1. Introducción

La distribución poblacional en las ciudades y municipios de España no es azarosa y, probablemente, no exista ningún fenómeno que haya podido ratificar la afirmación previa de una manera tan clara y evidente como la llegada de Población de Origen Inmigrante (POI) a territorio español. En este sentido, el estudio de la exclusión/inserción residencial de la POI es de una importancia capital en sus procesos de asentamiento e integración en los países receptores, ya que influye decisivamente en su futuro desempeño en la sociedad, así como en la consideración pública del fenómeno migratorio. Lo que hace relevante el presente análisis de segregación residencial es la comparación entre un entorno urbano de alta diversidad y densidad poblacional, el barrio de Ca n’Anglada, en Terrassa, frente a un entorno rural, pero de alta diversidad, como Torre-Pacheco, en la Región de Murcia.

El estudio de la segregación residencial de la población de origen inmigrante en entornos urbanos es un tema de estudio con una larga tradición en la academia (Penninx & al., 2006), también en España (Checa & Arjona, 2007 y 2011; Bayona & López, 2011; Torres, 2009; Moncusí, 2017; Leal, 2002; Leal & Domínguez, 2008), aunque su inserción en otros contextos de alta diversidad pero con un entramado urbano diferente al de las grandes ciudades, ha quedado más olvidado en los estudios de exclusión/inserción residencial. El caso de Terrassa, por su cercanía a la metrópoli de Barcelona y el caso de Torre-Pacheco, un entorno rural, pero que en las últimas décadas se ha convertido en un enclave agrícola global (Pedreño, 2015; Gadea & al., 2015), resultan idóneos para observar las tendencias sociales de la POI en lo que hace a su acceso a una vivienda digna y adecuada fuera del espacio de la ciudad global.

Así, el presente trabajo presenta algunas conclusiones y reabre el debate sobre cómo la política de vivienda pública, las actitudes frente a la inmigración, la precariedad socioeconómica o el mercado de la vivienda, entre otros factores, contribuyen a la exclusión residencial de la población de origen inmigrante en espacios que, aunque no presentan valores cuantitativos de segregación que resulten significativos, tras una exploración cualitativa revelan una precariedad residencial de esta población en específico.

2. Marco teórico y estado de la cuestión

La segregación o exclusión residencial, siguiendo a Massey & Denton (1988), es un fenómeno multidimensional que abarca distintos ejes de análisis a tener en consideración estos son: igualdad, exposición, concentración, centralización y agrupamiento de personas en torno a determinados lugares. Por su parte, la segregación espacial existe cuando algunas áreas urbanas mantienen una sobre-representación o una infra-representación de miembros de determinado grupo social o étnico (Asselin & al., 2006). El concepto de segregación, empero, ha sido entendido de diversas maneras, configurando un paisaje de la segregación donde, dependiendo del autor, se pueden situar conceptualmente los guetos, los enclaves étnicos, los barrios marginales, los barrios de chabolas y otras tipologías de barrio, en este caso haciendo mayor hincapié en una segregación de tipo residencial. En este ámbito, han sido especialmente relevantes las investigaciones de Wacquant (2001, 2013) o las aportaciones de diversos autores que quedaron recogidas por Asselin & al. (2006).

En la ciudad neoliberal, las zonas más desfavorecidas de la ciudad, en particular los barrios obreros periféricos, dan buena muestra de esa segregación espacial y residencial, pues mantienen barreras físicas tales como vías de ferrocarril, autopistas, tejido industrial, solares vacíos, etc. que hacen materialmente visible la segregación del barrio respecto al resto del conjunto urbano. La segregación en estos términos ha sido entendida de tal manera que, una mayor segregación espacial conduce a, o es conducida por, una mayor segregación social y étnica, lo que contribuye a un círculo vicioso de desintegración de la sociedad urbana (Sabatini & Brain, 2008). Los barrios más desfavorecidos del centro urbano, por el contrario, están más integrados en el conjunto de la ciudad, con buena accesibilidad y buenas comunicaciones mediante transporte público, lo que las ha convertido en objeto de los procesos gentrificadores y de revalorización urbana. En estos casos, la segregación espacial resulta menos visible al no verse sobre-representado ningún grupo social, pues, antes bien, en estos espacios se concentra una gran diversidad de grupos sociales (Bruquetas & al., 2005), lo cual no es óbice para que en dichos espacios se presente otra serie de problemas sociales, o que existan espacios dentro del territorio que concentren a determinada población o campos sociales.

La segregación espacial o residencial, materializada en sub-sistemas urbanos donde se ven sobre-representados determinados grupos sociales o étnicos, no deriva automáticamente en efectos negativos sobre la integración social de los mismos. Así, algunos autores han señalado determinados efectos positivos de la segregación residencial, entre los que destaca la proximidad y posibilidad de apoyo de la comunidad étnica de referencia, que puede llevar a un agrupamiento de intereses y campos sociales coincidentes en los que encontrar soporte. La segregación residencial puede facilitar, del mismo modo, la concentración de negocios e instituciones étnicas en el espacio urbano como red de apoyo en la que sustentarse (Asselin & al., 2006). Otros autores ponen en valor la concentración en estos espacios como un primer estadio del proceso de instalación de la POI, que permite la creación de redes de socialización y cooperación, útiles sobre todo en época de carestía económica (Van Kempen & Özüekren, 1998).

Otras vertientes de análisis han privilegiado el estudio de la segregación residencial/espacial en términos de posibilidad de acceso a recursos como elemento determinante del grado de integración socioespacial del colectivo estudiado (Asselin & al., 2005 y 2006). En este caso, uno de los factores decisivos es el contexto político institucional que rodea al espacio de estudio. Particularmente, cuanto más compleja resulta la ordenación urbana de un espacio dado (grandes ciudades), la movilidad se convierte en un elemento clave para las condiciones de posibilidad de determinados grupos sociales o étnicos. La distribución espacial de recursos en este tipo de entornos urbanos complejos es, a menudo, dispersa y desigual, por lo que las posibilidades de acceso quedan tamizadas por las posibilidades de movilidad urbana. En suma, la concentración espacial de determinados grupos de población no tiene porqué materializarse en exclusión social de dichos grupos. En este sentido, White (1983) distingue entre dos tipos de segregación: la segregación geográfica, que se refiere a una desigual distribución de la población en el territorio, en alguno de los términos anteriormente referidos; y una segregación de tipo sociológico, que hace referencia a una concentración en espacios más o menos degradados urbanística y socialmente, donde, por efecto de una carencia de servicios, recursos, políticas adecuadas y la acumulación de problemas sociales, concurren dinámicas de estigmatización donde la sociedad de recepción asigna una posición social subalterna a los habitantes de dicho espacio urbano (Torres, 2011) de manera que la separación física del entorno urbano se convierte también en distancia social (Schnapper, 1998).

Por su parte, la literatura en torno a la incorporación de la POI a las ciudades, pueblos y barrios españoles es extenso y prolijo. En términos generales, en España, los patrones de integración residencial de los recién llegados vienen a continuar las dinámicas propias de los movimientos migratorios internos producidos durante las décadas de los 70, 80 y 90. Posteriormente, la presencia de la POI se extenderá a la práctica totalidad de los barrios y ciudades españolas, aunque pudiendo observarse una serie de factores que serán apuntados más adelante. Durante los años 70 y 80, tras una primera incorporación de migrantes internos españoles provenientes de Andalucía, Extremadura o Murcia en los barrios periféricos de las grandes ciudades y con la expansión de dichos barrios y su crecimiento en cuanto a infraestructuras, comunicaciones y servicios, las coronas metropolitanas de las grandes ciudades empiezan a convertirse en espacios residenciales preferentes para la población autóctona, como parte de una estrategia de movilidad ascendente que pasaba por la instalación en viviendas de nueva construcción a las afueras de la ciudad. Así, en el centro histórico de las ciudades, anteriormente reservado a las rentas medias y altas, se inicia un proceso de vaciado y degradación del parque de viviendas, que pasan a convertirse en zonas de vivienda abaratada y abandonadas. Durante este proceso, ocurrido en el transcurso de la década de los 90, comienzan a llegar a España los primeros flujos importantes de inmigrantes extranjeros.

