Al calor de este proceso se desarrollaron debates de envergadura explorados en el presente trabajo. Su inicio podría fijarse a la altura de 1910-1911, con la formación de la Mancomunidad de Municipios Limítrofes entre Madrid y las principales localidades de su cintura (El Pardo, Fuencarral, Hortaleza, Barajas, Chamartín de la Rosa, Canillas, Canillejas, Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Carabanchel Alto y Bajo, Leganés, Getafe, Villaverde, Vallecas y Vicálvaro). Pese al carácter fallido de esta fórmula, revelaba la intencionalidad de crear una agrupación intermunicipal para finalidades concretas sobre la que ya existían idearios justificadores desde las leyes municipales de 1870 y 1877 (Gifreu, 2015). La Mancomunidad evidenciaba la conveniencia de apostar por una solución federativa entre la capital y sus municipios colindantes, equiparable a soluciones planteadas en Londres, París y Berlín dentro del marco de emergencia del concepto de “aglomeración urbana”.

De los debates sobre la Mancomunidad se transitaría a los correlacionados con la anexión. Varios son los aspectos de interés que reviste el análisis de este segundo punto. En primer lugar, el estado de opinión que se gestó con respecto a la fórmula, rastreado a través de una prensa que amplificó sus referencias sobre los “pueblos de la cintura”. En segundo término, las fricciones que el concepto de anexión motivó en el gobierno municipal de Madrid y en el marco de relaciones que este abrió con el Gobierno Civil. En tercer lugar, las variaciones que la justificación de la anexión observaría en función del contexto analizado, ora conectada con el propósito de avanzar hacia lo que se definió como “el Gran Madrid del mañana”, ora ligada con la búsqueda de soluciones para el paro forzoso en la etapa republicana. Finalmente, no podemos olvidar la trascendencia de acercarse al estudio de los actores que, ya durante el franquismo, se verían afectados por la anexión. Lejos de ser los convidados de piedra que fueron entre 1948 y 1954, las actas de los plenos de los municipios colindantes de Madrid y su documentación administrativa demuestran que emitieron sus percepciones, interpretaciones y su sentir sobre un proceso anexionista que requería su aquiescencia.

2. El nacimiento de la idea de la Mancomunidad de Municipios Limítrofes en el marco de renovación del gobierno local de Madrid

“En Madrid se advierte la carencia de un elemento indispensable para la vida moderna de gran Capital. Madrid carece de alrededores bellos (…). Es indispensable que esos alrededores, hoy lánguidos y misérrimos, adquieran relieve para que se advierta en ellos la proximidad de una gran urbe, y únicamente se conseguiría llevando a esos campos y esos municipios la fuerza impulsora de la capitalidad, en forma de planes y cooperación para el trazado, construcción y reparación de vías públicas, caminos y carreteras (…) el agua, el fluido eléctrico en gran proporción para fuerza y para alumbrado, como irradiación de nuestra Villa; la guardería de policía, los ferrocarriles económicos y los tranvías, el cultivo de jardines y plantaciones, las reglas y ordenanzas modernas de construcción, los servicios de desinfección y de policía sanitaria, el alcantarillado (…) y tantos otros servicios que actualmente, en los pueblos limítrofes, no pueden implantarse por la imposibilidad de sus pequeños presupuestos2”.

Las palabras reproducidas en el párrafo precedente emanan de una iniciativa presentada en un pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado el 18 de noviembre de 1910. La firmaban los concejales Francisco García Molinas, Manuel de Carlos y Dio Amando Valdivieso. Los tres compartían un ideario sobre las relaciones a establecer entre la capital española y sus pueblos colindantes. A su juicio, se imponía una necesidad no sentida hasta entonces. En una coyuntura en la que Madrid se extendía desde un punto de vista espacial, convenía fijar diálogos entre los representantes de su consistorio y los de las corporaciones vecinas, vehiculados por dos objetivos. Por un lado, averiguar las formas en que esas instituciones administraban los municipios de su jurisdicción y conocer sus herramientas para afrontar el crecimiento que iban experimentando. Y, por otro lado, inquirir sus medios para proveerse de equipamientos, servicios e infraestructuras. García Molinas, De Carlos y Valdivieso apostaban por una vía de colaboración con los espacios situados más allá del Ensanche y el Extrarradio. La cooperación que ambicionaban podía garantizar a los enclaves más próximos a Madrid recursos para atender a sus necesidades, al mismo tiempo que contribuiría a expandir la vida urbana con elementos “de distracción, habitabilidad, industrias y confort” (Ayuntamiento de Madrid, 1911).

El contexto en el que se articuló la anterior propuesta no resulta inocente. Nació en una época en la que gobierno municipal de Madrid aspiraba a renovar directrices que hasta poco antes resultaban anquilosadas (De Miguel, 2017). En un consistorio que por primera vez equiparaba a concejales monárquicos y de izquierdas, tras la irrupción de la Conjunción Republicano-Socialista, se abrió la veda para la presentación de nuevos proyectos, enfocados al abastecimiento de aguas purificadas, al saneamiento de mercados, a la modernización del sistema de limpiezas, a la promoción de casas baratas, a la creación de instituciones asistenciales para la infancia y a la supresión del impuesto sobre consumos (Ayuntamiento de Madrid, 1912). Junto a todos ellos, emergieron otros deudores de reflexiones profundas sobre la ordenación urbana. A corto plazo, urgía solucionar el caótico crecimiento de los arrabales al otro lado del Ensanche, pertenecientes al Extrarradio, para el que se acababa de perfilar un plan de urbanización3. A medio y largo plazo, convenía anticiparse a los problemas que Madrid experimentaba con su avance tentacular, relacionados con los pueblos limítrofes.

A la altura de 1910, los representantes del poder local de Madrid entendían que la capital española no tenía elementos naturales de anexión que contribuyeran a engrandecerla. Ni Chamartín de la Rosa, ni los Carabancheles, ni Vallecas ofrecían el suficiente peso económico como para justificar su agregación a la gran urbe. Coincidían esas apreciaciones con las de Vicente Muzas, autor de los planes topográficos de la Ciudad Lineal ideada por Arturo Soria en 1892 (Alonso Pereira, 1992), que definía a esos pueblos como de “pobre agricultura” y “sin industrias”4. Sin embargo, la cooperación con los mismos se imponía por concebirse que, sin ella, no podría verificarse el saneamiento de la gran ciudad. En relación con este punto, París era el espejo en el que se fijaban los autores de la propuesta. Y es que, si se llegaba a la conclusión de que la capital francesa perdía “la mitad de sus encantos” de no contar con sus suburbios, también se aseveraba la posición de Madrid en un sentido antitético, comenzando más allá de sus límites “el abandono de todo cuidado5”, sentido con gravedad en apartados como el control de las subsistencias, por la proliferación de mataderos clandestinos6.

La propuesta de la cooperación intermunicipal de García Molinas, De Carlos y Valdivieso terminaría plasmándose en la creación de una Mancomunidad entre Madrid y sus pueblos limítrofes (Fig. 2), amparada por la Ley Municipal de 1877. Los artículos 80 y 81 de esa normativa dictaminaban que los consistorios podían formar “entre sí y con los inmediatos asociaciones y comunidades para la construcción y conservación de caminos, guardería rural, aprovechamientos vecinales y otros objetos de su exclusivo interés”, entre los que figuraban instrucción pública, seguridad, asistencia social, mantenimiento de arbolado y alumbrado y policía de higiene y salubridad (García Martín, 1991; Orduña, 2003). A su vez, los señalados artículos establecían los parámetros de organización de las mancomunidades (regidas por juntas constituidas por un delegado de cada uno de los consistorios agrupados) y los procedimientos para su funcionamiento (reuniones, redacción de un reglamento y especificación de su personalidad jurídica7).

