La doctrina del reportaje neutral constituye uno de los instrumentos más relevantes elaborados por la jurisprudencia constitucional para articular el equilibrio entre el ejercicio de la libertad de información y la protección de los derechos de la personalidad reconocidos en el art. 18.1 CE. Su función ha sido, tradicionalmente, delimitar los supuestos en los que el medio de comunicación, al limitarse a reproducir declaraciones o informaciones ajenas debidamente identificadas, puede quedar exonerado de responsabilidad por eventuales intromisiones ilegítimas derivadas del contenido difundido.

No obstante, el progresivo desarrollo de todo el ecosistema de la información, marcado por la inmediatez, la digitalización de los contenidos y el papel central de las agencias de información como proveedoras de noticias para los medios, ha tensionado los presupuestos tradicionales sobre los que se asentaba dicha doctrina. La reproducción casi automática de materiales elaborados por terceros plantea nuevos interrogantes en torno al alcance del deber de diligencia exigible a los medios y a la vigencia del reportaje neutral como mecanismo de exención de responsabilidad.

En este contexto se inscribe la STC 62/2025, de 11 de marzo, que aborda de forma directa la aplicabilidad de la doctrina del reportaje neutral a las noticias procedentes de agencias de información. La sentencia introduce una reinterpretación relevante del marco jurisprudencial previo, al negar que la mera cita de la fuente y la ausencia de manipulación del contenido resulten suficientes para excluir la responsabilidad del medio cuando la información difundida lesiona derechos fundamentales.

El presente análisis parte, por tanto, de la necesidad de examinar, desde un punto de vista crítico, esta nueva orientación doctrinal, atendiendo tanto a sus fundamentos constitucionales como a sus implicaciones prácticas en el ejercicio del periodismo profesional. A tal efecto, se abordará, en primer lugar, la delimitación conceptual de los derechos fundamentales en conflicto; seguidamente, los presupuestos y límites tradicionales de la doctrina del reportaje neutral, y, finalmente, el alcance del giro jurisprudencial introducido por la STC 62/2025, así como las posiciones discrepantes manifestadas en los votos particulares, con el fin de valorar si la solución adoptada logra un equilibrio adecuado entre la tutela de los derechos de la personalidad y la garantía de una opinión pública libre en una sociedad democrática.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 62/2025, de 11 de marzo, resuelve el recurso de amparo interpuesto por la entidad Diario ABC, SL, contra la resolución de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sentencia 1225/2023, de 13 de septiembre), que había declarado la existencia de una intromisión ilegítima en los derechos al honor y a la propia imagen de don Cristian Opazos Menor. El conflicto surge a raíz de la difusión, por la edición digital del periódico, de un vídeo elaborado por la agencia de noticias Atlas, relativo a la muerte de un preso en el centro penitenciario de Soto del Real. En el material audiovisual, de un minuto y veintidós segundos de duración, se insertaron —por error— imágenes de otro boxeador, el señor Opazos, tomadas de una entrevista previa en YouTube, mientras una voz en off narraba: «Así se presenta “El Nene”, este campeón de muay thai que mató a golpes a su compañero de celda por una litera». La confusión entre ambos deportistas dio pie a la demanda del afectado.

El demandante solicitó indemnización por daños morales alegando vulneración de sus derechos fundamentales al honor y a la propia imagen, en tanto que su rostro se asociaba directamente con la autoría de un homicidio. Los tribunales de primera instancia y apelación rechazaron la demanda, aplicando la doctrina del reportaje neutral, al considerar que el medio se había limitado a reproducir sin manipulación un contenido elaborado por una agencia informativa de reconocida fiabilidad, citando, además, la fuente. En ambas resoluciones se entendió que el periódico actuó de buena fe y dentro de los márgenes de la libertad de información.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en casación, revocó la decisión y estimó parcialmente la demanda. A su juicio, la reproducción de la imagen del demandante, ajena por completo a los hechos, excedía los límites de la libertad informativa. Recordó su precedente STS 748/2022 —referida al mismo vídeo difundido por otro medio—, en la que ya se había descartado la aplicación del reportaje neutral ante un error gráfico de semejante gravedad. El Supremo consideró que la agencia y el medio tenían el deber de extremar la diligencia al tratarse de información potencialmente lesiva del honor de una persona, máxime cuando esta carece de proyección pública. En consecuencia, condenó al periódico a indemnizar con 3000 euros, retirar el vídeo y publicar el fallo.

Diario ABC recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneración de su derecho a la libertad de información (art. 20.1.d CE). Argumentó que el error era mínimo, sin intencionalidad maliciosa ni efecto identificable, y que exigir a los medios la comprobación individual de cada material de agencia supondría vaciar de contenido la doctrina del reportaje neutral. El Pleno del Tribunal Constitucional, no obstante, desestimó el recurso, sosteniendo que la publicación de noticias procedentes de agencias de información no exime al medio del deber de diligencia profesional ni de la responsabilidad derivada de su falta, sentando así una nueva línea doctrinal restrictiva respecto del reportaje neutral.

La Sentencia 62/2025 del Tribunal Constitucional establece una doctrina de gran relevancia: la posible inaplicación del reportaje neutral a las noticias procedentes de agencias informativas, incluso cuando estas sean fiables y se citen correctamente como fuente. El Tribunal considera que la reproducción de contenidos de terceros no libera al medio de comunicación del cumplimiento del deber de veracidad y diligencia inherente al ejercicio de la libertad de información (art. 20 CE).

Tradicionalmente, la doctrina del reportaje neutral —consolidada por la jurisprudencia constitucional desde la STC 41/1994 y desarrollada en decisiones posteriores (SSTC 190/1996 y 139/2007, entre otras)— exoneraba de responsabilidad al medio que se limitaba a reproducir fielmente declaraciones o informaciones ajenas, siempre que se identificara la fuente y se respetara su contenido sin alteraciones. La veracidad, en tales casos, se refería no a los hechos narrados, sino a la fidelidad de la transcripción. No obstante, si bien el Tribunal Constitucional continúa exonerando al medio bajo dichas condiciones, introduce ahora una reinterpretación restrictiva: cuando la noticia proviene de una agencia, la responsabilidad no se diluye, pues el medio continúa siendo el difusor último ante la opinión pública y, por tanto, corresponsable de los daños que la información pueda causar.

