La violencia obstétrica (VO) se ha configurado progresivamente como una categoría jurídica destinada a visibilizar un conjunto de prácticas sanitarias que afectan de manera específica a las mujeres durante su vida, pero con especial énfasis durante el embarazo, el parto y el puerperio, y cuya lesividad no ha sido adecuadamente captada por los marcos tradicionales del derecho sanitario ni del derecho civil. Su progresiva incorporación al debate jurídico no responde a una innovación terminológica coyuntural ni a una estrategia retórica, sino a la constatación reiterada de que determinados daños producidos en el ámbito obstétrico han quedado históricamente neutralizados, invisibilizados o reinterpretados como meras contingencias técnicas inherentes al acto médico.

Desde una perspectiva histórica, el concepto de VO se desarrolla inicialmente en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho comparado latinoamericano, donde llega a adquirir reconocimiento normativo expreso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desempeñado un papel central en este proceso al identificar el trato irrespetuoso y abusivo durante el parto como un problema de salud pública y de derechos humanos, subrayando su carácter estructural y su vinculación con la discriminación por razón de género (OMS, 2014: 1-4).

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha contribuido igualmente a la consolidación del concepto, al integrar la VO dentro del marco más amplio de la violencia contra las mujeres basada en el género. En sus Recomendaciones Generales, el Comité de la CEDAW ha señalado que determinadas prácticas médicas coercitivas o no consentidas en el ámbito reproductivo constituyen una forma de violencia institucional que compromete la responsabilidad internacional de los Estados (CEDAW, 2017: 7-8).

En el ámbito europeo, el Parlamento Europeo ha reconocido expresamente la VO como una manifestación de la violencia de género, instando a los Estados miembros a adoptar medidas de prevención, formación y reparación (Parlamento Europeo, 2024: 100-105). No obstante, este reconocimiento no se ha traducido en una armonización normativa ni en la introducción de una definición jurídica uniforme en los ordenamientos internos. La ausencia de una tipificación expresa ha favorecido una aproximación casuística, en la que los conflictos derivados de prácticas obstétricas lesivas se reconducen a categorías jurídicas ya existentes, como la mala praxis médica, la falta de consentimiento informado o la vulneración de derechos fundamentales.

La explicación de esta persistencia parece encontrarse, en buena medida, en un sustrato histórico y cultural profundamente arraigado, en el que la autoridad médica ha ocupado tradicionalmente una posición incuestionada en la toma de decisiones relativas al cuerpo de las mujeres. La configuración moderna de la atención obstétrica se ha desarrollado en un contexto marcado por la progresiva medicalización del parto, entendida no solo como un proceso de tecnificación asistencial, sino también como un desplazamiento de la experiencia del parto desde el ámbito vital y relacional hacia un espacio dominado por saberes expertos y jerarquías institucionales.

Como se ha mencionado, en el contexto español, la ausencia de una categoría jurídica explícita que permita nombrar y conceptualizar estas prácticas ha favorecido su reconducción a figuras jurídicas fragmentarias, como la mala praxis médica, el defecto de consentimiento informado o la responsabilidad patrimonial. El derecho civil, llamado a proteger la autonomía personal y a reparar las lesiones de los derechos de la personalidad, se enfrenta así a un desafío interpretativo de primer orden: determinar si sus categorías clásicas pueden seguir aplicándose sin revisión crítica en un ámbito caracterizado por relaciones de poder profundamente asimétricas.

Este artículo se propone analizar, desde una perspectiva estrictamente jurídica y con especial atención al derecho civil, cómo pueden aplicarse o reinterpretarse las categorías de consentimiento, autonomía y daño frente a la fenomenología de la VO. La tarea exige integrar doctrina española e internacional, la jurisprudencia constitucional y civil, así como pronunciamientos internacionales como los del Comité de la CEDAW. No se trata de añadir una nueva definición al debate, sino de interrogar sobre el andamiaje conceptual que sostiene la responsabilidad jurídica en España y las razones por las que los estereotipos de género han permeado históricamente la valoración judicial de estos casos.

Aunque no existe una definición jurídica unívoca de la VO, la literatura internacional y los informes de organismos multilaterales coinciden en caracterizarla como un conjunto de prácticas y omisiones producidas en el marco de la atención obstétrica y ginecológica que generan un daño físico, psicológico o moral a las mujeres, y que se encuentran estrechamente vinculadas a dinámicas estructurales de desigualdad de género (O’Brien y Rich, 2022: 2183; Williams et al., 2018: 1208; Williams y Meier, 2019: 9). El término fue acuñado en el ámbito de los movimientos feministas latinoamericanos (ibid.). Argentina fue el primer país en regular el tratamiento adecuado durante el parto en 2004; Venezuela es citado frecuentemente como el primero en usar el término «violencia obstétrica» en su sistema legal en 2007 y, el mismo año, México también promulgó una ley federal para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sucesivamente, otros países latinoamericanos han seguido el ejemplo incorporando este concepto en sus sistemas jurídicos (Díaz y Fernández, 2018: 135).

Posteriormente fue utilizado de forma expresa por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por la relatora especial sobre la violencia contra la mujer (Human Rights Council, 2016: 21; Šimonović, 2019: 4). Según el informe, la VO encaja perfectamente con la definición de discriminación contra las mujeres que la CEDAW define en su propio art. 1 (Esteve Alguacil, 2026: 3).

Un estudio de referencia en España pone de manifiesto que el 38,3 % de las mujeres entrevistadas percibió haber sufrido VO (Mena-Tudela et al., 2020: 6; Iglesias et al., 2019: 80), mientras que el 44,4 % afirmó haber sido sometida a procedimientos innecesarios y/o dolorosos, en un 83,4 % de los casos sin consentimiento informado (Mena-Tudela et al., 2020: 6).