La iniciativa de la Mancomunidad sólo tuvo un detractor en el gobierno municipal. Para el edil republicano Facundo Dorado no existían indicios de que esa fórmula pudiera ser operativa. La escasez presupuestaria de los ayuntamientos de los municipios colindantes auguraba que el sostenimiento de su enseñanza, la construcción de sus caminos y la mejora de su higiene correrían a cargo de la capital8. Así, los intereses comunes sólo podrían abordarse ora mediante la ampliación del término local9, ora mediante el seguimiento de la proposición de ley para el ensanche del término municipal de Madrid presentada por Alberto Aguilera en el Senado el 8 de noviembre de 1910. Por ella, se invocaba recuperar un precepto legislativo que, aprobado por Congreso y Senado en 1896, dictaminaba el estudio de un plan de urbanización para la ciudad en un radio de extensión de ocho kilómetros a partir de la Puerta del Sol (Maure, 1991).

“En cuanto a la incorporación al término municipal de la zona acordada en la ley de 1896 (…) basta consignar que casi en el Puente de Toledo principia la jurisdicción municipal de Carabanchel, comprendiendo la gran masa de población que se extiende por la carretera hasta aquel pueblo; que el término municipal de Vallecas llega hasta el puente del mismo nombre; que hasta el puente de las Ventas del Espíritu Santo llega el término municipal de Canillas y en la terminación de la calle de Bravo Murillo principia el término de Tetuán (de las Victorias). Y en todas estas barriadas tan populosas (…) modestos empleados y numerosísimos obreros, los cuales pasan todo el día en el interior de Madrid, no tienen con éste relación oficial, ni casas de socorro, ni servicios de incendios, ni medios de atender a su limpieza ni a las necesidades de su urbanización10”.

Las discusiones que se abrieron con la presentación de la propuesta de ley de Aguilera en el Senado y su definitiva aprobación, del 13 de diciembre de 191011, coincidieron con el plácet municipal dado a la Mancomunidad12. El camino hacia su constitución se abrió con dos decisiones. La primera tuvo que ver con la formación de ponencias encargadas de la elaboración de proyectos de servicios de interés general (arbolado y repoblación de montes; alcantarillado, pozos negros y dotación de aguas; alumbrado eléctrico; caminos y carreteras; desinfección y policía sanitaria; casas baratas y cesión de terrenos para su construcción; ferrocarriles económicos y tranvías; policía urbana y rural; instrucción pública y mejoramiento de la enseñanza y formación de presupuestos13). Cada una de estas ponencias quedaba formada por dos alcaldes de los ayuntamientos mancomunados y figuras especializadas que ejercerían funciones de asesoría, como ingenieros (de fontanería y alcantarillas, de servicios eléctricos y de vías públicas); arquitectos; jefes de negociados (Hacienda y Enseñanza) y encargados de la organización de las instituciones de higiene, como el Laboratorio Municipal de Madrid. La segunda decisión aludiría a la redacción de un reglamento para la Mancomunidad, donde quedaran explicitadas sus normas de funcionamiento y escenarios de actuación14.

La consulta de la prensa y de las actas del Ayuntamiento de Madrid permite seguir la evolución de la Mancomunidad y sus actuaciones. Más allá de las líneas de continuidad que presentaron las expectativas planteadas en el momento de su constitución y de los acuerdos alcanzados para el cubrimiento de los gastos que tendría que afrontar, las sesiones de aquella se orientaron a la exposición de iniciativas a desarrollar de manera conjunta en cuatro apartados. Primero, la creación de un marco de ordenanzas municipales aplicables a la edificación y a la policía urbana y rural. Segundo, la fijación de criterios ordenados para alineaciones y rasantes de vías públicas y para la instalación de alcantarillado, avanzando en este último sentido hacia la supresión de los pozos negros, predominantes en los alrededores de la capital. Tercero, los procedimientos a seguir en términos de repoblación forestal, cuestión que pensaba abordarse con la instalación de viveros de arbolado en terrenos de los pueblos limítrofes de Madrid. Y finalmente, la creación de un sistema de comunicaciones intercomunales rápido y fluido15.

Fue el último de esos puntos el que dio lugar a propuestas más acabadas. En una coyuntura en la que los concejales de Madrid debatían sobre las deficiencias de los tranvías, deudoras de las inadecuadas condiciones en que se producía su explotación, había comenzado a sopesarse su municipalización (Sánchez Pérez, 2005). Los ediles socialistas promocionaban esa solución, imbuidos de las experiencias de otros territorios europeos (Millward, 2005). La pugna por el avance hacia la misma presentaba, como último estadio, la reversión de todas las líneas a favor del consistorio de la capital. Conseguido ese propósito, podría alcanzarse lo que la ponencia de ferrocarriles económicos de la Mancomunidad bautizó como la “Red Municipal de la Aglomeración Urbana Madrileña”. Un proyecto que buscaba conectar todas las localidades pertenecientes a la Mancomunidad y que se justificaba por la forma en que se conceptualizaba a aquellas como unidades económicas y sociales que, con el transcurso de los años, convergerían con la capital en un mismo destino.

El diseño de unas comunicaciones intercomunales facilitadas por una red de tranvías amparada por la Mancomunidad podía garantizar beneficios de doble cuño. Para sus defensores, posibilitaría la creación de una tarifa única de diez céntimos para el transporte de viajeros, medida que se entendía prioritaria para responder a una movilidad interurbana acrecentada con la progresiva disociación entre espacio laboral y residencial. Por otra parte, el servicio también permitiría afrontar problemas inherentes a la circulación de subsistencias, distribuyéndose desde sus líneas, y en horario nocturno, los productos de las huertas de los pueblos limítrofes hacia Madrid y los que llegaban desde los mataderos de los alrededores del término municipal. Este plan terminaría pensándose no sólo como dependiente de la municipalización de los tranvías. En caso de no culminar las reversiones, también se pensaba como compatible con la permanencia del anterior transporte bajo un modelo de concesión privada, generando beneficios para la población. En opinión de Antonio García Quejido, edil socialista, la confluencia de los dos servicios generaría una competencia que llevaría a ajustes a la baja en el precio del transporte16.

La iniciativa de la Mancomunidad no terminaría cuajando e interrumpiría sus sesiones a finales de 1912. Planteada sobre criterios pragmáticos, no resultaría efectiva por motivos económicos (García Martín, 1991), si bien ello no es óbice para resaltar su trasfondo. Siguiendo a Fernández Águeda, la idea escenificaba las “primeras trazas de la construcción política del Gran Madrid” que se plasmaría con posterioridad mediante la anexión, y entroncaba con el modelo de los sindicatos intercomunales establecidos en el área periférica de París para la gestión de servicios básicos (Bellanger, 2008; Aubrun, 2008; Fernández Águeda, 2016). Asimismo, respetaba la autonomía de los pueblos de la cintura de la capital, permitiendo la continuidad de sus corporaciones locales (García & Alcolea, 2006) y evidenciando una pretensión del gobierno municipal de Madrid que encajaba con la manifestada poco antes en el concejo municipal parisino (Bellanger & Pineau, 2010; Bellanger, 2012). Dicha pretensión no vendría determinada por la estrategia de colonizar a los enclaves más próximos17, sino por la de instigar su progreso, cercenado por un desarrollo poblacional incompatible con sus recursos y deudor, a su vez, de las improvisaciones que fueron acompañando al brusco crecimiento de la gran ciudad.

De la mancomunidad a la anexión: planteamientos y visiones en torno a la aglomeración urbana madrileña en la dictadura de Primo de Rivera

Los dos decenios que mediaron entre el desarrollo de la idea de la cooperación intermunicipal y la Segunda República vislumbraron debates cada vez más intensos sobre las relaciones a establecer entre Madrid y sus pueblos limítrofes. Supusieron el despertar de una corriente anexionista que rivalizaría con la alternativa de la Mancomunidad. En el proceso de emergencia de esta última, la anexión resultó escasamente referenciada, con la excepción de los artículos redactados por Miguel Tato. El periodista la defendió y justificó sobre la base de otras experiencias nacionales. La más reciente era la de Santa María de Oza, localidad agregada a La Coruña en 191218, si bien la que tenía en mente era la de los municipios colindantes a Barcelona, anexionados en 1897 en una operación cerrada con el apoyo de la burguesía financiera e industrial. Para Tato, esta experiencia resultó beneficiosa para urbanizar a esos pueblos y dotarles de medios de comunicación, opinión que no valoraba la incapacidad que mostraron para reorientar en un sentido favorable el crecimiento urbano e industrial del llano de Barcelona desde un punto de vista económico, político e intelectual (Nadal, 1985, 1997). El ejemplo barcelonés se antojaba aplicable a Madrid para términos en los que comenzaban a confundirse los límites poblacionales, como Vicálvaro, Villaverde, Canillas, Chamartín de la Rosa y Vallecas19.

