5.1. Las determinaciones estructurales y/o generales de ordenación urbanística

Las 17 leyes autonómicas regulan con escasas diferencias las determinaciones estructurantes que tradicionalmente han conformado el contenido del Plan. Entre dichas determinaciones se encuentran la clasificación de suelo, la programación para su desarrollo, las referencias a la estructura general y orgánica del territorio, las medidas de protección del medio ambiente o las condiciones de su revisión. Partiendo de este esquema básico su número se ha incrementado de manera considerable en algunas CC.AA., incorporando referencias a la formulación del plan, a la protección del paisaje, a la vivienda, a los patrimonios públicos de suelo o a los estudios de tráfico o movilidad, entre otras. A continuación, se analizan aquellas que, por su novedad o especificidad, se consideran de mayor interés.

5.1.1. La formulación del plan

Varias CC.AA. incluyen entre sus determinaciones estructurantes elementos que vinculan la ordenación urbanística con el diagnóstico previo del municipio y la normativa territorial y sectorial. Este es el caso, por ejemplo, de la Ley de Castilla y León que entiende que, entre las determinaciones estructurales o generales que deben recoger el Plan General, se encuentra la “formulación, a partir del análisis y diagnóstico de las circunstancias urbanísticas del Municipio, de sus propios objetivos y propuestas generales, que habrán de ser compatibles con la normativa sectorial, los instrumentos de ordenación del territorio y el planeamiento de los Muncipios limítrofes.” (art. 41.a) LUCyL). En un sentido similar se pronuncian Cantabria (art. 44.1.a LOTRUSCAN), Galicia (art. 52.a LSG) o Castilla-La Mancha, que añade, además, “la previsión de la expansión urbana para los próximos 12 años” (art. 24.1.a TRLOTAUCM).

Extremadura incluye como contenido del Plan General las “estrategias de revitalización del núcleo existente y [las] alternativas de ordenación y, en su caso, de crecimiento, con justificación de la alternativa elegida”, así como las “estrategias y, en su caso, normas de ordenación para favorecer la cohesión social y la ordenación con perspectiva de género […]” (art. 47.1.c y d LOTUSE). También el País Vasco, entiende que la ordenación estructural debe ajustarse a “la estrategia de la evolución urbana y de la ocupación del suelo [que] deberá determinar la secuencia lógica del desarrollo urbanístico […]” (arts. 53.1.a y 55 LSUPV)²⁰.

5.1.2. La clasificación del suelo

Esta determinación define el contenido fundamental del Plan y le confiere su carácter protagónico dentro del sistema urbanístico español, puesto que de dicha clasificación depende, en gran parte, la configuración del contenido del derecho de propiedad²¹.

La regulación autonómica reproduce de manera prácticamente idéntica la clasificación tradicional que distingue entre suelos urbanos, urbanizables (susceptibles de desarrollo que podrán ser categorizados como sectorizados o delimitados y no sectorizados o no delimitados), y los no urbanizables o rústicos según cada Comunidad Autónoma. Así, mientras que algunas leyes urbanísticas se limitan simplemente a enunciar la necesidad de que el Plan realice la clasificación de suelo, otras describen su contenido de manera detallada en función de cada clase y categoría.

Especial referencia merece en este sentido el mantenimiento, por parte de la gran mayoría de las Comunidades Autónomas²², de las categorías que diferencian entre Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado siguiendo el criterio que marcase en su día la Ley Estatal de Suelo de 1998, que quedó derogada con la entrada en vigor de la Ley de Suelo de 2007. Esta categorización dificulta que, entre sus efectos, sea posible reclamar entregas de suelo (cesiones) en el suelo urbano consolidado, y que deja abierta la puerta a obtenerlas en el suelo urbano no consolidado, viene planteando serios problemas en relación con la determinación del estatuto jurídico de la propiedad del suelo, que, en realidad, depende del tipo de actuación urbanística que diseñe el plan, y no de una determinada categorización y denominación formal del suelo. Especialmente llamativo resulta, además, que se mantenga por parte de la legislación autonómica que rechazó de plano y con carácter casi generalizado el modelo liberalizador que aquella Ley estatal estableció.

5.1.3. Suelo rústico o suelo no urbanizable

Novedosa resulta la exhaustiva pormenorización en relación con las determinaciones estructurantes relativas al suelo rústico o al suelo no urbanizable que, como no podría ser de otro modo, responde a la también exhaustiva categorización de estos tipos de suelos en la propia legislación autonómica. Sirva, a modo de ejemplo, la regulación de la Ley Andaluza²³ que establece que el Plan General de Ordenación Urbanística podrá reconocer, dentro del suelo clasificado como no urbanizable, el suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, el suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, el suelo no urbanizable de carácter natural o rural y el suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado (art. 46.2 LOUAN). De conformidad con dicha regulación, Andalucía recoge como determinación estructurante la normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección y la normativa e identificación de los ámbitos del hábitat rural diseminado (art. 10.1.A.h LOUAN). En un sentido similar se pronuncian también Aragón (art. 40.1.h TRLUA); Baleares (que distingue entre suelo rústico común y protegido, art. 37.h LUIB); Cantabria (art. 45 LOTRUSCAN); La Rioja (art. 63.e LOTUR) y Castilla y León (art. 41.g LUCyL) que incorporan como determinaciones estructurantes en el suelo rústico, las “normas de protección” que procedan en cada categoría para mantener su naturaleza, proteger el medio natural y asegurar el carácter aislado de las contrucciones. Madrid incluye, de manera obligatoria, como contenido del Plan General las determinaciones pormenorizadas relativas al suelo no urbanizable de protección. (art. 35.2.d LSM).

La clasificación y categorización que realiza la Ley de Canarias²⁴ sobre el suelo rústico (art. 34 LSENPC) merece por sí misma un estudio específico, pero destaca, entre las determinaciones estructurantes del plan, “la delimitación de los asentamientos rurales y agrícolas, estableciendo, cuando sea preciso, los criterios para su ordenación pormenorizada, la determinación de las infraestructuras públicas de necesaria implantación en el suelo rústico, y la regulación de las condiciones complementarias que deben servir de base para la aprobación de los proyectos que, no obedeciendo a usos y actividades ordinarias del suelo rústico […]” (art. 136. C LSENPC).

