1. Introducción

1.1 Proceso de antropización. Forma urbana y patrimonio

Las modernas formas de hacer ciudad y de ocupación del territorio, esbozadas desde finales del siglo XIX, y consolidadas en el siglo pasado, nada tienen que ver con los procesos históricos que durante épocas pretéritas hemos experimentado. Hoy en día, es posible edificar casi en cualquier lugar del planeta, al margen de la oportunidad, o de la insostenibilidad ambiental que ello conlleve. Da igual que existan o no recursos básicos como el agua (edificar en el desierto, por ejemplo), que se disponga de infraestructuras de acceso (se planifican exprofeso o a posteriori), o se produzcan problemas topográficos (terrenos inundables, por ejemplo). Incluso en situaciones inicialmente de ilegalidad, todo se resuelve. Si existe voluntad política se puede construir casi en cualquier circunstancia y, si no es posible o viable, se tienen los mecanismos tecnológicos y la capacidad humana para hacerlo, ante lo que se plantea

“la técnica puesta al servicio de una sociedad equilibrada, y no al contrario, como propiciatoria de desequilibrios” (Pérez Cano, 2001: 110).

Sin embargo, históricamente, la situación no era la misma. Las ciudades y, en general, los territorios se edificaban donde era posible la vida, ya fuese por cuestiones de alimentación y subsistencia, topográficas y climáticas, defensivas o simplemente estratégicas de control de un territorio. La satisfacción de las necesidades básicas las propiciaba el propio medio en un entorno necesariamente próximo a las ciudades. Es por ello por lo que se entiende, desde una perspectiva actual, que la ciudad histórica y en general los asentamientos humanos respondían a posicionamientos mucho más sostenibles. Y que en los mismos se tiene una considerable concentración del Patrimonio Histórico reconocido. Cuando se explica la ciudad histórica, la ciudad como patrimonio y su contribución a la sostenibilidad, en comparación con los crecimientos contemporáneos, se señalan factores como la mezcla de usos, por supuesto la preponderancia del recorrido peatonal, menor dependencia del transporte o demanda de uso de transporte privado (Sánchez del Real, 2012). En relación con el uso de los recursos, las ciudades prosperaban solo donde era posible una equilibrada relación con el medio natural.

La investigación se detiene en el proceso de antropización. En la base de este sistema patrimonial estaría la propia conformación geológica del territorio. Más allá de su valor en sí mismo, incluso como monumentos naturales (Casado, 2014), la composición del suelo determina la existencia o no del agua por filtración y capas estancas, marca las características de la vegetación conformando los diferentes paisajes. Asimismo, fija los cultivos —secano y regadío, extensivos e intensivos, de rotación o permanentes—, siendo el soporte de la ganadería y en general del sustento de la comunidad. Además, proporciona o no recursos para la industria, minería y otras actividades. A ello habría que añadir cuestiones como el clima, la topografía, la posición interior o litoral y, por supuesto, la propia acción del ser humano como sociedad. Las distintas relaciones que se establecen con el entorno próximo determinan históricamente la arquitectura. Esta se diversifica convirtiéndose, por ejemplo, en hacienda o cortijo, caserío o masía, hórreo, granero, bodega y lagar… determinándose los procesos culturales transversales y multiescalares que singularizan los distintos territorios. Como recordara Manfredo Tafuri, la Historia de la Arquitectura es la historia de la sociedad, la historia del trabajo, siendo la arquitectura fragmentos de ese trabajo (Tafuri, 1968).

1.2 Patrimonio y sostenibilidad

En Andalucía, si se toma como punto de partida el instrumento jurídico relacionado con el patrimonio, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, segunda legislación redactada ya sobrepasando el siglo XX, en su artículo 1 señala textualmente que el objeto de la Ley es:

“establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, promover su enriquecimiento y uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar su transmisión a las generaciones futuras”.

La propia Ley, justo desde su inicio, aúna de forma clara la idea de patrimonio y sostenibilidad, señalando su papel como bien social y a la administración como aval para garantizar que dichos bienes sean transmitidos a las generaciones venideras.

Ese garantizar su transmisión a las generaciones venideras recuerda a la definición de desarrollo sostenible recogida veinte años antes en el informe Brundtland, como la satisfacción de

“las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (UNESCO, 1987).

La sostenibilidad es un trípode que tiene sus raíces en tres frentes claros: lo económico, lo ambiental y lo social, aunque algunos autores (UNESCO, 1987) van añadiendo como cuarto elemento la voluntad política. Y es en la tercera componente, lo social, donde el patrimonio cultural se presenta con fuerza. No quiere decir que en las otras dos componentes el patrimonio no aparezca, pero son menos habituales. En el terreno de la economía encontraríamos como el turismo cultural representa una parte muy importante del Producto Interior Bruto (Fresneda Fuentes & al., 2020). El Patrimonio Natural y su conservación están fuertemente ligados a la práctica de una sostenibilidad ambiental, incluso a veces también como Cultural, valga el caso, por ejemplo, la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda durante la Romería del Rocío (Bien de Interés Cultural) atravesando el Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, dos hechos patrimoniales que entran en conflicto por un mismo espacio (Pérez Cano & al., 2020).

Interesante es también el concepto de promover su enriquecimiento:

“El patrimonio cultural es el conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica” (Querol, 2010).

En concreto, sus tipologías de bienes inmuebles son un conjunto de bienes y espacios, también fragmentos de ciudad, sin embargo, no puede considerarse una lista cerrada, sancionada en el tiempo y el espacio, por el conocimiento, donde solo caben hallazgos ocasionales. Cada sociedad, cada época, cada periodo histórico debe contribuir con aquello que es el reflejo de su cultura, y obviamente, los mejores ejemplos de ésta deben incorporarse al Patrimonio. El Patrimonio también se incrementa con bienes del pasado, pues la visión sobre lo que fuimos también admite relecturas que incorporan elementos vinculados a realidades históricamente infravaloradas, invisibilizadas, devaluadas o simplemente olvidadas. Finalmente, cabe preguntarse si tiene sentido que el siglo XX, momento histórico en el que más se ha construido, donde la mayoría de las ciudades han multiplicado exponencialmente su superficie, sea patrimonialmente la cronología menos representada. Como dice Panerai,

“la historia de las ciudades no es la historia de los monumentos, ni de los grandes acontecimientos, sino de la construcción trivial y de la vida cotidiana, es la historia de los arquitectos y maestros de obra insignes, pero también de la producción en masa y de la construcción de la ciudad” (Panerai & al., 1986: 173).

La consideración de la relación entre patrimonio y sostenibilidad debe basarse, por una parte, en las características de los bienes que integran el patrimonio. En este caso, aquellas formas urbanas que se recogen en los instrumentos de protección que las valoran y protegen. La diversidad de situaciones es muestra de la riqueza patrimonial que la ciudad del siglo XX ha producido, en el caso estudiado de los tejidos residenciales, además de las piezas individuales que generalmente han gozado de reconocimiento. De la investigación se desprende que los mejores ejemplos, aquellos que son parte de la cultura arquitectónica contemporánea, nuevas tipologías, edificios, espacios, conjuntos de viviendas, fragmentos urbanos, en definitiva, patrimonios futuros, deben incorporarse a los catálogos urbanísticos y a la protección cultural en general.

Analizando el patrimonio del siglo XX, a través de las formas urbanas, se encuentra una estrecha relación con la configuración del tejido urbano predominantemente residencial, con significativa dotación de vivienda social, entendida como aquella construida a instancias de la administración pública. Por tanto, hay que tener en cuenta que parte de una plural regulación, al ser específicamente definida desde diversas administraciones, patronatos, etc. que la han determinado y hecho evolucionar dependiendo de épocas y ámbitos geográficos. Aunque la vivienda social ha tenido un papel relevante en la construcción de la ciudad contemporánea, comparte protagonismo con otros modelos y tendencias urbano-residenciales. En este sentido, los desarrollos residenciales del siglo XX—desde el punto de vista de la sostenibilidad— pueden recorrer distintas etapas, si se clasifican según las consecuencias que sus efectos han tenido sobre el territorio.

