LA GUARDIA CIVIL EN EL ESPEJO: EL IMPACTO DEL MODELO GENDÁRMICO ESPAÑOL EN LA CREACIÓN DE LA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA EN PORTUGAL, 1910-1926
The Guardia Civil in the mirror: The impact of the Spanish gendarmerie model on the creation of the Guarda Nacional Republicana in Portugal, 1910-1926
RESUMEN
La organización en Portugal de la Guarda Nacional Republicana durante la Primera República (1910-1926) representó un antes y un después en el mantenimiento del orden público al convertirse en la primera policía presente en todo el país. Aunque la historiografía ha señalado la influencia que tuvieron algunos modelos gendármicos europeos en este proceso, apenas existen investigaciones que hayan trabajado dicha cuestión. Este artículo analiza la recepción, reformulación e incidencia del modelo de la Guardia Civil, y su impacto sobre la creación y el despliegue de la GNR. De una parte, se estudian los discursos producidos sobre la gendarmería española con el fin de esclarecer los significados y representaciones asociados a la idea de la Guardia Civil, así como la reconceptualización del modelo gendármico español. De otra, se examinan las políticas públicas y disposiciones legales que dieron forma a la GNR, comparando sus características con las de la Guardia Civil para constatar en qué medida los gobernantes portugueses se inspiraron en ella al articular la gendarmería lusa. Se concluye que el arquetipo de la Guardia Civil constituyó una referencia esencial en el diseño de la GNR y que las élites republicanas emplearon dicho formato institucional de manera estratégica y selectiva, acentuando algunos de sus atributos y desechando otros. La existencia, asimismo, de determinados rasgos comunes a ambas fuerzas que no se daban en la Gendarmería francesa permite bosquejar un modelo gendármico ibérico, entendido como una variante del tipo ideal de gendarmería construido a partir de la matriz organizativa gala.
Palabras clave: Guarda Nacional Republicana; Guardia Civil; Primera República portuguesa; modelos gendármicos; circulaciones policiales.
ABSTRACT
The organization in Portugal of the Guarda Nacional Republicana during the First Republic (1910-1926) meant a milestone in the maintenance of public order because it became the first police with presence in the whole country. Although some scholars have pointed out the influence of some European gendarmerie models on this process, few studies have addressed this topic. This article analyzes the reception, reformulation and effect of the model of the Guardia Civil, and its impact on the foundation and deployment of the GNR. On the one hand, it studies the discourses on the Spanish gendarmerie with the aim of identifying the meanings and representations associated to the idea of the Guardia Civil, as well as the reconceptualization of the Spanish gendarmerie model. On the other hand, the article examines the public policies and legal regulations that shaped the GNR, comparing its characteristics with the Guardia Civil’s features in order to verify to what extent the Portuguese governments were inspired by the Spanish force. It concludes that the Guardia Civil archetype was a major reference in the design of the GNR. The republican elites used this institutional format in a strategic and selective manner, highlighting some of its attributes and removing others. Furthermore, the existence of a number of common traits in both forces that were not present in the French Gendarmerie allows to elaborate an Iberian gendarmerie model, understood as a variation of the ideal type of gendarmerie, which has been built on the French organizational matrix.
Keywords: Guarda Nacional Republicana; Guardia Civil; Portuguese First Republic; gendarmerie models; police circulations.
I. INTRODUCCIÓN[Subir]
Una de las reformas de mayor trascendencia de los gobernantes de la Primera República portuguesa fue la constitución de la Guarda Nacional Republicana (GNR). Si la fecha de este acontecimiento —3 de mayo de 1911— no ofrece lugar a dudas, no sucede lo mismo con su significado histórico. La historia corporativa, bien representada por Nuno Andrade, la ha caracterizado como el eslabón postrero de una cadena de cuerpos militares de seguridad iniciada en 1801 con la Guarda Real da Polícia de Lisboa, a fin de presentar a la GNR como una de las gendarmerías europeas de más rancio abolengo[2]. Diego Palacios, no obstante, ha rebatido esta idea sosteniendo que el ámbito de actuación de las fuerzas precursoras se limitaba a Lisboa y Oporto. La GNR, a su entender, fue la primera gendarmería del país porque hasta entonces no había habido una policía con presencia en todo el territorio, y su tardío despliegue a principios del siglo xx pone en evidencia la singularidad del caso luso en el contexto de la Europa continental[3].
Lo que subyace en el fondo de esta divergencia interpretativa es una oposición entre distintas acepciones del concepto mismo de gendarmería. Encapsuladas dentro del tipo ideal de policía «militar-estatal» teorizado por Clive Emsley, las organizaciones gendármicas se reconocen ante todo por una naturaleza castrense que se hace patente en distintos planos[4]. En el institucional, por medio de su encuadramiento en el Ejército como un cuerpo de élite y de una tutela pluriministerial balanceada a favor del Ministerio de Guerra. En el humano, con la extracción militar de oficiales y recluta, y la asimilación del equipamiento, el corpus normativo y el modo de vida cuartelero de los soldados. Las gendarmerías, sin embargo, también se caracterizan por su jurisdicción nacional y por tener en el medio rural su espacio de referencia. En cuanto que dispositivo centralizador, esta institución posibilita la penetración del Estado en la sociedad mediante un rosario de puestos repartidos de punta a punta del país. Igualmente, una gendarmería ha de cumplir un vasto repertorio de misiones; entre otras, la conservación del orden público, la persecución del bandidaje, la vigilancia de caminos, la investigación judicial, la aprehensión de desertores y el auxilio a la población en desastres naturales[5]. Los gendarmes, además, se definen por su imagen caballeresca y por el rol que ejercen como símbolos vivientes del poder estatal y de una identidad nacional en construcción, lo cual explica la vistosidad de su uniformidad y el boato castrense de su ceremonial[6].
Uno de los ámbitos de estudio más en boga de la historia policial está referido a la circulación transnacional de modelos policiales[7]. A partir del siglo xix, todos los Gobiernos europeos dirigieron su mirada hacia las policías de los países vecinos con intención de buscar inspiración para reorganizar sus burocracias de seguridad[8]. Aquellas que sirvieron como referencia de un mayor número de reformas devinieron un modelo, entendido como una representación simplificada e idealizada de la institución que le daba cuerpo. Los gobernantes se valieron de estos modelos como dispositivos retóricos con el fin de promover ciertas agendas reformistas o desacreditar las instituciones existentes. Esta utilización era forzosamente selectiva, ya que las autoridades mantenían y enfatizaban algunos atributos del formato original, e ignoraban y modificaban otros[9]. La repetición de este proceso de recepción, relectura e implementación en diferentes latitudes explica que estos arquetipos estuvieran en permanente estado de transformación. Aunque circulaban en una esfera internacional en la que competían diferentes ideas y patrones organizativos policiales, estos modelos cobraban sentido al engarzarse en el contexto nacional donde eran importados. Era la dinámica de poder específica de dicho contexto lo que determinaba su significado y las mutaciones que experimentaban, puesto que su empleo obedecía a los intereses y luchas internas de las élites locales, y debía ajustarse a las necesidades y formas de gobernanza particulares del país[10].
La mayoría de estudios han abordado la transferencia transnacional de modelos civiles de policía. Con el tiempo, no obstante, la difusión de formas gendármicas ha logrado imponerse como un objeto que estudiar en pie de igualdad con aquellos gracias al trabajo de determinados historiadores que abrieron el camino. A un lado se encuentra Emsley, autor de una monografía clásica que disecciona la construcción del modelo y la manera en que diferentes Estados europeos lo implementaron a lo largo del siglo xix[11]. Al otro, Jean-Noël Luc y Arnaud-Dominique Houte, quienes han acometido en distintos libros la difusión y puesta en marcha de la marca gendármica por el mundo[12]. El valor de su obra descansa en su conceptualización del modelo gendármico como categoría analítica. En contraposición con los usos sociológicos que formulan un prototipo único y estático con afanes normativos, su lectura histórica enfatiza las inercias e innovaciones que precipitan su evolución, la pluralidad de sus orígenes, componentes y atributos y la especificidad de sus declinaciones nacionales. Tal acepción invita a priorizar el estudio de las representaciones y prácticas asociadas al modelo, los actores involucrados en su difusión y los constreñimientos impuestos por los diferentes contextos[13].
