1. Introducción

Las áreas urbanas como objeto de estudio constituyen espacios de elevado interés tanto a nivel nacional como internacional. Si décadas atrás importaban especialmente los espacios centrales y sus procesos de inversión de tendencia, en los últimos años son las periferias, los procesos de crecimiento difuso y los espacios que deben asegurar los servicios ecosistémicos de los ámbitos urbanos los que cobran mayor interés.

Así, la Agenda urbana europea, aprobada con el Pacto de Amsterdam de 2016, conforma el marco político necesario para abordar los retos de las áreas urbanas europeas desde una perspectiva sostenible (González & al., 2016). Si en 1990 el Libro verde sobre medio ambiente urbano supuso un hito en la centralización de lo urbano como elemento de consideración europea, dando lugar a los conocidos programas Urban y Urban II (de Gregorio, 2010), en la actualidad el reto es conseguir que la Agenda urbana se lleve a la práctica como una apuesta clara a modo de política urbana nacional (de la Cruz, 2019). Con ello, la política urbana europea ha ido evolucionando hasta el estado actual, concebido como de “europeización urbana” en el que se refuerza el enfoque urbano sostenible integrado, superando enfoques sectoriales, a partir de la elaboración de agendas urbanas nacionales (González & al., 2016: 89). Con este enfoque la política urbana europea busca anteponerse a las consecuencias del modelo de urbanización global, especialmente en lo que respecta a las pautas de movilidad derivadas y busca la creación de un modelo urbano sostenible tanto desde un punto de vista ambiental como funcional y social. El conjunto ciudad, transporte y sostenibilidad es abordado en clave integral e integrada (Figueroa & al., 2015).

Por ello, aunque a la Agenda urbana le queda aún un desarrollo importante por delante, es un momento importante en cuanto que España debe aplicar y desarrollar su agenda urbana nacional, como un proceso con carácter estratégico a pesar de no ser vinculante (de la Cruz, 2019), y con un enfoque claro de desarrollo urbano sostenible integrado, en el que habrán implementarse parte de los ejes temáticos en los que se está trabajando a nivel europeo, como son el uso sostenible del suelo, la adaptación climática, la movilidad urbana, la prestación de servicios públicos innovadora y responsable, la vivienda, etc. (González & al., 2016: 90). Es el momento de avanzar sobre las bases de la justicia ambiental urbana y dar paso al posicionamiento político democrático en la línea de una ecología política urbana que enfoque el reto político-ecológico de la sostenibilidad desde un prisma de igualdad y solidaridad (Swyngedouw, 2019).

En este escenario resulta clave conocer la actual configuración de las áreas urbanas españolas; entendidas éstas como áreas urbanas funcionales en las que la movilidad diaria es clave para acotar espacialmente los ámbitos urbanos, incorporando zonas de influencia de dominancia rural o de carácter intermedio (Reig & al., 2016: 86).

Con ello, las áreas urbanas funcionales incluyen realidades diversas que hacen referencia tanto a un modelo de urbanismo expansivo vinculado al turismo residencial de la costa mediterránea (Membrado, & al., 2016) como a los procesos de metropolización y descentralización propios de los sistemas urbanos españoles, con una dimensión cronológica y espacial proporcional al tamaño del núcleo principal dinamizador del sistema. Estas pautas diferenciadas generan tanto áreas urbanas de carácter turístico, con menor extensión superficial, en ocasiones de ámbito municipal, que cuentan con un elevado dinamismo constructivo (Ministerio de Fomento, 2018) y una elevada proporción de población extranjera mayoritariamente de origen europeo, así como de población vinculada por segunda residencia, junto a otros sistemas vinculados al proceso metropolizador en nuestro país, en los que se incluye tanto el corazón urbano como el hinterland, entendido éste como el área alrededor del urbano consolidado, donde al menos el 15% de los residentes son commuters con la ciudad central (Larondelle & al., 2014). Ambos modelos, si bien diferentes en su génesis, contenido demográfico, social y organización funcional, convergen en la expresión espacial expansiva; así, después de Madrid y Barcelona como principales sistemas metropolitanos hay que precisar que los mayores cambios de cobertura vinculados a un urbanismo expansivo se producen en la Costa Blanca, siendo su motor el turismo residencial (Membrado & al., 2016).

