OKUPACIÓN, MEDIDAS ANTIDESAHUCIOS Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

1. Del movimiento okupa a la okupación: del interés colectivo al interés individual[Subir]

La okupación ha hecho referencia durante décadas a la acción principal del movimiento okupa, del que en origen deriva su nombre. Fue este un movimiento social con una gran carga ideológica que, desde los años ochenta del siglo pasado, a través de planteamientos anticapitalistas, ha sido el protagonista de una resistencia crítica que promovía de forma organizada la acción colectiva llamando a la ocupación de inmuebles. Esa movilización crítica y de resistencia hará que la okupación sea concebida como un instrumento de reivindicación contra la especulación inmobiliaria que, ante la escasez del suelo, los efectos derivados de la crisis económica que trajo consigo la burbuja inmobiliaria, la subida del precio de los alquileres y otros factores, irá dirigido a reclamar una respuesta de los poderes públicos ante la falta de acceso a la vivienda por parte de la población. Ciertamente, en la última década, el movimiento okupa se fue radicalizando, y, sobre todo, a partir del surgimiento del «movimiento de los indignados» o del 15-M, también trató de ofrecer resistencia contra decisiones políticas, actuaciones policiales y resoluciones judiciales, oponiéndose a determinados desahucios (‍Venegas Ahumada, 2014: 98). Ese movimiento social representativo de la okupación como acción colectiva de solidaridad y resistencia buscaba en la publicidad de sus acciones una cierta proyección social y mediática que permitiera transmitir sus planteamientos ideológicos dirigidos a poner en cuestión el derecho a la propiedad privada, además de que se diera una cierta difusión pública a sus acciones (‍Domínguez García, 2015: 109). Si en los medios encontraban una cierta oposición de intereses políticos y económicos contrarios, creaban sus propios medios para huir de una supuesta estigmatización del movimiento que desencadenaba una cierta criminalización de sus integrantes. En suma, los okupas buscaban la proyección pública y su acción era colectiva.

El rechazo de la concepción individualista de la propiedad privada está en la génesis del movimiento okupa, pues, basándose en planteamientos tanto anarquistas como marxistas, centrará su acción en transmitir que la vivienda no puede ser un bien de mercado con el que se pueda especular, al ser un bien destinado a satisfacer necesidades humanas básicas. Además de esta crítica con un marcado enfoque individualista, los okupas también plantearían una crítica sustentada en planteamientos colectivos (‍Molina Recio et al., 2000): la propiedad no debe ser entendida como un derecho exclusivo que permita su libre disposición y disfrute (con el consecuente derecho de excluir a los demás), sino todo lo contrario, la propiedad debe entenderse como un derecho inclusivo, entendiendo que nadie tiene el derecho de excluir a otros de la propiedad común que representarían las viviendas. Esa concepción comunitarista de la propiedad y el rechazo a la concepción liberal del derecho a la propiedad privada explican su propio carácter transgresor para con el sistema político y económico sobre el que se sustenta la libre transmisión de la propiedad. Por ello, se ha caracterizado como un movimiento de «identidad a la contra», basado en la militancia antisistema y en la desobediencia civil (‍Martínez López, 2008: 365). Hoy abarca conexiones con sectores tanto de extrema izquierda como de extrema derecha.

Esta acción ciudadana se centraba en origen en la ocupación, más o menos momentánea, de bienes inmuebles privativos no utilizados por parte de sus titulares, con carácter colectivo. No obstante, el movimiento ha pasado por una serie de etapas que han transformado su objetivo original, alejándolo del comunitarismo propietario y las acciones colectivas, pasando a la defensa de intereses individuales para con los que muestran una cierta solidaridad sin necesidad de plantear una acción colectiva.

Perilla Granados (‍2025) distinguirá cuatro etapas según las prácticas llevadas a cabo por los integrantes de este movimiento social y, además, en función de la respuesta ofrecida por el Estado. Se hablará de una primera etapa en la que el movimiento, sin ningún tipo de autorización o beneplácito por parte de los propietarios, se centrará en ocupar los inmuebles para llevar a cabo todo tipo de actividades culturales, de producción, etc. Habrá, pues, una cierta conexión cultural entre ciertos movimientos culturales transgresores y la okupación. Llegada la década de los noventa, se distingue, además, una segunda etapa donde la utilización de los inmuebles ajenos será de carácter mucho más permanente y con la vocación de destinarlos a la habitación individual o colectiva de determinados integrantes del movimiento. Esto generará una respuesta por parte de las autoridades y se introducirán cambios en el ordenamiento jurídico para defender a los propietarios de los inmuebles, lo que pone un primer freno a la okupación. Superada la etapa anterior, se distingue una tercera, en la que la acción de los poderes públicos pondrá en práctica las previsiones jurídicas ante la intromisión desmedida en el derecho de propiedad, acentuándose la acción del movimiento contra presuntos abusos de autoridad que pretenderán frenar estas acciones reconducidas a la desobediencia civil. Supone un efecto de acción-reacción frente a la intervención pública contra el movimiento, ganando un cierto respaldo por algunos sectores de la población donde la okupación va ganando adeptos y se irá generando un debate dentro de la opinión pública, no solo desde una óptica jurídico-privatista; todo ello motivado por la crisis resultante de la burbuja inmobiliaria en el año 2008, donde se dará la paradoja de que al momento de existir muchas viviendas vacías habrá cada vez más personas sin una alternativa habitacional.