Aun habiendo centrado sus trabajos en la horma francesa, Luc y Houte han señalado la existencia de otros modelos gendármicos con fuerte predicamento como el español[14]. Este aserto no se corresponde con la ausencia de monografías sobre la dimensión internacional de la Guardia Civil. La cuestión ha sido tratada en historias de factura institucional, desde un discurso que abunda en el carácter nacional y original del Cuerpo[15]. El influjo francés en su fundación, empero, ha sido recalcado desde la academia. Diego López Garrido, Enrique Martínez Ruiz, Manuel Ballbé o François Godicheau, así como algunos autores corporativos de última generación, como Miguel López Corral, han apuntado que los gobiernos moderados y el duque de Ahumada tomaron el formato galo como punto de partida[16]. De igual manera, la conversión de la Guardia Civil en un modelo de pleno derecho y su proyección en escenarios coloniales y poscoloniales ha ocupado un lugar de honor en las historias institucionales, pero apenas se ha abordado de manera crítica. Solo disponemos de los trabajos de Godicheau, que ha analizado la implantación y las funciones del Instituto en Cuba, y los de Gerald Blaney, quien ha sondeado las misiones enviadas a distintos gobiernos latinoamericanos con el fin de ofrecerles asistencia técnica para que levantaran sus propias gendarmerías[17].
La investigación sobre la vertiente exterior de la gendarmería portuguesa es más modesta todavía porque la GNR no tuvo un ascendiente sobre otros países equiparable al de la Guardia Civil. António Pedro Ribeiro dos Santos y Nuno Andrade han incidido en la pervivencia de caracteres y principios institucionales de las fuerzas lusas preexistentes al dar cuenta de su constitución[18]. Otros investigadores, principalmente Diego Palacios y João Cosme, han valorizado más la irradiación de los arquetipos gendármicos francés y español aplicando dos estrategias: la inferencia de observaciones comparativas, el primero, y la localización de fuentes primarias, el segundo[19]. Se echa de menos, empero, una investigación que considere la influencia de estos modelos como su objeto de estudio y que coteje si fueron unos referentes estrictamente retóricos o si, por el contrario, llegaron a concretarse en el plano de las realidades institucionales.
En las páginas que siguen se analiza la recepción, reconceptualización e incidencia del modelo gendármico español en la construcción de la Guarda Nacional Republicana. El grueso de la atención se focaliza en la Primera República (1910-1926), si bien el estudio arranca en la década de 1860 con intención de conocer qué representaciones y proyectos de gendarmería heredaron los gobernantes republicanos. La resonancia de la Guardia Civil en cuanto que formato institucional es constatada directamente mediante el análisis de evidencias documentales, e indirectamente a través de un estudio comparativo de sendas gendarmerías que discrimina sus características comunes de sus particularidades. Se analizan, de una parte, los discursos referidos a la idea de la Guardia Civil para dilucidar los significados e imágenes que llevaba asociados, así como la reformulación del modelo gendármico español efectuada en Portugal. De otra, las políticas públicas y disposiciones legales que configuraron la GNR, comparando sus atributos organizativos con los de la Guardia Civil, con objeto de averiguar hasta qué punto las autoridades se inspiraron en ella para articular la gendarmería lusa[20].
II. ENSOÑACIONES Y BOSQUEJOS AHUMADIANOS[Subir]
El entramado edificado durante la Monarquía Constitucional para salvaguardar el orden público se encontraba lastrado por la exigua presencia sobre el terreno del Estado, un personal escasamente profesionalizado y un sempiterno déficit financiero. La persecución del crimen y la vigilancia de las calles en los municipios recaía en los regidores y cabos de policía, vecinos sin instrucción técnica que, aunque actuaban por delegación del Ministerio del Reino, eran designados obligatoriamente muchas veces a cambio de una remuneración irrisoria[21]. El estallido de algaradas de envergadura hacía imperativo llamar al Ejército, que intervenía como una fuerza policial más. Entre otras funciones, los soldados vigilaban ferias y romerías, sofocaban motines populares y escoltaban los traslados de caudales públicos. Por añadidura, en Lisboa y Oporto funcionaban las Guardias Municipales, unos cuerpos policiacos con estatuto castrense que actuaban a las órdenes del gobernador civil y que, desde 1868, estaban dirigidos por un comandante general[22]. En último lugar, en 1885 se fundó la Guarda Fiscal, instituto militar de factura semejante a los Carabineros españoles, cuyas fuerzas se distribuyeron por todo el litoral y la frontera hispano-portuguesa para reprimir el contrabando, el fraude arancelario y el tráfico ilegal de personas[23].
La ausencia de una gendarmería de ámbito estatal dio pie a una interesantísima discusión en la que se desplegó el abanico de modelos que ofrecía el Viejo Continente. De todos ellos, fue la Guardia Civil la que constituyó, para bien y para mal, la referencia por excelencia, por delante incluso de la Gendarmerie Nationale francesa. Sus detractores la veían como el producto más acabado del autoritario y militarizado sistema de seguridad que había al otro lado de la Raya[24]. En la Câmara dos Deputados, no obstante, eran más quienes ponderaban los beneficios que podía reportar una «Guarda Civil», pues este fue el nombre que dieron al cuerpo que proyectaban. La carencia de una fuerza gendármica desplegada en el interior, señalaban sus defensores, explicaba el mayor impacto de la criminalidad en el medio rural portugués[25]. Por un lado, replicaban a quienes oponían razones presupuestarias que el ahorro resultante de la reducción del Ejército, unido al mejor funcionamiento de la economía generado por una mayor seguridad, permitirían rentabilizar rápidamente la inversión[26]. Por otro, aducían que la dedicación de los soldados a tareas policiales restaba tiempo a su instrucción militar y que su falta de formación técnica e incapacidad para llegar a los desórdenes antes de que alcanzaran su punto álgido hacían que sus actuaciones fueran menos eficaces y más sangrientas[27].
Otra pieza del argumentario de los valedores de la Guarda Civil hacía referencia, como se ha dicho, a la existencia de cuerpos semejantes en el extranjero. El 14 de mayo de 1868, al poco de malograrse su iniciativa de instaurar una fuerza con dicho nombre, el ministro del Reino Martens Ferrão señaló que, desde Badajoz hasta Rusia, no había una sola nación que no dispusiera de una gendarmería, y mencionó que para elaborar su proyecto había consultado los reglamentos de todas ellas, incluida la Guardia Civil[28]. Once años después le tocaba el turno al otro promotor de la propuesta, Fontes Pereira de Melo. Fontes indicó que el Ejército era una «pésima policía» al no estar concebido para tales menesteres, a diferencia de la Guardia Civil española o las gendarmerías francesa o belga, cuyos efectivos recibían un entrenamiento adecuado a sus deberes[29]. En abril de 1898, por citar una última intervención, el primer ministro Luciano de Castro recordaba a quienes criticaban que la Guarda Municipal estuviera mejor remunerada que el Ejército la abultada partida presupuestaria que el Estado español destinaba a la Guardia Civil, y lo justificaba aludiendo a la mayor complejidad del servicio que prestaba[30].