La importancia del suelo rústico para la ley de Extremadura queda patente con la creación, dentro de la clasificación de los instrumentos de ordenación territorial de desarrollo, de la figura de los Planes de Suelo Rústico que, si así lo han asumido los municipios que hayan solicitado su redacción, se impondrán incluso a los Instrumentos de Ordenación Urbanística. En este sentido, el Plan deberá recoger como determinación estructurante

“la categorización, ordenación y regulación del suelo rústico del término municipal con las mismas determinaciones que las establecidas en esta Ley cuando no esté asumido en dicho ámbito un Plan de Suelo Rústico.” (arts. 45.2.b LOTUSE).

Todas las CC.AA. que incorporan este tipo de determinaciones, tienen además como objeto su especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, y a tales de efectos, incluyen la previsión de elaboración de Catálogos específicos de elementos arquitectónicos o naturales, que deberán identificar las medidas de protección que procedan. Entre otras: Cantabria (art. 45.j LOTRUSCAN) Castilla y León (arts. 41. d LUCyL), Galicia (art. 52.h LSG), La Rioja (arts. 63.d y 72 LOTUR) y Murcia (art. 116.c LOTUM).

5.1.4. Protección medioambiental, naturaleza y paisaje

Aunque la defensa de los valores ambientales e incluso su reparación, tanto del territorio como de las propias ciudades, ha quedado en manos de la legislación sectorial de protección (Fariña, J:2011), algunas CC.AA. incorporan específicamente las referencias a la protección medioambiental, la naturaleza y el paisaje, dentro de las determinaciones que debe incluir el Plan General, sin perjuicio de lo establecido por la legislación básica (Mardones- Fernández de Valderrama & otros: 2019). Así, Asturias y Cantabria consideran como determinación estructurante las

“medidas para la protección y satisfacción de las exigencias del medio ambiente, de conformidad con la legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto.”

En el primer caso, se incluyen además las

“normas de protección ambiental precisas para hacer compatible con los usos colindantes la implantación de industrias que puedan adoptar las medidas necesarias para mantener los estándares medioambientales que se fijen” (art. 59.2.k Trotua).

El País Vasco incluye las

“directrices de protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza, defensa del paisaje y de los elementos naturales y artificiales, en especial los relativos al patrimonio cultural” (art. 53.1.e LSUPV).

La Rioja (art. 63.h LOTUR) añade la “integración ambiental y para la pro-tección de la salud pública”, y Galicia las

“determinaciones necesarias para que las construcciones e instalaciones cumplan las condiciones de adaptación al ambiente” (art. 52.l LSG).

Especial referencia merece en este sentido la precisión de la Ley Foral Navarra en relación con el fomento de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética (art. 52.2 TRLOTUN).

En este mismo contexto cabe destacar como una innovación importante de la legislación urbanística, la importancia que durante los últimos años ha adquirido el paisaje en la ordenación urbanística y, en concreto, en el contenido estructurante del Plan. Un claro ejemplo de ello son las Leyes de la Comunidad Valenciana – que incorpora el concepto en su propia denominación- y de Canarias que, además de contar con figuras de planeamiento específicas, establecen la necesidad de que el Plan contenga un análisis de integración paisajística (140.3 LSENPC) o un Estudio de paisaje (art. 34 LOTUPCV). También la Ley Balear y la Navarra (art. 52.5 TRLOTUN), incorporan como determinación estructurante las medidas de protección del medio ambiente, la naturaleza y el paisaje; igual que hace Murcia en los supuestos que requieren Estudio de Impacto Territorial o Estudio de Paisaje (art. 116.2 LOTUM). Cantabria recoge dentro de sus normas de aplicación directa y estándares urbanísticos en el planeamiento municipal: la protección del medio ambiente (art. 32 LOTRUSCAN) del entorno cultural (art. 33 LOTRUSCAN) y del paisaje (art. 34 LOTRUSCAN).

Como particularidad en la legislación urbanística, destaca en la Ley de la Comunidad Valenciana, la incorporación al contenido del Plan, como determinación estructurante, “la infraestructura verde”, definida como “el sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores.” (art. 4 LOTUPCV).

5.1.5. Propuesta de programación

La legislación urbanística es muy desigual a la hora de regular la determinación relativa a la propuesta de programación (dos cuatrienios) que exigía la LS 1976 y que estaba orientada, por una parte, a la ejecutividad real del Plan de conformidad con sus previsiones de desarrollo y, por otra, a la coordinación de la inversiones públicas y privadas necesarias para llevarlo a cabo (art. 19 del Reglamento 1978). Previsiones que, en cualquier caso, se han demostrado insuficientes y lejanas a una mínima posibilidad de adaptación de los Planes a una realidad urbana y social que, 44 años después, es muy cambiante. Todo ello sin entrar aún en la duración que conlleva su tramitación, revisión o modificación.

En este sentido mientras que leyes como la de Andalucía establecen que los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben contener las previsiones generales de programación y gestión de la ordenación estructural, para Aragón esta determinación de los plazos máximos tiene carácter potestativo, aunque, en defecto de previsión, estima que el plazo máximo para el suelo urbanizable será de veinte años y de doce para el suelo urbano no consolidado. (art. 40.f TRLUA). Baleares se limita a establecer que el Plan debe recoger las previsiones temporales para su desarrollo o, si no lo hace, al menos el señalamiento de las prioridades de actuación para coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas (arts. 35.1.d y 37.g LUIB).

También para Asturias el Plan podrá recoger la programación en dos etapas de cuatro años, como hacía la LS 1976, o modalidad equivalente alternativa, con el objetivo de coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas (art. 59.m TROTUA). Cantabria recoge “la programación de etapas en lo que afecte a la iniciativa pública” (art. 45.2. b LOTRUSCAN) y el establecimiento de los plazos para que se aprueben los Planes Parciales, lo mismo que el País Vasco (53.1.d LSUPV) y Galicia que fija el plazo para la aprobación del planeamiento de desarrollo será, si no se especifica otra cosa, en tres años (art. 52.k LSG).

En La Rioja los planes deberán incluir una programación para determinar la estrategia de su desarrollo a medio y largo plazo y, con carácter indicativo, los plazos y condiciones en los que tengan que ser ejecutadas las actuaciones de iniciativa particular. (arts. 63.f y 70) En el mismo sentido, Murcia recoge los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos (art. 116. 1.d LOTUM). En Cataluña, cuando no exista el programa de actuación urbanística, los planes deberán incluir, por medio de la agenda, las determinaciones propias de éstos con respecto a las prioridades y a las previsiones temporales de la ejecución del plan de ordenación urbanística municipal. (art. 58.1.i TRLUC). También Valencia regula de manera independiente el Programa de Actuación Urbanística (y de renovación y regeneración urbana), pero con un contenido que excede la mera programación temporal y vinculado al proceso de gestión urbanística (art. 108 y ss. LOTUPCV).