El Tribunal parte de la idea de que el deber de diligencia puede modularse —no eliminarse— según la fiabilidad de la fuente. Las agencias de información aportan garantía profesional, pero ello solo atenúa la obligación de contraste, no la extingue. De este modo, el medio debe advertir, conforme a una razonable prudencia, si el contenido recibido contiene elementos potencialmente lesivos o injustificados, como en el caso de la inserción de la imagen del demandante. El Tribunal Constitucional advierte que aceptar una exención total de responsabilidad «convertiría el reportaje neutral en una coartada para eludir toda responsabilidad por intromisiones ilegítimas en derechos fundamentales».

Asimismo, la sentencia aclara que dicha doctrina no es aplicable respecto al derecho a la propia imagen, pues este se rige por la Ley Orgánica 1/1982, que exige consentimiento expreso para la captación o difusión de la imagen. La existencia de una publicación previa o la disponibilidad pública en redes sociales no suponen autorización general. En este punto, el Tribunal se alinea con la STS 15 de febrero de 2017 y la STC 27/2020, que negaron que la exposición pública de una fotografía en redes autorice su reutilización por terceros.

En definitiva, el Tribunal Constitucional refuerza el estándar de diligencia periodística: el medio debe evaluar activamente la idoneidad y licitud de las imágenes o datos que difunde, aun cuando procedan de fuentes reputadas. Con ello, el fallo supone un endurecimiento del marco de responsabilidad de los medios y una limitación de la tradicional wire service defense —inspiración norteamericana del reportaje neutral—, priorizando la protección de los derechos de la personalidad frente al automatismo en la reproducción informativa. Se trata, por tanto, de una sentencia de hondo impacto en la doctrina constitucional española sobre el equilibrio entre la libertad de información y los derechos fundamentales de terceros.

El derecho fundamental al honor se consagra en el art. 18.1 CE. Sin embargo, dicho precepto se limita a establecer que «[s]e garantiza el derecho al honor», sin ofrecer una definición de su contenido. Tampoco lo hace la norma que lo desarrolla, que es la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (en adelante, LO 1/1982). No obstante, esta ley sí identifica, en su artículo séptimo, una serie de conductas que constituyen ilegítimas intromisiones del derecho al honor, lo que permite delimitar su contenido de forma negativa, siendo el denominador común de tales intromisiones «el desmerecimiento en la consideración ajena».

Si bien el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho fundamental al honor es un concepto jurídico indeterminado cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento, lo cierto es que no ha renunciado a definir su contenido constitucional abstracto. Así, ha afirmado que dicho derecho «ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que puedan hacerla desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o al ser tenidas en el concepto público por afrentosas». Esta concepción remite al honor en sentido objetivo, entendido como fama o reputación social, definiéndose la buena reputación como «la opinión que las gentes tienen de una persona, buena o positiva si no van acompañadas de adjetivo alguno». Este aspecto externo del derecho —como proyección de la persona hacia la sociedad— resulta indispensable para apreciar su vulneración, no siendo suficiente con alegar un menoscabo de la propia autoestima del afectado (concepción del honor en sentido subjetivo). En consecuencia, la tutela del sentimiento de la propia persona, por moverse, precisamente, en el ámbito de la subjetividad, no puede invocarse de forma autónoma para justificar la lesión del derecho fundamental al honor, siendo necesaria la concurrencia de un elemento trascendente o externo, integrado por la fama o la consideración que los demás tienen del sujeto.

Por su parte, el derecho a la libertad de información, con el que frecuentemente colisiona el derecho al honor, se establece en el art. 20.1.d CE, en el cual se reconoce y protege el derecho «[a] comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». No obstante, como señala el art. 20.4 CE, este derecho tiene «su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia».

En los supuestos de colisión entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de información, la doctrina constitucional, recogida por la sentencia comentada, «parte de reconocer al derecho a la libertad de información una posición especial en nuestro ordenamiento, por cuanto a través de este derecho no solo se protege un interés individual, sino que entraña también el reconocimiento y garantía de la posibilidad de existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático». Ahora bien, tal y como ha precisado el propio Tribunal, esto no significa que la libertad de información deba prevalecer siempre y en todo caso frente al derecho al honor, sino que, para que la libertad de información prevalezca sobre el derecho al honor, es precisa la concurrencia de dos requisitos: que la información se refiera a hechos con relevancia pública y que sea veraz.

Por un lado, en cuanto al primero de estos requisitos, la relevancia pública de la información implica que se trate de «hechos noticiables por su importancia o su relevancia social», con la finalidad de contribuir a la formación de la opinión pública. Podrían ser, por ejemplo, los sucesos de relevancia penal, con independencia del carácter de sujeto privado de la persona afectada por la noticia, como sucede en el caso analizado en la sentencia comentada. Por el contrario, si la información no es de interés público, se invierte lógicamente la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho al honor, con independencia de que la persona afectada sea pública o privada (Ortega Gutiérrez, 1999: 111).

Por otro lado, en lo que refiere al requisito de la veracidad, el Tribunal Constitucional ha precisado que su prueba no puede «consistir en la acreditación de que lo narrado es cierto, puesto que ello constituiría una probatio diabólica, por imposible en la mayoría de los casos». Exigir tal demostración supondría constreñir el cauce comunicativo únicamente a los hechos que hubiesen sido «plena y exactamente demostrados», lo que, en la práctica, haría inoperante el ejercicio de la libertad de información. Es por ello por lo que el canon de veracidad debe medirse en función de «la diligencia razonablemente exigible», de modo que «el objeto de su prueba no son los hechos en sí objeto de narración, sino aquellos hechos, datos o fuentes de información empleados, de los que se pueda inferir la verosimilitud de los hechos narrados». De este modo, lo que el deber de veracidad impone a quien informa es la verificación de la noticia, ya sea mediante la comprobación de hechos objetivos o mediante la consulta de fuentes seguras y solventes. Sin embargo, puede que, pese a ello, la información resulte errónea, lo que, obviamente, no puede excluirse totalmente. En este sentido, la veracidad opera para «negar la protección constitucional a los que […] transmiten como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones, sin comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente».