Las acepciones del concepto de Guarda Civil que acuñaron tanto defensores como detractores se definieron por su vaporosa morfología e inconcreción semántica. Hubo, con todo, algunas tentativas de trascender el plano retórico y enriquecer dicha noción con un contenido material. Por iniciativa gubernativa o particular, se fraguaron diversos proyectos de gendarmería que, a partir de 1910, serían muy tenidos en cuenta por los planificadores de la GNR. El primero fue el presentado por Martens Ferrão en 1867, el cual se insertaba en una agenda reformista más extensa que contemplaba la clásica dicotomía entre una policía urbana de carácter civil y una gendarmería para el ámbito rural. De las dos instituciones proyectadas, solo la primera se hizo realidad. La Polícia Civil era una fuerza uniformada de estatuto civil, inspirada en la Policía Metropolitana inglesa. Financiada por el Ministerio del Reino, estaba compuesta por dos corporaciones independientes, una en Lisboa y otra en Oporto, si bien en las décadas venideras se organizaron cuerpos semejantes en las distintas capitales distritales[31].
La Guarda Civil pergeñada por Martens Ferrão cumplía, desde luego, los parámetros imprescindibles de la idea tipo de gendarmería[32]. Se trataba de un cuerpo militar que se desplegaba por todo el Portugal continental. La oficialidad provenía de las fuerzas armadas y la recluta la formaban voluntarios que habían servido dos años en el Ejército o las Guardias Municipales. La corporación dependía de dos ministerios: acuartelamiento, servicios, movimientos y remuneraciones eran competencia del ministro del Reino, mientras que lo relativo a organización, disciplina, ascensos y jubilaciones recaía en el de Guerra. Este reparto se asemejaba al del segundo decreto fundacional de la Guardia Civil, el de mayo de 1844, que era precisamente el que había ratificado la tutela parcial del Ministerio de la Guerra[33]. Su adherencia al Ejército, por el contrario, suponía una diferencia de enjundia con la gendarmería española —y una similitud con la Gendarmerie Nationale—, pues la Guardia Civil no daría este paso hasta la Ley Constitutiva de 1878[34]. Pero no hay que descartar que las autoridades lusas no fueran conscientes de ello, ya que no mucho antes el Vizconde da Praia Grande, ministro de Guerra, había asegurado que la Guardia Civil era parte del Ejército español[35].
Independientemente del ethos castrense de esta hipotética gendarmería, la propuesta de ley rezumaba un aroma civilista que la aproximaba al primer diseño de la Guardia Civil, prefigurado en el decreto de 28 de marzo de 1844[36]. En contraste con sus colegas españoles, los guardias portugueses solo serían juzgados en tribunales militares por delitos disciplinarios y a sus agresores se les aplicaría el Código Penal. En segundo lugar, este proyecto traslucía una sana preocupación por el ejercicio de las libertades individuales que se materializaba en la tipificación de los «abusos de autoridad» y la prescripción de un empleo gradual de la violencia, cuya escala se tomaba prestada del Reglamento para el Servicio de la gendarmería española —persuasión, intimación, recurso a la «viva fuerza»[37]—. Puede señalarse otro paralelo en las tres intimaciones que debían efectuarse antes de disolver un motín o sedición sin armas, puesto que el reglamento de la Guardia Civil Veterana —unidad especializada en la represión de desórdenes públicos en Madrid— ordenaba también que, a ser posible, se ocupara de hacerlas la autoridad civil, si bien el antecedente más remoto debe rastrearse en la Riot Act de 1714[38].
El segundo proyecto se lo debemos al capitán Xavier Machado, que publicó en 1888 una memoria en la que planteaba igualmente la constitución de una «Guarda Civil»[39]. La fuerza de Machado estaba más militarizada, dado que además de plantear una organización regional del territorio en cuatro divisiones, incorporaba dos disposiciones ya adoptadas en las Guardias Municipales: la sujeción a los códigos disciplinares del Ejército y el nombramiento de un comandante general. Esta observación, empero, no se aplicaba a su encuadre institucional, pues la fuerza pasaba a subordinarse enteramente al Ministerio del Reino en tiempo de paz y al de Guerra en situación de conflicto bélico, fórmula que sería reproducida en el reglamento de las mentadas guardias[40]. También había novedades en su distribución. Planteaba Machado eliminar los cuerpos distritales de Polícia Civil, y subrayaba la centralidad de los puestos como núcleos básicos de actuación y control del espacio en términos semejantes al despliegue de la Guardia Civil española[41].
La declarada irradiación del modelo gendármico español era la nota que particularizaba a este proyecto. Sus parámetros estructurantes y contornos descansaban en la idealizada imagen que el autor poseía de dicha institución. La Guardia Civil retratada por Machado gozaba de un prestigio social incontestable y sobresalía por la calidad de su servicio y sus corteses maneras. El capitán reconocía sin tapujos que había buscado su inspiración en la legislación española y mencionaba la Cartilla como una de sus fuentes de consulta habitual, circunstancia que quedaba de manifiesto en la relevancia que atribuía al «honor» dentro del sistema corporativo de valores y en la reproducción de la máxima que postulaba que las «primeras armas» del guardia debían ser «la persuasión y la fuerza moral»[42]. La habilitación de una secretaría supeditada al comandante general, la diferencia entre distritos de primer y segundo orden, la autonomía de los mandos territoriales respecto a las autoridades civiles en materia de disciplina y régimen interno, o la renovación periódica del compromiso de sus miembros con el Cuerpo —el odiado «reenganche»— eran otras de las muchas coincidencias con la gendarmería española[43].
A pesar de las muchas voces que la reclamaban, la instauración de una gendarmería siguió siendo una asignatura pendiente de los gabinetes monárquicos. La responsabilidad de ello se ha atribuido a las élites rurales, que no estaban dispuestas a ceder al Estado un ápice de su poder ni a pagar los impuestos precisos para sufragarla. La llegada de la República haría posible desbloquear la situación. El deseo de los nuevos mandatarios de afianzar su control sobre todo el país y la inquietud de los grandes terratenientes ante el crecimiento de la agitación sociolaboral y la delincuencia dieron lugar a una convergencia de intereses entre las élites gubernativas y periféricas que allanó el camino para la articulación de la primera gendarmería portuguesa[44]. A ello se sumaron la desconfianza de los gobernantes en la lealtad del Ejército, la mayoría de cuyos cuadros profesaban un ideario monárquico, y su ambición de disponer de una fuerza policial nacional para no depender de las autoridades militares de cara a restablecer el orden público.
III. AL FIN UNA GENDARMERÍA NACIONAL… Y REPUBLICANA[Subir]
Consumada la revolución republicana el 5 de octubre de 1910, la Administración del país se confió a un Gobierno Provisional presidido por João Chagas. La desaparición de la policía durante los disturbios subsiguientes y el asalto de los cuarteles de la Guarda Municipal pusieron de manifiesto la necesidad de reorganizar el aparato de seguridad[45]. Dos disyuntivas capitalizaron los desvelos del ministro del Interior, António José de Almeida. La primera, abolir o mantener las burocracias policiales de la Monarquía; la segunda, institucionalizar o disolver los grupos de carbonarios y voluntarios armados que se habían arrogado sus funciones[46]. Su apuesta por la segunda opción en ambas cuestiones imprimió a su política de reestructuración un signo marcadamente continuista.
La Guarda Municipal fue disuelta y refundada como «Guarda Republicana»[47]. Esta fuerza heredó las instalaciones, el equipamiento y las responsabilidades de su antecesora. Los contados cambios implementados se ciñeron al uniforme, que vio alterados su monograma y sus detalles rojos, que pasaron a ser verdes. Estas modificaciones, cosméticas solo en apariencia, albergaban un fuerte valor simbólico, pues trasladaban el mensaje de una ruptura con los cuerpos coercitivos monárquicos, independientemente de lo alejada que estaba esta idea de la realidad. En cuanto al capital humano, el criterio dominante fue la falta de renovación. En Lisboa, 1350 efectivos de la Guarda Municipal se enrolaron en la Republicana, y en Oporto lo hicieron el grueso de la tropa y toda la oficialidad[48]. La única novedad fue el ingreso de once oficiales y 131 suboficiales del Ejército que contaban con el plácet de Machado Santos por haber participado en la sublevación republicana. El trato recibido por esta corporación contrastó vivamente con el de la Polícia Civil, ahora denominada «Polícia Cívica», cuyos hombres contemplaron como cuatrocientos compañeros eran depurados sin miramientos[49].