5.1.6. Viviendas protegidas

Esta determinación, que tradicionalmente se había mantenido al margen del Plan, vincula la ordenación de los usos del suelo con la efectividad del derecho a la vivienda reconocido por la Constitución. Aunque algunas CC.AA. empezaron a recogerla en sus respectivas legislaciones con criterios muy diferentes, su inclusión en la LS 2007, estableció unos estándares mínimos para todo el territorio nacional.

La regulación autonómica sobre esta materia es muy diversa. Algunas CC.AA. le dedican una regulación específica como contenido del Plan General, mientras que otras las incluyen directamente como determinaciones de carácter estructurante. Así, por ejemplo, mientras que Aragón se limita a indicar que el Plan debe incluir las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas protegidas de acuerdo con las necesidades definidas por el propio plan (art. 40.d TRLUA); otras leyes, como la de Baleares, consideran determinación estructurante la evaluación de las necesidades de vivienda sometida a algún régimen de protección pública y la fijación de las reservas para este tipo de vivienda en las actuaciones de transformación urbanística que se prevean, así como su ubicación, con un mínimo del 30% (art. 37.i LUIB).

En el mismo sentido, Andalucía establece que, en cada área de reforma interior o sector con uso residencial, deben reservarse, al menos, el treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas (art. 10.1.A.b LOUAN). También para La Rioja (art. 69 LOTUR) los Planes Generales Municipales deberán asegurar esa reserva mínima del 30%, que se fijará en atención a las necesidades de los municipios y a su volumen de población. Cataluña, prevé que el planeamiento pueda recoger como determinación estructurante el sistema urbanístico de viviendas dotacionales públicas (art. 58.1.g TRLUC), y fija la reserva de suelo suficiente para la construcción de viviendas de protección pública para el cumplimiento de los objetivos definidos en la memoria social y, como mínimo,

“el suelo correspondiente al 30% del techo que se califique para el uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable, un 20% del cual, como mínimo, ha de destinarse a viviendas de protección oficial de régimen general, de régimen especial, o de ambos regímenes, o los regímenes que determine como equivalentes la normativa en materia de vivienda, destinados a la venta, al alquiler o a otras formas de cesión de uso […]” (art. 57.3 TRLUC).

Aunque no como determinación general, para Castilla y León esta reserva será de entre el 30 y el 80 por ciento de la edificabilidad residencial de cada sector de suelo urbano no consolidado y urbanizable, sin perjuicio de la potestad de los promotores para dedicar también a la construcción de viviendas con protección pública terrenos exteriores a la reserva, con una serie de excepciones (art. 38.2 LUCyL). Navarra recoge un artículo específico que desarrolla la determinación estructurante sobre vivienda (art. 49.2.b TRLOTUN) con la siguiente previsión:

“los Planes Generales Municipales deberán incluir determinaciones para asegurar que, como mínimo, el 50 por 100 de la nueva capacidad residencial, prevista para un período de al menos ocho años a partir de la aprobación definitiva del planeamiento, se destine a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.” (art. 54 TRLOTUN).

El País Vasco incluye como contenido estructurante

“Las determinaciones precisas para garantizar el cumplimiento tanto de los estándares y cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública como de las reservas para alojamientos dotacionales. (art. 53.1.g LSUPV). Dicha previsión es también determinación estructurante para Extremadura (art. 45.2.i LOTUSE).

Para Murcia el Plan podrá:

“determinar las condiciones y ámbitos de aplicación de primas de aprovechamiento de hasta el veinte por ciento para usos que se propongan opcionalmente como alternativos al residencial no protegido, tales como el destinado a vivienda de protección pública, el hotelero u otros de menor valor lucrativo, siempre que sean compatibles con el residencial […].” (arts. 116.3 y 4 LOTUM).

La Comunidad Valenciana recoge como determinación estructurante la política pública de suelo y vivienda (art. 21.1.k) y establece unos mínimos, con destino preferente al alquiler o al régimen de derecho de superficie y venta (art. 33 LOTUPCV).

5.1.7. La Normativa como determinación estructurante

A la distinción entre las “Normas”, entendidas éstas como Instrumentos de planeamiento independientes, y la “normativa” que, como documentación acompaña a los planes, hay que añadir, además, las referencias a la normativa como determinación de carácter estructurante. Este es el caso, por ejemplo, de la Ley de Canarias que, sin perjuicio de lo ya referido sobre la normativa de protección de los suelos rústicos o no urbanizables, entiende que será determinación estructurante del Plan “las normas urbanísticas de carácter general que regulen las diferentes clases y categorías de suelo, así como las definiciones de los parámetros de la edificación y de usos que sean necesarios para concretar las determinaciones a que se refiere este artículo.” (art. 136.A.e LSENPC).

También tiene la consideración de determinación estructurante para Andalucía la normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación de la Zona de Influencia (art. 10.1.A.i LOUAN).

5.1.8. Estudios de tráfico y movilidad

La regulación de la determinación relativa a los usos y edificabilidades globales es muy similar en todas las legislaciones urbanísticas, que coinciden en otorgarle carácter estructurante a uno de los elementos que más contribuyen a definir la estructura de una ciudad y que condiciona otros aspectos clave como son la complejidad, la movilidad, la distribución del espacio público y los servicios, los condicionantes de una ciudad de proximidad y saludable, la cohesión social e, incluso, la contaminación medioambiental. Precisamente, en relación con estos aspectos, algunas CC.AA. prestan una atención especial a los estudios sobre tráfico y la movilidad y los recogen como determinaciones estructurantes.

Este es el caso de Andalucía que prevé, para determinados municipios la “definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos para la ciudad” (art. 10.B.b LOUAN).

Para Aragón, este estudio deberá incluirse, especialmente para las zonas con actividades singulares o de población que generen estas demandas, y deberá ponderar impactos sobre las redes supramunicipales de comunicaciones y transportes en función de los nuevos desarrollos previstos (art. 40. 2 TRLUA).

En un sentido similar se pronuncian Castilla y León (art. 36.bis LUCyL), Cataluña (art. 58.1.h TRLUC), Baleares (art. 37.f LUIB) y Galicia (art. 52.g LSG) que, además, según el análisis de la movilidad, incorpora la previsión de aparcamientos de titularidad pública, que podrán ubicarse incluso en el subsuelo de los sistemas viarios y de espacios. Para Navarra

“el planeamiento urbanístico promoverá la movilidad y el urbanismo sostenibles, a fin de reducir las necesidades de desplazamiento de la población y facilitar el uso y la eficiencia del transporte público” y […] Los ayuntamientos garantizarán la coordinación entre el planeamiento urbanístico y la planificación del transporte.” (art. 52.3 TRLOTUN).