Los criterios para apreciar el cumplimiento de la diligencia exigible no pueden fijarse apriorísticamente, sino que dependerán de las características de la comunicación de que se trate. A este respecto, el Tribunal Constitucional ha ido perfilando, según los casos, el nivel de diligencia exigible. Así, dicho nivel de diligencia adquirirá su máxima intensidad «cuando la noticia que se divulga puede suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se refiere»; deberá respetarse, asimismo, «el derecho de todos a la presunción de inocencia», pues no es admisible que pueda calificarse a una persona como autora de un delito hasta que no exista resolución judicial, ya que solo a través de esta se puede quebrar dicha presunción; deberá atenderse también a la condición pública o privada de la persona cuyo honor queda afectado; a la trascendencia de la información difundida, ya que, en función de esta, las consecuencias pueden ser diferentes, por lo que puede ser exigible un mayor cuidado de contraste; y, finalmente, al modo en que el medio presenta la información, diferenciando entre aquellos supuestos en los que el medio asume como propias la ordenación y presentación de los hechos y aquellos en los que, simplemente, se limita a realizar una transmisión neutra proveniente de las manifestaciones de otro. Es, en este contexto, donde surge la doctrina del reportaje neutral, según la cual se excluye la responsabilidad del informador cuando este se limita a reproducir lo que un tercero ha dicho o escrito. En tales supuestos, el informador actúa como un mero soporte y medio de difusión de las opiniones o informaciones transmitidas por un tercero, satisfaciendo adecuadamente el derecho a comunicar libremente información veraz. En este sentido, tal y como ha precisado el Tribunal Constitucional, la veracidad exigida «no lo es de lo transcrito, sino de la transcripción misma», de modo que la diligencia debida pivota en torno a la «demostración de su neutralidad respecto de lo transcrito». De lo contrario: «La exigencia del control de fundamento de la información proporcionada por sujetos externos provocaría una alteración de la función meramente informativa asumida por el medio, simplemente narrador de las declaraciones acusatorias, para asumir una labor censora o arbitral que no le es propia […]».

Así, estaremos ante un reportaje neutral cuando el medio de comunicación cumpla una función meramente transmisora de lo dicho por otro, «siempre que no la manipule mediante su artero fraccionamiento en el seno de su reportaje de mayor extensión, interfiriendo en su discurrir con manifestaciones propias, componiéndolo con textos o imágenes cuyo propósito sea, precisamente, quebrar la neutralidad del medio de comunicación respecto de lo transcrito». En consecuencia, si el medio acredita que lo transcrito existe y coincide con lo dicho o escrito por el tercero, y que a aquel a quien se imputa lo reproducido es, efectivamente, la fuente de lo transcrito, el responsable del contenido de las declaraciones reproducidas no será quien las reproduce, sino su autor material.

Sin embargo, en la sentencia comentada, una vez descartada la aplicación del reportaje neutral —por las razones que más adelante se analizarán—, se aprecia una falta de diligencia del medio de comunicación que dio lugar a una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor del señor Opazos.

En primer lugar, porque el señor Opazos era un completo desconocido para el público en general, de modo que la publicación de su fotografía «puede considerarse una injerencia más importante que un reportaje escrito», lo que exige un mayor nivel de diligencia en la ponderación de los distintos intereses en juego; exigencia que, en el presente caso, no se constató.

Y, en segundo lugar, porque cuando la noticia que se divulga puede suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se refiere, el deber de diligencia debe adquirir «su máxima intensidad», y más especialmente, cuando, como ocurre en el caso en cuestión, la noticia que se transmitió suponía la atribución de la comisión de un delito.

En atención a estas circunstancias, el Tribunal concluye que el medio de comunicación no cumplió con la diligencia exigible, puesto que «bastaba el mero visionado del contenido del vídeo para representarse que la asociación del titular “‘El nene’ mata a golpes a un traficante de drogas por una litera” a la imagen del señor Opazos en un ring de boxeo afectaba seria e injustificadamente a su reputación».

El derecho fundamental a la propia imagen se consagra en el art. 18.1 CE y en la LO 1/1982, de 5 de mayo, y se le reconoce a todo individuo, por el mero hecho de serlo, como consecuencia de su intrínseca dignidad (De Verda y Beamonte, 2011a: 53). Como tal derecho garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más característicos, propios e inmediatos, como son la imagen física, la voz o el nombre, cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible a toda persona. Así, la propia imagen, en cuanto reflejo directo de una persona y sus manifestaciones (Ripollés Serrano y Ripollés Serrano, 1989: 189), se protege confiriéndole a su titular el poder de decidir sobre la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales.

Esta protección se garantiza otorgándole a su titular facultades en un doble sentido. De un lado, una facultad positiva, consistente en decidir qué información gráfica formada por sus rasgos físicos puede ser objeto de difusión pública. De otro, una facultad negativa, que le permite impedir la captación, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de cualquier persona no autorizada fuera cual fuese la finalidad perseguida por esta. De ello se desprende que, para proteger adecuadamente el derecho a la propia imagen, resulta imprescindible partir de la regla general del consentimiento previo del titular como presupuesto necesario para la captación, reproducción o difusión de su imagen. Dicho consentimiento, que aparece en el art. 2.2 LO 1/1982, ha de ser, además, expreso. El carácter expreso significa que este «no puede ser general, sino que habrá de referirse a cada concreto acto de intromisión», es decir, cada posible utilización de la imagen —ya sea su captación, reproducción o difusión— requiere una autorización individualizada y específica.

De esta forma, el consentimiento prestado únicamente para la captación de la imagen no se extiende a otros actos posteriores como, por ejemplo, su publicación o difusión; del mismo modo, tampoco cabe extender el consentimiento o autorización concedida para publicar una imagen a otra publicación de otro medio distinto de aquel para cuya publicación fue tomada; incluso, aun tratándose del mismo medio, el consentimiento prestado para la publicación de una imagen con una finalidad concreta no puede extenderse a usos ulteriores con objetivos diferentes, siendo necesaria, en estos casos, una nueva autorización para cada finalidad adicional; esta lógica se proyecta igualmente en el ámbito digital, de modo que el usuario de una red social que «sube» o «cuelga», o, en suma, exhibe una imagen para que puedan observarla otros, tan solo consiente en ser observado en el lugar que él ha elegido (perfil, muro, etc.), de tal forma que ello no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta.

