24-C-033-20_ESTUDIO_COMPARADO

1. Introducción

La unificación de la regulación de la acción urbanística en torno a los mecanismos propios de la creación de ciudad por la Ley de Suelo de 1956, ha propiciado que la intervención en la ciudad existente haya tendido a especializarse en las intervenciones de sustitución, lo que unido a sus beneficios económicos en el corto plazo, ha desincentivado la inversión en conservación de la urbanización y de la edificación existentes operando como factor de su degradación. Degradación que, por otra parte, facilita las deseadas operaciones de sustitución.

En cuanto a los entornos para los que el planeamiento o los propietarios no prevean esa deseada sustitución, las únicas herramientas han sido el deber de conservación y la edificación forzosa de solares (instituciones que han brillado por su inaplicación generalizada) y las ayudas a la rehabilitación (de tan limitada eficacia por su insuficiencia e insostenibilidad económica en la escala del problema). Esto ha propiciado la obsolescencia del parque residencial y de la pérdida generalizada de dinamismo de muchos barrios, agravadas por las características del precario desarrollo urbano de emergencia durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo xx.

En este contexto, el cumplimiento de los objetivos en materia de eficiencia energética del parque residencial1 (extensible al resto de tejidos también), obliga a un cambio de los axiomas sobre la intervención en la ciudad de los últimos 70 años que han cristalizado en la regeneración urbana como preservación de la ciudad existente.

La legislación básica del Estado, emergida con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (L3R), ha procurado mecanismos para propiciar esta regeneración urbana:

Una nueva formulación del deber de conservación (art. 9.1 TRLS08 modificado por la DF12 L3R, actualmente art. 15 TRLSRU).
La Memoria de viabilidad económica de las actuaciones sobre el medio urbano, MEaMU2 (art. 11 L3R, actualmente art. 22.5 TRLSRU).
La distribución “especial” de costes y beneficios3 (art. 10.1.a L3R posteriormente art. 24.2.a TRLSRU).

El nuevo marco configurado por estos mecanismos fue parcialmente cercenado por la STC 143/2017 por razones de carácter competencial, pero a pesar de ello se mantuvieron los aspectos esenciales sobre el régimen jurídico de las actuaciones sobre el Medio Urbano (aMU).

A partir de esa Sentencia han sido las CCAA las que, en el ámbito de sus competencias, han desarrollado las aMU de manera variopinta. Algunas no las contemplan, otras se han limitado a enunciarlas, otras a referenciar la normativa básica, otras a desarrollarlas de manera coherente y, las menos, las han desarrollado de manera divergente o alternativa. Por ello, el presente trabajo tiene todo su interés en identificar tanto el corpus común y compartido de las aMU como las especialidades de cada Comunidad Autónoma, al objeto de poder contrastar en un futuro las experiencias en las distintas intervenciones sobre el medio urbano y explorar las posibilidades de aprendizaje y trasvase entre cada territorio.

En el marco jurídico no se ha constatado la existencia de estudios comparados sobre las aMU y casi todos las abordan de manera tangencial o elusiva. Por ello, este trabajo de investigación sobre las aMU, amén de una primicia, supone un valor añadido para el conocimiento y profundización en los mecanismos de intervención en la ciudad existente a los efectos de su preservación de una manera sostenible e integrada.

El trabajo se estructura a partir de la descripción de la regulación básica de las aMU en cuanto a su definición, tipos, objeto, determinaciones y reglas específicas, entre las que se incluyen sus instrumentos propios, la Memoria Económica de las aMU y la distribución de costes y beneficios de las aMU. A continuación, se realiza el análisis comparado de todas las regulaciones de las CCAA, constatando el corpus común con la regulación básica y las diferencias y especialidades de cada regulación, con especial atención a los dos instrumentos esenciales de las aMU (la Memoria Económica de las aMU y la distribución de costes y beneficios de las aMU). Todo ello para finalizar con una serie de conclusiones que permiten tener una visión sintética y omnicomprensiva del estado de la regulación autonómica de las aMU en España.

2. Las aMU en la regulación básica estatal

Las actuaciones sobre el Medio Urbano (aMU) son las actuaciones de régimen especial de la regulación básica que, a diferencia de las actuaciones de régimen general, tienen por objeto la preservación urbana.

