1. Introducción

Las políticas públicas en torno a la accesibilidad han experimentado un notable desarrollo a lo largo de las últimas décadas. Un hito fundamental en este recorrido fue la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada el 13 de diciembre de 2006, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Convención supuso la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, reconociendo la importancia que en los mismos tiene la accesibilidad universal.

Nuestro país tampoco ha sido ajeno a este desarrollo. Además de ratificar la Convención Internacional citada el 3 de diciembre de 2007, ya desde mucho antes se habían aprobado Leyes, Reales Decretos y Decretos, Órdenes ministeriales, Ordenanzas municipales…, que bien de manera directa o indirecta, fueron incidiendo positivamente en las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

Entre todas ellas, el 1 de febrero de 2010, cumpliendo el mandato contenido en la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprobaron las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, se aprobó la Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolló el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Esta aprobación supuso un hito fundamental, ya que precisamente la profusión de normativa existente procedente de diversos niveles y territorios, suponía un panorama disperso, caracterizado por una fuerte heterogeneidad que, a su vez, propiciaba la aplicación de un concepto parcial y discontinuo de la accesibilidad en los espacios públicos urbanizados.

Esa Orden ministerial fue la primera norma estatal de estas características que establecía criterios básicos de accesibilidad universal en dichos espacios, resultando de aplicación en toda España. Su finalidad era ofrecer a todas las personas usuarias de los espacios colectivos de las ciudades y a las responsables de su diseño, planificación y construcción, un documento técnico con los requerimientos básicos que constituían el mínimo común denominador de la accesibilidad en todo el territorio del Estado.

Sin embargo, una década después de su aprobación, ha sido necesaria su actualización para adaptarla a los cambios normativos sobrevenidos, para introducir modificaciones que mejoren la comprensión de sus preceptos, para armonizarla con el Código Técnico de la Edificación, y para corregir directamente determinados errores.

Por todo ello desde el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana se ha aprobado la nueva Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, que derogará de manera íntegra la anterior.

Este artículo pretende ayudar a conocer las novedades más relevantes que supone la aprobación de esta nueva Orden con respecto a la anterior.

2. Antecedentes

Como se ha dicho, el 1 de febrero de 2010, cumpliendo el mandato contenido en la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprobaron las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, se aprobó la Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolló el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Antes de ella habían existido muchas normas municipales y autonómicas de accesibilidad y de eliminación de barreras arquitectónicas, pero la Orden de 2010 se constituyó en el mínimo común denominador para todo el territorio del Estado.

A lo largo de estos últimos diez años, en los que dicha orden resultó de aplicación, se fue detectando la necesidad de actualizar y revisar sus contenidos. En primer lugar, por los cambios normativos producidos, que son, entre otros:

• El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (en adelante RDL 1/2013), y
• El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante TRLSyRU), que incorporó las modificaciones introducidas de manera novedosa en el ordenamiento jurídico español por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, en relación con la accesibilidad.

También reclamaban esta actualización otros factores importantes, aunque muy diferentes entre sí. Entre ellos:

• La obsolescencia de un régimen de aplicación transitorio cuyos plazos han finalizado ampliamente;
• La necesidad de incluir una serie de modificaciones que mejoraran la comprensión de algunos preceptos o que supusieran un avance técnico sobre los anteriores;
• La conveniencia de proporcionar una mayor precisión en la definición de las condiciones básicas de accesibilidad;
• La existencia de determinados errores en el texto anterior que era preciso corregir; y
• La deseable armonización de esta normativa con el Código Técnico de la Edificación para unificar parámetros en elementos similares, cuando dicha unificación es razonable y recomendable.

3. Principales novedades del documento técnico de 2021, respecto del de 2010.

La estructura de la nueva Orden apenas ha variado con respecto a la anterior. Así, la misma se compone de:

• un artículo único,
• una disposición transitoria,
• una disposición derogatoria,
• dos disposiciones finales y
• un anexo que es realmente el documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Este anexo consta a su vez de:
  • once capítulos,
  • cuarenta y siete artículos y
  • un apéndice.

