Recibido: 18.04.2020; Revisado: 09.11.2020.

Correo electrónico: maria.jose.rodriguez@uacm.edu.mx; N.º ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9265-8317

Correo electrónico: ejdieg@unileon.es; N.º ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3399-5318

Los autores agradecen los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos, que han contribuido a mejorar y enriquecer el manuscrito original.

1. Introducción

La despoblación1 pasó a ser un problema de tal gravedad que se ha convertido en una cuestión de Estado (Molina Ibáñez, 2019; Velázquez, 2017). Por ello, debería ser una prioridad en la agenda nacional y en el conjunto de las políticas públicas del país (Molina & Farris, 2011; Zurro & Rueda, 2018).

Casi dos tercios de los municipios españoles subsisten con menos de mil habitantes; de los 8.125 existentes, la mitad tiene menos de quinientas personas y 1.286 tienen menos de cien (Rico, 2017). El Informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre Población y despoblación en España 2016, subtitulado “El 50% de los municipios españoles, en riesgo de extinción”, daba cuenta de la magnitud del problema. Si entre 2015 y 2016, España perdía globalmente 67.374 habitantes, la población de las ciudades, por contraste, aumentaba en 14.000, lo que muestra el desplazamiento de población y el modelo urbano concentrador del país. En la Fig. 1 “La evolución demográfica de Europa en la última década”, mapa elaborado por The Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR), aparecen en azul oscuro las áreas con crecimiento negativo de población (por debajo de -2%, de -2% a -1%, de -1% a -0.1% anual) así como las que tienen estancamiento (amarillo y rosa claro). El caso de España es alarmante en relación con los demás países de la Unión Europea (UE).

La situación es especialmente preocupante en Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura (Antequera, 2018; García, 2016; Palacios, Pinilla & Sáez, 2017; Del Romero & Valera, 2015). Más del 90 por ciento de todos sus municipios tienen menos de mil habitantes, señala el informe de la FEMP (2017). “Una extensa parte del territorio español se encuentra en la actualidad muy poco poblado, con densidades municipales muy por debajo de las consideradas críticas como son los 5 hab/Km2 y los 10 hab/Km2… las áreas por debajo de dichos umbrales predominan en la mitad norte del interior español” (Pinilla & Sáez, 2017: 4).

Como se puede apreciar en la Fig. 2, “Áreas Escasamente Pobladas 2018” (Burillo & al., 2019), la mitad de Castilla y León tiene 3 hab/Km², lo que se tipifica como una zona muy escasamente poblada al tener una densidad igual o menor a 8 hab/Km². El promedio de la Comunidad es de 10, lo que corresponde con una zona escasamente poblada, al situarse entre 8 y 12.5 hab/Km² (Pinilla & Sáez, 2017).

Este es el drama también de áreas que no son visibilizadas cuando se pondera la media provincial y no la condición de los municipios en particular. Es el caso de León2. En la Fig. 3 podemos apreciar la baja densidad demográfica en la mayor parte de los municipios de la provincia; tres cuartas partes (las zonas que aparecen en amarillo) está por debajo de los 12.5 hab/Km². Es decir, son áreas escasamente pobladas. Peor aún, de los municipios que están por encima de esa densidad, son contados los que sobrepasan los 100 habitantes y solamente la capital está por encima de 1000. Además, podemos constatar cómo en la inmensa mayoría de los municipios, la densidad de población presenta tasas decrecientes entre 2014 y 2018. Los únicos municipios donde esto no ocurre son los colindantes con la capital (Sariegos, Villaquilambre, Onzonilla y Chozas de Abajo) y un caso particular al sur, donde se concentra la actividad económica de la zona y el turismo estacional, Valencia de Don Juan. La situación real de la provincia es aún más compleja si consideramos los municipios que tienen 8 o menos hab/Km² y que, por tanto, son áreas muy escasamente pobladas.

El tema de la zonificación no es un asunto menor por sus implicaciones políticas y económicas para acceder a fondos europeos.3 Hasta el momento, la definición de unidades territoriales que corresponden con áreas escasamente pobladas reconocidas por la UE deja fuera del problema extensas áreas del sur de Europa que enfrentan dicha problemática, como es el caso de buena parte de España.

Como señalan con minuciosidad Burillo & al. (2019), el debate sobre la definición de áreas escasamente pobladas ha sido largo y se mantiene abierto: “fue en 2006, cuando la UE estableció los criterios sobre qué es una región con Baja Densidad de Población (Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013), es decir, regiones con densidad de población inferior a 8 hab/Km² en el nivel NUTS 2 o a 12,5 en el NUTS 3” (2019:85). Hasta entonces, los criterios eran aún más restringidos, beneficiando fundamentalmente a los países del norte de Europa. En la actualidad, los criterios sólo consideran el nivel regional (NUTS 2) y provincial (NUTS 3) (Fig. 4), quedando fuera el nivel municipal. La consideración de esta categoría, conocida como Unidades Administrativas Locales (NUTS 4 o LAU2), abriría la puerta a numerosos municipios españoles, entre ellos los leoneses (119 en total a diferencia de los 20 actuales).

Hay que recordar también que las áreas con densidades por debajo de los 10 hab/km² han sido históricamente consideradas como “desiertos demográficos”. En el caso de España, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2030 la pérdida de población rural seguirá aumentando y la situación se agravará aún más (Pinilla & Sáez, 2017).

2. Metodología de revisión sistematizada

Ante esta situación nos hemos planteado como objetivo de este estudio el análisis de las políticas públicas ante la despoblación. Para realizarlo la metodología que se ha aplicado ha sido una revisión sistematizada (Guirao, 2015) de los artículos publicados entre el año 2010 y junio de 2020, utilizando cuatro bases de datos: Web of Science, Eric, Scopus y Dialnet, sobre la temática objeto de investigación.

Siguiendo la estrategia de revisión propuesta por Moher & al. (2009), tras una primera revisión, que obtuvo un resultado de 767 artículos, se procedió a realizar una primera lectura de los títulos y los resúmenes de los artículos, dejando fuera 393 por no guardar relación directa con el tema.

Tras esta segunda revisión, y con el fin de delimitar la selección de las publicaciones encontradas, se aplicaron a los 374 los siguientes criterios de inclusión: (a) las publicaciones debían ser artículos de revista; (b) debían aparecer a texto completo; (c) debían estar publicados en los últimos 10 años; (d) solo se tuvieron en cuenta los artículos en inglés y en español; (d) las publicaciones sobre el tema que se centraran en investigaciones llevadas a cabo en España. Finalmente, se han delimitado ochenta y cuatro estudios que cumplían los cuatro requisitos y que han formado la muestra final.