En una primera etapa, las autoridades toman la iniciativa para hacer frente a las urgentes necesidades de vivienda en las principales áreas urbanas, como consecuencia de los procesos migratorios campo-ciudad. Un proceso que ocasionó el abandono del medio rural, la despoblación de gran parte del territorio, la sobrepoblación en grandes áreas urbanas y, por consiguiente, importantes desequilibrios territoriales. El contrapeso a esta dinámica se produjo con las diversas oleadas colonizadoras, con o sin reparcelación agraria y el apoyo de infraestructuras para el riego, por ejemplo, que condujeron a significativos intentos de fijar población en el medio rural, con éxito variable, y con claras limitaciones cuantitativas respecto del global del mencionado abandono.

En tercer lugar, se encuentran las barriadas que se construyeron principalmente en la periferia de las ciudades destinadas para el alojamiento de familias, principalmente jóvenes, por causa del crecimiento poblacional de las propias ciudades. Aunque supuso el crecimiento de los límites urbanos y, por ende, la pérdida de suelo agrícola en las inmediaciones de la ciudad, respecto a las dos anteriores, puede considerarse una situación más sostenible. Cabe entender que no lleva aparejado el abandono de las infraestructuras existentes en medios ya antropizados, sean urbanos o rurales.

En cuarto lugar, el despliegue de la segunda residencia ocasionó el crecimiento de pequeños núcleos existentes, fundamentalmente en el litoral, como consecuencia del impulso del turismo y el desarrollo de las comunicaciones viales, con formas urbanas y tipologías arquitectónicas en muchos casos ajenas a los usos locales y dentro de estándares que facilitan la rentabilidad de la acción inmobiliaria privada. Esta situación ha supuesto en un gran número de casos la degradación medioambiental del entorno, tras un consumo excesivo del territorio. Sin duda, resulta la situación más perniciosa de todas.

En quinto lugar, señalar otras situaciones de recualificación de áreas urbanas obsoletas, tales como, vacíos, bordes y límites urbanos, cambios de uso en suelos procedentes de la industria, áreas portuarias, etc. Pueden considerarse iniciativas que buscan recuperar y actualizar la ciudad heredada frente a un modelo de crecimiento ilimitado. No obstante, deben ser analizadas como aportaciones de gran variabilidad en cuanto a sus resultados, dado que existen ejemplos en ambos sentidos.

Finalmente, aunque es una casuística menos frecuente, pero de alto impacto en ambos sentidos, resaltar la originada por los Grandes Eventos: Exposiciones Universales (Sevilla), Internacionales (Zaragoza), Olimpiadas (Barcelona), Juegos del Mediterráneo (Almería) o incluso configuraciones de city-branding ya sea Ciudad Museo (Málaga o Bilbao), de las Artes y de las Ciencias (Valencia), etc. Experiencias donde un gran sector de ciudad se pone en carga, el cual multiplica exponencialmente su radio de acción, con el consecuente impulso, directo o indirecto, al desarrollo de determinados crecimientos urbanos de carácter residencial. Alguno de ellos como estrategia sostenible de reconversión de determinados inmuebles, una vez concluida la actividad a la cual han dado servicio.

Tomando como criterio de análisis las seis etapas señaladas, las cualidades urbanas intrínsecas, en términos patrimoniales valores propios, donde se consideran aspectos formales, funcionales, de significación, derivados de las respectivas soluciones urbanas relativas a cada lugar, valor de posición, se les aplicarán lecturas relacionadas con la sostenibilidad urbana, valor de contexto, derivadas de las características de una entidad patrimonial compleja. Por otra parte, el hecho de su patrimonialización da pie a una serie de prácticas que refuerzan la sostenibilidad de dichos modelos urbanos y en su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Este trabajo se basa en determinados indicadores de sostenibilidad específicamente definidos para dichas prácticas y modos de actuación propios del reconocimiento y tutela patrimonial de las formas urbanas.

1.3 Reconocimiento y protección de las formas urbanas en el contexto internacional

La consideración patrimonial de las formas urbanas debe circunscribirse a la evolución experimentada por el propio concepto de Patrimonio a lo largo del siglo XX. Vertebrado en torno a la idea de Bien Cultural, el trabajo patrimonial ha avanzado hacia una noción cada vez más amplia y compleja que, entre otros avances, ha permitido consolidar aproximaciones urbanas al hecho patrimonial. Como construcción social, el valor pasa a elaborarse desde el significado patrimonial que para el sujeto colectivo tendrán estas formas urbanas. Esto permite asignarles un valor de colectividad y representatividad que transciende su concepción física y material. Las formas urbanas pueden ser objeto tanto de una patrimonialización institucional como de una patrimonialización social, interactuando los objetos urbanos con la concepción patrimonial de lo inmaterial y de lo natural (Davallon, 2018), lo que entra de lleno en la cuestión de la sostenibilidad.

El primer referente internacional en el reconocimiento patrimonial de áreas urbanas lo constituye la Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos de 1931. Supuso un avance significativo, dado que contribuyó a superar la concepción del monumento como objeto aislado, al abogar por que la acción patrimonial se articule desde la necesaria contextualización de bien en su entorno urbano próximo (Martínez Yáñez, 2006). Esta visión urbana del Patrimonio se consolida con la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia de 1964), al incluir en la noción de monumento histórico

“el conjunto urbano o rural que dé testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico” (ICOMOS, 1964).

Supone el reconocimiento de los valores que subyacen en las formas urbanas, más allá del valor individual de determinadas construcciones que en ellas se puedan localizar, para ser concebidas como un todo, desde su complejidad y elevado grado de estratificación. Por su parte, la Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas (ICOMOS, 1987) introduce por primera vez el concepto de imagen urbana y el reconocimiento de vectores identitarios que inexorablemente subyacen en el devenir de cualquier entorno urbano. Asumiendo un amplio abanico de casuísticas y singularidades, aboga por reconocer los valores culturales, tanto de desarrollos urbanos más o menos espontáneos, como de conjuntos urbanos resultado de acciones planificadas acordes con la doctrina urbanística de este momento histórico.

El reconocimiento y protección de formas urbanas derivadas de la ciudad planificada del siglo XIX y XX, debe igualmente circunscribirse a los esfuerzos realizados a nivel internacional para la protección de la producción arquitectónica y urbanística reciente. La transformación e incluso demolición de importantes referentes pusieron de manifiesto la urgencia de abordar la importancia cultural de este legado (Navas Carrillo, 2020). En 1971, el Centro para la Protección del Estado de los Monumentos y la Naturaleza de Praga organizó la primera reunión a nivel internacional para debatir al respecto. Contó con la colaboración de la Unesco y el Ministerio de Cultura de la República Socialista Checa y la participación de representantes del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). El resultado fue la Declaración de Praga para la protección de los monumentos culturales de los siglos XIX y XX (Comisión de la Resolución, 1971). Centrándose en los ejemplos urbanos, la Declaración reconoce la concepción unitaria de los proyectos, tanto en su distribución como en la “pureza” de sus formas, como la principal característica a proteger.

No obstante, los avances acaecidos en materia de patrimonio contemporáneo también son deudores de la creación en 1988 de la fundación para la Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento Moderno (DOCOMOMO). Sus objetivos fueron definidos en la Declaración de Eindhoven (DOCOMOMO, 1990), centrándose en garantizar la conservación de la arquitectura y el urbanismo del Movimiento Moderno como parte inherente del legado cultural del siglo XX (Henket, 2000). Desde su creación en el seno de la Facultad de Arquitectura de Eindhoven, se han creado 71 sedes nacionales repartidas por todo el mundo y ha promovido numerosos estudios y encuentros científicos sobre este patrimonio.

