«BUENAS TONTERÍAS DICEN LOS QUE ESTUDIAN». LAS CONFERENCIAS EN LA LEY DE ENSEÑANZA AGRÍCOLA DE 1876 COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN RURAL

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

La frase «buenas tonterías dicen los que estudian», recogida en mayo de 1877 por un madrileño anónimo de entre sus vecinos, resume la distancia a la que se encuentra el conocimiento científico del grueso de la población a finales del siglo xix.^[1] No es la única de las sentencias que se debían de escuchar por entonces en el espacio rural ante la amplia variedad de innovaciones técnicas que comenzaban a divulgarse por el territorio español.

Ante el conocimiento científico de una generación de modernos ingenieros agrónomos y estudiosos de la materia, las generaciones anteriores imponían la tradición. Era un debate compartido en todo el espacio occidental: frente a la innovación, la costumbre.^[3] Y es precisamente para paliar este desconocimiento por lo que se impone la necesidad de llevar a cabo una labor de instrucción agrícola en profundidad. Una idea que encajó en el programa de modernidad que la Restauración borbónica hacía suyo a partir de la experiencia previa de otros países europeos.^[4]

Ciertamente, cuando en enero de 1875 Alfonso de Borbón regresó a España para proclamarse rey ante las Cortes se encontró con un país en serias dificultades —institucionales, políticas y sociales—^[5], aunque con perspectivas alentadoras en cuestiones económicas. Los cambios introducidos en política económica durante el Sexenio democrático comenzaban a asentarse^[6] a la par que el proceso industrializador a consolidarse.^[7] Sin embargo, el sector primario se encontraba en una situación compleja. Los aspectos más negativos de la llamada «crisis agraria finisecular»^[8] se empezaban a percibir en gran parte de las producciones agrarias. La reducción de las exportaciones, la caída de los precios y la paralización de la etapa de crecimiento previa son fenómenos que se observan en ese momento histórico en el agro español y europeo,^[9] y que debían ser inmediatamente atajados. En este contexto, y con un nuevo monarca (formado, liberal y constitucional)^[10], se presenta un amplio y ambicioso conjunto de políticas públicas para tratar de cambiar las dinámicas establecidas en el sector agrario y avanzar en su modernización. Para ello, se siguen los ejemplos que se estaban desarrollando en otros países europeos en los que, tras la aparición de diversas innovaciones^[11], surgen en la segunda mitad del xix iniciativas destinadas a la formación agraria.^[12] De este modo, será la Ley de Enseñanza Agrícola del 1 de agosto la que, a través de diversas propuestas específicas, trate de avanzar en un corto plazo de tiempo en el proceso modernizador del agro español.

Esta ley ha sido analizada parcialmente desde la historiografía; por ejemplo, Fernández Clemente y Gabriel han analizado la evolución de la enseñanza de la agricultura en la España del siglo xix.^[13] Por su parte, Cartañà y Piñén ha estudiado la implantación y evolución de las granjas-modelo experimentales y estaciones agronómicas desarrolladas en el marco de esta ley.^[14] Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado un análisis global de otra de sus principales medidas, por la cual se establecía el desarrollo de un programa de conferencias agrícolas dominicales en todas las capitales y pueblos del país.^[15] Este artículo trata, por tanto, de aportar información novedosa sobre su proceso de organización, las problemáticas existentes y los resultados obtenidos de esta singular iniciativa.

Para poder abordar el objeto de estudio ha sido necesario analizar diversas fuentes históricas. En concreto, se ha consultado la información existente en el archivo histórico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA); el Diario de Sesiones de las Cortes; múltiples cabeceras de prensa; los respectivos boletines oficiales provinciales, y la Gaceta de Madrid. Esta labor de acopio ha posibilitado la creación de una base de datos donde se recoge la información sobre las conferencias agrícolas identificadas nacidas al amparo de la Ley.

II. LA LEY DE ENSEÑANZA AGRÍCOLA[Subir]

El 3 de agosto de 1876 se publicó en la Gaceta de Madrid la Ley de Enseñanza Agrícola del 1 de agosto. Esta ley desarrolla en catorce puntos un amplio conjunto de acciones destinadas a proporcionar conocimientos teóricos y prácticos a todos los sectores y estratos de la sociedad decimonónica española, desde la infancia hasta agricultores experimentados, desde las áreas rurales hasta las urbanas.

La consecución de este objetivo se articula en torno a cuatro ejes vehiculares: incrementar la presencia de contenido agrícola en la enseñanza primaria y secundaria; reorganizar la educación superior (arts. 1.º-5.º); fomentar el establecimiento de organismos de estudio y enseñanza práctica mediante granjas-modelo experimentales y estaciones agronómicas (arts. 6.º y 7.º); desarrollar un programa de conferencias agrícolas dominicales en todas las capitales y pueblos del estado (arts. 8.º y 9.º), e impulsar la difusión del resultado de las conferencias, innovaciones tecnológicas o eventos del ramo mediante la publicación de un periódico a instancias del Ministerio de Fomento y la constitución de una biblioteca agrícola (arts. 10.º-13.º).

La prometedora Ley se había gestado en los meses anteriores, impulsada por el diputado Lino Peñuelas. En la sesión del 19 de abril, el diputado Javier de Palacios expuso en ponencia parlamentaria las necesidades de aunar conocimientos agrícolas y educación científica en el contexto de la crisis agraria finisecular. Peñuelas mostró personalmente su apoyo a la proposición de ley, apuntalando la propuesta al añadir que «en ninguna industria se nota la falta de conexión entre el teórico y el práctico como en la agricultura [...]. El agricultor tiene aprendido y considera como verdades inconcusas algunas cosas que son absolutamente falsas [...] y esto lo ha aprendido [...] de sus padres».^[16] Peñuelas insistía en la necesidad de dar una base científica al conocimiento agronómico del conjunto de la sociedad agrícola española.^[17]

El ministro de Fomento, Francisco Queipo de Llano, contestó que la proposición se tomaría en consideración siempre y cuando que, dado el condicionamiento económico a la que estaba asociada, se constituyese una comisión que la meditase detenidamente.^[18] Peñuelas, al observar cierta aquiescencia en el ministro al pedir al resto de diputados que tomasen la propuesta en consideración «[puesto] que tiende a traer a nuestro país beneficiosos resultados»,^[19] agradeció la concesión y, dando ya por hecho la constitución de la comisión que el presidente del Congreso, José Posada Herrera, estaba a punto de nombrar, expresó que sería en esta donde «explanaría su pensamiento».^[20]