No obstante, el derecho fundamental a la propia imagen no es un derecho absoluto e incondicionado, sino que, tal y como señala la STC 27/2020, de 24 de febrero, existen circunstancias que pueden determinar que la regla general del consentimiento «ceda a favor de otros derechos e intereses constitucionalmente legítimos», como, por ejemplo, en aquellos casos en los que exista «un interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente prevalente sobre el interés de la persona en evitar la captación o difusión de su imagen». En tales casos, cuando el derecho a la propia imagen entre en conflicto con otros derechos como el derecho a la libertad de expresión e información —art. 20.1, a) y d), CE—, deberán ponderarse los diferentes intereses enfrentados y decidir, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, cuál de ellos merece una protección preferente.

Para determinar si el derecho de información debe prevalecer sobre el derecho a la propia imagen será necesario constatar, con carácter previo, que se cumplen dos requisitos: 1) la relevancia pública de la información, y 2) la veracidad de los hechos y afirmaciones contenidos en esa información. Verificado que se cumplen estos dos requisitos, será posible indagar si dicha información debe prevalecer cuando entra en conflicto con otros derechos, «cuya lesión, de existir, sólo deberá ser objeto de protección en la medida en que no esté justificada por la prevalencia de la libertad de información, de acuerdo a la posición preferente que por su valor institucional ha de concederse a esa libertad».

En el caso que nos ocupa, la entidad recurrente en amparo (Diario ABC, SL) pretendía la aplicación de la doctrina del reportaje neutral en relación con la intromisión del derecho a la propia imagen. Sin embargo, a mi juicio, la aplicación de la referida doctrina en este caso carece de fundamento, dado que, como se ha expuesto, para que la difusión de una imagen no constituya una intromisión ilegítima resulta imprescindible contar con el consentimiento expreso del afectado —consentimiento que aquí no se prestó— o, de manera excepcional, que concurra un interés público o que la imagen aparezca de forma accesoria en la noticia —art 8.2, a) y c), LO 1/1982—. Ninguna de estas circunstancias concurre en el supuesto analizado, puesto que el señor Opazos no es un personaje público ni su imagen guarda una relación accesoria o instrumental con la noticia publicada. En tal sentido, como afirma la doctrina, como mucho, el reportaje neutral se podría haber utilizado para que, presupuesta la licitud de la imagen del demandante, se le eximiera de responsabilidad, también por intromisión en su derecho al honor, sobre la base de que el demandado se había limitado a reproducir un vídeo con cita de la agencia que se lo había suministrado.

En esta línea, lo cierto es que la STS (Sala 1.ª, Sección 1.ª) de 13 de septiembre de 2023 objeto del recurso de casación que resuelve la sentencia aquí comentada descartó la aplicación de la doctrina del reportaje neutral en relación con el derecho a la propia imagen. Para ello, se apoyó en los argumentos esgrimidos por otra STS (Sala 1.ª, Sección 1.ª) de 3 de noviembre de 2022, que se refería a la publicación del mismo vídeo por otro medio de comunicación, en la que se estimó un recurso de casación planteado por el mismo recurrente. De esta forma, en la primera sentencia se reitera lo ya razonado en la segunda, según la cual la doctrina del reportaje neutral

En el presente supuesto, la comentada STC (Pleno) 62/2025, de 11 de marzo, sin llegar a negar la aplicación del reportaje neutral en relación con el derecho a la propia imagen, señala que son varios los elementos que deben tomarse en consideración para refrendar la valoración efectuada en la recurrida STS (Sala 1.ª, Sección 1.ª) de 13 de septiembre de 2023, en la que sí que se deniega la aplicación del reportaje neutral respecto a la intromisión ilegítima del derecho a la propia imagen:

Sin embargo, desde mi perspectiva, esta afirmación no es ajena a una tensión relevante. Si bien las indemnizaciones no deben alcanzar una cuantía que disuada u obstaculice la función esencial de los medios de comunicación en una sociedad democrática, el reverso de tal planteamiento presenta un riesgo evidente: cuando las condenas económicas son meramente simbólicas o irrelevantes para medios de comunicación de gran dimensión, existe el riesgo de que los medios de comunicación interioricen que la vulneración del deber de diligencia profesional resulta más rentable que su cumplimiento, convirtiendo la indemnización en un coste asumible —e incluso irrelevante— de la actividad informativa. Ello podría generar incentivos perversos, relajando los estándares de comprobación exigibles y comprometiendo la tutela efectiva de derechos fundamentales como el derecho al honor y a la propia imagen. Por ello, la determinación judicial de la cuantía indemnizatoria debe situarse en un equilibrio razonable: ni desorbitada hasta limitar la libertad de información ni tan reducida que vacíe de eficacia la exigencia constitucional de veracidad y diligencia.

Analizados dichos elementos, el Tribunal Constitucional termina desestimando el recurso de amparo interpuesto por Diario ABC, SL, al entender que la actuación del periódico supuso una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen del señor Opazos. Concluye que «el medio de comunicación no cumplió con la diligencia exigible antes de proceder a la transmisión del material informativo», pues «al medio de información, por razones obvias, le bastaba el mero visionado del contenido del vídeo para representarse que la asociación del titular “‘El Nene’ mata a golpes a un traficante de drogas por una litera” a la imagen del señor Opazos en un ring de boxeo afectaba seria e injustificadamente a su reputación». En definitiva, concluye el Tribunal que «la actuación del medio de comunicación no puede entenderse amparada en su derecho fundamental a la libertad de información».

El primer requisito para que resulte aplicable la doctrina del reportaje neutral es la identificación de la fuente de la que procede la información difundida, ya se trate de la declaración de un tercero o del medio que originariamente la publicó.

Así lo establece el Tribunal Constitucional al afirmar que «la diligencia mínima exigible al medio de comunicación le impone […] la identificación necesaria del sujeto que emite las opiniones o noticias, que de este modo quedan limitadas por la propia credibilidad de su autor». Esta exigencia responde a un doble fundamento. Por un lado, al interés de los destinatarios de la información en conocer su procedencia para que puedan formarse un juicio sobre su veracidad, que no está contrastada por el medio que se beneficia de la aplicación de la doctrina del reportaje neutral. Por otro, a la necesidad de que el ofendido pueda exigir responsabilidad frente a quien emitió originalmente la información si esta resultase finalmente falsa (De Verda y Beamonte, 2015: 399).

