1. Introducción

El convulso tiempo presente ha mostrado con contundencia cómo la fortaleza de las sociedades urbanas, como espacio de cohesión social, protección y bienestar, descansa en la solidez de su sistema de cobertura pública a todos los niveles (sanitario, asistencial, educativo…), pero también en la equidad, en la gestión transparente y responsable de las oportunidades, en las experiencias colectivas de construcción de ciudadanía y de consecución de objetivos compartidos por la mayoría (Viegas, 2007: 267). Desde la perspectiva de la planificación y el diseño urbano, son necesarias herramientas para la consolidación de esa estructura de lo público: dotaciones, servicios urbanos y espacio público; tomando en consideración lo existente, su entrelazamiento con los nuevos lugares planificados, y obteniendo el máximo beneficio espacial y social de cada inversión pública.

En el contexto de las ciudades españolas, la segunda década del siglo XXI se abre tras fuertes transformaciones económicas y sociales, efecto de la crisis que a partir de 2008 tuvo en España una especial incidencia, al superponerse con el estallido de la burbuja inmobiliaria y sus graves consecuencias de toda índole. Tales transformaciones nos sitúan ante la necesidad de una mirada más pausada, reflexiva y valorativa sobre las ciudades. Es la hora, quizás, de aquél urbanismo urbano que reclamaban Solà-Morales & Parcerisa (1987: 38), que recompone la ciudad y sus tejidos “entre topografía y trazado (…) como proyecto de fomento y construcción de obra pública”, logrando al fin que la calidad de vida represente un rasgo característico y suponga el acceso de todos en condiciones razonables a los servicios esenciales (Ministerio de Medio Ambiente, 2007: 102).

Una observación concreta a ciudades de este contexto, como es el caso de Granada, bastante desprovistas de una verdadera planificación que regulase la explosión urbanizadora, muestra hoy un preocupante descuido en las transiciones entre los lugares. Los usos del espacio público se suceden unos junto a otros: muros, bordillos, locales abandonados, aceras demasiado pequeñas… En este escenario de la mera yuxtaposición, espacios fronterizos o intersticiales de todo tipo adquieren un valor adicional. En palabras de Breitung (2011: 56), hablamos de un espacio urbano compuesto siempre

“de varios límites creados por decisiones administrativas, por procesos de segregación social o cultural, por diseño urbano o por la representación mental del espacio”,

espacios de contacto que, además de albergar opciones de futuro en sí mismos, tienen el potencial de ayudarnos a comprender las actividades humanas y funciones de los sistemas urbanos que allí se concitan (Newman, 2003: 241).

Como primera motivación de esta presentación y partiendo del reconocimiento de los diferentes mecanismos de obtención de lo público por parte del planeamiento, el artículo pretende poner el foco en el modo en que esta superficie destinada a espacios y equipamientos públicos, una estructura colectiva soporte de lo urbano en un sentido amplio, es concretada en la ciudad. Esto con el objetivo de valorar las cualidades de implantación de lo público, desde la escala del planeamiento y las lógicas de localización en relación con la propia estructura urbana, como desde la perspectiva del diseño urbano que ha de traducir en espacio confortable y útil para los ciudadanos la dotación en cuestión; entendiendo esto, no como una operación producida de una sola vez, sino paulatina en el tiempo, en el que suelen sucederse diversas administraciones, y en la que, por tanto, influye de forma decisiva la planificación y el proyecto urbano iniciales, así como las progresivas decisiones que sobre la dotación en cuestión se vienen tomando y que tienen que ver con la gestión de la misma por parte de la administración. La intención sería, por tanto, comprender los muchos requerimientos necesarios para su correcta planificación y su puesta en funcionamiento, dentro de las competencias locales de los agentes urbanizadores y resto de agentes implicados, y, con ello, reflexionar acerca de su papel central a la hora de dar el servicio a la ciudadanía y sobre la forma en que lo público puede ser mejor impulsado, defendido y rentabilizado.

Por otro lado, una segunda motivación sería la de reflexionar sobre dónde debe recaer la responsabilidad de la consecución de lo público, que, más allá de las normas y los procedimientos administrativos de tipo urbanístico, y reconociendo la gran capacidad de los agentes urbanizadores -en especial de las oficinas técnicas de urbanismo, pero también de los responsables políticos que pueden guiar e impulsar estos procesos-, se sustenta principalmente en el cuidado de la acción técnica del planificador y el diseñador urbano, que debe conciliar con el proyecto urbano y arquitectónico como guía y atendiendo a las comunidades, las muchas capas espaciales y temporales que se dan cita en los ámbitos de implantación de la dotación.

El artículo parte de una revisión actualizada de las definiciones del espacio público, en un sentido disciplinar, pero también alimentado por dimensiones sociales y económicas. Situados en el contexto de la investigación, se abordan los modos de obtención de sistemas generales y locales para la planificación de equipamientos y espacios públicos, detallando para el sur de la ciudad de Granada cuánto y cómo se ha consolidado hasta la fecha su tejido dotacional. En una segunda aproximación, se observan comparativamente dos equipamientos deportivos del ámbito, poniendo el foco en sus modos de implantación, sus cualidades arquitectónicas y diseño del espacio urbano, lo que permitirá graduar su mayor o menor éxito. Se analizan los resultados y se concluye con una verificación de las definiciones disciplinares asentadas, enfatizándose requisitos y conceptos que puedan fortalecer la calidad urbana del tejido dotacional, y valorando la importancia de factores clave de su planificación y diseño.

2. Repensar lo público: el papel reforzado del espacio público y de los equipamientos urbanos

A lo largo de la segunda década del siglo XXI y, más recientemente, afectados de forma dramática por la pandemia de la Covid19, las ciudades han vuelto a reconocerse como responsables de la recuperación de los estándares de calidad de vida, estándares que en realidad no habían sido alcanzados por la mayoría de barrios1. Se ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de repensar lo público, en general, como estructura que otorga derechos constitucionales y oportunidades, permitiendo teóricamente un mejor reparto de los recursos.

Desde una perspectiva urbanística, este tiempo de pensar lo público establece un paralelismo con otros momentos postconflicto de la historia urbana: las epidemias de cólera del siglo XIX en Londres, los problemas de hacinamiento de las periferias industriales de primeros del XX; las transformaciones de los centros europeos bombardeadas en Rotterdam, Berlín, Varsovia… De la misma forma, más recientemente, el terremoto y posterior maremoto sufrido en Chile en 2010 condujo a un periodo de reflexión importante sobre la ciudad chilena para recuperar el acceso a los bienes públicos y trabajar en la equidad urbana (Bresciani, 2010: 152 y ss.). El urbanismo jugó siempre un papel clave en este objetivo de dar acceso a lo público, al igual que correspondió siempre a la política social, económica y cultural de un país, equilibrar el acceso de todos a los sistemas públicos según su marco constitucional y a los derechos sociales y humanos según los consensos internacionales (derecho a la ciudad, a la movilidad, al espacio público, etc.) (Mitchell, 2003; Moroni & Chiodelli, 2014; Castro-Coma & Martí-Costa, 2016).

Este papel equilibrador de los estándares urbanos y socioeconómicos debería conducir a observar con atención las diversas dimensiones de lo público respecto de la ciudad: física, jurídico-política, económica, simbólica y cultural, de movilidad y apropiación (Garriz & Schroder, 2014), muchas veces desestimadas por administraciones demasiado ausentes. La capacidad estructurante de dotaciones y espacios públicos permite ligar las partes de la ciudad, cohesionando el resto de usos y posibilitando un mejor funcionamiento general y una mejor habitabilidad. En este sentido, Solà-Morales anticipaba esta dimensión inductora de los espacios colectivos de la ciudad: “todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, se representa y se recuerda” (1992).