Tres meses después, el 7 de julio, nuevamente Javier de Palacios realizó en el Congreso la exposición de motivos para someterla a su deliberación.^[21] La necesidad de implementar una ley de enseñanza agrícola de estas características se justificaba por dos vías: de un lado «indicar un medio sencillo, fácil, práctico, eficaz, para acudir en ayuda de la clase agricultora»; de otro, impulsar el conocimiento científico en el ámbito rural puesto que «el siglo xix es el siglo de la industria y de la agricultura; la industria data de algunos años; la agricultura, como ciencia de algunos días».^[22]

Los ponentes de la Ley son conscientes de que solo la enseñanza agrícola puede reducir el atraso en el que se encuentra la agricultura española frente a la de países vecinos. Y es precisamente de esta premisa de la que parte esta ley, la de mirar hacia Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido o Prusia,^[23] e imitar sus iniciativas en materia de enseñanza agrícola: introduciendo dicha instrucción desde los grados educativos inferiores o estableciendo escuelas rurales, granjas-modelo, granjas experimentales y estaciones agronómicas.^[24] Así se expuso ante las Cortes con el argumento central de repetir los éxitos habidos en el extranjero. Una dinámica que, por otro lado, se constata como habitual a la hora de desarrollar las políticas públicas agrarias durante el siglo xix.

La exposición de motivos cumplió los efectos deseados y, una vez promulgada la Ley, Francisco Queipo de Llano y José María Cárdenas, director general de Agricultura, Industria y Comercio, procuraron las disposiciones oportunas para que pocos días después, el 16 de agosto, el rey Alfonso XII pudiera rubricar cuatro reales órdenes que dieran cumplimiento a la Ley con efecto inmediato.

En definitiva, la Ley, en relación con los arts. 8.º y 9.º, pretendía que todos los domingos se ofreciera una conferencia en cada uno de los 9315 ayuntamientos en los que se administraba el territorio español en 1877.^[25] Unas cifras que ascendían, potencialmente, a la celebración de un total de 484 380 conferencias al año. Una misión que se presentaba arduo complicada.

De hecho, a pesar del alto coste del resto de iniciativas programadas —formación de maestros, construcción de instalaciones agrícolas, etc.— y del carácter de urgencia que invadía la Ley en su totalidad, fue el desarrollo de las conferencias agrícolas la acción que más inseguridades generó. De hecho, el órgano de difusión impulsado por la Ley —la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento—^[26] indica que «seguramente al aceptarl[a]s [conferencias] la comisión no hubo completa persuasión de una eficacia inmediata; pero se juzgó que, con recursos suficientes, podrían ser de gran utilidad en lo porvenir; por lo que se estimó unánimemente consignar tal principio en ley».^[27] Las dudas venían derivadas de la propia gestión de los actos y del escepticismo sobre la eficacia que las estas podrían tener. Con todo, el objetivo final justificaba los medios. En España, según el censo de población de 1877, el 75,49 % de la población era analfabeta.^[28] Además, si tenemos en cuenta que el grueso de la población española (85,7 %) tenía su lugar de residencia en el espacio rural,^[29] no es de extrañar que la decisión última del Gobierno fuera la de impulsar una política pública que implicaba una enseñanza agrícola en las áreas rurales a través de la oralidad.

Así, con dudas y con muchos esfuerzos, como se verá, esta iniciativa se mantuvo vigente de forma general desde el otoño de 1876 hasta junio de 1880. A partir de ese momento apenas consiguió sobrevivir durante algún año más en lugares como Madrid o, especialmente, Guipúzcoa.

Sin embargo, a pesar de la corta duración de la experiencia, el cumplimiento del articulado supuso la realización de un importante número de actividades. En este sentido, el trabajo de recopilación permite constatar que, al amparo de la Ley de Enseñanza Agrícola del 1 de agosto, cuando menos se organizaron 10 033 conferencias, tal y como nos muestra la tabla 1, de las cuales, en torno a una cuarta parte se suspendieron debido a diferentes motivos que se analizarán posteriormente.^[30]

La confianza en la realización de conferencias agrícolas para incrementar el nivel de conocimiento de las personas agricultoras y favorecer la difusión de las innovaciones tecnológicas y de manejo ya se constata previamente a la aprobación de la Ley. Incluso a nivel legislativo, una década antes, el Reglamento para la ejecución de la Ley de 11 de julio de 1866 sobre organización de la enseñanza agrícola establece que la enseñanza especial se dará, entre otros modelos, mediante conferencias agrícolas, indicando que serán temporales y consistirán en una serie de lecciones sobre los objetos del cultivo que más interesen a la localidad donde se impartan.^[31]

En este mismo sentido, con anterioridad a 1876 también se constata la realización de conferencias continuadas en diferentes lugares. Así, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro celebra semanalmente una conferencia desde 1869 hasta 1871^[32], algo similar a lo que ocurre en Valencia antes de 1874.^[33] Con todo, la carencia de una formación ilustrada por parte del campesinado era palpable entre la intelligentsia en la materia, por lo que la necesidad de realizar ciclos de conferencias se constata en la prensa de la época. Actividad que expresamente reclama Ramón Espejo y Becerra en 1872 mediante la celebración de conferencias agrícolas con carácter dominical en todas las parroquias del país.^[34] Es más, fruto de esta demanda social cabe destacar la aparición de materiales formativos específicos previos a 1876, entre los que destaca la obra de Luis Álvarez Alvistur, Conferencias agrícolas o La ciencia agronómica al alcance de todos.^[35]

Por otro lado, también el contexto internacional era favorable a esta clase de medidas. Así, países como Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos, Italia o Francia habían implantado con éxito sistemas de difusión de las innovaciones agrarias similares,^[36] apostado por este sistema de enseñanza con éxito.^[37] El caso francés resulta especialmente relevante al contar con publicaciones concretas para la impartición de sus conferencias agrarias,^[38] editar los materiales usados^[39] o creando en la década de 1870 la figura de los maestros de agricultura departamentales encargados de impartir las conferencias.^[40] En otros lugares, como en Cesena (Italia), este tipo de conferencias se realizaban, por ejemplo, solo para el colectivo de maestros.^[41] Es decir, se había empezado a observar detenidamente lo que ocurría fuera de nuestras fronteras y se importaban materiales formativos. De hecho, algunas conferencias agrícolas dictadas en el campo de experiencias de Vincennes (Francia) ya son publicadas en castellano en 1867.^[42]