2.1. Definición

Con los antecedentes de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios […], la L3R definió por primera vez las aMU y que se incorporarían al TRLSRU en su art. 2.1 y se definen de la siguiente manera:

«1. Actuaciones sobre el medio urbano: las que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y las de regeneración y renovación urbanas cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de edificios previamente demolidos. Las actuaciones de regeneración y renovación urbanas tendrán, además, carácter integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria».

A esta definición se incorporó una novación normativa con motivo del TRLSRU, el segundo párrafo de su art. 2.1.

«A todas ellas les será de aplicación el régimen estatutario básico de deberes y cargas que les correspondan, de conformidad con la actuación de transformación urbanística o edificatoria que comporten, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7».

Por ello cabe interpretar que, de acuerdo a esta determinación, las aMU no son actuaciones de transformación urbanística per se (art. 7 TRLSRU), sino que se les aplica el régimen jurídico que les corresponda (es decir, las de transformación urbanística, las edificatorias e incluso combinadas entre sí) y que no contradigan las determinaciones especiales y propias de las aMU.

2.2. Tipos y objeto

Partiendo de la redacción del art. 2.1 del TRLSRU se pueden distinguir tres tipos de aMU:

aMU-R (rehabilitación): Las que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones.
aMU-RR (regeneración y renovación): Cuando además de la rehabilitación de los edificios afecten a tejidos urbanos (la urbanización), pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de edificios previamente demolidos.
aMU-RRi (regeneración y renovación integrada): Son aMU-RR que además articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria.

Se debe precisar que la aMU-RR y la aMU-RRi constituyen dos tipos especiales y diferenciados tanto de la actuación de reforma o renovación de la urbanización (art. 7.1.a.2 TRLSRU), aunque compartan el vocablo “renovación”, como de la actuación de dotación (art. 7.1.b TRLSRU), que tiene por objeto la obtención gratuita de dotaciones urbanizadas en correspondencia con la asignación de incrementos de edificabilidad a través de su señalamiento en los instrumentos de ordenación. Pero ninguna de las dos tiene por objeto específico la preservación de lo existente, sino la creación de ciudad o la mejora de la misma mediante la mera obtención de dotaciones y, por tanto, sin que ello implique la rehabilitación, construcción y demolición de los edificios, ni la imputación de los costes sociales, económicos y medioambientales.

2.3. Determinaciones y reglas específicas de las aMU

Sin perjuicio de la tarea refundidora llevada a cabo en el año 2015, subsiste en el TRLSRU un régimen especial vinculado a las actuaciones sobre el medio urbano detectable en el texto legal en el uso del encabezamiento o referencia en cada apartado o inciso de “En las actuaciones sobre el medio urbano...”, por lo que es posible su identificación en los distintos artículos del TRLSRU (arts. 3, 4, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 22, 24, 31, 32, 33, 42 y 43).

Igualmente, con carácter preliminar es preciso indicar que la STC 143/2017 vino a resolver la constitucionalidad de la L3R y del TRLSRU ante el recurso de Generalitat de Cataluña y en lo que confiere a las aMU:

Declaró inconstitucional por invasión competencial en materia de urbanismo lo siguiente: los modos de ejecución de las aMU (art. 9.3 TRLSRU); los contenidos de la memoria de viabilidad económica de las aMU, MEaMU (letras del art. 22.5 TRLSRU) y las reglas especiales de las aMU (arts. 24.1 parcialmente y 24.2 TRLSRU).
Declaró constitucional y de aplicación plena y prevalente todo lo demás, con lo que los operadores urbanísticos y jurídicos estarán sujetos a esas determinaciones.

De ello cabe inferir que en la STC no se cuestionó el modelo urbanístico para la preservación de la ciudad definido por la L3R, con excepción del contenido de uno de sus documentos, la MEaMU y las reglas para su ejecución, pero que en parte resultan expresivas de los principios básicos del urbanismo.

