Estudios

CIUDAD Y TERRITORIO

ESTUDIOS TERRITORIALES

ISSN(P): 1133-4762; ISSN(E): 2659-3254

Vol. LIII, Nº 209, otoño 2021

Págs. 791-804

https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.209.11

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Alternativas del desarrollo urbano en el contexto del cambio climático: el caso de la Microrregión del Gran La Plata, Buenos Aires, Argentina

Rocío Rodriguez-Tarducci(1)
Olga Ravella(2)

(1)Arquitecta-Doctora en Geografía- Becaria Posdoctoral IIPAC-UNLP-CONICET

(2)Arquitecta, Profesora Consulta Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional de La Plata FAU-UNLP.

Resumen: La emergencia del paradigma técnico económico basado en la informática, nuevas tecnologías asociadas y el cambio climático, modificaron drásticamente las transformaciones económicas y espaciales con efectos relevantes en la estructura social latinoamericana en general, y Argentina, en particular. El aumento de la desigualdad social y el incremento de la migración desde el campo y países limítrofes, se manifestó con mayor intensidad en las capitales del país, donde también se ha visto afectada la estructura socioresidencial y espacial, imposibilitando a un gran porcentaje de la población su derecho a la ciudad. Este artículo analiza la evolución de dichas transformaciones, a partir del análisis de las consecuencias socioespaciales provocadas por el cambio de paradigma, con el fin de proponer alternativas de nuevas formas de pensar las ciudades, para lograr el derecho a la ciudad de todos y cada uno de sus habitantes.

Palabras clave: Planificación urbana; Derecho a la ciudad; Transformaciones urbanas; Desigualdad social

Urban development alternatives in the context of climate change: the case of the Micro-region of Greater La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Abstract: The emergence of the technical-economic paradigm based on information technology, associated new technologies, and climate change, drastically modified economic and spatial transformations with relevant effects on the social structure of Latin America, in general, and Argentina, in particular. The increase in social inequality and the rise in migration from the countryside and neighboring countries, most intensely manifested in the country’s capital cities, where the socio-residential and spatial structure has also been affected, made it impossible for a large percentage of the population to enjoy the right to the city. This article analyses the evolution of these transformations, based on an analysis of the socio-spatial consequences caused by the paradigm shift, with the aim of proposing alternatives for new ways of thinking about cities in order to achieve the right to the city for each and everyone of their inhabitants.

Keywords: Urban Planning; Right to the City; Urban Transformations; Social Inequality

Recibido: 25.09.2020; Revisado: 16.2.2021

Correo electrónico: rociotarducci@gmail.com ; Nº ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4627-3736

Correo electrónico:olga.ravella@gmail.com ; Nº ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0251-1560

Las autoras agradecen los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos, que han contribuido a mejorar y enriquecer el manuscrito original

1. Introducción

El presente artículo reflexiona sobre nuevas ideas para pensar el crecimiento urbano en el contexto de las profundas transformaciones provocadas por el paradigma técnico económico, basado en la informática y nuevas tecnologías asociadas, que afecta tanto a las relaciones sociales de producción, como a la calidad de vida de las ciudades y sus pobladores. Dichas transformaciones modificaron la sociedad industrial hacia la actual sociedad del conocimiento. A partir de estas reflexiones, se propone analizar diversas alternativas relacionadas con el derecho a la ciudad, la integración social, la morigeración de la contaminación ambiental y la adaptación al cambio climático, en la búsqueda de lograr un hábitat más equitativo y equilibrado.

Con la revolución industrial, cada cambio tecnológico modificó las relaciones de producción que se reflejaban en mutaciones de las estructuras económicas y urbano-territoriales, en el funcionamiento de las mismas y en los comportamientos sociales. Asimismo, se configuró un modelo energo-intensivo, tanto productivo como urbanístico, que afectó al medio ambiente, debido al desarrollo insustentable, sobrepasando los límites de determinadas variables esenciales para garantizar el futuro. Estas consecuencias comenzaron a visualizarse a fines de la década de 1960 conjuntamente con la emergencia de los primeros indicios del nuevo paradigma técnico-económico, cuyo factor clave es la microelectrónica barata y las nuevas tecnologías.

Desde la conferencia sobre medio ambiente realizada en Estocolmo del año 1972 y el Informe Meadows sobre crecimiento cero del Club de Roma1, se alertó acerca del deterioro ambiental que devendría si se continuaba con el mismo modelo productivo. En este contexto, se sugirieron medidas y normativas que fueron luego planteadas en foros internacionales sobre ambiente, primero, y cambio climático más tarde, que se sintetizan en la Agenda 2030 del año 20182.

En las últimas décadas, a partir de la profundización del nuevo paradigma técnico económico, se alteraron radicalmente las relaciones de producción de la sociedad industrial, y de éstas, se pasó al mercado y consumismo. Se precisaban así nuevas ideas funcionales al desarrollo del modelo económico, que modificaran drásticamente aquellas formas de producción que requerían alto consumo de los recursos naturales, incrementando los factores que aceleraron el cambio climático, tales como la devastación de la biodiversidad, el extractivismo, la deforestación y el alto grado de contaminación. En ese contexto, fue el capital financiero trasnacional quien planificó y organizó los procesos urbanos, determinando los espacios de cada ciudad, independientemente de su historia y cultura, tratando de quitarle toda especificidad.

El posmodernismo propuso la individualidad como factor esencial del comportamiento de los seres humanos y la necesaria ampliación de nuevos reclamos por intereses particularizados, negando el rol controlador del Estado, el olvido de la historia, y la demanda de particularidad de cada individuo. Se constituyó, así, en la base filosófica del modelo económico y el neoliberalismo,

“una ideología que se basa en la construcción de un sistema justificativo de modelar el conjunto de la sociedad y no sólo de mercado en base a principios individualistas competitivos no solidarios” (Castells, 2019)3.

La incorporación de la robotización y las tecnologías de la información disminuyeron sustancialmente la demanda de mano de obra de baja y/o media calificación, que fue la base del modelo fordista de producción, desplazando el sistema económico a importantes grupos de trabajadores que conformaban lo que se denominó la clase obrera. Estos sectores pasaron a ser parte de los grupos denominados masa marginal desempleada, que sólo podían acceder a trabajos marginales o a subsidios otorgados por el Estado. Esta calificación podría asimilarse a la definida por Marx a mediados del siglo XIX de lumpemproletario, en el contexto del desarrollo de la sociedad industrial. En relación a la problemática laboral en este momento de la historia, la perspectiva de Astarita (1996:35), indica

“que los trabajadores se ven confrontados a nuevos ataques a sus niveles de vida, a la necesidad de oponer a las tendencias del capital una estrategia internacionalista y a resistir las nuevas formas de explotación en desarrollo por el capital, para evitar a la humanidad los horrores que se ven a diario, la desocupación y la miseria, por un lado, la sobreabundancia de capitales y fuerzas productivas no utilizadas por otro lado”.