Entre estas prácticas destaca la maniobra de Kristeller, consistente en la presión manual sobre el fondo uterino durante la fase expulsiva, desaconsejada por la OMS por los riesgos que comporta y, sin embargo, aún utilizada en contextos asistenciales. En España, se estima que esta intervención se aplica en el 34,2 % de los partos, junto con la episiotomía en un 39,3 % (Mena-Tudela et al., 2021a: 4), frecuentemente sin información previa ni consentimiento de la gestante (Alonso et al., 2014: 13-15; Da Silva y Santana, 2017: 77). La literatura ha identificado esta última, especialmente cuando se realiza de forma rutinaria, como una práctica paradigmática de medicalización innecesaria del parto (Jurado y Baena, 2021: 45).

En la misma línea, el uso inadecuado de instrumentos como fórceps o ventosas, así como la inmovilización de la mujer sin indicación clínica, ha sido descrito como manifestación de VO cuando implica restricciones desproporcionadas de la autonomía corporal y genera daños evitables (Da Silva y Santana, 2017: 77).

Cabe subrayar la escasez de estudios que, además de identificar prácticas concretas, analicen de manera sistemática qué profesionales sanitarios aparecen con mayor frecuencia implicados, en qué momentos del proceso reproductivo se producen estas situaciones y en qué ámbitos asistenciales se concentran. En el caso español, los datos disponibles muestran que el espacio hospitalario constituye el ámbito en el que con mayor frecuencia se identifican situaciones de VO (Mena-Tudela et al., 2021b: 4-5). Aunque estas prácticas pueden producirse durante el embarazo, el parto o el posparto, las mujeres encuestadas señalan el momento del parto como el episodio en el que se registran con mayor intensidad (ibid.). Una vez más, entre los hallazgos más relevantes destacan la falta de información y de consentimiento informado (74,2 %) y la presencia de críticas o comentarios despectivos sobre el comportamiento de la mujer durante el proceso asistencial (87,6 %). En este contexto, los profesionales sanitarios que aparecen con mayor frecuencia vinculados a estas experiencias son las matronas y el personal especialista en ginecología y obstetricia (ibid.).

Respecto de la dimensión psicológica y emocional de la VO, varias autoras han documentado la relación entre experiencias de parto marcadas por el trato humillante, la intimidación o la desvalorización y la aparición de depresión posparto y trastornos de estrés postraumático, destacando que estos daños no pueden considerarse secundarios o accesorios, sino que forman parte del núcleo mismo de la lesión sufrida (Robles y Jódar, 2024: 75). Comentarios despectivos sobre el comportamiento de la mujer durante el parto, burlas relativas a su cuerpo, y reproches por expresar dolor o miedo, así como la infantilización sistemática del lenguaje, constituyen prácticas que erosionan la dignidad personal y refuerzan la posición subordinada de la gestante.

La VO se manifiesta, asimismo, a través de amenazas explícitas o implícitas dirigidas a condicionar la voluntad de la mujer, presentando determinadas intervenciones como inevitables o como únicas opciones posibles para evitar daños al feto (Frías y Castro, 2024: 3503). Uno de los ámbitos donde la VO se expresa con mayor claridad es, precisamente, en la omisión de información relevante y en la degradación del consentimiento informado a un mero trámite formal. Numerosos estudios coinciden en señalar que la información proporcionada a las mujeres sobre los riesgos, beneficios y alternativas de las intervenciones obstétricas suele ser incompleta, confusa o tardía, lo que impide una toma de decisiones verdaderamente libre y consciente (Da Silva y Santana, 2017: 79).

Especial relevancia adquiere la separación injustificada de la madre y el recién nacido tras el parto, práctica que interrumpe el contacto piel con piel inmediato y cuyos efectos negativos han sido ampliamente documentados (Zaballos Zurilla, 2025: 95).

Finalmente, la VO adopta formas particularmente graves cuando se entrecruza con dinámicas de discriminación y trato deshumanizado. Comentarios racistas, xenófobos, gordofóbicos o transfóbicos, la falta de respeto a la intimidad corporal, el uso de la tercera persona para referirse a la mujer presente o la negación sistemática de su identidad y preferencias han sido documentados como prácticas que profundizan la desigualdad estructural y agravan el impacto lesivo de la atención obstétrica (Castro Fernández, 2025: 138). Estas conductas se intensifican cuando concurren distintos ejes de vulnerabilidad interseccional (ibid.), como el origen migrante, la situación socioeconómica o determinadas condiciones corporales o identitarias (Brigidi, 2025: 80-81).

A estos factores deben añadirse, sin embargo, la discapacidad y la minoría de edad de la gestante (Ortiz Fernández, 2025: 286). Ambas situaciones operan como factores de vulnerabilidad cualificada que incrementan el riesgo de sustitución de la voluntad y de degradación del estándar reforzado de consentimiento informado exigible en el ámbito obstétrico.

Otro ejemplo particularmente ilustrativo de estas dinámicas se produjo durante la pandemia de COVID-19. En el marco de las medidas adoptadas para contener la propagación del virus, numerosos centros hospitalarios en España restringieron temporalmente la presencia de acompañantes durante el trabajo de parto. En marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad estableció la prohibición del acceso de las parejas o acompañantes a las salas de parto como medida preventiva frente al contagio, situación que se prolongó durante varios meses y cuyas instrucciones no se actualizaron hasta mayo de 2022 (Esteve Alguacil, 2026: 6; Paris y Gracia, 2021: 41-42; Ferrándiz Mares et al., 2023: 3). La evidencia científica puso de relieve que la limitación de la presencia de acompañantes durante el parto se asocia a mayores niveles de estrés agudo y percepción del dolor, así como a un incremento de los ingresos neonatales en unidades de cuidados intensivos (Goldstein et al., 2022: 3; Mayopoulos et al., 2021: 7).