III. ¿CÓMO SE ORGANIZARON LAS CONFERENCIAS?[Subir]

Una de las principales incertidumbres derivadas de la aplicación de la Ley incumbía a los propios contenidos de las conferencias: ¿cuáles iban a ser? y ¿quién los iba a preparar? En este sentido, era de vital importancia que estos fueran nuevos y originales. Para ello, la Ley dictaminó que en las capitales de provincia, allí donde residía la intelectualidad sobre la materia —catedráticos de universidad y de instituto, profesionales, funcionarios públicos, técnicos, etc.— fuera esta la que impartiera las conferencias, mientras que en el ámbito rural debían dictarlas todas aquellas personas que se prestasen a hacerlo y, a falta de ellas, los maestros de primera enseñanza. Podría darse el caso también, o al menos así se pretende, que «profesores dispuestos» recorriesen los distritos rurales con el objeto de dar las conferencias en un sistema de enseñanza ambulante que podría dar «excelentes resultados».^[43]

Es decir, el proceso de puesta en marcha implicaba la voluntariedad de los funcionarios públicos, que debían elegir un tema —entre los previamente propuestos por las juntas provinciales y aprobados por la Dirección General— y preparar sus propios textos, mientras que los maestros leerían materiales ya publicados. Para estas lecturas en los distritos rurales se ofrece un catálogo de libros compuesto por el Manual de agricultura de Alejandro Oliván,^[44] El tesoro del campo de Balbino Cortés,^[45] ambos de índole general; el Tratado del cultivo de la vid en España de José Hidalgo Tablada, y^[46] Estudios sobre las uvas e Instrucción popular para el azufrado de las vides de Louis René Lecanu, sobre el cuidado de las viñas.^[47]

Por otra parte, también estaba previsto que conforme la Dirección General de Agricultura, Comercio e Industria recibiera las conferencias originales desde las distintas capitales estas serían publicadas en la Gaceta Agrícola.^[48] De esta forma se pretendía crear una red de materiales didácticos, de «doctrina agronómica», tal y como Peñuelas confiaba^[49] que vendría a completar la biblioteca agrícola que la Ley había establecido en el art. 13.º.

Al menos, esta era la teoría. La práctica, lamentablemente, no se desarrolló así. Los conferenciantes, que debían ser especialistas, no lo fueron tanto… La premura de la cita y, como veremos, la poca formación que tenía la mayoría de los oradores en la materia les obligó a alimentarse, una y otra vez, de las mismas fuentes bibliográficas. Además, estas disertaciones que, debían ser originales y enviadas a Madrid para ser publicadas en la Gaceta, y así redistribuidas a todo el territorio estatal, formaban parte de una cadena que tampoco resultó eficaz. De todas las provincias, Madrid fue la única que realizó de forma metódica la recopilación y publicación de las conferencias en cuatro volúmenes, uno por cada curso.^[50] Así, ante la falta de recursos las juntas provinciales debieron destinar partidas puntuales para la traducción de obras de agricultura foráneas que incrementasen la bibliografía recomendada.^[51]

Una vez que el procedimiento quedó establecido a través de la Ley y las disposiciones complementarias, la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio envió una circular a todos los gobernadores provinciales invitándoles a que reuniesen lo antes posible sus respectivas juntas de Agricultura, Industria y Comercio y de Instrucción pública para acordar cuándo y cómo habrían de verificarse las conferencias agrícolas.^[52]

El proceso que se conoce con más detalle es el madrileño, que, por extensión, se entiende similar al resto. La primera reunión entre ambas juntas se celebró el 15 de septiembre, aunque no fue hasta la sesión del 20 cuando se procedió a deliberar sobre la iniciativa, los medios existentes para llevarla a cabo y a nombrar la comisión, que decidió por unanimidad los cincuenta y cuatro temas que habrían de cubrir el primer ciclo de conferencias.^[53] Hasta el 3 de octubre no pudieron reunirse ambas Juntas para poder llevar a cabo la aprobación definitiva. En esta última reunión también se acordó enviar una «expresiva circular» a todas las corporaciones oficiales cuyos miembros se hallaban, en calidad de su cargo público, obligados por la Ley a dar estas conferencias, así como a cuantas sociedades literarias y científicas había en Madrid, por si tenían a «bien contribuir voluntariamente». En total, se enviaron treinta y una invitaciones, que condujeron a la respuesta afirmativa de más de un centenar de colaboradores voluntarios.^[54]

A principios de noviembre, tras informar a la Dirección General de que se habían escogido los títulos y los conferenciantes, el 13 de noviembre, por fin, se aprobaron ambos listados, así como la relación de libros que servirían a las lecturas en los distritos rurales madrileños.^[55]

En definitiva, no fue hasta casi tres meses y medio después de haberse aprobado una ley que debería de haber tenido efecto inmediato, cuando en Madrid se dio el visto bueno a su inauguración. Una ceremonia que, finalmente, tuvo lugar el 3 de diciembre de 1976.

Por suerte, la ausencia de un aparato burocrático tan anquilosado como el de la capital permitió que, para entonces, las conferencias agrícolas ya se hubieran podido inaugurar en, al menos, veintitrés capitales de provincia. Unas cifras que si bien llamativas, a tenor de las dificultades con las que se había encontrado Madrid, están lejos de alcanzar el total deseado.

A diferencia de lo ocurrido en Madrid, pocos días después de haber sido publicadas las cuatro reales órdenes del 16 de agosto que completaban la ley, los gobernadores civiles comenzaron a acusar el recibo de la orden circular emitida el 17 de agosto que les comprometía a dar cumplimiento de los arts. 8.º y 9.º de la Ley. Así, a falta de una inauguración oficial, el resto de las capitales de provincia y sus municipios comenzaron a organizarse. De esta forma, el domingo 10 de septiembre de 1876 tuvo lugar la primera conferencia agrícola de acuerdo a la Ley en Lugo.^[56] Una semana después sería el distrito rural de Tortosa (Tarragona) el que se sumaría a la iniciativa, junto a Salamanca.^[57] El domingo siguiente lo hará Sevilla.^[58]

Como se ve, el comienzo no estaba siendo nada halagüeño, por lo que a finales de septiembre la Gaceta Agrícola anima a no «desmayar en la empresa», a sabiendas de que «todos los grandes pensamientos han encontrado obstáculos en su realización». Entendiendo por obstáculos «la tibieza e indiferencia con que el público los ha saludado» y confiando que finalmente puedan interesar a las clases agricultoras «si hay perseverancia en proseguirlas».^[59] Y, precisamente, por falta de perseverancia institucional, como se verá, no fue. A lo largo del mes de octubre se sumarían diecisiete capitales de provincia y en noviembre tres más.