Ante esto, es objetivo principal del presente artículo analizar la configuración de las áreas urbanas funcionales españolas a partir de la delimitación de coberturas obtenida de las bases europeas Copernicus (GMES, 2017); en dichos recintos urbanos funcionales cobra especial importancia la proporción consolidada frente al periurbano discontinuo y dentro de éste la orientación a espacios artificiales y artificializados frente a los de dominante natural, aseguradores de servicios ecosistémicos.

Conocer y entender la actual configuración de las áreas urbanas, así como identificar su grado de dispersión, es clave para afrontar una política urbana nacional. Por otro lado, el objeto de estudio del presente trabajo contribuye con una aportación social en cuanto que la forma de las áreas urbanas y la estructura interna de las mismas es condicionante de la calidad de vida del sistema; la disposición de edificios, calles, usos, servicios, actividades y los movimientos a través del sistema condicionan claramente el grado de deterioro y las condiciones ambientales del conjunto urbano (Schiappacasse & Bernhard, 2008).

Asociada a la forma, es preciso tener en consideración la compacidad del área, en cuanto que también afecta al paisaje urbano. Así, algunos estudios concluyen que los asentamientos urbanos compactos, densos y bien conectados tienden a presentar un paisaje mejor conservado que los multi-céntricos distribuidos a lo largo de un área mayor (Park & al., 2014). La forma y densidad de las ciudades resulta clave para abordar la solución de los principales problemas urbanos asociados al modelo de urbanización dispersa que impera no solo en nuestro país, sino también a nivel europeo (García, 2016), manifestándose con frecuencia como una recurrente preocupación en la Unión Europea la existencia de unos procesos de urbanización en parte potenciados por la actividad turística residencial que alcanza su máximo exponente en el turismo de masas, lo que amenaza directamente al patrimonio territorial, y cultural de las regiones, donde el crecimiento difuso llega a fragmentar zonas de elevado interés ecológico, hipotecando no sólo a los territorios sino las condiciones en las que las poblaciones posteriormente residen en esos espacios (EU, 2011).

En este sentido es revelador el enfoque de la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III celebrada en Ecuador en 2016, donde el centro de atención es la sostenibilidad del modelo urbano como vía necesaria para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, a partir de la eliminación de condiciones de pobreza y desigualdad social, así como paliando los efectos del cambio climático. Las zonas urbanas bien planificadas están llamadas a frenar los problemas de desigualdad, dotaciones básicas, insostenibilidad e incluso inseguridad. Todo esto es incompatible con un crecimiento urbano expansivo y en buena medida descontrolado como el que parece haberse producido en la veintena que media entre las sucesivas conferencias Hábitat (Organización Naciones Unidas-ONU, 2017). Las pautas de sostenibilidad son abordadas también de forma directa en la Estrategia Europa 2020, orientada a plantear una reorientación de las pautas de crecimiento bajo unos principios de integración social y territorial (European Union-EU, 2011).

Si bien las ciudades europeas en su evolución se mantuvieron relativamente compactas hasta mediados del siglo XX, en cambio desde ese momento su porcentaje de expansión se aproxima al 80% mientras que a nivel poblacional han aumentado cerca del 30% (García, 2016: 6).

En relación a la compacidad es posible identificar la presencia de espacios periurbanos abiertos o cerrados, en función de la proporción que éstos presenten de superficies artificiales; siendo espacios cerrados los que acumulan más del 25% de su superficie en coberturas artificiales y abiertos si más del 75% corresponde a coberturas no artificiales, tales como, agrícolas, forestales, masas de agua, humedales, espacios naturales, etc. (Reig & al., 2016: 101).

2. La artificialización del suelo y la urbanización difusa

El proceso urbanizador en España ha rebasado, en la mayoría de los casos, los límites administrativos locales, dando lugar a una realidad urbanizada regional que difícilmente puede preverse, planificarse o dirigirse solo con perspectiva municipal, sin recurrir a figuras de planeamiento de nivel intermedio (Elinbaum, 2016). Asistimos, así, a un modelo en el que el crecimiento difuso se ha traducido en la expansión de las dinámicas urbanas en buena parte del territorio, cuestión que debe abordarse con perspectiva integrada (Entrena, 2005) y asumiendo que desde el momento en que la ciudad rebasa sus propios límites y los del término municipal que la aloja, son múltiples los conceptos que aluden a esta forma de ocupación del territorio (Feria, 2004). Así, tras diversos avances y enfoques, a finales del siglo XX algunos autores (Soja, 2000) dan por superado el concepto de área metropolitana y plantean nuevos términos como el de postmetrópolis o metrópolis moderna, llegando incluso a identificar en el extendido modelo de urbanización regional una región-ciudad policéntrica (Capel, 2016: 12).