2.4. Síntesis de la regulación básica estatal de las aMU

No es objeto de este trabajo la exposición detallada de las determinaciones de la regulación básica estatal en relación a las actuaciones sobre el Medio Urbano (aMU), pero resulta ineludible identificar, por lo menos, las claves de las mismas para poder establecer un canon de comparación con respecto al análisis posterior de su trasposición en las Comunidades Autónomas.

En primer lugar las aMU son unas actuaciones de régimen especial en suelo urbanizado cuyo objeto es la conservación, rehabilitación y preservación urbana, y que tiene tres tipos que, los cuales comparten como alcance la rehabilitación edificatoria. La aMU de rehabilitación se limita a los edificios; la aMU de regeneración y renovación, además de la rehabilitación de los edificios y la reurbanización del ámbito que delimita puede incluir la demolición y la nueva edificación; y la aMU de regeneración y renovación integrada, además de las anteriores permite incluir las medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria, medidas que, contrastadas con el tradicional listado cerrado de cargas, contribuye a comprender la verdadera naturaleza de la ciudad y de la intervención de regeneración.

A diferencia de las actuaciones de transformación urbanística de régimen general, la participación en las aMU es obligatoria y toda propiedad incluida queda afecta, incluso registralmente, al cumplimiento de los deberes de la actuación y, por tanto, afectan a la actuación todos los costes y todos los ingresos y beneficios.

En cuanto al procedimiento de su tramitación, las aMU se tramitan mediante los mismos procedimientos que los instrumentos de ordenación urbanística, pero incluyendo las determinaciones específicas de estas actuaciones, de tal forma que se habilitan los mecanismos de reparto y distribución de costes en función de un criterio de justicia y equidad, y disponen de todos los mecanismos urbanísticos para su delimitación espacial flexible con el límite de su viabilidad económica especial.

Precisamente, la MEaMU es el instrumento de comprobación de la viabilidad y sostenibilidad económica de las aMU. Entendiendo por viabilidad que el saldo entre costes e ingresos de la actuación o coste neto de la actuación no rebase el límite del deber legal de conservación de todas las propiedades incluidas en la actuación y por sostenibilidad el saldo positivo en el tiempo para todas las administraciones afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos en el ámbito de la aMU.

Y por último, en la medida que se afecta a la actuación la cuantía económica del deber de conservación y que se habilita la distribución de costes e ingresos al margen de la clase y/o categoría de suelo urbanizado en que se encuentren, las aMU suponen una evolución de los axiomas y técnicas que han sido aplicados tradicionalmente, para afrontar la intervención preservadora del medio urbano conforme al Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

3. Las aMU en las Comunidades Autónomas

A la hora de analizar y comparar la regulación de las actuaciones sobre el Medio Urbano (aMU) en las diecisiete normativas autonómicas y las dos ciudades autónomas se ha de partir del canon básico que, sin agotar su regulación, sí define un tipo de regulación separada y especial del resto de actuaciones básicas que se pueden definir en la situación básica de suelo urbanizado.

Así, desde el punto de vista de las normativas autonómicas que desarrollan o contemplan algunas actuaciones o mecanismos bajo el paraguas de las aMU es posible extraer una panoplia de vocablos y conceptos que como conjunto trasladan una imagen muy heterogénea donde, en ocasiones, no resulta fácil detectar las equivalencias o disonancias, por cuanto que parten de supuestos apriorísticos distintos, de manera que aunque se utilicen vocablos idénticos o muy similares, los conceptos y los contenidos pueden ser muy diferentes. Hay regulaciones que resultan fieles a la regulación básica, otras que asimilan conceptos y determinaciones, otras que divergen, otras que reconducen la problemática de la sostenibilidad del medio urbano a las tipologías de intervención generales y, finalmente, otras que no las han desarrollado como se puede ver en los distintos epígrafes de análisis comparativo que se exponen a continuación.

Respecto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, la carencia de competencia legislativa propia (TRLSRU DA3) impide que presenten singularidades reseñables en este estudio comparado. No obstante, se incluyen en todas las tablas resumen.