Finalmente, este autor distingue una cuarta y una quinta etapas, donde el debate jurídico pasó del ámbito del derecho privado al ámbito jurídico-público o político-constitucional, reclamando el reconocimiento de un supuesto derecho constitucional a la vivienda de carácter subjetivo para satisfacer por parte del Estado social y democrático de derecho, primero, y, después, se tratará de ofrecer una respuesta ponderada respondiendo al conflicto que se producía entre la situación de vulnerabilidad de algunos okupas con los derechos de los propietarios de las viviendas ocupadas (‍Perilla Granados, 2025: 288). El punto inflexivo que diferencia ambas etapas será la llegada de partidos políticos resultantes del movimiento 15-M a la dirección política del Estado, primero Podemos y después Sumar, ya que se integrarán en el Gobierno o harán depender a este de su apoyo parlamentario, condicionando las políticas públicas de acceso a la vivienda y llegando a legitimar ciertos actos individuales de ocupación de inmuebles, legitimando estas prácticas como un medio de acceso a una alternativa habitacional. Por lo que la okupación, representativa de este movimiento social, ha pasado a ser conceptualizada y asumida por parte de la opinión pública como un hecho representativo de la ocupación de inmuebles, en general, tenga conexiones o no con movimientos sociales.

Como vemos, la raíz colectivista que inspiró un movimiento centrado en promover la desobediencia colectiva frente a la progresiva mercantilización de la vivienda irá abriéndose paso hacia la satisfacción de un interés más individual, el del okupa individual y aisladamente considerado, sin que necesariamente exista una compenetración en torno a una ideología, sin ir más lejos. Así, no se tratará tanto de promover acciones colectivas de okupación de inmuebles, sino, precisamente, de ofrecer resistencia frente a la actuación de los poderes públicos, combatiendo los desalojos resultantes de acciones civiles y penales resueltas por los tribunales y ejecutadas por la autoridad policial. Aquí será especialmente significativo el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que llevó a cabo la campaña «STOP desahucios». Esta se amparará en la desobediencia civil como mecanismo de defensa de los derechos humanos conculcados o presuntamente arrebatados por el mercado (‍Pera Ros, 2019: 6).

Sin embargo, ¿puede ser la desobediencia civil entendida como un instrumento legítimo para procurar una alternativa habitacional en el Estado social y democrático de derecho?

2. Okupación, desobediencia civil y acceso a la vivienda en el estado social y democrático de derecho[Subir]

En los últimos años, la crisis en torno al acceso a la vivienda, que afecta a las personas más jóvenes, sin olvidar, además, a otros sectores de la pobla- ción con atributos de vulnerabilidad, ha hecho que cierta parte de la población (aunque todavía se trate de una minoría) muestre una actitud de empatía a los okupas: se trata de una reacción autoorganizada frente al poder, que trata de acabar con el poder desmedido del sector bancario y los grandes fondos de inversión que han sometido a la población buscando «nuevas hipótesis de vida en común, más justas y emancipadoras», enmendando el sistema democrático por entero (‍Pérez Colina, 2022: 42). No obstante, a pesar de que la nuestra no es una democracia militante, la okupación ha generado tal alarma social en los últimos años que constituye una transgresión del orden público y, por ende, la acción de los poderes públicos a través del derecho supone una respuesta cuya justificación reside en la necesidad de su mantenimiento.

Por lo que esa utopía inequívocamente solidaria (‍Venegas Ahumada, 2014: 121) devendrá incompatible con el Estado social y democrático de derecho, donde el imperio de la ley es una exigencia para nada desechable. La okupación no afecta ya a grandes tenedores como los grandes fondos de inversión o a la banca en exclusiva, sino que también afecta a otros particulares (en ocasiones, también en situación de vulnerabilidad) que sufren la acción de la ocupación. Entonces, no puede ser abordada y mucho menos legitimarse como un acto de desobediencia civil, cuando ha perdido el carácter colectivo que le era propio y no se centra ya en oponer actos de «mejor injusticia» que la que ofrece el sistema institucional y comporta, por tanto, un acto contra el derecho mismo y no contra su mal uso (‍Carvajal Aravena, 1992: 99). Por lo que no puede concebirse como una medida de autorregulación de las relaciones sociales a modo de derecho de resistencia o mediante el reconocimiento de la ocupación ilegal de inmuebles como acto de desobediencia civil. La desobediencia ética frente a normas adoptadas por los cauces democráticos no cabe en un Estado constitucional, no solo porque los poderes públicos a través del derecho puedan y deban mostrarse reactivos frente a la disidencia organizada que pretende transgredir y, en ocasiones, transgrede el ordenamiento jurídico, sino también porque, aunque estos actos pudieran estar justificados desde la óptica de la moralidad, su propia naturaleza los hace contrarios a derecho (‍Gómez Abeja, 2017: 106).

La okupación se ha presentado desde muchos sectores académicos, ajenos al derecho, como un acto de desobediencia frente al sistema y, con mayor concreción, frente a entidades bancarias y financieras titulares de viviendas vacías con el ánimo de tensionar entre la vía institucional del acceso a la vivienda y la alternativa que ofrecerían los actos de desobediencia que representan estas prácticas, entendidas como procesos de emancipación ciudadana (‍García-Calderón Pavón y Janoschka, 2016: 117). Sin embargo, no puede obviarse que el recurso a la desobediencia civil supondría una quiebra del propio sistema constitucional, por lo que implica en cuanto a la manera en que procedería garantizar los derechos sociales y, particularmente, el acceso a la vivienda. Escobar Roca (‍1993) solo entendería justificada la desobediencia si a través de un ejercicio de ponderación entre el bien jurídico protegido y el derecho fundamental que se ejerce su resultado es que se supedite el primero al segundo. Sin que deba ser obviada la necesidad de proteger el orden público, en ningún caso.