A finales de mes fue aprobado el reglamento de la Guarda Republicana, que reproducía los presupuestos organizativos de las ordenanzas de las Guardias Municipales con una sutil, pero reveladora novedad[50]. De igual manera que en la Guardia Civil española, el artículo 5 determinaba que el régimen interno y el servicio quedarían determinados en reglamentos especiales.
El mismo decreto que instauró la Guarda Republicana dispuso la constitución de una comisión con el cometido de diseñar una gendarmería que velara por la observancia de las leyes en toda la geografía portuguesa[51]. Sus vocales fueron el comandante general, Ernesto da Encarnação Ribeiro, y los coroneles Manuel Maria Coelho y Manuel de Brito Camacho. La ausencia de actas de sus reuniones hace difícil identificar las referencias institucionales en las que se inspiraron. Otros documentos, no obstante, sugieren que algunos modelos foráneos fueron considerados porque así lo ordenó el ministro del ramo. El 17 de noviembre, Almeida le mandó a Encarnação Ribeiro unos folletos con legislación de los Carabinieri italianos, y el 28 de diciembre le reenvió un libro que el encargado del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid le había hecho llegar[52]. Se trataba del Manual del Guardia Civil, el cual todavía puede consultarse en la biblioteca de la GNR[53]. La elección de estas instituciones resulta harto significativa. Mientras que en la República francesa el estatuto castrense de la Gendarmerie Nationale era puesto crecientemente en entredicho, las gendarmerías española e italiana se hallaban inmersas en un proceso de progresiva militarización[54]. La denominación de la GNR, en cambio, parece que se tomó prestada de la Garde Republicaine, la rama de la gendarmería francesa que operaba en París[55]. La historiografía, no obstante, ha ofrecido otra explicación más doméstica al retrotraer su origen a la Guarda Nacional instituida en Portugal tras la revolución de 1820[56]. La renuncia a la marca «Guarda Civil» se debió seguramente al halo monárquico que envolvía a la gendarmería española y a las tensas relaciones diplomáticas que la República mantuvo con los Gobiernos de Alfonso XIII[57].
No hay evidencias de contactos con otras gendarmerías europeas o de la llegada de misiones que cooperasen en el esbozo y ensamblaje de la GNR. Sabemos que la Guardia Civil mandó una comisión, capitaneada por José Osuna, a Inglaterra, Alemania, Italia y Austria para que estudiara cómo funcionaban sus fuerzas gendármicas[58]. Sin embargo, no tenemos constancia de que Encarnação Ribeiro enviara al extranjero una delegación semejante ni de que recibiera a asesores de otras gendarmerías.
La Guarda Nacional Republicana terminó instaurándose por decreto el 3 de mayo de 1911[59]. Tanto esperaban las autoridades de ella que, en julio de 1913, esta disposición sería ratificada en sede parlamentaria como la ley número 1 de la República[60]. La exposición de motivos del decreto reiteraba los argumentos expuestos en la Câmara dos Deputados en tiempos monárquicos e incluía una vaga alusión a la existencia de cuerpos de policía rural en todas las «naciones cultas». El texto estimaba un contingente de 4991 efectivos, repartidos en seis batallones que parcelaban el espacio continental, dos compañías en los archipiélagos y un grupo con tres escuadrones en Lisboa. La Guarda Republicana quedaba extinguida y sus hombres ingresaban en el nuevo Cuerpo. El reciclaje de los ejes maestros de su normativa explica la subsistencia de muchos atributos de la Guarda Municipal, como el tutelaje ministerial —de Interior en tiempo de paz, de Guerra en coyunturas bélicas— o la sujeción al código castrense y las ordenanzas disciplinares del Ejército. La preeminencia competencial del primer Ministerio y sus representantes era la mayor disimilitud con la Guardia Civil. En Francia, el ministro de Guerra tenía más atribuciones sobre la Gendarmerie que sus colegas, pero la posición del prefecto como primera autoridad en la Administración periférica no era tan desafiada por los mandos militares como la de los gobernadores civiles españoles[61]. El vínculo de la Guarda con el Ejército contenía, además, un matiz inusual. La GNR no formaría parte del mismo, habida cuenta de las suspicacias que despertaba entre los republicanos, sino que sería «parte integrante de las fuerzas militares». La calculada ambigüedad de esta fórmula salvaguardaba su autonomía corporativa y hacía de dique de contención ante las presumibles injerencias del poder militar, manteniendo las ventajas de su naturaleza castrense en términos de obediencia y protección jurídica.
El decreto tenía un buen número de elementos en común con el proyecto del capitán Machado. Destacaban la supresión de los cuerpos distritales de la Polícia Cívica —pese a que no se implementó— y la relación de servicios, que concordaba con las obligaciones distintivas de las fuerzas gendármicas[62]. Entre otras, mantener el orden público y defender la propiedad; controlar pueblos, calles y caminos; conservar bosques y pastos; monitorizar el uso de armas y explosivos, y vigilar las líneas ferroviarias y telefónicas. A esto se sumaba la organización de una oficina afecta a la Comandancia General con tres secciones y un archivo, y la obligación del personal de «reengancharse» cada trienio, características que se contaban entre los atributos más reconocibles de la Guardia Civil[63]. El apabullante predominio cuantitativo de la infantería sobre la caballería desde su nacimiento era otra cualidad que distinguía a las gendarmerías ibéricas de la francesa[64].
El ordenamiento de la Guardia Civil española reverberaría con mayor intensidad en el Reglamento Provisional para el Servicio de la GNR, de 3 de junio de 1911[65]. Los ecos de la Cartilla saltan a la vista en los deberes de los guardias. Se les exigía usar modos corteses, una conducta ejemplar, actuar con prudencia o más enérgicamente cuando fuera menester, etc.[66] El número de paralelismos era aún mayor con el Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil[67]. Basta con detenerse en la subordinación al Ministerio del Interior en cuanto al servicio o en la obligación de la GNR de auxiliar a gobernadores civiles y autoridades judiciales. Estas similitudes se ponen más de manifiesto en la relación de misiones, que reforzaba una serie de facetas del día a día de los gendarmes que habían sido abordadas de manera superficial en el decreto. Nos referimos a las acciones de policía rural (prevención de talas ilegales y robos de cultivos y ganado), policía militar (arresto de desertores), control del tráfico (vigilancia de carruajes y automóviles) y asistencia humanitaria (auxilio en incendios, inundaciones…).
IV. EL ENSAMBLAJE DE LA GNR PIEZA A PIEZA[Subir]
El contingente de la Guarda creció a una velocidad formidable dadas las limitaciones estructurales y financieras del Estado luso. Entre 1913 y 1921, la plantilla aumentó de 5852 a 14 341 hombres, para luego decrecer hasta los 9787 en 1926[68]. Si lo cotejamos con la población de hecho (5 960 056 habitantes) y la superficie total (91 948,07 km2) de Portugal indicadas en el censo de 1911, en 1913 había un guardia por cada 15,71 km2 y 1018,46 ciudadanos[69]. El último año de la República ambas ratios habían descendido, con un promedio de un efectivo por cada 9,39 km2 y 616,43 almas[70]. El contingente de la Guardia Civil en aquel tiempo era mucho más voluminoso, lo cual no es de extrañar considerando los sesenta y siete años que separaban a ambas fuerzas. En 1910 y 1926, la Guardia Civil contaba con 20 831 y 27 442 hombres, respectivamente[71]. En términos relativos, empero, la lectura que se desprende de estos datos es bien distinta. Los guardias civiles siempre tocaron a una porción de terreno más extensa que sus colegas portugueses —24,25 km2 en 1910 y 18,41 km2 en 1926—. No obstante, si la Guardia Civil empezó teniendo una ratio demográfica inferior que la GNR, el paulatino despliegue de esta hizo que en 1926 se invirtieran las tornas y fuera la gendarmería española la que tuviera un promedio más elevado —de 957,75 a 818,26 almas por gendarme[72]—.