Como se ha señalado antes, el objetivo esencial de este artículo es poner de relieve los cambios fundamentales que se introducen en esta Orden con la finalidad de solucionar muchos de los problemas detectados en la aplicación de la Orden de 2010.

La siguiente figura (Fig. 1) permite introducirse de manera muy visual y práctica en los principales cambios deducidos directamente de la estructura de sendos documentos técnicos.

Las diferencias, como se puede comprobar, se producen fundamentalmente para distinguir aquellos artículos en los que se recogen condiciones generales comunes a un grupo de elementos, de aquellos que se refieren a condiciones particulares de algún tipo específico de ellos, así como para adaptar algunos términos a la nomenclatura técnica más apropiada, o para hacer una referencia más exacta a lo que se regula en cada precepto.

Antes de pasar a analizar las diferencias fundamentales entre esta Orden y la anterior, y aparte de los matices señalados sobre los títulos de los artículos, cabe destacar un aspecto que rige e impregna todo el texto, ya desde su propio título y que es necesario destacar para comprender el alcance de la misma. Este aspecto (que tenía ya la Orden de 2010) no es otro que su carácter de norma básica estatal.

Tal y como ya indica la propia Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), esta Orden ministerial contiene normas básicas y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 1ª de la Constitución, de acuerdo con el cual al Estado se le reconoce la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. La conexión de este precepto con los derechos, reconocidos por la Constitución también en los artículos 10.1, 14 y 49, es clara. En todos ellos se entiende la igualdad como toda ausencia de discriminación, directa o indirecta, que pueda tener causa en la discapacidad, y ello debe ponerse en relación con el sistema de responsabilidad de todos los poderes públicos diseñado por el artículo 9.2, de acuerdo con el cual éstos deben adoptar las medidas de acción positiva que eviten o compensen las desventajas de cualquier persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social del país.

Por su parte, el artículo 148 (en diversos apartados), reconoce a las Comunidades Autónomas competencias exclusivas en un buen número de materias cuya incidencia en la accesibilidad y no discriminación es evidente. No en vano, las Comunidades Autónomas han hecho uso de sus competencias en materias tales como la ordenación del territorio, el urbanismo, la vivienda, o el transporte, para dictar normas con contenidos directamente relacionados con aquéllas. Además, debe tenerse en cuenta, que a las Comunidades Autónomas les compete también la tarea de complementar o terminar de delimitar el ámbito normativo de las condiciones básicas que garanticen la igualdad y cuyos límites, tanto para el Estado, como para ellas mismas, ha fijado ya de forma clara la jurisprudencia constitucional.

Alineado con todo ello, el criterio rector en esta actualización de la Orden ministerial no es otro que establecer esas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados con carácter de mínimos. Ello permite, además de asumir el ámbito de responsabilidad propia de la Administración General del Estado, reconocer y respetar las competencias autonómicas y locales concurrentes en la misma materia, además de la gran diversidad de situaciones que caracterizan los espacios públicos urbanizados.

Es cierto que la Orden trata de abarcar, por mor de su mayor eficacia en el reconocimiento de la accesibilidad universal, el mayor espectro posible de soluciones en los casos en los que consta que éstas están funcionando y garantizando unas condiciones de accesibilidad adecuadas. Pero ello no obsta para que, dentro del respeto a aquél mínimo común denominador, se reconozca la posibilidad de dar soluciones alternativas y, por supuesto, más particulares, sin prejuzgar la bondad de unas sobre otras. En este sentido, siempre serán posibles respuestas autonómicas y locales que garanticen en mayor medida la accesibilidad universal reclamada por el Estado.