En este sentido, hemos de tener en cuenta que la propiedad privada es un derecho fundamental reconocido en nuestra carta magna (art. 33.1 CE) que, si bien sometida al límite de la función social (art. 33.2 CE)^[1], tiene un contenido esencial garantizado que nos traslada la idea de la no apropiación ni a través de relaciones verticales ni mediante relaciones horizontales, pues, sin que opere una indemnización por parte del poder público a través del proceso de expropiación que permita resarcir el perjuicio causado a su titular, no procede en nuestro sistema constitucional una confiscación de la propiedad privada (art. 33.3 CE)^[2]. Así, no cabe entender una especie de objeción de conciencia en relación con este derecho, porque nos situaría en un plano de quiebra respecto del principio de legalidad, por mucho que las prácticas okupas pretendan mejorar el funcionamiento del sistema democrático en relación con el acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía.

Dentro de los principios rectores de la política social y económica, se incluye el «derecho» a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE). Ni que decir tiene que su consideración de derecho social no es sensu stricto, no despliega facultades subjetivas en favor de sus titulares, o de quienes pretendan serlo. Se debe interpretar como un mandato a los poderes públicos para diseñar una política de vivienda y, en particular, al legislador; lo que hace posible entender esta como una función de Estado en favor de los sectores más vulnerables de la población (art. 9.2 CE). Dicha función se debe materializar a través de la regulación del suelo con la vista puesta en la satisfacción del interés general e impidiendo la especulación inmobiliaria. Sin que sea posible quebrantar las garantías establecidas en el art. 33.3 CE, afectando a los titulares de los inmuebles; pues, en el caso de que no se recurra a la expropiación y se condicione su ejercicio obligando a su titular a dar un destino determinado, el Estado puede sancionar al titular del derecho, pero, en todo caso, el destino obligado de viviendas privadas a una alternativa habitacional al que su titular no las está destinando también conllevará la necesidad de cumplir con criterios de razonabilidad y con el mismísimo principio de proporcionalidad.

Tampoco debemos olvidar que el trabajo, entendido como la actividad productiva de la ciudadanía organizada, no solo debe ser concebido en términos económicos, sino como valor para salvaguardar y para garantizar por el Estado social y democrático de derecho; en cuanto que «fuente de reconocimiento social» y «espacio de realización», que supone también un elemento de liberación del individuo, en relación con el acceso a la vivienda (‍De la Fuente Lavín, 2020: 279). Es a través de las rentas del trabajo como los ciudadanos han podido sufragar históricamente el alquiler de su vivienda habitual o acceder a la propiedad privada a través de diversas vías de financiación pública y privada, sin desechar la herencia (art. 33.1 CE) como instrumento de acceso a la vivienda. El trabajo es y ha sido el principal mecanismo de promoción social, que ha permitido satisfacer a las personas sus necesidades personales y familiares, a través de la percepción de la consecuente remuneración por su prestación (art. 35.1 CE). Cosa distinta es que la vivienda en la práctica haya pasado de ser concebida como un valor social para ser asumida como un bien de mercado, ya que ha surgido una cierta especialización de la economía española en el sector inmobiliario. O que haya cada vez una mayor precarización de las relaciones laborales, o que los efectos de la inflación incidan en las economías domésticas; circunstancias que hacen cada vez más difícil asumir el pago de las rentas de alquiler o acceder a la financiación bancaria, asumiendo una hipoteca, para adquirir un inmueble y destinarlo como vivienda.

Esto es, precisamente, como la obtención de algunos bienes jurídicos —en este caso, la vivienda— se procurará a través de su conformación social mediante el ejercicio de derechos sociales y económicos en sentido estricto, de carácter fundamental, como el trabajo o la propiedad privada (sin obviar, además, que el trabajo puede permitir la adquisición de la propiedad), a través de una subjetivación de carácter activo respecto a su posición jurídica (‍Garcés Sanagustín, 1996: 70). Y sin que en ningún caso deba desecharse la idea de que quepa una actuación pública para garantizar el acceso a la vivienda que, interviniendo la esfera económico-patrimonial de las personas, sea respetuosa con el orden constitucional al que se ha hecho referencia. En este, la delimitación de la propiedad a través de la determinación de su función social en materia de vivienda no puede llevarse a cabo en ningún caso desconociendo su contenido esencial y que se traduzca en el mismo despojo de la situación jurídica de los titulares de esta (‍Rey Martínez, 1994a: 404). Ello hace inviable que el Estado muestre tal pasividad que se acabe obligando a soportar casi en exclusiva a los particulares, propietarios de inmuebles, la política pública de vivienda, deslegitimando el esfuerzo económico demostrado en su adquisición. Por ello se ha dicho que el art. 47 CE está dirigido, en cuanto que principio rector de la política social y económica, a satisfacer las necesidades de ciudadanos que no poseen una vivienda por haberla perdido o porque nunca han accedido a ella. Implica necesidad y, por ello, no debería ser atribuido a todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos que ya disponen de una alternativa habitacional; lo contrario sería desoír la igualdad como punto de llegada u objetivo ideal para satisfacer por esa política socioeconómica (‍Herranz Castillo, 2000: 3). Por ello, no consideramos justo en términos materiales que el legislador haya delegado la política pública de vivienda en los propietarios privados, soportando una expropiación ilegitima desde una óptica eminentemente constitucionalista que se desliga del protagonismo de los poderes públicos en la satisfacción del mandato del art. 9.2 CE.^[3]