En este contexto, el modelo de crecimiento difuso ha derivado en una importancia creciente y en una mejora de imagen de las periferias urbanas, que han pasado de ser considerados espacios en un segundo plano, supeditados a las fuerzas descentralizadoras, a estar en el centro de atención de las políticas europeas en materia urbana (Entrena, 2005). Por otro lado, las periferias urbanas dejan de ser vistas como meros barrios dormitorios en cuanto que la descentralización no solo atañe al uso residencial de clases medias y populares, sino también a usos comerciales e industriales altamente consumidores de suelo (Capel, 2016). El periurbano se configura, por tanto, como un espacio complejo y multifuncional en permanente cambio (Elinbaum, 2016), que debe ser analizado y considerado en sí mismo incluyendo espacios que, si bien pueden no aparentar rasgos urbanos, en cambio cuentan con actividades urbanas descentralizadas, o bien con capitales o residentes urbanos (Capel, 2016). Se llega así al extendido concepto de región metropolitana utilizado para los principales sistemas, que combinaría el criterio de tamaño con los de estructura, organización y dinámica (Feria, 2018: 654).

El periurbano así entendido es el reflejo del crecimiento difuso generador de áreas de repetición que reproducen un mismo patrón sin límite aparente (Font, 1997: 19) a través de un crecimiento discontinuo invasor del medio rural evocador de la ilustrativa expresión stepping stones que caracterizaría la distribución a modo de fractal de estaciones urbanas en un medio de dominancia natural y rural, con una pauta poco o nada sostenible (Pesci, 2018: 21). Se trataría de distintas unidades separadas focalizadoras del crecimiento fundamentalmente residencial, comunicadas mediante infraestructuras (Lois & al., 2016), lo que se asocia en la literatura anglosajona al conocido proceso urban sprawl (EU, 2011) en el que, como se ha señalado, tienen un papel especial las infraestructuras de transporte y las pautas de ubicación de equipamientos y servicios. Este tipo de crecimiento es una de las preocupaciones que se plantean desde Europa en relación a las áreas urbanas, siendo un reto clave evitar la pérdida de tierras para actividades agrarias, la deforestación, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la fragmentación de hábitats que normalmente este modelo lleva asociado (Park & al., 2014).

Ello es lógico si se tiene en cuenta que el crecimiento difuso deriva en una nueva configuración de estilos y modos de vida que en términos sociológicos configuran un nuevo espacio de vida muy ligado a la movilidad individual (Feria, 2004). Ante ello, la actual configuración de las áreas urbanas a nivel internacional hace que la comunidad científica se plantee la urgente necesidad de reflexión sobre nuevos modelos alternativos a la insostenible ciudad actual, que mitiguen la difícil situación a la que asistimos en relación a la huella ecológica, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y sus implicaciones en el cambio climático (Capel, 2016: 3).

Se vislumbra un futuro bajo un modelo de ciudad postcapitalista, que supera el modelo imperante en la actualidad, lo que supondría un cambio del papel que han ejercido los agentes urbanos en la propia forma y configuración de los espacios urbanos, desde los propietarios a los profesionales inmobiliarios, pasando por la administración (Capel, 2016), sin olvidar la influencia que han tenido, en la expansión residencial, las facilidades hipotecarias obrantes en los años de esplendor previos a la crisis (Lois & al., 2016). La concesión de crédito y el precio del suelo han resultado claves en la configuración del modelo urbano actual; así, en las pautas de crecimiento residencial y funcional periférico se manifiesta una relación inversa del precio del suelo con la proximidad a la ciudad central, cuestión que condiciona la distribución de los usos del suelo, pudiéndose afirmar que al aumento de los costes de desplazamiento le corresponde una disminución en los precios del suelo (Martín & Camas, 2017).

