Los días 7 y 8 de febrero de 2020 se celebró en la ciudad de Ibiza el XV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA). Con ello, la Universitat de les Illes Balears se convertía en la primera en repetir como anfitriona después de haber organizado en Palma, nueve años antes, el VI Congreso de la Asociación. Conviene reconocer el gran esfuerzo y la generosidad desplegados por los colegas de la universidad balear en ambas ocasiones.

En esta ocasión, el congreso atrajo a más de doscientos congresistas, participación que también se reflejó en la vitalidad de los debates. Cabe calificarlo como un congreso equilibrado en distintos sentidos. Así fue, en efecto, en lo relativo al tiempo previsto para las intervenciones programadas y la posibilidad de que los demás asistentes tomaran la palabra de manera espontánea. Y también, en segundo lugar, debe valorarse el esfuerzo por mantener un equilibrio intergeneracional que fue seña de identidad de la Asociación desde sus comienzos. En este sentido, se asignaron ponencias y comunicaciones tanto a varios catedráticos de larga trayectoria como a otros más recientes, así como a profesores en etapas intermedias e incluso a algunos doctorandos.

Los debates se articularon en torno a cuatro grandes perspectivas: la ciudad como espacio político, la ciudad como espacio físico, la ciudad como espacio sostenible y la ciudad como espacio global. Dada la breve extensión de esta crónica, solo es posible transmitir una visión fragmentaria de las distintas sesiones. Los textos de las ponencias y comunicaciones, sin embargo, pueden consultarse en el sitio web de la Asociación (www.aepda.es) y, como es habitual, serán publicados de manera formal en las actas del congreso.

En la primera de las sesiones se reflexionó sobre el concepto del “derecho a la ciudad”, desarrollado originalmente por el filósofo francés Henri Lefebvre (1901-1991). A pesar de su indudable interés, el concepto revestiría una naturaleza más filosófica que jurídica, ya que en él se entrecruzan y confluyen intereses muy diversos de sujetos también variados. En relación con los derechos en la ciudad, concepto que sí resulta más propiamente jurídico, destacaría especialmente el derecho a la vivienda, cuya protección ha sido una de las preocupaciones de distintas Administraciones públicas en España, si bien con éxito desigual y donde perviven algunos problemas sin resolver. Otro importante derecho consistiría en la participación política en el gobierno local, a cuya eficacia podrían contribuir las consultas populares. Algunos otros debates, en fin, guardaron relación con la creciente complejidad administrativa, la protección del paisaje urbano; la alimentación; o la igualdad entre mujeres y hombres.

La sesión relativa a la ciudad como espacio físico se desarrolló principalmente en torno a dos problemas que sufren de modo desigual distintas ciudades españolas: la regeneración urbana y el turismo masivo. En relación con el primero, la mayor dificultad tendría que ver con su viabilidad económica, para lo cual se proponía flexibilizar las cargas que soporta el agente rehabilitador. Otros problemas vinculados a la rehabilitación tendrían que ver con la eficiencia energética, la participación de los ciudadanos en el cuidado y regeneración de la ciudad o la oscuridad del marco normativo en algunos aspectos. En segundo lugar, y por lo que respecta a la masificación turística, los debates pusieron de manifiesto que los problemas no se deberían tanto a la falta de instrumentos jurídicos como a un ejercicio insuficiente o inadecuado de las potestades administrativas, que con demasiada frecuencia favorecerían la rentabilidad económica frente a los usos comunes del espacio público. También se hizo hincapié en la protección frente al ruido, los problemas de la vivienda turística o la insuficiencia de inspectores para hacer cumplir la legislación vigente.

La sesión dedicada a la ciudad como espacio sostenible profundizó en algunos de estos aspectos. Por una parte, se analizó el cambio de modelo energético que se pretende para hacer frente a las necesidades crecientes y a la limitación de los recursos no renovables. Más allá de los cambios en las fuentes de producción y del impulso al autoconsumo, el énfasis en la eficiencia se estaría convirtiendo en una de las grandes líneas del modelo. De este modo, el urbanismo adquiere una dimensión esencial en la política energética, en relación con lo cual se criticó la deficiente transposición de las directivas europeas en la materia. Por otra parte, en esta sesión se reflexionó también sobre la prestación de servicios en las llamadas “ciudades inteligentes” (smart cities). A este respecto se pusieron de manifiesto distintos riesgos concretos que entraña este modelo, tales como problemas de seguridad, excesiva automatización, falta de transparencia y control, insuficiente capacidad económica, técnica y humana para gestionar los procesos automatizados, desigualdad y brecha digital… Para garantizar adecuadamente los derechos individuales, el Derecho administrativo debería afrontar con decisión estos problemas, algo que aún requiere de esfuerzos en distintos planos, incluido el normativo.

La cuarta sesión, en fin, permitió ampliar la reflexión a otras realidades territoriales y culturales (singularmente la italiana) y poner en relación la perspectiva jurídica con otras disciplinas. El estudio de la ciudad refleja como pocos ámbitos la necesidad de un diálogo interdisciplinar y transfronterizo, y ello también en sentido territorial. El difícil reto, así pues, consistiría en que el interés general pueda desarrollarse más allá de la estricta conveniencia económica individual, sin desatender por ello la situación jurídica de los particulares, ya sean propietarios, ya agentes (re) urbanizadores.

En definitiva, el congreso puso de manifiesto la complejidad de un problema ecológico, social y económico de primera magnitud como es el superdesarrollo de las ciudades. Resumiendo extraordinariamente, podrían identificarse las causas de las tensiones en la rigidez e insuficiencia del marco normativo (el régimen local, el urbanístico…), la preponderancia de los intereses económicos y la rapidez de los cambios en los hábitos sociales y de consumo. Para encauzar estas tensiones, corresponde en buena medida a la Academia proponer un marco jurídico adecuado.