Toda política social y económica implicaría alguna medida redistributiva dentro de un Estado que trata de asegurar la igualdad material para propiciar una existencia digna, y, en función de la ideología que impere momentáneamente en los Gobiernos, se destinará a satisfacer unos u otros intereses. Sin embargo, dentro del Estado social y democrático de derecho no debe olvidarse que el protagonismo mismo de la política redistributiva está en el gasto público y en el sistema fiscal (art. 31 CE): es una función de Estado. No solventar adecuadamente el problema de okupación supondría atender a la función para satisfacer por los poderes públicos en virtud del art. 47 CE, pero, además, desoír la función de redistribución de rentas. El Estado no tiene prioritariamente el deber moral ni político de asegurar el acceso a bienes y servicios públicos a toda la población, y, en concreto, una vivienda, sino que debe propiciar las condiciones para que el valor del trabajo suponga en esencia la vía para acceder a la propiedad privada o poder cumplir con el pago del alquiler (igualdad como punto de partida). No obstante, lo deberá hacer asegurando la redistribución a través de una fiscalidad progresiva, que permita una política integral de vivienda que posibilite su acceso también a los más vulnerables por la vía del gasto público, sufragado con la imposición fiscal (igualdad como punto de llegada). De nada servirá procurar una vivienda a las personas en situación de vulnerabilidad si como contrapartida se van generando otros espacios de vulnerabilidad, como el que representan algunos propietarios que sufren la ocupación en inmuebles de su propiedad.

Por todo ello, la ocupación inmobiliaria queda sancionada, con carácter general, en nuestro ordenamiento jurídico, bien parta de manifestaciones o actos de protesta atribuibles al movimiento okupa, incluyendo aquellos que se presentan como un acto de desobediencia civil, bien se refiera a actos singulares que buscan el interés exclusivo de un okupa, esté o no inserto dentro del grupo de referencia. El acceso a la vivienda trasciende en la mayoría de los casos las relaciones entre el poder público y la ciudadanía, entrando en la autonomía privada de otras personas, lo que llegará a justificar la protección de bienes jurídicos contemplados explícita o implícitamente en la redacción que la Constitución da a las bases de la actuación de la política social y económica, incluso por la vía penal (‍Cascajo Castro, 1988: 42). Es decir, el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda por parte de la población y, especialmente, centrarse en ofrecer posibilidades para su materialización a los colectivos más vulnerables, pero en ningún caso podrá decidir que el mecanismo adecuado para ello sea acabar con «el tranquilo disfrute de las cosas inmuebles» y dejar de proteger «la ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión u otros derechos reales» (‍Herranz Castillo, 2000: 5).

1. Hacia un concepto jurídico de okupación: de las acciones colectivas de okupación a la satisfacción del interés individual de acceder a una alternativa habitacional[Subir]

Por okupa podemos entender «un movimiento radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados», alguna persona u organización «perteneciente o relativo al movimiento okupa» o bien uno de los miembros de este movimiento. Son las tres acepciones que contempla el Diccionario de la Real Academia Española, que, además, define el verbo okupar: «Tomar una vivienda o un local deshabitados e instalarse en ellos sin el consentimiento de su propietario». Como vemos, el léxico español aborda la cuestión de una manera imprecisa, desde el punto de vista jurídico, lo que también responde a la evolución de las prácticas de ocupación de viviendas. Esto se debe a la evolución del concepto, que ha pasado de una connotación colectiva a la satisfacción de intereses individuales.

Podemos clasificar los actos de okupación de varias formas. Un criterio de clasificación sería el léxico, partiendo de dicha definición: contemplar como criterio de clasificación la situación de los bienes inmuebles que se ocupan. Esto es, dependiendo de si se ocupan inmuebles vacíos o habitados (lo que, por otra parte, era un atributo del movimiento okupa). Empezando por considerar que ya no se ocupan viviendas o locales vacíos o deshabitados, exclusivamente, deberíamos desechar este criterio. Martín (‍2022) constata que, si bien la ocupación de viviendas afecta más a propiedades de bancos y fondos de inversión, las prácticas de okupación se han extendido también hacia las viviendas propiedad de particulares individualmente considerados. Tampoco parece válido a los efectos de determinar el impacto sobre los derechos fundamentales de los actos de ocupación de inmuebles fijar como criterio la titularidad de los bienes inmuebles afectados. Es decir, en función de a quiénes pertenezcan los bienes inmuebles que soportan la okupación.

Adell Argilés (‍2007), aludiendo a la distinción que hace el diccionario entre okupar y ocupar («tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él»), distingue entre ocupas y okupas a través de lo que parece ser un criterio teleológico; mientras que en el primero de los supuestos se produciría la toma del inmueble con el único propósito de habitar un inmueble, en el segundo de los casos hay un fin político que sitúa a la okupación como un medio para la defensa de intereses en torno a garantizar el acceso a la vivienda por parte de los poderes públicos y que, por ende, se superpone a la pretensión de acceder a una alternativa habitacional gratuita (interés predominantemente individual). También se habla de la distinción entre ocupas, renombrándolos como «espontaneístas», y okupas, ligados al movimiento social (‍Mozas Pillado, 2021: 28). Sin embargo, este criterio no excluye la posibilidad de que, acompañados de una evidente carga ideológica, se lleven a cabo actos de ocupación de inmuebles que no se dirijan exclusivamente a viviendas deshabitadas o inmuebles vacíos o que, por otra parte, queden ajenos a cualquier afectación los terceros sujetos pasivos de la ocupación de inmuebles.