Entrando en el contenido propiamente dicho, este análisis se centra en los 5 primeros artículos del documento técnico aprobado por la Orden ministerial, donde, por un lado, se sientan las bases para entender el ámbito de aplicación de la Orden, y por otro, se definen los conceptos que permiten identificar aquellas partes del espacio público urbanizado sobre las que, en el resto del articulado, se van fijando después diferentes condiciones de accesibilidad. Es en ellos también, donde se aglutina el grueso de las novedades de la nueva regulación y donde se contemplan y se resuelven aquellos aspectos de la Orden de 2010 que producían mayor dificultad en su aplicación y que pueden esquematizarse de la siguiente manera:

En cuanto a las Disposiciones Generales:

A. Condiciones en que debía producirse el mantenimiento de los espacios públicos urbanizados.

B. Aplicación a los espacios públicos urbanizados con carácter temporal.

C. Situaciones excepcionales en las que podía justificarse la no aplicación de la Orden.

En cuanto a la identificación de los espacios y zonas a las que debía ser de aplicación dicha Orden:

1. Identificación del espacio público urbanizado:

A. Deslinde de los ámbitos de aplicación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) y de la Orden.

B. Playas en las que debía aplicar la Orden.

2. La identificación de las zonas del espacio público urbanizado en las que se exigían las condiciones mínimas de accesibilidad.

Por último, y en cuanto a las determinaciones establecidas en los Itinerarios Peatonales Accesibles:

A. Términos “colindante o adyacente a la línea de fachada” para describir su ubicación.

B. Resaltes y escalones admisibles.

C. Requisitos de iluminación exigibles.

D. Regulación de las plataformas únicas.

E. Estrechamientos puntuales en zonas urbanas consolidadas.

La Orden ha abordado todos estos asuntos además de otros más particulares, como la detección del mobiliario urbano, o el uso de pavimento táctil indicador, pero en los siguientes apartados se van a analizar pormenorizadamente los aspectos que se han detallado en el esquema anterior.

4. Disposiciones Generales (art. 1 y 2)

A continuación, se recoge literalmente el artículo 1 y 2 de ambas Órdenes ministeriales, y se resaltan los aspectos que han sido objeto de cambios significativos:

El objeto de ambas Órdenes ministeriales, indudablemente, es establecer unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, y ello bajo una serie de principios. Aunque no existe una diferencia conceptual esencial entre estos primeros artículos, cabe resaltar distinciones importantes:

·Se elimina la cita al Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, pues ya se recoge en varias ocasiones a lo largo de la exposición de motivos que esta Orden trae causa de dicho Real Decreto.

·También se elimina la referencia a la no discriminación “de las personas con discapacidad”, de conformidad con el concepto de diseño universal del RDL 1/2013 que trata de abarcar a todas las personas, “en la mayor extensión posible”, y en coherencia con el título de la propia Orden y del documento técnico. No obstante lo anterior, dado que, como se ha dicho antes, la Orden trae causa de un Real Decreto que precisamente se refiere de forma expresa a las personas con discapacidad (Real Decreto 505/2007, de 20 de abril), el mismo atiende especialmente las necesidades de estas personas, así como las vinculadas al uso de productos y servicios de apoyo, pues ellas condicionan de forma permanente algunos parámetros de los espacios públicos urbanizados. Cabe advertir aquí que se ha sustituido la referencia a “ayudas técnicas y productos de apoyo” por “productos y servicios de apoyo” en virtud de la definición de “diseño universal” contenida en el RDL 1/20131.

·Los principios que se citan ahora son los de autonomía individual, no discriminación, accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas, adaptándose a la terminología del RDL 1/2013 de forma literal.

·También ha quedado adaptada a la terminología del RDL 1/2013 la descripción de las características que deben garantizarse para los espacios públicos urbanizados, pues en el mismo se define “accesibilidad universal” como la condición que deben cumplir los entornos, entre otros, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

·Igualmente se han eliminado los términos “permanente y temporal” que se utilizaban para calificar los distintos tipos de discapacidad, porque precisamente el RDL 1/2013 califica la discapacidad como “previsiblemente permanente”.

·Por último, junto al fin último, la anterior Orden que era hacer efectiva la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades - en virtud de la cual los poderes públicos pueden adoptar medidas que equilibren la posición de desventaja de ciertos grupos - la nueva Orden ha añadido la otra dimensión de la igualdad, que es la igualdad de trato, impidiendo con ello cualquier forma de discriminación.