La denominada masa marginal desempleada, acrecentada por la migración de miles de campesinos y pequeños propietarios expulsados de sus tierras por las grandes agroindustrias, por la agricultura corporativa para la exportación, por la dinámica racional del mercado mundial neoliberal, es la población que actualmente pugna por el suelo de las grandes ciudades en Argentina. Estas poblaciones arriban a un espacio

“que apenas entienden o se pueden permitir, un hábitat que hoy, extrañamente, no es ni significativamente urbano ni claramente rural, sino una mezcla de ambas realidades, una nueva realidad resultado de un fenómeno de empuje-cesión, un círculo vicioso de desposesión que absorbe gente hacia la ciudad y al mismo tiempo escupe a otros de los centros gentrificados, forzando a los pobres urbanos de siempre y a los recién llegados más vulnerables a abrazarse mutuamente en la periferia, allí fuera en zonas delimitadas de marginalización social, allí fuera, en la banlieue global” (Merrifield, 2011:2).

Desde esta lógica surgen las denominadas urbanizaciones informales y las ocupaciones organizadas de tierra, que ya dominan el escenario de la urbanización mundial. Las mismas que Donzelot (1999) con la imagen de la aglomeración de pobres en las metrópolis del mundo lograra sintetizar en el estado de la cuestión urbana a fines del siglo XX.

En Argentina, las denominadas urbanizaciones informales, entendidas como todo tipo de urbanización que no se ajusta a la normativa vigente, se suelen localizar mayoritariamente sobre áreas periféricas, sin el adecuado acceso a los servicios urbanos básicos indispensables, así como sobre áreas degradadas o de fragilidad ecológica, que carecen de los mínimos recursos elementales para la vida urbana (Rodríguez Tarducci, 2020). Del mismo modo, otra modalidad de urbanización, las denominadas urbanizaciones cerradas, vinculadas a sectores con mayores recursos, conviven con la informalidad, ocupando y afectando las mismas áreas de fragilidad ambiental, entre las que pueden mencionarse los humedales. Estas dos modalidades de ocupación del territorio, se han convertido en tema de investigación de distintas disciplinas, analizando exhaustivamente las características sociales, económicas, ambientales, de salubridad, de trabajo, de apropiación, equidad, segregación, marginalidad, derecho a la ciudad y al suelo urbano. En este sentido, el posmodernismo moldea un tipo de pensamiento que atraviesa las ideas sobre el desarrollo urbano, el medio ambiente en general y la vivienda de los sectores populares en particular, y que se traduce en determinar el derecho de los individuos a elegir su lugar de residencia y la forma de su espacio particular.

El neoliberalismo y las organizaciones del Estado, en América Latina en general y en Argentina en particular, comenzaron a gestionar conjuntamente con los sectores privados cuestiones como el uso del suelo en el desarrollo urbano. Determinaron así el crecimiento urbano sin restricciones, como parte de la actuación del mercado y de los requerimientos individualistas y no solidarios de la sociedad, provocando como consecuencia espacios fragmentados, inequitativos, sin las mínimas consideraciones sociales ni ambientales que posibiliten una adecuada calidad de vida.

A partir de las ideas y consideraciones desarrolladas surgen algunas cuestiones sobre los requerimientos económicos, sociales y culturales emergentes del cambio socioeconómico y climático que requieren nuevas soluciones, tanto en el contexto global como local. Desde la visión económica europea, diversos grupos de especialistas plantearon el concepto de renta básica universal como una opción que comenzó a implementarse como planes pilotos en diversos espacios. Con motivo de la actual pandemia, se replantea en el mundo en general, y en Argentina en particular, dicho concepto como un posible camino para resolver la problemática social que devendrá en el futuro. Del mismo modo, otros conceptos son aplicados en algunos proyectos relacionados con la llamada economía circular, como otras de las modalidades planteadas para la resolución de problemáticas sociales. Desde la visión urbanística se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles serían los modelos de organización y crecimiento urbano que responderían a los requerimientos del modelo económico y ambiental actual y que mejoraran la calidad de vida urbana y el derecho a la ciudad? Para intentar dar respuesta a esta pregunta, en este trabajo se ha implementado una metodología basada en la combinación de dos estrategias de tipo cualitativo.

En primer lugar, el análisis de contenido de un corpus documental conformado por un conjunto de material bibliográfico e investigaciones relativas a:

    1. Los emergentes productivos, sociales, económicos que afectan al trabajo y a la calidad de vida de las personas,

    2. Los desarrollos teóricos y análisis de problemáticas socio-espaciales

    3. Los problemas derivados del cambio climático, desde un enfoque interpretativo (Cáceres, 2003:53-82). En segundo lugar, el texto se nutre de los resultados de distintas investigaciones relacionadas con la problemática social, urbana y ambiental, desarrollada por investigadores del Instituto de Investigación y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC), que con distintas metodologías produjeron resultados sobre la interacción entre políticas públicas, desarrollo urbano, déficits habitacionales, la problemática territorial desde el ambiente, la pobreza y la salud.

En cuanto a la organización del presente artículo y para una mejor comprensión del lector, el mismo se compone de cuatro apartados. El primero busca interpretar algunas cuestiones teóricas relacionadas con conceptos como derecho a la ciudad y los emergentes del modelo económico. El segundo busca sintetizar la situación de la región en la que se incluye la ciudad de La Plata, Buenos Aires Argentina, como recorte del área de estudio. El tercero expone algunas de las posibles alternativas para un desarrollo urbano más equitativo y equilibrado. El cuarto y último, presenta las conclusiones a modo de reflexión final y sienta las bases para futuros debates.

2. Una revisión conceptual: El derecho a la ciudad en el siglo XXI

En la última década se retomaron algunas conceptualizaciones que tratan de fundamentar teóricamente la necesidad de la búsqueda de nuevas formas de producción del espacio urbano. Entre ellas, cabe destacar las formuladas por Fernández Wagner (2011:2), en Argentina. Estas proposiciones, sobre la cuestión urbana y el derecho a la ciudad, retoman algunos conceptos ya formulados a finales de la década de 1960 y 1970, con el surgimiento del paradigma técnico-económico actual.

En este sentido, la cuestión urbana desarrollada por Castells (1974), marcó el inicio para explicar la ciudad desde la visión sociológica, en un momento en el cual la sociedad industrial entraba en crisis y se esbozaba el advenimiento de la sociedad informacional. A partir de reacciones puntuales de algunos barrios degradados de París, de los cuales sus habitantes eran expulsados con diferentes estrategias a partir del proceso de modernización, Castells planteó, por primera vez en 1974, que las luchas urbanas por el derecho al suelo constituían una de las formas de producción de la ciudad. Estos planteamientos se constituyeron en el foco central del análisis de la cuestión urbana, aunque no se pensaban respuestas espaciales a las nuevas evidencias socio-económicas. Simultáneamente, Lefebvre (1975), abordó el derecho a la ciudad como el derecho de los ciudadanos a vivir en territorios propicios a la convivencia y ricos en usos diversos, en los que el espacio y los equipamientos públicos sean factores de desarrollo colectivo e individual. El derecho de todos a disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad cultural. El derecho a la ciudad es en Lefebvre el derecho a vivir juntos, a que la ciudad sea el escenario del encuentro para la construcción de la vida colectiva. Un objeto social y al mismo tiempo espacial, colectivo y público, cultural y político; el espacio de la identidad, la participación, la decisión colectiva; el espacio de la experiencia (física, mental, espacial, imaginaria) de/en la ciudad; el espacio de las relaciones ilimitadas en un espacio físico limitado. Asimismo, el autor diferenció los conceptos de hábitat, como el conjunto de funciones, prescripciones, empleo del tiempo, y habitar, como la apropiación del espacio. A partir de estas ideas, en América Latina, Ladizesky & Winograd (1979:25), desarrollaron su tesis sobre el concepto de hábitat como “la conjunción entre las acciones sociales, espaciales, políticas y de gestión de las mismas”. Los autores replantearon el concepto tradicional de vivienda, para ser entendida no como techo o refugio, sino como parte constitutiva de todos los espacios necesarios para que el individuo realice sus actividades durante las 24 horas del día: los espacios laborales, sociales, educativos y culturales.