En algunos de los anteriores municipios es posible verificar una corriente anexionista temprana. Ejemplificador es el caso de Vallecas. Desde principios del siglo XX revelaba un desequilibrio poblacional entre sus dos principales áreas, explicado por su mayor o menor proximidad con respecto a Madrid. Por un lado, Villa de Vallecas, rural y depositaria de la sede de la alcaldía y las instituciones administrativas del municipio. Por otra parte, la barriada de Puente de Vallecas, que mimetizaba a pequeña escala la dinámica de crecimiento de Madrid, habitada por jornaleros, pequeños artesanos y obreros no especializados (Fernández Montes, 2001; Juárez, 2002). La anexión era una fórmula por la que los habitantes de Puente de Vallecas habían clamado en 1898, momento en que ya se adivinaba un espacio que, pese a ser administrativamente vallecano, resultaba madrileño por las características en que se desarrollaba su vida cotidiana. Se percibían lo que Fernández Montes definió como identidades enfrentadas entre pueblo y suburbio (Fernández Montes, 2007).

Ejemplos de la actitud señalada llegarían a partir de 1912. Proliferaron mítines y reuniones vecinales favorables a la anexión a Madrid, justificada por las carencias de aquel entorno en normas de policía urbana y servicios e infraestructuras de higiene, instrucción pública, abastecimiento, urbanización, asistencia facultativa y beneficencia. A todo ello se añadía el hecho de que la “práctica totalidad” de los habitantes de Puente de Vallecas tenían “su trabajo e intereses” en Madrid, a donde se desplazaban con más frecuencia que a la Villa de la que dependían jurídicamente hablando20. Las peticiones relativas a la anexión se dirigieron en no pocas ocasiones al Ministerio de la Gobernación y al Gobierno Civil de la Provincia de Madrid21 y alcanzaron un primer punto de inflexión con la actividad que por tal causa desarrolló entre 1914 y 1919 la Comisión Gestora de la Agregación a Madrid, orientada a la realización de una intensa campaña de presión con una doble direccionalidad: el Ayuntamiento de Madrid y, sobre todo, el de Vallecas, entidad donde ejercía como concejal uno de sus principales líderes, el industrial José Somoza22.

Los debates sobre la anexión también se desarrollaron con premura en Chamartín de la Rosa, contigua al límite septentrional del término de Madrid. Junto a Vallecas, fue el pueblo que registró un mayor incremento poblacional en los dos primeros decenios del novecientos (Díez de Baldeón & López Marsá, 1985, 1987). En una etapa en la que el precio del suelo en la capital subió un 80% en el interior y un 450% en el Ensanche (Brandis, 1983), la clase obrera con menos recursos, principalmente inmigrante, se vio impelida a asentarse en aquel espacio (Hermoso de Mendoza, 1929). En Chamartín, fue el concejal Inocencio Crisol quien clamó contra el abandono en que se encontraban sus vías públicas, los focos de infección existentes en ciertas zonas, la falta de rigor en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, la nula vigilancia de las operaciones de degüello realizadas en el Matadero y las irregularidades administrativas, que, a su juicio, motivaban desfalcos en los presupuestos locales23. En septiembre de 1916, encabezaba la lista de firmas que, entregada al Ministerio de la Gobernación, solicitaba la anexión de Chamartín a la capital24.

Pese a los ejemplos de Puente de Vallecas y Chamartín de la Rosa, los debates sobre la anexión de los pueblos limítrofes no cristalizarían en un sentido más amplio hasta 1923. No resultó casual ni que el inicio de ese repunte coincidiera con dicha cronología, ni que se prolongase hasta el cese de la Monarquía. Fue entonces cuando entró en efervescencia la idea del Futuro Madrid, sobrepasándose el plan de urbanización del Extrarradio diseñado por Núñez Granés para avanzar hacia una perspectiva globalizadora de la ciudad, con los planes generales de extensión de 1923 y 1926 y la convocatoria del Concurso Internacional de Ordenación de Madrid de 1929 (Sambricio, 1984; Dávila, 1991; Sambricio, 1995, 1999, 2003; Neuman, 2016). En ese contexto, surgió un relevante estado de opinión pública con respecto a la situación social, económica y administrativa de los pueblos colindantes de la capital, analizándose con detalle las formas de vida de sus habitantes, su riqueza comercial e industrial y la evolución desacompasada de sus condiciones higiénico-sanitarias con respecto a un crecimiento demográfico cada vez más notorio.

Precisamente al compás de ese crecimiento (representativo de lo que se definió como una tendencia urbana centrífuga favorecida por la reducción de superficies libres dentro del término municipal de la capital, la incesante subida del valor del suelo y los alquileres y la articulación de una red de transportes cada vez más voluminosa) (García Cortés, 1931), adquirieron sonoridad las problemáticas de lo que se conceptuó como la “muralla antihigiénica” de Madrid25. De Chamartín se destacó la falta de una red de alcantarillado que permitiera la evacuación de residuos orgánicos, la escasez de agua en época estival, la ausencia de centros hospitalarios y sanatorios tuberculosos, la mezquindad organizativa de la Casa de Socorro y su especialización como punto de destino de las basuras producidas en Madrid (Paz Maroto, 1931; Álvarez Sierra, 1933). De Fuencarral se mencionaba su exiguo número de fuentes públicas y escuelas o el mal funcionamiento de Correos y Teléfonos26. De Vicálvaro se consignaba la necesidad de la acción conjunta de propietarios de fincas y gobierno municipal para urbanizar las calles y colocar alumbrado público27. Y en similares líneas se trataron los casos de los Carabancheles, Villaverde y Vallecas28. En definitiva, se exponían deficiencias ya resaltadas a comienzos de la etapa dictatorial por Núñez Granés, en los cuestionarios que remitió a los alcaldes de los municipios que habían integrado la Mancomunidad de 1911 para amplificar la viabilidad de esa iniciativa (Núñez Granés, 1924); también plasmadas con posterioridad en la memoria redactada por la Oficina Municipal de Información sobre la Ciudad de Madrid29.

Fue en el anterior estado de opinión pública donde comenzó a mostrarse un compromiso con la anexión de los pueblos limítrofes a la capital. A ello contribuyeron numerosas figuras del periodismo como Benito Artigas, Luis Blanco Soria, Federico Iglesia o Castor Patiño, que favorecieron el desarrollo de campañas enfocadas a solventar el problema de la “aglomeración urbana” aludiendo a la necesidad que Madrid tenía de responder a las dinámicas de crecimiento de las afueras para avanzar hacia “la gran ciudad del mañana30”. Del mismo modo que había un Gran Berlín, un Gran París y un Gran Nueva York, debía proyectarse un Gran Madrid y acudir a la anexión toda vez que se consideraba que el crecimiento de la ciudad había rebasado los límites de su jurisdicción municipal, del mismo modo que había ocurrido con Barcelona; Bilbao (que en 1924 procedió a la absorción de Deusto y Begoña) (Ipiña, 2011 & Alonso, 2011) y Valencia (García de Leonardo Tobarra, 2018).

Sobre la anexión también discurrieron figuras claves de esta época como Hilarión González del Castillo o Antonio López Baeza. El primero, uno de los principales seguidores de Arturo Soria y su modelo de Ciudad Jardín, rescató la idea de la Ciudad Lineal y la búsqueda de soluciones de conjunto planteada en aquella (Sambricio, 1992), basadas en la concreción de un ferrocarril-tranvía de circunvalación que uniese la capital con sus municipios colindantes (Maure, 1991). Apostaba por un Gran Madrid que abarcase los pueblos de la periferia para convertir a esta última en una “ciudad original con arreglo a los nuevos principios del urbanismo”, dando prioridad a los espacios libres, a la compartimentación de zonas en función de usos y a la apertura de fajas de bosques de aprovechamiento comunal que sanearan la capital31. La materialización de su propuesta pasaba por un concurso internacional de proyectos patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid, análogo al celebrado en París (1919)32.