Sin embargo, la inauguración de las conferencias de ningún modo aseguraban su continuidad. De hecho, en algunos espacios pronto empezaron a mostrar signos de debilidad. Sevilla, sin ir más lejos, tras la inauguración tuvo que suspender los actos por falta de público.^[60]

Por el contrario, tanto Lugo -la primera- como Badajoz son las capitales que mayor constancia ofrecieron durante este primer trimestre, celebrando un total de quince y diez conferencias, respectivamente. A su vez, en cuanto a los distritos rurales se refiere se tiene constancia de que es la provincia de Salamanca la que antes de finalizar el año ya había inaugurado su ciclo de conferencias en más de sesenta municipios.^[61] Aunque en valores relativos sería Cádiz la que mayor tasa de éxito tendría en el espacio rural, puesto que antes del 7 de diciembre ya había inaugurado en treinta y cinco municipios de los cuarenta y uno que componían la provincia.^[62]

De una u otra forma, las noticias no eran nada satisfactorias. En Tarragona, a pesar de la pronta respuesta que había dado Tortosa, el 28 de octubre se anuncia que el Gobierno Civil no solo ha desistido de celebrar las conferencias en la capital,^[63] sino que también en varios pueblos de la provincia no se ha intentado siquiera celebrarlas, seguros de que nadie asistiría.^[64] Otro tanto ocurre en Ourense^[65] o Lleida.^[66] Una tendencia que se irá acrecentando a medida que avanza el primer semestre de 1877.^[67]

En este sentido, resulta muy esclarecedora la carta que el gobernador civil de la provincia de Huelva envía al director general de Agricultura, Comercio e Industria ante los problemas que encuentra durante el proceso de organización:

Es decir, las complicaciones rápidamente se hicieron notar. A la falta de implicación por parte de los conferenciantes se unió la ausencia de un auditorio eminentemente rural, la carencia de materiales concretos y un exceso de contenido teórico. Estos problemas condicionaron las conferencias durante toda su existencia. Sirva como ejemplo la percepción del gobernador onubense, al que le dolía especialmente «abrir las conferencias y que sean estas un verdadero fracaso».^[69]

En definitiva, los miedos al fracaso en la organización, la carencia de disertantes preparados o la ausencia de un auditorio afecto o, incluso, la de materiales atractivos, pudieron ser la causa del retraso en la inauguración de las conferencias en las capitales de provincia y municipios rurales, pero no en Madrid.

De hecho, el retraso de la inauguración de las conferencias agrícolas en Madrid tampoco puede entenderse por el empeño de que el rey Alfonso XII estuviera presente y de la agenda real, sino que más bien fue la lentitud burocrática, anteriormente descrita, la que realmente la dilató. Tras muchos meses de espera, finalmente la apertura oficial de las conferencias agrícolas se produjo el domingo 3 de diciembre de 1876 en el Paraninfo de la Universidad Central. La sesión inaugural estuvo a cargo de Eduardo Abela, secretario de la Junta Provincial de Agricultura de Madrid y editor jefe de la Gaceta Agrícola. Además de Alfonso XII, se encontraba entre el público un amplio elenco de altos cargos públicos procedentes de ministerios, gobernación y ayuntamiento. A los representantes políticos los acompañaban miembros de la comunidad académica y científica, así como grandes terratenientes y «modestos aficionados a los asuntos rurales y de hombres llenos de fe».^[70]

A las palabras de Abela sobre la importancia de las conferencias agrícolas, la gestación de estas y la presentación de los temas aprobados, le siguieron las del ministro de Fomento para explicar los objetivos de la iniciativa y las necesidades que iban a atender.^[71] El acto lo cerró poco después de las tres de la tarde Alfonso XII con unas palabras llenas de confianza hacia la «benéfica influencia en la prosperidad del país» y en el «porvenir de la agricultura» que tendría la iniciativa.^[72]

A partir de entonces, tal y como había quedado determinado, cada domingo a las doce del mediodía en el Paraninfo antiguo de la Universidad Central se daría lectura a uno de los temas aprobados inicialmente, por estricto orden de recepción de la aceptación del disertante, que elegiría de entre los títulos previamente seleccionados el que más conviniera a su capacitación. El programa original contaba con un abanico muy amplio de materias que no solo profundizaban en el conocimiento de cultivos clásicos, como el cereal o las leguminosas, y en diversas formas de mejorarlos, o sobre diversos tipos de ganado o cuestiones hortícolas, sino que especialmente hacía hincapié en las mejoras e innovaciones técnicas en relación con, por ejemplo, la maquinaria agrícola, los abonos naturales y artificiales, los riegos o la composición de los terrenos.

Sin embargo, y a pesar de las altas expectativas creadas, ese primer ciclo anual de conferencias concluyó el 24 de junio. A finales de mayo había bajado tanto la asistencia y se habían suspendido ya en tantos núcleos de población que la única solución posible parecía ser la de realizar un descanso y retomar la iniciativa en septiembre con el inicio de un nuevo curso académico.^[73] En total, el ciclo madrileño se redujo a veinticinco conferencias, incluida la sesión inaugural. En cuanto a su desarrollo, llama la atención que de la amplia variedad de títulos propuestos tan solo diecisiete fueron seleccionados por los conferenciantes como materia de disertación.

Igualmente, del listado original de conferenciantes que se habían comprometido al inicio del curso la cifra final sería muy inferior. Del centenar de voluntarios solo veintiuno se mostraron dispuestos a llevar a cabo el encargo durante este primer año, teniendo incluso algunos, como Luis Justo y Villanueva (ingeniero industrial) o Juan Tellez y Vicen (catedrático de la Escuela de Veterinaria), que repetir en la tribuna, una muestra más de las dificultades que también en esta materia se encontró la organización.