En la sentencia comentada se hace referencia a que «[e]l objeto de la noticia lo constituyen declaraciones que imputan hechos lesivos del honor, pero que, por sí mismas, sean noticia y se pongan en boca de personas determinadas, responsables de las declaraciones. No hay reportaje neutral cuando no se determina quién hizo las declaraciones».

La STC 6/1996, de 16 de enero, rechazó aplicar la doctrina del reportaje neutral porque, entre otros motivos, la revista no identificó de forma concreta la fuente informativa en la que basaba su noticia. En este supuesto, la tesis del Ministerio Fiscal, asumida por el Tribunal, señala que «tan grave imputación no se acompaña de prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario que pudiese acreditar la veracidad de la información. Aunque se afirma que la noticia se ha contrastado, es lo cierto que sólo se citan fuentes indeterminadas». En concreto, en la demanda de amparo se alega que la información fue debidamente contrastada con diversas fuentes, tales como «entrevistas con testigos, con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con fuentes cercanas a la organización terrorista ETA». No obstante, el Tribunal consideró que tal alegación «no puede entenderse más que como una remisión a fuentes insuficientes para dar por cumplida la diligencia propia del informador, dado que las mismas no pasan de ser indeterminadas, sin que se haya identificado en absoluto su origen». En consecuencia, «al no identificarse las fuentes originarias de la información no es de aplicación la doctrina del reportaje neutral».

En la misma línea, la STS 30 de junio de 2006 resolvió un supuesto relativo a la publicación, por el diario La Verdad de Murcia, de una noticia que atribuía la dimisión del presidente de una cofradía de Semana Santa a la existencia de presuntos gastos sin justificación contable, cuando el afectado sostenía que su cese obedecía exclusivamente a razones de salud; ante ello, el presidente cesado interpuso demanda civil por intromisión ilegítima en el derecho al honor contra la empresa editora del medio. En este caso, si bien el Tribunal Supremo declaró prevalente la libertad de información sobre el derecho al honor, descartó la aplicación de la doctrina del reportaje neutral, al considerar que esta exige que el medio informativo «debe personalizar en concreto de quién partieron las manifestaciones vertidas, es decir, han de ponerse en boca de personas determinadas responsables de ellas». Y, en el presente supuesto, aludir «a la Cofradía o a los cabos de andas, no supone la determinación necesaria del tercero que permita aplicar la doctrina del reportaje neutral».

Igualmente, la STS de 20 mayo de 2015 denegó la aplicación del reportaje neutral en relación con un reportaje publicado por la revista Interviú («La maldición del Frasco»), en el que se relataba la historia de un hombre que había ganado un gran premio de lotería, y que, como consecuencia de una vida disipada (dedicada al juego, la prostitución, etc.), se arruinó y terminó suicidándose. El Tribunal Supremo consideró que las afirmaciones sobre la supuesta vida desordenada que se atribuían al fallecido carecían de verificación suficiente y se basaban en fuentes anónimas o no contrastadas. En particular, el alto tribunal destacó que dichas afirmaciones se ponen «en boca de personas que no son adecuadamente identificadas», tales como «según recuerda un íntimo amigo suyo», «dice la propietaria de un mesón de la localidad» o «dicen sus amigos».

En estrecha conexión con el requisito de identificación de la fuente de la que procede la información, debe exigirse, asimismo, el requisito de que esta sea fiable, pues la sola mención de su procedencia no basta, por sí sola, para amparar la actuación del medio de información. De lo contrario, podría producirse la situación indeseable de que el medio se amparase en su supuesto «carácter neutral», limitándose a citar la fuente, aun siendo consciente de que esta carece de credibilidad o solvencia informativa. Ahora bien, si la fuente de la que proviene la información es fiable y digna de crédito, bastará su identificación para entender aplicable la doctrina del reportaje neutral. Dicho con palabras del Tribunal Constitucional, «es indudable que cuando la fuente que proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria mayor comprobación que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si ésta puede mencionarse en la información misma».

A modo ejemplificativo de tal doctrina, puede traerse a colación la STC 178/1993, de 31 de mayo, que trae causa de la publicación de una noticia basada exclusivamente en una nota oficial de la Guardia Civil sobre un homicidio, en la que se incluía la versión policial de que la víctima habría intentado agredir sexualmente a uno de los autores. En tal caso, el Tribunal Constitucional señaló que la noticia publicada «tuvo por única fuente una Nota de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil», y afirmó: «Si el medio afectado recibió esta Nota, directamente o precedente de una agencia o agencias que la hubieran recibido previamente, no es pensable que se le pueda exigir el contraste de la información con otras fuentes, sino sólo la seguridad de que la fuente era el órgano que se dice». Y concluyó: «La proximidad de éste a la investigación oficial de los hechos difundidos puede entenderse, por ello, de la suficiente intensidad como para no necesitar comprobación por otras vías».

Al hilo de lo anterior, parece que no deberían suscitarse dudas respecto de la fiabilidad de las agencias oficiales de información. De hecho, la realidad es que hasta el momento la jurisprudencia había sido coherente con esta premisa. Así, la STS de 3 de noviembre de 2014 aplicó la doctrina del reportaje neutral a un caso en el que un diario publicó una noticia, firmada por la agencia EFE, informando de la detención del demandante por delitos graves relacionados con corrupción de menores, mencionando, además, una detención anterior por homicidio. El afectado demandó por vulneración del derecho al honor al entender inveraz y desproporcionada la información, ya que se omitió el dato de la absolución del homicidio del que se informaba. Sin embargo, el alto tribunal aplicó la doctrina del reportaje neutral porque se identificó «la fuente u origen de la información» —en este caso, la agencia EFE (agencia oficial de noticias de reconocido prestigio)— y se transcribió «literalmente el teletipo remitido por la agencia», reproduciendo fielmente su contenido. El Tribunal Supremo precisó que la veracidad «consiste esencialmente en comprobar la existencia de la declaración», que, en este caso, se concretaba en «la existencia de la remisión de la noticia o teletipo por la agencia Efe, hecho que no ha sido cuestionado».