Esta Comunidad Foral prevé además una determinación específica sobre accesibilidad en construcciones y espacios públicos (art. 52.4 TRLOTUN).

5.1.9. Indicadores de crecimiento de población y de evaluación de sostenibilidad

El establecimiento de indicadores en el planeamiento y, específicamente, en las determinaciones estructurantes del Plan, pueden considerarse también como un elemento innovador en la regulación del planeamiento que contribuye a realizar su seguimiento y evaluación.

Aunque aún son pocas las legislaciones que lo recogen, cabe destacar la previsión de la Ley Navarra que establece que el Plan General Municipal deberá incorporar entre sus determinaciones un sistema de indicadores de gestión y resultados (art. 51. 7 TRLOTUN). En el mismo sentido, Extremadura prevé una serie de indicadores de sostenibilidad territorial y urbana que, fijados reglamentariamente, permitirán a los instrumentos alcanzar los valores de sostenibilidad reconocidos por los estándares mínimos de sostenibilidad establecidos al efecto (arts. 45.2.g y 10 y ss. LOTUSE).

La Comunidad Valenciana exige explicitar objetivos, umbrales e indicadores de sostenibilidad para el seguimiento del plan general estructural o de las directrices de ordenación territorial, respectivamente. (art. 22 LOTUPCV), mientras que para Cataluña el Plan deberá recoger específicamente

“los indicadores de crecimiento, población, recursos y desarrollo económico y social del sistema urbano que deban ser considerados para decidir la oportunidad y la conveniencia de cada actuación, de acuerdo con los intereses públicos derivados del imperativo de utilización racional del territorio.”, e “incorpora[r] previsiones sobre la disponibilidad de los recursos hídricos y energéticos” (art. 58.1.d TRLUC).

5.1.10. Determinaciones complementarias en relación con cada clase de suelo

Como ya se ha mencionado, las CC.AA. que mantienen una estructura similar a la recogida por la LS 1976 y su Reglamento de desarrollo, además de contener las determinaciones generales a las que ya se ha hecho referencia, recogen una serie de determinaciones complementarias específicas para cada tipo de suelo, que formarán parte del contenido del Plan General atendiendo a la regulación específica de cada CC.AA. Así se recoge en la Fig. 3.

5.2. Las determinaciones pormenorizadas de ordenación urbanística

Como en el caso de las determinaciones estructurantes, la legislación de las CC.AA. contiene una variada y extensa regulación de las determinaciones pormenorizadas. Aunque con carácter general dichas determinaciones conformarán el contenido de los Planes de Desarrollo, lo cierto es que son muchas las CC.AA. que también las incluyen como contenido (obligatorio o potestativo, según los casos) de los Planes Generales.

Este aspecto, sin duda, condiciona la rigidez del planeamiento De alguna manera, la estricta y rigurosa regulación que, sin duda, tiene como fin último proteger el interés general, termina por convertir al Plan en un documento muy complejo en su elaboración y contenido que desincentiva su revisión y que se “adapta” a las necesidades de cada momento mediante modificaciones puntuales que no responden a la visión estratégica que le correspondería y que, llevado a sus últimas consecuencias, acaba por generar inseguridad jurídica y falta de coherencia.

Especial importancia tienen estas determinaciones para las CC.AA. de Andalucía, Aragón, Castilla- La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco que de manera obligatoria las reconocen como contenido del Plan General en relación con el Suelo Urbano y el Suelo Urbanizable (Galicia, también en el suelo de núcleo rural y Madrid para el suelo no urbanizable de protección) y potestativas en el resto de casos. (Fig. 4).