Ya se haga en la modalidad de okupación u ocupación, y por mucho que las acciones representen ilícitos por convicción, no quedan amparados en un supuesto ejercicio de la libertad ideológica y/o de conciencia, de tal forma que se pueda abrir la puerta a expresar una objeción ideológica que posibilita el acceso gratuito a la vivienda. Por ello: ¿se puede diferenciar entre okupación y ocupación? A pesar de que la segunda parezca no tener un trasfondo ideológico que le es inherente a la primera, el impacto sobre la propiedad privada es efectivamente el mismo, lo tenga o no: la privación del disfrute efectivo del inmueble, y, a pesar de estar vacío, puede ser que no sea de forma permanente (no hay abandono), y, por tanto, puede afectar a otros propietarios o arrendatarios que vean afectado su propio derecho a vivir en este, ya sea de forma real o potencial, así como a vecinos y colindantes.

Así las cosas, ni el estado o situación de las viviendas (criterio objetivo), ni el criterio subjetivo de la titularidad del inmueble (quién ostenta la propiedad), ni tampoco el elemento teleológico (para qué), que nos indica la distinción entre okupación y ocupación, nos permiten clasificar las distintas modalidades de ocupación de inmuebles. Por ello, hay que reconducir su conceptualización hacia la idea de que cualquier acto de ocupación de viviendas supone una posesión injusta o ilícita que desencadena la vulneración de los derechos de terceros (‍Díaz Romero, 2022). Por lo que nuestra perspectiva debe ser desde la perspectiva del derecho.

Recalcando nuestra posición, pues se trata de un trabajo jurídico y no sociológico o politológico, nos vamos a aproximar a los conceptos de okupación y ocupación a través de criterios jurídicos, pero teniendo en cuenta lo inmediatamente expuesto, porque, como veremos, tiene un cierto impacto en la labor de definir los diferentes actos de los que puede partir la situación. Empezando por reconducir a ocupación de inmuebles todo acto perturbador de los derechos reales conexos con la vivienda y el acceso a esta, independientemente de su motivación ideológica, pero recuperando el criterio de diferenciación en torno a si las viviendas que los sufren están o no habitadas, lo que sí va a ser relevante para el ordenamiento jurídico. Cosa que podemos hacer una vez se reconducen conceptualmente la okupación con k y la ocupación con c hacia actos, en general, de ocupación de inmuebles con el fin de ser destinados a habitación.

Así, podemos reconducir los actos de ocupación de inmuebles, en función de si traen causa de un incumplimiento contractual o no. Este sería el caso de inquilinos que incumplen un contrato de alquiler o han accedido a esta en precario y, posteriormente, se mantienen en el inmueble destinándolo a su vivienda contra la voluntad del nudo propietario o de quien legítimamente ostente la posesión. Cuando se celebra un contrato de alquiler de vivienda, se toma posesión de este instalándose en él, pero esta posesión deja darse sin oposición, ya que, al entrar en un incumplimiento contractual, bien porque no se paga la renta de alquiler de forma reiterada o porque llegado a su término el arrendatario se niega a dejar el inmueble, debe entenderse que hay una oposición reactiva por parte de los propietarios, que deberían volver a ser sus poseedores legítimos. Esto supone la extensión de manera ilícita de la ocupación de una vivienda por la que se toma posesión del inmueble, que en origen era legitima y estaba amparada por un contrato de alquiler. Por tanto, el incumplimiento contractual consistiría en la falta de pago o la expiración del plazo y esto es lo que en estos casos desencadena una ocupación ilícita y una posesión ilegítima del inmueble.

También merecería un tratamiento similar (en términos civiles y no penales) la ejecución hipotecaria (art. 250.1.7.º LEC ex art. 41 LH, véanse arts. 137 y 138 LH), donde una entidad financiera la pretende llevar a cabo ante el impago de las cuotas del préstamo hipotecario por parte de quienes habitan una vivienda de su propiedad, sometida a esa garantía; lo que provocaría el desalojo de aquellas personas que incumplieron las condiciones del préstamo. Pero la ejecución hipotecaria no merece ser calificada como desahucio ni técnica ni procesalmente y en ocasiones el problema se presenta de forma errónea ante la opinión pública. En nuestra opinión, también constituiría una ocupación ilegítima de los inmuebles, y el Estado no puede obligar a los prestamistas, por mucho que sean grandes entidades bancarias, a no exigir el cobro de las cantidades adeudadas o que se produzca una quita total de la deuda con el fin de mantener a los deudores en su posesión y ofrecer así el uso y disfrute de esa vivienda sin ningún tipo de contrapartida (‍Loscertales Fuertes, 2019: 75)^[4]; sin perjuicio de la dación en pago, que podría ser una medida efectiva para posibilitar la superación de situaciones de vulnerabilidad o, al menos, que permitiría no incrementarla. No obstante, el legislador ha ido dando pasos en aras de materializar las previsiones del art. 51 CE (ex art. 9.2 CE), protegiendo a los deudores hipotecarios ante situaciones derivadas de la crisis económica y causantes de su situación de vulnerabilidad.