De esta forma, sumando las manifestaciones sociales y simbólicas, podemos entender el espacio público como aquél que da cabida también a la expresión individual, al intercambio y a la participación de todos (Borja & Muxi, 2003: 9). Por su parte, Secchi coincide en enunciar la ciudad como el lugar donde, precisamente, “las personas se encuentran a ellas mismas en público” (Secchi, 2006: 288), en la línea también de Tassin, que veía el espacio público como “un vivir-juntos que no reniega de los particularismos identificatorios” (1999: 62), lo que, en el mundo actual, tan proclive a la suprimir las diferencias, cobra todo el sentido.

Los cambios que venimos experimentando están acercando al ciudadano al tipo de espacio urbano definido como referente sociológico necesario (Olvera, 2003), obligando al posicionamiento crítico en defensa de lo legítimo o mejorable. En este sentido, en lo referente a lo urbano y máxime en el contexto español, la desconfianza provocada por décadas de mala praxis ha venido a acentuar la brecha entre los poderes oficiales y los ciudadanos, principalmente hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria y el mayor control de los procesos de recalificación y adjudicatarios de los desarrollos derivados o de la obra pública (Burriel, 2008; Fernández, 2015, Calderón & García, 2017). Nos referimos a la utilización del planeamiento urbanístico para inflar la contratación pública, el despilfarro y la burbuja inmobiliaria, alejándose en tantas ocasiones de un diagnóstico ajustado a la realidad de las necesidades y los requerimientos municipales, la falta de participación pública real, la falta de consenso en las corporaciones que desmontaban lo planificado por los gobernantes precedentes, el abuso en la concesión de licencia como método de obtención de beneficios para las arcas municipales, la falta de vigilancia por parte de la administración del cumplimiento de las reglas marcadas por la legislación, el abuso también del mecanismo de la transferencia de aprovechamiento para convertir tantas veces lo público en privado, etc.

Para contrarrestar lo anterior, la urbanística necesita, entre otras cosas, vincularse al conocimiento generado sobre las dinámicas de apropiación, y llenar el espacio urbano de significado con la práctica de la ciudadanía (Lefebvre, 1975b; de Certeau, 2000: 105 y ss.; Harvey, 2008: 23), necesita observar y tener en cuenta las prácticas realizadas “desde abajo” por los sujetos que de alguna forma desafían lo institucional y son capaces, muchas veces, de convertir lo planificado o diseñado mediante el habitar cotidiano, haciendo que surjan nuevos usos y significados (Peimbert, 2019: 258). En palabras de Lefebvre:

“En y por el espacio la obra puede atravesar el producto, el valor de uso puede dominar el valor de cambio” (2013: 381).

De esta forma, es comprensible que sea observada la respuesta de los ciudadanos al ambiente urbano, en un sentido estético y en cuanto a su percepción, vinculada significativamente a su bienestar (Mouratidis & Hassan, 2020: 2). Así, usando medidas de percepción ambiental, encontramos múltiples intentos de evaluación de una amplia gama de atributos de los espacios urbanos: arquitectura, diseño del espacio público, seguridad, vegetación, sociabilidad, complejidad y familiaridad… (Hanyu, 1997; Nasar, 1994; Rapoport, 2013; Schindler & al., 2017).

Atendiendo a lo expuesto, podríamos empezar por establecer una relación entre el incremento de los atributos a tener en cuenta en la planificación y el diseño de la implantación dotacional y los tipos de actividades que pueden llegar a desarrollarse en el espacio exterior cercano, de acuerdo con Gehl: “actividades necesarias, opcionales y sociales resultantes” (2011: 11), las cuales vienen condicionadas por las características de los ambientes exteriores a la dotación. Los equipamientos urbanos, indefectiblemente integrados en el espacio colectivo, pertenecen precisamente a ese conjunto de actividades necesarias que los ciudadanos requieren y desarrolla y que, con unas condiciones óptimas del espacio libre próximo, pueden potenciar el desarrollo de actividades opcionales alrededor y otras resultantes de tipo social, producto de la interacción entre la dotación y otros usos urbanos del entorno. De esta forma, quedaría amplificada la capacidad de estos espacios hiperpúblicos, favorecidos llegado el caso por la positiva multiplicación de actividades en los entornos dotacionales.

2.1. La visión agregada de los equipamientos

La ciudad ha sido definida como el lugar de expresión de lo colectivo desde el que satisfacer también necesidades individuales y cotidianas (Ledrut, 1976). Los equipamientos se presentan en ella como los componentes cuya función principal es la de proveer de bienes públicos y servicios por parte de la administración (Teitz, 1968: 38), vinculándose una determinada promoción social con el nivel de acceso a estos bienes y servicios (Leal, 1979), lo que convierte a los equipamientos en actores clave de las funciones social y cultural urbanas (Kapstein & De la Barra, 1979: 31-32).

Las dotaciones, genéricamente hablando, han sido utilizadas para establecer equilibrios y completar las cualidades de la ciudad. Los denominados estándares de planeamiento han sido uno de los canales más habituales para su concreción con una filosofía principalmente redistributiva (Moreno, 2006: 385) por parte de la administración local. Así, tal y como señalan Kaiser & al., los estándares del planeamiento urbano para la ubicación del equipamiento “proporcionan una base consistente para planificar las necesidades de la comunidad y medir el éxito del programa dotacional” (1995: 67 y ss.).

La normativa, en este sentido, viene a definir unos estándares de dotaciones mínimos que fueron definidos por los planificadores teniendo en cuenta la falta de recursos suficientes y con el objetivo de proveer de equipamientos necesitados por los ciudadanos.

Recuperando la definición de Omer de la perseguida equidad espacial, como

“el grado en que los servicios o dotaciones son distribuidos espacialmente de una forma equitativa sobre diferentes áreas en correspondencia con la variación espacial de la ‘necesidad’ de esos servicios” (Omer, 2006: 254-255),

se observa, sin embargo, que la evaluación cuantitativa de tal equidad espacial ha estado casi exclusivamente sustentada en las medidas de la accesibilidad al equipamiento (Tsou & al., 2005), esto es, la disponibilidad y la distribución espacial de los servicios a lo largo de las redes viarias, lo que es algo, en sí mismo, verdaderamente complejo2.

Lo que sí está demostrado es que la dotación de equipamientos en un ámbito urbano tiene una afectación significativa en el mercado residencial (Banzhaf & Farooque, 2013), determinando muchas veces el valor de la vivienda, bien por sus propias características y atributos estructurales (Rosen, 1974; Sheppard, 1999), bien por criterios de localización (Tse, 2002), o por una cada vez mayor atención a los atributos del vecindario y a los efectos en él de otros equipamientos individuales o grupos de ellos (Banzhaf & Farooque, 2013; Li & al., 2016). Esto apoyaría la idea de que tanto la planificación del equipamiento como su posterior implementación urbana no pueden ser entendidas como operaciones autónomas, como simple cumplimiento de unas cantidades de lo público frente a la superficie de lo privado. Al contrario, la concreción de los equipamientos depende de las relaciones que podríamos denominar “topológicas” de la dotación con ese ámbito de la ciudad, condicionando su tipo, localización precisa y modo de inserción urbana a la visión del conjunto resultante de la red urbana o a la capacidad relacional que pueda establecerse entre unos equipamientos y otros.