Sin embargo, con la sentencia comentada se aprecia un cambio de paradigma con respecto a la aplicación de la doctrina del reportaje neutral cuando la noticia proviene de agencias de información; cambio de doctrina que será objeto de análisis posteriormente.

Para la aplicación de la doctrina del reportaje neutral, otro de los requisitos que ha de concurrir es el de la neutralidad informativa, entendida como la actuación del medio de comunicación en calidad de mero transmisor del mensaje, que se limita a reproducir lo dicho por otro sin introducir aportaciones propias ni incidir de manera relevante en la configuración, alcance o significado de la información difundida.

En palabras del Tribunal Constitucional:

La sentencia objeto de análisis precisa, asimismo, que el medio informativo debe limitarse a narrar las declaraciones realizadas por un tercero «sin alterar su importancia en el conjunto de la noticia». De ello se deriva que no cabe apreciar la existencia de reportaje neutral «cuando se reelabora la noticia, ni cuando el medio provoca la noticia». En definitiva, la referida doctrina no resulta aplicable cuando quien difunde el mensaje no se limita «a comunicar la información, sino que utiliza el mensaje, no para transmitir una noticia, sino para darle otra dimensión».

Esa «otra dimensión» a la que alude el Tribunal Constitucional, cuya concurrencia excluiría la aplicación de la doctrina del reportaje neutral, se manifiesta cuando el medio de comunicación abandona su posición de mero intermediario y pasa a desempeñar un papel activo en la presentación o construcción del mensaje, introduciendo elementos —ya sea en la forma o en el contenido— que inciden de manera relevante en su significado, alcance o impacto informativo.

Un ejemplo paradigmático de esta pérdida de neutralidad se encuentra en la STC 183/1995, en la que se condenó civilmente al medio de comunicación por intromisión ilegítima del derecho al honor. El litigio tuvo su origen en la publicación, por parte del referido medio, de un reportaje periodístico relativo al consumo y tráfico de drogas en algunos locales nocturnos, que fue ilustrado con una fotografía claramente identificable de la fachada de la discoteca Luxury, establecimiento que no era mencionado en el texto ni guardaba relación directa con los hechos narrados, provocando una asociación entre la información escrita y la imagen que podía inducir al lector a atribuirles las conductas ilícitas descritas. En consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró que «al asociar el contenido de una información, en sí misma neutral, a una persona determinada, provoca en el lector la convicción de que la parte recurrida es autora de los hechos narrados, convirtiendo, así, en inveraz la noticia en todo lo referente a dicha autoría».

Se trata, pues, de un supuesto similar al examinado en la sentencia comentada, en el que se incluye la imagen del señor Opazos en un vídeo en el que se narra la comisión de unos hechos delictivos totalmente ajenos a su persona, generándose así una asociación indebida entre dichos hechos y su identidad. Tal vinculación errónea se constituye, por tanto, como idónea para inducir al receptor de la información a atribuirle la autoría de conductas ilícitas que no le son imputables.

Por su parte, el requisito de la neutralidad informativa resulta quebrantado en aquellos supuestos en los que el medio de comunicación introduce juicios de valor sobre la noticia que transmite, descartando de este modo la aplicación de la doctrina del reportaje neutral. La razón de ello, como ha señalado una parte de la doctrina (De Verda y Beamonte, 2025:11), es clara: en tales casos, el medio trasciende el ámbito de la libertad de información para entrar en el de la libertad de expresión.

En este sentido, la STS de 9 de marzo de 2006 abordó un caso en el que una revista publicó en portada una imagen de una conocida modelo acompañada de un titular que afirmaba que padecía VIH, ampliándose dicha información en el interior de la revista mediante expresiones de marcado carácter alarmista y sensacionalista. El Tribunal Supremo descartó la aplicación de la doctrina del reportaje neutral, al considerar que el medio no se limitó a la mera reproducción objetiva de una información ajena, sino que introdujo «valoraciones, comentarios y glosas, para aderezar con un matiz morboso el sensacionalismo de la noticia».

En la misma línea, la STS de 16 de octubre de 2009 descartó la aplicación del reportaje neutral en un supuesto en el que una revista publicó dos reportajes que incluían informaciones y titulares sobre la vida personal y patrimonial de una persona viuda y su esposo ya fallecido. El Tribunal Supremo sostuvo que la referida doctrina queda excluida cuando el medio reelabora la información mediante titulares, comentarios o enfoques que incorporan juicios de valor. En concreto, destacó que el medio «no expone hechos de forma objetiva aportados por tercero, sino que los califica malévolamente incluso en los propios títulos que aparecen en las respectivas portadas». Añadió, además, que «se han publicado sendos reportajes que están muy lejos de ser neutrales, ya que se vierten una serie de noticias (información) y comentarios (opinión) que atentan claramente al honor y a la intimidad de la demandante y de su esposo fallecido». Es precisamente esa mezcla de información y opinión, especialmente cuando resulta lesiva para el honor o la intimidad, la que impide considerar al medio como un mero intermediario.

En tales casos, lo que ocurre es que el periodista asume la autoría del mensaje informativo, de modo que los contenidos que exceden de la reproducción neutral de declaraciones ajenas y generan una intromisión ilegítima en derechos fundamentales no quedarán amparados por la doctrina del reportaje neutral.

Por último, debe señalarse que la neutralidad de la información se pierde igualmente cuando el medio de comunicación que reproduce la noticia la presenta como propia, ya sea porque la asume expresamente como tal o porque así se desprenda de su tratamiento informativo.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que la doctrina del reportaje neutral resulta aplicable en aquellos casos en los que el medio de comunicación «se limita a dar cuenta de declaraciones o afirmaciones de terceros que resultan ser atentatorias contras los derechos del art. 18.1 C.E.» y no por tanto cuando presenta la noticia como propia (De Verda y Beamonte y Llop Tordera, 2023: 284).

