DIMENSIÓN DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA, DE ASOCIACIÓN, DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 132/2024, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2024

1. Principales pretensiones de las partes[Subir]

Como cuestión previa al desarrollo de esta problemática, considero relevante concretar los argumentos aducidos por las partes implicadas en este litigio y en este momento procesal.

En lo que respecta a la demandante, considera que se han vulnerado su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y su derecho de asociación, manifestando en este sentido que «las asociaciones religiosas están sujetas al ordenamiento jurídico general y que su no admisión únicamente por ser mujer choca con lo dispuesto en el art. 14 CE en relación con el art. 22 CE; en concreto, porque la Esclavitud es una sociedad dominante en el ámbito cultural y social, de modo que no le cabe promover una asociación alternativa con la que cumplir los fines que persigue»^[11].

El Obispado de Tenerife y la Esclavitud solicitan que se desestime el recurso de amparo, al considerar que no se han vulnerado ni el art. 14 ni el art. 22 de la Constitución, y que es necesario respetar el derecho de libertad religiosa por imperativo del art. 16 de la Constitución^[12].

Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita que se estime el recurso de amparo, puesto que el hecho de no haber sido admitida la demandante produce una discriminación directa por razón de sexo «que no obedece a una base razonable; la actividad asociativa que la hermandad desempeña no se enmarca en los ámbitos económico o profesional, sino que tiene una innegable prevalencia en el ámbito social y cultural, basada en la exclusividad que ostenta en el ejercicio del culto de la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna»^[13].

Partiendo de la consideración de que no estamos ante derechos absolutos o ilimitados, y la necesidad, por lo tanto, de realizar un ejercicio de ponderación entre los aludidos derechos fundamentales en conflicto, analizaremos esta problemática atendiendo a los valores o parámetros aplicables a cada uno de estos derechos, teniendo en cuenta la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional^[14].

Para el desarrollo de la problemática derivada de la interpretación de los derechos fundamentales en conflicto, partiremos del planteamiento realizado por el Tribunal Constitucional: «En primer lugar, si la exclusión de las mujeres prevista en sus estatutos está amparada por su autonomía religiosa (art. 16 CE), pues, si fuera el caso, resultaría ya innecesario examinar si dicha negativa viene también amparada por su derecho fundamental de asociación (art. 22 CE)»^[15].

1. Derecho de asociación[Subir]

Con carácter previo a adentrarnos en la configuración de este derecho en el supuesto planteado por parte del Tribunal Constitucional, creo necesario hacer referencia a algunos aspectos relevantes que caracterizan a este derecho.

Partimos de la necesidad de dar respuesta al siguiente interrogante: ¿qué entidades se incluyen en el ámbito del art. 22 de la Constitución? No cabe duda de que estamos ante un derecho complejo, que es de aplicación a distintos y dispares ámbitos: los partidos políticos, los sindicatos, las confesiones religiosas, las asociaciones de consumidores y usuarios, las organizaciones profesionales…^[40].

Debemos precisar, en primer término, que «las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar cambios»^[41]. Lo que nos llevaría a determinar la dimensión del derecho de asociación y, por lo tanto, afirmar que los individuos se pueden asociar de forma libre, cómo y con quién quieran.

En segundo lugar, «las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias, confesiones y comunidades religiosas se regirán por lo dispuesto en los tratados internacionales y en las leyes específicas, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las disposiciones de la presente Ley Orgánica»^[42]. Lo que nos llevaría a afirmar que las asociaciones de fieles se rigen —en relación con el supuesto que nos ocupa— por el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979, así como por el Código de Derecho Canónico^[43].

En opinión de Fernández Farreres (‍1987: 180): «Ninguna duda debe haber, en definitiva, de que el artículo 22 de la Constitución, como derecho común de las asociaciones, alcanza también a este singular supuesto de las “asociaciones religiosas”».

Motilla, por su parte, afirma: «[…] junto con el cauce común del derecho de asociación, el ordenamiento contempla la posibilidad de una tutela específica de ciertos grupos por ser manifestación del derecho de libertad religiosa y estar presentes en la sociedad, a través de un Derecho especial ya de origen unilateral o bilateral» (‍1999: 82-‍83).

