Grupos de edad	1987	1990	2000	2017	Variación 1987-2017
15 a 19 años	17,2	17,8	16,0	10,3	- 6,9
20 a 24 años	60,8	59,5	56,5	46,9	-13,9
25 a 34 años	70,6	71,6	77,1	75,5	4,9
35 a 44 años	70,8	72,7	77,9	77,6	6,8
45 a 54 años	62,3	66,4	76,3	76,0	13,7
55 a 64 años	43,1	46,8	56,3	64,4	21,3
Promedio	53,0	55,3	60,1	64,2	11,2

Si cambiamos la variable de edad por el nivel de ingresos, nos encontramos con un panorama similar en cuanto a las desigualdades en el acceso al empleo. Al respecto, el nivel de desempleo de los deciles más pobres supera ampliamente al resto, llegando a niveles en donde más de un tercio de los trabajadores se encuentran en paro. De esta manera, se genera una relación en la cual a medida que aumenta el nivel de ingreso, disminuye proporcionalmente la tasa de desempleo, llegando a niveles promedio de desempleo prácticamente inexistentes en el decil más rico. En cuanto a la variación temporal de esta tendencia desde 1987 hasta la actualidad, los datos muestran que las barreras de entrada al empleo se han ido manteniendo constantes. Es interesante que, la mayor brecha se produce en los tres primeros deciles con el resto, aunque el primer decil es notablemente el más afectado por el desempleo.

Respecto a la exclusión asociada al acceso al empleo de calidad, en el caso de Santiago, los datos de la encuesta CASEN muestran que, a pesar de que el promedio de asalariados sin contrato ha disminuido lentamente entre 1990 y 2017, de un 15,2% a un 10,9%, se puede sostener el argumento de que en general, el empleo precario se ha expandido. Esto se sustenta en las diferencias de género, donde las mujeres asalariadas sin contrato muestran en promedio un nivel superior al de los hombres a lo largo del período analizado. Asimismo, si analizamos los datos considerando los grupos etarios, el grupo donde se evidencia la mayor magnitud de empleo desprotegido ha sido el de los más jóvenes (15 a 19 años) en donde en 1990 un 27,1% trabajaba sin contrato y en el año 2015 alcanzó el 26,8%, siendo el grupo más perjudicado, ya que el resto de los grupos se encuentran en torno al promedio o por debajo de él. Ahora, si analizamos la misma variable, pero cruzada por deciles de ingresos, nos encontramos con un panorama similar, ya que existe una relación proporcional entre pobreza y acceso al trabajo sin contrato. En general, se observa que en todos los deciles crece el empleo desprotegido, pero la proporción de asalariados del decil más pobre supera ampliamente al decil más rico. Además, el decil en el que más crece el empleo desprotegido es en el decil más pobre. No obstante, la brecha respecto al resto no es tan amplia como los casos anteriores.

Finalmente, si bien en Chile el empleo informal es uno de los más bajos de Latinoamérica, las cifras realizadas por distintos estudios plantean que no es un tema poco relevante ya que, por ejemplo, según las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) habría bajado desde 38 a 30% entre 1990 a 2009. Estas cifras sin duda son más altas que las que existían en 1978 antes de las reformas laborales, las que alcanzaban el 25,3% (Fuentes & Meneses, 1987). Esto es preocupante, ya que, en este caso a la desprotección laboral, se suma la desprotección en materia de salud y previsión social, lo cual implica un aumento en el grado de riesgo e inseguridad para un número importante de familias. También algunos estudios realizados han puesto el acento en el alto nivel de fragilidad en la duración del empleo. Por ejemplo, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas se estima que el 41% de los empleos en el sector privado dura menos de un año.

4. Reestructuración socio-espacial en Santiago

La distribución de la población en el territorio es un atributo de las ciudades, toda vez que el nivel de segregación social puede utilizarse para caracterizar la estructura social urbana, lo que permite hacer juicios sobre la naturaleza más o menos segregada de una determinada urbe. La segregación residencial urbana disminuye las oportunidades de movilidad social en las clases sociales menos privilegiadas, pues reduce sus redes de contactos y su capital social en el campo laboral; también estrecha sus posibilidades de alcanzar una educación de calidad, la socialización en torno a valores normativos funcionales al mundo del trabajo y la expansión de su capital cultural; y, en general, restringe su posibilidad de acceder a mejores empleos, debido a los costos de transporte, las discriminaciones generadas por el lugar de residencia y otros factores (Katzman & Retam oso, 2005; Rodríguez & Arriagada, 2004; Sabatini & Cáceres & Cerda, 2001). Según PNUD (2014) es necesario abordar la segregación residencial como política del Estado, ya que mejorar el transporte y reducir los costes de conseguir mejores empleos integrará los mercados laborales y mejorará el acceso a las oportunidades de empleo.

En general las ciudades latinoamericanas se han caracterizado por sus altos niveles de segregación y desigualdad. De hecho, se ha utilizado la expresión “conos de altos ingresos”, para designar la concentración espacial de los grupos de elite económica en ciertos sectores de la ciudad que asume aquella forma geográfica de cono (CEPAL, 2014), lo cual implica un alto nivel de segregación de estos sectores sociales en el espacio.