Coetáneamente, el Comité de ministros de la Unión Europea redacta la Recomendación n.º R (91) 13 a los estados miembros relativa la protección del patrimonio arquitectónico del siglo XX (Consejo de Europa, 1991). Al igual que los bienes pertenecientes a otros periodos de la historia europea, considera el patrimonio contemporáneo elemento constituyente del legado europeo. En consecuencia, incluye una batería de propuestas para su preservación que pasan por la identificación, la protección, la gestión y la difusión de este patrimonio, todo ello buscando la cooperación entre los países miembros. De todas las acciones, destaca el inventariado a través de la elaboración de registros específicos de patrimonio contemporáneo. Acción que ha copado el devenir del reconocimiento y protección de la producción del siglo XX en el contexto internacional.

La Recomendación defiende la necesidad de incorporar una producción diversa, desde el entendimiento de los rasgos diferenciales de cada contexto y más allá del reconocimiento de determinados autores. Visión compartida con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y, en concreto, con el Comité Científico Internacional del Patrimonio del Siglo XX (ISC20C), el cual surge a raíz de la Reunión de Expertos de 1994 y una serie de encuentros internacionales (Helsinki 1995 y México 1996) centrados en la necesidad de fomentar la protección y conservación del patrimonio del siglo XX. Este organismo internacional es responsable del Documento de Madrid sobre el reconocimiento, protección y conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX (ISC20C, 2011). Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), asume las directrices de la Declaración sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales de Xi’an (ICOMOS, 2005), incrementando las directrices sobre la incorporación del contexto y lugar al proceso de patrimonialización de estas arquitecturas.

A pesar de estos avances, el trabajo de reconocimiento del patrimonio contemporáneo es aún entendido como compendio de obras maestras seleccionadas en base a criterios principalmente objetuales o relativos a su autoría y, por tanto, más cercanos a una visión caduca del hecho patrimonial. Este hecho, como se expondrá a lo largo de este trabajo, propicia que el foco de la tutela se haya puesto sobre ejemplos arquitectónicos, frente a la producción urbanística, la cual aparece infrarrepresentada en la mayoría de los registros del siglo XX y XXI.

2. Metodología

La investigación sigue una metodología múltiple, exploratoria, descriptiva, cualitativa y multi escalar. Por una parte, la investigación ha explorado en el conjunto de bienes patrimoniales del siglo XX aquellos que constituyen una demostración del alcance de las concepciones urbanas en realizaciones con formas características, fundamentalmente de tejido residencial, acompañado de espacios y equipamientos, con soluciones de distinta escala. El marco espacial ha sido Andalucía, aunque desde un contexto internacional. La componente descriptiva se ha empleado para diferenciar los rasgos que singularizan a unas realidades patrimoniales de otras, clasificándose de forma agrupada.

Los factores metodológicos cualitativos y multi escalares admiten la diversidad patrimonial con independencia de las tendencias urbanísticas que han generado las respectivas formas urbanas, su incidencia escalar en el conjunto de la ciudad donde se encuentran, desde el objeto al conjunto urbano, alcanzando a la dimensión paisajística. Pero también se han tenido en cuenta respecto a la incidencia que en la escena local, autonómica, nacional o internacional han proyectado, desde una perspectiva sostenible. Para ello se han realizado aproximaciones en otra consideración, asimismo escalar, a realidades internacionales, tanto las vinculadas a Unesco y su Comité de Patrimonio Mundial, como a desarrollos en Países Bajos, Francia o Portugal, el escenario de DOCOMOMO Ibérico, y el caso español, con especial atención a Andalucía.

Todo lo cual se puede medir en los términos a los que la opción de patrimonialización y su figura patrimonial correspondiente de protección determina, por ejemplo, en cuanto a la dimensión de los valores patrimoniales. El planeamiento urbano es análogamente actor de protección y salvaguardia patrimonial en determinados niveles de la escala local, por lo que se ha contemplado, asimismo.

2.1. El valor universal excepcional

Desde la aproximación escalar propuesta en este artículo, el primer nivel nos lleva a analizar aquellas formas urbanas inscritas en la lista de Patrimonio Mundial (WHL). La inclusión en la misma se articula en torno a la acreditación de Valor Universal Excepcional (VUE), definido como aquella

“importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras a nivel Mundial” (UNESCO, 2008).

Para este fin, se requiere cumplir además de los criterios de autenticidad e integridad, al menos uno de los diez criterios de inscripción, de los cuales, seis son de naturaleza cultural (i-vi) y cuatro de carácter natural (vii-x).

La presencia de bienes del siglo XX en la lista de Patrimonio Mundial es deudora del concepto de representatividad acuñado por Pressouyre (1992) y que ponía el acento sobre la infrarrepresentación de determinadas categorías patrimoniales, regiones mundiales y periodos históricos, entre otros, las realizaciones del siglo XIX y XX. Hasta la fecha, el siglo XX solo estaba representado por la ciudad de Brasilia, diseñada por Lucio Costa (1987). En 1992, DOCOMOMO realizó a instancias de la Unesco una lista indicativa con veinte referentes de la arquitectura y el urbanismo del siglo XX para su inclusión en lista de Patrimonio Mundial. El estudio partió de la selección, por cada delegación nacional, de las diez obras más representativas de su territorio, constituyendo así una lista preliminar de 100 inmuebles susceptibles de ser seleccionados (Henket, 1997). Fruto de este trabajo, debe señalarse la inclusión de la Bauhaus y sus emplazamientos en Weimar, Dessau y Bernau (1996), la Casa Schröder de Gerrit Thomas Rietveld (2000) o la Ciudad Universitaria de Caracas diseñada por Carlos Raúl Villanueva (2000). Y que se vieron acompañadas de inscripciones de diversas obras a caballo entre el siglo XIX y el XX, como algunas muestras del modernismo catalán de Gaudí y de Domènech (respectivamente en 1984 y 2005, y en 1997), la Isla de los Museos de Berlín (1999), etc.

En 2001, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, junto a DOCOMOMO e ICOMOS, puso en marcha el programa Patrimonio Moderno, para identificar, documentar y promover la protección de bienes de los siglos XIX y XX. Ese mismo año, la Lista de Patrimonio Mundial incluyó la casa Tugendhat de Mies van der Rohe (2001). A partir de aquí, se han inscrito otros bienes del siglo XX, tales como, la Ciudad Blanca de Tel-Aviv de Patrick Geddes (2003), Le Havre, ciudad reconstruida por Auguste Perret (2005), el campamento minero de Sewell en Chile (2006), el campus central de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (2007) o seis conjuntos de viviendas modernas en Berlín (2008). Las ordenaciones paisajísticas de Roberto Burle-Marx están comprendidas dentro de la inscripción del paisaje carioca de Río de Janeiro (2012) y se refieren a espacios públicos abiertos. También de Brasil, se inscribieron los equipamientos urbanos del Conjunto Moderno de Pampulha (2016), distribuyendo piezas individuales con un marcado carácter paisajístico. Asimismo, recientemente han sido inscritas, de forma conjunta, varias obras de Le Corbusier (2016), que comprenden, entre otros trabajos suyos, uno de un conjunto residencial con planteamiento de formas urbanas, la Cité-Frugès en Pessac. Cabe asimismo indicar el caso de Asmara, la capital de Eritrea (2017), con manifestaciones de urbanismo moderno de raíz italiana, y la ciudad industrial italiana de Ivrea edificada entre los años treinta y sesenta del pasado siglo (2018). También se protegieron varias obras de Frank Lloyd Wright (2019).