Las acciones que constituyeron el proceso aquí descrito fueron las siguientes: 1) Se estableció el propósito de la búsqueda; 2) Se definieron criterios de inclusión; 3) Se estableció la estrategia de búsqueda y se ejecutó; 4) Se precisó la información de interés para ser extraída de las publicaciones; 5) Se seleccionaron los documentos a partir de búsquedas en bases de datos; 6) Los textos seleccionados fueron analizados por medio de una revisión temática por categorías; 7) Se realizó una síntesis temática a partir de las categorías delimitadas: (a) políticas públicas, (b) despoblamiento, (c) despoblación, (d) espacio y territorio, (e) desigualdad geográfica y poder, (f) segregación socioterritorial.

3. La España “vaciada”: la reestructuración espacial del poder

Hablar de la “España vaciada”, significa reconocer que han sido también las políticas de las Administraciones Públicas de nuestro país las que han contribuido a desangrar poco a poco al medio rural o, al menos, a no hacer lo suficiente para paliarlo o revertirlo.

La profunda segregación entre el medio rural y urbano se inició con el modelo de desarrollo centralista que consolidó el franquismo (Molina Ibáñez, 2019; Paniagua, 2016); un modelo de desarrollo dependiente y esquilmador que asignó al mundo rural una función subordinada al desarrollo urbano y, en aquel entonces, al sector industrial (Recaño, 2017). La ciudad tuvo un papel privilegiado en todo momento, asociada a un imaginario de modernización (Ródenas & Martí, 2005). Está claro que las políticas públicas han fomentado el desequilibrio territorial y la desigualdad social por ignorar territorios que han ido por ello perdiendo capacidad de desarrollo sostenible progresivamente para asumir nuevos procesos, y por buscar rentabilidades cortoplacistas y además con un economicismo claramente sesgado.

Esta dinámica se arrastra hasta nuestros días y se fortalece con las políticas neoliberales que se expresan espacialmente. Salvo el breve periodo de distribución social, que duró apenas dos décadas y se nutrió en buena medida de fondos estructurales y las políticas compensatorias de la UE, la centralidad de lo urbano ha sido política de Estado (Blanco & Subirats, 2012). También ha influido poderosamente la falta de una auténtica reforma agraria, así como los periodos cortos de crisis y salidas de la crisis vividos desde los años 70 y con frecuencia una legislación que a veces obstaculiza actuaciones de iniciativas asociadas a un carácter familiar.

La recuperación de la arquitectura de los pueblos, la casa familiar para el descanso, el impulso al turismo rural y la revalorización sociocultural del “pueblo” y las tradiciones, fue sólo un lapso que se hizo añicos a medida que la ofensiva neoliberal endureció las políticas de ajuste estructural, aprovechando el contexto de la crisis de 2008. Incluso, durante esos años, la ciudad fue el referente de crecimiento y especulación (Artal, Navarro & Requena, 2015).

La burbuja inmobiliaria fue una pieza clave del espejismo de bonanza que tuvo incluso su proyección en las restauraciones de viviendas rurales. Desde entonces, asistimos a una reorganización intensiva de la organización del trabajo concentrada en el medio urbano y en las áreas de costa destinadas al turismo (Díaz, 2012).

La geografía del poder se manifiesta en centros de concentración de riqueza, y del escaso empleo, cada vez más precario, así como en una dinámica de desplazamiento forzado de miles de personas que migran a las ciudades y a los lugares de costa. Además 2 millones y medio fueron forzados a migrar del país (González & López, 2019; Parella & al., 2019).

Como si se tratara del negativo de una foto, ésta es la cara oculta de la despoblación. Población joven y adulta que se desplaza a las ciudades desde los pueblos y de las ciudades pequeñas a las más grandes en busca de empleo (Domínguez, 2020); vaciamiento en sus lugares de origen con la consecuente pérdida de servicios; una espiral que alimenta a su vez la dinámica de desplazamiento e hiperconcentración urbana (García & Espejo, 2019).

Población que huye del desempleo al mundo urbano y enfrenta procesos de creciente competencia, mientras se genera un ejército de reserva laboral que abarata aún más la mano de obra, aprovechándose de la necesidad. Menos empleo, peor pagado, con peores condiciones, una vivienda cada vez más cara resultado de la gentrificación y especulación generalizada. Una dinámica impulsada por las políticas neoliberales y un Estado cómplice, cuando no directamente responsable (Zurro & Rueda, 2018). Un modelo que desarraiga excluye y genera pobreza, que pasa a ser, sobre todo, pobreza urbana; pobres que luchan contra otros pobres, todos migrantes, sean originarios o procedan de otros países, disputando un puesto de trabajo, una vivienda barata, una distancia más corta al trabajo (Rodríguez, 2019).

En la Fig. 5 se puede apreciar cómo las ciudades y áreas que concentran la mayor parte de población son Madrid y Barcelona, en menor medida el País Vasco (excepción de Bilbao), Pamplona y Zaragoza, así como las zonas de costa de Andalucía, Levante (con la excepción de varias ciudades de Alicante) y Baleares. Los puntos marcados en azul son ciudades que pierden población, tanto capitales de provincia como ciudades medianas. La movilidad geográfica coincide con los lugares donde hay mayor contratación, como se muestra en la Fig. 6 que, si bien es de 2014, marca una tendencia que podemos constatar actualmente.

Lo que observamos espacialmente es una expresión de la heterogeneidad estructural (Pinto, 1998), así como de la asimetría y desarticulación económico-social que la caracteriza. Unas regiones se constituyen en centros dinámicos de la acumulación y reproducción del capital, mientras que otras se convierten en proveedoras de excedentes y recursos, incluida mano de obra barata, ocupando por tanto una posición periférica y subordinada. Se impone una dinámica similar a la del centro-periferia (Cepal, 1998), que se replica al interior del país, y que impone una especialización económica y una división regional del trabajo desigual, con los consiguientes impactos sociales que ello conlleva.

La periferia será –y ha sido históricamente– rural, dedicada a actividades del agro y a los recursos minerales (minería metálica, no metálica y del carbón, en su momento). Las zonas que hoy concentran actividad económica articulan lo urbano, las áreas dinámicas de la economía de servicios, la producción industrial (poca) que aún existe en el país y el turismo, actividad extractivista generadora de trabajo precario. A través de esta relación dependiente, se profundiza y reproduce la desigualdad, en sus muy distintas manifestaciones (espacial, económica, social, cultural). Es la expresión de una relación de poder, no sólo económica, que a través de su propia dinámica se va reproducción en escala ampliada (Marini, 1994); en este sentido, los aportes de la teoría de la dependencia son fundamentales para explicar las relaciones desiguales y subordinadas que se reproducen al interior del país.

