo era de gravedad, no solía absolverse al reo, pero sí que se le podían aplicar circunstancias atenuantes. Ahora bien, era tanta la importancia de estos vectores morales que, en otras ocasiones, el propio Ministerio Fiscal retiraba su acusación en el juicio oral, como cuando un acusado arremetió con un cuchillo contra un borracho que «empezó a abrazar y a besar» a su novia, ocasionándole la muerte.

Que la indulgencia mostrada con los actos de violencia de este tipo se debía a una adhesión judicial al orden social tradicional, a un conjunto de valores morales y prejuicios ideológicos, queda de manifiesto si se trae a colación el rechazo rotundo tanto de fiscales como de tribunales a apreciar atenuación alguna a los actos violentos cometidos por obreros despedidos o desahuciados de sus hogares. Los insultos al patrono y al encargado de una finca («esquirol sinvergüenza») en medio de una disputa por cuestiones laborales suponían la circunstancia atenuante por «enojo» para el manijero que asestaba navajazos con heridas graves a uno de los huelguistas. En la ponderación del delito de desobediencia a la autoridad, los tribunales llegaron a reconocer que se tenían en cuenta distintas variables, todas de naturaleza clasista y política: «la ocasión en que se produjo, la cultura y condición social de los inculpados, su obstinación a obedecer y el fundamento de la negativa, la trascendencia social y el claro menosprecio al mandato de la autoridad y su intención de vejarla». Si, en aras de la defensa social, los tribunales eran capaces de invertir la lógica entre víctimas y victimarios, no ha de extrañar que aceptasen como pruebas de cargo las obtenidas de manera ilegal cuando contribuían al procesamiento de militantes izquierdistas, ni que tuvieran poco interés en investigar las responsabilidades patronales derivadas de los accidentes de trabajo.