Derecho Privado y Constitución

Autonomía en relación con la propia muerte. Las sentencias del TC 19/2023 y 94/2023

M.ª Belén Andreu Martínez — mar, 03 dic 2024 00:00:00 +0000

El derecho a la autodeterminación sobre la propia muerte en determinados contextos se ha abierto paso en España a través de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, reguladora de la eutanasia, así como de las sentencias del TC 19/2023 y 94/2024, que declaran su constitucionalidad. En este trabajo nos centraremos en algunos aspectos planteados en estas sentencias, que son de máxima relevancia. Así, el alcance del derecho a la vida y el papel de la libre autodeterminación en la nueva configuración del derecho a la integridad personal del art. 15 CE, siguiendo la estela marcada por el TEDH. También se abordarán determinados aspectos del modelo regulatorio, como la delimitación del contexto eutanásico, especialmente en los casos de enfermedades mentales, y las carencias en relación con las situaciones de «incapacidad de hecho».

Análisis de la doctrina constitucional sobre la vacunación contra la covid-19 de personas con discapacidad y menores de edad

Sonia Ramos González — mar, 03 dic 2024 00:00:00 +0000

El objeto de este trabajo es analizar la doctrina constitucional aplicada a algunas de las decisiones judiciales que autorizaron la vacunación contra la covid-19 durante la pandemia sin el consentimiento informado del paciente y en dos grupos de casos: personas con discapacidad y personas menores de edad. El objeto de las SSTC es decidir si este tipo de decisiones vulneran el derecho a la integridad personal (art. 15 CE) del paciente y la cuestión jurídica básica afecta a los criterios en los que se han de basar tanto la actuación de la persona llamada a prestar el consentimiento informado en lugar del paciente como su revisión judicial.

Algunas consecuencias del uso abusivo del decreto ley por parte de los Ejecutivos estatal y autonómicos

Esther Martín Núñez — mar, 03 dic 2024 00:00:00 +0000

El protagonismo de los Ejecutivos estatal y autonómicos en la función legislativa a través de los decretos leyes ha alterado el equilibrio del reparto de poderes y del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza nuestro sistema constitucional. El Tribunal Constitucional ha mantenido una actitud contenida en el control del presupuesto habilitante y una deferencia hacia el Gobierno central, siendo más exigente en el control del uso de esta figura por parte de los Ejecutivos autonómicos, en parte por la ausencia de legitimación de las minorías de dichos parlamentos para impugnarlos. Asimismo, el blindaje jurídico que generan algunos decretos leyes repercute en el derecho a la tutela judicial, afectando a la capacidad de los ciudadanos de defenderse judicialmente y a título individual frente a normas con rango de ley.

La colisión entre el derecho al honor y las libertades de expresión e información en el deporte

Eduardo De la Iglesia Prados — mar, 03 dic 2024 00:00:00 +0000

La trascendencia actual del deporte ha llevado al legislador a reconocer, expresamente, algunas competiciones deportivas como actividades de interés general, circunstancia que provoca el incremento de información y opinión sobre su desarrollo, con incidencia en el crédito de los participantes. Por ello, se han generado un importante número de resoluciones judiciales que valoran la colisión entre los derechos fundamentales al honor y las libertades de expresión e información en el deporte, cuya solución presenta particularidades interpretativas que justifican su precisión y el presente trabajo, para cuya comprensión adecuada es necesaria una previa exposición de los requisitos generales de los derechos fundamentales en litigio, tras lo cual se procede a desarrollar específicamente la colisión en la materia apuntada, siendo para ello esencial el estudio de la doctrina y jurisprudencia existente.

La dudosa constitucionalidad de la actual regulación autonómica en materia de viviendas de uso turístico

José María Botello Hermosa — mar, 03 dic 2024 00:00:00 +0000

En el presente artículo abordamos la eventual falta de competencia del legislador autonómico para regular las viviendas desde el punto de vista del derecho civil, identificando el instrumento jurídico que da origen a esta figura contractual y cuestionando la competencia de las comunidades autónomas para su delimitación.