Un supuesto paradigmático es el resuelto por la STS de 25 de febrero de 2011, en la que se aplicó la doctrina del reportaje neutral al precisarse que «en los artículos periodísticos no se transmite como propia la información difundida sino que claramente se pone de manifiesto que se recoge lo que es objeto del documental sobre la base de los materiales de investigación empleados tanto documentales como por medio de crónicas o relatos de historiadores, periodistas o testigos de la época». Por el contrario, la STC 52/1996 excluyó la aplicación de la doctrina del reportaje neutral al considerar que «no nos encontramos ante un contenido informativo puesto directamente en boca de una determinada persona que debe, en su caso, responder de esa información, sino ante una información del propio periódico apoyada en parte en el contenido de una grabación magnetofónica reproducida en el mismo y cuya autenticidad no se cuestiona». Estamos, pues, «ante un artículo periodístico cuya autoría debe atribuirse al periodista que la redacta y que asume una determinada versión de unos hechos con base en una determinada fuente».

La sentencia comentada señala que «en el reportaje neutral propio, la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración», quedando el medio exonerado de «responsabilidad respecto del contenido».

En este sentido, tal y como ya había señalado el Tribunal Constitucional, «cuando la fuente que proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria mayor comprobación que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si ésta puede mencionarse en la información misma». Ello se explica porque, en el marco del reportaje neutral, la exigencia de veracidad se circunscribe a la constatación de la realidad del hecho de la declaración, sin extenderse a la veracidad material de su contenido, cuya comprobación solo resulta, en principio, exigible al autor de esta.

Ahora bien, la doctrina del reportaje neutral no resulta aplicable cuando el medio conoce o dispone de indicios suficientes para conocer que la información difundida no es veraz.

Así lo afirmó la STS de 22 de diciembre de 2003 al señalar que el reportaje neutral exige «la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de lo transcrito, para evitar que el reportaje neutro sirva indebidamente a la divulgación de simples rumores o insidias». Con ello se pretende evitar que, con el pretexto de un reportaje neutral, se difundan informaciones respecto de las cuales exista constancia o sospecha fundada de su inveracidad, trasladando al medio una especie de artificiosa exención de responsabilidad. De esta forma, la neutralidad del medio decaería cuando la reproducción de la información operase como un vehículo de difusión de noticias carentes de fiabilidad, que fuesen incompatibles con la diligencia profesional exigible a cualquier informador.

El primer voto particular, aun concurriendo con el fallo desestimatorio, discrepa de una parte de los razonamientos en los que se apoya.

Parte de la premisa de que las agencias de información no son «fuentes periodísticas en sentido propio», que «ni se trata de fuentes a las que se pueda aplicar la teoría del reportaje neutral» ni tampoco de «agentes inocuos en el proceso informativo, que puedan permanecer al margen de todo un elenco de responsabilidades y obligaciones informativas». En este sentido, sostiene que «una agencia de noticias no es fuente informativa para un medio de comunicación», sino que es propiamente «un medio de comunicación».

A partir de esta concepción, el voto particular critica que la sentencia comentada parezca sugerir que «la debida diligencia exigible a los informadores que trabajan en una agencia y, por tanto, a la agencia, es más laxa que la exigible a un medio de comunicación que elaborase sus propias informaciones». Destaca, además, la aparente contradicción que existe al afirmar, por un lado, que «las agencias de noticias no son tan fiables como para eximir a los medios de comunicación y difusión de su deber profesional de diligencia en la comprobación de la veracidad», y, por otro, sostener que «la fiabilidad de la fuente y la confianza derivada de su profesionalidad pueden justificar que el deber de comprobación sea menos exhaustivo que cuando la noticia procede de fuentes menos fiables, pero siempre debe existir».

Sobre esta base, la magistrada firmante del voto particular defiende que debería reconocerse «idéntica obligación de diligencia comprobatoria de la veracidad de la información para los profesionales de la agencia y para los profesionales del medio de comunicación que traslada la información elaborada por la agencia», concluyendo que «los medios de comunicación y de difusión son tan responsables como las agencias de asegurar la veracidad de lo que transmiten».

A mi juicio, cabe coincidir en la exigencia de un deber mínimo de comprobación de la veracidad de la información que se difunde, pero no necesariamente en que dicho deber deba desplegarse con idéntica intensidad en los supuestos en que la agencia de información elabora originariamente la noticia y en aquellos en los que el medio de comunicación se limita a actuar como un mero transmisor de la noticia, con cita expresa de la fuente.

En este último caso, el medio difunde el resultado del trabajo profesional de terceros, lo que justifica un mínimo deber de comprobación para evitar la propagación de rumores o insidias, pero que, en ningún caso, debería ser equiparable al exigible a quien construye originariamente la información. Exigir un nivel de comprobación idéntico podría traducirse en una carga excesiva para los medios de difusión y, en último término, en una restricción injustificada de su función constitucional de contribuir a la formación de una opinión pública libre, elemento esencial del pluralismo político propio de un Estado democrático.

El segundo voto particular discrepa tanto del fallo como de una parte de la fundamentación de la sentencia, al considerar que el recurso debió ser estimado por haber vulnerado, a su juicio, el derecho a la libertad de información del medio de comunicación recurrente mediante la sentencia estimatoria del recurso de casación impugnada.

Los magistrados firmantes del voto particular cuestionan «la forma en que se ha aplicado el canon de veracidad». Frente a la afirmación de la sentencia comentada, según la cual «la diligencia exigible imponía al medio percibir la presencia en el reportaje de imágenes de dos personas diferentes», una de las cuales no coincidía con el presunto autor de los hechos, los magistrados disidentes sostienen que «ello no implica que el error fuera previsible por el medio de información que, amparado en la legítima confianza que rige en el sector, adquirió el reportaje de una agencia de noticias de indiscutida profesionalidad», así como que este tampoco «fuera fácilmente detectable en un momento cronológico en el que […] nada hacía presumir tal error».

Desde esta perspectiva, el núcleo de la controversia reside en determinar si la actuación del periódico puede quedar amparada por la libertad de información, lo que exige valorar la diligencia exigible en la comprobación de la veracidad de la noticia con anterioridad a su publicación. En particular si, en este supuesto en concreto, la inserción errónea de imágenes correspondientes a una persona distinta al autor de los hechos noticiables resultaba fácilmente perceptible para el medio de comunicación.