Desde esta perspectiva, el derecho a la ciudad podría alcanzarse a partir de la formulación de políticas de reforma urbana, tomando como ejemplo las realizadas en Cuba, Bolivia y Colombia. En este sentido, la reforma urbana planteada por Hardoy & Moreno en 1972, proponía lograr los siguientes objetivos:

(i)mejorar la distribución del poder económico y político y de los recursos; (ii) asegurar a la tierra urbana su función social como recurso fundamental de la economía y la sociedad, y no como bien enajenable cuyo valor es determinado por las fluctuaciones del mercado; (iii) lograr una sociedad más integrada y con participación más amplia, sin las limitaciones impuestas por la marginalidad; (iv) formar una estructura espacial nacional conducente al mejor uso de los recursos; (v) facilitar la labor del Estado en la construcción de viviendas e infraestructuras; (vi) suprimir los obstáculos que impiden controlar el adecuado crecimiento de las ciudades, y adecuar su estructura interna a las funciones determinadas en un plan de desarrollo.

Estos planteamientos se basaron en el desarrollo de la sociedad industrial fordista, basada en una amplia demanda de mano de obra y la necesidad de los poderes locales de contar con bancos de tierras a partir de tierras fiscales, la expropiación de tierras vacantes, y esbozos de medidas legales para disminuir el impacto de la creciente especulación inmobiliaria. Sin embargo, estas visiones vinculadas con los planteos del derecho a la ciudad, basados en la crítica de Lefebvre a los grandes conjuntos habitacionales de Francia sustentados en los principios del movimiento moderno, no proponían alternativas físico-espaciales para lograr ese derecho a la ciudad que pregonaban la sociología y filosofía.

Mientras las discusiones se desarrollaban en el ámbito académico global y local, en las décadas de 1960-1970, en Argentina, el Estado construyó diversos planes de viviendas destinadas a sectores de menos recursos. Los modelos urbanísticos utilizados provenían de los principios del movimiento moderno implementados en la posguerra europea. Dichos planes, cuya adjudicación no conllevó un proceso de selección transparente, no lograron alcanzar el derecho a la ciudad en los términos planteados desde la academia. Algunos de esos conjuntos habitacionales concebidos como vivienda-techo fracasaron por diversas causas: en primer lugar, debido a que

“el problema supera a la vivienda y asume complejidad como cuestión por las condiciones particulares del habitar urbano que conjugan un conjunto de bienes y servicios re- mercantilizados, sujetos a una progresiva valorización del suelo y su régimen de posesión y uso exclusivo” (Fernández Wagner, 2011:2).

En segundo lugar, porque dichos planes estaban destinados, fundamentalmente, a grupos socioeconómicamente homogéneos, que dependían de ingresos provenientes de trabajos informales, convirtiéndose en verdaderos ghetos, con todos los problemas emergentes, frente a las reiteradas crisis ocurridas en el país. Otros, en cambio, adjudicados a sectores de clase media se constituyen en la actualidad, como ejemplos del mal denominado urbanismo sustentable. Los fracasos registrados muestran que el derecho a la ciudad y el problema de la vivienda no se resuelven solamente con planes, como reclaman en la actualidad muchos políticos y activistas sociales, entendidos como un techo donde vivir y no como lo que realmente es, un sistema complejo. El derecho a la ciudad, debiera reconsiderarse, ya que se constituyó en un lugar común en el mundo de los estudios urbanos, el planeamiento y la arquitectura, invocado tanto por Harvey como por el Banco Mundial, con intenciones radicalmente divergentes. Surge entonces la pregunta: ¿Cómo ha podido el Banco Mundial domesticar el Derecho a la Ciudad, en un marco de democracia neoliberal, cuando de hecho el programa político específico de Lefebvre, expresado en este eslogan hoy tan popular, era sencillamente cambiar la ciudad para cambiar el mundo (changer la ville, changer la vie!)? En este sentido, ha sido posible despolitizar el derecho a la ciudad y olvidarse de cambiar el mundo, al igual que ha sido posible dar una nueva imagen al concepto hegeliano-marxista de sociedad civil, entendido en términos de lucha social, transformándolo en instrumento técnico para la vanguardia del desarrollo neoliberal (ONGs), o transformar la concepción anarco-socialista de democracia radical devenida en manual de formación, en participación y resolución de conflictos, equiparando una noción descafeinada del derecho a la ciudad con una respetable lista de derechos liberales que han coexistido con el capitalismo más o menos pacíficamente desde las Guerras (Goonewardena, 2011).

A partir de estas consideraciones, el derecho a la ciudad debiera concebirse como un factor esencial de los emergentes del paradigma técnico-económico: circulación y acumulación del capital financiero; la producción industrial agropecuaria y la construcción. Así como los servicios que requieren cada vez menos mano de obra de baja calificación y son suplantados por la informatización y robotización, dimensiones no esbozadas a fines de la década de 1960, y así mismo, incluir la dimensión ambiental en el contexto del cambio climático. Desde esta perspectiva, la vivienda pasaría a constituirse en un problema de acceso al conjunto de actividades indispensables para una digna calidad de vida. Para ello se requeriría pensar en nuevas modalidades de trabajo formal para poder integrar las mencionadas masas marginales desempleadas, que actualmente, de acuerdo al concepto de Mongin (2006), han abandonado la lucha de clases por la lucha por el espacio urbano.

Surgen entonces un conjunto de preguntas que sería importante intentar responder, o al menos, utilizar como disparadores de reflexión: ¿Cuáles serían los factores centrales para pensar el derecho a la ciudad en el contexto del nuevo paradigma técnico económico? ¿Por cuál espacio urbano se lucha? Y en este sentido, ¿Resulta posible organizar una ciudad dónde cada uno pueda elegir libremente el lugar dónde vivir? ¿Cómo se podría compatibilizar el derecho a la ciudad con el derecho a una ciudad más equilibrada económica, social y ambientalmente? Y, por último, una hipótesis central: La reinterpretación de los principios del movimiento moderno son fundamentales para pensar en los nuevos crecimientos urbanos, ya que responden a los requerimientos ambientales, de movilidad, de acceso a la salud, educación, cultura y recreación, cumpliendo parte de los requisitos para lograr el derecho a la ciudad para el conjunto de la sociedad.

Para dar respuesta a estas preguntas, hay que tener en cuenta el desarrollo del debate acerca del derecho a la ciudad, en el contexto global y local. En la década de 1970, el tema central en discusión era el derecho de todos de acceder de manera igualitaria a lo que ofrecía la ciudad. El movimiento moderno modeló esos principios en las propuestas físico- espaciales que incluían: a) Relación entre lo material y lo natural; b) Racionalización edilicia; c) Igualdad; d) El clima como factor esencial; e) Relación entre vivienda y servicios. Estos criterios son los que actualmente, con algunas diferencias, promueve la Agenda 2030. La concreción de esos principios, tuvieron distintos niveles de calidad de las propuestas, que dependieron de la aptitud de cada profesional interviniente, por una parte, y por otra, por la gestión estatal que establecía las normas para la entrega de dichas intervenciones. En la mayoría de los casos no se tuvieron en cuenta la diversidad social, ni la inclusión de los servicios de salud, educación y recreación. Pero en la totalidad de estos emprendimientos, los locatarios tenían un trabajo asegurado. Uno de los derechos a la ciudad, el trabajo, estaba garantizado y con esto, el derecho a la salud y la educación asociadas.