CC.AA25 Contenido estructurante o general26	ANDALUCÍA (art. 10)	ARAGÓN (art. 40)	ASTURIAS (art. 59)	BALEARES (art. 37)	CANARIAS (art. 136)	CANTABRIA27 (art 44)	C. LA MANCHA (art. 24.)	C.Y LEÓN (art. 41) (arts. 80y ss. del Reglamento)	CATALUÑA (art. 58)	EXTREMADURA (art. 45.2	GALICIA (art. 52) D. generales	LA RIOJA (art. 63) D. generales	MADRID (art. 35)	MURCIA (art- 116)	NAVARRA (art 49)	PAÍS VASCO (arts. 53 y 60)	VALENCIA (art. 21)
Formulación plan/ Directrices/ criterios para el desarrollo						Art. 44.1.a	Art. 24.1.a	Art. 41.a, e	Art. 57.2.c	Art. 47.1.a	Art. 52.a (art. 51)		Art. 41.3.a		Arts. 51/ 58.2	Art. 53.1.a	Art. 21.2
Condiciones y criterios de desarrollo de cada uno de los instrumentos de desarrollo		Art. 40.1.f		Art. 37.e	Art. 136. B.d	Plazos Art. 45.2.f	Art. 24.1.f			47.1.e	Art. 52.e sistema de actuación de SUNC Y SUBLE			Art. 116.1.d		Art. 53.1.d y h	Arts. 21.1.i y j/ 22.4/ 31.
Clasificación del suelo /superficies asignadas/ categorías de suelo	Art. 10.1.A. a	Art. 40.1.a	Art. 59.2.b	Art. 37.a	Art. 136.A.a	Art. 44.1.b	Art. 24.1.b	Art. 41.b	Art. 58.1.a	Art. 45.2.a; f	Art. 52.b	Art. 63.a	Arts. 35.2.a/ 37-38-39	Art. 116.1b	Art. 49.2.a	Art. 53.1.b	Arts. 21.1.f /28
Delimitación de ámbitos/ zonas		Art. 40.1. f		Art. 37.c	136. A.b y c	Art. 44.1.c	Art. 24.1.c	Art. 41.e	Art. 58.1.a	Art. 45.2.c	División del SU en distritos Arts. 52.c y d/52.i/44	Art. 64, 65, 66 y 67	Arts. 35.2. c/37	Art. 116.1.b	4arts. 9.2.b/50	Art. 53.1.b	Arts. 21.d) /25, 26, 27 29
Estructura del territorio/ dotaciones. Red primaria comunicaciones, zonas verdes y parques públicos	Art. 10.1.A. c	Art. 40.1.b	Art. 59.2.a	Art. 37.f	Art. 136.A.d	Art. 44.1.c	Art. 24.1.e	Art. 41.c	Art. 58.1.f	45.2.e (núcleo de relevancia territorial)	Arts. 52.f/52.j	Art. 63.b y c	Arts. 35.2.b/ 36	Arts. 116.1.a/ art. 120	Arts. 49.2.c/ 55	Arts. 53.1. c y e; 54	Arts. 21.c / 24
Sistemas generales supramunicipales	Art. 10.1.B.c				Art. 136.A.d					Art. 45.2.d			Arts. 36.4	Arts. 116.1.a/ art. 120		Art. 53.1.f	Art. 24
Usos y edificabilidades globales	Art. 10.1.A. d	Art. 40.1.c, 40.1. e	Art. 63 y 64	Art. 37.b		SUC Art. 44.1.e	Art. 24.1.d	Art. 41.e	Art. 58.2.e	Art. 45.c			Art. 35.2.c /38/39	Art. 116.1.b	Arts. 49.2.d/ 51.4	Art. 53.1.c
Suelo urbanizable	Art. 10.1.A. f				Art. 136. B.b	Ord, detallada SUNC Y SUBLE. Art. 44.2	Art. 24.2.c	Art. 35	Art. 58.7 y 8		Art. 52.i	Art. 66	Art. 42.5	Art. 119	Arts. 49.2.d y 51.4	Art. 53.2	Art. 27
Suelo urbanizable no sectorizado/ no delimitado	Art. 10.1.A. e							Arts. 36,38	Art. 58.9			Art. 67	Art. 42.4	Art. 118	Art. 51.8	Art. 53.3	Art. 21.1.g
Especial protección	Art. 10.1.A. g	Art. 40.1.g	Art. 59.2. c, d, e, f y g		Art. 136.A.f	Art. 44.1.d. núcleos de población existentes. Art. 44.1.c Catálogo		Catálogo Arts. 41.d /38			Catálogo Art. 52.h	Art. 63.d Catálogos y art. 72	Art. 42.2 y 3	Catálogos. Art. 116.c	49.2.e		Art. 21.1.e/ 26. b
Suelo rústico/ protección (NUBLE)	Art. 10.1.A. h normativa	Art. 40.1,h normativa		Normativa art. 37.h	Art. 136.C.a	Normas Catalogo edificaciones arts. 45.2.g 45.2.j	Art. 24.1.b y f	Art. 41.g	Art. 58.9.a	Art. 45.b	Art. 57	Art. 63.e /art. 68	Art. 35.2.d		Art. 49.2.e	Art. 53.4	Art. 26
Propuesta de programación	Art. 10.3	Art. 40.1.i art. 39.1.b (20 años)	Art. 59.2.m Dos etapas de 4 años	Art. 37.g		Potestativo art. 45.2.b			Agenda Art. 58.1.i		3 años Art. 52.l	Art. 63.f/ art. 70	41.3. f	Art. 116.d		Art. 53.1.d	Art. 22
Protección medioambiental/ naturaleza y paisaje	Art. 10.3		59.2.j, k	Art. 37.h	Art. 136.A.f	Adicionales a las exigidas. Potestativo. Art. 45.2.c		Art. 36		47.1.a	Art. 43	…y salud pública Art. 63.h		Art. 116.2	sobre desarrollo sostenible28 art. 52/ 56	Art. 53.1.e	Art. 52
Previsión de Revisión del plan	Art. 10.3		Art. 59.2.l	Art. 37.j		Art. 45.2.i			Art. 57.2.d			Art. 63.g		Art. 116.d
Viviendas protegidas	Art. 10.1.A. b	Art. 40.1.d		Art. 37.i		Potestativas	Art. 24.3 a	Art. 38 ley Art. 82 Reg.	Arts. 57.3, 4, 5, 9 y 7/58.1.g	Art. 45.i	Art. 42.9	Art. 69	Art. 42.5.c	Art. 116.3 y 4	Art. 54	Art. 53.1.g	Arts. 21.1.k /33
Normativa General				Suelo rustico Art. 37.h											Art. 51.2
Normativa litoral/ Dominio público	Art. 10.1.A. i		Art. 59.2.h
Estudios de tráfico/ movilidad	Art. 10.1.B.b	Capitales de provincia Art. 40.2		Art. 37.f				Art. 36.bis	Art. 58.1.h		Art. 52.g				Art. 53		Art. 29
Registro de solares						Y tanteo y retracto art. 45.2.h
Construcciones fuera de ordenación						Art. 44.1.f	Art. 24.2.d			Art. 45.h				Art. 116.d
Patrimonio público de suelo (áreas de tanteo y retracto								Delimitación de reservas para ampliar PPS art. 41.f/						Art. 116.d	Art. 49.2.f	Art. 53.3.d	Arts. 21.1.k /33
Indicadores de crecimiento de población y de evaluación de sostenibilidad				Capacidad máxima. Art. 37.c					Art. 58.1.d	Art. 45.g					Art. 51.7		Arts. 21.1.a /22
Previsiones disponibilidad de recursos hídricos y energéticos								Art. 36 ter	Art. 58.1.e					Art. 116.1.a			Art. 22.2.c
Delimitación y caracterización de la infraestructura verde																	Arts. 21.1.b /23
Estudio Económico y financiero											Art. 59	Art. 71					Art. 30
Consideración de riesgos naturales y tecnológicos								Art. 36 quater
Cohesión social								Art. 38	47.1.a y d								Art. 21.1.a
Accesibilidad								Art. 39								Art. 52.2.4	Art. 29
Incluyen en las determinaciones generales las distintas clases de suelo		Referencias al SU, SUNUBLE; SNUBLE Y SNUBLE ESPECIAL	SU (art 60), SNUBLE (art. 61); SUBLE (art. 62)	Art. 37. a SU, SUBLE, Suelo Rústico	SU y SUBLE (art. 136.B) S. Rústico (136.C)	SUC (art. 46) SUNC (art. 47) SUBLE delimitado (art. 48) SUBLE residual (art. 49) suelo rústico (art. 50)			SU (art. 58.2) SUC (art. 58.3 Y 4) SUNC (art. 58.5) SUBLE delimitado (art. 58.7) SUBLE N DELIMITADO (art. 58.8) SNUBLE (art. 58.9)		SUC (art. 53) SUNC (art. 54) NÚCLEO RURAL (art. 55) SUBLE (art. 56) RÚSTICO (art. 57)	SUC (art. 64); SUNC (art. 65); SUBLE delimitado (art. 66); SUBLE No delimitado (art. 67) SNUBLE (art. 68)	Recoge determinaciones pormenorizadas art. 35.4 SU y SUBLE y SNUBLE de protección (art. 42)	SU (art. 117) SNUBLE (art. 118) SUBLE (art.119)		SUBLE SECTORIZADO (art. 53.2) SUBLE NO SECOTRIZADO (art. 53.3) SNUBLE (art. 53.4)
25 Leyenda: se incluyen en este cuadro (en color gris) los elementos que, de manera específica, se regulan como determinaciones estructurantes o generales en las leyes autonómicas. Se incluyen en color naranja, algunos elementos que forman parte del contenido del plan, pero no tienen o no se definen específicamente como determinaciones estructurantes. Se incluyen en color rosa las determinaciones estructurantes potestativas. Se recogen en color marrón los artículos que desarrollan una determinación estructurante. 26 Regulado expresamente como contenido estructurante o general del plan por la Ley urbanística. 27 Cantabria, en los arts. 32 y ss. de su ley recoge las “Normas de aplicación directa y estándares urbanísticos en el planeamiento municipal sobre Protección del medio ambiente; protección del entorno cultural; protección del paisaje; pantallas vegetales; distancias; alturas y volúmenes; edificabilidad, densidades y ocupación; espacios libres y equipamientos de sistemas generales; espacios libres y equipamientos de sistemas locales; reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y otras determinaciones sustantivas. En el artículo 44, regula las determinaciones mínimas que debe tener el plan y en el art. 45, las determinaciones de carácter potestativo que pueden o no incluirse como contenido del plan. 28 Artículo 52 de la Ley Navarra, incluye en el contenido del Plan General referencias a la consolidación de los núcleos urbanos existentes, la accesibilidad, la eficiencia energética, etc. Dentro de las determinaciones sobre desarrollo sostenible.