Para el caso de Santiago, todas las aproximaciones e independientemente de la escala de análisis, destacan la mayor presencia de grupos altos en el tradicional cono de alta renta de Santiago y la existencia de importantes áreas de concentración de los grupos más bajos en la periferia, principalmente en algunas comunas localizadas en el sur de la ciudad (Link & Valenzuela & Fuentes, 2015; Agostini & al., 2016). Al respecto, Arriagada (2010) argumentó que la segregación en Chile había aumentado producto de la incidencia de la política de vivienda social en algunas zonas de la ciudad y de la concentración de infraestructura urbana en zonas acomodadas del sector oriente, lo cual se suma a la expansión vertiginosa hacia la periferia subequipada (Fig. 5).

En este mismo sentido, es que, Sabatini (2000) planteó que la liberalización de los mercados urbanos en el país, y particularmente en Santiago, provocó la erradicación de asentamientos precarios que habían surgido previo a 1973 y que, luego del golpe de Estado, se buscó “limpiar socialmente” las zonas donde estos se localizaban y que correspondían a áreas de altos ingresos, dando paso al actuar del agente inmobiliario privado (Sabatini, 2000: 50). Así, una de las políticas que más ha incidido en la estructura social actual de la ciudad ha sido la política de vivienda social y la erradicación de asentamientos irregulares (Arriagada, 2010). Hacia 1979, los campamentos se encontraban distribuidos geográficamente de manera relativamente homogénea en la ciudad (Hidalgo, 2004). Solo entre 1979 y 1985, se trasladaron casi 180.000 personas en la ciudad desde los campamentos a sus nuevas viviendas, es decir casi un 5% de la población de la región. El problema es que, como se observa en el mapa (Fig. 6), algunas comunas de la ciudad se transformaron en receptoras netas de estas viviendas, mientras otras comunas (sobre todo el sector este de la ciudad) se transformaron en expulsoras netas. Esto no hizo más que potenciar esta estructura social, ya que buena parte de las viviendas sociales (36% del total construido entre 1978 y 1995) se levantaron en tres comunas de la ciudad, todas ellas ubicadas en el sur. Por el contrario, entre 1979 y 1992 en el este de la ciudad, es decir, comunas como Santiago, Las Condes o Providencia, no se construyó ninguna vivienda social (Hidalgo, 1996).

En esta misma lógica, si se analiza la distribución espacio temporal de los proyectos de vivienda social en la RMS, se puede apreciar que estos han ido trasladándose de forma constante en el tiempo, hacia la periferia de la ciudad, específicamente en los sectores surponiente y norponiente del área urbana de Santiago (Ver Fig. 7).

Las consecuencias de este proceso han sido caracterizadas como “el lado oscuro de la política de vivienda en Chile” (Ducci, 1997) o “el problema de los con techo” (Rodríguez & Sugranyes, 2004), ya que más allá de solucionar el problema de habitabilidad ha potenciado la malignidad de la segregación generando el efecto ghetto (Sabatini & Cáceres & Cerda, 2001). Según Sierralta (2008), los fenómenos de desintegración social más frecuentemente enunciados por los investigadores en este campo son el desempleo e inestabilidad laboral, el alcoholismo y la drogadicción en los adultos; y el retraso escolar, malos resultados escolares y deserción de la escuela, maternidad adolescente, desempleo e inactividad juvenil. Esta hipótesis puesta a prueba para el caso de Santiago ha sido especialmente interesante. Sierralta (2008), plantea que, respecto a los resultados arrojados por los análisis de regresión entre segregación e inactividad juvenil de pobres, hay elementos destacables que tienen que ver con la evidencia para sostener que la segregación impacta fuertemente en las tasas de inactividad juvenil y también la existencia de una profunda brecha de género entre estas tasas.

En el mapa de la Fig. 8 se puede observar esta relación entre los proyectos de vivienda social y la densidad de jóvenes en situación de inactividad. Se puede observar que en muchos casos hay un alto nivel de correlación espacial, sobre todo en los sectores más periféricos como en la zona norte en la comuna de Quilicura y en el sur en los casos de las comunas de San Bernardo, La Pintana y Puente Alto. Sin embargo, esta correlación no puede determinar causali-dad entre estas dos variables, sino más bien solo una coincidencia espacial.

A pesar de esto, esta relación demuestra la conexión y relación entre el mercado del trabajo y el lugar de residencia y el incremento del aislamiento de dos de las esferas de socialización más importantes en la ciudad. La relevancia de todo esto las podemos encontrar en palabras de Kaztman (2009: 40), quien señala que

“la frecuencia y la calidad de los contactos entre miembros de distintas clases es directamente proporcional a la disposición a colaborar entre sí y a la exposición a oportunidades para la construcción de patrones de negociación de conflictos. Por el contrario, el aislamiento físico incrementa las probabilidades que cada clase elabore perfiles imaginarios de las otras con independencia de las virtudes intrínsecas de sus miembros. Cuanto mayor el nivel de aislamiento entre las clases y su extensión temporal, más rígidos serán los estereotipos mutuos y las dificultades para su modificación”.