En este sentido, las palabras de Santiago de la Villa y Martín, catedrático de la Escuela de Veterinaria, con las que inicia su conferencia el 29 de abril de 1877 dan buena muestra del malestar ante el compromiso en el que se encontraba: «Me hallo entre perplejo y aturdido, habiéndome de ocupar de asuntos por demás extraños a los que forman mi habitual tarea; porque ¿qué os ha de decir sobre ningún punto de agricultura un pobre catedrático de Anatomía Veterinaria?».^[74] Un sentir que Eugenio Maffei, catedrático de la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, ya había manifestado: «Nunca pude presumir que mi mala suerte me trajera a este sitio, santuario de las ciencias [...]. Aquí me tenéis dispuesto a cumplir un compromiso adquirido contra mi deseo [...] y las dificultades para mi acrecen, teniendo en cuenta que ni siquiera he podido redactar o formular un tema […], y que me he visto obligado a elegir uno».^[75]

Con el paso del tiempo, el descontento de los conferenciantes lejos de aminorar se fue incrementando no solo por el deber que se les imponía, sino también por la falta de respuesta del auditorio convocado, tal y como Antero Viurrun y Rodríguez, también catedrático de Veterinaria, expresó: «Al presentarme en este sitio cumpliendo con un deber que la ley de enseñanza agrícola me impone, permitidme os manifieste el disgusto con que lo hago al ver que entre todos vosotros no distingo persona alguna que, por su aspecto, me revele ser agricultor o siquiera habitante de una población rural».^[76] Es de presuponer que este sentir era generalizado.

En Madrid y Barcelona los conferenciantes de una u otra especialidad se vieron obligados a prestarse al llamamiento requerido, pero este compromiso no se trasladó de la misma forma al resto del territorio estatal. De hecho, tal y como se observa en la tabla 2, el grueso de las conferencias recayó en los maestros de primera enseñanza; incluso en los espacios urbanos en los que bien podrían haberse hecho cargo disertantes especialistas en agricultura, este no fue el caso. Una buena muestra de la oposición que se encontraron las juntas provinciales en esta cuestión fue lo acontecido en Jerez, cuando ante la negativa del colectivo de los catedráticos del Instituto Agrícola, así como del de los maestros de primera enseñanza por considerar más adecuado que la impartieran los primeros, hubo de intervenir el alcalde amenazando al claustro de profesores.^[77]

En este sentido, la base de conferencias nos permite identificar la profesión del conferenciante en un 44,88 % de las conferencias y caracterizar a las personas que las impartían (tabla 2). De este modo, es interesante destacar cómo el número de disertantes vinculados de una forma u otra al ámbito agrícola es ínfimo, apenas el 1,56 %. Así, el grueso de la responsabilidad recae sobre personas ajenas al ámbito agrícola, como puede ser procedentes del gobierno municipal y estatal (alcaldes o secretarios), de profesiones liberales (abogados), eclesiásticas u otras especialidades de enseñanza secundaria o superior.

Por otra parte, por el contexto explicado anteriormente, se puede colegir que el número de conferenciantes del que no consta ninguna información (caracterizados como desconocidos) también hace referencia a maestros de primera enseñanza, que son los que aparecen identificados en un número mayor. Una deducción que de ser así haría recaer la responsabilidad de cumplir con la lectura de las conferencias en este colectivo casi en su totalidad (94,8 %).

De esta falta de especialización deriva otra de las principales problemáticas identificadas de la iniciativa: una fuerte tendencia a los contenidos teóricos. las conferencias agrícolas adolecían de una parte práctica y esta cuestión dificultó su éxito. Ya en diciembre de 1876 para los entendidos externos era evidente esta deficiencia. De hecho, José Alcover, —ingeniero industrial y director de La Gaceta Industrial, revista destinada a difundir un programa de modernización económica, tecnológico e industrial en la que destaca su contenido eminentemente práctico—^[78] denuncia que «tal como se están organizando, nacen muertas, y no responden ni llenan ninguna de las verdaderas necesidades de nuestra agricultura, que no ha menester discursos ni palabrería, sino conocimientos elementales de inmediata y segura aplicación, propinados con mucho método y en pequeñas dosis, por quien quiera y sepa hacerlo».^[79]

Alcover censuraba que los conferenciantes, al no ser expertos en la materia se limitaban a «hilvanar mejor o peor unos cuantos párrafos tomados o leídos el día anterior en una enciclopedia o en un libro de agricultura, parafrasearlos y estar hablando una hora o dos sobre una materia» y exigía, por tanto, que en el marco de la iniciativa se enseñase «no a hablar, sino a hacer algo útil; en una palabra, enseñanzas prácticas, todo lo prácticas posible».^[80] Y para ello, los profesores no podían improvisarse.

Ya el ministro de Fomento, en su discurso inaugural del 3 de diciembre, había insistido en la necesidad de que las conferencias agrícolas se «ocupen y preocupen [...] de las cuestiones prácticas».^[81] De hecho, también en la misma sesión, Abela había insistido en que el espíritu de la Ley consistía en armonizar ambos fines: el carácter teórico y práctico de las conferencias «debiendo ser, en concepto general, de condiciones investigadores y científicas, aunque basadas en las observaciones y experiencias, las Conferencias de las capitales, y fundadas enteramente en demostraciones prácticas y de objetos perceptibles las que se den en las poblaciones rurales».^[82] La preocupación por esta cuestión es palpable y no pasa inadvertida para los padres de la iniciativa. Es más, a principios de marzo de 1877 habrá de constituirse una nueva comisión ministerial cuyo objetivo era el de implementar los contenidos prácticos al desarrollo de las conferencias en formato de misiones agronómicas.^[83] Es decir, que una delegación de profesores especialistas fuesen los domingos a los pueblos a explicar teórica y prácticamente «los progresos de la ciencia, los beneficios de la maquinaria y la bondad de los procedimientos de cultivo».^[84] El reconocimiento de los errores que presentaba la aplicación de la Ley por parte de sus responsables no obstante ser evidentes no consiguieron enmendarse.

La crítica a esta carencia generó ciertas respuestas institucionales a nivel provincial para intentar cambiar el modelo y poder incluir ensayos o demostraciones sobre el terreno.^[85] Es el caso de Teruel, donde en noviembre de 1879 se realiza una conferencia completamente práctica con diferentes arados ante una «concurrencia muy numerosa» y en la que los agricultores, tal y como se describió al gobernador civil, mostraron su complacencia al reconocer las ventajas de la labor efectuada por los instrumentos ensayados.^[86] Algo similar ocurre en Pontevedra, donde la Diputación Provincial acuerda con el Instituto Provincial que se den conferencias «ensayando en ella los instrumentos, máquinas, semillas y cultivos».^[87]