El espejismo del tan ansiado salto al desarrollo, representado sobre todo por la entrada en la UE, se diluye en este presente marcado por el contexto de un capitalismo con profundas contradicciones, un patrón de acumulación neoliberal altamente expoliador, el recorte del financiamiento de fondos sociales europeos y el desenmascaramiento de una UE que reproduce internamente una relación centro-periferia con los países del sur (del Río, 2018; del Romero, 2018). La Fig. 6 revela espacial, económica y socialmente, las estructuras internas creadas por una dinámica (históricamente) dependiente que, como explicaba Dos Santos (1994), no es producto/efecto de un factor externo sino de una articulación interno-externa, con las consiguientes responsabilidades de las élites del propio país dependiente.

Al mismo tiempo que el modelo económico concentra población en los centros urbanos y turísticos, alimentando el desierto rural, el empobrecimiento trasciende el medio rural y, a través de condiciones laborales y de vida cada vez más precarias, permea el medio urbano.

“Este modelo dual de concentración/desertización, de dinamismo/estancamiento-retroceso, obedece tanto a la dinámica del mercado como al diseño de políticas públicas que han estado orientadas a generar crecimientos rápidos, antes que verdaderos desarrollos, a partir de economías de escala, desde una óptica sectorial y no socioterritorial, sustentados sobre variables e indicadores tradicionales vinculados al PIB o a la renta” (Molina Ibáñez, 2019:154)

sin considerar otros costes ambientales, sociales o territoriales de ese modelo de concentración territorial de la inversión, haciendo de la ciudad un lugar centrado en la eficiencia económica y basado en economías de aglomeración y de escala.

De esta manera, al problema histórico de desigualdad espacial y social, nunca resuelto, se suman las particularidades del patrón de acumulación neoliberal, que descansa en la superexplotación del trabajo, profundizando aún más ésta. Las condiciones de los trabajadores en este capitalismo de saqueo y acumulación por desposesión (Harvey, 2007), corresponden a lo que Marini (1991) definió como superexplotación del trabajo. Así, la acumulación está centrada en la explotación directa del trabajo/trabajador y no del incremento de la capacidad productiva; es decir, en la plusvalía absoluta. La superexplotación adoptó tres formas esenciales: incremento de la intensidad del trabajo, prolongación de la jornada de trabajo (o una combinación de ambos) y reducción intensa del fondo de consumo del trabajador, por tanto, su salario se convierte en fondo de acumulación del capital (Marini, 1991:5). No es casual que la pérdida de poder adquisitivo del trabajador en la última década sea del 7.1% a nivel nacional (INE 2019). Las regiones periféricas tienen pérdidas muy por encima de ese promedio: Andalucía ha sido el territorio más perjudicado salarialmente en la última década. Hasta el punto de que el sueldo medio era superior en el cuarto trimestre del 2008 (1.776 euros) que en el del 2018 (1746 euros). Los andaluces han perdido el 14,5% de poder de compra en diez años, más del doble que la media. Castilla y León, con una devaluación del 10,6%, y Aragón 10,3% (Ubieto, 2019). Por eso, como afirma Serrano (2019, 119)

“el control público de la transformación del espacio no interesa a un sistema financiero y promotor que encuentra en la especulación asociada a esta transformación un proceso significativo de acumulación de capital”.

Pero, como señala Sotelo (2019), la superexplotación de la fuerza de trabajo adopta nuevas modalidades en el neoliberalismo; a la intensificación, a la prolongación de la jornada y a la expropiación creciente del salario, se suma una cuarta modalidad, la precariedad del trabajo y su actualización que penetra el conjunto del proceso de trabajo y condiciones. La superexplotación de la fuerza de trabajo deja de ser una característica de las regiones/países periféricos para penetrar el sistema mundial en su conjunto,4 con lo cual adopta un carácter estructural y no coyuntural, que profundiza las contradicciones asociadas (crisis, desarticulación espacial y económica, heterogeneidad estructural, desigualdad social y territorial, dependencia). Esta cuarta dimensión, se constata hoy en la precarización de los trabajadores, tanto en los pueblos y ciudades pequeñas del país que pierden población, como en los centros urbanos y turísticos receptores. Lo que queremos destacar es que esa precariedad rebasa con creces el ámbito laboral y social al estar inserta en un esquema de dependencia que se articula con las demás dimensiones señaladas. Desde el punto de vista del espacio y del territorio, estamos ante una geopolítica de la superexplotación, como dice Sotelo, sino ante una geografía de la dependencia que se manifiesta en los niveles regional y local.

Así, la despoblación y el proceso de despoblamiento no sólo profundiza el desequilibrio de la estructura socioeconómica y territorial que existía previamente, agudizando el problema (Dos Santos, 1994), sino que es resultado de ese mismo desequilibrio nunca resuelto. Podríamos decir que el modelo de desarrollo adoptado en España responde, retomando la expresión de Gunder Frank (1994), al desarrollo del subdesarrollo; un problema histórico ahora intensificado por el patrón de acumulación neoliberal (Valenzuela, 1990) en un esquema de inserción dependiente y subordinado a los centros del bloque europeo (Rodríguez, 2017).

Desde esta perspectiva, el problema de la España vaciada va más allá del enfoque demográfico enmarcado en la baja tasa de natalidad y envejecimiento poblacional. Es un problema de modelo económico y social que adquiere nuevas dimensiones a partir de las especificidades del presente, lo que debería ser considerado en una política pública que quiera enfrentar el problema con seriedad (Poza, 2019).

4. Geografía del poder: dependencia y especialización en la España vaciada

La dependencia y especialización se manifiestan en la forma de gestión de centenares de centrales hidroeléctricas de las cuales no se benefician los pueblos; en infraestructuras radiales de comunicación vinculadas a núcleos urbanos, dejando languidecer y desaparecer los trenes regionales; en la política energética; en la exigua estrategia de industrialización que dejó fuera a todas las poblaciones rurales intermedias; en la insuficiente dotación de centros de salud en las zonas rurales o su concentración en cabeceras urbanas saturadas; o cuando se exige la misma ratio de alumnado para un módulo de formación profesional en la montaña que en un instituto de la ciudad.