La marcada proyección urbana de la GNR demostraba que la razón esencial que había precipitado su organización, más que la necesidad de disponer de una policía rural, era la de contar con una fuerza leal al régimen republicano que protegiera los centros del poder político. Este es otro de los atributos que la particularizaban en el orden gendármico europeo. El Duque de Ahumada, sin ir más lejos, había insistido en que el espacio natural de la Guardia Civil era el campo, al margen de que Madrid fuera la ciudad con mayor concentración de efectivos y de que su seguridad fuera prioritaria en el sistema español de policía[73]. El despliegue de la corporación por otras urbes, con todo, no cesó de aumentar desde finales del siglo xix, sumándose a una tendencia en la que estaban embarcadas todas las gendarmerías europeas[74]. En el primer año de la GNR, casi la mitad de sus números operativos residían en Lisboa y Oporto[75]. Desde ambos enclaves, la fuerza fue abarcando todo el territorio continental en sucesivas fases, comenzando por los distritos que circundaban al capitalino o que se localizaban en la región alentejana, y terminando por aquellos otros situados en el centro y norte del país[76]. La institución no fue un cuerpo verdaderamente nacional hasta la reforma de 1922, a consecuencia de la cual más del 65 % de sus fuerzas quedaron distribuidas por los distritos rurales[77].
A semejanza de la red tentacular que había desplegado la Guardia Civil por toda la geografía española, la GNR fue ocupando el espacio luso, desde el centro hasta la periferia, observando dos lógicas de distribución distintas. Una reticular que fue penetrando en los ámbitos regional, distrital y municipal, y otra de carácter lineal que seguía el curso de las vías que vertebraban las redes ferroviaria y de carreteras[78]. Este esquema se estructuraba en cuatro escalones administrativos y de mando: batallones, compañías, secciones y puestos[79]. Pese a haber una coincidencia con el número de peldaños del primer dibujo de la Guardia Civil y con el nombre de algunas de sus unidades organizativas, el referente que más pesó, además del proyecto de Machado, fue la Guarda Fiscal, con cuya organización hay una concordancia numérica y terminológica plena[80]. La capilaridad del sistema de vigilancia, patrullaje y obtención de información descansaba sobre los puestos, pero su efectividad como unidades de control de desórdenes públicos estaba irremisiblemente comprometida por su frugal dotación humana y aislamiento geográfico. Sendos problemas eran contrarrestados mediante dos maniobras sobradamente conocidas en España: la concentración de guardias destinados en puestos próximos y el envío de contingentes de apoyo desde Lisboa y Oporto[81]. Como en España, las concentraciones podían ser solicitadas por los gobernadores civiles o ser dispuestas libremente por los comandantes de las diversas unidades territoriales de la GNR, puesto que la facultad de hacerlas efectivas recaía en última instancia en ellos[82].
El sistema de alistamiento de la GNR, como buena gendarmería, se alimentaba de la mano de obra que le suministraba el Ejército. La oficialidad era transferida en comisión de servicios y la tropa procedía de la recluta de las fuerzas armadas y la reserva[83]. La falta de candidatos que cumplieran los requisitos demandados obligó a flexibilizar los de edad y estatura[84]. La Guardia Civil había recurrido asimismo a la extracción forzosa de soldados y rebajado las tallas para completar su plantilla. La diferencia residía en que una parte de su oficialidad la nutrían suboficiales del Cuerpo. No obstante, aunque antes de la Restauración habían llegado a tener reservadas tres de cada cuatro vacantes, una serie de providencias publicadas con el cambio de siglo recortaron sus posibilidades de promoción en beneficio de los oficiales formados en las academias militares[85].
La baja tasa de alfabetización en Portugal se reflejó en los problemas de reclutamiento. Pese a que uno de los requisitos para ingresar en la GNR era saber leer y escribir, la incidencia del analfabetismo entre los reclutas representó un problema crónico, que de modo similar menoscabó las políticas de cooptación de la Guardia Civil. El adiestramiento profesional de los neófitos era confiado a los sargentos y cabos que comandaban los puestos, quienes les transmitían un saber de corte empírico que inferían del cumplimiento diario de sus quehaceres. Con carácter de prueba, en junio de 1913 se creó en la 2.ª Compañía del Batallón 2.º un depósito en el que recibirían instrucción las nuevas incorporaciones de los Batallones 1.º al 3.º, iniciativa que parecía inspirada en otro depósito semejante que la Guardia Civil había instalado en Madrid un año antes[86]. Esta experiencia, sin embargo, no logró cuajar en una institución consagrada a facilitar al personal una mínima cualificación técnica —habría que esperar hasta 1941 a que se organizara en el Cuartel dos Paulistas el Centro de Instrucción[87]—. En cuanto al contenido de la formación, como en España, la nota dominante era la preponderancia de las materias militares sobre las policiales. El currículo de los oficiales solo contemplaba el aprendizaje de los reglamentos y códigos del Ejército, mientras que el del resto de la platilla únicamente tenía un módulo dedicado a servicios de índole policiaca[88].
La ruptura representada por la aparición de un cuerpo policial efectivamente nacional no se vio correspondida con una mutación equiparable en la gestión de los conflictos. Los guardias continuaron aplicando las ordenanzas tácticas del Ejército e idéntico arsenal: los de infantería portaban fusiles y bayonetas; los de caballería, sables y carabinas[89]. El reglamento de la GNR prescribía con manifiesta imprecisión una actuación escalonada. El jefe de la fuerza intentaría persuadir a los amotinados de que se disgregaran; luego ordenaría dar tres toques convenientemente espaciados de corneta o clarín; al final, si todavía persistían en su actitud, mandaría hacer uso de la fuerza, priorizando el arma blanca y dejando las de fuego para casos extremos[90].
La posibilidad de organizar una fuerza móvil especializada en misiones antidisturbios y pertrechada con medios no letales de actuación, como haría el Ejecutivo francés con la Garde Républicaine Mobile, nunca fue una opción, como tampoco lo fue en España[91]. A fin de que sus actuaciones no concluyeran con un baño de sangre, los guardias aplicaban un acervo práctico de naturaleza incruenta, común a todas las gendarmerías europeas, que descansaba en el empleo no reglamentario de sus armas de guerra. Prácticas como los planchazos con el sable, los culatazos de fusil o los disparos al aire lograban precipitar la huida de los manifestantes sin infligirles heridas severas ni arrebatarles la vida. Estas técnicas no constaban en códigos ni ordenanzas, pero estaban arraigadas en el saber de oficio de los gendarmes[92]. En Portugal, el último gabinete monárquico de António Teixeira de Sousa había fijado legalmente su uso, pero sus sucesores republicanos se desentendieron de dicha normativa. Sea como fuere, la implementación de estas técnicas no contrarrestó los terribles efectos de la inadecuación de la doctrina de intervención de la gendarmería a las protestas urbanas. De igual modo que los Gobiernos de Alfonso XIII, los mandatarios portugueses respondieron al incremento de la movilización colectiva y la agitación huelguística militarizando los protocolos y principios operativos de la GNR. Como resultado, sus actuaciones dejaron un creciente saldo de víctimas, coadyuvando así a agravar, más que a solucionar, la crisis del orden público[93]. Esta circunstancia, sumada a la reiterativa interrupción de las garantías constitucionales por parte de los dirigentes republicanos, han sido esgrimidas por Diego Palacios para lanzar dos hipótesis. La primera, que las políticas policiales republicanas representaron una regresión respecto a las monárquicas. La segunda, que la militarización del repertorio coercitivo de la GNR y la injerencia de la justicia castrense en causas por delitos de orden público evidencian una convergencia con el modelo de seguridad de la Restauración española[94].