Desde el punto de vista jurídico, todas estas manifestaciones comparten un elemento estructural común: la negación efectiva de la autonomía corporal y decisoria de la mujer en un contexto asistencial caracterizado por relaciones de poder asimétricas y por una tradición médica que ha operado históricamente como instancia última de legitimidad. Precisamente por ello, la VO no puede ser comprendida adecuadamente sin una reconstrucción crítica de las categorías jurídicas de consentimiento, autonomía y daño, tarea que corresponde de manera central al derecho civil. Sin embargo, se aprecia una tendencia a evitar el uso del término VO que posiblemente responde, en parte, al temor a una excesiva juridificación de la práctica médica o a una criminalización simbólica de los profesionales sanitarios (Zaballos Zurilla, 2025: 112). No obstante, esta objeción confunde el plano conceptual con el plano sancionador: el reconocimiento jurídico de la VO no implica necesariamente la introducción de nuevos tipos penales ni la atribución automática de culpabilidad, sino la posibilidad de identificar y analizar determinadas prácticas desde una perspectiva que tenga en cuenta su carácter sistemático y su impacto específico sobre los derechos de las mujeres.

El ordenamiento jurídico español cuenta con una regulación de la VO todavía fragmentaria y de incorporación relativamente reciente (vid. infra, § III). Con anterioridad a estos desarrollos legislativos, el Comité de la CEDAW había ido configurando, a través de sus dictámenes, un cuerpo interpretativo relevante en el que determinadas prácticas obstétricas son calificadas como vulneraciones de derechos humanos y manifestaciones específicas de violencia basada en el género. En este contexto, España ha sido objeto de tres pronunciamientos condenatorios por hechos producidos en situaciones de embarazo, parto y posparto, lo que sitúa su experiencia en una posición particularmente significativa dentro del panorama europeo. Estos dictámenes no se limitan a identificar deficiencias asistenciales, sino que «reconstruyen el parto como un espacio jurídico donde se proyectan relaciones estructurales de poder, estereotipos de género y déficits de protección de la autonomía corporal» (Jiménez Sánchez, 2021: 160).

Los tres casos que aquí nos interesan se basan en hechos ocurridos entre 2009 y 2011 en España, respectivamente S.F.M., N.A.E. y M.D.C.P., y presentan elementos fácticos distintos, pero comparten un mismo patrón jurídico: intervenciones médicas no consentidas o insuficientemente informadas, trato deshumanizado, medicalización innecesaria del parto y una respuesta administrativa y judicial interna marcada por la deferencia acrítica hacia el criterio médico y por el uso de estereotipos de género.

El caso S.F.M. contra España (Dictamen CEDAW núm. 138/2018) constituye el primer pronunciamiento del Comité de la CEDAW que califica expresamente una experiencia de parto como VO. Los hechos se remontan a 2009 y describen un proceso de hospitalización prolongada sin indicación clínica clara, la práctica reiterada de exploraciones vaginales, la administración de oxitocina sin consentimiento informado, una episiotomía no consentida y el uso de ventosa, así como la separación inmediata madre-bebé tras el parto.

El Comité considera probado que estas actuaciones generaron daños físicos y psicológicos graves, entre ellos un trastorno de estrés postraumático, y subraya que la valoración realizada por las autoridades españolas se basó casi exclusivamente en los informes hospitalarios, sin otorgar credibilidad al testimonio de la mujer. Este enfoque es criticado por el Comité por reproducir estereotipos de género, en particular la idea de que las mujeres exageran o malinterpretan la atención recibida durante el parto (ibid.).

Desde el punto de vista jurídico, el Comité declara la vulneración de los artículos de la Convención de la CEDAW 2, b), c), d) y f), 3, 5 y 12, afirmando que la falta de consentimiento informado y el trato recibido constituyen una forma de violencia basada en el género. Resulta especialmente relevante que el Comité no califique los hechos únicamente como discriminación, sino como violencia, lo que eleva el estándar de responsabilidad estatal y refuerza la exigencia de reparación (ibid.).

Posteriormente, en el caso N.A.E. contra España (Dictamen CEDAW núm. 149/2019), los hechos se remontan a 2011 y el caso presenta una particularidad central: la existencia de un plan de parto previamente elaborado y entregado al hospital, en el que la mujer expresaba de forma clara su voluntad de evitar la inducción farmacológica, la separación del recién nacido y cualquier intervención sin consentimiento previo.

Pese a ello, se le administró oxitocina sin justificación clínica suficiente, se practicaron múltiples tactos vaginales, se decidió una cesárea cuando el parto progresaba, y se produjo la separación madre-bebé, todo ello sin una información adecuada ni consentimiento libre. El Comité destaca que varias de estas decisiones se justificaron por razones organizativas del servicio, como la conveniencia de acelerar el parto durante la noche, lo que revela una subordinación de la autonomía de la mujer a la lógica institucional (Martínez San Millán, 2023: 290).

El dictamen reitera la vulneración de los mismos arts. de la Convención que en el caso S.F.M. y enfatiza que el consentimiento obtenido en un contexto de presión, dolor y asimetría de poder no puede considerarse válido. Asimismo, el Comité reprocha a los tribunales españoles haber normalizado prácticas médicas invasivas sin someterlas a un escrutinio de género (ibid.).

El tercer dictamen, relativo al caso M.D.C.P. contra España (Dictamen CEDAW núm. 154/2020), refuerza la dimensión estructural de la VO. La mujer protagonista del caso fue sometida, en 2009, a la rotura artificial de membranas, administración de oxitocina, inmovilización en posición de litotomía pese a contraindicaciones médicas, negación de agua, prácticas realizadas por personal en formación sin supervisión adecuada y, finalmente, una cesárea impuesta por el mero hecho de que los paritorios estaban todos ocupados para intentar un parto vaginal a pesar de la máxima dilatación de la gestante.

El Comité considera especialmente grave que se aceptara como legítima la decisión unilateral del personal médico de practicar una cesárea sin explorar alternativas ni respetar la negativa expresa de la mujer. De nuevo, se aprecia una deferencia judicial absoluta hacia el criterio médico y una invisibilización de la autonomía de la paciente (Martínez San Millán, 2023: 293). Además, este dictamen evidencia que la VO no es un fenómeno episódico, sino una forma de violencia institucional normalizada en el sistema sanitario, sostenida por estereotipos de género y por una concepción paternalista del saber médico (Zaballos Zurilla, 2025: 97).