La especialización en el marco de una relación de dependencia genera dos tipos de regiones, como señalan diversos especialistas (Carpintero, 2015): unas especializadas en la extracción de recursos y el vertido de residuos, consideradas como regiones periféricas; y otras, las centrales, especializadas en el consumo y acumulación. Las regiones despobladas, que coinciden con las regiones periféricas, son las abastecedoras de recursos, pero son también las que reciben el mayor impacto ambiental debido a ello (Seco, 2020). Este modelo de organización económica, propio del extractivismo5, en el que hay que incluir la economía del turismo, agudiza la desigualdad (espacial, económica y social) así como la pérdida de población (Del Romero, 2018). Una vez más, como ya señalamos respecto al abaratamiento del salario y precarización laboral, la España vaciada es funcional al diseño y los intereses económicos de este capitalismo de saqueo y acumulación por desposesión (Harvey, 2007).

La especialización productiva y comercial es propia de una división regional del trabajo desigual, con relaciones de producción e intercambio desiguales entre regiones. (Marini, 1991). La producción y comercialización de bienes primarios a cambio de productos de mayor valor agregado da lugar a un deterioro de los términos de intercambio a nivel regional y nacional que se manifiesta en una geografía del poder con territorios despoblados y empobrecidos económicamente mientras otros concentran población y actividad económica.

Los territorios despoblados proveen los recursos naturales usados como materiales de construcción (cantera, minerales no metálicos, madera). Entre el 50% y 75% de los recursos naturales utilizados en cada región han tenido ese destino. La burbuja inmobiliaria disparó el proceso: “Tanto en la fase de auge, como en la posterior de declive, la explosión generalizada en el uso de recursos naturales a escala regional ha tenido consecuencias demoledoras” (Carpintero, 2015:II). No obstante, las regiones receptoras también sufren los impactos destructivos del modelo: “la preocupante media estatal de una tonelada de cemento por hectárea, en el punto álgido de la burbuja, queda empequeñecida por las 7,5 toneladas por hectárea que ‘cayeron’ en Madrid, las 2,5 en la Comunidad Valenciana, o las 2,1 en Cataluña” (2015:II). Para las regiones periféricas, el nivel de extracción fue escandaloso. Frente al promedio de Consumo Interno de Materiales (CIM) de 12,6 Tm/hab en 2010, Asturias llegó a 30,3 Tm, seguida de Castilla y León con 23,5.

La biomasa (agraria, forestal y pastos) como porcentaje del CIM fue en promedio nacional del 23% pero alcanzó el 61% en Extremadura, el 42% en Castilla y León y el 36% en Castilla La Mancha. Medido como consumo de biomasa por Tm/hab, Extremadura cuadruplica la media nacional (12,4 Tm/hab frente a 3 Tm/hab de media nacional) y Castilla y León la triplica (10,3 Tm/hab), además de ocupar el primer lugar regional en biomasa agraria (21.7%) y el segundo en biomasa forestal (15.4%). Esto abrió un debate sobre las implicaciones para los bosques de la zona, como sucedió en Galicia, que es la primera generadora de biomasa forestal de especies no autóctonas, pero de alto rendimiento, como el eucalipto.

El esquema de producción y consumo de energía eléctrica sigue el mismo patrón: Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón y Extremadura proveen de energía eléctrica, hidroeléctrica o térmica –aunque ésta cada vez menos tras los cierres de los últimos años– a las regiones centrales (Madrid, Cataluña, País Vasco). Así, el 76% de la electricidad generada en Extremadura se envía a Madrid; el 48% en el caso de Castilla La Mancha y el 44% en el caso de Castilla y León. El 44% de la energía eléctrica que genera Aragón tiene como destino Cataluña (Carpintero, 2015:144-415). Mientras, Madrid consume 19 veces más energía eléctrica de la que produce.

En cuanto a la producción agrícola y su peso en el sector alimentario, igualmente, las regiones periféricas cumplen una función de abastecedoras de los centros:

“Andalucía (que casi supone el 25% del VAB agrario total en 2010), junto con Castilla y León y Castilla-La Mancha concentran entre las tres la mitad del VAB agrario manteniendo un patrón de especialización tradicional que es muy superior a su peso poblacional en el conjunto y ligeramente inferior a su participación territorial. Estas regiones duplican o, en el caso de Andalucía, triplican su participación respecto de las CCAA que les siguen” (Carpintero, 2015:86).

Por el contrario, la producción industrial se concentra en Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana –entre el 60 y 62% del valor total–. Vemos como la especialización productiva refleja un patrón de desigualdad regional característico de la dinámica centro-periferia.

Lo mismo podemos decir sobre la extracción de minerales metálicos que, si bien ha caído desde la década de los noventa, se sigue concentrando en Andalucía (cobre, plata, zinc, estaño), Asturias y Cantabria (cobre), Castilla y León (uranio y litio, aunque en pequeñas cantidades en comparación con otros países) y Extremadura (níquel). Actualmente se está hablando de una nueva fase de explotación del sector que, no obstante, no modifica la especialización descrita (Cebrones, 2019).

A nivel de intercambio comercial, el modelo económico mantiene la misma tendencia, al estar concentrada tanto la demanda como la oferta en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía:

“Este resultado muestra ya dos cosas claramente: 1) el grueso del trasiego de energía, materiales y bienes por el territorio se concentra en el corredor litoral mediterráneo al que se le une la capital madrileña como foco de atracción; y 2) esta tendencia confirma en términos físicos que los flujos comerciales (no sólo los de población) están consolidando la división regional del trabajo ya mencionada” (Carpintero, 2015:119-120).

A partir de los datos presentados, el vaciamiento se convierte más bien en saqueo. El patrón de acumulación concentrador que desplaza población de unos lugares para concentrarla en otros se refleja en una geografía de la dependencia. La cara menos visible de la España vaciada está asociada al extractivismo y al deterioro ambiental grave (Santiago & González, 2020), tanto para las regiones periféricas como para las centrales, con los consiguientes efectos en la vida de las personas. Además, la mayor intensidad en el uso de materiales conlleva un incremento en la cantidad de residuos que hay que depositar en un espacio físico, lo que complejiza el problema ambiental del país, ya de por sí difícil, a tal punto que está entre los países europeos con peores indicadores en tratamiento y manejo de residuos (Brunat, 2017).

Como se aprecia en la Fig.7, los vertederos se ubican en regiones periféricas y, en general, escasamente pobladas. De los 21 millones de Tm de residuos que se generan en el país al año, el 70% acaban en vertederos sin tratamiento; la UE habla de 88 vertederos en estas condiciones de los que 80% se ubican en Castilla y León y en las Islas Canarias. El problema puede ser aún más grave si se considera, como plantean diversos especialistas, que los datos sobre residuos de distinto tipo son escasos, poco confiables, especialmente los industriales, y hay sobre ellos bajos niveles de control, tanto a nivel nacional como en Castilla y León.