3.1. Tipos y Objeto de las aMU

Partiendo del canon de contraste de la regulación básica que identifica tres tipos de aMU (1, de rehabilitación; 2, de regeneración y renovación y 3, de regeneración y renovación integrada), cada una con el alcance señalado en el apartado 2.2 de este trabajo, cabe extraer las siguientes conclusiones de la comparación de todas las regulaciones autonómicas y de las dos ciudades autónomas (Fig. 1):

Todas las regulaciones autonómicas, de una manera o de otra, identifican la actuación de rehabilitación edificatoria como aquella intervención que permite recuperar las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (que incluye entre otras las condiciones de accesibilidad universal y la eficiencia energética) de un edificio y las obras complementarias de urbanización dentro de la propiedad, alcanzando los espacios comunes privativos vinculados a la misma.
En cuanto a la actuación de regeneración y renovación urbana existen:
- Las regulaciones que definen de manera unitaria y conforme con la definición del TRLSRU para esta actuación: Principado de Asturias, Cantabria, Castila-La Mancha, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.
- Las que diferencian la regeneración de la renovación con distintos efectos y regulaciones:
  - Aragón: donde ambas incluyen la reurbanización, pero la regeneración contempla únicamente la rehabilitación de edificios y la renovación la nueva edificación en sustitución de otra anterior.
  - Castilla y León, Comunidad Foral Navarra y Comunitat Valenciana: donde ambas actuaciones incluyen la reurbanización, pero la regeneración únicamente incluye la rehabilitación de edificios y la renovación además de la rehabilitación de edificios incluye la nueva edificación en sustitución de otra anterior y la posibilidad de mejora de los equipamientos privados y dotaciones públicas.
  - Extremadura: identifica dos tipos de regulación, regeneración y renovación, pero sin distinción de regulación.
  - País Vasco:
    - Regeneración: pone el foco en la naturaleza de la intervención pública (y, al menos en su definición, cabe inferir que niega la iniciativa privada que sí habilita la regulación básica) que aborda conceptos más generales y amplios de la intervención urbana, pero sin identificar expresamente los objetivos de rehabilitación y reurbanización (que se categorizan de manera separada).
    - Renovación: se limita a la renovación edificatoria sin que se incluya la intervención sobre la urbanización.
En cuanto a la actuación de regeneración y renovación urbana integrada que se distingue por la inclusión de las medidas y los costes sociales, económicos y ambientales dentro de la actuación, únicamente Illes Baleares, Galicia y Comunitat Valenciana recogen o identifican expresamente esta tipología y/o alcance dentro de las aMU o su categoría análoga.
A partir de estos tres primeros criterios identificativos cada Comunidad Autónoma identifica otros conceptos, vocablos y objetos de intervención, bien identificando categorías, ámbitos espaciales, programas y otras denominaciones:
- Reforma interior: Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y La Rioja, que asocian a intervenciones de sustitución de la ordenación (edificaciones y urbanización) bajo el criterio histórico asociado al Plan Especial de Reforma Interior (PERI, art. 23 del TRLS76).
- Mejora urbana: de manera análoga a la Reforma Interior (Andalucía) o vinculada a la regeneración urbana (Cataluña).
- Como técnica de delimitación espacial: Castilla y León, Galicia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco definen el Área de Regeneración Urbana y Andalucía el Área de Gestión Integrada. Ambas como mecanismo para la implementación de la regeneración urbana.
- En un bloque más heterogéneo tenemos el Programa de Rehabilitación Urbana (Aragón), como mecanismo de financiación; el Área de Rehabilitación Concertada (Madrid), que tiene un alcance amplio para la ejecución por varias Administraciones públicas de acciones de reforma, renovación o revitalización social y económica que complementen la gestión urbanística; y (País Vasco) la actuación de reurbanización, con intervención exclusiva sobre el suelo, y la actuación de revitalización, incentivadora de la actividad económica y social.
El caso de Canarias merece una descripción separada, puesto que su regulación asume que las aMU son la actuación de reforma o renovación de la urbanización (art. 7.1.a.2 del TRLSRU) y la actuación de dotación (art. 7.1.b TRLSRU), asignándose a las primeras la función de la preservación urbana y a las segundas la sustitución urbana.
Por último, interesa señalar aquellas CCAA que, al margen de la actuación de rehabilitación edificatoria (sea sobre el Medio Urbano o no), no contemplan o incluyen ninguno de los otros tipos de actuación, pudiendo señalarse esta aparente falta de desarrollo normativo en La Rioja, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