Del conjunto de ejemplos aquí referenciados, destacamos aquellos de naturaleza urbana, identificando tres tipos de entidades: las ciudades de nueva creación, desarrollos urbanos de más de 100 hectáreas y conjuntos residenciales de vivienda masiva. Todos cumplen al menos dos criterios de inscripción, excepto el campamento minero de Sewell y la ciudad industrial de Ivrea, ambas con una superficie más reducida y basada en un modelo productivo muy específico (Fig. 1).

Todos son ejemplos eminentes de conjuntos urbanos que ilustran una etapa significativa de la historia (criterio iv), con la excepción de Sewell. Ocho de ellos (la Ciudad Blanca, Le Havre, Sewell, la Ciudad Universitaria de México, las viviendas berlinesas, las obras de Le Corbusier, Pampulha y Asmara) atestiguan además un intercambio de influencias considerable, durante un periodo concreto o en un área cultural determinada, en los ámbitos de la arquitectura, la planificación urbana o la creación de paisajes, urbanos en este caso (criterio ii). Cinco ejemplos (Brasilia, Pampulha, las obras corbusianas y las Ciudades Universitarias de Caracas y México) fueron incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial por ser una obra maestra del genio creativo humano (criterio i). También son reseñables iniciativas y propuestas de inscripción que aún están en desarrollo. Es el caso de Casablanca (Marruecos), inscrita en 2013 en la Lista Indicativa como ciudad del siglo XX resultado de un cruce de influencias. También se pueden citar los trabajos realizados a instancias del Ayuntamiento de Oeiras (Portugal), sobre el conjunto residencial de Novo Oeiras, construido entre 1953 y 1974 bajo la dirección del arquitecto Luís Cristino da Silva, con vistas a una futura candidatura para su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial (Fernandes & Janeiro, 2015).

2.2. Registros internacionales

Tal como se ha señalado previamente, una de las principales directrices de la Recomendación n.º R (91) 13 relativa a la protección del patrimonio arquitectónico del siglo XX, fue la de instar a los estados miembros a que trabajasen en la elaboración de registros específicos de patrimonio contemporáneo. Al respecto, destaca la experiencia de los Países Bajos en el estudio y registro de una serie de áreas urbanas y rurales del denominado Wederopbouwperiode, es decir, el periodo de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial enmarcado entre 1945 y 1965. Desde el año 2001, la Agencia Nacional de Patrimonio Cultural (anteriormente Servicio Nacional de Protección de Monumentos), ha desarrollado un significativo esfuerzo para el reconocimiento y protección de la arquitectura y planificación urbanística vinculada a este periodo.

En una primera etapa, el trabajo se centró en una dimensión principalmente objetual, seleccionando los 100 inmuebles con mayor valor (histórico-cultural, arquitectónico, urbano, de conjunto, singularidad, integridad o reconocibilidad), respetando además un criterio de representatividad para el conjunto de país (van Hoogstraten & de Vries, 2013). Solo se incluyeron dos conjuntos de cierta entidad urbana, Frankendaal (conocido como Jeruzalem) en Ámsterdam y Lijnbaanhoven en Roterdam, ambos declarados además Monumentos Históricos en 2010 y 2012, respectivamente.

En paralelo a este registro, también se trabajó en la identificación y registro de un total 450 Wederopbouwgebieden (Áreas de la Reconstrucción), argumentando la importancia de abordar el patrimonio desde la perspectiva espacial y reconociendo que, como otras áreas urbanas protegidas, estas son el reflejo de un periodo determinado, de un fenómeno histórico-cultural, con una importante componente espacial manifestada tanto en la recuperación de la ciudad histórica, los nuevos crecimientos urbanos, o el desarrollo del área rural (Blom, 2013). De todas ellas, se seleccionaron 30 ejemplos representativos, entre otros, de las teorías urbanas del momento, registradas como áreas de importancia cultural e histórica nacional, pero que no ostentan estatus de monumento protegido. De ellas, quince son desarrollos residenciales, de las cuales, siete tienen una superficie superior a 100 ha (Fig. 2).

Señalar que este estudio se circunscribe a la trayectoria iniciada en la década de 1960 de protección de los Beschermde Stads- en Dorpsgezichten, áreas protegidas formada por una serie de inmuebles que son protegidos por sus valores como conjunto, por tanto, equivalentes a los Conjuntos Históricos de la legislación española. Un mecanismo que puede garantizar la protección efectiva de estos conjuntos, siendo el objetivo principal mantener la coherencia de la estructura urbana protegida, sin necesidad de conllevar la protección de la totalidad de los inmuebles que en ellos se ubican.

Citar, por ejemplo, la designación de tres áreas de posguerra de Ámsterdam como Gemeentelijk beschermd stadsgezicht (paisajes urbanos de protección municipal). En 2008 fue declarado el Van Eesterenmuseum, parte del barrio de Slotermeer anteriormente referenciado. En 2017, la protección de esta área se amplió con la clasificación del Noordoever. Dos años más tarde, el Bijlmermeer, primera fase del desarrollo urbano del suroeste de Ámsterdam fue también protegido como paisaje urbano. En paralelo, el Ayuntamiento de Ámsterdam, ha ido progresivamente ampliando el ámbito de los Waarderingskaarten (Gemeente Amsterdam, 2010). Se trata de planes especiales de protección que incluyen una evaluación objetiva de la calidad de la trama urbana, constituida por la edificación y el espacio urbano adyacente, definiendo diversos grados de intervención. Sus límites han transcendido más allá de los límites del centro histórico, incluyendo los anillos de crecimiento del siglo XIX, los desarrollos del periodo entreguerras y, por último, el crecimiento de posguerra asociados al Plan General de Ámsterdam (Algemeen Uitbreidingsplan o AUP) de Cornelis van Eesteren y Theo Van Lohuize (Fig. 3).

También es reseñable la experiencia francesa. En 1999, el Ministerio de Cultura galo impulsó la creación de un distintivo específico para reconocer el patrimonio contemporáneo, el denominado Label XX (Ministère de la Culture et la Communication, 1999). El objetivo era identificar e inventariar aquellos ejemplos del siglo XX más relevantes para su inclusión en la base Mérimée de Patrimonio Monumental de Francia, pero sin estar sujeto a las obligaciones legales que conllevaría su clasificación como monumento (Coudroy, 2015). Una fórmula que carecería de utilidad, al tiempo que supondría equiparar su valor al del resto de inmuebles declarados. De hecho, cabe advertir que el Label XX no es una figura jurídica de protección, sino una estrategia para sensibilizar a la población sobre los valores patrimoniales que atesoran los inmuebles que ostentan este distintivo, quedando su designación condicionada en última instancia a la autorización de la propiedad de inmueble en cuestión. Actualmente, en la base Mérimée (Ministerio de Cultura, s.f) se encuentran registrados 550 inmuebles con Label XX, de los cuales 29 son grands ensembles, es decir, nuevos crecimientos urbanos construidos hacia la segunda mitad del siglo y que buscaban resolver la importante carestía de vivienda entre las clases con menos recursos, mediante la construcción de habitations à loyer modéré. Cabe reconocer aquí, que el estudio de estos conjuntos urbanos tuvo un desarrollo particular en Francia desde final de la década de 1980. La primera referencia es el trabajo de Vayssière (1988) sobre la base fotográfica del Ministerio de Vivienda. Entre 1990 y 2000, el Ministerio de Cultura elaboró un inventario con aquellos ejemplos más representativos y excepcionales de la planificación urbana de este periodo. Estudio que fue años después ampliado (Ministère de la Culture, 2014), registrando un total de 300 grandes ensembles, de los cuales se seleccionaron 51 para ser rehabilitados a través del Programa Nacional de Renovación Urbana (PNRU) y 50 para ser distinguidos con el Label XX (Klein & al., 2011).