Pero, además, se pueden distinguir otras modalidades de ocupación. La doctrina especializada distingue entre ocupar y usurpar, aludiendo a este último verbo como un concepto cualificado de ocupación que se da, por lo general, con violencia (aunque cabe la usurpación sin violencia). Por tanto, a pesar de que ocupar y usurpar aluden a «la posesión ajena de cosas o derechos», la distinción entre uno y otro está en que la ocupación se refiere a «la tenencia material» del bien inmueble destinado a la vivienda (para el caso que nos ocupa) y la usurpación supone «la posesión de derechos». A ambas las acompaña una «idea de permanencia» (‍Nogueira Gandásegui, 1999: 31), por lo que a nuestro juicio deben descartarse como ocupaciones de inmuebles las ocupaciones simbólicas o momentáneas que persiguen la reivindicación de intereses y representan las etapas iniciales del movimiento okupa, sin perjuicio de que sean constitutivas de otros ilícitos civiles o penales, como la desobediencia. El objetivo de las acciones debe ser la desposesión o la alteración de relaciones jurídico-patrimoniales por la vía de los hechos; precisamente, por esto último, contemplamos como acto de ocupación de un inmueble la negativa a abandonarlo ante una ejecución hipotecaria y el correlativo lanzamiento.

Sin embargo, no hay que olvidar tampoco el hecho de que algunas «inmobiliarias ocupas» venden o alquilan inmuebles deshabitados (‍Jiménez París, 2018: 27). Serían claramente las bandas que, aprovechando una situación de especial vulnerabilidad, se lucran de facilitar el acceso a determinadas personas a la vivienda por vía de la ocupación ilícita (AAP Barcelona 470/2019, de 31 de julio). Es decir, procuran una actividad para facilitar la ocupación por parte de dichas personas vulnerables, exigiéndoles un pago económico e incluso aprovechando dicha ocupación para extorsionar al propietario si es que este quiere recuperar su vivienda, exigiéndole cantidades económicas. Dicha situación es representativa de un particular tráfico de viviendas de carácter ilegal, aunque no siempre constituyen la existencia de organizaciones criminales de acuerdo con los criterios que exige el Código Penal, pueden conllevar la existencia de terceros de buena fe. A veces se trata de un único sujeto o una pluralidad de individuos que irrumpen en un inmueble ajeno y tratan de traficar con este, cambiando previamente las cerraduras; por lo que no sería un hecho que per se constituya la pertenencia a una organización criminal en los términos previstos en el art. 570 y ss. CP, sino que se podría hablar de coautoría, cooperadores necesarios para propiciar los ilícitos penales constitutivos de usurpación o meros cómplices (‍Mozas Pillado, 2021: 134).

Por último, señalamos que, siempre que el objetivo sea privar del disfrute efectivo del inmueble más allá de una reivindicación de intereses o sin perjuicio de esta, la conexión de la ocupación del inmueble con el movimiento okupa no excluye su ilicitud; por lo que, a efectos del análisis que estamos llevando a cabo, si se da esa pretensión, okupación y ocupación son términos jurídicos equivalentes. En suma, la ocupación de inmuebles puede ser lícita (actos de toma de posesión) o ilícita, mientras que la usurpación siempre cargará con una cierta ilegitimidad, ya que supone una afrenta contra el Código Penal. Sin embargo, para los fines de este análisis, no trataremos la ocupación legítima de un inmueble destinada a vivienda conforme a los cauces legales previamente mencionados (arts. 438, 609 y 610 CC): ocupaciones naturales y lícitas, que suponen el medio previsto en derecho para adquirir la posesión, sino que nos centraremos en la ocupación ajena a los cauces que otorga el ordenamiento para hacer efectiva la posesión de un inmueble y destinarlo a vivienda.

2. Las categorías de ocupaciones de inmuebles y su tratamiento jurídico[Subir]

Ahondando en la conceptualización de los actos de ocupación de inmuebles para ser destinados a vivienda, se ha determinado que, siempre que se persiga la ocupación con un interés de permanecer de forma más o menos estable en la vivienda y, por ende, de perturbar la posesión de su legítimo titular, se practique de la forma en que se practique, existirá un quebranto de la ley penal o un incumplimiento contractual (normalmente por el impago de rentas del arrendatario). Si el ordenamiento jurídico no actuase contra estos actos, quedaría reducido a la nada el Estado de derecho. Por eso, no es posible mantener ante una ocupación ilícita una actitud de pasividad por parte del ordenamiento jurídico que permitiese a quienes practican las ocupaciones obtener un derecho para la ocupación de estos inmuebles sine die. No cabe obtener una alternativa habitacional por la vía de los hechos contrariando el derecho.

Por tanto, pueden existir en el ordenamiento jurídico dos respuestas ante una ocupación ilícita: la vía civil y la vía penal.