El modelo urbano existente debería hacernos reflexionar sobre la cantidad de suelo que ha sido artificializado en favor de la expansión y la dispersión urbana, esto es, la conversión de coberturas agrarias y forestales en otras de tipo urbano con orientación residencial, económica, de servicios, etc. (Solís, 2016). De hecho, algunos estudios demuestran que en las últimas décadas prácticamente se ha duplicado la superficie dedicada a coberturas artificiales por los procesos de base urbana, comercial e industrial (Olazabal & Bellet, 2016). Lejos de lo que inicialmente cabría esperar, en la última década los procesos de artificialización han sido protagonizados por las ciudades medias y municipios de tamaño modesto frente a los principales sistemas urbano-metropolitanos, lo cual ha favorecido directamente el mencionado modelo de urbanización dispersa (Olazabal & Bellet, 2016).

Así, la contención de lo artificial aparece como un aspecto fundamental en el periurbano, en cuanto que las ciudades son en cierto modo dependientes de su hinterland por la provisión que esta zona supone de servicios ecosistémicos (Larondelle & al., 2014). En el propio territorio urbano se hallaría, según este enfoque, la ecoforma necesaria para su salvaguarda, marcando el camino a seguir para llegar a la sostenibilidad (Pesci, 2018: 31). La ciudad así entendida se comporta como un ecosistema abierto y dinámico en constante transformación (Barrios, 2012) y en su evolución y expansión debe mantener y restaurar los servicios ecosistémicos que tan necesarios resultan desde un punto de vista social y ambiental. Asimismo, en su crecimiento se debe garantizar la complementariedad ecológica en los usos del suelo, de modo que el sistema urbano en su expansión sea respetuoso con las coberturas previamente existentes y con sus dinámicas (Barrios, 2012).

Para ello, los cambios en la política y en la planificación permitirían un aumento del nivel de conciencia sobre las áreas periurbanas con alto potencial de servicios ecosistémicos que, aunque podrían no parecer inicialmente valiosas, como las tierras agrícolas y los tejidos urbanos de baja densidad con jardines, tendrían un papel crucial para un desarrollo urbano sostenible (Larondelle & al., 2014: 128).

3. Los productos Copernicus como fuente de referencia

La principal fuente del estudio son los conjuntos de datos del programa Copernicus disponibles para las áreas urbanas funcionales (FUA). El concepto de área urbana funcional incluye sistemas a nivel europeo con ciudades de más de 50.000 habitantes y su área de desplazamiento, entendida ésta como la zona protagonista de desplazamientos pendulares entre sus áreas centrales y el entorno (Batista & Poelman, 2016); así, en términos generales el concepto FUA alude a realidades supra-municipales integradas por una o varias ciudades, si bien excepcionalmente pueden incluirse unidades de carácter uni-municipal, en las cuales la unidad de referencia en sentido estricto equivale a ciudad, por la ausencia de una zona commuting con otros municipios (Eurostat, 2018: 51). Con ello, la organización de las unidades de referencia presenta diferencias respecto a las áreas urbanas definidas a nivel nacional (Ministerio de Fomento, 2018) en cuanto que los criterios de delimitación son diferentes, especialmente en lo que se refiere a la ausencia del commuting en este segundo caso, vinculado principalmente a variables estadísticas (de población y vivienda), a la estructura territorial y a las redes de transporte.

Con las áreas urbanas funcionales se configura un gran atlas urbano a nivel europeo, que se encuentra disponible en formato vectorial individualizado para cada área de referencia, siendo 2012 el último año disponible en el momento de realización de este estudio, coincidente con la generación de la base de usos Corine Land Cover (CLC) de ese mismo año, que recientemente ha sido publicada en la versión actualizada de 2018.

El Atlas urbano es una iniciativa conjunta de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea y la Dirección General de Empresa e Industria con el apoyo de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente. Se trata de una fuente concebida para dar luz sobre el uso del suelo en las ciudades europeas, constituyendo en la actualidad un conjunto de datos normalizado y armonizado de incalculable valor para estudios urbanos de conjunto y temáticos orientados a aspectos diversos como los medioambientales o el transporte, entre otros (Dijkstra & Poelman, 2012).