V. EL BRAZO ARMADO DE LA REVOLUCIÓN[Subir]
El éxito del golpe del 5 de diciembre de 1917 abrió la puerta a la instauración de un Gobierno autoritario bajo la férula de Sidónio Pais, quien llevó a efecto una profunda reestructuración policial. Por una parte, fue creada la Polícia Preventiva, consagrada a la monitorización y persecución de las asociaciones político-sociales opuestas al sidonismo. Por otra, se instauró la Direção Geral da Segurança Pública, que centralizaría la información y coordinaría los servicios policiacos en toda la nación[95]. Este departamento tenía un claro antecedente en la Dirección General de Seguridad que funcionaba en España desde 1912[96]. Había, no obstante, otra institución extranjera, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, cuyo nombre era una traducción literal del de la dirección portuguesa y que, además, precedía cronológicamente a la española.
El asesinato del dictador, el 14 de diciembre de 1918, puso punto final a la «República Nova». La restitución de la monarquía en el norte dio pie al despiece de la GNR —fue refundada en el territorio sublevado como Guarda Nacional y el Batallón n.º 5 se convirtió en la Guarda Real do Porto— y a una guerra que se resolvió en apenas semanas con la victoria del ejército gubernamental, que contó con unidades de la GNR[97]. Restablecida la «República Velha», los prohombres del Partido Democrático retomaron las riendas del Consejo de Ministros y deshicieron las reformas sidonistas. En la policía, se dictaminó la disolución y reconstitución de algunos de los nuevos cuerpos, empezando por la Polícia Preventiva, y se acometió otro proceso de depuración interna[98].
La reorganización que tuvo mayor relevancia por el calado de sus disposiciones, pero sobre todo por sus consecuencias, fue la de la GNR. El gabinete de Domingos Leite Pereira fue responsable de los dos decretos que, el 10 de mayo de 1919, la reformaban de arriba abajo[99]. Su propósito, anticipado en el preámbulo del primero, era proporcionarle la capacidad bélica indispensable para que plantara cara a levantamientos armados dirigidos a destruir la República. Así, además de una compañía de telegrafistas, se constituyeron un grupo de tres baterías de artillería y un batallón de ametralladoras pesadas. Este arsenal contrastaba con el armamento ligero utilizado habitualmente por otras gendarmerías, entre ellas la Guardia Civil. Y es que, aunque ha llegado a describirse como un «Ejército paralelo», lo cierto es que la gendarmería española no adquirió ametralladoras de este calibre hasta bien entrada la Segunda República[100].
El contingente se incrementaba hasta los 18 956 hombres, a distribuir entre doce batallones, cinco grupos de caballería, cuatro compañías mixtas y las unidades arriba mencionadas. La acusada asimetría que caracterizaba a su instalación sobre el terreno, lejos de corregirse, se agudizó más todavía. La Guarda asumió un mayor protagonismo en el mantenimiento del orden público en Lisboa al concentrar el 56 % de su personal operativo en su demarcación[101]. Este despliegue suplementario se llevó a cabo a expensas del Ejército, que vio cómo disminuían las fuerzas que poseía en la capital, hasta el punto de que algunos acuartelamientos suyos se transfirieron a la GNR.
También se modificó el mecanismo de designación de la oficialidad con intención de establecer un filtro que previniera la entrada de militares monárquicos. Los candidatos debían declarar su comunión con el credo republicano y su conducta durante los tres años previos sería minuciosamente investigada. Además, se adoptaron providencias que facilitaban el enrolamiento de los oficiales y voluntarios que habían servido durante la Gran Guerra y en la reciente conflagración civil, cuya incorporación redundó en la militarización de la cultura corporativa y los procedimientos de actuación de la GNR[102]. Una última modificación en el proceso selectivo de la oficialidad tornó decisivo el criterio del comandante general, quien departiría directamente con el ministro de Guerra y solo tendría obligación de informar al titular de Interior a posteriori. Este incremento en sus competencias tuvo como corolario una ampliación funcional y física de la Comandancia General. Con un plantel de 478 efectivos, su organigrama burocrático pasaba a estar compuesto por siete reparticiones, una sección de pensionistas y un archivo.
La potenciación del perfil político de la GNR maximizó la politización de sus hombres, lo que enmarañó la cadena de mando y carcomió su obediencia al poder constituido. Autoinvestida como guardia pretoriana del régimen, la gendarmería se encumbró como un contrapoder que determinó la continuidad o caída de los Gobiernos que se sucedieron. En principio, lo hizo negándose a intervenir durante las manifestaciones de signo radical encaminadas a impedir la investidura de gabinetes más centrados. En noviembre de 1920, la inestabilidad gubernativa llegó a tales extremos que el jefe del Estado, el exministro Almeida, ofreció formar gabinete al teniente coronel Liberato Pinto, jefe del Estado Mayor de la GNR. Pinto se había erigido en primera autoridad del Cuerpo, usurpando el lugar y los poderes del comandante general. Durante su mandato, muchos jefes territoriales de la gendarmería alcanzaron cotas desconocidas de poder al asumir la gestión de los Gobiernos Civiles y las Administraciones municipales[103]. Su temprana defenestración condujo a numerosos oficiales a abandonar el pronunciamiento pasivo y abrazar la insurrección armada. Tras una primera asonada inocua en mayo de 1921, muchos de ellos se vieron involucrados en un movimiento acontecido el 19 de octubre. Durante la infausta Noite Sangrenta perdieron la vida, entre otros, el primer ministro, António Granjo, Machado Santos y el exministro José Carlos da Maia[104].
La conversión de la GNR en una máquina de guerra que rivalizara con el Ejército respondía al proyecto autoritario de una corriente radical del republicanismo portugués, que preconizaba la creación de un Estado fuerte con capacidad para mantener el orden e implementar las transformaciones necesarias para republicanizar la sociedad[105]. Esta reestructuración representó el momento de máximo alejamiento del patrón gendármico y, por tanto, del formato organizativo de la Guardia Civil. Las disimilitudes entre ambas gendarmerías son especialmente palpables si comparamos su agencia política. Hay un paralelismo entre la identificación de la Guardia Civil con la monarquía y su vinculación inicial con el Partido Moderado, y la relación de la GNR con el régimen republicano y el Partido Democrático. También es verdad que la soberanía burocrática de la Dirección General, acrecentada gracias al nebuloso espacio que ocupaba entre los ministerios de Guerra y Gobernación, había sido aprovechada por sus titulares para erigirse en un poder dentro del Estado[106]. La Guardia Civil, no obstante, nunca había sido tan determinante en la política nacional como la GNR ni había desempeñado un papel tan subversivo. Sus directores generales no ejercían normalmente responsabilidades ministeriales y la única protesta corporativa que suscitó adhesiones entre sus hombres fue el movimiento juntero, aunque su implicación se ciñó a algunas muestras aisladas de desobediencia[107].
La trayectoria de la Guardia Civil estos años, sin embargo, impele a matizar este distanciamiento al haber algunas concomitancias con la evolución de la GNR. Al año siguiente, las atribuciones y dependencias de la Dirección General fueron asimismo ampliadas[108]. El incremento de la independencia y las funciones del mando operativo en sendas gendarmerías ibéricas no tuvo paragón en la subdirección de la Dirección de la Caballería que, desde el Ministerio de Guerra, administraba la Gendarmería francesa[109]. De hecho, los gobernantes de la Tercera República restringieron al máximo su autonomía precisamente para impedir que actuara como un contrapoder.