Aunque este parecía ser el camino correcto, para el grueso del territorio estatal la solución está lejos de alcanzarse. En febrero de 1879, infructuosamente se volvía a insistir en ello: «Las conferencias agrícolas sin la demostración práctica de las leyes naturales reconocidas, es una teoría científica, lamentablemente errónea. La labranza no se aprende en la cátedra sino en el campo, donde se percibe la razón de lo que se ejecuta y cómo y por qué podrá mejorarse».^[88] De una u otra forma, todo parecía indicar que la solución última al retraimiento en la celebración de conferencias agrícolas es que se dieran sobre el terreno para demostrar «todos y cada uno de los principios científicos que son considerados por la mayoría de nuestros propietarios como utopías».^[89] Circunstancia que en muy pocas ocasiones pudo ser así.^[90] Las misiones parecían ser la solución de continuidad más evidente ante el abandono que se había ido produciendo de la iniciativa: «Lo que lograría llamar la atención de los pueblos y ponerles en camino de querer aprender, sería el plantear misiones científicas, y especialmente de agricultura, con máquinas y aparatos manejados por manos expertas que sirvieran para hacer entrar por los ojos la enseñanza. Uno o dos días en cada pueblo, harían despertar los ánimos dormidos, como no se puede lograr con puras explicaciones de palabra en las ciudades» (cursiva en el original).^[91]

La diferencia entre unas y otras era sustancial. Las misiones agronómicas pretendían dar un paso más allá y llegar donde no llegaban las conferencias, trasladando la sesión del paraninfo o la escuela primaria al campo, cambiar a lectores de los materiales por profesores expertos y fomentar el aprendizaje activo a través del uso de innovaciones tecnológicas. No obstante, a los ojos críticos que a estas alturas ya había despertado la Ley eran «el mismo perro con distinto collar». Faltaba capital humano e inversión. En este sentido, no cabe ninguna duda de que la deficiencia de la Ley en otros aspectos relativos a la enseñanza agrícola —como la ausencia de granjas escuelas o la escasa confianza que despertaban las misiones agrícolas—, dificultó la incorporación de la aplicación práctica a los contenidos teóricos.

Por otra parte, a pesar de las limitaciones que se derivan del componente fundamentalmente teórico de la iniciativa, es necesario destacar la gran diversidad de temáticas^[92] y de grados de complejidad en relación con los contenidos abarcados en las charlas realizadas. Así, las conferencias impartidas no fueron homogéneas en cuanto al nivel de conocimientos difundido; de hecho, es posible encontrar desde algunas con un contenido aparentemente sencillo, como «cultivo de la patata» o la que se titula «Remolacha», hasta otras con un nivel de complejidad y novedad mucho más elevado. Sirvan como ejemplo de estas últimas: «Utilidad que prestan ciertos conocimientos de electricidad a los propietarios rurales» o «Animales útiles a la agricultura como enemigos de los insectos y de los moluscos dañosos». En cualquier caso, sobresale el esfuerzo realizado en solucionar problemáticas del mundo rural, en generar un corpus documental de gran valor para entender la situación del espacio rural así como las preocupaciones agronómicas del último tercio del siglo xix —siendo destacable el importante papel que juega la lucha contra la filoxera, coetánea a las conferencias agrícolas—^[93] y en divulgar entre los agricultores las innovaciones más recientes, como es el caso de la utilización de abonos químicos.

Sin embargo, la consecuencia de los problemas anteriormente señalados se manifestó en la crónica ausencia de un auditorio que habría de sustentar el coste político y social que la iniciativa había ocasionado. El análisis de la información obtenida muestra cómo la falta de oyentes fue un problema endémico en la mayor parte de la geografía española. Una circunstancia que obligó a los oradores a tener que «dejar de hablar, por no haber quien los oyera, o lo hicieron en la seguridad de que sus palabras no encontrarían eco más allá del sitio en que se pronunciaban».^[94] Las conferencias se habían configurado con la idea de generalizar entre los agricultores los conocimientos más modernos y adecuados con los que sacar el máximo rendimiento de sus recursos. Y para cumplir con el objetivo señalado era necesario que no solo se organizasen los actos, sino que también hubiera un público receptor interesado en escucharlas.

La preocupación por la deserción fue algo evidente para las juntas provinciales, que sin descanso intentaron encontrar los posibles motivos para que esta situación se produjera y, así, paliarlos. Las labores vinculadas al calendario agrícola, los momentos de siembra o cosecha o el propio coste de oportunidad que supone asistir a las conferencias en lugar de dedicar el tiempo a las tareas del campo y del hogar suponen elementos que dificultan la asistencia. Si a esto sumamos la celebración de las conferencias en domingo; la coincidencia con determinadas festividades locales; la elección de una temática, en ocasiones de escaso interés para el público rural y local; el uso de un idioma extraño al espacio en el que se encontraban;^[95] la escasa publicidad de los actos que apenas cumplían con la directriz de anunciarse en prensa y en los respectivos boletines oficiales, o el hecho de que la documentación de la Gaceta Agrícola no llega a todos los ayuntamientos,^[96] se anticipa la dificultad del éxito de la tarea.

Quizás la retroalimentación al desánimo fue aún mayor cuando repetidamente ayuntamientos y juntas provinciales incumplían el último encargo de enviar a la Dirección General información puntual de la celebración de los actos (ayuntamientos, conferenciantes, títulos de las conferencias), así como la transcripción de las conferencias originales que se hubieren impartido. Esta hubiera sido la única forma de contabilizar el éxito o fracaso real de la iniciativa, pero también de generar una red de apoyo intermunicipal.

La idea era la de generar y compartir un variado conjunto de conferencias a través de la publicación ministerial, y así evitar caer en generalidades y absurdos en la difusión de los contenidos, de las que la Gaceta Agrícola también se aquejaba:

Es más que evidente que la comunicación entre las distintas instituciones implicadas no fue todo lo fluida que se esperaba. De un lado, el Ministerio de Fomento incidía sordamente en la solicitud de información a las provincias acerca de los resultados prácticos de las conferencias.^[98] De otro, en muchos pueblos se denunció que ni una sola vez se había dado lectura dominical, así como que tampoco nadie ha verificado que se cumpliese con la ley.^[99] Sin ninguna duda, la verdadera presión de la organización recayó en los organismos intermedios, provinciales y municipales, que, en general, no encontraron bien los medios suficientes para satisfacer los deseos de unos y de otros, bien el ánimo para llevarlos a cabo.^[100]

Sin embargo, a pesar de la insistencia por parte del Ministerio de Fomento y de la Dirección General de Agricultura por sobreponerse a los obstáculos para que las conferencias agrícolas se mantuvieran vigentes, el desarrollo de los siguientes cursos fue sumamente complicado. Los problemas, lejos de solucionarse, se multiplicaron: la selección de los conferenciantes siguió siendo entre una terna de profesores y profesionales en su mayoría ajenos a la agricultura; los contenidos de las conferencias seguían ofreciendo un mayor peso teórico que práctico y la baja asistencia obligaba cada curso a ir clausurando la iniciativa a las pocas semanas de haberse iniciado: «Hace tiempo que murieron, y quizá para no resucitar, sino en un porvenir muy lejano», decía el Semanario Murciano en relación a las conferencias de Murcia, pero más bien parecía una premonición para el grueso del territorio.^[101]