En los actuales ámbitos metropolitanos, las tendencias económicas globales, la mercantilización de los bienes públicos y la liberalización e integración de los mercados han llevado a muchos gobiernos locales a asumir nuevas funciones y competencias (Borja & Castells, 1998; Sassen, 2003; Varela, 2015). Esto se muestra como una oportunidad para ajustar desigualdades y corregir asimetrías en las ciudades, en términos de equidad, revertir procesos de deterioro del hábitat, infraestructuras, viviendas y uso del espacio como factores de sociabilidad (Canto, 2008: 12-13), para lo cual juegan un papel clave los equipamientos públicos. Así, la superación del criterio de los estándares y la atención a las necesidades específicas de cada ciudad sería ahora más necesario que nunca, respondiendo a demandas bajo la óptica de la calidad de vida, incorporando dimensiones culturales, el ocio e impulsando el sector terciario (Varela, 2015: 218-219). Otros autores también reclaman, concretamente, la utilización de los equipamientos como piezas fundamentales incluso para la recuperación de las mallas ecológicas imbricadas en la ciudad y la mejora de las condiciones ambientales (Hernández, 1997: 278; Portas & al.: 2007: 75-76).

La accesibilidad y la utilidad de los equipamientos mejora con su funcionamiento en red, aunque precisa del estudio de la espacialidad local de su entorno. Así se constata en recientes estudios que realizan una aproximación sistémica para la evaluación del acceso equitativo a varios equipamientos relacionados, así como la agregación en la medición integrada de la equidad (Chang & Liao, 2011; Tsou & al., 2005)3, o a la necesidad de plantear nuevas ofertas dotacionales, también agregadas, en función de esta consideración total de la demanda (Taleai & al., 2014: 57). Muestras, de nuevo, de la necesidad de considerar la dotación en tanto que sistema dotacional, y a cada equipamiento en cuestión como un elemento que se incorpora a tal oferta global de lo público, teniendo, desde esta perspectiva, unos requerimientos como componente añadido del sistema para su mayor utilidad y para la mejora del tejido dotacional en su conjunto. Aquí, los espacios abiertos –los parques urbanos, entre otros-, juegan un papel primordial, máxime en la actual configuración metropolitana, plagada de espacios cada vez menos interiores de lo urbano4.

En este contexto de multiplicación de escalas y relaciones, y de necesidad de evaluación integrada de la oferta y la demanda de las dotaciones urbanas, Portas & al. reflexionan sobre el papel de los equipamientos y sus dificultades contemporáneas:

“la diversidad, especialización, localización, tipología y cualidad de los equipamientos, se traducen en nuevas jerarquías urbanas y redefinen el papel de las aglomeraciones (…) presentándose dos desafíos distintos: a escala de cada unidad y a escala del sistema de equipamientos” (2007: 88).

Las funciones del equipamiento, según estos niveles escalares, remitirían a soluciones duraderas para la gestión equilibrada de los recursos y su rentabilidad socioeconómica, y a la superación de las barreras normativas y administrativas para que, a través de una articulación inter-institucional creativa, sean movilizados y compartidos los equipamientos preexistentes, apostando por la calidad de su proyecto y su gestión, y evitando sobredimensionamientos (Portas, 2007: 89).

Cierto es que, en el actual contexto de crisis, agravada hoy día aún más por la pandemia, se ha consolidado la denominada gestión indirecta de los servicios públicos, con el objetivo fundamental, en principio, de disminuir costes para la hacienda pública (Román, 2014: 112), lo que muchas veces ha dado lugar a un empeoramiento de la calidad del servicio prestado. Hablamos de problemas como, por ejemplo, el encarecimiento artificial del servicio para el ciudadano o directamente el aumento del coste, el envejecimiento y eventual obsolescencia de las infraestructuras, la falta de mantenimiento correcto, además de otros problemas que afectan al personal, problemas de valoración del servicio, la duración cada vez menor de los contratos, etc. Buena parte de la solución a esto está recogida en mecanismos suficientes por parte de la vigente normativa de contratación pública, y pasaría mucho por aumentar la fiscalización por parte de la Administración y el aseguramiento, con innovaciones como las auditorías externas, del cumplimiento de la calidad del servicio dado por la dotación (Román, 2014: 121-126). No obstante, el objeto del presente estudio no estaría centrado en el propio servicio dotacional, sino en la capacidad del bien público para sacar máximo partido a su implantación, en función a su posicionamiento urbano y a su relación con los tejidos adyacentes, para lograr una interacción social lo más positiva y confortable posible, rentabilizando con ello lo invertido y ofrecido por la administración a través del equipamiento. Como veremos en la metodología aplicada, muchas veces la gestión indirecta lleva consigo una cierta dejación de funciones por parte de la corporación local, y con ello una desatención a decisiones relativas a la relación urbana del equipamiento con su medio, con acciones agregativas y constructivas que van muchas veces en contra de la mejor relación con otras funciones del entorno inmediato a la instalación.

3. Mecanismos de la planificación para la obtención de lo público

Los primeros planes municipales democráticos en España, en la década de los ochenta, dirigían el mínimo crecimiento previsto a facilitar la dotación de servicios de los barrios subequipados, incidiendo en las áreas intersticiales y completando los espacios inacabados de la ciudad (Gigosos & Sarabia, 1993: 42). Aquellos planeamientos tuvieron que enfrentarse una problemática común en sus primeras periferias: la falta de estructura colectiva y el déficit dotacional en tejidos monofuncionales demasiado dependientes de los centros históricos. El objetivo era obtener los suelos públicos necesarios para el funcionamiento de la estructura física y social de la ciudad (Hernández, 1997: 48).

Para la consecución de lo público (espacio público, dotaciones, sistemas generales y locales…), la legislación urbanística fue incorporando diversos sistemas previstos para su utilización de forma inteligente, si había verdadera voluntad para ello. Esto puede deducirse de una lectura transversal a la serie de normativas urbanísticas desde la aprobación en 1956 de la Ley de Suelo hasta las actuales leyes autonómicas. Y es que, en paralelo a los muy diferentes contextos históricos que se desarrollaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en España, la legislación urbanística fue adaptándose a las circunstancias locales y absorbiendo en menor o mayor medida las corrientes europeas: desde el periodo de la dictadura marcado por la posguerra y hasta los cincuenta, basado en el modelo de la autarquía y el fuerte intervencionismo del estado, pasando por la denominada “etapa desarrollista” del franquismo, entre finales de los cincuenta y 1975, con los intentos fallidos de “apertura” del régimen y una tímida y progresiva liberalización económica; hasta la democracia que terminó por consolidar el modelo de estado autonómico, descentralizado en materia de suelo. De esta forma, la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 consagra al planeamiento como “base necesaria y fundamental de toda ordenación urbana”5, luchando así contra el desorden y facilitando la acción urbanizadora, gracias al mecanismo de la reparcelación y aclarando el derecho de propiedad, y recogiendo y ordenando toda una herencia preexistente en lo referente a la sistematización del planeamiento y su institucionalización administrativa (Terán, 1978: 339-340). La ley respondía a una gran operatividad de la administración, incluido el propio estado, que pretendía desarrollar la ciudad prácticamente en solitario o generando convenios directos con las sociedades locales, mediante el sistema de expropiación, y establecía para las urbanizaciones un sistema de cesiones obligatorias de terrenos para “viales y jardines”6. Sin embargo, la falta muchas veces del desarrollo de planes parciales que hicieran operativo el mecanismo, así como la abusiva práctica de concesión de licencias sobre alineaciones,

“regulando la altura en función del ancho de calle y cobrando contribuciones al propietario, sin pensar para nada en la carencia de espacios para equipamiento que este proceso producía por macizado continuo del tejido urbano” (Terán, 1978: 506),

dificultaron enormemente la posibilidad de reservar efectivamente espacio para las dotaciones (zonas verdes, aparcamientos, escuelas, etc.).