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 67/1985, precisa, en lo referente al art. 22 de la Constitución, que «contiene una garantía que podríamos denominar común; es decir, el derecho de asociación que regula el artículo mencionado se refiere a un género —la asociación— dentro del que caben modalidades específicas»^[44].

Llegados a este punto, comparto la opinión esgrimida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 46/2001, de 15 de febrero, en la que se afirma:

En este momento, pondremos el énfasis en el planteamiento del Tribunal Constitucional, y, en concreto, en cómo en 2023 sintetiza la doctrina del Tribunal en lo concerniente al derecho fundamental de asociación:

En este sentido, cabe destacar que el Tribunal Constitucional, en sentencia de 22 de noviembre de 1988, determina que «el derecho de asociación, reconocido en el art. 22 de la Constitución, comprende no sólo el derecho a asociarse, sino también el de establecer la propia organización del ente creado por el acto asociativo dentro del marco de la Constitución y de las leyes»^[47]. También señala que este derecho de autoorganización materializado en sus estatutos tiene como objetivo «evitar interferencias de los poderes públicos, incluido el judicial, en la organización y funcionamiento de las asociaciones. La intensidad —e incluso la posibilidad— del control judicial dependerá de múltiples circunstancias —como la afectación o no de otros derechos no estatutarios— y exigirá en cada caso una cuidadosa labor de ponderación»^[48].

A partir de estas consideraciones, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional se pronuncia, en su mayoría, sobre casos de expulsión de socios. En los supuestos relativos a la no admisión, suspensión y/o expulsión, el planteamiento se produce en colisión con otros derechos fundamentales, siendo el supuesto que estamos comentado el primero que se plantea en relación con una asociación religiosa y la no discriminación por razón de sexo en la no admisión. Podríamos plantearnos hasta qué punto podrían ser extrapolables estos planteamientos al caso que nos ocupa.

Para dar respuesta a este interrogante, debemos tomar en consideración la Sentencia 226/2016, de 22 de diciembre, del Tribunal Constitucional, referente a un litigio planteado sobre suspensión de militancia en un partido político, que determina que «en todas las dimensiones del derecho de asociación, que se proyecta tanto en la libertad de creación de partidos políticos, como en el derecho de afiliación o no afiliación, y en la potestad de autoorganización, pero particularmente en esta última, de la que deriva la facultad de autorregulación expresada a través de la aprobación de Estatutos propios y de reglamentos de funcionamiento interno, y de la que también emana la facultad disciplinaria ad intra del partido»^[49].

Este planteamiento resulta aplicable al caso que nos ocupa, en tanto que podríamos hablar de libertad de creación de asociaciones religiosas, del derecho de formar parte de ellas o no, de la potestad de autoorganización, y la facultad de autorregulación por medio de sus estatutos y su reglamento de funcionamiento interno^[50].

Llegados a este punto pienso que el imponer a una asociación una determinada organización o régimen de funcionamiento obliga a realizar un ejercicio de ponderación, puesto que iría en contra de la libertad de asociación, teniendo en cuenta que toda persona tiene derecho a agruparse, a formar asociaciones, como se pone de manifiesto en la jurisprudencia referenciada. El «imponer» una serie de condiciones podría producir una merma de la capacidad que tienen para, de un lado, crear o suprimir asociaciones, y, de otro, en lo que respecta a sus miembros, determinar quién forma parte, o quién deja de formar parte, en este último caso, por voluntad propia o por no cumplir o dejar de cumplir las condiciones previstas en sus estatutos. O incluso podría desvirtuar la finalidad para la que fueron creadas.

Considero al respecto que, de cara a justificar, respecto al asunto en cuestión, la diferencia de trato, bastará con acreditar que la prohibición responde a una finalidad legítima, vinculada con la libertad de asociación. Estableciendo un cierto paralelismo con lo argumentado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se refiere a «un requisito profesional esencial, legítimo y justificado respecto de la ética de la organización», podríamos aludir a la existencia de unos estatutos por los que se rige esta asociación religiosa, en los que se establecen los derechos, deberes y propósitos de los miembros, así como la organización y el funcionamiento de la entidad.