COMUNIDAD	Rehab.	Regen. y Renov.	Regen. y Renov. Integ.	Regen.	Renov.	Reforma interior	Mejora Urbana	Área de Regen.	Área de gestión Integ.	Dotación	Otros
Andalucía	SI	NO	NO	NO	NO	Si	SI	NO	SI	NO	NO
Aragón	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
P. Asturias	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
I. Balears	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Canarias	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Cantabria	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Castilla-La Mancha	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Castilla y León	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Cataluña	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO
Extremadura	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Galicia	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
La Rioja	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
C. Madrid	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
R. Murcia	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C.F. Navarra	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO
País Vasco	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
C. Valenciana	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI

Regen. y Renov. Integ.: Regeneración y renovación integrada Regen.: Regeneración Renov.: Renovación

Área de Regen.: Área de Regeneración urbana Área de gestión Integ.: Áreas de gestión integrada

A partir de la regulación básica que desplaza la regulación del derecho de propiedad de las clases de suelo por el régimen de las situaciones básicas y actuaciones básicas, pero sin perjuicio de que las CCAA deseen mantener dicho concepto jurídico en sus regulaciones urbanísticas, cabe extraer las siguientes conclusiones en relación a las aMU (Fig. 2):

Por último, interesa señalar aquellas regulaciones que habilitan la extensión de las aMU a los núcleos rurales tradicionales en suelo urbano como las regulaciones gallega y vasca y con algunas excepciones o singularidades de las regulaciones asturiana y canaria.

Con carácter general y con la excepción de las regulaciones riojana y murciana que omiten referencia alguna a las aMU o sus objetivos, todas las regulaciones habilitan al Plan General de Ordenación la incorporación de este tipo de actuaciones como instrumento de ordenación estructural de cualquier municipio.

A partir de ahí y con distintas denominaciones se habilita a que los Planes Especiales puedan desarrollar de manera autónoma este tipo de actuaciones:

Mod. PGOU: Modificación del PGOU PE: Plan Especial PERI: Plan Especial Reforma Interior

En el caso de las técnicas, procedimientos y determinaciones relativas a la delimitación de las aMU, prácticamente todas las regulaciones mantienen el carácter discrecional de la delimitación al canalizarla mediante la potestad de planeamiento, mientras que hay algunas CCAA que no lo señalan expresamente como Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia (Fig. 5).

En cuanto a la mención y vinculación expresa en la definición de las aMU a las “situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones” del art. 2.1 del TRLSRU, únicamente lo hacen: Andalucía, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana y las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

En cuanto a la vinculación expresa de las aMU con Programas de financiación únicamente lo hacen las Comunidades Autónomas de: Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana.

Todas las regulaciones autonómicas que regulan la iniciativa de las aMU (Figs. 6 y 7) habilitan la iniciativa tanto pública como privada, siendo las Comunidades Autónomas de Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla las que no lo hacen de manera expresa (en los casos de las ciudades autónomas como consecuencia de la STC 143/2017).

En cuanto a la legitimación para el inicio de la aMU, únicamente la recogen expresamente: Aragón, Illes Balears, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Comunitat Valenciana, pudiendo entenderse que en el resto de casos dicha legitimación se habilita por las reglas de las actuaciones de régimen general.

Otro tanto ocurre en el caso de la habilitación para la ocupación del espacio público en las regulaciones de Aragón, Illes Balears, Canarias, Castila-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana y las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