Un elemento común a los tres casos es la resistencia del Estado español a ejecutar las recomendaciones de la CEDAW, particularmente en lo relativo a la reparación económica. Pese a la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, las autoridades españolas han negado efectos jurídicos directos a los dictámenes, lo que plantea serios problemas de coherencia con las obligaciones internacionales asumidas.

En los últimos años, la VO ha adquirido una presencia creciente en el ámbito judicial español. Tradicionalmente, los conflictos derivados de la atención sanitaria se han canalizado a través de las categorías clásicas de la responsabilidad sanitaria, en particular en relación con la infracción de la lex artis o la ausencia de un consentimiento informado válido. No obstante, la progresiva visibilización de determinadas prácticas asistenciales ha favorecido su reinterpretación desde la perspectiva de los derechos fundamentales y de la violencia basada en el género. En este contexto, los tribunales han comenzado a enfrentarse, aún de forma incipiente, a supuestos que pueden enmarcarse dentro de la VO, lo que evidencia una ampliación del marco jurídico desde el cual se analizan estas situaciones. A continuación, se examinarán algunos de los pronunciamientos más relevantes de la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que permiten observar cómo el ordenamiento jurídico español ha empezado a abordar estas cuestiones desde distintas perspectivas jurisdiccionales.

En el ámbito interno, el Tribunal Constitucional español ha tenido ocasión de pronunciarse de forma directa sobre prácticas susceptibles de ser calificadas como VO institucional, aunque el Tribunal evite utilizar esta expresión de forma directa en el fallo, en dos resoluciones recientes de especial relevancia: la STC 66/2022, de 22 de junio, y la STC 11/2023, de 12 de febrero, que parten de un mismo supuesto fáctico, denominado caso Oviedo, aunque con distinto objeto de control constitucional.

Desde el punto de vista fáctico, el origen del conflicto se sitúa en abril de 2019, cuando doña C. P., embarazada de más de cuarenta y dos semanas, acudió al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para realizar un control del bienestar fetal. La gestante había optado por un parto domiciliario asistido por una matrona privada, decisión que comunicó al personal sanitario. Tras una monitorización considerada no concluyente y ante la recomendación médica de inducir el parto, la mujer manifestó su voluntad de consultar con los profesionales que también la asistían fuera del sistema público. Al no regresar al hospital ni responder a los requerimientos posteriores, el jefe del servicio de obstetricia elaboró un informe en el que advertía de un supuesto riesgo creciente para la vida del feto, lo que motivó que el Servicio de Salud del Principado de Asturias solicitara autorización judicial para proceder a su ingreso forzoso.

Ese mismo día, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Oviedo acordó, sin audiencia previa de la gestante ni de su pareja, su detención e ingreso hospitalario con el fin de inducir el parto. La orden fue ejecutada con la intervención de la Policía Local, pese a que la matrona que asistía el parto en el domicilio manifestó que el proceso se estaba desarrollando con normalidad.

Respecto de la posibilidad de dar a luz en el domicilio, el TC adopta como propia la fundamentación ofrecida en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Así, considera, desde una perspectiva general, que el derecho a la intimidad personal de la madre gestante se proyecta en los derechos a decidir ser o no ser madre y a poder elegir, en su caso, las circunstancias en las que desea dar a luz. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que la decisión sobre el lugar del parto forma parte del ámbito protegido por el derecho al respeto de la vida privada, de modo que las mujeres pueden optar legítimamente por dar a luz en su domicilio. Ahora bien, el propio Tribunal es consciente de la complejidad de esta elección, pues corresponde a las autoridades nacionales, en ejercicio de sus competencias en materia sanitaria, diseñar las políticas públicas y ponderar los riesgos respectivos asociados al parto hospitalario y al parto domiciliario. En este contexto, el Tribunal de Estrasburgo reconoce a los Estados un amplio margen de apreciación para articular dicha regulación (asunto Dubská, § 184). Sin embargo, aunque esta deferencia institucional resulta coherente con la lógica subsidiaria del Convenio Europeo de Derechos Humanos, su traslación acrítica al ámbito interno por parte del TC plantea dificultades. En sede de amparo, el parámetro de control no es el margen estatal de configuración, sino la tutela directa del derecho fundamental reconocido en el art. 18.1 CE, cuya protección no puede diluirse mediante una invocación genérica del espacio de discrecionalidad legislativa (Matia Portilla 2023: 250).

En este caso, el Tribunal se enfrenta a la colisión del derecho a la autodeterminación de la madre con la vida del nasciturus, en orden a imponer una modalidad de parto que diverge de la originariamente planificada por la mujer. La STC 66/2022 reitera la doctrina constitucional según la cual el concebido no es titular de derechos fundamentales, aunque sí constituye un bien constitucionalmente protegido. Sin embargo, la sentencia termina avalando una restricción intensísima de los derechos fundamentales de la mujer sobre la base de ese interés constitucional, lo que plantea interrogantes sobre la correcta aplicación del principio de proporcionalidad (Cabezuelo Arenas, 2023: 93 y ss.).

Tras las desestimaciones tanto en primera instancia como en apelación, el Pleno desestimó el amparo por una ajustada mayoría, considerando que concurría una situación de urgencia que justificaba la omisión de la audiencia previa de la afectada. No obstante, la sentencia fue acompañada de cinco votos particulares que pusieron de relieve una profunda discrepancia interna. En ellos se subrayó, entre otras cuestiones, la relevancia constitucional del derecho de audiencia en decisiones que afectan de manera tan intensa a la libertad, la integridad física y la intimidad de la mujer gestante, así como el riesgo de cosificación de la mujer en el razonamiento judicial cuando se prioriza de forma acrítica la autoridad médica frente a su autonomía personal.