5. Discusión final

Los datos muestran que procesos estructurales han jugado un papel muy relevante en la transformación urbana de Santiago, reproduciendo formas de exclusión social a través del mercado laboral y barreras espaciales. Así, la desintegración social pasa a constituir el elemento fundamental de (des)construcción de los espacios metropolitanos. Las reformas en los mercados del trabajo y las políticas de desarrollo urbano (al menos las analizadas) han tendido a segmentar la población y a generar barreras que dificultan la integración de la sociedad, elementos que se sobreponen, intensificando la exclusión social.

A partir del análisis del mercado del trabajo se pueden concluir tres aspectos. En primer lugar, que el crecimiento económico generado no necesariamente ha contribuido a aumentar las tasas de participación laboral, las cuales se mantienen bajas sobre todo en los jóvenes y en los sectores de menores ingresos. Lo segundo, es que se están produciendo importantes segmentaciones en el acceso al empleo, que se manifiestan en tasas de desempleo muy altas sobre todo en jóvenes y sectores de menores ingresos. Finalmente, lo tercero es que está aumentando crecientemente el empleo desprotegido o de baja calidad, que se manifiesta en la desprotección vía contratos, en la alta rotación laboral y en el aumento de la informalidad.

Respecto a la distribución de la población, la política de vivienda social contribuyó a la construcción de la estructura social actual de la ciudad, en donde la segmentación de los espacios es un elemento muy relevante. Esto complejiza cualquier tipo de políticas, dado que la segregación social ha incentivado una estructura de acceso a servicios muy desigual, lo cual se suma al desigual acceso al mercado laboral.

Como conclusión general se puede plantear que, el proceso de reformas iniciado tempranamente en Chile supone el traspaso de los riesgos y las responsabilidades sobre el bienestar a los individuos, y justamente quienes establecen los vínculos más débiles con el mercado del trabajo (es decir jóvenes y pobres) y además quedan relegados en ciertos sectores de la ciudad, son quienes resultan más perjudicados. La disminución de los recursos personales para interactuar en las esferas más importantes de la socialización en la ciudad como lo son el trabajo y el barrio genera un clima en el cual los lazos con el resto de la sociedad se rompen y difícilmente podrán volver a ser atados, ya que la segmentación social tiende a reproducirse, dificultando la construcción cohesionada de la ciudad. Estas políticas en general han tendido a aumentar las vulnerabilidades, entendidas como la posibilidad de deteriorar los logros del ámbito del desarrollo humano y su sostenibilidad (Pnud, 2014) de las personas afectadas a estos mecanismos de exclusión en el ámbito del acceso al trabajo y su localización residencial.

Estos mecanismos de exclusión están contribuyendo a mayores amenazas a la convivencia, en donde el miedo y las desconfianzas se consolidan como fuertes condicionantes de la interacción social. Estas amenazas se fundan, dentro del contexto que Katzman (2009) ha descrito como específico de este período, en el aumento de las expectativas de las personas ante los favorables escenarios políticos y económicos que se vivían hasta hace pocos años. Las altas tasas de crecimiento económico, el aumento en la cobertura educacional, la consolidación de la democracia y los discursos políticos, han alimentado las esperanzas de crecientes cantidades de población históricamente relegadas, de mejorar y alcanzar una posición social más igualitaria, con pleno acceso al bienestar y calidad de vida. Sin embargo, la realidad choca con la esperanza de ejercer el pleno derecho de la ciudadanía, dadas las crecientes debilidades que se producen en el vínculo entre los sectores más bajos de la pirámide social y el mercado del trabajo, a lo que se debe sumar el relegamiento y aislamiento espacial, sobre todo en los jóvenes y pobres urbanos. El espacio de política pública nacional destinado a mejorar las capacidades de lidiar con circunstancias adversas se ve limitado cada vez más conforme la globalización se profundiza. (Pnud, 2014:2). Por tanto, es necesario hacer cambios de enfoque en las políticas que afectan estas segmentaciones y erosionar estos mecanismos de exclusión. Redirigir esfuerzos hacia políticas públicas en materia de mercado de suelo e integración social; y en materia laboral, hacia la protección de los derechos sociales y aumentar la protección laboral, parecen ser el horizonte que se debe seguir.

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Notas

¹ Trabajo realizado en el contexto de los proyectos Fondecyt N° 1190724 y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Proyecto FONDAP N° 15110020
² Traducido de la expresión original: “Variegated neoliberalization”.
³ Edwards (1997) y (2001); Bulmer-Thomas (1994); Calcano, (1989); Haggard & Kaufman, (1992); Harvey (2007); Coloma & Roja s (2000); Cortázar (1993); French-Davis, (2008); Larraín y Vergara, (2001); Weller, (2000); entre otros.
⁴ D. L. 2.200 y Ley 18.372 de 1978 y 1981 respectivamente.
⁵ D. L. 2.756 y D.L. 2.757 de 1979.
⁶ D. L. 2.758 de 1979.
⁷ D. L. 3.500 y D.L. 3.501 en noviembre de 1980.