Este escenario cambió radicalmente debido a que la emergencia del paradigma técnico-económico basado en la información, transformó a la ciudad industrial en la ciudad espectáculo, la ciudad del consumo y de los servicios sofisticados, cuyas luces atraen sin ofrecer igualdad de oportunidades. Las crisis ocurridas a partir del cierre de las diversas industrias implicaron la desocupación de miles de trabajadores, como se evidenció en una de las zonas más industrializadas del mundo como la cuenca del Ruhr. A partir de los problemas sociales provocados por los cambios económicos, se declaró la inoperancia de esos modelos espaciales según los principios del movimiento moderno. Surgió entonces una idea vinculada a la necesidad de los grandes capitales de convertir a las ciudades en un nuevo objeto de ganancia, a partir de la no intervención del Estado, en el control del uso de suelo, e impidiendo a diversos sectores de la población habitar en territorios propicios a la convivencia, y ricos en usos diversos, en los que el espacio y los equipamientos públicos fueran factores de desarrollo colectivo e individual. Sin embargo, en estas intervenciones, como por ejemplo el conjunto realizado por Bofill en Marne la Valle, Francia, el diseño no respondían a las características de los franceses, y terminó siendo un gheto de inmigrantes, la mayoría indocumentados. Así, en las últimas tres décadas, mientras desde los organismos internacionales sugerían la implementación de medidas físico espaciales, asimilables al movimiento moderno, las ciudades latinoamericanas, en general y argentinas en particular, fueron desarrollándose, con centros gentrificados, elementos arquitectónicos que no se ajustaban al clima y altamente energo-intensivos.

En las periferias urbanas se concentraron diversos ghetos, de ricos, sectores medios, de bajos recursos y masas marginales desocupadas, sin consideración de las características de vulnerabilidad ecológicas. Los sectores medios se localizaron en áreas alejadas de los centros urbanos por la alta especulación del suelo, y los sectores de bajos recursos, por su parte, limitados a acceder al suelo a través de la ocupación de tierras vacantes en áreas medianamente urbanizadas.

De este modo se evidenció la contradicción palpable entre la propiedad del suelo y la búsqueda de sustentabilidad urbana. Las medidas a implementar se enfrentaban con una cuestión central que constituye la propiedad privada del suelo y la motivación de cada individuo por la propiedad de la vivienda. Una cierta restricción a la propiedad privada es fundamental para evitar determinados problemas derivados de cuestiones climáticas como la necesidad de incrementar áreas verdes, restringir la altura del parque edilicio y del uso de los centros de manzana, la preservación de edificios históricos, etc. Sin embargo, este derecho altamente arraigado en la sociedad argentina, en el marco de un sistema capitalista ampliamente consolidado, impide que cualquier normativa que intente restringirlo sea resistida y violada. Asimismo, el reclamo de quienes ocupan tierras consiste en el título de propiedad, y el mejoramiento de las condiciones de vida. En este contexto, pretender el derecho del conjunto social a la ciudad supone políticas de transformación y de renovación de la concepción urbana, una política global y local que utilice los recursos de la ciencia y del arte (Lefebvre, 1975:139). Cabe mencionar que estas políticas en el marco del actual sistema capitalista, se tornan imposibles.

Desde estas consideraciones, se requiere pensar nuevas formas de crecimiento urbano que evadan los espacios cooptados por el capital inmobiliario. Los nuevos espacios y sus entornos debieran contar con los elementos fundamentales y esenciales que componen la complejidad urbana y a los cuales todos deberían poder acceder.

En primer lugar, se encuentra el derecho a un trabajo digno, cualquier espacio urbano se torna amigable cuando el individuo encuentra en él, un lugar donde desarrollar sus habilidades y/o conocimientos. A partir del trabajo formal que dignifique al ser humano, espacios urbanos pequeños, medios o grandes, pueden ofrecer todos aquellos elementos imprescindibles que requiere la vida urbana como infraestructura necesaria, servicios esenciales y vida comunitaria. En ese sentido, como base conceptual para planificar el futuro del territorio, se toma el argumento de Harvey (2011) que plantea el derecho a la ciudad no sólo como el derecho (de sus habitantes) a lo que ya está en la ciudad, sino también como el derecho (ciudadano y humano) a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto, a crear ciudades que respondan a las necesidades humanas. A partir de estas consideraciones se formularon criterios, sobre los que se tendría que pensar el futuro crecimiento socio-económico y demográfico, para un caso concreto de estudio, la Microrregión del Gran La Plata, y su implementación físico-espacial.

3. Caracterización del caso de estudio, la Microrregión del Gran La Plata

La denominada Microrregión del Gran La Plata (Fig. 1) corresponde al conglomerado urbano que forma parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e incluye a los Partidos de Ensenada, Berisso y La Plata (capital de la Provincia de Buenos Aires). Entre los tres partidos suman 890.000 habitantes, aproximadamente, según estimaciones propias basadas en los porcentajes de crecimiento de los últimos cuatro censos nacionales, y de los padrones electorales de 2019.

Fig. 1/ localización geográfica del Gran La plata

Fuente: Elaboración propia, Sig Rodriguez Tarducci.

Desde la perspectiva socio-económica, la Microrregión se define por un significativo peso del sector terciario, en particular, el sector de la administración pública, concentrado fundamentalmente dentro de los límites del casco urbano de la ciudad planificada de La Plata. Dado el carácter de capital provincial, sede de la Universidad Nacional de La Plata y de numerosas entidades empresariales y financieras, también se caracteriza por la importancia de grandes industrias de las ramas metalmecánica y petroleras emplazadas sobre el área portuaria: la destilería y petroquímica Repsol-YPF, astilleros Río Santiago y siderurgia SIDERAR, así como también polo de investigación y desarrollo en distintas especialidades.

Desde la perspectiva de las fuentes laborales, la situación es muy compleja. Dada la incorporación de las nuevas tecnologías, los puestos de trabajo - de cuello blanco -, bancarios, administración pública, se han visto drásticamente disminuidos. Un ejemplo que da cuenta de la situación, lo constituye uno de los bancos importantes de la ciudad: el Banco Provincia. El banco pasó de contar con 25.000 empleados en 2001, a sólo 5.000 en la actualidad, lo que se verifica en el edificio de la sede central, que abarca una manzana del centro de la ciudad y solamente se utiliza un pequeño sector del mismo. Asimismo, se disminuyeron puestos de trabajo en las principales industrias. Por el contrario, se verifica un aumento importante de empleos en la Universidad Nacional de La Plata que cuenta con 100.000 alumnos y diversos e importantes centros de investigación. A partir de la promoción de la investigación a mediados de la década de 2000 se incrementaron los investigadores, becarios y personal de apoyo, lo que constituye una fortaleza en el contexto de la sociedad del conocimiento.