Aunque el esfuerzo desarrollado por el gobierno francés se ha centrado principalmente en el registro, cabe señalar que tres conjuntos urbanos de este periodo han sido también declarados Monumento Histórico: Le Blanc-Mesnil y Drancy en Seine-Saint-Denis y Maisons-Alfort, todos en la Île-de-France. Adicionalmente, en dicha región la Cité-Jardins de Suresnes y también Firminy-Vert en Rhône-Alpes (que incluye obras significativas de Le Corbusier, una de ellas la casa de la cultura, inserta en la declaración colectiva de la WHL) han sido clasificados dentro de la figura de Site Patrimonial Remarquable. Se trata de una figura del ordenamiento legislativo francés destinada a clasificar áreas urbanas, rurales y/o paisajísticas, cuya conservación, restauración, rehabilitación o mejora presenta, desde el punto de vista histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico o paisajístico, un interés público (Ordonnance nº 2004-178).

2.3. La mirada patrimonial sostenible desde Andalucía

En España, la labor de registro y reconocimiento de la producción del siglo XX ha estado liderada por la fundación DOCOMOMO ibérico, en colaboración con los colegios de arquitectos y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Su registro incorpora un total de 111 desarrollos residenciales (79 de nivel A y 32 de nivel B) y 26 pueblos de colonización (21 de nivel A y 5 de nivel B), construidos en España y Portugal entre 1925 y 1965 (Centellas & al., 2009). Se trata de ejemplos de muy diversa naturaleza, construidos tanto por iniciativa pública como privada, pero en todos se reconoce, en mayor o menor medida, la relevancia de su diseño urbano. Recientemente se ha llevado a cabo una ampliación temporal del Registro (García-Braña & al., 2019), incluyendo obras construidas entre 1965 y 1975. Se han incorporado 63 conjuntos residenciales (37 de nivel A y 26 de nivel B) y 21 pueblos o poblados de colonización (16 de nivel A y 5 de nivel B).

Cabe destacar que el listado de más de 1.600 bienes del siglo XX protegidos por la correspondiente legislación autonómica, referenciados en el de Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX (Ministerio de Cultura y Deporte, 2014) solo incluye cuatro conjuntos urbanos de cierta entidad, aunque de diversas dimensiones y configuraciones, y un poblado de colonización. Se trata del grupo de Viviendas Protegidas en Jaén, el grupo residencial Salduba en Zaragoza, la colonia de Santa María en Suria, el grupo Virgen del Carmen en Salou y el poblado de colonización de Miraelrío en Jaén. En paralelo, DOCOMOMO Ibérico (2014) realizó una selección de aquellos ejemplos más significativos del Movimiento Moderno en España (1925-1965). Sólo 16 de los 256 registros son desarrollos urbanos, seis son barrios residenciales, tres poblados dirigidos y siete núcleos rurales de colonización (Fig. 4).

Las Comunidades Autónomas han desarrollado sus propios registros, los cuales se han adaptado a las directrices del Plan Nacional. En Andalucía, esta labor ha sido desarrollada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), a través del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC). Integrado en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía (IAPH, s.f.), este registro recoge actualmente más de 1.000 obras representativas del siglo XX, entre otros, 84 conjuntos residenciales y 42 poblados de nueva creación. En primer término, destacamos aquellos ejemplos también incluidos en el Registro DOCOMOMO Ibérico (s.f.): el conjunto residencial El Carmen en Sevilla, la barriada San Juan de Dios en Jerez de la Frontera, las barriadas Huerta de Mena y La Esperanza en Huelva, la barriada Ciudad Jardín en Almería, el grupo de Viviendas Protegidas en Jaén, el Parque Figueroa en Córdoba, Los Balandros en Roquetas de Mar (Almería), la barriada de la Paz en la localidad granadina de Pinos Puente, así como, Esquivel en Alcalá del Río, La Vereda en Peñaflor, Miraelrío en Vilches, Atochares en Níjar y Llanos de Sotillo en Andújar.

De la relación anterior, destaca el caso significativo de las denominadas Viviendas Protegidas de Jaén. Se trata de un desarrollo formado por cuatro grupos residenciales que fueron promovidos por el Ayuntamiento, la Diputación de Jaén y la Obra Sindical del Hogar entre 1945 y 1955. Cada uno de estos grupos conforma una manzana cerrada situando la edificación en el perímetro, dejando el interior mayoritariamente libre para uso colectivo. En 2006, fueron inscritas con carácter genérico, en la Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, junto a otros nueve inmuebles vinculados al Movimiento Moderno en la provincia de Jaén, entre otros, el mencionado Poblado de Miraelrío en Vilches (Resolución de 21 de febrero de 2006). La inscripción coincidió con los inicios de una operación urbanística privada que proponía la sustitución de estas viviendas por un nuevo desarrollo, con la consecuente contrapartida económica para los vecinos (Plata García, 2017 y 2020). Sin entrar en el conflicto que generó entre las distintas partes implicadas, especialmente entre los residentes, puede reconocerse como uno de los primeros ejemplos andaluces en los que la declaración se articuló desde el reconocimiento de la racionalidad y calidad de su diseño urbano, reconociéndose en el expediente de inscripción, la necesidad de evitar su pérdida.

El Registro Andaluz de Arquitectura Contem-poránea, dada la amplitud temporal que abarca (todo el siglo XX), también incluye ejemplos de principios de siglo de elevado valor patrimonial. Es el caso del Barrio Obrero Reina Victoria de Huelva (1913-1929), uno de los ejemplos más significativos del trazado de ciudad-jardín que se conservan en Andalucía. En 2002, fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 187/2002). Con una superficie aproximada de 8,25 hectáreas y 274 viviendas, fue construido para albergar a trabajadores domiciliados en la capital onubense de la Riotinto Company Limited, responsable de la explotación de las minas de Riotinto. No se trata del único desarrollo urbanístico de esta compañía protegido jurídicamente (Fig. 5). En el municipio de Minas de Riotinto construiría también viviendas para los trabajadores, siguiendo una trama ortogonal propia de los campamentos mineros y con una tipología residencial uniforme. Es el caso del poblado de La Dehesa, el barrio Alto de la Mesa o el Valle. Para el personal técnico, diseñó un barrio de estilo victoriano, Bellavista, separado del resto del núcleo urbano y casi autónomo en su funcionamiento. Todos ellos quedan dentro de la delimitación de la Cuenca Minera de Riotinto-Nerva, declarada como Bien de Interés Cultural, primero en la categoría de Sitio Histórico (Decreto 236/2005) y posteriormente en la categoría de Zona Patrimonial (Decreto 504/2012) (Mosquera Pérez & al., 2019).

En Sevilla, la ampliación del Conjunto Histórico aprobada en 1990 supuso un salto significativo para la protección, no solo de la ciudad intramuros y los arrabales históricos, sino del crecimiento urbano del siglo XIX y principios del XX (Real Decreto, 1339/1990). Entre otros, se incluyó gran parte de la extensión urbana ocupada por la Exposición Iberoamericana de 1929, cuya organización supuso una revolución para la ciudad. No sólo conllevó una inyección económica significativa, sino que fue capaz de transformar el valor del proyecto urbano como instrumento de crecimiento a lo largo del eje formado por el paseo de las Delicias y la avenida de la Palmera.