COMUNIDAD	CON modificación de la ordenación	SIN modificación de la ordenación
Andalucía	Plan Especial, PERI y Área de Gestión Integrada	NO	Área de Gestión Integrada	Proyectos de rehabilitación y las actuaciones de mejora
Aragón	Mod. PGOU y Plan Especial	SI	Ordenanza	Proyecto técnico
P. Asturias	Mod. PGOU y Plan Especial	NO	PAMU	NO
I. Balears	Mod. PGOU y PERI	NO	Mod. PGOU y PERI	Act. Edificatoria y Act. Dotación
Canarias	Mod. PGOU y Plan Especial	NO	Ordenanza / PAMU	Act. Dotación
Cantabria	Mod. PGOU y PERI	NO	Áreas y programas	Estudio de Detalle
Castilla-La Mancha	Mod. PGOU y PERI	NO	NO	NO
Castilla y León	Mod. PGOU, PERI y ARU	NO	ARU	NO
Cataluña	Planes de Mejora	NO	Programas y Declaración	Act. de rehabilitación
Extremadura	Plan Especial	NO	NO	NO
Galicia	Mod. PGOU y Plan Especial	SI	Plan Especial y Áreas rehabilitación y regeneración	Act. de rehabilitación
La Rioja	Plan Especial	NO	Plan Especial	NO
C. Madrid	NO	NO	NO	Act. Dotación
R. Murcia	NO	NO	NO	NO
C.F. Navarra	Plan Especial Act. Urbana	NO	Plan Especial Act. Urbana	Plan Especial Act. Urbana
País Vasco	Mod. PGOU y Plan Especial	NO	Ordenanza	Plan Especial
C. Valenciana	PERI	NO	Ordenanza	NO
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	SI	SI	SI	NO

PAMU: Programa de actuación sobre el Medio Urbano PERI: Plan Especial de Reforma Interior

Fig. 8 / Contenido y efectos del acuerdo de la delimitación/declaración de las aMU

La regulación de los contenidos de los instrumentos urbanísticos que pueden albergar una aMU presenta una amplia variedad. Si bien interesa señalar aquellas regulaciones que lo hacen de manera “plena” o “cuasi-plena”: Andalucía, Principado de Asturias, Castilla y León, Galicia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana. En ellas se definen la necesidad de incluir al menos los siguientes documentos (Fig. 9):

También existe un rasgo común a todas las regulaciones, la ausencia de un estándar de ordenación física y ningún estándar de ordenación de vivienda de protección pública, seguramente por el reconocimiento de la dificultad que supone establecer un parámetro único para todos los tejidos urbanos y porque las problemáticas a atender en estas actuaciones hacen más difícil afrontar mayores exigencias de otras políticas públicas como la provisión de vivienda de protección pública.

Mem. Info.: Memoria de información y de diagnóstico Mem. Part.: Memoria de participación e información pública Mem. Just.: Memoria de ordenación o justificación de fines e intereses públicos Identif. Inmu.: Identificación de los inmuebles (catastralmente) Identif. Prop.: Identificación de propietarios Identif. Ocup.: Identificación de los ocupantes legales Est. Fis: Estándares físicos Est. VPP: Estándares de VPP MEaMU: Memoria Viabilidad Económica aMU

Avance Equi.: Avance de equidistribución o Proyecto de distribución de cargas de conservación

Avance Realojo: Avance Plan de realojo Descr. Urb. : Descripción pormenorizada de las intervenciones

Partiendo de la regulación básica estatal que establece que la MEaMU es únicamente exigible a las aMU y no a todas las demás actuaciones en suelo en situación básica de suelo urbanizado (sean de transformación o edificatorias) y no debiéndose confundir la MEaMU con el Estudio de Viabilidad Económica Financiera (EVEF), del análisis de las distintas regulaciones autonómicas cabe extraer las siguientes conclusiones (Fig. 10):

Estudio. Comp.: Estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes (edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar)

Determinaciones Eco.: Determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso urbanístico propuesto

Análisis Inver: Análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física propuesta, (menor impacto y dentro de los límites del deber legal de conservación de cada propietario

Análisis Part.: Análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios

Horiz. Temp.: Horizonte temporal de la amortización de las inversiones y la financiación

ISE: Evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas

A lo ya señalado en los apartados 3.4 y 3.5 sobre la exigencia del Avance de distribución de costes y beneficios, en el documento que habilite la definición de una aMU se debe contemplar el criterio de reparto en cada caso. Sin embargo, hay Comunidades Autónomas que no regulan criterio alguno: Aragón, Cantabria, Castila-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y, obviamente, las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

Entre las que establecen un criterio de reparto distinguen los siguientes (Fig. 12):

Si bien el TRLSRU establece la participación obligatoria en las aMU y por tanto la obligación de contribuir a los costes netos de este tipo de actuaciones para todos los tipos de configuración de la propiedad, únicamente lo recogen de manera expresa las siguientes CCAA: Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castila-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, País Vasco, Comunitat Valenciana y las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla. Lo condicionan a la clase de suelo: Principado de Asturias y Navarra. Por último, no lo regulan: Cataluña, La Rioja, Madrid y la Región de Murcia.