A partir de 1970 se desarrolló un amplio programa de estudios por parte del Gabinete de Estudios de la Dirección General de Urbanismo que condujo a la elaboración de las ideas para la reforma de la Ley del Suelo. Antes de ello, en 1972, se redactó el “Proyecto de Ley de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana”, que, entre otras determinaciones, establecería como misión del plan de urbanismo

“la estructura general de ordenación urbanística del territorio, integrada por elementos determinantes del desarrollo urbano, como los sistemas generales de comunicación y sus reservas de protección, de espacios libres y zonas verdes (…) de equipamientos comunitarios y centros públicos u otros generadores de actividad” (Terán, 1978: 582),

anticipando ya desde este proyecto la fijación de estándares mínimos para el planeamiento parcial, esto en función de los estudios de necesidades de las áreas urbanas que se vinieron haciendo por parte del propio gabinete años antes, lo que resultaba de una eficacia indiscutible para garantizar las dotaciones.

De ese modo, la Ley de Reforma de la Ley del Suelo de 1975 centró sus esfuerzos en lograr cuotas de lo público operación por operación, consciente quizás de la cada vez más limitada capacidad de la administración y la necesidad de abrirse a la operatividad del mercado, pero asegurando la racionalización y el control del proceso, lo que dependía como dice Terán, “de la honrada práctica municipal” (1978: 591). La ley trató, en este sentido, de armonizar el crecimiento urbano con las adecuadas dotaciones infraestructurales y en equipamientos sociales y comunitarios, incorporando al sistema jurídico-urbanístico una nueva generación de conceptos, tales como dotaciones, sistemas generales, dotaciones locales, equipamientos, instalaciones, etc. (Moreno, 2016:17)7.

Posteriormente, las leyes autonómicas se aproximaron a una concepción del planeamiento más abierta y reversible, donde, además de autoexigirse la participación ciudadana y de marcarse objetivos que incorporaran nuevas sensibilidades (patrimonial, medioambiental, etc.), incrementaron las opciones de economías mixtas, consorcios y tipos diferentes de gestión privada de lo público.

Desde esta perspectiva, lo público ha ido ganando protagonismo en las últimas décadas, estableciéndose cuotas cada vez más precisas de las cesiones. Sin embargo, los plazos excesivos señalados por el planeamiento8, o la falta de disciplina urbanística que asegurara la puesta en funcionamiento prioritaria de los suelos cedidos para dotaciones, han llevado al estancamiento de muchas operaciones y a disfuncionalidades o planteamientos donde lo público es situado en una posición marginal.

La crisis de la construcción que seguimos experimentando ha posibilitado la incorporación de nuevos principios y elementos a considerar. La Ley 8/2007 del Suelo introdujo como nuevo paradigma el regenerar la ciudad, impregnando toda la legislación autonómica ulterior (Calderón & Garcia, 2017: 15). En consonancia con ello, la aproximación que viene reclamándose sería la de una planificación bottom-up que involucra a las comunidades en sus procesos de formulación y desarrollo, lo que permite que puedan obtenerse también normas o reglas para los equipamientos de acuerdo con las expectativas de la población (Taleai & al., 2014: 58), expresadas estas de forma individual o colectiva. Es el tiempo de definir nuevas esperanzas para el espacio de la ciudad (Seixas, 2014: 96 y ss.), de buscar más la recualificación de lo existente y reforzar las identidades espaciales barriales, actualizando la dotación pública para corregir desigualdades sociales y reconstruir valores colectivos.

4. Metodología y resultados

Desde los presupuestos enunciados, el estudio de lo público implica considerar la relación indisociable que existe entre el observable y la metodología. Así, la ciudad de Granada ejemplifica las capitales de provincia españolas de desarrollo urbanístico más tardío y desprovistas de un plan de ensanche, sin grandes crecimientos hasta el último cuarto del siglo XX. Hasta su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1985, Granada conformó los tejidos urbanos periféricos mediante episodios autónomos que coexistían con estructuras preexistentes de base agraria (carreteras suburbanas, propiedades eclesiásticas y militares, etc.). La investigación se centra en su Distrito Sur, uno de estos tejidos conformado paulatinamente9. Se apuesta por una aproximación multiescalar, lo que permite una doble lectura desde la planificación y el proyecto urbano.

En la primera lectura se analiza la construcción del tejido dotacional en base a las cesiones urbanísticas de las promociones en desarrollo. Esto se nutre de la revisión de las unidades de ejecución del planeamiento y del estudio historiográfico de la construcción de la ciudad, elaborando cartografías que definen los contornos de las unidades dotacionales y estudian la relación con el área servida residencial y las características de los equipamientos y el espacio libre planificado.

La segunda lectura aborda la observación e interpretación de las cualidades urbanas espaciales de dos equipamientos deportivos coetáneos, como casos paradigmáticos de la construcción dotacional del distrito. A través de sucesivas visitas de campo, producidas intencionadamente en momentos diferentes de la jornada (por la mañana, por la tarde y por la noche), de la semana (días entre semana y fines de semana), y del año (periodo estival y resto del año), se han llevado a cabo, por un lado, reportajes fotográficos de las situaciones urbanas de ambos casos de estudio, aspirando a reproducir la sensación de “estar allí”, viendo directamente el escenario y a las personas en su comportamiento más habitual (Taylor & Bogdan, 1987: 68). Por otro lado, se realizaron observaciones sobre terreno (observación participante), como integrante principal de la metodología cualitativa definida por Taylor & Bogdan como

“la interacción social entre investigador e informantes en el medio de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo” (1987: 31).

Lo que se ha observado han sido comportamientos, esto es, algo que acontece y en lo que participan personas (individuos o grupos), que actúan y que hablan entre sí y a las que se les puede ver y oír, complementado con cuestiones no intrusivas a estos usuarios por parte del investigador, acerca de sus hábitos en relación con el tema y el objeto del estudio, recogidas mediante anotaciones en un cuaderno de campo tomadas sobre tales conversaciones justo después de las observaciones. El trabajo de gabinete ha servido para interpretar las prácticas sociales de sus entornos y sus dificultades espaciales, y registrar sobre el plano la toma de información acopiada en las visitas de campo, la búsqueda documental, la fotointerpretación y el análisis urbanístico sobre cartografía base, lo que ha servido para el reconocimiento y análisis de los casos de estudio y sus ámbitos urbanos. Se han elaborado, como resultado de la propia investigación, sendas cartografías analíticas que evalúan la coexistencia de funciones urbanas secundarias asociadas a la dotación deportiva, así como las funciones resultantes de la vinculación con su entorno, tomadas en consideración mediante la determinación de la Intensidad de los tipos de actividad, o medida resultante de la combinación de la cantidad/intensidad de actividades. La comparativa se establece también en relación a las cualidades del diseño del propio equipamiento con relación a los espacios circundantes, la morfología urbana y el estudio del viario y las tramas de alrededor, y la inclusión de la dotación en redes espaciales urbanas o redes dotacionales.

Con el objetivo de poder destacar la bondad o mayor efectividad de unas prácticas urbanísticas frente a otras, los resultados de ambas lecturas son analizados y relacionados con las dimensiones contemporáneas del espacio público, subrayando criterios y pautas para la mejor consolidación de la estructura colectiva de la ciudad, la red espacial y funcional que la propia dotación debe propiciar y la mejor planificación y proyecto del espacio público del entorno inmediato del equipamiento.

4.1. La construcción paulatina del tejido dotacional en el Distrito Sur de Granada

Un análisis cronológico nos desvela un modus operandi heterogéneo, incluso en los períodos de mayor intervencionismo estatal (década de los cincuenta), donde el planeamiento seguía líneas morfológicas y estaba más preocupado de la creación de alineaciones que de la previsión de reservas para lo público10. No obstante, determinadas iniciativas de promoción de vivienda social por parte del ministerio lograron incorporar dotaciones locales en estos crecimientos ex urbanos, auténticos barrios fundacionales de periferia.