Cabe analizar la relevancia del planeamiento en la conservación de estos conjuntos urbanos, dada la fuerza que tienen los instrumentos urbanísticos en la conservación de la ciudad heredada en su conjunto. A continuación, se recoge de forma sintética la relación de conjuntos urbanos del siglo XX, en su mayoría desarrollos residenciales, que han sido incluidos en los catálogos de protección del planeamiento municipal en los diez centros regionales establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, es decir, las ocho capitales de provincia, Algeciras y Jerez de la Frontera (Fig. 6). En el conjunto de planes analizados, se valora la amplitud de realizaciones protegidas, abarcando ejemplos tanto de la primera como de la segunda mitad del siglo. En la mayoría de los casos, se circunscriben al ámbito residencial. Solo en el caso del Plan General de Sevilla, se incluyen otras tipologías, tales como los desarrollos industriales de Hytasa y la Avenida de la Raza, o desarrollos turísticos pioneros como fue el barrio de Heliópolis. Se identifica también un incremento exponencial del número de ejemplos protegidos cuanto más reciente es la redacción del documento, coincidiendo con las ciudades que experimentaron un mayor crecimiento poblacional.

La fecha de redacción del plan también parece ser determinante a la hora de avanzar hacia la definición de una figura específica para catalogar los desarrollos urbanos del siglo XX. El Plan de Sevilla (2006) recurre a un análisis discrecional y pormenorizado que, resulta poco sistemático, mediante el uso de los niveles de protección generales. Por el contrario, el Plan de Jerez (2009), la Adaptación del Plan de Granada (2009), el Plan de Málaga (2011) o el Plan de Cádiz (2011) incluyen categorías específicas que permiten reconocer el interés de su ordenación urbanística y controlar las actuaciones que puedan mermar dichos valores (Fig. 7). Se constata así cierta evolución tanto en la identificación y reconocimiento de estos conjuntos urbanos, como en su protección como patrimonio emergente.

3. Resultados

3.1. Reconocimiento patrimonial de las formas urbanas en el ámbito internacional y el caso andaluz

Especialmente ejemplar resulta, en el escenario internacional, el caso de Tel-Aviv, la ciudad que reúne con su relevante ordenación de mano de Patrick Geddes el mayor número de edificios propios del denominado Movimiento Moderno, o temprano Estilo Internacional, recogiendo numerosas posiciones de diseño arquitectónico. Como se ha indicado en la Fig. 1, fue inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial en 2003. Dicho reconocimiento, según ha insistido su municipalidad, se debe asimismo a las dimensiones, coherencia y naturaleza homogénea del diseño de su forma urbana, al hecho de que la zona objeto de protección representa parte de su área central y el núcleo de actividad urbana principal (no una periferia, como ocurre en otros casos de la arquitectura del Movimiento Moderno reconocida), siendo resultado también de una prolongada dinámica de planificada recuperación y renovación urbana en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo. Se acometió en dos sucesivos planes, cuyas áreas están incluidas en la declaración Unesco, y se propició el establecimiento de sólidas herramientas de tutela y disciplina urbana que pasaron de la preservación de edificios a la conservación de texturas urbanas completas (Rofè, 2008). La urbanista Zofia Santo, hecho en sí mismo reseñable, miembro del Instituto de Estudios Urbanos y Regionales de la Hebrew University de Jerusalén, fue la principal responsable de este proceso. Sin embargo, con posterioridad a la protección patrimonial, la densificación por incremento de alturas de la edificación se ha acentuado hasta mediados de los años 2010, en particular en la zona tampón (buffer zone) de la inscripción Unesco, donde se movían con anterioridad entre las cuatro y las ocho plantas. Una imagen globalizada pretende convivir con el sello aportado por la valoración patrimonial de la arquitectura con raíz en el Movimiento moderno y su éxito turístico en la ciudad israelí, al tiempo que los contrastes y problemas convivenciales de una sociedad compleja se manifiestan de forma cada vez más marcada (Rozenholc & Tufano, 2018: 358).

Una experiencia de repercusión más cercana, que desarrolla otras perspectivas sobre la patrimonialización de las formas urbanas es la anteriormente comentada de las Viviendas Protegidas de Jaén, obra de los arquitectos Francisco López Rivera, Juan Piqueras Menéndez y Julián Laguna Serrano, que culminaron en 1945, 1950 y 1955 respectivamente sus manzanas, totalizando en cada caso 125, 136 y 150 viviendas. Fueron inventariadas desde los primeros trabajos que cubrieron el periodo que va de la Guerra Civil hasta fines del siglo pasado (Pérez Escolano & al., 1986: 52-53 y 231). Debe destacarse que su protección en 2006, mediante Inscripción Genérica Colectiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Fig. 8), se realizó en base a la entonces vigente legislación patrimonial andaluza. Hecho de que contó con la oposición de parte de los habitantes del grupo. Respuesta ciudadana habitual en coetáneos procesos de patrimonialización de otros conjuntos residenciales de similares características, tales como el del Poblado Dirigido de Fuencarral en Madrid (Martínez & Maira, 2019).

Las dificultades afrontadas para justificar la valoración patrimonial del conjunto residencial en el trámite administrativo condujeron a un intrincado proceso con acciones que repercutieron en diversas administraciones de escala autonómica y también en la local. Reseñar también que fue protegida antes de que constase en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea a partir de 2007. En el recorrido se superpusieron el intento de aproximar a los habitantes de las viviendas a una dinámica de renovación inmobiliaria de iniciativa privada, intentando su demolición, con el planteamiento de otras supuestas rentabilidades. Hasta que la vía judicial confirmó la pretensión protectora de la Administración cultural, un proceso participativo incompleto daba oportunidad a esas otras pretensiones que ponían en riesgo la continuidad del conjunto, a pesar de su probado potencial como tejido residencial, gracias a su resolución formal, la adecuación de sus parámetros urbanísticos y el tratamiento de los espacios libres del interior de sus manzanas (Plata García, 2020: 317-319). Quedó así confirmada la vía de la rehabilitación del conjunto, que se valora como práctica sostenible más allá de los indicadores particularizados que se incluyen más adelante y que, con anterioridad a la apertura del proceso de protección, había quedado simplemente insinuada.

Pero existen otras situaciones en las que se ha evaluado lo que el reconocimiento patrimonial aporta de un modo más estructurado. Entre los casos más desarrollados de actuaciones patrimoniales pluridimensionales, sobre formas urbanas protegidas en Andalucía, podemos incidir en la llevada a cabo por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en el conjunto residencial El Carmen, en Sevilla (Fig. 9). Este grupo de 636 viviendas fue construido entre 1955 y 1958. Apareció también tempranamente inventariado (Pérez & al., 1986: 284) y consta en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea desde 2007, además de estar protegido por el vigente PGOU de Sevilla (2006), como se ha indicado en la Fig. 6, si bien no ha entrado en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, por lo que carece de la consideración de Bien de Interés Cultural, que sí es el caso de otro grupo residencial sevillano del mismo autor, Luis Recasens (Los Diez Mandamientos).

No obstante, desde el IAPH se ha efectuado una aproximación estructuradora de la continuidad del carácter residencial de la barriada del Carmen, en clave de sostenibilidad patrimonial, con un conjunto de trabajos que comienzan por subrayar la configuración urbana de bloques en altura que busca originalmente, según los parámetros del movimiento moderno, optimizar el soleamiento y la ventilación cruzada, en busca de determinados parámetros de calidad para la vivienda social. Estudios antropológicos, acciones participativas y trabajos relativos a su conservación, incluyendo un análisis constructivo, estructural y ambiental forman parte de #ReHabitarElCarmen. Como consecuencia de dichas tareas, se han planteado una serie de indicadores sobre su estado y tipologías de posibles intervenciones a programar. Este conjunto de acciones ha sido posible gracias a la acción conjunta de instituciones (incluyendo dos consejerías autonómicas), vecinos y varios grupos de investigación de la Universidad de Sevilla (IAPH, 2018).