En cuanto al ámbito de aplicación, éste se define en el apartado primero del artículo 2, mediante una remisión al artículo 3 que será objeto de análisis en el siguiente epígrafe, para identificar claramente lo que se consideran “espacios públicos urbanizados”. No obstante, es necesario terminar de analizar el resto de aspectos del artículo 2 que suponen un cambio sustancial con respecto a la anterior Orden y que completan dicho ámbito de aplicación:

A. Situaciones en las que resulta aplicable la
Orden (art. 2.2)

B. Carácter permanente y no temporal
(art.2.2)

C. Excepcionalidades en la aplicación de la
Orden (art. 2.3)

A. Situaciones en las que resulta aplicable la Orden

Según el artículo 2.2, la Orden resulta de aplicación a la:

Los trabajos de reparación, conservación, mantenimiento, reforma o limpieza entre otros, de los espacios públicos urbanizados no constituyen el objeto de esta Orden por exceder su carácter de condiciones básicas de la accesibilidad. Su regulación (forma, periodicidad…) parece más propia de normas municipales en función de las circunstancias particulares que les afectan.

Ello permite entender que este tipo de trabajos efectuados sobre aquellas actuaciones que se hayan llevado a cabo con base en los criterios de la Orden tras su entrada en vigor, deberán mantener dichas condiciones. Y, por otra parte, los trabajos de este tipo efectuados sobre aquellas actuaciones ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma siempre podrán acogerse a las determinaciones establecidas con carácter voluntario.

B. Carácter permanente y no temporal

El segundo elemento que se debe resaltar de la nueva Orden y que se deriva también del eminente carácter de condiciones básicas que tiene la misma, es que la nueva Orden ha quedado ceñida al carácter permanente de la urbanización, entendiendo que la temporalidad de determinadas instalaciones debe regularse pormenorizadamente mediante ordenanzas o instrumentos similares de las autoridades regionales o locales, en la medida en que la regulación de actividades temporales debe ser mucho más específica y ajustarse a cada caso concreto (no es lo mismo un mercado, que una pista de hielo, o que un concierto o un mitin político). Ello no impide que cada Comunidad Autónoma o Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, exija el cumplimiento íntegro de esta Orden, también en esas situaciones.

Así, el artículo 2.2 se refiere a los elementos que componen el espacio público urbanizado con carácter permanente. De forma coherente con esto, también el artículo 4, como se verá, define las zonas de uso peatonal, en las que se ubican los itinerarios peatonales y las áreas de estancia, como todo espacio público urbanizado destinado de forma permanente al tránsito o estancia peatonal.

Por tanto, la Orden no es de aplicación, con carácter general, a situaciones de temporalidad, tanto desde el punto de vista espacial (calles que se peatonalizan en determinados días por un evento puntual), como desde el punto de vista estrictamente temporal (parques infantiles hinchables para horas o días concretos, aseos temporales para actividades particulares, palcos o escenarios para conciertos etc.)

No obstante, y de manera especial se regulan los elementos temporales de los artículos 33 y 39 vinculados a actividades comerciales y las obras e intervenciones en los espacios públicos urbanizados, porque a pesar de su aparente temporalidad, parecen concebirse como elementos inherentes a cualquier espacio público urbanizado del territorio nacional, toda vez que son mencionados de forma expresa en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril.

C. Excepcionalidades en la aplicación de la Orden

Otro aspecto que ha quedado aclarado en la nueva Orden es el de las excepciones, ya que, en la anterior, sólo se previeron para las zonas urbanas consolidadas, y cuando no fuera posible su cumplimiento. Ahora se pretende que las excepciones puedan deberse a otras circunstancias (condicionantes orográficos o de carácter histórico artístico…), pero siempre que se justifique y se motive adecuadamente y de conformidad con la normativa autonómica y local que exista.