Los inmigrantes llegados en estos años se instalan en casi todos los barrios de las ciudades: los barrios céntricos históricos degradados y modestos, pero también otros barrios semi-céntricos, así como otros barrios periféricos -antiguos barrios obreros-. Estas dinámicas son comunes a algunas de las grandes ciudades europeas y las grandes ciudades en España, como Madrid (Giménez, 2007), Barcelona (Arbaci & Tapada, 2011) o Valencia (Torres & Moncusí, 2015). Durante esta primera etapa de la migración en España, ya se manifiesta la concentración de la POI en determinadas zonas o barrios como Lavapiés o Embajadores en el caso de Madrid (Giménez, 2007). De igual modo sucedió en Valencia, en el barrio de Rusaffa (Torres, 2007) o en Barcelona, en los barrios de Ciutat Vella o Eixample, entre otros (Bayona & López, 2011).

A partir de los años 2000, y al menos hasta el 2010, se produce el boom migratorio en España (Cachón, 2002) con un número de llegadas de POI sin precedentes. Durante esta etapa, los nuevos migrantes enfrentan las mismas dificultades que en las etapas previas: acceso a un empleo, resolución de cuestiones legales, adaptación al nuevo contexto, desarrollo de estrategias de resistencia e integración y, por supuesto, acceso a una vivienda. En este sentido, los patrones de instalación residencial de la POI durante esta etapa continúan con las dinámicas de las décadas previas, teniendo que acceder, eso sí, a un mercado de la vivienda saturado, con un parque envejecido en los centros de las ciudades y las coronas metropolitanas y unas nuevas construcciones residenciales que quedan restringidas, fundamentalmente por razones económicas, para los nuevos vecinos inmigrantes. Durante esta etapa, la mayoría de las grandes ciudades presentan problemas similares para la integración residencial de la POI: en los centros urbanos, se instala preferentemente en los barrios de viviendas más modestas y antiguas, las mismas que abandona la población nativa para reubicarse en los nuevos Programas de Actuación Urbanística (PAU) y barrios residenciales del extrarradio. Lo mismo sucede en los tradicionales barrios obreros de las periferias urbanas, donde la POI encuentra un parque de viviendas de relativa antigüedad y al que, debido a su bajo coste, puede acceder (Martínez, 2006).

Más recientemente, diversos autores que han investigado el caso español (Arbaci & Rae, 2014; Martori & Hoberg, 2004) destacan una mayor segregación y concentración espacial por parte de los inmigrantes procedentes de países periféricos, sobre todo en las grandes ciudades (Martínez, 2006) Por ejemplo, para el caso sevillano, Muñoz & Huete (2010) destacan una mayor segregación residencial de población de origen subsahariano y chinos. Por lo que hace al interior del entramado urbano, de igual modo, en los diferentes discursos de población autóctona registrados por algunas investigaciones previas, pueden identificarse rápidamente determinados espacios urbanos segregados al hacerse explícitas verbalizaciones como “zona mora” o “zona ecuatoriana”, por ejemplo, en Torres (2007) o Eseverri (2015). Estos espacios de concentración de determinados campos sociales se presentan tanto en barrios desfavorecidos claramente segregados espacialmente, como en barrios céntricos con mayor diversidad social. No en vano, tanto los barrios obreros tradicionales como el resto de los espacios urbanos de la ciudad neoliberal, albergan zonas de segregación espacial étnica que coexisten con otras zonas neutras o “no-lugares” (Augé, 1993), espacios del capital globalizados (Harvey, 2007) y otros espacios difícilmente clasificables donde se encuentran elementos claramente marginales (Leal & Domínguez, 2008).

Finalmente, en los últimos años, se ha hallado evidencia empírica de que en las viviendas de la POI hay una mayor incidencia de los problemas de insalubridad (humedad, suciedad, olores), o problemas de pobreza energética (dificultades para el pago de facturas, climatizar la casa, iluminación, agua caliente, etc.) en el interior de estas, así como en su entorno (Fundación Foessa 2019: 247-254). Además, la POI sufre determinadas privaciones por motivos económicos cuando los gastos de la vivienda resultan excesivos como, por ejemplo, reducir los gastos de alimentación a costa de empeorar su dieta, no poder afrontar gastos imprevistos, gastos escolares, vestido, calzado y otros bienes de primera necesidad (Arrondo & Bosch, 2019).

2.1. Los factores de exclusión residencial de la población de origen inmigrante

En general, los factores puestos en juego por la literatura específica y que resultan más decisivos de la exclusión residencial podrían dividirse en dos grandes grupos, según Asselin & al., (2006): por un lado, los internos a la unidad de convivencia: nivel de ingresos, capital cultural/educativo, preferencia étnica (preferencia por el endogrupo, según Checa & Arjona, 2007), acceso al empleo y las mismas características propias de la unidad de convivencia. Por otro lado, los factores externos a la unidad de convivencia: estructura del mercado de la vivienda, políticas de vivienda y preferencias étnicas por parte de los autóctonos. Otros autores, como Bayona & López (2011), agrupan los factores de la exclusión residencial en torno a tres grandes bloques: causas socioeconómicas, motivos demográficos y por razones de etnia o raciales (Bayona & López, 2011).

Desde el punto de vista económico, la instalación de la POI en diferentes zonas urbanas ha recibido explicaciones relacionadas con sus posiciones en la estructura de ingresos y su tipo de integración laboral, componentes fundamentales para determinar la pertenencia a una u otra clase social (Harvey, 1973, Massey, 1985, Sassen, 1988; Castells, 1991). Algunas de las investigaciones pioneras en los estudios de integración residencial, como los de la Escuela de Chicago, ya apuntaban al orden social como determinante de la estructura espacial, en base a explicaciones sociales y económicas (Park, 1952). Otras explicaciones de la segregación/integración residencial también han tomado la variable económica como un factor clave en su determinación. La explicación puramente económica relaciona directamente la posición en el mercado de trabajo (ingresos del individuo) con su posición en el mercado residencial. Así, un individuo de una clase social baja sólo podrá acceder a un mercado de viviendas modestas, y/o degradadas y de baja calidad.

Las teorías sociológicas de inspiración marxista, de igual modo, realizan una lectura de las divisiones espaciales a la luz de la segmentación de los mercados de trabajo, en relación directa con la aplicación de la racionalidad capitalista (Harvey, 1973; Castells, 1991). Asimismo, otras importantes investigaciones han entendido la segregación residencial como una manifestación de la segregación, discriminación y desigualdad social vigente en las sociedades modernas capitalistas (Massey, 1985). Es así como la mayoría de los autores coinciden en apuntar al factor de la clase social como determinante fundamental de la integración residencial de la POI. En el caso español, se puede afirmar lo mismo: la capacidad económica individual o familiar lleva a la POI a buscar viviendas de bajo coste dentro de un parque de viviendas más modesto (Checa & Arjona, 2006; Torres, 2007).

Otro factor que influye es el de las redes sociales, que se pone de manifiesto, en especial, en los barrios de alta diversidad, donde la posibilidad de una red social amplia es mayor. Aquí, se concentra población de determinadas nacionalidades, de modo que los equipamientos, negocios étnicos y otro tipo de recursos se encuentran disponibles para la acogida de la POI recién llegada (Muñoz & Huete, 2010). Así, el estudio de la integración social de la POI en el nivel de los barrios queda justificada, en parte, por la relevancia analítica de dichos espacios urbanos dado el entramado étnico allí presente y el conjunto de relaciones que en ellos se suscitan.