La situación periférica de muchos de estos desarrollos residenciales propicia que se queden fuera de los catálogos urbanísticos, los cuales ponen el foco de atención sobre los centros históricos y áreas limítrofes. A pesar de carecer de protección, muchos de estos desarrollos gozan de un amplio reconocimiento profesional. Es el caso, por ejemplo, de la barriada Pino Montano en Sevilla (Fig. 10). En base a las directrices del Plan General de Sevilla de 1963, Luis F. Gómez Stern y Julio Tirado diseñaron un primer Plan Parcial para la barriada, base para la construcción de aproximadamente 5.500 viviendas del Patronato Municipal de la Vivienda. En 1981, el estudio Cruz y Ortiz redactaron una modificación del citado Plan Parcial, atendiendo a las modificaciones introducidas a la Ley del Suelo de 1975 (Cruz y Ortiz, 1981). No sólo ha sido reconocida por la crítica arquitectónica la calidad del diseño urbano (Rubert de ventós, 1985), sino también la de las distintas actuaciones de arquitectura de autores como Torres, Sierra o Barrionuevo (Capilla Roncero & al., 2020).

3.2. Incidencia del Patrimonio material e inmaterial en los ODS

La Sostenibilidad tiene qué ver con una nueva forma de relacionarse con la Tierra. El proceso histórico de antropización del territorio configura la identidad de cada comunidad, con rasgos comunes y diferenciados. Deviene en estructuras culturales que como sociedad se acuerda a lo largo del tiempo que son Patrimonio. No obstante, cabe asumir que todas las acciones culturales que se consideran patrimonio no son sostenibles. Por ende, todas las actuaciones urbanas sostenibles y socialmente justas tampoco son patrimonio. Hay ejemplos patrimoniales altamente insostenibles, tanto desde parámetros actuales más exigentes, como históricos donde el concepto de sostenibilidad no existía. Se deben buscar, por tanto, los puntos de encuentro, aquellas actuaciones que participan de ambas cualidades.

La Declaración de Hangzhou pone el foco de atención en ambos conceptos desde un panorama internacional. Titulada “Situar la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible” es el documento final del Congreso Internacional de la Unesco “La cultura: clave para el desarrollo sostenible”, celebrado en la homónima ciudad China en mayo de 2013. En ella se reflexiona sobre los distintos perfiles de la sostenibilidad y la cultura, entendidos ambos de manera amplia, y teniendo como horizonte que en el 2015 se incorporarían oficialmente a la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Unesco, como otros ODS más: La cultura como capital de conocimientos y como recurso, aprender del pasado para crear el futuro.

En la Declaración aparecen cuestiones relativas a la propia ampliación del concepto de los ODS como la existencia de distintas perspectivas culturales, el respeto a la diversidad, una cultura abierta y evolutiva. Pero también reconoce el papel protagonista de la sociedad en general y los individuos en particular, como usuarios de la cultura, en la doble vertiente de protagonismo y acceso a los bienes y servicios culturales, enfocándolo desde la justicia social como elemento de la sostenibilidad.

“Para forjar sociedades incluyentes y equitativas es vital garantizar los derechos culturales, el acceso a los bienes y servicios culturales, la libre participación en la vida cultural y la libertad de expresión artística” (UNESCO, 2013).

En 2015, las Naciones Unidas en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para su Agenda 2030, propone, ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Organizado este objetivo en diez metas, la número 4 se refiere por primera vez a la cultura, su salvaguardia y promoción como protagonistas de sus fines:

“redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo” (UNESCO, 2015:24).

Le atribuye a la cultura y en concreto a la rehabilitación del patrimonio cultural y de sus instituciones culturales un papel como agente normalizador, generador de autoestima, confianza en el futuro y de pertenencia a un lugar ya sea para las personas como seres individuales o como comunidades. Finalmente considera que la salvaguardia de las zonas históricas urbanas y rurales y de los conocimientos y prácticas tradicionales asociados a ellas reduce la huella ecológica de las sociedades, promoviendo pautas de producción y consumo ecológicamente más sostenibles y soluciones sostenibles de diseño urbano y arquitectónico (UNESCO, 2016).

Pero también le asigna a la cultura, material e inmaterial, por su carácter transversal, una contribución directa en la consecución de otras metas de los ODS 4, 5, 6 y 12. Esto es:

· ODS 4 Educación de calidad, respecto a la formación en Patrimonio Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

· ODS 5 Igualdad de género, respecto a la inclusividad Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

· ODS 6 Agua limpia y saneamiento, Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

· ODS 12 Producción y consumo responsables, Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Aunque también podríamos lanzar puentes con los ODS 3. Salud y bienestar, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 10. Reducción de las desigualdades, 13. Acción por el clima, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, 17. Alianzas para lograr los objetivos.

Finalmente, valorar el patrimonio inmaterial, que se asocia a costumbres, tradiciones, saberes, oficios y otras actividades cuyo mantenimiento en evolución es un rasgo que diferencia al patrimonio inmaterial del material, por cuanto el primero es un patrimonio vivo que la comunidad puede actualizar con mayor dinamismo y que define identidades, legados y apropiaciones. El patrimonio inmaterial relacionado con las formas urbanas estudiadas participa especialmente también en la consecución de los objetivos señalados. El patrimonio material, asociable a las estructuras físicas de las formas urbanas estudiadas, es especialmente colaborativo para el alcance de estos.

3.3. Sobre los instrumentos de protección y los ODS

La instrumentación urbanística es la herramienta que como sociedad democrática nos hemos dado para proyectar, hacer, renovar o rehabilitar la ciudad y sus comunidades. Como cualquier instrumento será su aplicación la que de como resultado una ciudad sostenible, esto es justa, saludable, segura, inclusiva, accesible, creativa y si es el caso, patrimonial.

La primera consecuencia observada por aplicación de los instrumentos de protección es que tienden a favorecer la estabilidad de la edificabilidad, la ocupación, las densidades y otros parámetros urbanísticos, evitando desequilibrios en las reglas del juego. Regulan asimismo la relación entre la edificación y el espacio público, generalmente objeto de tratamiento específico. en línea directa con el ODS.11.4. y 11.5. Por otra parte, cuando los instrumentos generan instrucciones particulares, definen usos, tendiendo a garantizar la continuidad de aquellos que se asocian a los rasgos identitarios de los viene protegidos. Por su naturaleza, las acciones de protección son relevantes en la generación de dinámicas de puesta en valor y difusión de los bienes protegidos.

En general, puede entenderse que el ODS 11, se encuentra estrechamente relacionado con factores que inciden en la tutela patrimonial, cuyo elemento ejecutivo básico es la aplicación de instrumentos de protección, bien procedan del régimen general de protección, en cuanto a incorporación individual de bienes a inventarios y catálogos de Patrimonio, o bien al régimen especial de protección por el que obtienen su protección a través del planeamiento urbanístico y territorial (catálogos, ordenanzas, planos de ordenación, etc.).

3.4. Indicadores de sostenibilidad patrimonial de las formas urbanas

Una lectura asociada entre indicadores sobre sostenibilidad y tutela del patrimonio, en cuanto sostenibilidad patrimonial de las formas urbanas, se basará, como se ha precisado para los ODS en la consideración del patrimonio material y el patrimonio inmaterial, teniendo en cuenta la clasificación de las seis etapas ya definidas. En una aproximación a esta cuestión se halla la metodología seguida en el caso del conjunto residencial del Carmen en Sevilla. Su Manual de Buenas Prácticas organizó una serie de indicadores físicos y otros socioeconómicos, para diseñar las correspondientes tipologías de intervención. Los indicadores socioeconómicos comparan el estado de la barriada con la ciudad con respecto a los datos: precio de la vivienda, número de viviendas vacías, ocupación de la población, edad de la población, porcentaje de personas inmigrantes o nivel de estudios de las personas que residen en la barriada. Los indicadores físicos se han basado en aspectos concretos de la barriada que afectan a su imagen o a su funcionalidad: estado de la edificación, accesibilidad, posibilidad de uso de los espacios libres, dotación comercial, cobertura del transporte público y de los equipamientos urbanos (IAPH, 2018).