1. La controvertida suspensión de los desahucios[Subir]

En el año 2020, debido a la situación que planteó la COVID-19, se introdujo a través del RD Ley 11/2020 una previsión que comportaba la suspensión de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos que afectaran a «hogares vulnerables sin alternativa habitacional» en el plano civil (art. 1)^[7]. Todavía hoy sigue vigente la suspensión de los desahucios y lanzamientos, extendiéndose incluso al supuesto del art. 242.2 CP desde la reforma operada por el RD Ley 37/2020, por lo que también abarca la vía penal de la «ocupación pacífica», al añadirse un nuevo art. 1 bis al RD Ley 11/2020. Lo que comenzó a gestarse como una medida temporal de carácter excepcional para que estas personas no sufrieran los efectos de la pandemia derivada del coronavirus SARS-Cov-2, tras sucesivas prórrogas durante y después de la pandemia, ha acabado convirtiéndose en una norma todavía hoy vigente. Ha sido la regla general ante supuestos de vulnerabilidad desde el año 2020 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025 por la última prórroga temporal que efectuó el RD Ley 9/2024^[8]. El final de su vigencia, al parecer, vendría dado de la mano de la no convalidación del «decreto ómnibus» (RD Ley 9/2024), aunque estas «medidas antidesahucios» han vuelto a ser recuperadas por el RD Ley 1/2025, cuyo art. 72.1 permite modificar los art. 1 y 1 bis del RD Ley 11/2020, y las extiende hasta el 31 de diciembre de 2025; sin perjuicio de que vuelvan a darse otras prórrogas, constatada la tendencia política acaecida hasta la fecha.

Son medidas extraordinarias y de carácter temporal, pero, ¿han llegado para quedarse? Lo cierto es que las sucesivas prórrogas operadas primero por el legislador de excepción y, posteriormente, por el legislador de urgencia (vid. art. 86.1 CE) han posibilitado su extensión y, por ende, nos indican que lo que pretendía satisfacer una extraordinaria y urgente necesidad ha desembocado en una cotidianeidad para los propietarios de inmuebles y los operadores jurídicos que tratan de combatir la ocupación de inmuebles^[9].

Pasando a analizar el régimen jurídico de la medida denominada coloquialmente como «suspensión de los desahucios», se pueden destacar los siguientes elementos de dicha regulación contenida en los arts. 1 y 1 bis del RD Ley 11/2020, en la versión actual tras la reforma operada por el RD Ley 1/2025, diferenciando vía civil y vía penal:

2. El sistema de compensaciones[Subir]

El RD Ley 37/2020 introdujo un sistema de compensaciones en favor de los particulares, que ha sido extendido hasta el día 31 de enero de 2026 por el RD Ley 1/2025 ante los costes que implica la ocupación del inmueble. Se trata de una compensación por parte de los poderes públicos en favor del arrendador o propietario de la vivienda, que consiste, según lo previsto en la disposición adicional 2.ª, en la redacción dada por el RD Ley 1/2025 en su art. 74:

En todo caso, el sistema se materializa a través de las comunidades autónomas y ni siquiera muchas de ellas han articulado un procedimiento para ejecutar lo previsto en la norma inmediatamente expuesta.

Esta previsión contrasta con otras alternativas, como la prevista en el art. 76 del RD Ley 1/2025, que prevé una línea de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el alquiler de vivienda^[10]. Esta medida es mucho más respetuosa con el orden social y económico establecido por la Constitución y comporta una verdadera política social, que trata de no generar conflictos entre los particulares, cuando se alquile una vivienda a menores de 35 años o personas vulnerables. El problema está en que el propietario deberá esperar un plazo de seis meses para cobrar las cantidades para sufragar por parte del Estado, tras la recuperación de la posesión; que, ante una vulnerabilidad económica sobrevenida, podrá comportar la suspensión del procedimiento de lanzamiento. Por lo que esos inquilinos vulnerables pueden convertirse en okupas, con las consecuentes dificultades que esto plantea. Por lo que tampoco deberíamos considerarlo adecuado. Desde ese momento, además, el propietario cargará con los gastos corrientes derivados de suministros que utiliza de manera efectiva el okupa.

3. Las sentencias del Tribunal Constitucional 9/2023 y 15/2023 y sus votos particulares[Subir]

Tanto el grupo parlamentario Popular como el grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados recurrieron en sendos recursos de inconstitucionalidad contra la medida de suspender los desahucios y lanzamientos, prevista en el RD Ley 11/2020 y que hemos venido analizando.

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 998-‍2021, resuelto por la STC 9/2023, el grupo Popular planteaba que la decisión plasmada en el art. 1 bis de la norma supondría extender la suspensión de procesos penales e incurriría en una transgresión de los límites del art. 86.1 CE, además de afectar al derecho de propiedad de la vivienda, en virtud de la doctrina constitucional sobre el art. 33 CE, ya que su vertiente subjetiva o individual queda restringida de tal modo que el derecho a la libre disposición por parte del legítimo propietario queda conculcado, pretendiendo imponer una función social que debe ser concebida como un quebranto de lo previsto en la Constitución^[11]. Además, se alega una vulneración del art. 24.1 CE. La extralimitación en la adopción del decreto ley por parte del Ejecutivo no cabría según la STC 93/2015, ya que se estaría regulando directamente el derecho de propiedad por vía de la legislación de urgencia, obviando la reserva formal de ley que se impone por el art. 53 CE. El Tribunal aprecia que esta conclusión no es igualmente trasladable al caso resuelto por la STC 9/2023, pero sin justificar tal posicionamiento; por lo que podemos apreciar una cierta contradicción respecto a sus fallos precedentes, que, a nuestro juicio, no queda solventada. Además, se descarta la afectación del derecho a la propiedad privada, ya que este no ha de concebirse desde su óptica individual, sino desde la vertiente objetiva que nos traslada la idea de que supone «un conjunto de derechos y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la comunidad», y, por tanto, la fijación de su contenido esencial debe considerar necesariamente la función social de la propiedad «como parte integrante del derecho».