Con González del Castillo entroncaba López Baeza. Antiguo integrante del PSOE y representante de su línea de política municipal en la fase final de la Restauración, era un perfecto conocedor de los problemas de los pueblos colindantes de Madrid. De su pluma surgieron algunos de los artículos mejor documentados de la época, con datos referidos a los elevados niveles de mortalidad presentados por aquellos núcleos, conectados con su falta de defensas frente a todo tipo de enfermedades. López Baeza consideraba que los problemas de las afueras podrían no haber existido de haberse contemplado la Ciudad Lineal de Soria. A su juicio, era lo que no se había conseguido para la puesta en marcha de ese plan (asistencia del Gobierno y Diputación Provincial) lo que debía lograrse para garantizar una anexión que escapaba de la órbita de actuación del Ayuntamiento de Madrid33.

En los debates precedentes no tardaron en tomar partido las autoridades oficiales. El principal promotor de la corriente anexionista fue José María Garay Rowart, gobernador civil de la provincia de Madrid. En agosto de 1930 visitó extraoficialmente varios de los pueblos circundantes de la capital34, corroborando las problemáticas reproducidas en la prensa. Entendió que su corrección pasaba por la agregación directa de los municipios limítrofes a la capital, amparada por la consideración de la incapacidad presupuestaria de sus consistorios para afrontar los sacrificios económicos que las mejoras exigían y por la elaboración de una Ley de Urbanización que, en lo sucesivo, impidiera una construcción no regularizada35. Los primeros en apoyar esa propuesta fueron los representantes del tejido asociativo vecinal de los pueblos más próximos a la capital. Así lo hicieron la Federación de Propietarios e Inquilinos de la ribera derecha del río Manzanares, pertenecientes a Carabanchel Bajo y Villaverde; los habitantes de la barriada de Huerta de Castañeda, subdividida en dos flancos (uno de los cuales pertenecía a Madrid y otro a Carabanchel Bajo36); y algunas sociedades de vecinos de Fuencarral37. En la anexión veían la única solución posible para los problemas que encontraban en sus ámbitos residenciales. Sin embargo, sus apoyos a la iniciativa del gobernador civil no sólo descansaban en lo que supondría para la dotación de servicios e infraestructuras. En paralelo, concebían que la acción rectora del Ayuntamiento de Madrid cubriría los vacíos que sus localidades manifestaban en orden público y vigilancia gubernativa38.

La corriente anexionista observada en el vecindario de los pueblos colindantes a Madrid tuvo nuevamente en Puente de Vallecas a su principal abanderada. Entre mediados de noviembre y principios de diciembre de 1930 se organizaron numerosos mítines favorables a la causa. Los celebrados en las escuelas laicas del barrio de Entrevías y en el barrio de Doña Carlota congregaron a representantes de la propiedad, del comercio y la industria, a sociedades obreras, a integrantes de los centros republicanos que allí funcionaban desde principios del siglo XX y de la Agrupación Socialista de Puente de Vallecas y a sociedades de vecinos. Para ellos, la anexión no sólo terminaría con los problemas de agua, vivienda, luz y sanidad del vecindario. En adición, insuflaría dinamismo a zonas que se encontraban ya no solo aisladas con respecto a Madrid, sino también con el núcleo central del Puente de Vallecas (el citado barrio de Entrevías) y acabaría con el caciquismo del gobierno local.39

La respuesta que a la propuesta de Garay Rowart dieron los gobiernos municipales de los pueblos más próximos a la capital se mostró algo más dividida que la anterior. En un sentido favorable se manifestó el Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, que no tardó en enviar un oficio al gobernador civil afirmando que no pondría reparos a la fusión y que se dedicaría a estudiar la forma legal de hacerlo con sus dotaciones presupuestarias40, senda que siguieron los consistorios de Carabanchel Alto (que dio luz verde a la iniciativa por entenderla como apremiante para las necesidades sociales, económicas y sanitarias del vecindario41); Vicálvaro (apoyado por la Cámara de Propiedad del asentamiento, tras valorar las consecuencias industriales y comerciales de la decisión) y Fuencarral42. Otros ayuntamientos no llegarían a pronunciarse oficialmente sobre la anexión, si bien ello no es óbice para determinar la forma en que la juzgaban como innecesaria o inapropiada. Innecesaria resultaba para el alcalde de Canillas, Francisco Arín, por la existencia de un “acoplamiento satisfactorio” entre el presupuesto de la institución que presidía (435.000 pesetas para el ejercicio de 1930-1931) y la dotación de servicios que cabía esperar para una población próxima a los 15.000 habitantes, más allá de las soluciones de continuidad entre la capital y este asentamiento a través del Puente de Ventas del Espíritu Santo y del Arroyo Abroñigal43. Inapropiada la entendía Antonio Antoranz, alcalde de Carabanchel Bajo, por la manera en que la agregación atentaría contra la independencia del municipio que había prometido defender y la preservación de los derechos tributarios de la comunidad44. Para Antoranz, no obstante, también pesaba su convencimiento con respecto a la incapacidad del Ayuntamiento de Madrid para organizar la acumulación de funciones, organismos y servicios que traería consigo la anexión, valorando los problemas que aquel presentaba para administrar los propios intereses de la capital45.

En Vallecas, el sentir popular anexionista del vecindario del Puente contrastaba con los criterios del consistorio, ubicado en la Villa. Pese a la opinión favorable a dicho sentir del alcalde Rogelio Folgueras, sabedor de que la aspiración general de la población era la de “ser absorbida por la capital”, los ediles se opusieron a la iniciativa. Para algunos, como Luis Infantes, la anexión tenía sentido en 1901, cuando el presupuesto municipal no alcanzaba las 100.000 pesetas y estaba “todo por hacer”. Mas a la altura de 1930 las circunstancias habían variado. El concejal concebía que Vallecas tenía “vida propia” y “solvencia económica” y prejuzgaba, como Antoranz, el abandono en que quedaría la localidad bajo el control del Ayuntamiento de Madrid, atendiendo al modo en que este desatendía sus obligaciones en los barrios periféricos. Coincidía con las apreciaciones de Infantes Juan Roiz, quien afirmaba sentirse sorprendido de que el pueblo mostrara afán en perder sus libertades, teniendo en cuenta que con la agregación pasaría a abonar 75 pesetas por concepto tributario en lugar de las 30 que pagaba en ese momento, viéndose las repercusiones más significativas de ese incremento en gentes de “escaso jornal” y en “humildes empleados” residentes en los barrios más cercanos a Madrid46”.

Así y todo, en algunos de los pueblos susceptibles de quedar anexionados a Madrid cuyas autoridades se habían mostrado contrarias a esa solución surgieron respuestas vecinales que no habría que pasar por alto. Para los defensores de la anexión, la oposición de los alcaldes y/o concejales de Canillas, Carabanchel Bajo o Vallecas a esa solución se justificaba por su interés de conservar las prebendas que obtenían al desempeñar sus cargos. La mayoría de los mítines favorables a la anexión en Vallecas, por ejemplo, incidieron que uno de los beneficios de la absorción vendría dado por la posibilidad de suprimir el caciquismo de esos enclaves, con las tareas de fiscalización del Ayuntamiento de Madrid47. Algunas de las cartas vecinales enviadas a periódicos como El Liberal aseveraron que las alusiones al mantenimiento de la autonomía municipal frente a la anexión escondían pretensiones de preservación de cargos por quienes abiertamente se conceptualizaban como “mangoneadores de la vida pública48”.

En el marco previo a la Segunda República existía, por tanto, una confrontación pública y oficial en torno a la anexión que también se evidenció en el Ayuntamiento de Madrid. Para algunos de sus ediles, como los socialistas liderados por Andrés Saborit, había llegado el momento de dialogar con los responsables de los pueblos colindantes para encontrar soluciones basadas en una solidaridad que sus homólogos parisinos ya habían invocado en la banlieue (Bellanger, 2012), provenientes de ponencias preparatorias que esclarecieran las disponibilidades presupuestarias de cada uno de aquellos para afrontar las problemáticas corroboradas por el Gobierno Civil y de comisiones específicas en las que se determinasen de manera conjunta los límites de la expansión para el área metropolitana y las características que habría de tener la ley de anexión que habría de vehicular todo el proceso, antes de ser solicitada al Gobierno49. Para otros concejales, como Mariano García Cortés, debía recuperarse el espíritu de la Mancomunidad, adaptándola a una planificación interconectada con el caso europeo50.