Posteriormente, en la STC 11/2023, el Tribunal volvió a desestimar el amparo interpuesto por la misma recurrente, esta vez en relación con las actuaciones médicas desarrolladas tras el ingreso forzoso. La mayoría consideró que las decisiones clínicas fueron adecuadas para salvaguardar la salud de la madre y del feto y que existió consentimiento de la gestante, al constar así en la historia clínica. En efecto, una vez ingresada en el centro hospitalario, la recurrente solicitó la administración de anestesia epidural, pese a que inicialmente había descartado esta opción en su plan de parto. Con ello se apartó de las previsiones contenidas en dicho documento y optó por recibir soporte anestésico, modificando su decisión previa. Prestó, asimismo, su conformidad para la realización de las pruebas necesarias a fin de descartar una posible alergia al fármaco y, al confirmarse la existencia de una contraindicación, aceptó la alternativa terapéutica propuesta por el facultativo. Consta igualmente su consentimiento para la práctica de la cesárea, consentimiento que no requería forma escrita, siendo suficiente su manifestación expresa e inequívoca. En definitiva, la gestante revisó varios de los extremos inicialmente recogidos en su plan de parto y aceptó en el propio contexto asistencial determinadas modificaciones en el desarrollo del proceso. Por todo ello, el TC concluye que toda la actuación del HUCA no ha constituido un trato discriminatorio desfavorable hacia la gestante por razón de sexo con vulneración del art. 14 CE, que le haya privado del derecho de autodeterminación como paciente y del derecho al consentimiento informado, ni tampoco que haya vulnerado los derechos reconocidos en los arts. 15 CE y 18 CE (Cabezuelo Arenas, 2023: 95). Sin embargo, también en esta resolución se formularon votos particulares que cuestionaron la suficiencia de un consentimiento meramente formal en un contexto de hospitalización impuesta.

La relevancia de las SSTS no reside únicamente en la solución alcanzada en cada caso, ambas desestimatorias del amparo, sino en la profunda fractura argumental que revelan, especialmente a través de los votos particulares formulados, donde emerge con claridad una lectura constitucional de la obstetricia desde la perspectiva de la autonomía corporal y el debate acerca del consentimiento informado.

En la STC 66/2022, el Tribunal reconoce, de manera expresa y sin ambigüedades, que las decisiones relativas al embarazo y al parto forman parte del contenido esencial del derecho a la intimidad personal de la mujer (art. 18.1 CE), en conexión directa con su integridad física y moral (art. 15 CE), afirmando que corresponde a la gestante adoptar «con entera libertad» las decisiones sobre su propio sustrato corporal (FJ 3, § A.c). En línea teórica, podemos considerar que esta afirmación es un avance significativo en el reconocimiento constitucional de los derechos reproductivos (Matia Portilla, 2023: 243). Sin embargo, pese a reconocer que la medida de ingreso forzoso carecía de una habilitación legal específica, extremo que el propio Tribunal admite expresamente, la mayoría concluye que no se produjo vulneración de derechos fundamentales, al considerar que la intervención judicial estaba justificada por la protección de la vida y la salud del nasciturus y superaba el juicio de proporcionalidad (FJ 6, § B.c). Esta conclusión ha sido duramente criticada por la doctrina, que sostiene que la ausencia de audiencia previa y de cobertura normativa suficiente debió conducir necesariamente a la estimación del amparo, al tratarse de una restricción intensa de la libertad personal y de la intimidad corporal no prevista en la ley, en abierta contradicción con la doctrina constitucional consolidada sobre legalidad estricta en materia de derechos fundamentales (ibid.).

La tensión interna de la sentencia se vuelve aún más evidente si se atiende a los razonamientos implícitos que subyacen a la ponderación realizada. El Tribunal parece aceptar una lógica excepcional en el ámbito obstétrico, en la que la protección del feto opera como criterio legitimador de intervenciones coactivas sobre el cuerpo de la mujer, incluso en ausencia de base legal expresa, lo que introduce una peligrosa asimetría interpretativa respecto de otros ámbitos en los que la autonomía corporal goza de una protección reforzada.

Como se ha adelantado, esta fractura se acentúa en la STC 11/2023, que examina las actuaciones médicas realizadas tras el ingreso hospitalario forzoso y la alegada vulneración del derecho al consentimiento informado. La mayoría del Tribunal considera que no se produjo lesión constitucional, al estimar que las intervenciones médicas fueron adecuadas desde el punto de vista clínico y que la gestante prestó su consentimiento, tal como constaba en la historia clínica (FJ 4). Sin embargo, esta lectura formalista del consentimiento es frontalmente cuestionada por los votos particulares, que introducen por primera vez de manera explícita la noción de VO institucional en la jurisprudencia constitucional española.

El voto particular de la magistrada Balaguer Callejón resulta especialmente significativo. En él se afirma que la VO puede constituir una forma específica de discriminación por razón de sexo, en tanto que afecta exclusivamente a las mujeres y se produce en un contexto estructural de desigualdad y subordinación de la autonomía femenina al poder médico y judicial (§ 2). En términos similares se pronuncia el voto particular de la magistrada Montalbán Huertas, quien centra su análisis en la invalidez del consentimiento prestado en un contexto de coacción institucional. A su juicio, el hecho de que la mujer se encontrara ingresada de manera forzosa, escoltada por fuerzas policiales y sometida a un entorno hospitalario impuesto judicialmente, vicia radicalmente cualquier consentimiento posterior, que no puede considerarse libre ni voluntario en los términos exigidos por el art. 8.1 de la Ley 41/2002. Este razonamiento conecta directamente con la doctrina del Comité de la CEDAW, que ha advertido reiteradamente que el consentimiento emitido bajo presión institucional o en contextos de vulnerabilidad reforzada carece de validez jurídica.

La omisión de un enfoque que carece de cualquier perspectiva de género reproduce, según las magistradas discrepantes, los mismos estereotipos que el Comité de la CEDAW ha reprochado a las autoridades españolas en los dictámenes de los asuntos S.F.M., N.A.E. y M.D.C.P., en los que se denunció la tendencia de los órganos administrativos y judiciales a otorgar una credibilidad casi absoluta a los informes médicos, invisibilizando la experiencia y la voluntad de las mujeres afectadas.