Por otro lado, los diversos regímenes del estado del bienestar en los países europeos han tenido y tienen, como cabría esperar, su reflejo en los sistemas urbanos y de vivienda y, por tanto, son importantes condicionantes de los tipos de inserción social y residencial de la POI. En particular, las provisiones sociales en educación y sanidad, así como la intervención del Estado en el sector de la vivienda, han sido definitivos para el tipo de inserción de la POI (Martori & Hoberg & Surinach, 2006: 57). Los estudios realizados por Allen & al. (2004) lograron sintetizar los esfuerzos previos por caracterizar la relación entre los estados del bienestar del sur de Europa, los sistemas de vivienda y la inserción residencial. Posteriormente Arbaci (2008) presenta un completo análisis de los factores meso y estructurales que condicionan la inserción residencial de la POI en el sur de Europa. Es así como, informados por los correspondientes discursos sociales dominantes, la segmentación de los mercados de trabajo y otros procesos socio-urbanos con profundas implicaciones materiales y simbólicas, presentan una serie de características comunes (Arbaci, 2008: 24-25): un desequilibrio en el tipo de tenencia de vivienda, claramente favorable a la propiedad en detrimento del alquiler, dejando así un parque de vivienda de alquiler muy reducido, con un alquiler social prácticamente inexistente y un mercado privado orientado hacia el alquiler residencial de temporada.

Finalmente, el factor étnico se ha convertido en una de las cuestiones principales de estudio para explicar la segregación residencial de la POI. Los retos sobre las conductas entre grupos y el nuevo tipo de sociedad emergente, han formado parte del interés colectivo para entender determinadas conductas hacia los otros (Fromm, 1973; Riesman & Denny & Glazer, 1950; Marcuse, 2002; Castells, 1997). Este cambio, también aborda una nueva serie de conductas, por ello, los cambios a nivel macro se explican desde el comportamiento de grupos a través del prejuicio étnico (Allport, 1954) así como las relaciones interétnicas entre individuos a un nivel más micro y la representación que cada uno de ellos tiene del otro (Berger & Luckman, 1966). Así, las conductas y actitudes hacia la inmigración derivadas del prejuicio étnico se decantan en actitudes discriminatorias hacia la POI por parte de la población nativa, que se ve incomodada por la “ocupación” del espacio y esto tiene que ver, de manera sutil, con la segregación étnica. En este sentido, la cuestión a descifrar es la forma en la que se representa al “otro” desde una mirada imaginada. La segregación étnica, así, puede conducir al aislamiento residencial, excluyendo al otro a determinadas zonas étnicas con cierto grado de aislamiento (Duncan & Otis, 1965).

3. Metodología

Se propone un análisis cuantitativo a partir de datos secundarios y un análisis cualitativo de entrevistas en profundidad, entrevistas grupales y relatos de vida familiares realizadas durante 2018 y 2019 en las zonas objeto de estudio. Para el análisis cuantitativo de los datos sobre la exclusión residencial de la población objeto de estudio en los dos casos seleccionados, se ha optado por realizar los cálculos de los cuatro índices de exclusión/inclusión residencial más habituales en la literatura específica. Los índices son: índice de segregación (Duncan & Duncan, 1955), índice de disimilitud (Duncan & Duncan, 1955), índice de Interacción (Bell, 1954), índice Delta de Concentración (Duncan & Cuzzoert & Duncan, 1961). Estos índices dan cuenta de la expresión espacial de las relaciones entre grupos (entre población autóctona y POI y entre la propia POI) en determinado barrio o municipio. Los índices se expresan con un resultado numérico entre el 0 y el 1. Para el caso de los índices de segregación, disimilitud y concentración, los resultados más cercanos a 0 indican una ausencia de segregación espacial entre la población autóctona y POI y viceversa.

Las unidades espaciales de los estudios de caso se han escogido de manera que puedan ser comparables entre sí, tanto por tamaño de la unidad espacial como por el volumen de población nativa y de origen inmigrante. Para el análisis cuantitativo se ha empleado la división en secciones censales que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su censo de población y viviendas, cuya última edición disponible es la de 2011, así como los datos ofrecidos por el padrón continuo de habitantes. En Torre-Pacheco, las secciones censales son, en fin, las incluidas en el código 30037 y todas las secciones dentro de los distritos 1 y 2, en total 20 secciones censales han sido incluidas (para los datos del Censo de 2011 o anteriores, la sección número 11 del distrito 1 no es contemplada en las estadísticas. Se pueden consultar las notas metodológicas que publica el INE al respecto para más información). En el caso de Terrassa, los códigos de las secciones censales tomadas en cuenta para acotar la unidad espacial de estudio, correspondientes con el municipio, son las incluidas en el código 08279 y todas las secciones dentro de los distritos 1 al 6, en total 143 secciones censales han sido incluidas.

Para el análisis cualitativo, se exponen resultados de un trabajo de campo consistente en la realización de entrevistas semiestructuradas, relatos de vida familiares y entrevistas grupales. La muestra seleccionada estuvo compuesta por personas de origen inmigrante, incluidos hijos e hijas de inmigrantes, nativos o población española, informantes clave con información relevante (trabajadores sociales, técnicos municipales y otros perfiles considerados “expertos”) todos ellos con una residencia superior a 8 años o relación estrecha con los lugares seleccionados como estudios de caso. Se extraerán algunos verbatims recogidos durante el trabajo de campo que resulten relevantes para ilustrar un breve análisis de los procesos de exclusión/inclusión residencial de la POI en estos estudios de caso.

4. Contexto de los estudios de caso

4.1. Torre-Pacheco (Murcia)

Uno de los estudios de caso que aquí se abordan, Torre-Pacheco, constituye un ejemplo equiparable a los casos de El Ejido o Roquetas de Mar, al tratarse de una población a priori rural, pero con una estructura productiva inserta en la red global de producción agrícola (Pedreño, 2015, Gadea & al., 2015), lo que ha empujado al municipio a dinámicas de inserción social y residencial asimilables a las de un barrio periférico de las ciudades globales, en las cuales el territorio funciona como polo de atracción de mano de obra y de población con residencia permanente (Sassen, 1995). En el caso de Torre-Pacheco, algunas dinámicas resultan similares en este sentido por la centralidad del municipio en la distribución de la fuerza de trabajo agrícola por la comarca. Así, la inserción residencial de la población de origen inmigrante en Torre-Pacheco tiene dos etapas diferenciadas, coincidentes con las tendencias de la inserción residencial de la POI para el conjunto de España. Una primera etapa en la inserción residencial de la POI que llega hasta el año 2000 y una segunda etapa que llega a la actualidad.

La primera etapa, está marcada por la sobredimensión de la población marroquí en el municipio, mayoritaria durante estos años. Durante los primeros años de los 80, la población que se encontraba en el municipio estaba en calidad de “trabajadores invitados”, como la figura del gastarbeiter en Alemania, es decir, como mano de obra temporal, que llegaba para cubrir una demanda insatisfecha de fuerza de trabajo en la agricultura comercial de la comarca y durante un periodo de tiempo limitado, tras el cual se esperaba su marcha hacia otros lugares del país o de vuelta al origen. Durante esta etapa, los migrantes se instalan en las pedanías y parajes del municipio, lejos del núcleo urbano de Torre-Pacheco (Pedreño, 1999). Uno de los factores decisivos para este tipo de instalación de la POI en el municipio fue la situación socioeconómica de la misma durante esta etapa.

Las viviendas en diseminados y parajes rurales eran más baratas, antiguas y degradadas, peor conectadas con otros puntos del territorio y, en definitiva, más accesibles para la POI. Estas son antiguas viviendas usadas por la población autóctona como vivienda habitual o relacionadas con la actividad agrícola, ya en desuso durante esos años. La tipología de dichas viviendas responde, en la mayoría de los casos, al de infravivienda. Como documentaba la asociación Columbares a finales de la década (Columbares, 1997), en algunos casos se trataba de casas o viviendas con grados de habitabilidad y salubridad bajos. En otros casos, almacenes y naves escasamente habilitados para la residencia, cuando no chabolas, cobertizos, barracones y otras estructuras improvisadas de carácter provisional y carentes de cualquier estándar de habitabilidad. El problema de la infravivienda o la vivienda de baja calidad en la inserción residencial de la POI es recurrente (Checa & Arjona, 2006; Torres, 2007).