Fue precisamente García Cortés quien planteó con mayor detalle las lecciones que para Madrid podían extraerse de otras aglomeraciones urbanas. Conocía lo acaecido en la Gran Viena, cuyo sistema de administración era anexionista, pero hasta cierto punto limitado, al contar cada uno de sus distritos agregados con un consejo reducido que, en función de su importancia, entendía en los asuntos que le atañían “con bastante autonomía”. Había investigado el Gran París y las características gubernamentales de la capital y su banlieue, fijándose en la eficacia con que el Departamento del Sena coordinaba sus servicios e infraestructuras en conjunto al mismo tiempo que subvencionaba a los municipios de más exiguos recursos. Tampoco pasó por alto el caso de Berlín, que en 1920 formó una única entidad administrativa junto a las comunas urbanas y rurales y los señoríos de procedencia feudal existentes en su entorno más inmediato, quedando gobernada por un gran ayuntamiento a partir del cual se ramificaban concejos de menor tamaño coincidentes con los veinte distritos en que quedó dividida la aglomeración51. Y finalmente, valoraba otros modelos como Praga, Ginebra, Roma, Milán o Génova (García Cortés, 1931)52.

Para García Cortés, el problema de la anexión venía determinado por su planteamiento como un proceso “puro y simple”, que ofrecía dificultades no únicamente presupuestarias, sino también relacionadas con puntos sobre los que no se había reparado (García Cortés, 1931). Tendría efectos identitarios considerables, pues soterraría tradiciones y marcos de autonomía local de los municipios limítrofes. Podría dar cabida a dilemas gubernativos al quedar subsumida bajo un único consistorio toda la gestión y administración de los asuntos concernientes a las localidades a anexionar. Y, finalmente, generaría dificultades en el ámbito impositivo (por la uniformidad a establecer con todo lo que ello supondría para los presupuestos de gastos) y en la reorganización del mercado laboral dependiente de la aglomeración (estructuración de nuevas plantillas de empleados y ajustamiento a unas escalas salariales unívocas)53.

La actitud del alcalde de Madrid, José María de Hoyos y Vinent, entroncaba con la de García Cortés. Desde el principio, se opuso a la fórmula anexionista advirtiendo a Garay Rowart de que el Estatuto Municipal de 1924 dejaba la cuestión de la agregación en manos de “los ayuntamientos interesados” en el proceso54. Para Hoyos y Vinent, la intervención del gobernador civil en el asunto no tenía cabida siquiera “a título informativo55”. El alcalde dejaba así entrever su malestar con la forma en la que Garay Rowart había sondeado la opinión de los municipios limítrofes con respecto a la anexión y la manera en que definió las reformas proyectadas en el interior y en el Extrarradio por la alcaldía como poco efectivas si antes no se enmendaba la “situación caótica” de los alrededores de la capital56. En última instancia, el Ayuntamiento de Madrid no fue más allá de la defensa de una mancomunidad basada en la recepción de facultades que le permitieran organizar de manera libre servicios sanitarios de la capital y sus municipios limítrofes, llegando a convenios con la Diputación Provincial para asegurar su prestación. Una iniciativa que no carecía de miras de cierta envergadura, pues pretendía asemejarse a la experiencia berlinesa de 1912, pero que quedó finalmente abortada sin llegar a ponerse en práctica justo antes de producirse la caída del régimen monárquico.

4. Las relaciones intercomunales de Madrid y sus pueblos limítrofes durante la Segunda República

La Segunda República vino acompañada por la articulación de una pléyade de proyectos para la modernización de Madrid. Consagrados a la culminación de la urbanización del Ensanche, la formulación del plan de Extrarradio, la ampliación de la red de transportes y la promoción de escuelas y casas baratas (Fernández Polanco, 1990; Fernández Águeda, 2018), esos proyectos también afectaron a las relaciones de intereses entre la capital y sus municipios limítrofes. Los meses que siguieron a la constitución del Ayuntamiento salido de las urnas del 12 de abril de 1931 evidenciaron repuntes en la discusión de esa cuestión, resultando propicio para ello el contexto de redacción de un nuevo Plan de Extensión para Madrid, encargado por el consistorio de la capital a la Oficina de Urbanismo en mayo de 1931 y culminado cuatro meses más tarde (Terán, 1976; Sambricio, 1984). Su informe, elaborado por José de Lorite, determinaba que el carácter definitivo de ese trabajo pasaba por la resolución del régimen a crear con los ayuntamientos limítrofes de Madrid, sin que ello supusiera apostar por la anexión o la mancomunidad (Lorite, 1932).

Los juicios favorables a la anexión tuvieron representaciones tempranas en los discursos provenientes de instituciones como la Cámara Oficial de la Industria de la Provincia de Madrid (que entendía que la extensión de la capital, acompañada por la repoblación forestal de sus alrededores, posibilitaría el desenvolvimiento económico de los mismos, acabándose así con el contraste entre el moderno Madrid urbano y el Madrid rural)57; en peticiones vecinales o en requerimientos de ayuntamientos interesados en el proceso, como Vallecas58. Tampoco faltaron los apoyos a la idea llegados de la prensa. Algunos de los más incisivos llevaban la firma de Carlos Bonet, redactor de La Libertad y ganador del concurso que el Ayuntamiento de Madrid convocó para premiar la mejor memoria relativa al futuro de la ciudad en 1931. García Martín la define como la primera opinión decididamente partidaria de la absorción (García Martín, 1991), pero Bonet no iba más allá de las justificaciones que para la anexión se habían expresado con anterioridad. Sin embargo, enfatizaba un aspecto que se tornaría crucial desde 1932. Desde su punto de vista, el paso de los años había reforzado los nexos morales entre los habitantes de la capital y los de sus municipios colindantes, hasta crear una comunidad de intereses compenetrada (Bonet, 1932).

Los nexos morales a los que aludía Bonet se hicieron sentir con fuerza en la coyuntura de paro forzoso del período republicano. De acuerdo con los datos expuestos por el Ayuntamiento de Madrid en la ponencia que presentó en el VI Congreso Internacional de Municipios, celebrado en 1936 y dedicado a las acciones que desde los poderes locales se habían desarrollado para atajar el desempleo, los núcleos que se confundían con la capital española habían sido los más afectados desde un primer momento (Fig. 3). Esto se explicaba por la proporción de habitantes que dependían del trabajo realizado en Madrid. En los momentos coincidentes con el inicio de la crisis laboral, más de un 50% de la población obrera de Canillejas y Vicálvaro tenían su ocupación en la capital, cifra que superaba el 60% en Vallecas y Carabanchel Alto y el 70% en Canillas, Chamartín de la Rosa y Carabanchel Bajo. En lo que respecta a este último pueblo, resulta expresiva una de las cartas que una representación de ochocientos parados forzosos dirigió a La Voz en agosto de 1931, exigiendo soluciones a problemas que se agravaban día a día por la incapacidad de su consistorio para proporcionar ocupación y por la ausencia de derechos para disfrutar de los socorros que el Ayuntamiento de Madrid concedía a los desempleados, dependientes del criterio de vecindad59.

La coyuntura de paro forzoso (Juliá, 1984) supuso un catalizador para los debates relativos a la anexión de los municipios limítrofes. La búsqueda de una solución conjunta para esa problemática en Madrid y los pueblos de su cintura estuvo presente en los argumentarios expuestos para solicitar la agregación desde el socialismo, vehiculados por iniciativas que se concatenaron en enero de 1932. El día 2 tuvo lugar la primera de ellas, con una reunión a la que asistieron representaciones de consistorios y agrupaciones socialistas de Chamartín de la Rosa, Madrid, Vicálvaro, Canillejas, Canillas y Vallecas. Todos ellos acordaron el nombramiento de una comisión que, íntegramente formada por ediles socialistas, llevara a los plenos de los consistorios de esos municipios informes concluyentes sobre la necesidad de la agregación. Cinco días después llegaría la segunda iniciativa. Saborit expuso la necesidad de la anexión en las Cortes, solicitando al Gobierno la mediación para la convocatoria de una asamblea en la que participasen integrantes de los ayuntamientos de los alrededores de la capital, del Ayuntamiento de Madrid y de la Diputación Provincial. Cundía el objetivo de redimir a pueblos carentes de servicios e infraestructuras, pero también el de mirar por la preservación del orden social, valorando las suspensiones de trabajo que el Ayuntamiento de Madrid acababa de realizar con respecto a los últimos obreros eventuales que quedaron a su servicio60.