En cuanto a los residuos industriales, Castilla y León también pasó a convertirse en una receptora de los residuos procedentes del resto del país, “reforzando así su papel en la división regional del trabajo, no sólo como zona de extracción, sino también de vertido” (Carpintero, 2015:132); un triste ejemplo de especialización regional. Es también la primera Comunidad receptora de residuos peligrosos y tóxicos. La vulnerabilidad de las regiones periféricas crece tanto con la despoblación como con el despoblamiento.

El patrón de desigualdad centro-periferia se reproduce al interior de las regiones, llegando al nivel municipal y local. Castilla y León es nuevamente es un ejemplo con

“altos grados de disparidad entre las diferentes provincias que conforman la región. Tal vez la más notable sea la diferencia entre tres provincias que se suelen situar con un PIB per cápita superior a la media española (Valladolid, Burgos y Palencia) y que, no en vano, acumulan también en torno al 80 % de las exportaciones de toda la región; frente a otras provincias como Zamora, Ávila o León, cuyo PIB per cápita se ha venido encontrando durante mucho tiempo más de 15 puntos por debajo de la media española” (Carpintero, 2015:387).

En definitiva, esta Comunidad es un ejemplo representativo de la vulnerabilidad económica y social de un territorio marcado por la especialización en productos primarios, con escaso valor agregado, que la hace dependiente de la adquisición de productos industriales, químicos e incluso semi-manufacturados con mayor valor agregado, con el consiguiente deterioro de los términos de intercambio. Es una región que tanto a nivel nacional como internacional exporta: cereales –es considerada el granero del país–; biomasa agraria, aunque va creciendo la forestal; carne y leche, sobre todo de ganado bovino y ovino –tiene la mayor cantidad de cabezas de ganado de España–; y minerales no metálicos (arena, grava, piedra caliza) con los que se fabrica el cemento y ladrillos que luego compra. Su producción industrial se restringe a semi-manufacturas agroalimentarias y al sector automotriz, cada vez más decaído, que es fundamentalmente ensamblaje, sin inversión I+D, cuyo destino son los países europeos. A cambio, tiene que adquirir de otras regiones del país, fertilizantes y abonos para su agricultura, así como otros químicos, combustible, equipo industrial, etc.

“En el caso de una provincia como León, hoy se deja sentir el impacto del extractivismo minero que hizo a la provincia en su conjunto, dependientes de la minería del carbón; una actividad con alta especialización y escaso margen de reconversión, que construyó una economía de enclave en los municipios mineros, con altos costos medioambientales, profundizando su dependencia económica y aislándolos socialmente. Estas complejas condiciones estructurales serán la caja de resonancia del despoblamiento de estos municipios con la agonía y posterior cierre de las cuencas mineras” (Acosta, 2011, 97).

Este modelo dependiente explica las dinámicas de relegamiento y empobrecimiento de un territorio que expulsa población y en el que se puede constatar una política pública con escasos apoyos y voluntad para revertir la tendencia. Por ahora, las alternativas siguen centradas en dinámicas extractivas y de saqueo: minerales no metálicos, minerales metálicos como el litio o el nuevo impulso para explotar el uranio –fuente de residuos tóxicos–, el continuismo de las industrias de biomasa en gran escala, las macrogranjas, etc. Un “estilo de desarrollo” que lejos de constituir una opción devasta aún más los territorios en pro de una visión cortoplacista en la que prima la ganancia (del Romero, 2018; Esteso, 2018).

La reconstrucción del contexto socioeconómico y político del despoblamiento, a través de la perspectiva de una geografía del poder, que no es sino geografía de la dependencia, es fundamental a la hora de evaluar las alternativas que se van generando (Valero & López, 2019).

5. Las políticas agrarias y rurales ante la despoblación

La trayectoria de las políticas públicas en sus distintos ámbitos (europeo, nacional, regional y local) es un factor relevante sobre el despoblamiento del mundo rural y la desigualdad socioterritorial asociada.

La política europea de desarrollo rural se financia con una parte de los fondos estructurales, cuyo fin está orientado precisamente a lograr la cohesión territorial, social y económica. Destacan el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que, además, es el segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC).

Desde la crisis de 2008 y los posteriores recortes, la financiación europea ha disminuido, en particular la partida de desarrollo rural. El presupuesto comunitario aprobado para el periodo 2021-2027 sigue esta tendencia respecto al periodo anterior, aunque menor a la estimada inicialmente, del 10% en la PAC, ayudas directas, y del 11.2% en desarrollo rural (Plaza, 2020). Ello en un contexto de crisis internacional vinculado a la pandemia de Covid19, a los impactos de la salida de Reino Unido de la UE y al crecimiento de las partidas orientadas a control migratorio, fronterizo y gasto en defensa (Burillo & Burillo, 2018; Tribunal de Cuentas Europeo, 2019).

El impacto del actual recorte no será menor considerando que España es el segundo país receptor del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, primer pilar de la PAC, y el sexto en fondos FEADER, considerado el segundo pilar (Massot, 2020). Además, la reclasificación de la tipología de las regiones, que se había iniciado en el periodo 2014-2020, hace que España pase a contar ahora con cuatro regiones “muy desarrolladas”, lo que también significa menores fondos a nivel nacional y regional –sólo Extremadura caía en la tipificación de región menos desarrollada y, por tanto, perceptora de ayudas al igual que los países del este europeo–. Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y la Murcia pasaron a ser “regiones en transición” y las demás, incluida Castilla y León, quedaron en el grupo de las más desarrolladas (Villaverde, 2012). Así, Castilla y León, que aporta el 40% de la producción de cereal nacional y que enfrenta graves problemas de despoblamiento, verá reducido el financiamiento en desarrollo rural y de la PAC, en un contexto de bajos precios internacionales de los cereales y del impacto de la pandemia.

Por otra parte, una revisión de la política rural y agraria europea deja entrever las ambigüedades y complejidad en su aplicación, lo que dificulta resolver las desigualdades territoriales. Además, la crisis de 2008 complicó las cosas, al poner en cuestión la lógica de la redistribución ya que los desequilibrios territoriales dejaron de ser vistos como el principal problema a resolver. El FEADER, que sería fundamental para fijar población, siempre ha tenido una cuantía mucho menor a la PAC y, curiosamente, dos de los principales países receptores de estos fondos son Francia y Alemania, que tienen condiciones de desarrollo rural, así como una situación demográfica mucho mejor que la de España (Nègre, 2020). Saraceno identifica cuatro tipos de ambigüedades: “el carácter restitutivo y redistributivo de las intervenciones; la superposición entre sector y territorio tanto dentro de la PAC como en el otro FS; la multiplicidad de modelos y niveles institucionales de intervención que no siempre son coherentes y la fragmentación de las intervenciones [de los fondos estructurales]” (Saraceno, 2017).