Los datos son producidos a partir del tratamiento estadístico y mediante la clasificación de imágenes satelitales de alta resolución (2,5 m). Sobre la base de las distintas áreas urbanas funcionales se establece una clasificación diversa coincidente en parte con las categorías CLC de niveles 3, 4 y 5. Además incorpora como referencia elementos procedentes de la base cartográfica colaborativa de Open Street Map (Ferri & al., 2017). Así, en ciertas coberturas especialmente ligadas al fenómeno urbano la fuente deriva en multi-clases (Pesaresi & al., 2016), esto es, combinaciones basadas en múltiples criterios que pueden tipologizar los usos del suelo no sólo a partir de su dedicación sino también de su intensidad de ocupación.

Una de las aportaciones más destacadas de la fuente es la diferenciación de niveles de densidad o intensidad de ocupación del espacio urbano, que puede ser configurado en áreas con más de un 80% de ocupación, entre el 50 y el 80%, del 30 al 50%, del 10 al 30% o, finalmente, menos del 10%. Por otro lado, la fuente se completa con información funcional vinculada a las principales infraestructuras y servicios, procedentes de fuentes de datos auxiliares externas (GMES, 2017).

De las 695 áreas urbanas funcionales definidas a nivel europeo, un total de 70 se encuentran en España. Si bien, es necesario precisar que de ellas 25 son de carácter uni-municipal, por lo que se incluirían en la categoría de ciudad, respondiendo las 45 restantes en sentido estricto a áreas urbanas funcionales. Para las 70 unidades se cuenta con una zonificación interna que asciende casi al millón de polígonos, a partir de 26 tipos de coberturas diferenciadas, entre las que destacan el urbano continuo (con densidades superiores al 80%), el tejido urbano discontinuo con niveles de densidad variable, los usos industriales, mineros y comerciales, las zonas sin uso actual o las zonas en construcción, entre otros.

Estas clasificaciones responden a una estructura jerárquica de un máximo de cinco dígitos que equivale a la clasificación establecida en la fuente Corine Land Cover (CLC) nivel 5, de modo que, superando niveles de desagregación, los polígonos de base pueden ser reclasificados a niveles agregados de la fuente, tal como muestra la Fig. 1.

4. Patrones espaciales y tipología de las áreas urbanas funcionales en España

El programa europeo Copernicus a través de la fuente Urban Atlas (2012) ofrece información detallada sobre las coberturas de las áreas urbanas funcionales que fueron establecidas con criterios estandarizados a nivel europeo con los principios de Dijkstra y Poelman (2012) y dotadas de estadísticas y sistematizadas conceptualmente por mediación de Eurostat (2018).

Así se cuenta con la delimitación y zonificación de 70 áreas urbanas funcionales en España, con una extensión, forma y organización interna que presenta importantes diferencias de unos casos a otros. Estas áreas urbanas suponen una superficie total de casi 60.000 Km², lo que representa prácticamente el 12% de la superficie total del país (Fig. 2). Estos ámbitos alojan cerca de 1.000 municipios, que acumulan las tres cuartas partes de la población, superando los 30 millones de habitantes en total. En este sector se incluyen municipios muy variados desde el punto de vista del tamaño demográfico lo que deriva en una desviación típica que supera los 130.000 habitantes.

La situación demográfica de madurez de las principales áreas metropolitanas españolas hace que se espere cierto estancamiento del ritmo de crecimiento ligado a la necesidad de vivienda creada por la constitución de nuevos hogares; si bien, dado el dinamismo de estos ámbitos y su tendencia en las últimas décadas, es posible esperar que las pautas de crecimiento, aunque reducidas, persistan ligadas a factores de preferencias y cambios residenciales (López Gay, 2016). Así, parece que el comportamiento previsto ya se puede intuir en parte por el detenimiento de la dinámica constructiva experimentada en España en los años de la crisis, lo que ha derivado en unos ritmos de construcción de viviendas que actualmente no llegan al 10% de los niveles previos a la crisis (Lois & al. 2016).

Sin embargo, es inevitable considerar que estos sectores serán los puntos de atención de los procesos de artificialización del suelo en España en las próximas décadas. Con ello, la actual configuración de las áreas urbanas funcionales serviría de base para un ejercicio prospectivo en el que podríamos establecer una consulta espacial de contigüidad a partir de las delimitaciones actuales, llegando a dilucidar que si incorporamos los municipios colindantes a las áreas urbanas funcionales, la foto urbana española incluiría cerca del 25% de la superficie y el 75% de la población, lo que afectaría a algo más de 1.900 municipios, frente a los 984 actuales.