La convocatoria de la asamblea sugerida por Saborit, aprobada en unas Cortes que hablaban del malestar alarmante de los pueblos de Madrid y del peligroso rumbo que el hambre y la falta de ocupación podía advertir hacia movimientos de violencia desfavorables para los intereses republicanos, no obtuvo el respaldo de la alcaldía de la capital. Para Pedro Rico, la asamblea debía llegar precedida de una consulta general a todos los ediles del consistorio de la capital, de la que saliera un “criterio formado (…) no de una manera improvisada, sino serena y meditada”. Si bien era cierto que todos los concejales coincidían con la conveniencia de transformar los límites de extensión del término municipal, también lo era que la articulación definitiva de una anexión exigía un “estudio detenido”, por los intereses políticos, sociales y financieros que estaban en juego. Mas para Rico incidían otros aspectos a la hora de oponerse a la asamblea, relacionados con el criterio de autoridad que la alcaldía debía tener en el desarrollo de un proceso que, tras las iniciativas socialistas, consideraba que tenía carácter de partido61. Surgió así una tensión entre Rico y Saborit palpable en el pleno del Ayuntamiento de Madrid del 15 de enero de 1932. El primero manifestó sentirse “dolido” por no haberse consultado con la alcaldía la iniciativa de la asamblea, sensación que espoleó la minoría monárquica62. Bajo la consideración de que el consistorio que asumiría el peso de la anexión debía desarrollar un debate previo sobre sus posibilidades, se convocó una sesión extraordinaria para tratar de la temática. Con respecto a esta última, una de las conclusiones más interesantes fue la que pudo extraerse del discurso de la alcaldía. Para Rico, el Ayuntamiento de Madrid tenía el “deber ineludible” de evitar que las multitudes obreras de los pueblos limítrofes adquirieran el concepto equívoco de que la anexión pudiera resultar una solución inminente para la crisis de trabajo que atravesaban63.

Rico terminaría desmarcándose de la anexión como solución inmediata, alegando sus inconvenientes financieros para un Ayuntamiento de Madrid que ya tenía dificultades en promover las tareas de urbanización del Ensanche y la que se debían acometer en el Extrarradio. A su juicio, el consistorio requería una compensación económica que no podría llegar con la exigua riqueza de los pueblos de sus alrededores (Fig. 4). A diferencia de lo ocurrido en otras urbes extranjeras, el desarrollo de la cintura de Madrid llegó por la necesidad que muchos de los inmigrantes llegados a la capital española habían tenido a la hora de buscar alojamiento a precios más reducidos en las áreas periféricas. Paralelamente, la alcaldía entendía que existía un problema de significación, por concebir que la anexión inmediata de los municipios colindantes traería consigo el encarecimiento del valor de los terrenos de aquellos enclaves.

Si para algo sirvió la sesión municipal en la que se discutió la anexión propuesta por los socialistas fue para reflejar la disparidad de criterios existente en torno a las relaciones a establecer entre Madrid y los municipios limítrofes entre los concejales. Una de las pocas acciones efectivas que derivaron de aquella tuvo que ver con la formación de una comisión que, presidida por el alcalde e integrada por representantes de las distintas minorías políticas, estudiara las posibilidades que el Ayuntamiento de la capital tenía a la hora de intervenir en las localidades vecinas. Las tareas de dicha comisión nunca llegaron a un punto culminante, pero resulta relevante analizar los propósitos que los actores afectados por el proceso observaban en el nuevo contexto político.

En líneas generales, los ayuntamientos de los municipios susceptibles de anexionarse a Madrid se mostraban favorables a la fórmula defendida por los socialistas, aunque sus interpretaciones sobre el procedimiento que debía conducir a la misma eran disímiles. Para el de Vallecas, que solicitó la anexión el 15 de agosto de 193164, el municipio tenía poco que perder con esa política65, algo que podría explicarse analizando las carencias que significó a comienzos de la Segunda República66. Era cierto que desde la llegada del nuevo régimen político se habían conseguido avances con la instalación de fuentes, la pavimentación de ciertas vías públicas y la destinación de fondos para la construcción de grupos escolares. Sin embargo, tanto los anteriores escenarios como otros sin apenas transformaciones seguían evidenciando dramáticas realidades visibles en hechos como el contar únicamente con dos oficinas de inspección sanitaria, dos casas de socorro, poco más de sesenta empleados para el servicio de limpiezas y una asistencia médico-farmacéutica insuficiente para atender a los más necesitados. En adición, la situación se había vuelto crítica con la coyuntura de paro, pese a los lenitivos que trataron de imponerse sobre la misma concediendo exención de derechos municipales a las nuevas obras proyectadas y emprendiendo una enérgica campaña de revisión técnica de todas las fincas urbanas y establecimientos públicos, en aras de forzar a sus propietarios a ejecutar los trabajos de consolidación, higiene y ornato que se estimaran como indispensables en ellas (Ayuntamiento de Vallecas, 1934)67. Las negativas del Ayuntamiento de Madrid a los subsidios que para los desempleados de Vallecas solicitó el consistorio de esta localidad (1.500 obreros en los inicios de la Segunda República, 3.000 a principios de 1932 y cerca de 4.500 a finales de este último año)68 terminó por complicar el panorama, difícilmente paliado con las suscripciones públicas y las escasas concesiones de bonos de comestibles que pudieron articularse por la Junta Local de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad69.

En adición, Vallecas tenía un problema financiero determinado por un endeudamiento heredado del empréstito contratado por su consistorio con el Banco de Crédito Local de España durante la Dictadura de Primo de Rivera, cifrado en un millón y medio de pesetas para realizar obras y mejoras públicas que no llegaron a producirse en la magnitud esperada70. Esta era una circunstancia que también se consignaba desde los Carabancheles, defensores de la anexión a principios de 1932. Para Carabanchel Alto, la fusión podía resultar útil para establecer vías de comunicación con la capital y solucionar las carencias en pavimentación y alcantarillado de sus principales barriadas (Campamento y Cuatro Vientos)71. Estas mejoras eran concebidas como urgentes y utópicamente abarcables con un presupuesto de 200.000 pesetas anuales72. En idéntica tesitura se encontraba Carabanchel Bajo, con un consistorio lastrado por las obligaciones contraídas con el empréstito de cerca de dos millones y medio de pesetas aprobado antes de la Segunda República73. Su postura con respecto a la problemática aquí tratada ya había quedado esclarecida en sus plenos, y especialmente en el del 5 de enero de 1932, cuando exigió al gobierno medios para la realización de obras y la inmediata anexión a Madrid74.

A diferencia de Vallecas, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, otros municipios escapaban del endeudamiento. Era el caso de Chamartín de la Rosa, que ofrecía a principios de la Segunda República dificultades similares a las de Vallecas. Estas últimas adquirían su mayor expresión en el paro obrero, en el matadero (definido como de pésimas condiciones tras la instauración del nuevo ciclo político) y en el alcantarillado, pese a la existencia de proyectos para la construcción de colectores75. Sin embargo, la situación relativamente próspera de su hacienda municipal, visible en el superávit de 300.000 pesetas con el que el Ayuntamiento cerró el ejercicio de 1931 y en los ingresos que esta institución obtenía con las tributaciones sobre carnes frescas, vinos y alcoholes76, llevaban a considerar una “anexión condicionada” a Madrid77. Así la concebía su alcalde Eduardo García Nieto, quien al vaticinar las consecuencias de la agregación resaltaba los inconvenientes (gravamen de los impuestos) sobre las ventajas. En tal sentido, defendía la anexión a cambio de actuaciones inmediatas patrocinadas por el Ayuntamiento de Madrid en el municipio, relacionadas con la pavimentación de sus calles y la instalación de servicios de limpiezas, sanidad y abastos a completar en ocho años mediante la dedicación de una partida de dos millones de pesetas.

