Derecho Privado y Constitución

El respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona discapacitada como manifestación de su derecho a la dignidad personal

Blanca Sánchez-Calero Arribas — 2024-06-21

El presente trabajo se centra en el estudio del principio del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona discapacitada, uno de los pilares básicos de la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, que está dirigido a promover la autonomía de las personas con discapacidad, es decir, a promover el ejercicio de su capacidad jurídica en situación de igualdad, indispensable para garantizar la dignidad de estas y el libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1 CE). Se analizará su alcance en las distintas facetas en las que puede manifestarse la voluntad del discapacitado (medidas de apoyo voluntarias, proceso de toma de decisiones, decisiones adoptadas por representación y adopción de medidas judiciales de apoyo), pues se plantean un gran número de problemas, sobre todo en relación con la posibilidad de apartarse de dicha voluntad.

Derechos fundamentales y personalidad jurídica de los robots: ¿para qué?

María del Mar Méndez Serrano — 2024-06-21

La actual tendencia a asignar personalidad jurídica a los robots parece tener su raíz en la necesidad de imputarles responsabilidad civil, como consecuencia del daño que estos pudieran causar en la cotidianeidad, tanto laboral como doméstica, según el ámbito en el que tenga lugar su intervención. Todo ello, debido, por un lado, a la posibilidad de aprendizaje autónomo, a través de redes neuronales que imitan la estructura del cerebro humano, y, por otro, a los sesgos que los propios creadores de los algoritmos albergan en su manera de ver y conocer el mundo. Ahora bien, podría decirse que lo realmente relevante en este sentido, en el caso de que finalmente estas «cosas» sean consideradas sujetos de derecho, con capacidad jurídica, es el impacto que esto pueda tener en el ámbito de los derechos fundamentales y su protección, si no se establecen con claridad los límites. En este sentido, hay una pregunta que antecede a toda la problemática que se ha suscitado en torno a los llamados humanoides: ¿es necesario realmente dotarlos de personalidad jurídica para dar respuesta a los interrogantes que surgen en el ámbito jurídico como consecuencia de su intervención en la vida cotidiana? ¿Son reales las «aparentes lagunas del derecho» que tantas líneas han ocupado, cuando el daño lo ha ocasionado ese gran conjunto de algoritmos capaz de tomar decisiones complejas, como si de un ser humano se tratara? Quizá la idea tergiversada, y mayormente extendida, sobre lo que es o no la inteligencia artificial nos haya hecho creer que realmente es preciso incluir a los robots en la categoría de sujetos del derecho, necesitados y dotados de personalidad jurídica, considerando esta postura la más idónea para que, como sociedad, estemos preparados frente a la que se avecina. Expuesto así, suena realmente alarmante. Sin embargo, es muy probable que ya contemos con todo lo que necesitamos, y sencillamente se trate de aclarar o conocer, partiendo del rigor científico, qué es eso de la IA, hasta dónde puede llegar y a qué nuevos derechos está dando lugar.

¿Otro gato de Schrödinger? Sobre la suspensión del procedimiento de expropiación rogada (comentario a la STC 168/2023, de 22 de noviembre)

Rafael Verdera Server — 2024-06-21

La STC 168/2023, de 22 de noviembre, considera inconstitucional la suspensión del inicio del procedimiento de expropiación rogada, sucesivamente prorrogada por el legislador valenciano. El Tribunal Constitucional mantiene aparentemente su tradicional doctrina sobre la configuración del derecho a la propiedad privada, pero las circunstancias del caso le llevan a declarar esa inconstitucionalidad. La cuestión más relevante es si nos hallamos ante un cambio de tendencia en la postura tradicional del Tribunal Constitucional, o si persistirá, especialmente para otras materias, como los arrendamientos de vivienda, la inclinación al vaciamiento del derecho de propiedad

Novedades en torno a los efectos legales de la gestación subrogada según el derecho internacional privado español: el caso de Ana García Obregón

Esperanza Castellanos Ruiz — 2024-06-21

En el presente trabajo se estudiarán las novedades sobre la filiación determinada en el extranjero tras una gestación subrogada y la cuestión de sus efectos legales en España, al hilo de uno de los casos más recientes que se han producido en España. Ana García Obregón ha decidido ser madre por gestación subrogada en Florida a sus 68 años, con material genético de su hijo fallecido hacía tres años, y hay que preguntarse si la filiación legalmente establecida en Florida puede surtir efectos legales en España. A pesar de tratarse de una cuestión con grandes componentes éticos y morales, de gran impacto social, el trabajo se centrará exclusivamente en dar solución a los problemas de estricto derecho internacional privado, teniendo en cuenta las soluciones ofrecidas, al respecto, por la Dirección General de los Registros y del Notariado —actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública—, los tribunales de justicia y, en especial, el Tribunal Supremo, asícomo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considerando la relevancia extraordinaria de los hechos.

La determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados: marco normativo actual, doctrina jurisprudencial y la reforma para la judicialización del procedimiento y la efectiva preservación de la identidad personal

Lucía Molina Martínez — 2024-06-21

La presente investigación realiza un examen del marco normativo actual en España para la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, así como de la aplicación que de este viene realizando la Fiscalía. Seguidamente, se da cuenta de las deficiencias e irregularidades detectadas en el marco de estos procedimientos por las instituciones de protección del menor y se constata cómo los pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han contribuido a su mejora, reforzando el procedimiento con mayores garantías, lo que ha llegado a cristalizar en la legislación específica de protección del menor. Por último, se analiza el Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad, poniendo de manifiesto sus aspectos novedosos en favor de la preservación de la identidad del menor migrante, así como las deficiencias de las que adolece y que podrían generar disfunciones en su aplicación práctica.