Desde esta perspectiva, la importancia de los votos particulares trasciende el caso concreto y proyecta una lectura alternativa del constitucionalismo reproductivo en España. En ellos se perfila una comprensión de la VO como una vulneración autónoma de derechos fundamentales que no puede ser neutralizada mediante apelaciones genéricas a la protección de la vida fetal ni mediante una concepción formalista del consentimiento informado. Creemos que esta línea argumental, aunque minoritaria en el seno del Tribunal, es la que se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos y con la doctrina que ha conceptualizado la VO como una forma de violencia de género institucional, y animamos a que los votos particulares no constituyan una mera disidencia, sino el germen de una futura reconstrucción constitucional del parto como espacio de derechos y no como excepción jurídica.

El reconocimiento progresivo de la autonomía de la gestante en el ámbito sanitario ha reforzado su capacidad para participar activamente en las decisiones relativas al embarazo y al parto, especialmente a través de instrumentos como el consentimiento informado o el plan de parto. Sin embargo, este reconocimiento ha suscitado también un debate doctrinal acerca de los eventuales límites jurídicos de dicha autonomía cuando las decisiones adoptadas por la mujer pueden incidir en la salud o la integridad del nasciturus. En este contexto, algunos autores han planteado la posibilidad de examinar si determinadas conductas de la gestante durante el embarazo o el parto podrían generar algún tipo de responsabilidad jurídica, ya sea en el plano civil o incluso penal.

El análisis de esta cuestión puede abarcar un abanico muy amplio de situaciones potencialmente conflictivas, desde conductas desarrolladas durante el embarazo hasta decisiones relativas a tratamientos médicos o estilos de vida. Con el fin de acotar el objeto de estudio, el presente apartado se centrará específicamente en las decisiones vinculadas a la modalidad y al lugar del parto, en particular en la elección entre el parto hospitalario y el parto domiciliario.

En el contexto europeo, el Tribunal de Estrasburgo reconoció que la elección de las circunstancias del nacimiento, incluido el lugar en el que este se produce, forma parte del ámbito protegido por el art. 8 CEDH. No obstante, el Tribunal también subrayó que esta materia plantea un delicado equilibrio entre la libertad de decisión de la gestante y la protección de la salud materna y neonatal, por lo que los Estados disponen de un amplio margen de apreciación para determinar cómo organizar y regular la asistencia al parto. En el contexto español, el TC no llegó a pronunciarse sobre la existencia de un eventual derecho fundamental a optar por el parto domiciliario (supra, § VI).

De la comparación entre ambas decisiones se desprende una conclusión relevante: ni el TEDH ni el TC reconocen un derecho absoluto a dar a luz en el domicilio. Sin embargo, ambos tribunales coinciden en considerar que la elección de las condiciones del parto se inscribe en el ámbito de la autonomía personal de la mujer, de modo que cualquier limitación o intervención externa debe estar debidamente justificada y respetar las garantías jurídicas correspondientes. En este marco, y teniendo en cuenta que los Estados gozan de un amplio margen de apreciación en la organización de sus sistemas sanitarios, el ordenamiento español permite actualmente el parto domiciliario como una opción posible entre las alternativas disponibles para las gestantes. De hecho, en los últimos años se observa un interés creciente por esta modalidad de parto, en ocasiones vinculada a experiencias previas percibidas como negativas o excesivamente medicalizadas en el ámbito hospitalario, lo que lleva a algunas mujeres a buscar entornos que consideran más íntimos, respetuosos o acordes con sus expectativas sobre el proceso del nacimiento.

Las guías clínicas relativas al parto domiciliario, si bien carecen de carácter jurídicamente vinculante, establecen una serie de criterios destinados precisamente a garantizar la seguridad del proceso. De acuerdo con estas recomendaciones, el parto en el domicilio se considera una opción viable y recomendable en supuestos de embarazos de bajo riesgo, en los que no concurren patologías maternas, complicaciones obstétricas ni factores que incrementen el riesgo perinatal. Si bien podría operar la presunción según la cual las mujeres embarazadas actúan guiadas por el interés y el bienestar de sus futuros hijos (Rothman, 1991), y que los padres son las personas que se hallan en mejor posición para juzgar qué es más beneficioso para sus hijos (Ferrer Riba, 2001: 17), ¿cómo debe reaccionar el ordenamiento jurídico cuando la decisión de la gestante en relación con el lugar del parto puede tener consecuencias para la salud del nasciturus?

En la doctrina española, se ha señalado que el derecho de la mujer a decidir sobre el lugar y la modalidad del parto no puede concebirse como un derecho absoluto, en la medida en que puede entrar en colisión con valores constitucionalmente protegidos vinculados a la vida y la integridad del futuro hijo (Cabezuelo Arenas, 2023: 115). En este sentido, se sugiere la conveniencia de que el legislador establezca un marco normativo específico que regule el parto domiciliario, fijando tanto las condiciones en que este puede desarrollarse como las eventuales responsabilidades derivadas de su práctica.

Desde la perspectiva penal, un elemento adicional que debe tenerse en cuenta en este debate es la previsión contenida en el art. 158 del Código Penal, relativo al delito de lesiones al feto por imprudencia grave, que excluye la responsabilidad penal de la mujer cuando el daño al feto se produce por imprudencia. Esta previsión normativa ha sido interpretada de forma diversa por la doctrina. Por un lado, algunos autores entienden que el legislador habría querido preservar la autonomía de la mujer durante el embarazo, evitando la criminalización de comportamientos que forman parte de decisiones íntimamente vinculadas con su esfera personal y reproductiva (Martín y Ribot, 2011: 553). Por otro lado, se ha sostenido que la existencia de una excusa absolutoria en el ámbito penal no impide necesariamente la eventual exigencia de responsabilidad civil, dado que la reparación del daño en el marco del art. 1902 CC no exige que la conducta sea constitutiva de delito (Atienza Navarro, 2012: 60; Fernández Bautista, 2015: 558; Cabezuelo Arenas, 2023: 118). No obstante, entendemos que la regla debe ser, en principio, la exclusión de responsabilidad de la madre cuando su comportamiento se sitúa dentro de lo que cabría considerar el estándar de una gestante razonable (De la Maza Gazmuri, 2012: 100), especialmente en contextos de embarazos de bajo riesgo y decisiones adoptadas tras recibir información adecuada.