El Distrito Sur supuso una extensión discontinua de la Granada central sobre el territorio de Vega de la margen izquierda del Genil a partir de mediados del siglo XX (Bravo, 2018: 18). Granada, como muchas otras ciudades mediterráneas y españolas, se mantuvo concentrada durante muchos siglos en una posición inter-fluvial hasta el primer tercio del s. XX11, cuando la ciudad sufrió un fuerte desarrollo urbano. Este primer “crecimiento periférico” al sur se produjo de forma discontinua en el espacio y en el tiempo, respondiendo a situaciones económicas y necesidades sociales particulares. El caso concreto del Distrito Sur de Granada, cuyas primeras viviendas más allá de la ribera izquierda del Genil datan de los cincuenta, inicia su “colonización” urbana con los proyectos residenciales de realojo de la población del Sacromonte, tras las inundaciones de 1963, en el tejido fundacional de “Casillas bajas” (alineado entre Carretera de Cádiz y Carretera de Los Ogíjares/Dílar). Este primer asentamiento supuso, junto a otras implantaciones puntuales como Santa Adela, Vergeles, Madrigales o La Cruzada, el salto de la frontera que significaba el cauce del Río Genil, dando lugar a un aumento de población, y la recepción de usos, puestos de trabajos, zonas de almacenamiento industrial, etc. (Fig. 1). Con el cambio de escala de la ciudad de finales del siglo XX, esta periferia se convirtió en el principal espacio de intercambio entre el área metropolitana y el centro histórico, a la vez que se mantuvo como espacio en transformación, adquiriendo desde sus inicios en la década de los sesenta hasta la actualidad una cada vez mayor posición central, con características y problemáticas propias de los centros urbanos históricos (obsolescencia, valor patrimonial, densidad, mezcla funcional, dificultad de acceso en relación a las nuevas exigencias del transporte público, envejecimiento de la población, etc.) (Rivas & Bravo, 2017: 168).

Las cartografías elaboradas muestran un más que notable equilibrio entre vivienda y equipamiento de primera necesidad (colegios, centros de salud o espacios públicos), además de una destacable proximidad entre ambos, en líneas generales. Estos equipamientos tienden a agruparse en pequeños centros que permiten a cada vivienda tener una distancia inferior a 400 m
a dichos servicios (Fig. 2). Esto sucede tanto en el sector oriental como en el occidental del distrito, si lo entendemos dividido en dos por la Carretera de la Zubia. Ambos sectores, muy diferentes en su génesis, son resultado de prácticas urbanizadoras diferenciadas de la segunda mitad de siglo XX, donde el papel de la administración pasaría de promotor a gestor.

En el sector oriental juegan un papel importante las determinaciones del PGOU 1985 (Fig. 2), que incorporó la cesión de suelo para equipamientos en cada plan parcial, aumentando mucho el suelo público y cualificando el tejido urbano previo. En este sentido, el Plan de 1985 de Granada forma parte de ese grupo de primeros planes democráticos en España que buscaban, en su mayoría, re-cualificar y dotar a la periferia de tipo “desarrollista” generada en las décadas anteriores, paliando de este modo los déficits de equipamiento heredados. De esta forma, y tal y como refleja la Fig. 2, los sectores PR3, PR4, PR5 de este PGOU 1985 destinaron, por ejemplo, más del 50% de su superficie a dotaciones, necesarias no sólo para sus propias viviendas, sino para los tejidos adyacentes de vivienda masiva anteriores. Del mismo modo, este plan reconoce espacios sin consolidar como lugares de oportunidad de lo público en posiciones muy densificadas. Esta labor fue continuada por el PGOU 2001 mediante las Áreas de reparto, obteniendo grandes bolsas de espacio disponible en posiciones centrales del sur, como, por ejemplo, el Plan Especial de la Avda. Circunvalación, del área de reparto 9, como remate fundamental al Camino de Ronda, calle-ciudad estructurante de Granada (Rivas, 2015), creando una secuencia de diversos espacios públicos y equipamientos en el centro mismo del distrito (Fig. 2).

En el sector occidental, entre Carretera de la Zubia y la de Armilla, el tejido público se generó en virtud a los planeamientos anteriores de 1951 y 1973, mediante procesos diferentes al de la cesión. La vivienda social de los cincuenta (Santa Adela, la Cruzada y Comandante Valdés) incorporaba en su organización interna centros educativos y pequeñas plazas como dotación pública. Sin embargo, las unidades desarrolladas en los sesenta no adquirieron ese compromiso colectivo, debido también a su muy pequeño tamaño, lo que provocaba que las cesiones fuesen usadas casi exclusivamente para organizar el viario de acceso12. La iniciativa privada transformaba parcelas agrícolas en residencial urbano sin mayor cesión que el viario de acceso, generando tejidos muy densos e infradotados. En aquél entonces, la inversión directa de la administración era imprescindible para lograr la consecución de suelo para parques, colegios o centros de salud.

El Plan de 1973, en una de sus decisiones de mayor alcance, planteó dos ámbitos internos destinados a servicios e instituciones (Fig. 2), posibilitando la incorporación de equipamientos en posiciones periféricas y preservando suelo de la especulación inmobiliaria del momento (Gigosos & Sarabia, 1993: 39-40). Se conformaron así dos grandes paquetes dotacionales de iniciativa pública que solventarían las deficiencias de los tejidos limítrofes previos.

En el caso concreto de los equipamientos polideportivos Bola de Oro y Núñez Blanca, que serán objeto de observación en el apartado siguiente en relación a su inserción y relación urbanas, pertenecen, desde el punto de vista del planeamiento urbano, a las reservas de suelo para espacio libre contenidas en el PGOU de 1985, y que, en su desarrollo posterior, se concretaron en instalaciones deportivas de propiedad municipal. La diferencia entre ambos casos está en la forma en la que se determinaron las condiciones de su implantación; en el caso del polideportivo Núñez Blanca éstas se definieron por el propio plan que lo concibió integrado en la estructura viaria y en conexión con los tejidos residenciales colindantes, aunque la concreción de su diseño urbano y arquitectónico se desarrollará en el PR-4. El polideportivo Bola de Oro se ejecutó en 1989-90 como actuación aislada en un suelo reservado para espacio libre por el mismo PGOU de 1985, pero sin la cobertura de ninguna figura de planeamiento de desarrollo que definiera las condiciones de diseño urbano (posición, límites, accesos, integración con los tejidos residenciales, etc.).

En los primeros años del siglo XXI el distrito había consolidado la gran mayoría de los espacios públicos y equipamientos planificados. Mientras, la dimensión metropolitana comenzaba a tomar cuerpo13, las relaciones territoriales se superponían cada vez más intensamente con las dinámicas de la ciudad. Aprovechando los espacios intersticiales entre etapas del desarrollo urbano (vacíos, límites geográficos, obsolescencias), se desarrollaron nuevas áreas de centralidad dotacional, que reforzaron el sistema público en entornos como la ribera del Genil (Paseo del Violón, Salón y Bomba), el Campus de la Salud, entre Granada y Armilla, y más recientemente la manzana destinada a los estadios deportivos (NAC 1, 2 y 3, respectivamente) (Fig. 2), alineada con el bulevar Emperador Carlos V. Estas áreas atienden a necesidades estructurales y buscan una mayor intensidad de utilización del espacio: actividades comerciales, funciones metropolitanas, etc. Son experiencias urbanísticas que difuminan ciertamente la frontera entre lo público y lo privado, superando la visión distrital o barrial, para responder a demandas más contemporáneas multiescalares. Los mecanismos usados podrían asimilarse a los proyectos urbanos que Nuno Portas denominaría de “la tercera generación” (2003: 2), que establecen una relación biunívoca y no jerárquica con el plan mediante oportunidad y programa. Hablaríamos de una suerte de planificación estratégica de lo local que, sujeta a condiciones de viabilidad, permite la participación de agentes no tradicionales, diversifica las opciones de localización, configuración espacial y definición final del programa.