Ya durante los años 90 se suceden una serie de cambios que empujan hacia un asentamiento creciente de la POI en Torre-Pacheco: en primer lugar, se va consolidando una demanda de trabajo en el entorno productivo del municipio cada vez más estable, que posibilita la residencia permanente en el mismo; además, los primeros flujos de migrantes llegados al territorio, van estabilizando su situación administrativa mediante la obtención de permisos de residencia y trabajo, en especial tras el proceso extraordinario del año 1991; finalmente, a finales de la década cobran impulso los procesos de reagrupación familiar de gran parte de la POI en Torre-Pacheco (Torres, 2007), marroquíes en su mayoría, lo que les lleva a una búsqueda de un asentamiento residencial más estable y en mejores condiciones.

A las puertas del nuevo siglo, se produce un punto de inflexión en el tratamiento mediático del fenómeno migratorio y la conceptualización pública del colectivo, llegando a impactar en la configuración de las agendas públicas de distintas administraciones. Uno de los casos con gran impacto en la opinión pública fue el de La Tejera, una antigua fábrica de ladrillos que se había convertido en un alojamiento precario, en condiciones de insalubridad y hacinamiento para trabajadores POI en Torre-Pacheco y que fue desalojado bajo el foco mediático, exponiendo la dureza de las condiciones de alojamiento de dichos trabajadores en el municipio. El desalojo de la Tejera coincidió en el tiempo con otros eventos relevantes, con cada vez más presencia mediática y donde se producían situaciones de hacinamiento análogas en poblaciones cercanas, por ejemplo, La Vela, Los Martínez y Los Arrieros, también en el municipio de Torre-Pacheco.

En las dos últimas décadas, en especial a partir de la crisis económica de los años 2007-2008, se reproducen en Torre-Pacheco algunas dinámicas comunes para gran parte del territorio español: al tiempo que continuaba la diversificación de los flujos migratorios, con la incorporación de personas de origen centroamericano, otros países de América Latina, así como el África subsahariana, se produjeron retornos cada vez más significativos por parte de la población inmigrante a sus países de origen, con especial relevancia en el caso de los nacionales ecuatorianos. La reestructuración productiva y territorial de la Región de Murcia durante estos años sería el factor clave que propiciase tal diversificación de flujos en Torre-Pacheco.

Durante esta época, tuvieron especial importancia las operaciones urbanísticas para atraer residentes del norte de Europa en urbanizaciones de semi-lujo a las afueras del municipio, al tiempo que se abandonaron las políticas de conservación o rehabilitación del centro urbano y se realizaba un esfuerzo muy escaso para la facilitación de soluciones habitacionales para la creciente POI que llegaba al municipio. En la actualidad, Torre-Pacheco alberga casi una centena de nacionalidades que se aloja en viviendas repartidas por la práctica totalidad del municipio. No obstante, los barrios de San Miguel y El Pasico, así como diseminados o pedanías como Balsicas, concentra los mayores porcentajes de POI en entornos urbanos poco desarrollados, con escasos servicios y una renovación de los parques de viviendas prácticamente nulo en los últimos 20 años, incluso durante los años de expansión urbanística.

4.2. Terrassa (Cataluña)

La población que llega a Cataluña desde el resto de España a lo largo de la segunda mitad del siglo XX va a instalarse, entre otros, en el municipio de Terrassa. Dada la cercanía a ciudades industriales, los obreros buscaron principalmente ciudades industriales de las comarcas de Barcelona, y como tal es el caso Terrassa y, especialmente, el barrio de Ca n’Anglada.

La primera etapa se forjó durante la época franquista. La “nueva ocupación” del barrio la protagonizaron personas entre los 25 y 45 años (en edad de trabajar) provenientes de zonas agrícolas del resto del país y esencialmente un alto número de andaluces. Para albergar la creciente llegada de personas, en 1952 se iniciaron las primeras obras de construcción de vivienda de promoción pública por parte de la Obra Sindical del Hogar (OSH), que integraba la construcción de los barrios d´Egara así como de Montserrat. En 1955, Ca n´Anglada comienza con una fase de autoconstrucción de viviendas, siendo que la mayoría de estas aún se mantienen en pie. Estas construcciones tienen como característica que son de una planta y los materiales utilizados para la construcción fueron materiales de baja calidad, por la precariedad de los tiempos, la complejidad de recursos económicos y la falta de financiación. Durante aquel momento, las construcciones adoptaron unos modelos que todavía hoy siguen siendo la base de los actuales.

Una segunda etapa da inicio hacia el año 1962: las riadas afectaron de forma directa a una parte del barrio y fue la iglesia la institución que canalizó la ayuda y coordinó la redistribución de recursos en el barrio. Una vez que llega la democracia una serie de organizaciones políticas y sindicales buscan llegar también a un ayuntamiento democrático. El asociacionismo vecinal se convirtió en un competidor, pero no en un enemigo, del movimiento político organizativo.

Una tercera etapa se desarrolla en los años 90, donde el barrio recibe población, sobre todo procedente de Marruecos y países sudamericanos y, a partir de ahí, se desarrollan dinámicas distintas de convivencia. En julio de 1999 tuvo lugar un conflicto entre jóvenes autóctonos y marroquíes, del cual se desprendieron distintas manifestaciones en contra de la presencia de marroquíes en Ca n´Anglada que tienen como consecuencia destrozos en una carnicería, la mezquita del barrio y el apuñalamiento de un joven. El debate que se levantó a partir de aquellos hechos va a hacer evidente la necesidad de atender aquellos barrios en donde se estaba produciendo la entrada de población de origen inmigrante e intervenir desde un punto de vista social y urbanístico.

Como parte del proceso de llegada de la población de origen inmigrante, se ha ido configurando una oferta comercial paralela, la cual regentan los mismos inmigrantes. Esta oferta está constituida por pequeñas tiendas que, que, se dedican a atraer a sus propios connacionales y poco a poco van atrayendo al vecino español. Habitualmente, se trata de tiendas que comercian con comestibles, artículos de limpieza, complementos del hogar, entre otros. Tienen una buena demanda dado que los horarios que manejan normalmente son más amplios, así como unos precios inferiores. A medida que pasa el tiempo, esta oferta se va ampliando, habiendo peluquerías, cafeterías, restaurantes, pastelerías, bares, entre otros. Los comercios más numerosos son los regentados por la población marroquí, aunque poco a poco la población latinoamericana y subsahariana comienzan a ganar terreno.

Otra dinámica de la política urbanística en Ca n’Anglada ha sido el conocido como esponjamiento el cual fue diseñado en 2012 y preveía que se derribaran nueve bloques del noreste del barrio por estar construidos con amianto. Los espacios que estos edificios dejasen servirían para albergar nuevos parques y zonas abiertas de convivencia. Aquellos vecinos afectados por esta cuestión debían ser realojados en edificios nuevos que se construyeran en la zona. Sin embargo, la crisis económica de 2013 frenó el proyecto y los nuevos bloques de vivienda no llegaron a levantarse. A cambio, se les ofrecieron pisos disponibles en la ciudad, pero los vecinos sostienen que el proyecto se ha incumplido, dejando el barrio con un grave déficit en el parque de vivienda.

5. Resultados

5.1. Resultados cuantitativos. Análisis de los índices de segregación residencial

Se presentan, a continuación, los resultados de calcular algunos de los índices de segregación residencial más utilizados por la literatura específica. Valgan unos apuntes previos. En cuanto a los dos indicadores más habituales, el índice de segregación y el índice de disimilitud se considerarán significativos o elevados con resultados por encima de 0,4 (Tammaru & al., 2016). Los índices de interacción y de concentración se relacionan con los anteriores con resultados igualmente significativos. También hay que tener en cuenta que el tamaño de las poblaciones de las que se estudian los niveles de segregación residencial es crucial para la interpretación de los resultados. Las poblaciones grandes, muestran valores de segregación menores por la mayor probabilidad estadística de que la población estudiada, en este caso, población de origen inmigrante, se encuentre “repartida” por el territorio. Por el contrario, las poblaciones pequeñas muestran mayores valores de segregación, al existir mayor presión para su concentración en determinadas zonas del territorio (Asselin & al., 2006).