En cuanto a la vinculación a programas públicos de financiación (Fig. 13) únicamente lo contemplan de manera expresa: Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, País Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

En cuanto a la afección registral de la propiedad al costeamiento de los deberes de la actuación únicamente lo regulan de manera expresa: Canarias, Galicia, País Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

En relación a los sistemas de gestión y/o ejecución prácticamente están habilitadas todas las formas de ejecución, directa o indirecta, pública, privada o mixta, no siendo significativa su comparación (Fig. 14).

Con respecto a la previsión de articulación de las aMU mediante entidades públicas o asimiladas (Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, Entidades Colaboradoras o similares) son Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco las que lo contemplan con carácter expreso.

En cuanto a la previsión expresa de constitución de Asociaciones Administrativas para el desarrollo y gestión de las aMU descritas en el art. 10 del TRLSRU, únicamente se encuentra recogido en los casos de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Cataluña y las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

En cuanto a la previsión expresa de convenios, únicamente los casos de Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco remiten a la posibilidad de establecer convenios de planeamiento y para los de gestión en los casos de Andalucía, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castila-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

Y finalmente, en cuanto a las ayudas vinculadas a la definición de una aMU, las Comunidades Autónomas que las regulan lo hacen de manera opcional y únicamente en el caso de Galicia y de manera condicionada en el caso de Andalucía lo hacen de manera obligatoria (Fig. 15).

Agente: Agente urbanizador, rehabilitador o regenerador Concesión: Concesión de obra urbanizadora

Prev. SUR: Previsión explicita de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación

Asoc. Adm.: Asociación administrativas Prev. Encomienda SUR: Previsión explicita de encomienda de gestión a SUR Prev. Conv. Plan.: Previsión explicita de convenios de planeamiento con privados

A la vista de la regulación básica estatal aprobada en el año 2013 con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (L3R) y considerando que el plazo transcurrido es más que razonable para haber realizado los cambios legislativos y normativos necesarios, incluso considerando los efectos de la STC 143/2017, cabe extraer las siguientes conclusiones:

Primera. La mayor parte de las Comunidades Autónomas no se ha dotado de un régimen jurídico especial para la consecución de los objetivos de regeneración y renovación urbana.

Como excepciones cabe señalar las regulaciones de Illes Balears, Galicia y Comunitat Valenciana que han adoptado un desarrollo fiel a los conceptos y metodologías del TRLSRU. En un segundo escalón tenemos Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Foral Navarra y País Vasco, cuyos desarrollos presentan regulaciones más originales.

Por último, las restantes que, o bien no han desarrollado o reconducen las actuaciones sobre el Medio Urbano al régimen general de las actuaciones de transformación.

Segunda. Se detecta cierta tendencia a acomodar la regulación de las actuaciones sobre el Medio Urbano a las instituciones tradicionales ya consolidadas, a pesar del diagnóstico del legislador básico estatal de que la consecución de los nuevos objetivos requiere nuevas herramientas. En este sentido:

En cuanto al haz de derechos y obligaciones de la propiedad, se observa cierto grado de cautividad de la distinción entre suelo consolidado y no consolidado, con la excepción de Andalucía, Illes Ballears, Cantabria y Extremadura (que prescinden de las categorías del suelo urbano).

En cuanto a los tipos de instrumentos que pueden acoger las aMU, se observa en las regulaciones autonómicas la opción por el Plan General y los Planes Especiales (en sus distintas categorías o adjetivaciones) en los casos de precisar cambio de ordenación, aunque es frecuente la habilitación adicional para la utilización de las ordenanzas municipales en los casos que no sea necesario un cambio de ordenación.