En este sentido, los magistrados disidentes afirman que «el deber de diligencia del medio de comunicación al contrastar la noticia no alcanza […] al extremo de tener que realizar una comprobación individualizada, exhaustiva y específica de las imágenes controvertidas». Añaden, además, que «Diario ABC, SL, […] tuvo conocimiento por medio del escrito de demanda de que estas imágenes no correspondían al autor de los hechos», lo que significa que «el señor Opazos no puso en conocimiento del medio de comunicación en momento anterior al inicio del procedimiento civil, que determinadas imágenes correspondían a su persona y que no autorizaba su uso y difusión, como tampoco solicitó su supresión». Cuestión distinta habría sido la valoración si el afectado hubiese procedido de ese otro modo y, pese a ello, las imágenes no hubiesen sido suprimidas, pues en tal caso «la diligencia inicial en la comprobación de la noticia podría haberse visto desvanecida por este acontecimiento».

A mi juicio, resulta razonable la cuestión planteada por el voto particular, a saber, si en el supuesto concreto puede considerarse cumplido el deber de diligencia exigible, esto es, si el medio de comunicación debía haberse percatado de que las imágenes incluidas en el reportaje correspondían a una persona distinta de aquella a la que se imputaban los hechos. No obstante, la decisión acerca de si el medio de comunicación queda amparado en este caso por el ejercicio de la libertad de información es una cuestión que trasciende una valoración estrictamente desde el punto de vista jurídico, pues la apreciación de la perceptibilidad del error pertenece al ámbito de la valoración probatoria, que corresponde al juez conforme a las reglas de la sana crítica.

En cualquier caso, resulta convincente la advertencia formulada por los magistrados disidentes en el sentido de que un deber de comprobación excesivo «puede comportar un efecto disuasorio», ya sea desincentivando el recurso a «las agencias de información de profesionalidad no discutida» o retrasando indebidamente la publicación de la noticia «mientras se desarrollan tareas de comprobación […] en perjuicio de la inmediatez en la transmisión de la información».

En definitiva, considero que la cuestión exige alcanzar un equilibrio razonable, exigiendo un mínimo deber de comprobación de la veracidad, pero evitando que se convierta en una carga desproporcionada para los medios, especialmente cuando no concurran indicios de error o inveracidad en las informaciones suministradas por las agencias profesionales. Solo así puede preservarse el normal funcionamiento entre agencias informativas y medios de comunicación, sin obstaculizar injustificadamente la difusión de noticias ni menoscabar la libertad de información y el derecho a ser informado en una sociedad libre y democrática.

El tercer voto particular coincide con la sentencia de la mayoría en que, en el supuesto concreto, no resulta aplicable la doctrina del reportaje neutral, pero sostiene que la sentencia casacional incurrió en una vulneración del derecho a la libertad de información al condenar al medio de comunicación a pagar una indemnización al demandante del proceso civil.

El magistrado firmante considera que «la diligencia del periódico que recoge una noticia de una agencia —siempre que dicha agencia cumpla unos mínimos estándares de profesionalidad y solvencia— […] no puede llegar hasta el punto de exigir la verificación de la noticia hasta el más mínimo detalle […], salvo, obviamente, que el defecto informativo sea claro o manifiesto».

Comparto plenamente el razonamiento del magistrado cuando afirma que la «infracción de la lex artis resultaba exclusivamente atribuible a la agencia autora de la noticia», en tanto que es esta la encargada de elaborar la noticia y, por ello, «solo la referida agencia debería quedar sujeta, en el presente caso, al pago de la correspondiente responsabilidad civil por los daños ocasionados a la persona afectada». En consecuencia, no cabe exigir el mismo deber de diligencia a la agencia autora de la noticia que al medio de comunicación que únicamente se limita a recogerla y transmitirla.

No obstante, el voto particular introduce una matización relevante al señalar que, aun cuando el medio de comunicación no debiera ser «responsable del incumplimiento de los deberes de diligencia exigibles», la sentencia debería haber sido parcialmente estimatoria, preservando «la tutela del derecho al honor del demandante del proceso civil […] con la consiguiente condena a eliminar las imágenes del afectado de la página web del diario».

En este sentido, se afirma que «si un profesional de la información ha sido completamente diligente al verificarla no se le puede condenar (ni a él ni al medio para el que trabaja) a indemnizar al afectado (canon de veracidad subjetiva, ligado a la idea de culpa)». Sin embargo, el magistrado sostiene que «si pese a la diligencia desplegada, se demuestra inequívocamente la falsedad objetiva del hecho atribuido al afectado, éste sí tiene derecho a una tutela estrictamente restitutoria o reintegradora», consistente en la eliminación de la noticia o en la publicación de una rectificación.

Resulta, por tanto, «esencial que el individuo afectado por una noticia falsa» pueda, en última instancia, «preservar su honor haciendo cesar la divulgación en la opinión pública de los hechos que son inequívocamente falsos». De ahí que la diligencia desplegada por el informador resulte determinante a efectos de la indemnización, mientras que, por el contrario, sea «inocua desde el punto de vista de la reintegración (en sentido estricto) del derecho al honor, que ha de operar de un modo objetivo».

Se trata, en definitiva, de una solución de equilibrio que permite articular una respuesta diferenciada atendiendo a los distintos intereses y a las responsabilidades concurrentes de los diferentes sujetos intervinientes en el proceso informativo. Así, cuando el medio de comunicación ha actuado con la diligencia exigible al reproducir una noticia elaborada por una agencia que cumple unos estándares profesionales mínimos, no resulta justificado imponerle una condena indemnizatoria por daños, cuya imputación debe reconducirse a quien efectivamente incurrió en la infracción de la lex artis informativa en la elaboración de la noticia. Ello no excluye, sin embargo, la necesidad de garantizar una tutela efectiva del derecho al honor de la persona afectada mediante medidas restitutorias o reintegradoras —como la retirada de la información falsa o la publicación de una rectificación—, dirigidas a hacer cesar la difusión pública de hechos inequívocamente falsos. Esta solución, poco gravosa para el medio diligente, preserva el equilibrio entre la libertad de información y la protección del derecho al honor, evitando daños adicionales al afectado sin generar un efecto disuasorio injustificado para los medios de comunicación en el ejercicio responsable de su actividad informativa.