Fig. 4/ Clases de planes de ordenación.

Fuente: TRLS 1976. Elaboración propia.

Para terminar, es preciso volver a insistir en este punto en las regulaciones de Baleares, Extremadura y la Comunidad Valenciana que remiten la ordenación detallada o pormenorizada que tradicionalmente formaba parte del Plan General en un plan específico: los Planes de Ordenación Pormenorizada, en el caso de Baleares (arts. 40 y 42 LUIB); el Plan General detallado de Extremadura (art. 48 LOTUSE) y el Plan de Ordenación Pormenorizada de la Comunidad Valenciana (arts. 19.3 y 38 LOTUPCV).

Así, para Baleares los Planes de Ordenación Detallada podrán formularse con gran flexibilidad, bien incluyendo toda la ordenación detallada correspondiente a las tres clases de suelo, o bien tramitando varios planes independientes, pero coordinados entre sí y se podrán elaborar también parta ámbitos muy concretos, facilitando su modificación o revisión (art. 40.3 LUIB). La Comunidad Valenciana simplifica aún más su contenido al referirlo a la ordenación de suelo urbano y a la regulación de las Ordenanzas generales de edificación aplicables en todo el término municipal (art. 38 LOTUPCV). En el caso de Extremadura, el Plan General Detallado será el encargado de establecer la ordenación detallada del suelo urbano y, opcionalmente del suelo urbanizable si lo hubiera, y la normativa de aplicación que regule la ordenación, ejecución y gestión del plan.

6. Conclusiones

En la actualidad, aproximadamente el 82% de los 8.125 municipios españoles cuentan con un Instrumento de Planeamiento de carácter general, y solo 1.460 (un 18%), de pequeña población, no disponen de ninguna figura de planificación²⁹.

Estos datos, a priori, dejan a España en una muy buena posición en relación con el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos internacionales que encuentran en la planificación urbana uno de los mejores instrumentos para conseguir ciudades y asentamientos humanos más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles³⁰, y, ahora más que nunca, también, saludables.³¹

Fig. 5/ Municipios Españoles con Plan General o Instrumento similar.

Fuente: Agenda Urbana Española, 2019. Elaboración propia.

Fig. 6/ Instrumentos de Planeamiento general en ciudades de más de 20.000 habitantes³².

Fuente: Revista CyTET. Elaboración Propia.

No obstante, si se analiza la antigüedad de estos instrumentos, los datos no parecen tan halagüeños. De hecho, entre los municipios de más de 20.000 habitantes, la antigüedad media de los Planes Generales es de 20, 25 años. Pero la obsolescencia de los planes es solo uno de los síntomas de la difícil situación en la que se encuentra el sistema de planeamiento urbanístico español.

De hecho, en un estudio comparado como éste, que analiza 17 legislaciones diferentes, parece inevitable concluir que uno de sus signos más visibles es la heterogeneidad formal, –que no sustancial–, de su regulación, y ello pese a que el amplio margen de competencias reconocido a las Comunidades Autónomas ofrece la posibilidad de elaborar modelos urbanísticos radicalmente diversos, aún dentro del marco normativo básico de la Ley estatal de Suelo.

Es constatable que, con carácter general, las modificaciones introducidas no parecen haber contribuido a hacer que los instrumentos de planeamiento estén más actualizados, o sean más útiles, más flexibles y eficaces, sino más bien todo lo contrario, han contribuido a debilitar su coherencia como sistema y, en ocasiones, han propiciado que se altere el régimen de competencias entre los distintos niveles de administración e incluso entre diferentes áreas temáticas (ordenación del territorio versus urbanismo).

En este sentido, resulta especialmente llamativa la excelsa y rigurosa regulación autonómica en relación con el contenido de los planes urbanísticos, y también la proliferación de figuras de planeamiento de carácter supramunicipal que deja patente que el fenómeno urbano supera con creces los límites del término municipal, frente a la escasez de Directrices o Planes de Ordenación Territorial de escala regional (de la Cruz Mera, A. & Madurga, M.I.: 2018), cuya competencia es exclusiva de las Comunidades Autónomas.

Desde la perspectiva del contenido, y pese a los principios de “máxima sencillez y proporcionalidad” o de “mínimo contenido necesario y simplicidad” que invocan para los planes algunas de las leyes urbanísticas analizadas³³, lo cierto es que el número de determinaciones, no solo estructurantes, sino también complementarias y pormenorizadas, es tan amplio que resulta prácticamente imposible llegar a comprender cómo funciona el sistema y, lo que es más importante, cómo ponerlo en práctica y cómo adaptarlo a una realidad cambiante.