Con todo, una parte de la doctrina ha planteado la posibilidad de que, en supuestos excepcionales, pudiera llegar a exigirse responsabilidad a la gestante por decisiones adoptadas durante el embarazo o el parto que puedan exponer al feto a un riesgo significativo. Esta tesis se ha formulado especialmente en relación con aquellos casos en los que la mujer persiste en una conducta objetivamente temeraria pese a la existencia de advertencias médicas claras, como podría ocurrir cuando se insiste en un parto domiciliario en contextos de embarazo de alto riesgo o cuando se rechazan intervenciones sanitarias consideradas necesarias para evitar un daño grave al feto (Cabezuelo Arenas, 2023: 116). Desde esta perspectiva, algunos autores han sugerido que, de lege ferenda, el régimen general de responsabilidad civil extracontractual podría llegar a aplicarse también a estas situaciones, sobre la base del principio alterum non laedere consagrado en el art. 1902 CC (Atienza Navarro, 2012: 60).

Desde esta perspectiva, entendemos que debería excluirse cualquier imputación de responsabilidad derivada de eventuales consecuencias adversas cuando la decisión de optar por un parto domiciliario se adopta en el contexto de un embarazo de bajo riesgo. En consecuencia, cuando la decisión se ajusta a estos criterios, no parece razonable considerar que la gestante haya incrementado de forma jurídicamente reprochable el riesgo para el nasciturus.

Como se ha puesto de manifiesto, no nos podemos olvidar de que la introducción de acciones de responsabilidad civil frente a la madre suscita importantes objeciones desde el punto de vista jurídico y bioético. La introducción de acciones de responsabilidad civil frente a la madre por decisiones adoptadas durante el embarazo o el parto podría conducir a una forma indirecta de control jurídico sobre el comportamiento de las mujeres gestantes, trasladando al ámbito del derecho de daños la supervisión de elecciones íntimamente vinculadas con su autonomía personal y reproductiva (Paltrow y Flavin, 2013: 321; Martín y Ribot, 2011: 553). En efecto, la delimitación de las conductas susceptibles de generar responsabilidad plantea serias dificultades conceptuales, pues resulta complejo trazar una línea clara entre el ejercicio legítimo de la autonomía personal (Cabezuelo Arenas, 2023: 115).

A la luz de estas consideraciones, parece razonable afirmar que, en la práctica jurídica, el debate se ha orientado más hacia la eventual responsabilidad de los profesionales sanitarios que hacia la de la propia gestante (De Ángel Yágüez, 2002: 180; Bercovitz Rodríguez-Cano, 1999: 841; Gutiérrez Santiago, 2018: 33; Rodríguez Guitián, 2009: 295), lo que se explica tanto por la centralidad de la lex artis en el derecho sanitario como por las dificultades dogmáticas que plantea imputar jurídicamente a la gestante decisiones íntimamente vinculadas con su autonomía personal. Esta circunstancia puede explicar, al menos en parte, determinadas actuaciones institucionales como la comunicación realizada por el HUCA en las SSTC 66/2022 y 11/2023. En efecto, este tipo de actuaciones podrían responder no solo a una preocupación asistencial, sino también a una estrategia dirigida a evitar las posibles consecuencias jurídicas derivadas de una eventual omisión de actuación por parte del personal sanitario (Romero Berenguel, 2024a: 165).

El análisis desarrollado a lo largo de este trabajo pone de manifiesto que la VO no constituye un fenómeno marginal ni un mero déficit asistencial, sino una problemática jurídica compleja que interpela directamente a los fundamentos del derecho civil contemporáneo. La persistencia de prácticas obstétricas no consentidas, normalizadas bajo la cobertura de la lex artis o de la protección del nasciturus, revela la existencia de tensiones no resueltas entre autonomía personal, organización sanitaria y estereotipos de género que el ordenamiento jurídico no puede seguir ignorando sin incurrir en déficits estructurales de tutela.

Desde una perspectiva civil, la primera conclusión que se impone es la necesidad de reafirmar el carácter central del consentimiento informado como manifestación concreta del derecho a la autodeterminación corporal, canalizada, por ejemplo, a través del plan de parto. La atención obstétrica no puede configurarse como un ámbito de excepción en el que dicho principio se vea sistemáticamente relativizado. La doctrina y la jurisprudencia han establecido con claridad que la ausencia de consentimiento informado genera antijuridicidad y responsabilidad, con independencia de la corrección técnica de la intervención.

En segundo lugar, resulta imprescindible avanzar hacia una concepción del daño moral que sea sensible al contexto específico de la VO. La experiencia de desposesión de la capacidad de decisión, la vivencia de humillación o de trato instrumental y la pérdida de control sobre el propio cuerpo constituyen lesiones graves de los derechos de la personalidad, aunque no se traduzcan en secuelas físicas objetivables. La infravaloración de estos daños en la práctica judicial refleja una comprensión aún insuficiente de su gravedad jurídica.