En lo referente a las asociaciones podemos precisar que existen asociaciones, que, aun siendo privadas, ostentan «de hecho o de derecho una posición dominante en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la pertenencia o exclusión […] supusiera un perjuicio significativo para el particular afectado»^[51].

La sentencia recurrida en amparo considera que la Esclavitud no ostenta una posición de dominio, porque las actividades que lleva a cabo son actos de culto religiosos ajenos a connotaciones económicas, profesionales o laborales. En sentido contrario, la sentencia del Tribunal Constitucional que estamos comentando considera que el término «actos de culto» no excluye que estos puedan tener una proyección social o cultural, puesto que la cultura y la religión no son compartimentos estancos, y las manifestaciones religiosas también pueden formar parte de la historia y de la cultura de nuestro país. No se niega la naturaleza religiosa, sino que también se reconoce la dimensión cultural o social^[52]. Por este motivo, tendríamos que plantearnos cuál es la dimensión del derecho de asociación en este litigio y dónde está el límite.

Comenzaremos dando respuesta al primero de los interrogantes. Para ello debemos partir de la afirmación realizada por este Tribunal de que «la Esclavitud es una sociedad dominante en el ámbito cultural y social, de modo que no le cabe promover una asociación alternativa con la que cumplir los fines que persigue»^[53].

Pero ¿qué es una posición de dominio? La respuesta la encontramos en un auto del Tribunal Constitucional, en el caso promovido por la Comunidad de Pescadores de El Palmar, referenciado en la sentencia que estamos comentado, que considera:

El Tribunal Supremo precisa, al respecto, que la posición de dominio debe determinarse atendiendo a las circunstancias propias de cada caso, con especial referencia a sus fines y su objeto social^[55]. Esta cuestión se encuentra respaldada por lo dispuesto en el art. 1 de sus estatutos, donde se establece que la asociación está constituida «para promover entre sus asociados una vida cristiana más perfecta, el ejercicio de obras de piedad evangélica y el incremento de la devoción y culto a la Sagrada Imagen de Nuestro Señor Crucificado»^[56]. Con lo que quedaría excluido cualquier atisbo de actividad ajena a lo religioso, así como de incidencia en el ámbito público.

En este sentido, se podría afirmar que, en el caso de que no se demuestre la existencia de la denominada posición de dominio, las asociaciones tendrían plena autonomía y esta no podría ser objeto de limitación; ello supone, por lo tanto, la exclusión de supuestos de discriminación.

Además, la excepción contemplada, esto es, salvo que el ejercicio del derecho suponga un medio ineludible para alcanzar bienes sociales o económicos determinados, tampoco sería aplicable al caso que nos ocupa, debido a que los fines de la asociación, anteriormente referenciados, y como se pone de manifiesto en sus estatutos, son religiosos, y, así, quedarían tutelados por el derecho de libertad religiosa. No cabe duda de que no se trata de actividades económicas, ni tampoco sociales.

Como ya hemos comentado anteriormente, el Tribunal Constitucional, en el presente caso, considera que el término «actos de culto» no excluye su proyección social o cultural, considerando que la cultura y la religión no son compartimentos estancos, ya que las manifestaciones religiosas pueden formar parte de la historia y la cultura de nuestro país^[57].

Tanto los bienes muebles como los inmuebles en posesión de confesiones religiosas tienen una doble vertiente: la de culto y la cultural. Es decir, cumplen funciones, por un lado, para aquellos que profesan la religión y que los observan y acuden a los actos religiosos que se llevan a cabo; hablaríamos, en este sentido, de una finalidad religiosa. Y, de otro, para los que ven en estos una forma de acceso a la cultura o a la historia^[58]. Ambas vertientes se pueden entender de forma conjunta, pero no cabe duda de que también pueden considerarse de forma autónoma.