La coincidencia más significativa, no obstante, fue el Reglamento para el Servicio Rural, publicado el 20 de septiembre de 1920 en el Diário do Govêrno[110]. Su principal adalid no fue otro que el comandante general, el general Pedroso de Lima, quien hizo valer su designación como ministro del Interior[111]. Este código, como señalaría años después O Soldado, la revista corporativa de la GNR publicada en el salazarismo, debía mucho a la Cartilla del Guardia Civil[112]. El capítulo de las obligaciones generales incluye multitud de alusiones. El guardia tendría «como divisa el honor personal», se mostraría siempre «sereno en el peligro», y sus «primeras armas» serían «la persuasión y la fuerza moral»[113]. Las analogías con otros documentos del Instituto son igualmente perceptibles. En los artículos 32.º y 220.º, que subrayan el margen discrecional de los comandantes en la ejecución del servicio, reproduciendo la esencia del artículo 53.º del Reglamento para el Servicio de 1852; en el desglose de las competencias de policía rural, que incorpora varias misiones consignadas en los artículos añadidos a dicho reglamento y a la Cartilla en 1876; en la clasificación de los servicios entre «ordinarios» y «extraordinarios»; en la prohibición de los guardias de trabajar en puestos en cuya demarcación tuvieran familiares con propiedades, o en los tiempos y rutas del servicio de patrulhas (correrías)[114].
VI. UN MODELO GENDÁRMICO A LA EUROPEA[Subir]
La implicación de algunos hombres de la GNR en la Noite Sangrenta cargó de razones a quienes, desde posiciones de gobierno, apostaban por una reforma que rectificara la reorganización de 1919. Sus ejes cardinales de actuación eran disgregar su capacidad militar, moderar el desmesurado tamaño de su contingente y practicar una «pequeña cirugía» que purgara a los cuadros colocados por Liberato Pinto en razón de sus convicciones democráticas. Con objeto de disuadir a los oficiales «octubristas» de nuevas asonadas, se desplegaron unidades del Ejército en la periferia de la capital. Con el «cerco de Lisboa» el Ejecutivo esperaba ganar tiempo suficiente para que una comisión, constituida en enero de 1922, esbozara los pilares de la futura GNR. Exasperado con la lentitud de sus integrantes, el presidente António María da Silva terminó ordenando que las tropas marcharan sobre la ciudad y desarmaran a las fuerzas de la gendarmería[115].
El decreto 8064 que reestructuraba la GNR fue sancionado el 13 de marzo de 1922[116]. La parte dispositiva suprimía el batallón de artillería y reducía el de ametralladoras a tres secciones repartidas entre los dos batallones de Lisboa y el de Oporto. El contingente estimado descendía hasta los 12 205 hombres, distribuidos entre un regimiento de caballería con cinco escuadrones, dos batallones de infantería con seis compañías, seis batallones mixtos, una sección de transportes y la Comandancia General. Las oficinas de esta se simplificaban y su plantilla perdía 123 funcionarios; además, la Jefatura del Estado Mayor era eliminada[117]. Por añadidura, el despliegue de la gendarmería en la capital padecía un significativo retroceso. Los más de once mil efectivos previstos en 1919 para el distrito lisboeta quedaban en menos de cuatro mil[118].
El moderado empequeñecimiento de la Comandancia General, orientado a contraer su margen de autonomía para impedir que interviniera en la arena política, se completaba con una modificación de su encuadre ministerial. El titular de Interior recuperaba su rol de intermediario en el sistema de selección de la oficialidad entre el comandante general y el ministro de Guerra, que era el gran beneficiado. En lo venidero, la GNR acataría sus mandatos en caso de guerra, pero también cuando se declarara el estado de sitio o se suspendieran las garantías constitucionales. El acercamiento a la Administración castrense implícito en esta disposición se adelantaba en el preámbulo, que indicaba que, aun siendo un «organismo militar aparte», la Guarda constituía una «prolongación del ejército», cuyo uso policiaco era retomado para cuando se impusiera la utilización de armamento pesado[119]. La desmilitarización de su arsenal, pues, no supuso la desmilitarización de la gendarmería en su totalidad, sino que abrió camino a un avance del poder militar sobre el sistema policial mediante la potenciación de las competencias del Ministerio de Guerra y la recuperación del Ejército como fuerza supletoria de seguridad. Este alejamiento de la GNR respecto a la burocracia civil se agrandaría en los años siguientes a resultas de la designación en diversas ocasiones del comandante general Ernesto Vieira da Rocha al frente de la cartera de Guerra[120].
El refuerzo competencial del Ministerio de Guerra, la extirpación de la bicefalia, la mayor presencia en los distritos rurales y el estrechamiento de los lazos con el Ejército pintaban un retrato más parecido al de la Guardia Civil. Desde la crisis de 1917, y especialmente tras la instauración del Directorio Militar, la deriva militarizadora de la Administración española de seguridad iniciada a comienzos de la Restauración aceleró su velocidad, arrastrando a nuevos actores y organizaciones. Ello se hizo patente en el emplazamiento de militares en cargos gubernativos de máxima responsabilidad y en la militarización parcial del régimen jurídico y disciplinario del Cuerpo de Seguridad[121]. La Guardia Civil, significativamente, no padeció reformas de envergadura y adquirió un poder omnímodo en el aparato policial gracias al nombramiento de sus cuadros en los puestos de mayor jerarquía[122]. No obstante, una diferencia apreciable con la gendarmería lusa fue que la española se benefició de sucesivos incrementos de personal —entre 1919 y 1922, engrosó su efectivo en seis mil hombres[123]—. La GNR, por contra, sufrió diversas reducciones de plantilla espaciadas entre 1924 y 1926, la última a solo unas semanas del golpe militar de 28 de mayo que hirió de muerte a la Primera República[124].
La reducción del potencial bélico de la GNR supuso la recuperación de una noción más ortodoxa de gendarmería, acorde con la que regía en la mayoría de países europeos. Ello se reflejó en la Câmara dos Deputados, donde los parlamentarios volvieron a valerse de formatos foráneos con intención de presionar al Gobierno para que profundizara en la política de recortes inaugurada con el decreto 8064. El 8 de junio de 1922, el extitular de Justicia, Raul Lelo Portela, criticaba la organización «verdaderamente lujosa» de la Comandancia General y proponía, siguiendo el ejemplo de la Gendarmería gala, que quedara subsumida en el Ministerio de Guerra y viera reducidos sus negociados. En la misma sesión, Tôrres Garcia afirmó que ellos, que siempre estaban prestos «a copiar todo lo que allá fuera» se hacía, no debían demorarse en importar el sistema instituido en Francia, donde los oficiales transferidos del Ejército debían superar un curso de especialización antes de ingresar en la Gendarmería[125]. Un año después, el mismo diputado reclamaba la creación «a la española» del cargo de segundo comandante de caballería; ese mismo mes, su propuesta era aprobada por ley y extendida a los batallones de infantería[126]. Para terminar, en marzo de 1926, António Maria da Silva, replicando a las críticas que se vertían contra la GNR, aducía —sin demasiado conocimiento de causa— que en España y Francia la sociedad al completo respetaba a la institución gendármica[127].
La reforma de 1922 marca el punto de máxima incidencia de las formas gendármicas francesa y española. Así lo demuestran diferentes fuentes de ambos países ibéricos. El preámbulo del decreto justificaba el retorno del Ejército en su papel como baluarte del orden público argumentando que en España y Francia, como en Inglaterra, tanto la Guardia Civil como la Garde Republicaine eran respaldadas por soldados cuando era menester. El Anuário da GNR de 1923 dejó escrito, asimismo, que si la GNR mantenía aquel rumbo, tarde o temprano lograría equipararse a la gendarmería francesa o a la española, que era «el fin que se pretende alcanzar»[128]. Algo semejante afirmaba el teniente coronel Júlio Tomás Rodrigues de Sá en su Código Policial e Rural. En su entrada sobre la «Polícia Rural», mencionaba como «países civilizados» cuya organización policial era más conocida en Portugal a Francia, Bélgica y España. En el párrafo que dedicaba a la Guardia Civil, Rodrigues de Sá enaltecía su «ejemplar disciplina, proverbial cordura y urbanidad, y notable energía en los casos que la hacen indispensable»[129]. La Revista Técnica de la Guardia Civil, para acabar, publicó en dos entregas una versión traducida del decreto, adjuntando un sucinto, pero revelador comentario. Su autor, José Gutiérrez Vecilla, aseguraba sin titubeos que la misión de la GNR era «idéntica a la de la Guardia Civil», que los portugueses habían «tomado como modelo los Reglamentos del Cuerpo» y que aquella reforma estaba «inspiraba en los sabios principios de nuestra Cartilla»[130].