En este punto, conviene precisar que el derecho civil no se agota en la categoría tradicional de daño moral entendida en sentido estricto, sino que dispone de un haz más amplio de categorías conceptuales que permiten articular la reparación de estos supuestos. Entre ellas, cabe destacar, junto con el daño moral en sentido propio, la pérdida de oportunidad, particularmente relevante cuando la lesión se proyecta sobre la capacidad de decisión informada, y, en su caso, el daño corporal o físico cuando concurran secuelas objetivables derivadas de la intervención obstétrica. Abandonar una visión reduccionista del daño moral implica, por tanto, no solo reconocer su autonomía, sino también evitar su utilización como categoría omnicomprensiva en la que se diluyan otros conceptos diferenciados, cada uno con su propia lógica de imputación y, especialmente, de cuantificación. La correcta delimitación entre estas categorías, así como su posible concurrencia, constituye una cuestión central desde el punto de vista práctico, que condiciona de manera decisiva el alcance de la reparación. No obstante, una sistematización exhaustiva de estas categorías y de sus criterios de cuantificación excede de los límites de este trabajo, centrado prioritariamente en la dimensión de la autonomía y el consentimiento. Por ello, esta cuestión se remite a un estudio ulterior específicamente dedicado al análisis del daño en la violencia obstétrica desde la perspectiva de su tipología, concurrencia y valoración económica.

La integración de los estándares internacionales de derechos humanos constituye una tercera línea interpretativa imprescindible. La jurisprudencia del TEDH y, de manera especialmente clara, las decisiones del Comité de la CEDAW ofrecen criterios hermenéuticos que permiten contextualizar las vulneraciones producidas en el ámbito obstétrico y reconocer su dimensión estructural y de género. El art. 10.2 de la Constitución impone a los operadores jurídicos la obligación de interpretar los derechos fundamentales de conformidad con estos estándares.

En el plano normativo interno, la evolución del ordenamiento español muestra también signos de una progresiva visibilización de estas problemáticas. Aunque el legislador estatal no ha incorporado todavía una tipificación expresa de la VO, algunos elementos de reconocimiento indirecto pueden identificarse en la LO 1/2023, cuyo refuerzo de los derechos sexuales y reproductivos permite sostener interpretaciones extensivas orientadas a garantizar un mayor respeto a la autonomía de las mujeres durante el embarazo y el parto. A ello se suma el reconocimiento explícito de la VO en diversas legislaciones autonómicas, particularmente en Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana, que han incorporado esta categoría dentro de sus marcos normativos sobre igualdad o violencia contra las mujeres. Este desarrollo normativo fragmentario evidencia que el fenómeno comienza a ser jurídicamente reconocido en el derecho interno, aunque todavía de manera desigual y con una limitada articulación sistemática.

Desde esta perspectiva, la resistencia mostrada hasta ahora por la jurisprudencia constitucional a incorporar explícitamente la categoría de VO no debería ser interpretada como un cierre definitivo del debate. Antes bien, pone de relieve el papel complementario que puede y debe desempeñar el derecho civil en la protección efectiva de los derechos de las mujeres. La responsabilidad civil sanitaria permite abordar las vulneraciones desde una lógica reparadora y preventiva, sin necesidad de esperar a un reconocimiento constitucional expreso de la VO como categoría autónoma.

Desde el punto de vista jurisprudencial, mientras el Tribunal Constitucional ha abordado los conflictos obstétricos fundamentalmente desde una lógica de ponderación entre la autonomía de la gestante y la protección de la vida o la salud del nasciturus, tendiendo en situaciones de urgencia a otorgar prevalencia a este último, la Sentencia del Tribunal Supremo 15/2026, de 13 de enero, introduce un enfoque distinto desde la jurisdicción civil. La Sala Primera desplaza el centro del análisis hacia la dimensión individual del consentimiento informado y reconoce la posibilidad de apreciar responsabilidad civil incluso en ausencia de infracción de la lex artis cuando se vulnera la capacidad de autodeterminación de la gestante. En este contexto, el plan de parto adquiere una relevancia jurídica específica como manifestación anticipada de la voluntad de la paciente y como elemento probatorio para evaluar si la actuación sanitaria respetó efectivamente dicha autonomía. La sentencia consolida así la idea de un daño autónomo vinculado a la vulneración de la autonomía reproductiva y puede interpretarse como una corrección garantista frente a la cautela mostrada por la jurisdicción constitucional en situaciones de urgencia obstétrica.

Desde el punto de vista institucional, la responsabilidad civil por VO debería contribuir a una revisión de las prácticas asistenciales y de los protocolos sanitarios. La existencia de patrones reiterados de vulneración apunta a problemas organizativos que no pueden ser abordados exclusivamente desde la lógica de la culpa individual. En este contexto, la responsabilidad patrimonial de la Administración se configura como un cauce particularmente idóneo, en la medida en que permite desplazar el foco desde la conducta individual del profesional hacia el funcionamiento del servicio sanitario en su conjunto, incluyendo déficits organizativos, insuficiencias en los protocolos de información o fallos estructurales en la garantía del consentimiento informado. Asimismo, este título de imputación facilita la articulación de reclamaciones en las que el daño no se vincula exclusivamente a un error técnico, sino a la vulneración de derechos del paciente en el marco del funcionamiento normal o anormal del servicio público, lo que resulta especialmente relevante en supuestos de violencia obstétrica. No obstante, el alcance concreto de esta vía requiere un desarrollo más detenido que excede del presente trabajo.

En conclusión, el análisis civil de la VO permite afirmar que el ordenamiento jurídico español dispone ya de herramientas suficientes para ofrecer una tutela efectiva frente a estas prácticas, siempre que se utilicen de forma coherente con los valores constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos. Quizá la clave no reside tanto en la creación de nuevas categorías normativas como en una reinterpretación crítica de las existentes, capaz de visibilizar las vulneraciones producidas en el ámbito obstétrico y de reconocer su gravedad jurídica.

La VO interpela al derecho civil en su núcleo más profundo: la protección de la dignidad de la persona y de su capacidad de autodeterminación. Ignorar esta interpelación supone aceptar que existen espacios de la experiencia humana, y, en particular, de la experiencia femenina, en los que los derechos pueden ser relativizados sin consecuencias jurídicas relevantes. Asumirla, por el contrario, implica afirmar que el parto y la atención obstétrica forman parte del ámbito de la vida jurídica plenamente protegida, y que ninguna razón técnica o institucional puede justificar la negación de la autonomía y del daño sufrido por quienes la ven vulnerada.