En lo que respecta a esta cuestión —valor para el culto y cultura—, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 2009, sostiene que, en términos generales, no existe incompatibilidad entre la función litúrgica o religiosa y aquella de carácter histórico-artístico^[59] en los supuestos en que se permite compatibilizar los dos usos. El escoger entre uno u otro «sólo sería exigible cuando estuviera acreditada la absoluta incompatibilidad entre uno y otro uso»^[60]. Además, en los acuerdos entre las comunidades autónomas y la Iglesia católica, en los que se prevé la creación de comisiones mixtas, «se trata de conjugar, con fórmulas parecidas, el interés religioso y cultural, que ha de ser preservado y ofrecido a toda la sociedad. Algunos convenios son más diligentes en destacar el carácter religioso del bien, como hace el suscrito entre la Comunidad de Canarias y la Diócesis de Canarias y de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)» (‍Martí Sánchez, 2023: 580).

En este sentido, y en lo que atañe a la sentencia que estamos comentando, Meseguer (‍2025: 10) afirma que «situar el foco de atención en los aspectos culturales o sociales tanto de las festividades como de los bienes de la Esclavitud consigue su objetivo: proteger el derecho de asociación de la demandante sin ponderar la aplicación del resto de principios y derechos fundamentales que concurren en este caso concreto».

Además, un hecho que refuerza, en opinión del Tribunal, la dimensión social y cultural de la entidad es que la Esclavitud recibe subvenciones y ayudas públicas para llevar a cabo labores de rehabilitación, en concreto de la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna. Podríamos decir que estas subvenciones, que pueden provenir de fondos económicos, municipales o incluso estatales, están destinadas a la rehabilitación de bienes patrimoniales religiosos por su interés cultural y turístico. Debemos precisar que si se produce la restauración de un determinado bien, con independencia de su dimensión religiosa, podría suponer evitar que se pierda, deteriore, una forma de fortalecer el turismo cultural, atraer visitantes; potenciar la economía local.

El Santísimo Cristo de La Laguna presenta como principales características el ser una imagen religiosa venerada en Canarias, especialmente en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), que forma parte del patrimonio histórico-artístico de la comunidad. Además, podemos precisar que su valor no es solo espiritual, sino también artístico y patrimonial, siendo una pieza clave del barroco. Por ello, considero que deberíamos delimitar, por un lado, que la Esclavitud es una hermandad con siglos de historia, encargada de custodiar y promover el culto de la imagen^[61], y, por otro, que existe la posibilidad de visitar y contemplar la imagen acudiendo al Real Santuario donde se ubica, en cuyo caso prevalece su valor patrimonial. Esto no excluye que determinados ciudadanos puedan acudir a actos de culto o religiosos sin formar parte de la Esclavitud. Lo que se pretende por medio de las subvenciones es preservar, proteger y difundir este tipo de patrimonio, en tanto que es una forma de acceso a la cultura^[62].

Por lo tanto, en lo que respecta a posición o situación de dominio, no existe, en mi opinión, impedimento para que la demandante pueda, bien constituir una nueva asociación, cofradía o hermandad, con fines religiosos, y con unos estatutos propios en los que consigne quién forma parte de ella, cuáles son sus funciones, etc., bien acudir a los actos de la Santa Esclavitud, sin formar parte de la asociación^[63]. O como dice Beneyto (‍2021: 727), «pedir una modificación de los estatutos de la Esclavitud existente, pero la modificación evidentemente debe ser acordada por los órganos de la asociación, por los procedimientos estatutariamente previstos, y no puede ser impuesta por los poderes públicos, pues supondría una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento interno de una asociación que persigue fines exclusivamente religiosos».

Del análisis llevado a cabo podemos concluir que los tribunales tienen potestad para realizar un ejercicio de modulación, en cada caso concreto, aplicando los estatutos de las asociaciones, según lo establecido en la legislación específica. En el caso que nos ocupa, atendiendo a los fines y las actividades de la Esclavitud, no estamos ante un supuesto que se pueda encuadrar en la denominada «posición de dominio», y tampoco que suponga un perjuicio significativo.