La doctrina y los protocolos de intervención con ocasión de conflictos sociales apenas se vieron alterados. La única innovación que aportaron los reglamentos de los años veinte fue una mayor preocupación por el empleo proporcionado de la coerción en función de la agresividad de las protestas y por instituir cierta fiscalización interna del ejercicio de la violencia. El de 1920 prescribía que, antes de echar mano del armamento, debían realizarse tres avisos con una corneta, un clarín o —aquí viene la novedad— un silbato. Si los amotinados no se desperdigaban, primero se efectuarían evoluciones de caballería; después, si los guardias eran agredidos o insultados, recurrirían a cargas de espada o bayoneta, reservando los disparos para situaciones límite. Tanto el uso preferente del arma blanca como el de emergencia del arma de fuego estarían supeditados a una orden del comandante[131]. Estas instrucciones se transcribieron tal cual en el reglamento de 1925 con la única variación de que, si se empleaban «medios enérgicos», los oficiales entregarían, de ser posible, un relato testimoniado de los hechos[132].
Las técnicas y maniobras consistentes en el uso no letal del armamento castrense siguieron sin oficializarse, pero se publicaron algunos manuales que hicieron alusión a ellas con el propósito de revertir los efectos de la asimilación del repertorio operativo inherente al arsenal de combate adquirido en 1919. El Manual de Baioneta e Granadas, aprobado en 1924, contemplaba el recurso al culatazo en luchas cuerpo a cuerpo si se rompía la bayoneta. El Código Policial e Rural afirmaba que ante agresiones desarmadas el guardia debía limitarse a dar empujones con el fusil. Una vez efectuados los toques de atención, y si no había disparos en contra, Rodrigues de Sá prescribía el empleo inicial de cartuchos de salva. Sus instrucciones cobraban significado en un compendio de principios que buscaba producir el mínimo daño entre la multitud. Explicaba el teniente coronel que el ejercicio de la fuerza requería la «mayor ponderación», e insistía en que debía existir una «racional proporción» entre la agresión de los amotinados y la respuesta de los guardias. Siendo imposible determinar la cantidad de violencia necesaria en cada caso, proponía un límite orientativo que sintetizaba con el aforismo «que baste y no sobre» para restablecer el orden. Sin embargo, la inercia de los rigurosos métodos que venía empleando la GNR y el impacto de varios atentados mortales perpetrados por una facción radicalizada del elemento obrero, la Legião Vermelha, entorpecieron la puesta en práctica de este corpus doctrinal[133].
VII. CONCLUSIÓN[Subir]
El modelo gendármico español constituyó un referente fundamental de las élites políticas y militares que diseñaron la GNR. El tipo ideal encarnado por la Guardia Civil hubo de competir con otros modelos y formas organizativas de procedencia doméstica y foránea. La apropiación del formato español por parte de las autoridades lusas tuvo un carácter selectivo y estratégico. Los gobernantes escogieron y acentuaron algunos de sus atributos, y soslayaron y revisaron otros. El resultado obedeció a los constreñimientos y prioridades impuestos por el contexto político y las relaciones de poder de la Primera República. La GNR nació de una confluencia de intereses entre el Gobierno central, dominado por el Partido Democrático, que precisaba una burocracia policial que posibilitara la penetración de la Administración en todo el país, y las élites rurales, que anhelaban una fuerza que protegiera sus propiedades y atajara la movilización huelguística.
La incidencia del modelo gendármico español sobre los discursos y políticas de los responsables gubernativos describió un movimiento pendular. En época monárquica, la Guardia Civil era el arquetipo extranjero por excelencia, tal y como reflejan los proyectos de Guarda Civil y numerosas intervenciones parlamentarias. Proclamada la República, el patrón organizativo español perdió visibilidad, aunque ciertos documentos muestran que fue tenido en cuenta por la comisión que planificó la GNR. La reforma de 1919, encaminada a reconvertir esta fuerza en un segundo ejército, representó el punto de mayor alejamiento del prototipo de la Guardia Civil. En contraste, la reestructuración de 1922 fue el momento de máxima irradiación de los referentes francés y español, circunstancia que quedó patente en numerosas fuentes, pero también en la pendiente militarizadora que describió la trayectoria de ambas gendarmerías ibéricas.
El análisis comparado de la GNR y la Guardia Civil muestra ante todo la naturaleza singular de ambas instituciones. Las divergencias más relevantes que distanciaban a la gendarmería lusa de la española se inscribían en los esquemas organizativos de 1911 y 1919, y algunas de ellas desaparecieron en la reforma de 1922. A saber, la preeminencia funcional del Ministerio del Interior y la independencia de la GNR respecto al Ejército, su proyección prioritaria en espacios urbanos, la adquisición de armamento pesado y una cultura pretoriana que, en el caso de la Guardia Civil, afloraría en los años treinta. Estas diferencias, no obstante, convivían con ciertas cualidades comunes que contrastaban con las características de la Gendarmerie Nationale: la autonomía de sus órganos directivos, el mantenimiento en exclusiva del corpus táctico y el arsenal del Ejército, la desmesurada extensión del fuero castrense, la preponderancia inicial de la infantería sobre la caballería y la ausencia de una rama que sirviera únicamente en la capital. Dichas concomitancias hacen posible delinear un modelo gendármico ibérico, comprendido como una variante peculiar de la idea tipo de gendarmería construida a partir de la matriz francesa.
La reinvención de la forma gendármica española en Portugal se llevó a cabo mediante determinadas operaciones discusivas orientadas a darle un nuevo contenido semántico para ensanchar su legitimidad como referencia institucional y acomodarla a los intereses de las élites republicanas y las necesidades policiales del país. Para comenzar, se asoció al modelo un retrato idealizado de la Guardia Civil que resaltaba su eficacia en la lucha contra la delincuencia rural, su trato cortés y ponderado, y su prestigio social. Además, se le dotó de la elasticidad necesaria para que funcionara como referente de reformas, discursos y proyectos muy diversos. El arquetipo gendármico español, igualmente, fue republicanizado a fin de facilitar su identificación con el régimen vigente, eliminándose su distintivo ethos monárquico. Asimismo, se acentuaron sus cualidades más castrenses para adecuarlo a la agenda de los gobiernos republicanos en materia de seguridad, de manera coherente con la evolución de la Guardia Civil en la Restauración.
No obstante, el mecanismo retórico que más valorizó el formato gendármico español fue su contraposición con otro modelo doméstico cuya puesta en práctica dejó funestas consecuencias. El encumbramiento de la GNR entre 1919 y 1922 como un contrapoder revolucionario a resultas de la materialización del ideal gendármico del republicanismo radical condujo a los dirigentes portugueses a decantarse por un modelo más cercano al de España o Francia. De este modo, las deficiencias y los efectos no deseados de un modelo nacional de nueva creación estimularon la búsqueda de patrones extranjeros más reconocidos, propiciando que la GNR adoptara unas pautas organizativas similares a las de la Guardia Civil española. A la postre, el caso de la GNR valida la hipótesis clásica del isomorfismo institucional. Si bien en la segunda mitad del siglo xix Portugal fue una excepción —una Administración de tipo napoleónico sin gendarmería— y durante la República ensayó soluciones institucionales novedosas, el manejo de sucesivas crisis propició una regresión hacia la convergencia del modelo policial luso con los modelos duales imperantes en la Europa continental.