Los datos superficiales del ámbito, con anterioridad al PGOU 1985, muestran un gran déficit estructural de equipamientos y espacio libre, reflejado en barriadas como Casillas Bajas o La Chana, sin apenas plazas en su urbanización (Fig. 3). Este plan impulsó la dotación de equipamientos locales y no tanto la obtención de espacio libre, exceptuando algunas plazas o la urbanización de viario general (Paseo de Circunvalación del Zaidín). A partir del siglo XXI, con la aprobación del PGOU 2001, el distrito incrementó considerablemente la superficie de espacio libre, ligada principalmente a equipamientos de carácter general o metropolitano (centralidades deportivas y Campus de la Salud), también mediante sistemas generales (Paseo Emperador Carlos V y Paseo de Europa), o con soluciones para el borde del distrito (junto a la Ronda Sur). En todo caso, la superficie dotacional actual alcanza el 25%, sin incluir el viario, lo que, como se observa en las cartografías, no supone necesariamente la existencia de una red consistente y equitativa de equipamientos y espacios públicos.

Como hemos venido explicando, el crecimiento sur de Granada se ha producido con la planificación previa a la LOUA y la diferenciación entre Sistemas Generales (SG) y Sistemas Locales (SL) no ha estado presente en la definición de su red de equipamientos y espacios libres. No es hasta el PGOU 2001 que se incorpora el concepto de Sistema General de Espacios libres (SGEL) y de Infraestructuras, y se agregan de esta forma determinados suelos de borde. La Adaptación Parcial de este plan a la LOUA (del 2008), diferenciará entre SG y SL de equipamientos, recogiendo los polideportivos que tratamos a continuación como sistemas generales, reconociendo así su papel estructural dentro del término municipal y participando del SGEL: en el caso de Núñez Blanca vinculado al Paseo Emperador Carlos V anexo, y en el caso de Bola de Oro formando parte del sistema compuesto por el parque anexo y la ribera del río Genil.

4.2. El valor de la arquitectura urbana. Dos polideportivos en el Distrito Sur de Granada

Para la observación de lo público en una escala próxima y su valoración cualitativa, se propone una visión comparada entre dos instalaciones deportivas del ámbito de estudio: los polideportivos Bola de Oro y Núñez Blanca. Ambos son estudiados mediante el análisis funcional del equipamiento y su entorno inmediato, y la observación e interpretación de los mecanismos de su diseño urbano.

Estas aproximaciones se producen para calibrar su mayor o menor aportación al éxito social del lugar, considerando la capacidad de apropiación del espacio y su resignificación a través de formas de habitar propias, que inscriban en el espacio rutinas, vivencias, aspiraciones de individuos y de grupos (Martínez, 2014; Peimbert, 2019), así como por “la calidad de uso” de la dotación (Hernández, 1997: 45), como operación urbana, esto es, la recuperación y creación de espacios confortables y de calidad para la ciudad, que dignifiquen el lugar y promuevan la confluencia, el intercambio y la diversidad de relaciones urbanas y sociales.

Durante décadas existió en Granada un único espacio deportivo: el Estadio de la Juventud, al norte, junto al Camino de Ronda y su puente sobre el ferrocarril. Más allá de esto la ciudad sólo disponía para el uso deportivo de los espacios periurbanos: Alhambra, Llano de la Perdiz o Vega. A raíz del plan del 85, surgieron dos instalaciones polideportivas al sur para compensar el déficit histórico de este tipo de equipamientos (Fig. 2, 3 y 4 dcha.). En su momento, el Polideportivo Bola de Oro era prácticamente la única instalación pública deportiva de todo el sur, cumpliendo su función como sistema general dotacional. Sin embargo, el comportamiento metropolitano creciente14 no le confirió una importancia a esa escala, ya que para entonces las dotaciones deportivas se habían multiplicado en los diferentes municipios de la aglomeración. En este sentido, podemos decir que ambas dotaciones tienen una función fundamental urbana, y solo

ocasionalmente metropolitana, mayor en el caso del complejo Núñez Blanca, cuya pista de atletismo es única en el área metropolitana sur. Esta función de escala municipal y supramunicipal se ve favorecida por la línea del metro ligero que pasa por el Paseo Emperador Carlos V limítrofe, y que conecta los municipios de Albolote y Maracena al norte, pasando por Granada ciudad, hasta la población de Armilla en el sur.

Los polideportivos se convierten habitualmente en catalizadores de actividades y encuentros colectivos. Acogen múltiples funciones deportivas para todos los rangos de edad y perfiles de personas, en correspondencia con la diversidad social actual, generando idas y venidas constantes a lo largo del día y durante toda la semana. Su horario de apertura, cada vez más extendido, provoca dinámicas sociales más allá de su función específica, lo que pauta su uso y genera flujos y necesidades cotidianas: cafeterías, tiendas, zonas recreativas, etc. (Fig. 5). En ambos casos la gestión corresponde al Patronato Municipal de Deportes (PMD) de Granada, por lo que los problemas que suelen aparecer con la gestión indirecta de los equipamientos, indicados en el apartado anterior, no se han dado16. No obstante,

en los últimos años se viene produciendo una desatención generalizada del mantenimiento de las instalaciones públicas, principalmente en la vigilancia de las condiciones del espacio inmediato externo a las dotaciones (aceras, espacios públicos anexos, arbolado, iluminación, condiciones de urbanización, suelos de espacio público transformados en aparcamiento, como sucede en Bola de Oro, etc.). La multifuncionalidad en potencia que se menciona es la base para la generación de sinergias positivas en su ámbito urbano, las cuales, y esta es la hipótesis que manejamos, vienen motivadas por una mejor o peor inserción urbana del equipamiento. En ello, tanto la dimensión arquitectónica del equipamiento (accesos, disposiciones de la edificación y sus límites), como la relativa al diseño urbano de implantación, juegan un papel fundamental. Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa que presentamos, fruto de la observación de las prácticas ciudadanas, pero también del registro de funciones urbanas localizadas, refleja el grado de fortalecimiento de las relaciones de todo tipo que vienen reclamándose contemporáneamente, como las de promoción de la innovación social y de los entornos socialmente creativos, capaces de movilizar recursos y posibilidades de acción desde lo local (Galarraga & al., 2013: 47).

4.2.1. Polideportivo Bola de Oro: funciones yuxtapuestas en la ribera del Genil

El polideportivo Bola de Oro, construido a finales de los ochenta18, actualmente es un conjunto de instalaciones agregadas en un recinto con un único acceso, situadas en la margen izquierda del Genil, a la altura de la salida oriental de la ciudad por la Carretera de la Sierra (Fig. 4). Ocupa un espacio que formó siempre parte de pretendidas planificaciones más generales de esta ribera a lo largo del siglo XX19.

Fig. 4/ (izqda.) Vista área de Granada, 1985; (dcha.) Construcción inicial del Polideportivo Bola de Oro (1989-90)15

Fuente: (izqda.) Adaptado de PEÑA, 1986; (dcha.) Archivo Municipal del Ayuntamiento de Granada

Fig. 5/ Actividades regladas, del entorno y sinérgicas del interior y exterior de los polideportivos17

Fuente: Elaboración propia

Durante años existieron sólo el pequeño pabellón de vestuarios y las pistas al aire libre, incorporando luego el pabellón multideporte y la piscina cubierta. Fruto del PGOU 2001 se construiría el puente rodado sobre el río para conectar viariamente la dotación con la calle Carretera de la Sierra, mejorando así su accesibilidad e incorporando una parada de autobús urbano junto al aparcamiento de acceso (Fig. 6, abajo izda. y Fig. 7). Este puente permitió relacionar al fin los dos barrios de ribera: Carretera de la Sierra, muy densamente ocupado desde los setenta, con bloques de hasta 7 plantas, y Cuesta de la Plata (bajo Quinta Alegre, Cervantes y Bola de Oro), de vivienda suburbana de principios del siglo XX, ambos en un estado de deterioro urbanístico considerable.