La respuesta institucional ante esta situación fue alentar con buenas palabras y con agradecimientos públicos la participación a los conferenciantes. No obstante, las medidas fueron del todo insuficientes no solo para paliar la situación, sino incluso para darle un nuevo impulso. De hecho, el nuevo compromiso, mediante una Real Orden de enero de 1879,^[102] de hacer público en la Gaceta de Madrid el agradecimiento a todas aquellas personas, con nombre y apellidos, que habían disertado en el marco de las conferencias agrícolas, fue insuficiente.^[103]

Es más, el cuarto ciclo de conferencias que daba comienzo en octubre de 1879 se veía más amenazado que nunca dado el progresivo letargo al que las conferencias se habían visto abocadas los años anteriores. Tanto era así que el 29 de septiembre el ministerio de Fomento envió una nueva comunicación a las juntas provinciales de Agricultura, Industria y Comercio, conminándolas a reorganizar las conferencias y a recordar a las «personas que cobran sueldo del Estado y poseen conocimientos especiales para dar conferencias agrícolas»^[104] que se deben al cumplimiento de la Ley, pero también incitando a las Administraciones provinciales y locales para que tomen las medidas necesarias para estimular «a la numerosa clase agrícola a la asistencia a tales actos como uno de los medios de regenerar nuestra agricultura».^[105]

Todo parece indicar que en algunas provincias la Junta de Agricultura debió de ponerse severa con sus respectivos ayuntamientos, amenazándoles con recurrir a medidas coercitivas, tal y como ocurrió en Guipúzcoa cuando el 5 y 28 de octubre se enviaron circulares a todos los ayuntamientos recordándoles sus obligaciones para con la Ley de Enseñanza Agrícola. No obstante, tales advertencias no frenaron la caída en la participación en dicha provincia, puesto que el 4 de febrero hubo de enviar un nuevo recordatorio «conminándoles con una multa si faltaban a sus deberes».^[106] Caso similar se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo cuando el 17 de enero de 1880 tuvieron que reincidir en el aviso dado al comienzo del curso.

Con todo, el impulso dado a este nuevo curso, a pesar de que en algunas capitales siguen las suspensiones tempranas —por ejemplo, en Valladolid—^[107], tuvo al menos un reflejo positivo en su organización y en las comunicaciones de las provincias con la Dirección Central, que se constata en la documentación custodiada en el Archivo del Ministerio de Agricultura, ya que en el curso 1879-‍1880 se han identificado 6910 conferencias (ver tabla 1).

Sin embargo, este intento de reactivar las conferencias no logró alcanzar el objetivo deseado. Tras cuatro años de continua lucha para implementar el proyecto, las fuerzas institucionales se encontraban al límite. Los máximos responsables del Ministerio de Fomento, así como de las direcciones de Agricultura y de Instrucción Pública habían sufrido un importante desgaste personal y político —«Laudable es el tesón y constancia con que el señor Cárdenas, director general de [Agricultura] e Instrucción pública, ha procurado que sigan verificándose las conferencias»^[108], decía La América a finales de enero de 1880— y las fuerzas estaban a punto de desfallecer. De hecho, el cuarto curso de conferencias concluyó en Madrid el 27 de junio de 1880 invitando a los oyentes a volver el noviembre próximo, al inicio de un quinto curso que nunca llegaría a completarse. En definitiva, como refirió el Diario de Córdoba a modo de resumen: «Las conferencias agrícolas comenzaron bien, siendo grande su empuje en los primeros momentos, pero no tardó en venir su decadencia, y ahora ni el público se toma interés por ellas, ni lo que es más sensible ellas se toman interés del público. Es decir, que ni se verifican, ni se anuncian, ni nadie siquiera pregunta por ellas».^[109]

Tal fue así que, tras cuatro años de lucha incansable entre las instituciones centrales con la Administración provincial y local, se fueron apagando completamente. La iniciativa que pretendía revolucionar tanto el sector primario como la base social del país mediante el acceso a unos conocimientos científicos a un conjunto amplio y variado de personas que habían tenido un acceso muy restringido a la educación secundaria o superior, fue considerada al término de esta como «infecunda y estéril».^[110] Dos dardos sumamente hirientes que se lanzaron durante la celebración del Congreso de Agricultores y Ganaderos que se celebró a finales de mayo de 1880. En este, si bien, por un lado, se leyeron once conclusiones encaminadas al fomento de la enseñanza agrícola en consonancia con dicha Ley —entre las que se encontraba, además de la creación de granjas-modelo y la propagación de las bibliotecas rurales, continuar con el sostenimiento de las conferencias agrícolas—^[111], un sector muy importante de voces autorizadas, como el regeneracionista Francisco Rivas Moreno, se opusieron tajantemente a continuar con la iniciativa. De hecho, Rivas Moreno se enfrentó a los defensores de la Ley, reprochando el ensamblaje que las conferencias agrícolas significaba en su totalidad: no solo resaltó la ineficacia de las conferencias con las palabras antes señaladas, sino que especialmente criticó el gasto que se obligaba a hacer a los ayuntamientos —entre 70 000 y 80 000 duros— al tener que estar suscritos a la Gaceta Agrícola; sugiriendo entonces que ese dinero fuera invertido en sueldos de maestros y materiales docentes gratuitos. De esta forma, promovió la suspensión sine die no solo de las conferencias agrícolas, sino también de la Gaceta, en tanto en cuanto era mejor atender a la instrucción primaria de los labradores.^[112]

La crítica de Rivas Moreno durante la celebración de este congreso formaba parte de un movimiento mayor que ya había presentado batalla en la anterior reunión del Parlamento del 22 de mayo a raíz de la discusión sobre el presupuesto de gastos del Ministerio de Fomento, en el cual Manual Durán y Bas se convirtió en azote de la Ley al describir las conferencias como «bastante infecundas».^[113] Allí, Cárdenas había tenido que defender una vez más la causa por los beneficios prácticos que las conferencias portaban y que, a su vez, eran medios eficaces de propagar las verdades agronómicas. Habían pasado cuatro años desde la primera vez que ese discurso se había escuchado en la Cámara y los ánimos para atender a sus bondades ya se habían desinflado.