2. Derecho a la no discriminación[Subir]

En línea de principio, y según Bercovitz (‍1990: 424):

Debemos tener en cuenta que «el principio de igualdad ha de hacerse compatible con otros valores que tiene su origen en el principio de la autonomía de la voluntad. Ello significa que el juicio de constitucionalidad de la diferencia de trato ha de ser necesariamente diferente; existe un distinto trato constitucional entre la que procede de un organismo público o de una ley y la que tiene su origen en un particular, sea éste un empresario o una asociación. El margen de actuación de este último en el trato desigual es mucho mayor» (‍Giménez Gluck, 2010: 155).

En una sentencia del Tribunal Constitucional de 1993 se afirma:

En la ponderación de derechos, tendría que predominar la libertad de asociación, salvo que el ejercicio del derecho suponga un medio ineludible para alcanzar bienes sociales o económicos determinados. En este caso, la libertad de asociación cede al derecho a la no discriminación, puesto que «en circunstancias normales las personas excluidas podrían formar asociaciones alternativas con las que cumplir los fines que buscaban con la adhesión a la que les rechaza, y ello atenúa la discriminación» (‍Giménez Gluck, 2010: 161).

En este contexto, le corresponde examinar a este Tribunal si queda amparada en la autonomía de la voluntad de la asociación el ingreso de mujeres^[65]. Tendríamos, por lo tanto, que centrar el conflicto en el derecho de asociación y el de no ser discriminada por razón de sexo.

Llegados a este punto, tendríamos que hacer referencia a la afirmación, contenida en la sentencia objeto de análisis, por cuanto resulta esencial, en lo que respecta a la posición adoptada por el Tribunal Constitucional, al considerar que, «cuando una asociación tiene una posición privilegiada, en particular, en el ejercicio de una determinada actividad profesional, en la medida en que el acceso a la misma quedara vedado si no se pertenece a la asociación, el acceso no puede regularse por normas o prácticas que, de forma directa o indirecta, discriminen a las mujeres»^[66].

En este sentido, y partiendo de todo lo expuesto, podemos plantearnos la dimensión que podría tener esta afirmación en lo referente al derecho de asociación, en relación con su influencia no solo en el ámbito de las asociaciones religiosas, también en otros ámbitos. Como dice Beneyto (‍2021: 733):

En el marco del presente análisis, puede destacarse que, «en el caso de asociaciones que excluyan el ingreso de la mujer en la organización de alguna actividad lúdica o cultural o que le den un papel diferente al del hombre, el principio de no discriminación se cumple permitiendo la constitución de una nueva asociación, formada o no íntegramente por mujeres, que den una nueva visión de esa tradición o, incluso, que desmonten el relato histórico mantenido hasta la fecha» (‍Minero Alejandre, 2022: 419).

En lo que respecta a la incorporación de la perspectiva de género, teniendo en cuenta el análisis realizado, la solución pasaría por propiciar el cambio atendiendo a la posibilidad que existe de modificar los estatutos o las reglas internas, cuestión esta que ya se planteó en el seno de la Esclavitud y que quedó paralizada por el procedimiento judicial.

Considero importante velar por evitar la discriminación en todos los ámbitos, pero, en determinados casos, como es el que nos ocupa, debido a que no estamos ante una posición de dominio, la recurrente tiene posibilidad de ejercer actividades de culto en otra hermandad o cofradía, por lo que no estaríamos ante una discriminación por razón de género, que queda amparada por la libertad de autoorganización.

1. Votos particulares concurrentes[Subir]

El primero de los votos particulares concurrentes, de la magistrada Inmaculada Montalbán Huertas, considera que se tendría que haber tenido en cuenta el principio de transversalidad de la igualdad de género y, más concretamente, el art. 4^[67] de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres^[68], en el que se eleva la igualdad de trato entre ambos sexos a principio informador del ordenamiento jurídico. Así como el marco normativo antidiscriminatorio.

Debemos precisar, en relación con la aludida ley, y como se dice en su preámbulo, que, «la mayor novedad de esta Ley radica en la prevención de esas conductas discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad»^[69]. Y, en este sentido, considero relevante hacer referencia al término utilizado de «prevención», es decir, tomar medidas anticipadas, por lo que no estaríamos hablando de imposición, y sí de integrar la perspectiva de género.