Parece interesante en este punto simplificar al máximo todo lo analizado y preguntarse en qué momento la figura del Plan General, que estaba pensada para diseñar la ciudad -fundamentalmente su desarrollo-, dentro de un sistema jerárquico más completo que le vinculaba a nivel territorial y normativo, y con un contenido tasado y estructurante que, a priori, debía ser desarrollado por otros instrumentos, se ha convertido en “el instrumento para todo”: de planificación estratégica, de desarrollo de la ciudad, de intervención en la ciudad consolidada, de coordinación sectorial, etc. Parece difícil que un sistema tan complejo y exhaustivo pueda responder a la flexibilidad que reclama la realidad de las ciudades del siglo XXI, manteniendo además la seguridad jurídica y la defensa del interés general que se reclama a la ordenación urbanística como potestad pública.

Sin perjuicio de lo expuesto, es justo reconocer que algunas de las principales innovaciones realizadas por las leyes objeto de estudio están, al menos en parte, orientadas a resolver estos problemas. Merecen destacarse en este sentido, aquellas destinadas a descargar a los Planes Generales, tanto en relación con sus responsabilidades como respecto a sus contenidos. En el primer supuesto se encuentran aquellas que, en desarrollo de sus competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, ofrecen unas directrices estratégicas que orientan las exigencias del desarrollo regional y buscan coordinar los diferentes intereses sociales, económicos y medioambientales. Entre las segundas, las que reconducen a dichos instrumentos hacia su diseño original y simplifican su contenido a la definición del modelo estructurante de la ciudad y del territorio para el que fueron pensados, a la vez que deja en manos de los Planes de carácter pormenorizado y de desarrollo, la flexibilidad que necesitan para poder adaptarse a las circunstancias de cada momento, facilitando así su eventual modificación.

Especial atención merece también la respuesta de esta regulación autonómica a los requerimientos del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible realizados por los acuerdos internacionales y por la legislación básica estatal. La incorporación en los planes de la perspectiva de género, la introducción de los aspectos ambientales y territoriales desde una visión conjunta y ponderada que contribuya al uso racional del territorio, la protección de sus valores y la mejora de su calidad son, sin duda, innovaciones que deben valorarse de manera muy positiva. Lo mismo ocurre con el cambio de paradigma que mira a la ciudad existente, a su conservación y regeneración, frente al urbanismo desarrollista tradicional.

No obstante, para que estas previsiones normativas lleguen de manera efectiva al planeamiento y los Ayuntamientos puedan aplicarlas parece que aún queda mucho por avanzar. De hecho, en la actualidad la mayor parte de los instrumentos de planeamiento general vigentes en los Municipios de más de 20.000 habitantes, se aprobaron en el período de vigencia de la Ley de Suelo Estatal de 1998. (Fig. 7). Mención especial merecen en este sentido aquellas Leyes urbanísticas que, como la Ley de Extremadura, prevén un régimen transitorio específico para la adaptación de los Planes, en plazo, a la nueva normativa³⁴.

Fig. 7/ Período de aprobación de los Instrumentos de Planeamiento general en ciudades de más de 20.000 habitantes³⁵.

Fuente: Revista CyTET. Elaboración Propia.

En definitiva, el diagnóstico del sistema de planeamiento urbanístico en España es poco alentador. Su figura central, el Plan General, que durante muchos años ha permitido diseñar ciudades que son ejemplo a nivel mundial, ha sido sobrecargado de responsabilidades y contenidos hasta convertirlo en ineficaz, tanto por su complejidad como por su obsolescencia y rigidez de adaptación.

No parece que la solución pueda llegar desde enfoques parciales y de medidas de alivio que no afronten la complejidad del problema en toda su magnitud. Tampoco las escasas innovaciones introducidas por la legislación urbanística durante más de 40 años, aún en las leyes relativamente modernas, resulta suficiente. El país se enfrenta a retos locales y globales directamente relacionados con la planificación (desequilibrio territorial, la despoblación, la concentración de la población en áreas urbanas, el desarrollo económico y social, la mitigación y adaptación al cambio climático, la salud, etc.³⁷) y la utilidad de los instrumentos de planeamiento urbanístico para poder afrontarlos es innegable, por lo que, como recuerda la Agenda Urbana Española, repensar su papel, su regulación y su contenido es un reto complejo pero necesario que no admite demora.

Bibliografía

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Notas

¹Para la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas (2016) es uno de los elementos claves del nuevo paradigma urbano: “La reactivación de la planificación y el diseño urbanos y territoriales integrados y a largo plazo, a fin de optimizar la dimensión espacial de la configuración urbana y poner en práctica los resultados positivos de la urbanización.”

² Artículo 2 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 (LS 76).

³ El artículo 148.1.3ª de la Constitución Española atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de urbanismo, ordenación del territorio y vivienda.

⁴ “La delimitación constitucional de competencias parece impedir que el Estado apruebe una nueva Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana con el mismo o similar contenido al del texto refundido actualmente vigente [1976], con pretensión de aplicación plena, ya que su regulación supondría una manifiesta invasión de las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y urbanismo.”

⁵ La STC 61/1997 de 20 de marzo, resuelve el recurso planteado por las CC.AA. de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Navarra contra el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 1992 y la Ley 8/1990 de 25 de julio sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones, y declara inconstitucionales y nulos un importante número de artículos de aplicación plena, básica y de carácter supletorio.

⁶ Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992.

⁷ Como recoge el diagnóstico de la Agenda Urbana Española (AUE, 2019) “como consecuencia del orden competencial establecido en materia de urbanismo y ordenación del territorio, España cuenta con 18 legisladores que confluyen, con distintos marcos jurídicos competenciales, en los temas territoriales (sectoriales u horizontales) y urbanos. En total existen casi noventa normas urbanísticas y de ordenación territorial vigentes, entre Leyes y Reglamentos y más de 5.330 Ordenanzas Municipales de edificación o construcción.”

⁸ Toda la legislación referenciada está accesible en los respectivos Códigos de Urbanismo de todas las CC.AA. publicados en el Boletín Oficial del Estado.

⁹ Nueva Agenda Urbana Internacional de Naciones Unidas, aprobada en la Conferencia de Hábitat III, en octubre de 2016, y la Agenda Urbana para la Unión Europea aprobada, mediante la firma del Pacto de Ámsterdam, en mayo de 2016.

¹⁰ También se reconocen como instrumentos de planeamiento complementarios en la Ley de Cantabria (art. 63 LOTRUCAN).

¹¹ La Rioja, prevé la posibilidad de elaborar un Plan de Conjunto “si las necesidades urbanísticas de una zona aconsejaren la extensión del planeamiento a otros términos municipales vecinos” (art. 85 LOTUR).

¹² Este artículo ha sido modificado por el Decreto Ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19.

¹³ La Ley Navarra presta especial atención a la accesibilidad: Los planes especiales podrán tener como objeto: d) La mejora de la accesibilidad de los espacios libres de uso público, viales, edificios, locales y medios de transporte, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la normativa sobre barreras físicas y sensoriales.