Desde la perspectiva físico-espacial, el casco histórico de ciudad fue planificado en 1882, según criterios higienistas y de la modernidad, a partir de dos tramas: una ortogonal y una de diagonales que confluyen en la plaza central. Diversas avenidas y amplias calles arboladas son limitadas por una circunvalación de 90 metros de ancho con un parque lineal en todo su recorrido. Por fuera de los límites, un área para el cultivo hortícola que atrajo a productores japoneses y portugueses fundamentalmente, posibilitaron el desarrollo de una importante actividad económica en una de las tierras más ricas de la provincia. La red ferroviaria, que unía la ciudad con la capital del país, posibilitó la planificación de tierras en las diversas áreas vinculadas a estaciones del mismo, inmediatas a la ciudad, sobre terrenos otorgados a personajes vinculados con la política de aquel momento. Es así como surgieron lo que hoy se constituyen en las ciudades jardín de Villa Elisa, City Bell y Gonnet, que en un principio se destinaban a las viviendas de segundas residencias de los habitantes acaudalados de la ciudad.

Estas características y la inclusión temprana de las redes sanitarias básicas, así como una red tranviaria y ferroviaria, determinaron que la ciudad se constituyera en lo que hoy se denomina urbanismo sustentable. Esta situación se fue degradando con la instalación industrial que llevó a que la ciudad fuera una de las más contaminadas de Argentina.

Por otra parte, el crecimiento de población se fue localizando en las periferias inmediatas, a partir de loteos sin infraestructura básica, ni servicios de salud, educación o recreación. Por lo cual, la ciudad se fue configurando en una zona norte de nivel económico alto y medio alto y un sector sur de población de nivel económico medio y medio bajo. Es en estas periferias sur y suroeste donde se concentraron las mayores localizaciones de urbanizaciones informales, fundamentalmente sobre las márgenes de los múltiples arroyos que atraviesan la Región.

A partir de 1990 las enormes y rápidas ganancias producidas por las nuevas formas de producción de bienes y servicios derivaron a las inversiones financieras en el sector inmobiliario que, conjuntamente con la liberalización del mercado de tierras, promovieron distintas configuraciones urbanas: las urbanizaciones cerradas en las periferias rurales, posibilitadas por la inexistencia de una política productiva efectiva que compensara los mayores valores del suelo; apartamentos para las clases medias en áreas renovadas de los centros urbanos; apartamentos unifamiliares de menores dimensiones destinados fundamentalmente a los estudiantes del interior del país, y el crecimiento de las urbanizaciones informales en las periferias. Estas últimas que comenzaron a extenderse y densificarse a partir de la década de 1990, verifican un crecimiento exponencial a partir de 2001, primero por la expulsión de mano de obra como producto de la crisis de ese año, y luego debido al incremento de la migración interna y externa a partir del 2003, cuando inició el proceso de recuperación económica.

Cabe mencionar que, según el censo de vivienda y población (INDEC) del año 2010, los sectores sociales de menores ingresos tienen una mayor tasa de crecimiento vegetativo (3,4% contra 1,2% o menos de los grupos de mayores recursos). Asimismo, cabe destacar que entre el 10% y el 20% de la población argentina se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

En cuanto a la ocupación del suelo, cabe mencionar que cerca del 20% de la población (aproximadamente 200.000 personas) habita en tierras que han sido inicialmente tomadas dentro de la Microrregión, localizadas sobre áreas catalogadas como de riesgo ambiental.

En definitiva, la Microrregión del Gran La Plata registra un cambio sustancial, incrementando la fragmentación social y espacial, en palabras de Santos (1993: 69-67), con áreas luminosas y oscuras, ambas en crecimiento y densificación, sin planes de modernización y ampliación de las redes de servicios básicos, así como tampoco de los espacios públicos y los sistemas de transporte. La expansión urbana sin planificación, es el principal factor que contribuye a generar espacios degradados. De este modo un proceso cíclico natural, se transforma en un evento degradativo de bienes materiales y culturales por desinformación y/o transgresión de pautas correctamente establecidas. (Jensen & Birche, 2019). Esta forma de construir el espacio incentiva la lucha por el suelo urbano, de la masa marginal, en sus distintas tipologías, y se traduce en la toma indiscriminada de tierras, como se mencionó, en muchos casos en áreas de riesgo ambiental, sin que se produzcan restricciones ni regulaciones a estas localizaciones. Estos grupos sociales tienen distintos orígenes pudiendo sintetizarse en quienes provienen de: a) Expulsiones de asentamientos rurales por las nuevas formas de producción agropecuaria concentrada en grandes grupos económicos, b) Búsqueda de mejores condiciones de vida desde otras regiones del país y países limítrofes y c) Nuevos migrantes ambientales, expulsados por la transformación del territorio debido al cambio climático, una tendencia que se profundizará en los próximos años.

En este sentido, y desde la perspectiva ambiental, cabe mencionar que tanto las masas marginales, muchas veces desempleadas, así como los sectores pertenecientes a grupos sociales con mayores recursos económicos representados en las urbanizaciones cerradas, producen su espacio de forma insustentable. Estas tipologías alejadas de las pautas y criterios establecidos en los distintos foros internacionales sobre el ambiente, la sustentabilidad y el cambio climático. Ambas formas de urbanización contribuyen a la insustentabilidad social, económica y ambiental, provocando graves problemas no solamente a nivel local, sino también regional. En los primeros, sin ningún tipo de infraestructura, sin acceso a servicios sociales básicos y con técnicas constructivas y de ocupación del territorio que provocan degradación ambiental. Los segundos con infraestructuras de evacuación de residuos residenciales, agua potable y gas independientes de las redes urbanas y servicios de educación, comerciales y sociales aislados. Algunos de los problemas causados por el cambio climático se visibilizan en la Microrregión del Gran La Plata desde la década de 1960 con la implantación de la petroquímica vinculada a la destilería de petróleo que afectan, actualmente a pesar de la incorporación de tecnologías, a la contaminación de las aguas de los arroyos que confluyen en el Río de La Plata, así como también de las napas subterráneas, y fundamentalmente, del aire. El incremento del uso del transporte automotor (Ravella & al., 2004) y el crecimiento de las periferias, se constituyó como otro de los elementos que contribuyeron a la contaminación ambiental y al funcionamiento urbano. La transformación de la producción hortícola con la utilización de invernaderos se considera otro de los factores que contribuyen a provocar las constantes inundaciones que afectan al conjunto social, y más severamente a todas las poblaciones marginales localizadas en los bordes de arroyos y en áreas de humedales. El riesgo de peligrosidad hídrica elaborado por CISAUA4,en el año 2016, indica altos índices para grandes zonas del área costera de la Microrregión, que podrían llegar a inundarse debido al crecimiento del nivel del mar.

Estas problemáticas de las inundaciones y de los sectores marginales no pueden ser resueltas únicamente por costosísimas obras de ingeniería, se requiere volver a pensar en una planificación integral del territorio ampliado, y de normativas restrictivas que impidan la proliferación de loteos sin criterios bioambientales.