Además, en lo que respecta a este voto particular, debemos precisar que el principio de igualdad es un derecho fundamental contenido en el art. 14 de la Constitución, mientras que la transversalidad de género es una estrategia metodológica, cuya función es incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, por lo tanto, estamos ante una herramienta para alcanzar la igualdad real.

Y en este sentido tendríamos que plantearnos: ¿se podría aplicar en todos los casos? Debemos precisar que esta herramienta se tendría que aplicar con cautela, y solo en aquellos casos en los que sea posible, puesto que, de no ser así, se podría desvirtuar su contenido, y colisionar con la libertad ideológica y religiosa, con aspectos históricos o culturales. Por ejemplo: estructuras jerárquicas masculinas, exclusión de mujeres del sacerdocio.

El otro voto particular concurrente lo emite la magistrada María Luisa Balaguer Callejón. En él expone una serie de argumentos ya alegados en las deliberaciones. Considera al respecto que «no se trata simplemente de estimar el amparo de una mujer que pide el acceso a determinada dimensión del ejercicio de un derecho. Se trata, en cambio, de asumir un enfoque que sitúe en el centro de la argumentación la situación discriminatoria por razón del sexo […]. La sentencia aprobada […] no acoge este enfoque»^[70]. Considera al respecto que lo que se tendría que haber realizado es una ponderación de los derechos de asociación y de libertad religiosa desde una verdadera perspectiva de género.

Desde mi punto de vista, en la valoración que se lleva a cabo no se pueden olvidar, y se deben tener en cuenta, la idiosincrasia de la Esclavitud, en tanto que tiene raíces históricas y religiosas, y el contexto cultural y espiritual de la asociación, que pueden incidir a la hora de valorar la aplicación de criterios de igualdad.

De los argumentos aducidos en este voto particular debemos destacar el que se realiza en relación con «la justificación, desde el punto de vista constitucional, de la posibilidad de que el Estado intervenga en la selección por las asociaciones religiosas de sus miembros cuando el ejercicio de tal facultad contraríe los principios y valores asociados al ejercicio de las libertades individuales, la proyección de la igualdad y la promoción de la dignidad humana. Por otro lado, redirige el foco hacia la protección de la dimensión individual de la libertad religiosa de las mujeres»^[71].

Como ya hemos expuesto a lo largo de este trabajo de investigación, debemos aludir a que, si se permite intervenir en el ámbito de las asociaciones religiosas, sin el establecimiento de parámetros más concretos, se abriría la puerta a que se pudiera intervenir en otras asociaciones, por ejemplo, clubes, partidos políticos y sindicatos, y vulnerar su derecho de asociación, y en muchos casos la finalidad para la que fueron creadas.

Aunque mediante este voto particular se pretende proteger derechos, se podría decir que abre la puerta a que se puedan evaluar estructuras internas de asociaciones, en el caso que nos ocupa, religiosas, lo que podría suponer una intromisión en la libertad religiosa.

2. Voto particular disidente[Subir]

Los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Enrique Arnaldo Alcubilla emiten un voto disidente, alegando que el recurso de amparo debió ser desestimado, y en este sentido pasaremos a referenciar algunas de las cuestiones invocadas.

Como ya hemos puesto de manifiesto en este estudio, consideran que se tendría que haber reflexionado sobre el término «posición dominante», que es uno de los razonamientos esgrimidos para estimar la demanda, y cómo esta influye en el derecho de asociación. No cabe duda de que estamos ante un parámetro que debe ser analizado atendiendo a las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta los fines y el objeto social.

Aun teniendo en cuenta esta consideración, el voto particular manifiesta el desacuerdo con la aplicación del criterio de la posición dominante y, en este sentido y en relación con las tres razones que otorgan el amparo solicitado, consideran lo siguiente:

Los autores de este voto particular consideran, en conclusión, que se tendría que haber matizado o perfilado el significado de posición dominante como límite del derecho de asociación constitucionalmente protegido. Considero al respecto que no cabe duda de que el Tribunal Constitucional tiene que actuar como garante de derechos, pero es necesario que se establezcan parámetros concretos para evitar el menoscabo de la autonomía asociativa.