Así, en el artículo 2.3 del documento técnico se reconoce la enorme casuística que puede existir en los espacios públicos urbanizados y se deduce que el nuevo régimen de aplicación no puede resultar ajeno, como la propia exposición de motivos ya adelanta, ni a los espacios públicos urbanizados preexistentes -es decir, cuando hayan sido proyectados, construidos e incluso renovados, antes de que las mencionadas condiciones básicas estén vigentes- ni a los numerosos condicionantes orográficos, histórico-artísticos y culturales, medioambientales o de otras características similares existentes en el país, en los que se deben permitir establecer, razonable y justificadamente, excepciones al cumplimiento de determinados requisitos, siempre que se haga con una motivación adecuada y suficiente y respetando en todo caso lo dispuesto por la normativa autonómica y local, cuando exista. No en vano serán dichas Administraciones las que, por su mayor cercanía a las circunstancias particulares e intrínsecas de sus territorios, podrán abordar las mejores soluciones a la vista de su complejidad y variedad. Todo ello en el bien entendido de que el objetivo último de la norma es hacer efectiva la accesibilidad universal y el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en la mayor medida posible.

5. Espacios públicos urbanizados y zonas de uso peatonal (art. 3 y 4)

A continuación, se recogen literalmente los artículos 3 y 4 de ambas Órdenes ministeriales, y se resaltan los aspectos que han sido objeto de algún cambio importante con respecto a la Orden anterior:

Una de las cuestiones más controvertidas que se produjeron durante la aplicación de la Orden VIV 561/2010, de 1 de febrero, fue la relativa a la identificación, por un lado, del propio espacio público urbanizado, y por otro, de las áreas en las que debían establecerse unas condiciones básicas de accesibilidad (pues hay zonas en las que evidentemente no tiene sentido exigir alguna en concreto, como ocurre, por ejemplo, en una pista de skate).

5.1 El espacio público urbanizado

Tal y como se desprende del artículo 3.1, los “espacios públicos urbanizados” son fundamentalmente las partes del suelo en situación básica de urbanizado (de acuerdo al TRLSyRU) en las que se cumplen, de forma simultánea, todas y cada una de las siguientes condiciones:

1. Espacios peatonales y vehiculares, de
paso o estancia

2. Espacios no adscritos a la edificación

3. Espacio de dominio público o destinado
a un uso público

Lo que sería el espacio público urbanizado podría esquematizarse, por tanto, como se ve en la Fig. 4.

Como se puede observar, tanto esta Orden como la anterior se refiere a los “espacios peatonales y vehiculares, de paso o estancia”, de manera que aquellos espacios peatonales o vehiculares ocupados por instalaciones como antenas o casetas de transformación... o espacios como medianas que sólo tengan acceso para el mantenimiento puntual, no podían ni pueden ahora considerarse “de paso o estancia”, debiendo entenderse, por tanto, excluidos del ámbito de aplicación, en cualquier caso. También ambas Órdenes ministeriales resultan de aplicación a los espacios públicos urbanizados “que forman parte del dominio público o están destinados al uso público”.

En esos aspectos, por tanto, no hay ninguna novedad. Sin embargo, como ya se anticipó al introducir este análisis, ahora se identifica, de forma general, el espacio público urbanizado con el suelo en situación básica de urbanizado, para adaptarse a la terminología de la legislación estatal de suelo más reciente. En este sentido, queda incluido dentro del espacio público urbanizado el suelo de los núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, de acuerdo con el TRLSyRU.

Asimismo, se ha deslindado claramente el ámbito de aplicación de esta Orden con el de la normativa de edificación evitando el solapamiento, y en la medida en que los tramos urbanos de las playas no siempre se encuentran delimitados dentro de este suelo en situación básica de urbanizado, el apartado 2 del artículo 3 los incluye de forma expresa, tal y como se explica en el apartado b de este mismo epígrafe.

A continuación, se aclaran estas 2 últimas novedades:

A. Espacios no adscritos a la edificación

La Orden distingue perfectamente lo que son los espacios adscritos a la edificación, de los que no lo están, de manera que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 3, aquélla sólo resulta aplicable a los espacios que no están adscritos a ninguna edificación, siendo el Código Técnico de la Edificación, el que contiene la regulación aplicable a aquéllos otros, de conformidad con la (LOE), cuyo ámbito de aplicación considera comprendidos en la edificación “los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio” (artículo 2.3 de la LOE).

De forma coherente con la LOE, el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, en su Disposición final tercera, ordena de manera expresa que las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de los edificios se incorporen en el CTE, dejando el desarrollo de las mismas en los espacios públicos urbanizados a esta Orden (Disposición final cuarta).