Para la comparación que aquí se presenta, el tamaño de las poblaciones es, en efecto, importante, de modo que los resultados para Torre-Pacheco se ven influidos por su tamaño poblacional relativamente pequeño. Terrassa, por el contrario, al estar inserto en un área metropolitana de tamaño grande y debido a su cercanía con la segunda ciudad más poblada de España, Barcelona, presenta un entramado urbano más concentrado y complejo. Ello se manifiesta discretamente en algunos de los resultados que se resumen en la Fig. 1.

Los índices de segregación para las tres principales nacionalidades de origen en Torre-Pacheco para el año 2019 muestran unos niveles de segregación residencial bajos. No es así para el caso de la población de origen británica, en su gran mayoría concentrada en urbanizaciones privadas con viviendas de alto standing situadas en zonas privilegiadas y restringidas del municipio, constituyendo así la nacionalidad de origen más segregada. En efecto, el resultado del índice de segregación expresa que casi un 80% de la población de origen británico debería de mudarse de su residencia a otros lugares de Torre-Pacheco para lograr una distribución uniforme, lo que indica una elevada concentración en determinadas zonas, de entre las que destaca la urbanización “Mar Menor Golf Resort”. La población marroquí es la siguiente nacionalidad de origen más segregada residencialmente, en niveles similares a los de la población colombiana, aún así, con índices de segregación medios-bajos y con leves mejoras respecto a 2011 para ambos casos. La población de origen ecuatoriano, por último, arroja los valores más bajos de segregación en el municipio, con una distribución espacial bastante uniforme.

En el caso de Terrasa, y para las nacionalidades de origen correspondientes a marroquíes, colombianos, ecuatorianos y rumanos, los índices de segregación presentan valores bajos y, además, en la mayoría de los casos, reflejan una disminución cuando se comparan con el año 2011. De entre las nacionalidades de origen tenidas en cuenta, la ecuatoriana es la que refleja el valor más bajo y la marroquí el valor más alto de segregación en el municipio, igual que en Torre-Pacheco. En efecto, en ambos casos, la presencia de POI marroquí en el espacio público de determinadas zonas o barrios es señalada por las personas entrevistadas como la presencia más destacada.

En cuanto a los índices de interacción, en Terrassa se presentan valores en la media de otras poblaciones españolas y del Sur de Europa. En comparación con Torre-Pacheco, sin embargo, la probabilidad de interacción de la POI con la población autóctona en Terrassa es algo mayor. En cuanto al delta de concentración, las diferencias entre ambos casos son sustanciales. Por los resultados obtenidos, la concentración de la POI en Terrassa es muy superior a la concentración en Torre-Pacheco, lo que expresaría el grado de concentración de la POI en el barrio de Ca n’Anglada, en Terrassa, y por su parte, una concentración en barrios como San Miguel y El Pasico, o las pedanías de Balsicas y El Jimenado, para el caso de Torre-Pacheco. En el caso de Terrassa, el centro urbano acoge a muy poca población POI, entre el 1 y el 11% del total, mientras el barrio de Ca n’Anglada alberga entre un 30 y un 50% de POI. En Torre-Pacheco, aunque la POI está más repartida por el municipio, destaca una concentración significativa en barrios anexos al centro urbano, entre un 40 y un 50% para los barrios apuntados previamente, y porcentajes similares para determinadas pedanías y diseminados rurales. Esta concentración queda reflejada en las siguiente Fig. 2 y Fig. 3.

A tenor de los resultados de la exploración cuantitativa, los valores de segregación residencial son, en definitiva, bajos, en línea con los resultados encontrados por otros estudios realizados en el Sur de Europa (Malheiros, 2002; Arbaci, 2007; Bayona & López, 2011). A propósito de dichos resultados, es necesario tener en cuenta el valor relativo de dichas cifras, pues su aplicación en un país como España resulta en cifras poco fiables y confusas a la hora de dar cuenta de la segregación residencial de la POI (Martínez & Leal, 2008). En este sentido, a juicio de algunos autores, los indicadores de segregación no espaciales (como el índice de segregación, disimilitud o el de interacción) presentan múltiples carencias para representar el fenómeno de manera adecuada, por lo que todo lo anterior ha de tener en cuenta dichas limitaciones (Garrocho & Campos-Alanís, 2013).

En suma, similares índices de segregación pueden tener consecuencias sociales muy diferentes, dado que la exploración meramente cuantitativa no permite comprender los procesos sociales y urbanos que explican la precariedad residencial. Es por ello que algunos autores han señalado la conveniencia de combinar estudios cuantitativos con cualitativos (Martínez & Leal, 2008). Así, es el trabajo de campo cualitativo desarrollado en ambas poblaciones el que nos hace sostener nuestra hipótesis inicial, a saber: persiste una fuerte precariedad habitacional y residencial que responde a una multiplicidad de factores propios de las unidades espaciales a estudiar. Es decir, pese a los bajos niveles de segregación que arroja el cálculo de índices de exclusión residencial, y pese a que dicha exclusión no se manifieste en la aparición de zonas especialmente diferenciadas en el entorno urbano o rural, prevalece un modelo de segregación social difusa que se manifiesta en las diferencias de régimen de tenencia de vivienda, la calidad de los edificios, el abuso en los precios o las condiciones de habitabilidad precarias (Torres, 2009; Giménez, 2007).

Estos factores son determinantes para la exclusión residencial. En ambos estudios de caso, se pone de relieve la importancia de dichos factores, pudiendo ser estudiados atendiendo a los diferentes arreglos en función de las situaciones individuales y familiares, institucionales, políticas, sociales, etc. que en los espacios seleccionados concurren. Estos factores fueron puestos de manifiesto por gran parte de los entrevistados, conscientes de algunas de las causas y efectos de su precariedad residencial y sus dificultades para acceder a una vivienda digna. Se presenta, a continuación, un análisis de dichos factores a partir de los discursos obtenidos durante el trabajo de campo.

5.2. Resultados cualitativos. Análisis del trabajo de campo

Uno de los factores que se revela con más fuerza en el estudio de la exclusión/inclusión residencial de la POI es el factor económico, esto es, la importancia de la estabilidad económica en el núcleo familiar como mejor garantía para un acceso a vivienda adecuada. En ausencia de dicha estabilidad (fuente de ingresos estable) las dificultades aumentan. La precariedad económica de la población de origen inmigrante en España y el impacto sobre la segregación residencial ha sido estudiada en otros sitios (Wacquant, 2004), donde se afirma que dicha condición determina en buena medida la preferencia de estos por el régimen de alquiler en el acceso a la vivienda, dirigiéndose de forma preferente a los barrios y/o municipios de viviendas degradadas donde los precios de alquiler son más bajos. Así, como ocurre en el resto de los países del Sur de Europa, en España y también en los estudios de caso que aquí se abordan, la población más vulnerable, entre la que se encuentra gran parte de la POI, se ve incapaz de afrontar los costes de mercado o encontrar soluciones habitacionales no mercantilizadas, por lo que se le empuja a una exclusión residencial y se vulnera su derecho a una vivienda digna Tanto en el caso del barrio de Ca n’Anglada como en todo el municipio de Torre-Pacheco, esto es frecuentemente señalado por sus residentes:

“Hoy por hoy, en determinadas partes del barrio de Ca n’Anglada hay muchas necesidades y es un barrio que, en fin, podemos decir que es degradado. Es más, parte de la gente ‘no vinguda’, porque hay un problema de clase también aquí” (Informante clave, Terrassa).

“En Ca n’Anglada, sobre todo la zona norte, todos los pisos de la VITASA tienen aluminosis. Entonces, claro, estos pisos tienen un poder adquisitivo más bajo. Valen más barato. Lógicamente, tú cuando vienes que no tienes poder adquisitivo, dónde vas a ir a vivir. O dónde puedes ir a vivir. Pues a sitios que sean más bajos de renta” (Informante clave, Terrassa).