La propia UE (2018) reconoce que los sistemas de gestión, control y auditoría son excesivamente complejos, lo cual ha dado lugar a inseguridad administrativa y a retrasos en la ejecución, que es necesario flexibilizar las medidas homogéneas que se imponen a través del Reglamento de Disposiciones Comunes para todos los países, pero que no responden a las diversidades regionales o ayudas directas a grandes empresas o cierta infraestructura no esencial como la aeroportuaria que no deberían financiarse. En cuanto a la PAC, en particular, que representa cerca del 40% del presupuesto europeo, uno de los grandes problemas es que las ayudas directas también benefician fundamentalmente a los grandes propietarios y productores –“el 82% del total va a solo el 20% de los receptores” (Böll & Seo-Bird Life, 2019, 11)–, y no ha estimulado las prácticas con valor socioambiental y el desarrollo rural.

A nivel nacional y de las comunidades autónomas, hay que destacar la lentitud con la que ha sido reconocido el problema de la despoblación y, en esa medida, las acciones han sido escasas y tardías. No es hasta 2017 cuando, en la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos, se asume la despoblación como un asunto de Estado y se establece la figura del Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico (Burillo & Burillo, 2018). La creación de comisiones y la elaboración de informes que den cuenta de la situación, tanto a nivel nacional, autonómico y municipal es también cercana en el tiempo, aproximadamente desde 2015 (Plaza & Molina, 2019). En todos los casos podemos encontrar propuestas compartidas en el sentido de apoyar la creación de empleo y fijar población. También es clara la necesidad de un manejo más eficiente de los recursos y de la participación de las autoridades locales en la gestión y evaluación de los programas –lo que también reconoce la UE en el Informe sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico (García, 2017) y en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico (Comisionada del Gobierno, 2019)–.

El balance de las políticas territoriales en Castilla y León, después de dos décadas centradas en el desarrollo del turismo y las pymes no tradicionales, pone de manifiesto que los mayores beneficiados han sido los municipios de mayor tamaño y que la reconversión hacia nuevas actividades económicas sigue pendiente. Entre 1991-2010 se invirtieron 732 M€ que, a pesar de ampliar el número de municipios y población de incidencia, sólo generaron 7594 empleos (Gordo, 2011). En Castilla y León, además es necesario considerar y revisar el uso de los fondos MINER que lejos de apoyar la reconversión de las cuencas mineras dejaron una estela de ineficiencia y dispendio en unos municipios entonces en difícil situación económica y hoy asolados por la despoblación tras el cierre de las minas (Méndez, 2013).

Parece claro que el factor de deficiencia institucional en sus distintos niveles (nacional, autonómico y local) está vinculado estrechamente al despilfarro de recursos públicos (nacionales y europeos), en “infraestructuras, equipamientos culturales o científicos, parques y ciudades temáticas o inversiones para acoger grandes eventos” (Romero, 2018, 4), muchas hoy infrautilizadas o vacías. La magnitud de la ineficiencia/despilfarro/corrupción, señala Romero, asciende a 15.217 M€ para el periodo 1985-94, se dispara a 147.733 M€ entre 1995-2007, los años más especuladores de orientación neoliberal, y 31.557 M€ entre 2008-2016. Los impactos de este dispendio es un factor insoslayable a considerar en el presente.

Otro aspecto relevante para explicar los exiguos resultados de las políticas públicas en este campo ha sido el incumplimiento de los compromisos asumidos, como fue la elaboración de una estrategia nacional ante la despoblación que ha visto la luz con la nueva Comisionada en 2019, lo que también ha sucedido con otras medidas y que requiere modificarse urgentemente. Más aún ante las posibilidades que se abren para Castilla y León, al ser incorporada a la Comisión Política Territorial y Presupuesto de la UE, donde se definen los lineamientos sobre el Fondo de Transición Justa, y a la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura, con incidencia sobre el problema demográfico.

6. Vaciamiento cultural y ruptura de los vínculos comunitarios

El despoblamiento impacta además en la vida social y cultural de los pueblos con la violencia silenciosa de la desmemoria y el olvido (Pires, 2017). El desplazamiento de quienes tienen que migrar a las ciudades, condena a estas personas y a sus territorios al desarraigo sociocultural, a la desaparición de saberes, tradiciones y formas de relación que descansan en una hacer y una historicidad colectiva de largo recorrido (Poeta, 2019). El sentido y significado de estos pueblos hoy vaciados, o a punto de serlo, que entrelaza tanto la vida de quienes los habitan (habitaban) como del espacio habitado, se va desvaneciendo. Así el vaciamiento territorial va acompañado de vaciamiento sociocultural (Alamá & al., 2019).

La cartografía, que es también social, entendida como representación de existencias en un espacio, relaciones, narraciones y vidas colectivas que “geosimbolizan” un lugar, da paso a la des-cartografía con la desaparición de los pueblos. Dice Carrithers (1995) que la cultura es la producción de lo diverso que se teje en el hacer y la construcción de una narración que da sentido al grupo. Sin personas, con vías de comunicación semi-abandonadas, sin servicios, sin festividades, sin espacios de reunión, sin voces que cuenten quiénes son y de dónde vienen, queda el vacío. En este sentido, a la desigualdad territorial se suma el vaciamiento cultural que arrasa con la diversidad sociocultural de la población y sus territorios (Alamá & al., 2019; Poeta, 2019). Se impone la cartografía del poder que exalta el anonimato de la gran ciudad o de los centros turísticos mientras silencia la vida de las pequeñas ciudades y pueblos.

En el vaciamiento hay un proceso de des-apropiación del espacio. Para los antropólogos y una parte de los geógrafos, el espacio habitado es un espacio apropiado en el que la población despliega “sus actividades productivas, sociales, políticas, culturales y afectivas… sus estrategias de desarrollo y, todavía más, para expresar en el curso del tiempo su identidad profunda mediante la señalización de los lugares” (Lecoquierre & Steck, 1999:47); y, en este proceso, se significa como territorio, con arraigo y sentido de pertenencia. El territorio es así espacio socializado y apropiado por sus habitantes que articulan lo natural y lo social a través de su habitar (Baud, Bourgeat & Bras, 1997: 130). Desde esta perspectiva, el despoblamiento conlleva la pérdida del territorio, que retorna a su condición de espacio.