En síntesis, la actual densificación del casco urbano histórico de la ciudad, no debería realizarse a partir de la construcción de edificios de más de 10 pisos de altura en lotes de 10 por 30 metros, en una ciudad pensada para una densidad media de no más de 4 metros de altura. La inexistencia de un plan de ampliación de la infraestructura de agua y cloacas hace inviable dicha densificación. Debido a la demanda de apartamentos pequeños para estudiantes, estas viviendas se hacen invivibles para una familia de tres personas. Con estas tipologías, la ciudad pierde poco a poco el espacio verde por persona del origen, al ocuparse los centros de manzanas, y provocando incremento de la contaminación, ya que no se realizan con los mínimos requisitos de la conservación de la energía (Rosenfeld & al., 2003). Por otra parte, la especulación inmobiliaria lleva a la ocupación de terrenos de alto valor productivo para la realización de urbanizaciones cerradas, y las urbanizaciones informales, persisten sin las posibilidades de crecimiento ni de urbanización adecuada. Estas son algunas de las situaciones de mayor criticidad que se enfrentan en la actualidad, y que requieren nuevas formas de pensamiento para el desarrollo de la Microrregión.

4. Posibles alternativas de desarrollo urbano para la Micorregión del Gran La Plata

A partir de lo expuesto en el apartado anterior, se presentan algunas ideas que debieran considerarse implementar a la hora de abordar los planes urbanos, aplicados al caso de estudio. Las mismas consideren estrategias diseñadas en función de las características de cada lugar, incorporando acciones que posibiliten a los sectores sociales, incluidas las masas marginales desempleadas, alternativas de localización. De este modo, sería posible alcanzar el derecho a la ciudad y evitar el crecimiento de la insustentabilidad.

En este sentido, se propone la intervención del Estado planificando el desarrollo económico y el crecimiento urbano sobre las siguientes bases conceptuales:

1. Superar la idea del empleo asalariado industrial y promover la creación de empleos ambientales, sociales y culturales (Gorz, 1985 en Bursztyn, 2010:64).

Es necesario comprender la lógica del paradigma técnico- económico imperante sobre el tipo de trabajo asociado, que ya no es el que fuera funcional al desarrollo de la sociedad industrial, restringido a pocos sectores que requieren cada vez mayores conocimientos y capacitación. Deben concebirse, entonces, de acuerdo al planteamiento de Gorz (1985), nuevas formas de trabajo vinculadas a tareas que contribuyan a superar las tres crisis que emergen en el escenario mundial actual: energética, alimentaria y ambiental, en el contexto del cambio climático. Dichas tareas, entre otras, deben ser realizadas a través de la creación de trabajos ambientales formales de distintos grados de capacitación que contribuyan a la inserción social y a enfrentar los desafíos que provocan los efectos producidos por el cambio climático. Se pueden mencionar, a modo de ejemplo, redes digitales de alta capacidad, centros de I+D que capaciten en nuevas formas de trabajo y/o favorezcan la transmisión de información y conocimientos tanto tácitos como explícitos a las empresas e instituciones urbanas, o el acceso a la energía renovable. Asimismo, la incorporación de tareas vinculadas al mantenimiento, el manejo y la gestión de los recursos.

2. Promover una estructura espacial nacional conducente al mejor uso de los recursos y una distribución poblacional que favorezca una organización territorial, económica, social y ambientalmente equilibrada, colaborando en la mejor distribución del poder económico y político y de los recursos (Hardoy, 1972: 83-100).

El segundo punto planteado se vincula con una nueva forma de concebir la economía a partir del ambiente, como elemento central del desarrollo económico y aprovechando racionalmente los recursos de cada región. Un desarrollo que debe abordarse desde una lógica diferente a la del capitalismo, puesto que todas las acciones que tiendan al mejoramiento de los espacios degradados y/o a la recuperación de los mismos, producen valorización de los suelos, mientras que la pérdida de calidad de los mismos socava los cimientos de los actuales actores productivos. Desde esta perspectiva es necesario esbozar planes que impliquen el desarrollo económico y la posibilidad de inversiones redituables en base a propuestas que preserven la vida del planeta. Algunas de esas propuestas tienen que ver con acciones como la forestación de áreas degradadas, la creación de nuevos centros de producción de alimentos orgánicos, la preservación y/o producción y manejo del paisaje en áreas de vulnerabilidad ecológica. Estas nuevas formas de producción a partir de la sustentabilidad ambiental, traen asociadas otras actividades fundamentales como la investigación, capacitación a distintos niveles, nuevas formas de comercialización, planificación y la gestión de las acciones, mencionadas en el punto primer punto. Estas consideraciones se complementan con las propuestas para promover nuevas formas de trabajo, a partir de centros de capacitación.

3. Limitar el crecimiento caótico e insustentable, a través de superar la idea de ciudad como un determinado espacio delimitado, y entender al territorio conformado por redes de nodos urbanos de diferentes escalas vinculados por sistemas de transporte racionales.

En cuanto al tercer punto, se considera la creación de nuevos nodos urbanos y la revitalización de aquellos que han sido abandonados por diversas causas, en función de los emergentes económicos abordados en el punto dos. Estos nodos, a través de la existencia de los elementos de la calidad de vida, el trabajo formal y los servicios básicos, atraerían población, quitando la presión actual de crecimiento irracional en las periferias. Dichos nodos organizados en red permitirían contar con servicios de mayor complejidad y mejor calidad en salud, educación y cultura. Este modo de abordaje produciría mayores posibilidades de innovar en la forma de encarar el crecimiento urbano al analizar las funciones que pueden incorporarse, ampliando y diversificando la base socio-laboral. Resultaría posible incorporar así el policentrismo a diferentes escalas, que además de promover la dinamización, podría ser capaz de ejercer la importante función de concentrar determinados servicios y equipamientos para aproximarlos a las áreas rurales y mejorar la calidad de vida en estas últimas. Ello implicaría pensar no sólo en la vivienda, sino también en conexiones necesarias para dotar a este conjunto de establecimientos humanos de diferentes tamaños de redes digitales de alta capacidad, acceso a servicios de salud y educación especializados de calidad, la posibilidad de contar con acceso a redes materiales e inmateriales necesarias para asegurar su integración, y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Esto quiere decir, implementando programas que promuevan, como se hizo en varios países, la aventura de crear nuevos espacios de vida.

En la misma línea se podrían plantear nodos urbanos en los cuales las viviendas estén vinculadas a nuevas formas de trabajo, incluyendo algún tipo de renta básica universal, tanto en la producción de alimentos, de medicamentos, de tecnología, arte, nuevas energías, en el cuidado del ambiente y la atención de la creciente cantidad de ancianos, así como la capacitación y atención de niños y jóvenes de los estratos de menores recursos económicos. Del mismo modo, debieran plantearse nuevas formas de turismo, que incentiven el conocimiento de la historia y el paisaje, entendiendo para el caso de La Plata, ya no solo la ciudad histórica con su centro consolidado y sus periferias, sino pensando en la vinculación con espacios específicos del territorio, ya sea por su particularidad productiva, paisajística o histórica. Por último, una red de asentamientos humanos que podría vincularse a través de una gobernanza multinivel, permitiría una mejor integración en los distintos niveles de la administración pública que confluyen en la ciudad. Desde esta perspectiva, resulta importante explorar modos de organización que establezcan cauces formalizados para la gestión de los asuntos de interés colectivo, así como sistema de innovación regionales y locales con participación de los diferentes actores implicados.

4. Desarrollar diversos modelos físico-espaciales sobre la base de asegurar a la tierra urbana su función social como recurso fundamental de la economía y la sociedad, y no la de un bien enajenable cuyo valor es determinado por las fluctuaciones del mercado (Hardoy, 1972: 83-100).