Los ámbitos de aplicación de la LOE y de la nueva Orden son, por tanto, complementarios y no se solapan.

B. Tramos urbanos de las playas

Como se resaltó antes, una de las cuestiones que se ha solucionado con la nueva Orden es la relativa a las playas, pues en la anterior Orden, aunque se regulaban, no se encontraban incluidas de forma expresa en su ámbito de aplicación.

Así, el artículo 3.2 de la nueva Orden incluye ya los tramos urbanos de playas en el ámbito de aplicación de la Orden, y para su identificación hace una remisión a la legislación sectorial en materia de costas, pues éstos no se encuentran habitualmente delimitados dentro del suelo en situación básica de urbanizado. De acuerdo con dicha legislación, la Administración competente catalogará los tramos de las playas en naturales y urbanos, teniendo en cuenta el carácter urbanizado o rural de los terrenos contiguos a cada tramo, así como su grado de protección medioambiental (art 67 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas).

5.2 Organización del espacio público urbanizado

Otro escollo que supuso la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, fue el establecimiento en el artículo 4 de unas condiciones generales para todas las zonas de uso peatonal que exigían la inexistencia de resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos, una altura libre de paso superior o igual a 2,20m y pavimento. Además, también en el artículo 4, se reconocían las áreas de estancia como las destinadas a cualquier actividad (para jugar, paseo, deporte…), siendo de aplicación en todas ellas esas condiciones de resaltes, altura y pavimento. La aplicación de este artículo de forma literal hubiera impedido “de facto” la existencia, por ejemplo, de pistas de skate, de zonas ajardinadas o de escaleras en ningún punto de las zonas de uso peatonal.

Ahora el artículo 4 recoge las partes que integran las zonas de uso peatonal sin especificar condiciones que puedan impedir la aplicación efectiva de la Orden. Esta modificación afecta a la totalidad del capítulo IV que se refiere a las Áreas de Estancia, en las cuales la exigencia de parámetros relacionados con accesibilidad ha quedado restringida a 4 tipos de áreas de estancia:

• de descanso y con presencia de espectadores,
• plazas parques y jardines,
• sectores de juego y de ejercicios y
• tramos urbanos de playas

Esta novedad se ha tratado de reflejar en las figuras 5 y 6, en las que, a modo de esquema, se representa la organización del espacio público urbanizado en la anterior Orden y en la nueva, respectivamente. Aparentemente no hay grandes cambios, pero si se analiza en profundidad, se puede comprobar el problema que suponía en la Orden de 2010 al establecer exigencias para todo el espacio de uso peatonal, o la falta de concreción en la identificación de las áreas de estancia, en las que era necesario establecer unas condiciones básicas de accesibilidad.

Con la nueva estructura se ha dotado a la propuesta de la necesaria coherencia y se ha hecho posible su aplicación, que antes, stricto sensu, era imposible. Esta nueva organización del espacio público urbanizado se mantiene muy presente a lo largo de toda la Orden, pues permite localizar cada elemento que se regula en cada artículo.

6. Itinerarios peatonales (art. 5)

Tanto en la Orden de 2021 como en la de 2010 los itinerarios peatonales contemplados en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, se denominan itinerarios peatonales accesibles (IPA), lo que permite distinguirlos de los itinerarios que eventualmente puedan no serlo, así como de los elementos complementarios a aquellos y de los que garantizan su continuidad, ya que resulta necesario establecer igualmente determinadas condiciones básicas de accesibilidad para todos ellos, tal y como el propio Real Decreto también reconoce al referirse a los puntos de cruce o las propias escaleras entre otros.

En cuanto a la definición de los IPA, no hay apenas diferencias entre ambas Órdenes ministeriales, y es que básicamente lo que se persigue es que todos los itinerarios sean accesibles, y sólo cuando no todos puedan serlo, se permite que se habiliten las medidas necesarias para que el recorrido del IPA no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas:

ORDEN TMA/851/2021

Artículo 5. Itinerarios peatonales accesibles. 1. Se consideran itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso y la circulación de forma segura, cómoda, autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que no todos puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.