Las actitudes que se mostraban en Chamartín de la Rosa guardaban parecidos con las que podían advertirse en otros ayuntamientos más o menos saneados. La postura favorable de Canillejas pasaba por la instalación de alcantarillado, intensificación del alumbrado público, un buen servicio de incendios y transporte de viajeros mejor organizado, teniendo lo que se definían como buenas dotaciones en lo referido al servicio de limpiezas y a la enseñanza pública. La de Pozuelo de Alarcón se hacía depender de la apertura de una rápida vía de comunicación con Madrid a través de la Casa de Campo. y la de Vicálvaro se contemplaba en función de la superación de un litigio con el Ayuntamiento de Madrid que venía de 1907. En aquel contexto, se disgregaron de su territorio tres kilómetros cuadrados agregados al terreno municipal de la capital para la construcción de la Necrópolis del Este. Un proceso por el que, en palabras del alcalde, Jesús Pérez Quijano, se habían restado pingues ingresos a sus arcas presupuestarias78.

Sólo dos de los pueblos propuestos para la anexión total promocionada por los socialistas se desmarcaron de la iniciativa. Leganés, al sur de Madrid, nunca llegó a contemplar la fusión por razones entre las que sobresalían la defensa de una política descentralizadora y una autonomía municipal, su tenue crecimiento poblacional durante el decenio precedente y las características socioeconómicas de sus habitantes79. Estas últimas eran antitéticas a las de la capital, por la dedicación que más de tres cuartas partes de su vecindario ofrecía con respecto a la agricultura de secano y regadío. En un sentido parecido se expresaban las instancias locales de Fuencarral, por considerar que este se encontraba escasamente ligado a la vida de la metrópoli y por valorarse que su naturaleza era eminentemente rural, lo que atenuaba las repercusiones del paro forzoso80.

Al margen de los cruces de declaraciones sobre la fórmula anexionista presentados en el Ayuntamiento de Madrid y en los consistorios de los municipios limítrofes también cabrían destacar los juicios que con respecto a aquella emitieron figuras que, o bien ya venían discurriendo sobre la iniciativa desde la dictadura, o bien cobraban protagonismo en la planificación urbanística oficial. En el primer escenario, López Baeza se desmarcó por completo de una postura favorable a la anexión inmediata. Concebía que el colapso industrial y mercantil en que se hallaba Madrid no invitaba a esperar una continuidad en la bonanza económica de su consistorio, fundamental para extender los servicios en los municipios limítrofes, y que resultaba improcedente acometer la anexión sin antes solventar los problemas del Extrarradio81. Sin embargo, lo verdaderamente interesante de las interpretaciones de López Baeza radicaba en la forma en que había quedado imbuido de los argumentarios sobre la extensión urbana procedentes del extranjero. Su principal referencia era Henri Sellier. Reivindicador de la mejora de las condiciones de salubridad de la banlieue parisina, Sellier fue uno de los principales defensores del Grand Paris, pero también un detractor de la anexión “pura y simple”. La interpretaba como el camino más rápido, pero también como el más inconveniente, al considerar que serviría para prolongar los vicios que se arrastraban en el sistema precedente. López Baeza casaba con la idea que defendía en aquel momento Sellier, relativa a la compatibilización de órganos locales con funciones administrativas limitadas y órganos superiores competentes con respecto a las problemáticas derivadas de la gran urbe y sus alrededores; considerando, al mismo tiempo, que nada podría hacerse en favor de la anexión sin una normativa que la proveyera de recursos económicos y legales82.

También José de Lorite se opuso frontalmente a la anexión total inmediata de los municipios limítrofes. Fijándose en Berlín, admitía que constituía la fórmula más propicia. Así se había demostrado en escenarios correlacionados con la realización de grandes trabajos de urbanización y la unificación de las redes de servicios de agua o electricidad. Mas el caso de Berlín no era, a su juicio, aplicable a Madrid y los pueblos de su cintura, por la consideración de que los municipios colindantes de la ciudad alemana tenían recursos inexistentes en los núcleos más próximos a la capital española. Para el gerente de los servicios técnicos municipales, la anexión debía venir precedida por una ley de urbanismo, un plan de extensión, una distribución de zonas de uso y volumen sin solución de continuidad y unas ordenanzas reguladoras de la edificación en los núcleos afectados por la aglomeración. En última instancia, Lorite consideraba la anexión como un proceso amparado por una normativa urbanística específica y circunscrito a núcleos de población cuyos límites se confundieran claramente con los de la capital (Puente de Vallecas, Tetuán de las Victorias y Ventas del Espíritu Santo)83.

La cuestión de las relaciones entre Madrid y los pueblos limítrofes mantendría su vigor durante todo el período republicano, aun observando variaciones en sus planteamientos. La idea de la anexión total perseveró en el proyecto de Carta Municipal de Madrid, que, publicado en diciembre de 1932, ambicionaba el reconocimiento de un estatuto específico para la capital por parte del Estado y facilidades para lograr lo que algunos concejales definieron como el desenvolvimiento autónomo de la capital. Esas facilidades tenían que ver con el reconocimiento de competencias por las que el Ayuntamiento de Madrid pudiera organizar íntegramente los servicios públicos, municipalizar el suelo no edificado, eximir del pago de tributos a las industrias que pudieran crearse para limitar el paro obrero y encontrar un sostén a la hora de realizar el plan de extensión urbana. En lo relativo a este apartado, volvió a cobrar protagonismo el marco relacional a establecer con los municipios limítrofes. Sin embargo, las consideraciones con respecto a ese punto no fueron unívocas en el contexto republicano. Si el consistorio popular se inclinó por la posibilidad de la anexión a largo plazo, el que le seguiría, formado como Comisión Gestora tras la huelga de octubre de 1934, entendía que lo que la Carta Municipal debía asegurar era una mancomunidad de servicios84.

Junto a la anexión total y la mancomunidad, también tuvo cabida durante la Segunda República la idea de la anexión parcial. Los socialistas limitaron las dimensiones de su iniciativa inicial y la centraron en agregaciones puntuales, como la de El Pardo. La petición al Gobierno de su anexión se amparaba en la necesidad de realzar la relevancia que cobró como un espacio forestal al que acudían millares de madrileños buscando el descanso de la dedicación laboral semanal. Para la minoría socialista, su agregación dotaría a la ciudad de una zona arbolada y de parques más extensa que las que ya se presentaban bajo su jurisdicción, amplificando las posibilidades de esparcimiento social que allí ya se presentaban al actuar como un lugar de recreo y disponer de rápidas vías de comunicación hacia la sierra85. Junto a las iniciativas referentes a El Pardo, cabrían destacar otras que no tuvieron mayor trascendencia que la discursiva, pero que resultan interesantes por la manera en que emanaban de peticiones vecinales. Fueron, por ejemplo, las vinculadas a las barriadas de Pueblo Nuevo y Moratalaz, dependientes de Vicálvaro, por el estado de ánimo cada vez más favorable a la anexión detectable entre quienes tenían ubicadas sus fincas a medio camino entre ese núcleo y Madrid86.

Paralelamente, la continuidad del paro forzoso durante el período republicano, la amenaza que para el orden público representaban las peticiones de trabajo de los obreros y el mantenimiento de las carencias en servicios e infraestructuras básicos llevó a que los municipios colindantes a la capital buscaran estrategias en vista del carácter fallido que tuvieron las propuestas de anexión o mancomunidad. Dirigieron, de manera conjunta, solicitudes formales al Gobierno para la consecución de una subvención gubernamental. Del mismo modo que Madrid había contado con una de ochenta millones de pesetas por concepto de capitalidad, entendían como urgente otra proyectada para sus alrededores87. Los acuerdos entre los municipios no sólo fueron discursivos y se extendieron al plano de un posible reparto proporcional de la citada subvención, dependiente de la magnitud que en cada caso tenía el paro (Fig. 5). Al mismo tiempo, ciertos consistorios plantearon iniciativas para formar sus propias anexiones en aras de salvar sus urgencias económicas (Canillas, Vicálvaro y Canillejas)88; crearon comisiones para solicitar a los Ministerios de Obras Públicas e Instrucción Pública ayudas para la construcción de caminos y escuelas en los municipios de su jurisdicción89 y cooperaron a la hora de requerir, al Ayuntamiento de Madrid, tanto una plasmación real del propio proyecto de anexión (Vicálvaro y Vallecas)90 como apoyos para mejorar el estado de las comunicaciones tranviarias con la capital91.