El fallo mayoritario lo justifica en que no se afecta a todos los propietarios, en relación con la suspensión de los procedimientos relativos al supuesto del ilícito penal implicado, y, por ende, no afectaría a toda circunstancia que suponga una ocupación injusta o ilegítima del inmueble. La temporalidad de la medida y su aplicación particular a supuestos de hecho concretos evitan apreciar tal afectación; «no tiene por objeto una regulación directa y general». Tampoco quedaría afectado, según el Tribunal, el derecho a la tutela judicial, fundamentándose la presunta vulneración en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.1 CE): «[…] la norma cuestionada se limita a otorgar un margen de apreciación al juzgador para conceder o denegar, ponderadas las circunstancias del caso, la suspensión del lanzamiento de la vivienda habitual […]; la ejecutividad de las sentencias no se discute ni se cuestiona por la norma impugnada, que solamente introduce la posibilidad de dilatarla en el tiempo y por un breve lapso temporal» (FJ 4 de la STC 9/2023).

No obstante, esta afirmación queda en entredicho, dado que la suspensión de los procesos ha sido mantenida tras la pandemia, superadas las circunstancias excepcionales que justificaron en origen su adopción, provocándose, así, una cierta inseguridad jurídica e incurriendo en una cierta arbitrariedad por parte de los poderes públicos; pues, sin un freno a la posibilidad de extender la suspensión sin plazo cierto o volviendo a recurrir a la legislación de urgencia, la norma excepcional puede convertirse en general.

Por su parte, la STC 15/2023, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 2222-‍2021, se pronuncia en términos similares, puesto que las vulneraciones alegadas son las mismas sobre los derechos fundamentales de los arts. 24.1 y 33 CE, además de plantear igualmente un quebranto de los límites materiales previstos en el art. 86.1 CE como motivo de impugnación. En relación con esta sentencia destacaremos los votos particulares. En el primero de ellos, el magistrado Enríquez Sancho discrepa expresando que el Tribunal no puede sustituir «la apreciación eminentemente política de si existe o no una situación de urgencia, ni sustituir al Gobierno en esa apreciación»; y que el fallo abre la puerta a «abdicar de toda posibilidad de controlar su constitucionalidad»; más cuando «la ocupación de una vivienda no constituye una relación consumidor-empresario, que es condición de aplicabilidad de la ley modificada» (refiriéndose al RD Ley 1/2021 que modifica la norma de referencia, el RD Ley 11/2020), y, por ende, debería haber sido apreciada la falta de conexión de sentido con la situación de necesidad previamente definida. Recuerda el magistrado que el autor de un delito del art. 242.2 CP no es un consumidor a efectos normativos. Precisamente, esta opinión es compartida por Arnaldo Alcubilla en otro voto particular que constata que «la inobservancia del presupuesto habilitante debió conducir a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los incisos impugnados». El voto par- ticular que formula Espejel Jorquera expresa que «tampoco puede justificarse aludiendo al pretendido carácter temporal de la medida, la cual, sin embargo, se viene prolongando mediante el sucesivo encadenamiento de decretos-leyes, sin la concurrencia de presupuestos habilitantes, situación que se mantiene por tiempo incierto, pese a la finalización del estado de alarma».

Respecto de la afectación del derecho de propiedad (art. 33 CE), son también muy relevantes tanto el voto de la magistrada Espejel como el de Arnaldo a la STC 15/2023. Ambos plantean que la afectación es de tal intensidad que se plantea la imposibilidad de recuperar la libre disposición de la vivienda, ya que se ha legitimado la ocupación que antes era ilegítima, al tiempo que subsiste el deber de soportar los gastos corrientes (y la imposición fiscal) que se extiende a los inmuebles de su propiedad. Arnaldo es tan tajante: los particulares vienen a ser obligados a soportar «con sus propios bienes problemas, como el de la dificultad de acceso a una vivienda digna, que deberían ser capaces de resolver los poderes públicos», despojándoles de la posible utilidad económica que representaría para ellos ese inmueble.

Estos votos particulares coinciden en esencia con los planteados a la STC 9/2023 por parte de Arnaldo Alcubilla y Espejel respecto al derecho de propiedad. Respecto del art. 24.1 CE y su eventual vulneración por la decisión de suspender estos procesos, destacan los planteamientos que Espejel expone tanto en el voto particular a la STC 9/2023 como en el formulado respecto del fallo mayoritario de la STC 15/2023: es contradictorio según la magistrada expresar al mismo tiempo que «la ejecutividad de las sentencias no se discute ni se cuestiona por la norma impugnada» y que «solamente introduce la posibilidad de dilatarla en el tiempo y por un breve lapso temporal». La magistrada expresa que el hecho de que la dilación sea «por un breve lapso temporal no es una circunstancia que la norma pueda asegurar ex ante, sino que se hace depender de la evolución de la pandemia». En definitiva, «la suspensión perpetúa sine die la comisión de la acción delictiva», lo que conllevará un riesgo de instalar en la opinión pública una sensación de desprotección desde el aparato estatal, según la magistrada, puesto que el «mantenimiento de esta situación es causa de inseguridad jurídica y susceptible de desencadenar desconfianza en el sistema penal, con el riesgo de que la sensación de desprotección por parte del Estado provoque indeseadas respuestas de autotutela».