Uno de los efectos de un acceso prioritario de la POI a viviendas degradadas a bajo coste de alquiler o venta, dado que dichas viviendas se concentran habitualmente en determinados barrios o zonas concretas, es una cierta concentración de la POI en estas zonas. Para los estudios de caso escogidos en la presente investigación, dichas zonas corresponden, en el caso de Terrassa, al barrio de Ca n’Anglada. Para el caso de Torre-Pacheco, los barrios más degradados son los de San Antonio, San Miguel y El Pasico. Por tanto, pese a las bajas cifras de segregación o exclusión residencial de la POI en los dos casos, es cierto que existen tasas de concentración significativas en las zonas apuntadas, como revelan los resultados del cálculo del delta de concentración. En estos espacios, la POI de distintos orígenes vive junto a la población autóctona y de otros lugares de España con bajos recursos económicos. De esta forma, se estaría produciendo una estigmatización de estos espacios donde existe elevada presencia de ciertos grupos de POI, imponiéndose, por parte de la sociedad receptora y parte de la POI con mayor tiempo de estancia en los estudios de caso, una distancia social que asigna a determinados espacios una posición social subalterna para sus habitantes (Torres, 2007; Schnapper, 1998).

“Porque al ser considerado un barrio marginal, teóricamente con la vivienda más barata y más fácil para vivir, se ha ido… ha ido viniendo gente no sólo de fuera, sino de otras ciudades de Cataluña o de España. También gente pues con pocos recursos. Y socialmente con problemas. De tal manera que se ha juntado todo” (Informante clave, Terrassa).

Como consecuencia de la precariedad económica de parte de esta POI, el régimen de alquiler es el modo de acceso a la vivienda más frecuente. En todo el estado español prevalece la tenencia de vivienda en propiedad en términos generales, alcanzando el 80% según el último dato disponible de 2018 (Encuesta condiciones de vida - INE). Para el caso de la POI, la tenencia en propiedad es mucho menos habitual (Leal & Alguacil, 2011). Según la encuesta nacional de inmigrantes realizada por el INE en 2007, el 39,1% de POI accedía a vivienda en propiedad frente al 37,8% en alquiler. Aun así, la compra de viviendas ha crecido entre la POI durante los últimos años, aunque sea de forma modesta (Giménez, 2007). Antes de la crisis económica y durante la expansión inmobiliaria, el acceso a un crédito hipotecario para la compra de vivienda por parte de la POI no suponía mayores dificultades, situación que cambiaría radicalmente a propósito de la crisis. En el caso de Torre-Pacheco, la compra de vivienda por parte de la POI ha ayudado a extender la presencia de esta población por toda la localidad. Así se reconoce por parte de algunos entrevistados:

“La población inmigrante está viviendo prácticamente en todas las calles del municipio, te los puedes encontrar con casas alquiladas en la calle Mayor del pueblo sin ningún problema, en las calles adyacentes, en el centro, en los barrios, en todos sitios” (Informante clave, Torre-Pacheco).

Se valora como un proceso positivo el hecho de que

“Los inmigrantes también iban procesando que salen los españoles de viviendas que son un poco viejas, compran una nueva, entonces los inmigrantes compran la otra... entonces, vamos, todo bien” (Informante clave, Torre-Pacheco).

Entre 2012 y 2013 se rehabilitaron más de un centenar de viviendas en el municipio de Torre-Pacheco, según el Centro Regional de Estadística de Murcia, muchas de ellas por parte de POI:

“La casa donde estoy viviendo yo, llevo más de 8 años, he arreglado la casa, y casi más de 2000 euros que lo he arreglado, y no me ha ayudado la dueña” (Grupo de discusión, Torre-Pacheco).

“En las zonas más degradadas, más antiguas, como por ejemplo aquí hay gente en el barrio de San Antonio, es conocido que la mayoría son ahora propietarios que han comprado estas casas antiguas y lo han arreglado de su forma y la mayoría de los habitantes, del barrio, son inmigrantes” (Informante clave, Torre-Pacheco)

Según Leal & Alguacil (2011), la POI con nacionalidad marroquí son los que acceden con mayor frecuencia a la compra y rehabilitación de viviendas. En general, el acceso a la vivienda en propiedad pudiera verse como un elemento positivo de la integración residencial de la POI en Torre-Pacheco, acceso que está mucho más restringido en el saturado mercado de la vivienda de Ca n’Anglada. Esta hipótesis se vería respaldada por las medidas de segregación presentadas anteriormente, al observarse un relativo estancamiento de los índices de segregación en Ca n’Anglada, mientras se observa una modesta pero significativa mejora de la segregación residencial para el caso de la población de origen marroquí en Torre-Pacheco. Sea como fuere, bajo uno u otro régimen de tenencia, el factor económico juega un papel decisivo en el acceso a la vivienda.

Entre otras razones para la concentración de POI en determinados barrios o zonas, también se encuentra la existencia previa de redes sociales, negocios étnicos, centros de culto y otro tipo de redes relacionales de la comunidad de pertenencia. Estas redes sociales funcionan como una red de relaciones que proporciona, en un primer momento, información valiosa para emprender, continuar o consolidar el proyecto migratorio de los individuos o familias en origen. La red en destino proporciona información a la red en origen en cuanto a necesidades burocráticas, oportunidades laborales disponibles, oportunidades de alojamiento, así como costumbres, hábitos y otros detalles del país de destino que son importantes para la planificación del proyecto migratorio. Así, se constituye una red de apoyo fundamental en los primeros momentos de la instalación, en especial en lo que se refiere a la búsqueda de empleo (Vono-de-Vilhena & Vidal-Coso, 2012) y vivienda, produciendo un “efecto llamada” de los compatriotas ya instalados debido a esos recursos disponibles para la red, por ejemplo, los negocios étnicos (Torres, 2007). Las redes sociales también suponen un apoyo a medio plazo, pues permite a la POI de reciente instalación conservar determinadas formas de ocio y sociabilidad del país de origen durante su estancia en destino (González & Álvarez, 2005). En algunos casos, la existencia de la red se considera un requisito previo para emprender el proyecto migratorio.

“Y ¿por qué han venido aquí al barrio de Ca n’Anglada y sus alrededores? Pues porque hicieron la mezquita. Lógicamente, si tú eres religioso, intentas de estar lo más cerca posible del entorno donde tú vas a estar, ¿verdad? Entonces, por eso empezaron a venir aquí”. (Informante clave, Terrassa)

En otros muchos casos, los arrendadores dificultan el acceso al alquiler de su vivienda por razones de origen o etnia de los posibles arrendatarios. Numerosos entrevistados señalan, en palabras similares, el hecho de que

“Vivir aquí da más problemas, hay muchas casas, pero no se alquila para extranjeros, ¿por qué? No lo sé. O pone en internet: casa alquiler en tal por 300 [euros] pero no queremos extranjeros” (Grupo de discusión, Torre-Pacheco).

En efecto, existe una reticencia manifiesta, impulsada desde un prejuicio étnico entre la población nativa española propietaria de inmuebles, para alquilar a POI. De hecho, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sólo un 51% de los españoles aceptaría alquilar su inmueble a un inmigrante, mientras el resto trataría de evitarlo, lo rechazaría o responden con un depende (CIS, 2017). Además, estos problemas de discriminación por razones de origen se perciben con mayor intensidad entre determinados colectivos étnicos, en el caso de Torre-Pacheco, “personas, sobre todo del norte de África… son las que tienen más problemas a la hora de conseguir una vivienda” (Grupo de discusión, Torre-Pacheco). Como consecuencia de todo lo anterior, se percibe entre los entrevistados cierto desconcierto por el elevado número de casas vacías en el municipio, pese a los manifiestos problemas para acceder a una vivienda: “en el municipio, en algunas partes de edificios yo veo que tienen [pisos] vacíos” (Grupo de discusión, Torre-Pacheco), muchos de los cuales quedan deliberadamente vacíos por la negativa de sus propietarios a ser alquilados. Con todo, la visión habitual por parte de los habitantes autóctonos respecto a la POI suele hacer referencia a problemas de seguridad en el barrio y es que, incluso los mismos inmigrantes, señalan que les intranquiliza la visión del “otro”, incluso del inmigrante “diferente” en el barrio.