Desde otros enfoques, el espacio es entendido como espacio social e histórico, producido socialmente y resultado de representaciones sociales (Baringo, 2013; Bagú, 2005; Ramírez & López, 2015). En el espacio se expresan, por tanto, las formas de producir, intercambiar, relacionarse y ser. Es la expresión de un proceso histórico y en él se realiza, objetiva y subjetivamente, la cultura de los pueblos, las formas de pensar, actuar, sentir y percibir que constituyen el habitus (Bourdieu, 1988). Por tanto, la dinámica de concentración en unos lugares y vaciamiento en otros, es la representación espacial de la forma concreta en que opera el capitalismo neoliberal y el bloque de poder que controla el Estado (Poulantzas, 2007).

En este sentido, el desplazamiento forzado de población, que se ve obligada a abandonar sus pueblos y pequeñas ciudades, es un proceso mucho más violento de lo que parece a simple vista; se está doblegando a miles de personas a ser otros y dejar de ser, con lo cual sus espacios/territorios sufren ese mismo efecto e impulsan reacciones de descontento e incluso de oposición a las políticas europeas (Dijkstra, Poelman & Rodríguez, 2020). Somos seres de representación y narración, así alimentamos y reinventamos nuestra memoria colectiva y nuestras proyecciones de futuro (Bloch, 1982; Vilar, 2004). El despoblamiento expresa una espacialidad fragmentada que es también memoria social fragmentada, vaciamiento sociocultural y organizacional (García & Espejo, 2019). En definitiva, vulnerabilidad con mayores posibilidades de control político.

Asistimos a una disputa por los territorios/espacios que refleja concepciones de vida antagónicas. Una utilitarista, centrada en la ganancia y el enriquecimiento. Otra centrada en la vida colectiva de los pueblos y su cultura. Esta disputa es la que se expresa hoy desde la geografía del poder y sus dinámicas (Granados & Rodríguez & Vilachá, 2018). Un territorio vaciado de personas, de sus vidas, de su historia y organizaciones, es un espacio sin resistencias, pero no es un espacio estático y sin disputa.

¿Acaso es posible el espacio vacío en la dinámica de las relaciones humanas y más aún en la dinámica del capitalismo y el poder? El vacío es un espacio susceptible de apropiación, más aún si en él hay recursos naturales (bosques, agua, minerales, etc.) o potenciales fuentes de riqueza (incluido el espacio como depósito de residuos). El capitalismo valoriza y (re)valoriza incluso lo que parece carecer de todo valor. De hecho, el valor de los recursos naturales de un territorio sólo tiene sentido en función de la sociedad en un momento dado (López, Abellán & Godenau, 2009). Es el caso del litio o del uranio, o cualquiera de los minerales estratégicos de nuestros días; algunos descubiertos recientemente, como los depósitos de litio en Castilla y León a los que hacíamos mención, o como el valor que adquiere el agua en un país con escasos recursos hídricos y que de acuerdo a todas las tendencias de cambio climático se desertificará. El agua es el oro azul, uno de los principales recursos estratégico en disputa. Una provincia como León, atravesada de norte a sur por diversos ríos y que contiene varios pantanos y embalses ¿quedará simplemente como espacio vacío con sus recursos acuíferos sin disputa? Una situación similar es la de Galicia (Saco, 2010).

La lectura dinámica del espacio nos sitúa ante un proceso de (re)apropiación del territorio y sus (potenciales) recursos, con la correspondiente transformación en la estructura de la propiedad de la tierra y su resignificación sociocultural e histórica. Son las personas que aún viven en pueblos semi-abandonados las que enfrentan a las mineras, como el caso de la minera australiana interesada en extraer el litio de Cáceres; o a la colocación de vertederos de los residuos crecientes, muchos de ellos peligrosos, como en el Centro de Tratamiento de Residuos en San Justo de la Vega (León); o a las macrogranjas que apenas generarán puestos de trabajo, pero que contaminarán la tierra y los acuíferos, como en Aragón, León, Hellín (Albacete) y en otros lugares (Falces, 2017).

En este contexto hay que repensar los efectos del debilitamiento de la organización colectiva y de instituciones ancestrales, como las Juntas Vecinales, hoy amenzadas, que tienen atribuciones en el control y fiscalización del territorio y en el cuidado de la memoria (Valderrama & Gutiérrez, 2014). La eliminación de las Juntas Vecinales es funcional al desmantelamiento y reapropiación de esos territorios a futuro. León tienen el mayor número a nivel nacional: 1.231 Juntas Vecinales de un total 3.704 (Concejos, 2018). Es decir, la descartografía y reapropiación es consustancial a la expansión del capitalismo de despojo y saqueo de los territorios.

7. Discusiones y Conclusiones

En estas “tierras incógnita” (Preciado & Pablo, 2010) se están jugando procesos definitorios entre la apropiación y la desapropiación del espacio; en ellas se expresa la tensión entre la dinámica del poder pero también del contrapoder. Ante la supresión de espacios y actores políticos, que invisibiliza a la gente y sus pueblos, también se mantiene la resistencia de quienes se convierten en sus habitantes-guardianes, se movilizan, convocan y proponen, no sólo para ser visibilizados, sino para comunicar propuestas respaldadas por su experiencia, saberes, disponibilidad y energía para hacerse cargo de sus territorios y sus vidas (Almendro, 2019; Fernández, 2019, 2020). El potencial de las “tierras incógnita” radica en que son espacios de transformación frente a la homogeneización urbana y la repetición de formas de vida que deshumanizan; en esa tensión se construye el espacio como “espacio diferencial”, como utopía concreta, del que nos habla Lefebvre (1974). Frente al espacio de los tecnócratas utilitaristas que tratan de usurparlo con sus proyectos y discursos, está el espacio vivido, susceptible de convertirse en contra-espacio.

En el nivel macro, geopolítico, también está en juego la reapropiación del espacio ¿Acaso puede renunciar este país al 53% de su territorio y a los recursos que hay en él? Puede ser el momento para repensar un proyecto de país desde relaciones regionales igualitarias que ponga en el centro la diversidad sociocultural y condiciones de vida digna en sus territorios, de manera que se transforme la relación periférica y de dependencia de España en la UE (Di Donato, 2019). Si las soluciones no vienen de adentro, esta “tierra incógnita” tendrá poco margen de reorientación y otros decidirán desde un enfoque utilitarista. ¿O pensamos que la UE aceptará pasivamente que una de sus fronteras estratégicas, que custodia la entrada al Mediterráneo y el norte de África, sea un espacio “vacío”? Debemos apelar al cumplimiento del Art. 174 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que tiene como fin reforzar la cohesión social y territorial de las regiones menos favorecidas, como proponen Burillo & Burillo (2018). El papel de las zonas rurales, en particular aquellas que se están vaciando, debería ser una prioridad de la UE por su carácter estratégico a nivel económico, para construir gobernanza y en su dimensión geopolítica, ya que la frontera sur no puede ser un territorio semivacío, como es el caso de España, el país más despoblado del sur de la Unión.