Estos modelos deberían posibilitar la inserción social en un espacio preparado para la localización de las actividades de forma equilibrada, considerando que la cuestión social debe acompañarse de una adecuada base físico-urbanística. Este punto plantea que la concepción urbanística de los nuevos nodos poblacionales y/o la ampliación de ciudades pequeñas y medias debiera basarse en los principios del movimiento moderno: a) Relación entre lo material y lo natural; b) Racionalización edilicia; c) Igualdad; d) El clima como factor esencial; e) Relación entre vivienda y servicios. Desde la perspectiva de la producción espacial, los resultados dependen fundamentalmente de las ideas y creatividad de los proyectistas, quienes debieran incorporar distintas configuraciones morfológicas que posibiliten el asentamiento de poblaciones con diversas características socio-económicas, e incluir cuestiones tales como: a) La infraestructura básica pensada en base al ahorro y utilización de energías renovables en edificios, en la iluminación del aglomerado y en la provisión de agua potable; b)Recolección inteligente de basura, sistemas adecuados de tratamiento de aguas negras y residuos; c) Superficies de espacios públicos y áreas verdes en función de la cantidad de población y de la velocidad esperada de crecimiento; d) Áreas de producción de alimentos frescos para evitar los grandes trayectos; e) Diversas modalidades de construcción de las viviendas en base a un modelo de arquitectura bioclimática (a través de la implementación de créditos blandos, planes sociales, cooperativas, etc.); f) Nuevos tipos de viviendas adecuadas para familias monoparentales vinculándolas con personas mayores a partir cocinas, lavaderos, salas de estar comunes, etc.; g) Establecimiento de servicios básicos de salud, educación, cultura y deportes; h) Incluir algunas pautas, para evitar la implementación de formas de especulación de un suelo valorizado por las inversiones del Estado, corporaciones mixtas, cooperativas o entidades privadas, proceso que actualmente tiene lugar, no solamente en las zonas formales de la ciudad, sino también en las informales. Lo expuesto trata de pensar en urbanizaciones en las que muchos de los principios del movimiento moderno puedan implementarse. Dicha tarea no resulta sencilla dada la complejidad existente en el contexto de los diversos grupos sociales distribuidos en las periferias, que no harán fácil la tarea de lograr ciudades más equitativas, inclusivas y organizadas. Desde esta perspectiva, sociólogos, antropólogos, psicólogos, psicoanalistas, politólogos, tendrán que formar parte de la concepción y establecimiento de nuevos asentamientos humanos, ya que de acuerdo a los resultados de las investigaciones realizadas en urbanizaciones informales por Rodríguez Tarducci (2020), para cuestiones como la relocalización de grupos marginales, se requiere un trabajo interdisciplinario para lograr que las personas se decidan a cambiar de lugar, aún con la expectativa de mejores perspectivas de calidad de vida urbana.

5. Determinar las dimensiones que definan el concepto de necesidades indispensables para el desarrollo integral del individuo y el grupo.

El último punto incluye las dimensiones que definen el concepto de necesidad, pensadas para encontrar el equilibrio en la calidad de vida de la población lejos de la actual euforia consumista que pretende ser alcanzada por toda la sociedad. Revertir esta conducta es un tema de gran complejidad pero que también es parte del derecho a la ciudad. Entre esas necesidades debería incluirse la implementación de un conjunto de acciones tendente a crear en los individuos la conciencia social y urbana, la disciplina del trabajo, del estudio y del cuidado del ambiente. Estas acciones resultan indispensables, puesto que la erradicación de los problemas derivados de la marginalidad, de la falta de una cultura del trabajo sistematizado, sin disciplina de estudio y sin hábitos de urbanidad, no se resuelven con el solo hecho de poseer un espacio urbano. En este sentido, el ex presidente de Bolivia, Álvaro García Linera, consideraba que el mejoramiento económico-social de los sectores marginales debiera acompañarse con un proceso de educación cívico-político, indispensable para la integración consciente. Estas propuestas podrían incluirse en las estrategias de planificación del desarrollo urbano territorial, y ser abordadas desde tres niveles jurisdiccionales:

1. El nivel nacional debe formular los lineamientos para el desarrollo económico equilibrado; 2. El nivel provincial debe implementar las acciones para cumplimentar lineamientos expuestos desde el nivel nacional y 3. El nivel local debe formular el plan de desarrollo urbano correspondiente y las normativas de usos de suelos asociados.

A partir de la experiencia de los escasos resultados que se han obtenido a lo largo de la historia de la planificación de las ciudades y de la imposibilidad de aplicación de normativas y legislaciones, muchas de las cuestiones planteadas anteriormente parecerían tener poca posibilidad de aplicación. Sin embargo, en la actualidad donde deben enfrentarse los problemas ambientales, la crisis económica global y el crecimiento de la pobreza a nivel mundial, algunos de estos criterios se impondrían como parte de la resolución de dichos problemas. Se contraponen así dos cuestiones centrales: por una parte, el objetivo de alcanzar ciudades más equilibradas, y por otra, la necesidad de lograr el derecho a la ciudad de todos.

En base a los criterios expuestos, algunas ideas se están intentando implementar en una propuesta de desarrollo integral para la Microrregión del Gran La Plata. Por una parte, en base a la desocupación de varios sectores de trabajadores formales y dados los requerimientos de personal para empresas internacionales, que pagan aquí salarios más bajos, sería necesario ampliar la formación de jóvenes en unos de los requerimientos básicos: el idioma inglés, y manejo de programas de computación y teletrabajo. Por otra parte, a partir de la gran cantidad de personas desocupadas o con trabajos precarizados, se debieran organizar capacitaciones en diferentes actividades. Entre ellas las relacionadas con la forestación de los espacios, que constituye uno de los requisitos fundamentales para disminuir la insustentabilidad urbana, a través de la investigación, producción, implementación, mantenimiento, o de nuevas producciones hortícolas, sin agroquímicos.

Asimismo, la capacitación en las diversas áreas de la producción, ejecución y mantenimiento de las viviendas y sus sistemas. Para ello se requeriría que la Universidad de La Plata, como ya lo está concretando en algunas periferias, organizara centros de capacitación en distintas poblaciones pequeñas de la región ampliada. Actividades que podrían ampliarse con la organización de áreas de producción orgánica y de investigación de nuevas especies en dichas poblaciones. De este modo podrían constituirse como nuevas centralidades que atraigan a la localización de nuevos habitantes. Para el casco histórico de La Plata, se plantea la recuperación de los principios de su origen, por una parte, la idea de las grandes avenidas forestadas, adecuándolas a la incorporación de los distintos medios de transporte público, privado, bicicletas y peatones. Por otra parte, promover el crecimiento poblacional en las tierras vacantes de la periferia inmediata, pero vinculadas a las mismas con diseño que tome los principios del movimiento moderno, basándose en los conjuntos habitacionales existentes, que, de acuerdo a investigaciones realizadas, se constituyen en ejemplos de urbanismo sustentable (Álvarez, 2007).

La mayoría de las urbanizaciones informales en la Microrregión, cuyo crecimiento vegetativo alcanza 3,1% anual en relación al 1,2% del promedio nacional, sin posibilidades ninguna de agregar servicios, ni de densificarse o ampliarse, requiere pensar nuevas áreas de localización en base a los planteamientos realizados anteriormente. Para ello se están evaluando diversas posibilidades. Algunas áreas vacantes sin valor productivo pero vinculadas a áreas de alta productividad podrían llegar a pensarse en una urbanización con todos los servicios requeridos, vinculados a huertas comunitarias, actividades diversas y organizadas con autoconstrucción, que requerirían, además, la incorporación de espacios para la capacitación, la gestión, la producción de los elementos requeridos, tanto de la edificación como de los sistemas de energía no convencional. Otra posibilidad consiste en localizar nuevas urbanizaciones en poblados rurales cercanos, vinculados con transportes inteligentes.