En la base de este tipo de representaciones discriminatorias se encuentra el prejuicio étnico, como construcción de un sentido de la posición grupal que asigna posiciones, roles, actitudes y comportamientos esperados, etc. a los distintos grupos y que se generalizan para su conjunto (Blumer, 1958; Pettigrew, 1998). Para los dos estudios de caso, se distinguen las voces de parte de la población autóctona que asigna distintos atributos para los distintos grupos en función del “tipo de vecino” que, a su juicio, resulta cada uno de ellos. Destacan por su abundancia las representaciones que aluden a la comunidad procedente de Latinoamérica, “latinos”, y la comunidad marroquí, o “moros”. Así se distingue a la población “latina”, como una comunidad de carácter fuerte, a los que les gustan las reuniones, las fiestas, bailar y consumir alcohol, lo cual la población autóctona relaciona con peleas y pequeños altercados que se suceden en los espacios de ocio, parques, plazas y zonas comunes del vecindario o bloque.

La población de “moros”, por su parte, es la que soporta las representaciones más negativas y discriminatorias (Sempere, 2012) y es caracterizada como una comunidad “demasiado distinta”, “cerrada”, “cargados de derechos y demasiado exigente”, entre otras verbalizaciones recogidas durante el trabajo de campo. Zapata-Barrero (2006) apunta que los sentimientos anti musulmanes en España no se pueden explicar mediante una noción generalista de islamofobia, o fobia a lo musulmán, sino que resulta más apropiado hablar de “morofobia”: el miedo y rechazo a los moros como resultado de una construcción histórica fuertemente instalada en el sentido común español. El sostenimiento de este tipo de representaciones por parte de la población autóctona sobre determinados grupos de POI constituye uno de los principales obstáculos hallados por dicha población para acceder a un mercado de vivienda ya de por sí bastante restringido y saturado.

En este sentido, resulta de especial interés el papel de los mediadores comunitarios, figura puesta a disposición por las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) como por parte de la Administración, en materia de vivienda. La intermediación de dichos actores logra acercar posiciones entre la POI y los propietarios de vivienda, rompiendo con los prejuicios y miedos de éstos últimos respecto de los primeros.

“La gente, los propietarios de las viviendas tienen miedo; miedo a lo desconocido, entonces, al no conocer…ee…pues ya empiezan sus miedos empiezan a…dentro de sus miedos empiezan a pensar: ¡No me van a cuidar!, ¿no me van a pagar!, ¡Voy a tener problemas con los vecinos, porque me van a decir! ¿Por qué alquilas a esta…?” (Informante clave, Torre-Pacheco).

Estas dificultades de acceso de la POI a la vivienda son, en ocasiones, aprovechadas por algunos propietarios para incurrir en prácticas que incrementan la precariedad residencial, siendo la práctica más frecuente el alquiler de habitaciones a un número de inquilinos superior al aceptable, así como el alquiler de camas calientes. Torre-Pacheco, en particular, tiene una larga historia de precariedad residencial de la POI. Desde los sucesos de la Tejera, en los años 90, el municipio arrastra un déficit crónico de soluciones habitacionales adecuadas que estén a disposición de la POI. El problema de los denominados “pisos patera” está muy presente en los discursos de los entrevistados, en muchos casos relacionados con situaciones de precariedad laboral y malas prácticas de contratación por parte de empresarios, que alojan a sus trabajadores en situación ilegal en infraviviendas:

“Yo he visto una casa donde había 17 camas. Propietarios encargados que obligan a las personas a dormir y a pagar la cama, si no, no les dan trabajo.” (Grupo de discusión, Torre-Pacheco).

En otras ocasiones, son algunos miembros de algún grupo de POI los que abusan de la situación precaria de otras POI: “muchas veces esos propietarios encargados son extranjeros que hacen negocios con su propia casa.” (Grupo de discusión, Torre-Pacheco). En Terrassa, a juicio de algunos informantes, la situación se debe, en buena medida, a la dejadez de las autoridades responsables.

“Sí, hablas de alquiler, de viviendas de alquiler, de viviendas... pones la mano en la herida. Ahora es un problema, un jaleo, muy jaleo, muy grande. No sé por qué el Gobierno no ha tenido… tienen que arreglar estas cosas porque… como había crisis, ha dejao gente que hace okupas, pero al final, se arruinó la cosa” (Grupo de discusión, Terrassa).

A partir de la crisis económica de los años 2007-2008, se marca un punto de inflexión en la biografía de muchos de los entrevistados, al menos respecto a sus posibilidades de acceder o conservar una vivienda digna:

“con la crisis hay un montón de gente que perdió la casa, aquí en Torre-pacheco 50 o 60 personas que han perdido la casa que no pueden pagar, yo también” (Relato de vida, Torre-Pacheco).

De igual forma ocurrió en el barrio de Ca n´Anglada, donde la crisis económica dejó gran parte del parque de viviendas reducido a pisos vacíos.

“...Yo comencé pagando 130 y lo fueron subiendo, subiendo. Llegó un momento que me le subieron a 1250. Eh, teniéndolo yo a ellos. Y, ¿Qué tuve que hacer? No pude, tuve que dejarlo” (Relato de vida, Terrassa).

Además, durante la crisis y tras ella, las condiciones impuestas por los propietarios para el alquiler de sus viviendas se endurecieron notablemente, en especial en lo que se refiere al precio, los requisitos del arrendador respecto del arrendatario (condiciones laborales, salario), avales requeridos, etc. Es decir, en situación de precariedad económica, situación extendida a un creciente número de personas de origen inmigrante en ambos estudios de caso, el acceso a una vivienda digna queda más restringido. Pero no sólo por la situación personal de la POI, sino también por los mismos arrendadores o propietarios, de modo que: “cuando alquilas la casa te piden un contrato fijo y aquí cómo te van a dar un contrato fijo si tú trabajando temporal” (Grupo de discusión, Torre-Pacheco).

Las estrategias de resistencia desplegadas por la POI para hacer frente a la situación de crisis económica fueron muy variadas. En términos generales, de entre las estrategias de resistencia ante un incremento generalizado de la precariedad vital, destacan las relacionadas con la vivienda, al ser un componente importante del esfuerzo de gasto que realizan los hogares. Destaca, en este sentido, un fenómeno frecuente al estudiar la inserción residencial de la POI: el hacinamiento, en especial entre los recién llegados, que no han tenido tiempo de estabilizar su situación, mejorar sus circunstancias y poder acceder a otro tipo de viviendas. En este sentido, la sobreocupación de viviendas se convierte en una estrategia de resistencia de parte de la POI frente a sus dificultades de acceso a una vivienda digna, pues de esta manera se pueden permitir alquilar habitaciones a un precio reducido, pudiendo así ahorrar para el retorno, para la mejora de la situación, para comprar vivienda, etc. (Leal & Alguacil, 2011).

Aunque el hacinamiento en la vivienda es un fenómeno habitual entre la POI en sus primeras etapas del proyecto migratorio, la situación persiste años después. Según la última Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) de 2007 (INE, 2007), el 22,2% de hogares inmigrantes que vinieron a España por motivos económicos (la mayoría) viven en situación de hacinamiento en su vivienda actual, alcanzando un 33% al preguntar por sus primeras viviendas. Sólo el 2,1% del total de población residente en España vive en situación de hacinamiento, lo que da cuenta del nivel de afectación del fenómeno entre la POI (INE, 2007). En muchas ocasiones, las situaciones de hacinamiento tienen su explicación en la estrategia de subalquilar habitaciones de la vivienda u optar por compartir vivienda con otros núcleos familiares. Por añadidura, en no pocas ocasiones, las situaciones de hacinamiento dan lugar a problemas de convivencia vecinal (Torres, 2011) en forma de quejas y pequeñas disputas. Así lo expresaba un mediador vecinal en Torre-Pacheco:

“A lo mejor una familia vive en una habitación, comparten vivienda… todo eso todavía no lo terminan de entender, también los recursos económicos no son los mismos y tienen que recurrir a esa supervivencia.” (Informante clave, Torre-Pacheco)

Otra de las estrategias más mencionadas por los entrevistados es la ocupación ilegal de viviendas vacías, tanto en Torre-Pacheco como en Ca n’Anglada. En uno de los grupos de discusión, la mayoría de participantes conocían algún caso de ocupación de viviendas para un posterior arrendamiento ilegal o subarriendo a otra POI:

“Esto pasa mucho, hay mucho marroquí que coge la casa y vive sin nada, que no tiene dinero. Como hay una casa del banco, abre la puerta y entra” (Relato de vida, Torre-Pacheco).