Por eso se necesita un “plan estratégico de Estado” frente al reto demográfico (Ortega, 2017) que trascienda del problema a las soluciones, centradas en un desarrollo equilibrado, con una perspectiva a medio y largo plazo (Sáez, 2017). Para ello sería crucial implementar un “pacto de estado” de todos los grupos políticos (López, 2019) que fuera realmente efectivo y articulara cuatro instrumentos básicos: instrumentos normativos, instrumentos administrativos, dotación presupuestaria e implementación de propuestas concretas (García, 2019). El tercer elemento clave e indispensable es implementar una dotación presupuestaria mínima a medio plazo (con un horizonte de al menos 25 años), como inversión en cohesión social y territorial y en fortaleza y sostenibilidad con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y a quedarse en la propia tierra.

Abordar la despoblación en su dimensión integral implica considerar el modelo territorial creado, puesto que como dice Molina (2019, 168) la despoblación deriva de la concentración, lo cual requiere un compromiso y unas actuaciones de políticas públicas multinivel con objetivos a corto, medio y largo plazo y con estrategias transversales, desde la UE a lo local, donde el Estado debe jugar un papel significativo y debe aunar voluntades y compromisos de agentes sociales e institucionales con el fin de resolver los verdaderos problemas estructurales de estos territorios. No debemos olvidar el crecimiento de lo local en los tiempos que las fuerzas de globalización aparentemente reducen al mundo a una masa “sin-lugares” (Storper, 1997).

No obstante, sin salir del capitalismo no parece posible un modelo que suponga y haga atractiva una repoblación efectiva de las zonas rurales de esta España vaciada. Está organizado según una lógica de acumulación de capital y de obtención de beneficios, en vez de en una lógica de satisfacción de necesidades para toda la población. De esta manera, el capitalismo diseña un modelo de desarrollo que ve a la naturaleza como un recurso ilimitado para ser utilizado al servicio de la acumulación del capital, aumentando las desigualdades sociales y amenazando la misma supervivencia humana en el planeta (García, 2012).

En este sistema es más rentable la despoblación de amplias zonas y la concentración en zonas urbanas que permiten la agrupación de servicios (a menor coste) y el crecimiento del sector privado que necesita congregación de población y saturación de público-consumidor para crecer y obtener beneficios. El capitalismo se mueve por el beneficio a corto plazo, y se muestra incompatible con un modelo ecológico y vital pensado para vivir y no para obtener rentabilidad.

A esto se suma que la cada vez mayor desertización poblacional de las zonas rurales permite el acaparamiento de recursos y políticas de extractivismo en las zonas abandonadas, sin resistencias ni oposición (Cabezas, 2019; Ecologistas en Acción, 2019). Además, dentro del capitalismo no es posible atajar la volatilidad de los precios agrícolas dependientes de los mercados internacionales (fuertemente intermediados por grandes actores en la cadena de valor) que genera movimientos inesperados en la rentabilidad del campo (Saco, 2010) y que dan lugar a bolsas de desempleo o subempleo relevantes en determinadas regiones y épocas.

Por eso parece necesario que, a la vez que se diseñan planes globales, es necesario cambiar de enfoque y de políticas respecto a cómo abordar el problema de la despoblación desde un modelo postcapitalista (Capel, 2018), rompiendo el eterno ciclo productivista basado en el único criterio del beneficio. Como plantea Serrano (2019, 135) “hay que encontrar una alternativa a la sociedad de consumo capitalista actual”, apostando por el decrecimiento (Díez, 2010) porque no existen recursos suficientes en la actualidad en el planeta para generalizar la sociedad de consumo occidental al total de la población mundial.

Este cambio implica asumir, de una vez por todas, la necesidad de una auténtica Reforma Agraria (Naredo, 2013), desde otro modelo productivo basado en el reconocimiento de que los alimentos se producen conjuntamente con la naturaleza, en la lógica del cuidado y con el objetivo primordial de alimentar a las personas. Lo cual supone romper con el modelo hegemónico impuesto por un sistema agroalimentario, depredador y explotador, que funciona bajo la lógica de la acumulación de capital, que atenta contra la biodiversidad, es altamente contaminante y produce alimentos de muy baja calidad.

Así como avanzar en un modelo de soberanía alimentaria de acuerdo a objetivos de sostenibilidad y seguridad alimentaria (Ángel, 2016), recuperando los espacios rurales tradicionales, haciendo una gestión forestal ecológica que prevenga la degradación de la cubierta vegetal y la desertificación, reconociendo el aporte a la preservación de la biodiversidad, así como protegiendo el mercado doméstico y los circuitos cortos de comercialización contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica de la venta por debajo de los costos de producción, garantizando precios justos e ingresos dignos.

Los primeros pasos para avanzar en esta dirección implican cambiar el enfoque de las políticas públicas, que desde siempre han estado perfiladas por el Ministerio y las consejerías de Agricultura. Una sola consejería o un solo ministerio no tiene competencias suficientes para poner proyectos de calado en marcha: todas las leyes, programas o planes que se aprueben deben tener en cuenta su impacto en el territorio rural. Proyectos que potencien una economía social productiva frente a una especulativa. Es decir, una economía de valores.

Y tan importante como lo anterior es generar un proceso simultáneo de descolonización del imaginario dominante respecto al mundo rural y su desvaloración como lugar de oportunidades y de desarrollo vital frente al mundo urbano. Debemos poner en valor la calidad de vida del mundo rural, su importancia como eje vertebrador del 80% del territorio nacional que está siendo abandonado, valorar su función como mantenedor de una sabiduría oral que está desvaneciéndose. Dar valor a dichos bienes intangibles, tomar conciencia de su importancia y del coste que supondría hacer frente a las consecuencias de su desaparición. Debemos asumir que solo será posible el repoblamiento si se dota a los pueblos de los medios necesarios para que vivir en ellos sea agradable, cultural, emocional y vitalmente, además de conveniente desde un punto de vista económico, ecológico y social.

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