En este contexto de desconfianza, el 7 de noviembre de 1880 tuvo lugar en Madrid la inauguración oficial del curso 1880-‍1881. La Gaceta Agrícola indica que esto solo pudo deberse «al incansable celo» de José de Cárdenas, pero confirma que Madrid, junto con Guipúzcoa, son las excepciones: «Lástima es que el ejemplo no haya cundido por el resto de la Península».^[114] Lamentablemente, la iniciativa de las conferencias en el marco de la Ley ya se encontraba herida de muerte y apenas se mantendría unos meses más. De hecho, el 29 de mayo de 1881 tendría lugar la última conferencia en Madrid a cargo de Fernando Ortiz Cañavate, titulada «Los pósitos y el crédito agrícola».^[115] En total, en el quinto curso madrileño se habían impartido veinte conferencias que solo verían la luz en la Gaceta Agrícola, pues nunca llegaron a recopilarse de forma conjunta. Caso aparte es lo que ocurre en Guipúzcoa, única provincia en la que la Ley se mantendría vigente y con buena salud hasta el año de 1888.^[116]

Llama la atención, también, que a medida que el desánimo invadió las instituciones públicas, fueron las entidades privadas las que cogieron el relevo en la organización de las conferencias agrícolas. Así ocurrió con la inauguración del curso valenciano, pues tras la reorganización de la junta directiva de la Sociedad Valenciana de Agricultura esta prometió darle un nuevo impulso,^[117] o en el Centro Agrícola del Panadés, que en 1881 publicita un ciclo de conferencias compuesto por once títulos.^[118]

En definitiva, a pesar del fracaso que supuso para los órganos impulsores de la Ley el hecho de que, con carácter general, la aplicación de los arts. 8.º y 9.º no tuviera vida más allá del cuarto curso, hay que señalar que el eco ocasionado por la iniciativa ministerial aún tuvo resonancia. Durante los años siguientes su espíritu no cayó en el olvido y eso explica que de tanto en cuanto organizaciones como la Asociación de Agricultores en su congreso de 1883 solicite a la Dirección General de Agricultura que hiciera «efectivo el precepto legal referente a las Conferencias Agrícolas en las poblaciones rurales, y lecturas de obras escogidas y prácticas de agricultura y la del periódico oficial titulado Gaceta Agrícola»^[119] o el hecho de que se sigan celebrando conferencias agrícolas aisladas, diseminadas en el tiempo y por la geografía peninsular.

IV. CONCLUSIONES[Subir]

La puesta en marcha de la Ley de Enseñanza Agrícola se observó desde un punto de vista optimista, en tanto en cuanto la propagación de la enseñanza era considerada una cuestión prioritaria para una sociedad en la que dominaba una alta tasa de analfabetismo; no obstante, la generalización y la falta de concreción de la Ley preocupó desde el principio a sus impulsores. La idea potencial, que se basaba en que cualquier ciudadano del Estado aprendiera las nociones básicas de agricultura, parecía una quimera en la opinión de los expertos independientes. Que cada provincia pudiera disponer de todo tipo de facilidades para establecer granjas-modelo, experimentales y estaciones agronómicas se consideraba una acción mucho más práctica que cualquier otra, salvo que estas tendrían que erigirse sobre unos menguados presupuestos públicos. Las conferencias agrícolas, por el contrario, con un presupuesto de gasto muy inferior para las arcas de la Administración central y local, se consideraban igualmente de gran utilidad siempre y cuando se produjeran en las poblaciones rurales y versaran sobre puntos concretos de las actividades agrarias de cada localidad o las innovaciones que pudieran introducirse.

La conveniencia de propagar la enseñanza agrícola en la España de finales del siglo xix parecía indudable, pero poco o nada tenía que ver la idea con la gestión real de las mismas. Que los salones de conferencias se encontrasen vacíos mientras que las plazas de toros se hallaban a rebosar era una comparación muy popular en la prensa de la época para ironizar sobre la situación: «Hoy cuando se halla desierta la conferencia agrícola en Madrid, 16.000 españoles acuden a la plaza de toros, y en Madrid y en provincias forman mayoría los labradores que se burlan de la ciencia y no comprenden que haya nada más allá de lo que ellos rutinariamente han aprendido».^[120] De nada había servido la intervención estatal para modificar la querencia popular por la ciencia agronómica.

Tampoco en otros planos del articulado legislativo había tenido éxito la Ley y el balance que de esta se hacía en la época era sumamente negativo: «A pesar de haberse creado la carrera de ingenieros agrónomos, y la de peritos, y las escuelas de Agricultura, y las Conferencias agrícolas, no hemos adelantado ni un solo paso. Los ingenieros se han quedado sin tener colocación alguna, ni ocasión siquiera de aplicar su ciencia; las Escuelas han sido poco frecuentadas, y las Conferencias han quedado, por lo general, desiertas».^[121]

Por último, desde el punto de vista de pretender paliar los efectos de la llamada crisis agraria finisecular, los efectos tampoco fueron significativos. Los padres de la ley confiaron plenamente en la formación del campesinado, obviando por lo demás otro tipo de cuestiones fundamentales, como podrían haber sido las de mejorar e incrementar las redes de comunicación; incidir en el proceso de transformación de los productos agrícolas; fomentar la creación de bancos agrícolas, o la apertura de nuevos mercados. Estas podrían haber sido medidas paralelas que, interseccionando de una manera conjunta, habrían contribuido al éxito de la ambiciosa Ley de Enseñanza Agrícola.

En definitiva, la experiencia, que tantas esperanzas había despertado, apenas pudo desarrollarse, de manera general, durante cuatro años. Gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones públicas se organizaron más de 10 000 conferencias agrícolas en las capitales y pueblos de las diferentes provincias, dando lugar a un corpus de conocimiento agronómico sumamente relevante. Sin embargo, los diferentes problemas señalados a lo largo del texto —el descontento de disertantes y oyentes o el peso de los contenidos teóricos— provocaron su progresiva desaparición. Al cabo del tiempo, el espíritu de los arts. 8.º y 9.º de la Ley tan solo consiguió mantenerse vivo a través de diversas iniciativas privadas; por el contrario, su recuerdo pronto cayó en el olvido, salvo para aquellos que la siguieron utilizando como arma arrojadiza en la arena política. Había sido una experiencia modernizadora sumamente ambiciosa y singular que, a pesar de todos los esfuerzos aplicados, nunca consiguió superar las dificultades existentes.