“Se nota que hay mucha ocupación de muchos pisos, está claro porque la situación económica de muchas familias no es la mejor, no es la más adecuada, y se ocupan pisos sí” (Relato de vida, Terrassa).

En Ca n’Anglada, la situación de ocupaciones ilegales es igualmente conocida por las personas vecinas, situación que relacionan con la subida de precios de alquiler y la “ola de desahucios” de los años posteriores a la crisis:

“Hay muchos pisos ocupados porque los bancos se desentendieron, los fondos buitres estos ya los están comprando. Cuando el fondo buitre diga que lo quiero vender, esa gente va a la calle. La administración pues no sé, de dónde van a sacar los medios para meter a esta gente. Es que tenemos un problema general en el Estado” (Grupo de discusión, Terrassa).

La inflexión marcada por la crisis económica ha empujado a parte de la POI, en último término, hacia un cambio en el proyecto migratorio, de modo que se abandona la posibilidad de retorno, vendiendo las propiedades en origen como estrategia para aumentar sus posibilidades de permanencia en España:

“Todos los marroquíes que tienen casa la venden, si tienen tierras las venden, si tienen cosas las venden para traer dinero aquí y comprar casa aquí. Compran casa, tierra, todo aquí. Vivir aquí 15, 10 años... no poder volver a Marruecos” (Relato de vida, Torre-Pacheco)

6. Conclusiones

Teniendo en cuenta que los dos casos que se presentan, Terrassa y Torre-Pacheco, son unidades territoriales diferentes, con dinámicas socioeconómicas particulares para cada uno, resulta reseñable concluir que presentan desempeños similares en lo que hace a la segregación residencial de población de origen inmigrante. A partir de una exploración cuantitativa, ambos casos presentan unos índices de segregación bajos y las familias POI están presentes en todos los barrios, aunque se pueden encontrar algunas zonas con índices de segregación altos. En efecto, el trabajo cualitativo en terreno revela la prevalencia de un modelo de segregación social en el que el acceso a la vivienda es un componente fundamental, por lo que encontramos que existen barrios y/o pedanías con índices de segregación notablemente más altos en un contexto general de índices bajos, como ocurre también en otras ciudades y municipios españoles. Así, una parte mayoritaria de la POI queda relegada a un acceso mayoritario a viviendas degradadas, en barrios o zonas urbanas deprimidas, con dificultades para acceder a mercados de vivienda en mejores condiciones.

Estos espacios de concentración se presentan tanto en barrios desfavorecidos segregados espacialmente, como ocurre en el caso de Ca’ n Anglada, en el que las vías del tren separan físicamente al barrio del conjunto urbano, así como en barrios céntricos con mayor diversidad social, o como ocurre en el caso de Torre-Pacheco, en el que los espacios de concentración pueden hallarse tanto en barrios desfavorecidos integrados con el conjunto urbano, como en diseminados rurales desconectados del conjunto y con carencias de servicios y recursos. En línea con la literatura internacional, pues, en este estudio se confirman las complejas relaciones entre segregación residencial, segregación social y concentración.

Por tanto, uno de los factores fundamentales para explicar la segregación residencial de la POI en España tiene que ver con razones económicas, esto es, con el hecho de que, en gran parte, sea una población de bajos recursos económicos, poco capital simbólico o relacional y poca o nula capacidad de ahorro. Así pues, el contexto de origen de la POI es un factor con influencia, pues determina la clase social de los mismos, así como su origen étnico, lo que condiciona sus posibilidades de acceso a una vivienda digna. En las ciudades y municipios españoles, los barrios, áreas urbanas y/o pedanías, con viviendas y equipamientos degradados, con alquileres baratos y con problemas en el acceso a recursos y servicios, se convierten en zonas de inserción residencial preferente para buena parte de esta POI, convirtiéndose en barrios y zonas estigmatizadas por parte de la población nativa.

La inserción residencial en este tipo de zonas es mayoritaria en los primeros momentos del proyecto migratorio de las POI, aunque en etapas posteriores de regularización de la situación, mejora de la inserción social y laboral o reagrupamiento familiar, la concentración en dichos barrios es también notable, en muchos casos por las dificultades para mejorar sustancialmente la situación económica de la unidad familiar, incluso en casos de permanencia prolongada en el país. Cabe señalar que a la extensión del sistema hipotecario y la desaparición de las regulaciones de los alquileres durante las sucesivas reformas se añade la falta de previsión y provisión pública en España en materia de vivienda. En este sentido, España, junto a otros países del Sur de Europa, se muestra poco eficaz para cambiar los modelos de bienestar y los sistemas de vivienda, anclados en la promoción de la vivienda en propiedad como objetivo prioritario y unos sistemas de protección social de carácter asistencial y de emergencia.

Además, en los dos estudios de caso, la POI adoptó estrategias ante la crisis económica que demuestran las dificultades de acceso a la vivienda del colectivo: ocupaciones ilegales, subalquileres, autoconstrucción, y estrategias que pasan por la venta de propiedades en origen y otros cambios profundos en el proyecto migratorio. Así, ante la subida del precio de la vivienda, gran parte de estas estrategias para capear la crisis devinieron en situaciones de hacinamiento o ilegalidad que han incrementado la percepción subjetiva de la segregación residencial de la POI. Además, dichas estrategias dan lugar a situaciones que alimentan el prejuicio étnico y unas representaciones negativas sobre la POI en España. No obstante, más allá de las verbalizaciones recogidas durante esta investigación que hacen referencia a la existencia de dichas situaciones, es difícil ponderar objetivamente la prevalencia de este tipo de estrategias en los contextos de estudio.

Por su parte, las representaciones xenófobas y racistas que recaen sobre la POI en España se han ido tornando, conforme pasa el tiempo, en actitudes de rechazo sutiles que influyen en la capacidad de la POI para acceder al mercado de la vivienda. Así, los procesos de segregación pueden ser más o menos intensos en función del nivel socioeconómico, pero también del origen étnico y las connotaciones negativas que se atribuyen a dichos orígenes. En particular, en ambos estudios de caso, como ocurre en otras ciudades de España, el inmigrante marroquí es el colectivo de POI más estigmatizado, con peor valoración social y que activa prejuicios con mayor frecuencia, por lo que genera mayor rechazo entre los propietarios de vivienda. De este modo, gran parte de esta población ve mermada la oferta de vivienda a la que tiene acceso como efecto de la negativa de propietarios a aceptar a estos inquilinos o compradores de origen inmigrante.

En suma, la precariedad económica de gran parte de la POI y su situación subordinada en la estructura social y de relaciones intergrupales, ante la ausencia de políticas públicas efectivas, empuja al colectivo a la segregación residencial. Particularmente, en épocas de crisis económica, la capacidad de resistencia de la POI se pone a prueba, teniendo que recurrir a re-arreglos en sus condiciones de vida, poniendo en riesgo su bienestar material, su salud y seguridad por un acceso precario a la vivienda, uno de los componentes con mayor impacto en las condiciones de inclusión social de esta población vulnerable.

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8. Listado de Acrónimos / Siglas

CIS Centro de Investigaciones Sociológicas

ENI Encuesta Nacional Inmigrantes

INE Instituto Nacional de Estadística

ONGs Organizaciones No gubernamentales

OSH Obra Sindical del Hogar

PAU Programa de Actuación Urbanística

POI Población de Origen Inmigrante