¹⁴ Decreto-Ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19.

¹⁵ Como se ha podido comprobar en el esquema de las figuras de planeamiento general la nomenclatura de este tipo de planes es variada, por lo que, para simplificar, se opta por el concepto más descriptivo. En concreto este apartado se centra solamente en los instrumentos de planeamiento municipales sin tener en cuenta los relativos a la ordenación territorial ni los supramunicipales (aunque algunos planes generales pueden abarcar a varios municipios).

¹⁶ Entre otras la STS de 24 de abril 1989 (RJ 1989\3226), que afirma que «los planes urbanísticos tienen el carácter de auténticas normas jurídicas, de normas reglamentarias en cuanto subordinadas a la Ley de la que traen causa, las cuales se integran en el ordenamiento de acuerdo con criterios jerárquicos en razón de su funcionalidad y ámbito territorial respectivo, de forma tal que el anterior no puede conculcar aquél del que trae causa». Vid. también la STS de 15 marzo 2005 (RJ 2005\5116; rec. núm. 7551/2000) o la STS de 26 noviembre 2014 (RJ2014\6219; rec. núm. 3433/2012), que concluye que «el carácter normativo de los planes de urbanismo […], no ofrece hoy día la menor duda».

¹⁷ En este último caso se recoge la disposición de la norma básica estatal que lo impide: la Ley de Montes. 18 Art. 19 y ss. y SU (art. 29); SUBLE programado (art. 30,32 y 33); SUBLE no programado (art. 34 y 35) y SNUBLE (art. 36), del Reglamento 1978.

¹⁹ La regulación del contenido del Plan en la Ley Canaria es, a priori, mucho más amplia porque admite que, de manera potestativa, contengan la ordenación pormenorizada de todo tipo de suelo, sin perjuicio de que el planeamiento de desarrollo pueda modificarla. 20 Al mismo objetivo responde la Estrategia y Modelo de ocupación territorial de Navarra (art. 58.2 TRLOTUN), analizada como instrumento de planeamiento general.

²¹ Artículo 12.1 TRLSRU 2015: “1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística aplicable por razón de las características y situación del bien.”

²² Extremadura y Baleares han prescindido ya de esta categorización del suelo urbano.

²³ Para la ley de la Comunidad Valenciana será suelo no urbanizable aquel que el plan general estructural zonifique como zonas rurales (art. 28.2 LOTUPCV) que estarán caracterizadas por aquellos suelos que estén en situación básica rural y que mantendrán los valores y funciones ambientales, territoriales, paisajísticas, económicas y culturales que desempeñan. (art. 25 LOTUPCV). Para las zonas rurales, la ordenación estructural establecerá La diferenciación entre el suelo rural común y el de protección especial, atendiendo este último a las normativas sectoriales específicas y a los valores ambientales, culturales, agrológicos o de calidad paisajística. (art. 26 LOTUPCV).

²⁴ Artículo 34. a) Suelo rústico de protección ambiental (SRPA), 1) Suelo rústico de protección natural (SRPN), 2) Suelo rústico de protección paisajística (SRPP) 3) Suelo rústico de protección cultural (SRPCU). 4) Suelo rústico de protección de entornos (SRPEN) 5) Suelo rústico de protección costera (SRPCO), b) Suelo rústico de protección económica (SRPE) 1) Suelo rústico de protección agraria (SRPAG) 2) Suelo rústico de protección forestal (SRPF),3) Suelo rústico de protección hidrológica (SRPH), 4) Suelo rústico de protección minera (SRPM),c) Suelo rústico de asentamiento (SRA), cuando existan núcleos de población consolidados, diferencia1) Suelo rústico de asentamiento rural (SRAR), 2) Suelo rústico de asentamiento agrícola (SRAG), d) Suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI), e) Suelo rústico común (SRC), 1) Suelo rústico común de reserva (SRCR), 2) Suelo rústico común ordinario (SRCO), aquel que el planeamiento no incluya en ninguna otra categoría de suelo rústico.

²⁹ Fuente: Agenda Urbana Española.

²⁵ Leyenda: se incluyen en este cuadro (en color gris) los elementos que, de manera específica, se regulan como determinaciones estructurantes o generales en las leyes autonómicas. Se incluyen en color naranja, algunos elementos que forman parte del contenido del plan, pero no tienen o no se definen específicamente como determinaciones estructurantes. Se incluyen en color rosa las determinaciones estructurantes potestativas. Se recogen en color marrón los artículos que desarrollan una determinación estructurante.

²⁶ Regulado expresamente como contenido estructurante o general del plan por la Ley urbanística.

²⁷ Cantabria, en los arts. 32 y ss. de su ley recoge las “Normas de aplicación directa y estándares urbanísticos en el planeamiento municipal sobre Protección del medio ambiente; protección del entorno cultural; protección del paisaje; pantallas vegetales; distancias; alturas y volúmenes; edificabilidad, densidades y ocupación; espacios libres y equipamientos de sistemas generales; espacios libres y equipamientos de sistemas locales; reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y otras determinaciones sustantivas. En el artículo 44, regula las determinaciones mínimas que debe tener el plan y en el art. 45, las determinaciones de carácter potestativo que pueden o no incluirse como contenido del plan.

²⁸ Artículo 52 de la Ley Navarra, incluye en el contenido del Plan General referencias a la consolidación de los núcleos urbanos existentes, la accesibilidad, la eficiencia energética, etc. Dentro de las determinaciones sobre desarrollo sostenible.

³⁰ Agenda de Desarrollo Sostenible: ODS 11.

³¹ Urban planning crucial for better public health in cities. ONU-Habitat y OMS. 21 de mayo de 2020. Pandemia COVID. 19.

³² Planes Generales y Normas Subsidiarias.

³³ Andalucía, Asturias, Cantabria entre otras.

³⁴ Este régimen transitorio ha sido objeto de modificación por el Decreto Ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19, que ha ampliado los plazos para la actualización de los planes a dos años. Disposición transitoria Cuarta.

³⁵ Planes Generales y Normas Subsidiarias.

³⁶ Para las Agendas Internacionales el urbanismo es la medida más transformadora del siglo XXI.

³⁷ Los 10 objetivos estratégicos que propone la Agenda Urbana Española son: 1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo; 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente; 3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia; 4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular; 5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible; 6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad; 7. Impulsar y favorecer la economía urbana; 8. Garantizar el acceso a la vivienda; 9. Liderar y fomentar la innovación digital y 10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.