Las ideas planteadas anteriormente parecerían utópicas, aún más en el contexto económico y político local, pero los problemas complejos de la actualidad exigen innovar hacia propuestas integrales que superen las concepciones del desarrollo por partes desintegradas de la totalidad urbana.

5. Reflexiones e ideas finales

Las actuales ideas sobre el derecho a la ciudad, siguiendo a Goonewardena (2011), terminan en una lista de derechos liberales que han coexistido con el capitalismo más o menos pacíficamente desde las guerras, y aun así, estos derechos, ni siquiera pueden obtenerse en las grandes ciudades con el actual crecimiento urbano indiscriminado, el aumento de la pobreza y la indigencia, agravados por el deterioro ambiental, provocados por la falta de aplicación de los criterios de sustentabilidad expuestos por la Agenda 2030. Al respecto, es necesario concebir el futuro de modo tal que puedan preveerse, en un contexto de incertidumbre, determinados principios y criterios que guíen un desarrollo económico armónico del territorio y un crecimiento urbano más equilibrado, con los mismos derechos y obligaciones para el conjunto de la sociedad. La ciudad ya no puede pensarse aisladamente en los límites de su actual configuración, es el territorio que debe concebirse como totalidad, donde las ciudades actuarían como nodos de una red organizada según diferentes roles y a partir de nuevas alternativas urbanísticas en el marco de las crisis energética, ambiental y alimentaria. Planificando el territorio y creando colectivamente nuevas formas urbanas, podría afrontarse el crecimiento y desarrollo de los asentamientos humanos, para que el conjunto de la sociedad alcance el derecho a una ciudad real, y no al espectáculo promovido en esta etapa del capitalismo. En este mismo orden y dirección, planes de vivienda proyectados o ejecutados en la actualidad parecen carecer de una visión sistémica, agravando problemáticas crecientes observables en las ciudades, tales como déficits de infraestructuras, de áreas verdes suficientes para equilibrar la creciente ocupación del suelo, que aumenta los riesgos de inundaciones, así como localizaciones en áreas de alta vulnerabilidad ecológica y valorización de los suelos, con consecuencias que afectan a la sociedad en su conjunto, tanto social como económicamente.

En este sentido las políticas habitacionales deberían necesariamente ser parte integrante de políticas territoriales de desarrollo económico y social. Las inversiones surgidas de la política económica de un país no pueden visualizarse sin su correspondencia territorial, y las políticas habitacionales constituyen uno de los productos derivados, si se pretende que la vivienda encuentre su fin original y final. Se resolvería, de esta forma, el derecho a la ciudad en tanto construcción y modificación social del espacio urbano, y una distribución del suelo menos inequitativa, con un objetivo integral que posibilite el ascenso social y cultural del conjunto de la sociedad, evitando la localización indiscriminada de nuevos habitantes, fundamentalmente cuando se trata de migraciones grupales.

La inexistencia de estos criterios básicos en un plan urbano-regional banaliza cada una de las propuestas sobre planes de vivienda en las grandes ciudades y se convierten en una expresión de deseo, que lejos de soluciones, crearán nuevos y complejos problemas sociales. Desde esta perspectiva el derecho a la ciudad:

“tiene que plantearse, no como un derecho a lo que ya existe, sino como un derecho a reconstruir y recrear la ciudad como un cuerpo político socialista con una imagen totalmente diferente, que erradique la pobreza y la desigualdad social, y que cure las heridas de la desastrosa degradación medioambiental” (Harvey 2011:202),

y pasar a ser el derecho a un espacio del territorio donde se ofrezcan mejores condiciones para el desarrollo grupal y personal, a través del esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad y la ética, donde el trabajo, la cultura y las actividades comunitarias sean más importante que la búsqueda del consumo sin sentido, y que, además, se utilicen inteligentemente los recursos naturales, ahorrando y recomponiendo la lógica degradación que toda acción del hombre provoca.

En definitiva, se trata de un espacio en el cual sea posible recuperar la antigua relación del hombre y la naturaleza, no para dominarla, sino para alcanzar una convivencia que beneficie a las nuevas generaciones. Es en torno a la necesidad de modificar las actuales condiciones de la economía, así como la cultura política de la población, donde se requeriría que el poder político y las organizaciones sociales comenzaran a plantear propuestas que incluyan algunos de los principios del socialismo, que fueron los reclamos de la sociedad a principios del siglo XX.

La cuestión urbana en el siglo XXI no está relacionada, solamente, con la lucha por el suelo en las grandes ciudades, en las cuales será cada vez más difícil encontrar la libertad de crecimiento cultural y económico, sino por la lucha por un espacio en nuevas configuraciones urbanas en las cuales sea factible encontrar un futuro más digno, equilibrado, integrado y en relación con la naturaleza.

Algunas de estas conclusiones, si bien fueron concebidas previas a la pandemia del coronavirus, están en consonancia con los planteamientos que se exponen en distintos foros sobre densidades, espacios libres, formas de movilidad, distanciamiento físico de personas. Esto conlleva a la necesidad de varios replanteos, entre ellos el transporte público, que se constituye en un problema frente a la necesidad del distanciamiento físico, o el tipo de vivienda mínimo y básico que debiera utilizarse, y las nuevas formas de turismo. No era, y no será suficiente con dotar de agua o cloacas a las urbanizaciones informales, ya que éstas no pueden continuar creciendo y densificándose como ocurre en la actualidad. Es fundamental encontrar dónde y cómo atraer a las personas a otros espacios que permitan realmente la posibilidad de integración, y esto supone modificar formas de pensar y actuar.

Las propuestas realizadas en este artículo se encuentran en contraposición con las políticas neoliberales imperantes en este mundo globalizado y podrían considerarse como una utopía, como también lo fue la idea del movimiento moderno en su época. Pero a pesar de su fracaso, muchos de sus principios continúan vigentes en la actualidad, como sucede con muchas cuestiones que se producen, que resultaban impensables. Por lo antes expuesto, y para finalizar dejando abierta la reflexión, una última frase de Harvey (2011:65-66):

“Algo distinto tiene que ocurrir y ocurrirá, ya que el sistema entraña esta contradicción interna que creo puede resumirse mejor por medio de la siguiente idea: en la actualidad, el capital se ha vuelto demasiado grande para fallar, pero se ha vuelto demasiado monstruoso para sobrevivir”

y los efectos de la actual pandemia de COVID-19 le dan la razón.

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1 Los límites al crecimiento ( The Limits to Growth) es un informe encargado al MIT por el Club de Roma que fue publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo. La autora principal del informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Meadowsbiofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas.

2 Agenda 2030: https://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/

3 Conferencia en Valparaíso. Puerto de Ideas.

Noviembre 2019.

Disponible en

https://www.youtube.com/watch?v=q9blcS9bxO0

4 CISAUA. Centro de Investigaciones de Suelos y Aguas de Uso Agropecuario.

https://www.fcnym.unlp.edu.ar/articulo/2012/6/28/igs_cisaua