La disrupción provocada por la determinación territorial ejecutiva en el sistema de planeamiento de Canarias. Cuestiones pendientes en la necesaria transición hacia una ocupación cero de suelo

Resumen

La ley del suelo canaria, aprobada en 2017, concibió un modelo de urbanismo en el que junto a los clásicos instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento coexisten otras herramientas territoriales dotadas de cierta autonomía, que cuentan con capacidad ejecutiva y fuerza normativa suficiente para desplazar al resto. Con idéntico propósito se han venido incorporando, en la legislación sectorial relacionada con la materia, una serie de disposiciones con el objetivo de asegurar la ejecución de infraestructuras estratégicas de primer orden. Sin embargo, en el cuerpo de las citadas leyes no se han precisado fórmulas para evitar el consumo masivo de suelo o para solucionar la superposición entre el tradicional urbanismo jerarquizado y el nuevo. Tampoco la legislación estatal básica ofrece soluciones para modular la aparición esporádica de operaciones estratégicas en cualquier parte del territorio. Se trata de cuestiones conflictivas que deberán encontrar coherencia con las decisiones acordadas a nivel europeo y de orden mundial para la restauración de la naturaleza y la protección del suelo.