Las condiciones geográficas otorgan cierta unidad al conjunto, siendo más bien un espacio lleno de contradicciones en donde se superponen acríticamente funciones y tiempos urbanos. La proximidad del río completa la topología del ámbito, conectado al Paseo de La Fuente de La Bicha que discurre en paralelo al río desde el Puente Verde, aguas abajo (Fig. 6). Y es que, los alrededores del polideportivo han sido urbanizados como espacios públicos muy direccionados: repletos de instalaciones y mobiliario diverso, persiguiendo la realización de actividades específicas según espacios que guardan una pobre relación entre ellos; yuxtaponiéndose actividades deportivas y de recreo que son ajenas al tejido residencial próximo (Fig. 5). Esta urbanización presenta una conformación deslavazada que cuenta con plantaciones arbóreas diversas, parterres demasiado altos que suponen una barrera visual, sendas y caminos conformados en el que se superponen el caminar y el acceso de vehículos en busca de aparcamiento (Fig. 6, arriba dcha.), áreas de gimnasia, pistas de monopatín, graderíos, etc., elementos que, como se ha podido recoger en las observaciones realizadas congregan a grupos sociales no necesariamente vinculados a las barriadas adyacentes (Fig. 7). Así también, los límites del equipamiento son constructivamente muy duros, con muros en sus partes bajas y rejas sobre ellos demasiado tupidas, que se superponen a las celosías interiores y hacen prácticamente imposible la vista de la práctica deportiva del interior, dificultando la comunicación a su vez desde dentro con los espacios exteriores (Fig. 6, abajo dcha.).

El acceso al polideportivo presenta deficiencias en términos de relación urbana del equipamiento, situándose la principal entrada directamente sobre un aparcamiento, lo que supone una disfunción evidente en cuanto a la accesibilidad universal y confort urbano. Por otro lado, de las observaciones llevadas a cabo, se ha registrado un uso independiente muy generalizado de las instalaciones respecto de las actividades del entorno, y un uso del aparcamiento que rodea al equipamiento (al sur y al oeste), muy ajeno al complejo deportivo. A pesar del autobús, la llegada al polideportivo se produce principalmente con vehículo privado, lo que se suma a la percepción de inseguridad mostrada por los usuarios intervinientes en las observaciones, que manifiestan un menor uso de las actividades ofertadas por el equipamiento en invierno y en horas sin luz de la tarde. La actividad de toda la zona se incrementa los fines de semana, fruto de la gran afluencia del corredor peatonal del Paseo de la Fuente de la Bicha, potenciado en los últimos años.

4.2.2. Polideportivo Núñez Blanca: el equipamiento barrial

Construido más recientemente, el Polideportivo Núñez Blanca se sitúa en el borde de la antigua Carretera de la Zubia (actual Paseo del Emperador Carlos V), junto a una serie de unidades residenciales de densidad media, de entre cuatro y seis alturas, de distintas épocas. Hablamos aquí de un recinto ejecutado de una sola vez a finales de siglo XX, fruto de un plan de desarrollo del PGOU del 85, que distribuye su espacio entre una pista de atletismo, pistas abiertas y el edificio central, que alberga las piscinas cubiertas y el pabellón multideporte.

Este equipamiento tiene bien resueltos todos sus espacios limítrofes, tanto el del acceso principal como los laterales o traseros. Al norte, permitió la consolidación de un eje peatonal que da solución a las calles en peine de la promoción de vivienda social Mirasierra, de los setenta (Fig. 8, abajo izqda. y centro). Al este, una pequeña plaza articula tres calles que vinculan respectivamente tres tejidos urbanos: los dos de norte y sur de tipología plurifamiliar en bloque -de cuatro seis alturas respectivamente y bajo comercial- en los extremos, y, al este, un tejido de vivienda suburbana unifamiliar con patio entre medianeras, de los años sesenta; dando acceso además al mayor supermercado de la zona (Fig. 8, arriba dcha.). Por último, al sur, la entrada al equipamiento se produce mediante una acera ancha bien proporcionada, que funciona como un espacio público no direccionado en comunicación visual directa con la pista de atletismo, situada en una interesante cota inferior (Fig. 8, arriba izda.). Un banco corrido, límite de la zona ajardinada a la derecha del acceso, la ausencia de mobiliario en general, más allá de una pequeño playground junto a la plaza circular inmediata a la entrada, así como la solución constructiva de celosía ligera como límite del conjunto, aseguran la continuidad visual interior-exterior, dotando al espacio de contenido funcional y de un alto grado de flexibilidad y confort (Fig. 8, centro).

De la observación realizada se deduce una fuerte vinculación entre el equipamiento y los tejidos residenciales cercanos, así como con el Distrito Sur en general. Muchos de los usuarios participantes afirmaron usar semanalmente la instalación y acceder a ella peatonalmente, así como realizar actividades antes y después de la propia actividad deportiva en el Núñez Blanca. El contacto al este con el eje estructurante Paseo Emperador Carlos V asegura la conexión mediante transporte público, tanto con el autobús como con el metro ligero, por lo que es posible encontrar usuarios que provienen de otros puntos de la ciudad y que no acceden al mismo en vehículo privado.

No se constatan problemas de aparcamiento, para el que se cuenta con el viario local de los tejidos norte y sur y del viario estructurante al oeste (Fig. 9). La proximidad peatonal de los usos residenciales y comerciales, incluida la hostelería, asegura una percepción de seguridad en los aledaños del equipamiento que mantiene casi constante la presencia de usuarios a lo largo del año, así como en los horarios sin luz natural del invierno. La relación de la instalación con otros equipamientos públicos es habitual (situados estos principalmente en el tejido de bloques al sur, entre calles El Partal y Torre de los Picos), con actividades combinadas por los usuarios, así como las organizadas por los equipamientos docentes en el polideportivo (Conservatorio de Música, de danza -situado al cruzar el bulevar Emperador Carlos V-, el I.E.S. Soto de Rojas y los C.E.I.P. Sierra Nevada, Abencerrajes y Alcazaba).Encontramos aquí un proyecto de inversión pública pensado estratégicamente para ocupar un territorio urbano determinado, que afronta tanto la escala de ciudad como la local o de barrio, solucionando sus límites urbanos a la vez que aporta espacio público de calidad a las tramas adyacentes. Así, la calle peatonal trasera recupera el sentido de perspectiva hacia La Vega Sur exterior que siempre tuvo, las plazas de los bloques residenciales al sur se comunican frontalmente con el acceso principal al equipamiento, o la plaza trasera, relacionada con la dotación en una orientación que se deja sin edificar -situando precisamente las pistas de tenis y fútbol sala al aire libre-, provoca el surgimiento de funciones de interacción social espontáneas, permitiendo la apropiación del espacio. Todo ello contribuye positivamente al paisaje local y vincula las barriadas alrededor del complejo deportivo (Fig. 8 y 9).

5. Análisis de resultados y conclusiones. Criterios para el fortalecimiento de lo público

La reconstrucción de los hechos urbanos elaborada nos muestra un Distrito Sur con servicios urbanos y dotaciones más o menos adecuadas o suficientes, en términos cuantitativos, pero que respondió quizás durante demasiado tiempo y de forma poco crítica al objetivo asentado en la cultura urbanística española de alcanzar cuotas superficiales de lo público frente a lo privado. A pesar de los esfuerzos más recientes, forzados por la escala metropolitana, se echan en falta enfoques estratégicos y de aprovechamiento de las potencialidades urbanas del ámbito. Se trataría de haber acompañado a esta gestión de ciertas visiones de conjunto imprescindibles (Secchi, 2007: 281-282), cuando todo estaba por hacer y fruto de la interpretación de situaciones clave, estableciendo prioridades para dotar a la ciudad de una más sólida estructura colectiva. Pero, ¿estaba la administración preparada para solucionar coyunturas puntuales o parciales y producir a la vez tales visiones? Es una cuestión a resolver, no solo en Granada, sobre la producción de lo público en las ciudades y sobre el papel que debieran desempeñar los distintos actores implicados.