En el caso de algunos patrimonios de carácter inmaterial, en los que se ha producido el tránsito de su vinculación estricta a estructuras urbanas históricas, a expandirse como manifestaciones también propias de formas urbanas contemporáneas, lo que refuerza su entramado social. En 2012 se inscribió por parte de la Unesco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad la Fiesta de los Patios de Córdoba (Plata García, 2020: 228). Dentro de los valores reconocidos, la Unesco indica en su inscripción:

“La Fiesta de los Patios sigue significando hoy solidaridad, generosidad, integración social, igualdad, respeto, participación, pasión, espíritu de superación y desarrollo sostenible” (Plata García, 2020: 234).

Además del reconocimiento de dicha actividad patrimonial en barrios sometidos a protección urbanística y patrimonial, que se encuadra, entre otros, en el ODS 11, se viene produciendo el fenómeno de incorporación a la Fiesta con todo su complejo desarrollo de grupos residenciales ubicados en posiciones más periféricas, al exterior del conjunto histórico (parte de él asimismo incluida en la Lista de Patrimonio Mundial como patrimonio material en este caso). Incluso algunas zonas como Levante o Encinarejo, sumando 27 patios de un total de 300, han formado parte del concurso anual hasta su restricción al conjunto histórico. El concurso actualmente solo admite a casas habitadas y cuidadas por sus residentes, eliminando a las ocupadas para negocio y asociaciones.

Por otra parte, diversos trabajos se han realizado para aplicar un sistema de indicadores que permitan determinar el nivel de sostenibilidad en centros históricos, como realidades urbanas protegidas patrimonialmente, pero solo bajo la tipología jurídica de conjunto histórico. En este sentido, el presente trabajo se ubica en un espacio que abarca la consideración de la protección efectiva de las formas urbanas del siglo XX que tienen un determinado nivel de protección, y su aplicación sistemática en clave de tutela patrimonial integral considerando las posibilidades de formulación de indicadores específicos. A partir de trabajos desarrollados dentro del grupo de investigación HUM-700 al que pertenecemos (Espino Hidalgo, 2015: 513-515), la aplicación para evaluar la sostenibilidad patrimonial y el reconocimiento de las formas urbanas se estructura de la siguiente forma:

1. Indicadores derivados de las circunstancias patrimoniales de aplicación (tutela integral, que incluye protección, conservación, difusión e investigación):

· Protección: Parcelas con catalogación específica; Parcelas con catalogación sectorial; Pertenencia a un Conjunto Histórico; Diversidad en la protección patrimonial; Existencia de Plan Especial de Protección.

· Conservación: Estado de los bienes;
Valor de uso del patrimonio; Contami- nación visual/perceptiva; Rehabilitación y reutilización.

· Dinamización del patrimonio: Señaliza- ción del patrimonio; Inclusión en itinerarios patrimoniales; Impacto del turismo patrimonial.

· Investigación: Desarrollo de la investigación sobre patrimonio.

2. Indicadores derivados de las características intrínsecas de las formas urbanas: Tamaño relativo; Viviendas ocupadas; Espacioslibres; Espacios verdes; Peatonalización; Accesi-bilidad; Aparcamiento; Aumento del espacio público; Distribución de los servicios; Planifi-cación estratégica; Concentración urbana; Diseño sostenible.

3. Indicadores derivados de las condiciones medioambientales, infraestructurales y paisa-
jísticas del entorno de las formas urbanas: Degradación medioambiental; Contaminación acústica; Gestión de residuos; Gestión del
agua; Espacios naturales protegidos; Movi-
lidad; Cuidado del paisaje urbano; Evolución de la riqueza paisajística; Evolución de la diversidad paisajística; Evolución de la naturalidad paisajística; Bienes patrimoniales con incidencia en el paisaje; Patrimonialización de los paisajes.

4. Indicadores derivados de circunstancias socioeconómicas: Densidad de población; Estructura de la población; Actividad económica; Relación con la actividad turística; Movimiento asociativo; Iniciativa privada; Cooperación, desarrollo y patrimonio; Fomento de la participación ciudadana; Reconocimiento identitario; Diversidad del patrimonio inmaterial; Actualidad del patrimonio inmaterial.

4. Conclusiones

La investigación clasifica las formas urbanas en distintas situaciones en función del impacto que las mismas han generado sobre el medio ambiente urbano o la sostenibilidad, desde una perspectiva actual. Pueden evidenciarse distintos tipos de casuísticas, aquellas que han producido un doble impacto negativo sobre la sostenibilidad (en origen y destino), simple impacto (origen o destino) y las que se entienden como impacto positivo o que han remado a favor de la sostenibilidad.

El patrimonio forma parte de la cultura y la cultura forma parte de la sostenibilidad, por lo que el patrimonio contribuye a la sostenibilidad, como nos señalan los organismos internacionales y los ODS. Pero ello no quiere decir que todas las acciones o que todo lo que es patrimonio sea sostenible. Se ha señalado ya, hay patrimonios sostenibles y otros absolutamente insostenibles. Obviamente, también hay actuaciones sostenibles que no son patrimonio, ya que, por muy sostenibles que sean, no se considera que su calidad urbana, arquitectónica o los valores que aportan contribuyan a la Cultura. No todo lo sostenible es patrimonial, ni todo lo patrimonial es sostenible.

Se han planteado ejemplos que entendemos sostenibles y patrimoniales, para ello se ha partido de los casos que son ya administrativamente patrimonio, para posteriormente analizar sus indicadores de sostenibilidad. Quedarían fuera actuaciones que sí tienen un reconocimiento profesional, aunque no sean patrimonio legalmente reconocido. Como se ha señalado, son operaciones de regeneración urbana, que incrementan los espacios públicos, que dotan de nuevos equipamientos, actuaciones evidentemente sostenibles que aumentan la calidad urbana, que no necesitan demasiado para ser patrimonial.

Como se ha precisado, las experiencias contemporáneas se sitúan, en su mayoría, en la periferia, allá donde no llegan los catálogos urbanísticos. En muchos de estos desarrollos, tanto el plan urbanístico, como su arquitectura gozan de reconocimiento profesional, pero no cultural. Se requieren ejemplos, no solo de los que ya son patrimonio reconocido, sino también de otros que puedan llegar a serlo. La administración en su acción lleva un ritmo distinto de la realidad social, de ahí los desajustes detectados. Establecer indicadores que relacionen patrimonio y sostenibilidad es un camino. Se ha evidenciado que al reunir elementos de patrimonio contemporáneo se continúa con la cultura decimonónica y de gran parte del XX de incorporar piezas concretas, nuevos monumentos contemporáneos a escala nacional o regional, que siguen caminos similares a la Unesco cuando declara la obra de Le Corbusier, por ejemplo.

Autores como Becerra García (2021) comparan lo que se protege, lo que en el fondo se preserva, con las distintas especies que Noé metió en el Arca para salvarlas del diluvio, en el caso de los bienes patrimoniales, de su destrucción. Por lo tanto, como este trabajo ha pretendido reflejar, se debe avanzar hacia una incorporación generalizada de la ciudad contemporánea en los discursos patrimoniales, o se corre el peligro de dejar fuera del Arca las formas urbanas más representativas del siglo XX.

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6. Listado de Acrónimos/Siglas

AUP: Plan General de Ámsterdam 1920-1960.

DOCOMOMO: Organización Internacional para la Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento Moderno.

DOCOMOMO Fundación para la Documen-tación y

IBÉRICO: Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento Moderno en España y Portugal.

IAPH: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

ICOMOS: Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.

ISC20C: Comité Científico Internacional del Patrimonio del Siglo XX.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PNRU: Programa Nacional de Renovación Urbana.

RAAC: Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea.

SGD: Sustainable Development Goals.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

VUE: Valor Universal Excepcional.

WHL: Lista de Patrimonio Mundial.