En la antesala de la92Guerra Civil, el Ayuntamiento de Madrid volvería a establecer como uno de sus principales objetivos a corto plazo solucionar los problemas intercomunales ofrecidos por la capital y sus alrededores. De nuevo, saldría a la palestra el objetivo de la anexión, discutiéndose sobre su carácter parcial o total y la necesidad de formar una ponencia que valorase las posibilidades reales que existían con respecto a la misma, pero también el de la Mancomunidad. En última instancia, las conversaciones que entonces se mantuvieron no revelaron cambios significativos con respecto a discursos precedentes sobre el tema, más allá de las mayores facilidades que se entendía que daba la Ley Municipal de 1935 para el desarrollo de la iniciativa93. Como se señalaba desde El Sol, lo entonces ocurrido no representaba más que otra muesca en el cúmulo de intenciones nunca conclusas del consistorio madrileño. Pero la reemergencia de esa intención en vísperas del conflicto probaba que, en un contexto en el que la vida de Madrid y de los pueblos limítrofes tendía a ponerse en común, volvía a quedar evidenciada la necesidad de una estrecha inteligencia entre la gran ciudad y su contorno94.

5. Conclusiones

Los vertiginosos cambios y transformaciones registrados por Madrid durante el primer tercio del siglo XX impactaron no únicamente sobre los propios límites de su término municipal, en un sentido económico, social, político y/o cultural. Al mismo tiempo, llevaron consigo nuevas formas de pensar y reflexionar sobre las relaciones intercomunales a establecer entre la capital y los asentamientos poblacionales emplazados en sus alrededores. En la ya citada memoria que la Oficina Municipal de Información sobre la Ciudad de Madrid redactó a la altura de 1929 se significaba abiertamente el crecimiento ininterrumpido de esos enclaves, a los que únicamente les separaba de la capital una frontera cada vez más imperceptible, esto es, la delimitada por el criterio de la división jurisdiccional. Ya en ese momento se resaltaban, negativamente hablando, aspectos que guardaban relación con la desatención o el anquilosamiento que evidenciaban aquellos núcleos en el estado de sus infraestructuras y servicios públicos. Ambas fueron problemáticas que se pusieron sobre la mesa en diversos debates y argumentarios esencialmente enfocados a la búsqueda de un objetivo que, sin salir finalmente de un plano discursivo, resultó especialmente omnipresente en los compases finales de la dictadura de Primo de Rivera y en el marco de la Segunda República, esto es, el que conectaba con la posibilidad de desplegar dinámicas de administración y gestión más eficientes sobre espacios cuyo despegue demográfico no ofrecía una evolución acompasada con la evidenciada en sus recursos y dispositivos materiales.

Las necesidades de los términos municipales colindantes con respecto a Madrid se dejaron sentir de manera progresiva en numerosos apartados, entre los que destacaban la pavimentación de vías públicas, el establecimiento de una amplia red de alcantarillado, la construcción de grupos escolares, la dotación de aguas o la gestión del paro forzoso. Todas estas eran temáticas que, bajo la temprana fórmula de la Mancomunidad proyectada y aprobada en 1910-1911, ya se habían definido como de interés material y de orden moral e intelectual entre quienes habían formado parte de sus comisiones competentes. Sin embargo, había otras muchas cuestiones de trascendencia en ese escenario que cabría valorar. Algunas de ellas obtuvieron gran eco en la opinión pública de la época (por ejemplo, las sensibilidades higiénico-sanitarias más depuradas que poco a poco habían ido surgiendo en torno a la cuestión de la mortalidad causada por enfermedades infecciosas), pero también hubo otras que pasaron más inadvertidas, pese a jugar un rol clave en el marco de la vida cotidiana. Para el vecindario que postulaba por la cooperación con Madrid en municipios como Vallecas o Chamartín de la Rosa también influían los crecientes dilemas administrativos y/o jurídicos con que se topaban en la práctica de las diligencias que debían realizar y resolver con carácter diario en cabezas de partidos muy distantes de su espacio de desenvolvimiento (ya fueran Alcalá de Henares en el primer caso o Colmenar Viejo, en el segundo).

A nadie escapaba que los progresos y avances en algunos de los apartados anteriormente citados dependían de acciones que rebasaban las posibilidades presupuestarias de los consistorios de esos núcleos poblacionales y que se concebían como ejecutables desde la implementación de fórmulas de administración territorial cuyo apoyo o animadversión llegaba vehiculado por consideraciones de muy diversa tipología. La mancomunidad, como fórmula de entidad supramunicipal que, superior al Ayuntamiento de Madrid, dirigiera y gestionara los servicios de las localidades integradas en lo que pasaba a conceptuarse como una gran aglomeración urbana, fue una solución federativa fluctuante durante toda la etapa aquí estudiada. Para sus defensores, su principal virtud radicaba en la posibilidad que brindaba a los pueblos más próximos a Madrid a la hora de mantener una autonomía en el tratamiento de lo que estos últimos categorizaban como sus asuntos propios. En algunos casos, se significaba la relevancia que dicha estrategia ofrecía a efectos de mantener incólume la identidad que tenían los municipios vecinos de la capital, pero también otros aspectos que no resultan baladíes en este contexto histórico. Entre ellos despuntaban los correlacionados con los criterios de representatividad a otorgar a quienes detentaban cargos conectados con la administración y gestión de esos núcleos poblacionales (que habrían de perder con la formación del nuevo y gran consistorio unificado que implicaba la anexión territorial) o las dificultades que los poderes locales de la capital habían reflejado en la gestión y la administración de sus propios servicios públicos en términos de distribución socio-espacial, sin olvidar las problemáticas que en el período republicano todavía seguían presentándose con la incompleta urbanización del Ensanche y, sobre todo, con la ausencia de un planeamiento ordenado en un Extrarradio cuya normalización no había dejado de representar el leitmotiv, siempre inconcluso, del urbanismo de la capital.

Frente a la mancomunidad, los argumentarios que se crearon en torno a la anexión ambicionaban esa fórmula como el camino directo hacia la consecución de lo que en un momento determinado comenzaría a conceptualizarse como el futuro Gran Madrid. Los defensores de esa solución convenían en la urgencia de irradiar, desde la cabeza política de la nación, civilización y progreso a aquellos términos municipales que seguían mostrando marcadas carencias y omisiones en términos de ordenanzas y reglamentaciones, tanto en el ámbito de las edificaciones particulares como en el de sus servicios más básicos. En definitiva, se trataba de una visión “colonizadora” pero, al mismo tiempo, instigadora y benefactora de modernidad que escenificaba, en unos parámetros novedosos, cuestiones que tenían que ver con los umbrales de la capital y con los vínculos entre esta última, ya claramente dilatada, y sus periferias. Mas los debates intercomunales que se realizaron en torno a la posibilidad de la anexión como, ejecución inmediata y automática, resultaban quiméricos en una coyuntura en la que debían considerarse realidades complejas y poliédricas, ya fueran técnicas, sociales, político-administrativas y, sobre todo, conectadas con el escepticismo que se evidenciaba con respecto a la potencialidad económica del Ayuntamiento de Madrid.

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7. Listado de Acrónimos/Siglas

AGA Archivo General de la Administración

AVM Archivo de Villa de Madrid

BRCM Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid.

DSC Diario de las Sesiones de Cortes

LAAM Libro de Actas del Ayuntamiento de Madrid

LAAV Libro de Actas del Ayuntamiento de Vallecas

LAACA Libro de Actas del Ayuntamiento de Carabanchel Alto

LAACB Libro de Actas del Ayuntamiento de
Carabanchel Bajo

LAACR Libro de Actas del Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa

LAAVI Libro de Actas del Ayuntamiento de Vicálvaro.