Con respecto a la localización de equipamientos a partir de los planeamientos municipales de 1985 y 2001, se observa una importante escasez de ellos en posiciones interiores de las unidades residenciales, principalmente de las primigenias, agrupándose en su mayoría en torno a los espacios-frontera que se enganchan a los ejes suburbanos estructurantes del sur de Granada. Desde la aprobación del PGOU 1985 se constata una agrupación de equipamientos en ciertos paquetes dotacionales bien localizados en bordes internos relevantes del distrito, localizando en ellos equipamientos de carácter general o metropolitanos, así como amplios espacios públicos impulsados por el PGOU 2001, en el límite exterior del distrito (en contacto con la circunvalación) (Fig. 2).

La observación comparada de la implantación y evolución de los dos polideportivos y sus entornos refleja las diferencias sustanciales entre sus soluciones urbanas. El análisis muestra la importancia de las consideraciones relativas al diseño del equipamiento: en cuanto a su localización urbana, cómo se produce el acceso y la forma de plantear los distintos límites; desde una perspectiva visual y en cuanto a la configuración de los mismos y de los espacios inmediatamente anexos (continuidad, direccionalidad de la urbanización, capacidad de motivar la apropiación del espacio por los usuarios, etc.). Todo ello se traduce en un mayor o menor fomento de las relaciones con los tejidos adyacentes, resultando una mayor o menor integración de la dotación en su ámbito local.

El desarrollo de la ciudad en los lugares estudiados muestra cómo cada situación es específica y viene a determinar sus resultados concretos espaciales y funcionales, más allá del cumplimiento de los objetivos marcados por el planeamiento urbanístico, en cuanto a la satisfacción del porcentaje de lo público frente al suelo urbanizado y de los requerimientos dotacionales. Los modos de participación de la sociedad en su implantación, las cuestiones geográficas y urbanas, y la observación del desarrollo de economías locales permiten una aproximación consistente a la evaluación de su éxito, esto es, la eficiencia y rentabilidad de la dotación desde un punto de vista urbano, pero también ambiental y social. Así, si observamos la Fig. 5, queda patente cómo la aparición de las actividades sinérgicas –asimilables a las “resultantes/sociales” de Gehl (2011)-, de entre el conjunto de actividades opcionales del entorno inmediato del equipamiento, son más numerosas y frecuentes en el Núñez Blanca (mayor intensidad), aumentando, por tanto, las interacciones con la ciudad y su impacto como bien público. Resulta paradójico, además, que sea precisamente la ausencia casi de elementos de urbanización (bancos, división del espacio, desniveles, etc.), y no la abundancia que vemos en Bola de Oro, la que permite la cualificación de los espacios de intercambio entre equipamiento y ciudad por las actividades desarrolladas (Figs. 5-9).

Este modo de urbanización y esta capacidad para fomentar la proximidad permite una mayor apropiación de los usuarios y termina por dar forma y contenido a los espacios de contacto de la dotación, que, como muestra más claramente el segundo caso, complejizan su contorno convirtiéndose en esponjas de urbanidad que se adentran en los tejidos residenciales y configuran su estructura colectiva (Fig. 10). Frente a un entorno más despegado y monofuncional en Bola de Oro, el entorno del Núñez Blanca reúne mayor calidad urbana desde la perspectiva social y funcional, convirtiendo al espacio libre asociado en parte de la dotación: un verdadero “espacio adjunto” donde se integran actores, relaciones sociales y experiencias individuales y colectivas (Low & Altman, 1992: 8).

El tejido dotacional que encontramos es el resultado de un proceso irregular pero sostenido en el tiempo que, independientemente de los mecanismos urbanísticos utilizados para su obtención, buscó lo público con mayor o menor acierto entre las fisuras de la ciudad, en las envolventes de las oportunidades. Los modos de proceder analizados nos señalan cuán importantes son ciertas actitudes contemporáneas que se demandan en la producción de un tejido dotacional de calidad, más aún en ciudades como Granada, tras años difíciles y con una experiencia urbanística plagada de cortoplacismo y alejada de los referentes europeos.

En relación a ello, es fundamental cuidar el contorno de los equipamientos y hacerlos combinar con los espacios públicos y el viario de los tejidos anexos, apostando por un urbanismo preocupado del espacio intermedio: operaciones incisivas que se ocupan de aquello que trasciende del dominio de la administración. Este ir más allá de la mera implantación del equipamiento, de la cuantificación y la ubicación según distritos de unos tipos determinados y unos estándares que dimensionen lo público, es esencial para que el espacio público alimente de verdad un proceso constante de interacción con sus fronteras privadas. Con ello, la cuestión de la implementación urbana de los equipamientos daría la importancia que merece a la forma en que esto sea hecho: el diseño espacial y la relación del bien con las estructuras urbanas, con los tejidos preexistentes o futuros, con la movilidad urbana, con el paisaje urbano local, conformando con cada operación verdaderos receptáculos de urbanidad. Las dotaciones así vistas se integrarían en nuevas estructuras porosas que harían fortalecer y potenciar lo público, aproximando las esferas pública y privada y, desde la perspectiva de la planificación, corregirían cuantitativa y cualitativa los sistemas locales para hacerlos formar parte esencial del tejido barrial. Se trataría de evitar soluciones aisladas, tantas veces llevadas a cabo por la administración, que aprovecha coyunturas de “oportunidad”, como posiciones de suelo de propiedad municipal realmente desconectadas de la vida cotidiana de los ciudadanos en sus espacios barriales, para cumplir con los estándares previstos en la legislación, pero que fuerza operaciones desprovistas de visiones integradas de lo urbano que no ayudan ni construyen la red pública.

Para que este fijarse en el diseño concreto a diferentes escalas que debe acompañar la inversión pública de equipamientos sea posible, se necesita una gobernanza que contemple realmente la contingencia, la variabilidad y ajuste del programa, más que un urbanismo de comandos, un urbanismo del proyecto, desde el plan y más allá de él, apostando por diseños de calidad, multiescalares y multidisciplinares. Con el objetivo imprescindible de rentabilizar la inversión pública y ampliar su incidencia, la administración debería siempre “apuntar la dirección de lo público”, acompañándolo de lo que llamaba Viegas (2007: 273) “signos claros”: normativas, precios, tasas, su vigilancia sobre el bien público, atenta a sus necesidades espaciales y urbanas, más allá de su gestión y mantenimiento, estimulando a los agentes privados para conformar un sistema dinámico, incorporando a la ciudadanía, dotando de recursos reales, siendo transparentes en ello, etc.

Para proporcionar a la ciudad de un tejido dotacional consistente, dinámico y relacional es necesario reclamar un estado en permanente alerta ante las tensiones y desequilibrios de lo urbano, con atención a los despertares de procesos urbanizadores y a las demandas ciudadanas. Consistiría en practicar una suerte de “urbanismo fronterizo” que produzca mecanismos para el diálogo, conciliando usos, escalas y tiempos sobre la base de procesos participativos, y que, considerando las múltiples dimensiones de lo público, induzca propuestas inteligentes y compartidas.

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7. Listado de acrónimos/siglas

INE Instituto Nacional de Estadística

LOUA Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

PGOU Plan General de Ordenación Urbana

POTAUG Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada

PMD Patronato Municipal de Deportes

SG Sistemas Generales

SGEL Sistema General de Espacios Libres

SL Sistemas Locales