La delimitación de las aMU sigue siendo un acto discrecional y la iniciativa para proponer los instrumentos que acogen las aMU son los habituales para el resto de los instrumentos de ordenación urbanística.

Se observa la tendencia a la indiferenciación del Estudio de Viabilidad Económica Financiera (EVEF) con la Memoria Económica de las actuaciones sobre el Medio Urbano (MEaMU), así como de la equidistribución de beneficios y cargas de las actuaciones de régimen general con la distribución de costes y beneficios de las aMU.

Las Comunidades Autónomas que regulan los contenidos de la distribución de costes y beneficios específica de las aMU entre propiedades optan por el criterio clásico, salvo pacto, de reparto en función de la superficie de suelo aportada, lo que suscita problemas de encaje con el beneficio reportado por la actuación (más relacionado, normalmente, con la superficie construida que con la superficie de la finca) y el límite de la aportación individual (también referido a la superficie construida).

Tercera. Las Comunidades Autónomas que regulan los contenidos de la MEaMU lo hacen remitiéndose a los contenidos iniciales del art. 11 de la L3R y del art. 22.5 TRLSRU o mediante una remisión en blanco al TRLSRU. En el caso de Aragón, Canarias y Galicia, tras la STC 143/2017, se remiten al contenido anulado posteriormente por ésta.

Cuarta. Todas las Comunidades Autónomas que regulan los contenidos de la distribución de costes y beneficios específica de las aMU en el interno de la propiedad definen un reparto por cuotas excepto Andalucía que habilita el criterio adicional de reparto por valor catastral.

Quinta. En los aspectos de gestión en las regulaciones autonómicas de las aMU se impone del deber de participar.

Sexta. Son pocas las regulaciones autonómicas que recogen la posibilidad de afectar registralmente la propiedad a las cargas y costes de las aMU (Canarias, Galicia, País Vasco y las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla).

Séptima. De manera significativa existe una coincidencia generalizada que el impulso y gestión de las aMU debe ser canalizada por la iniciativa pública, bien a través de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación, Entidades Colaboradoras o Asociaciones Administrativas y que en general se precisan de programas de ayudas públicas para su despliegue.

En síntesis, a pesar de la STC 143/2017 disponemos de una regulación básica estatal potente para la intervención en la ciudad existente al objeto de su preservación integrada, que permite superar las barreras y rigideces de la regulación anterior. Todo ello, a pesar de la falta de desarrollo de algunas Comunidades Autónomas dado que, en virtud del principio de prevalencia de la regulación básica y los distintos programas de ayudas que, sin trastocar el modelo definido por el legislador, deben servir para afrontar los retos del medio urbano, las desigualdades, su obsolescencia y su sostenibilidad integrada.

1 Entre otros los establecidos por la Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios para descarbonizar el conjunto del parque edificado en la UE para el año 2050.

2 La MEaMU es un instrumento diferenciado del Estudio de Viabilidad Económico Financiera o Estudio Económico Financiero previsto en el TRLS76 para el PGOU -art. 12.2.1.h- o para el Plan Parcial -art. 13.2.g-.

3 La redacción del art. 8.3.c TRLS08 modificado por DF12 L3R, ahora art. 14.c TRLSRU lleva a entender que el tradicional “régimen de justa distribución de beneficios y cargas” es diferente del “[régimen] de distribución, entre todos los afectados, de los costes derivados de la ejecución y de los beneficios imputables a la misma, incluyendo entre ellos las ayudas públicas y todos los que permitan generar algún tipo de ingreso vinculado a la operación”.

4 Dada la relación entre la legislación básica y la autonómica, estos reenvíos con función normativa no parecen tratarse de referencias normativas materiales o estáticas (remisión al texto vigente cuando se promulgó la ley autonómica), dado que vendrían a poner coto a la capacidad del Estado de innovar la regulación. Por ello, procede entender que se trata de referencias normativas formales o dinámicas (el reenvío no es al texto de la disposición sino a la fuente de derecho), por lo que la STC 143/2017 habría producido un vacío regulatorio.

aMU	Actuación sobre el Medio Urbano.
aMU-R	Actuación sobre el Medio Urbano de Rehabilitación.
aMU-RR	Actuación sobre el Medio Urbano de Regeneración y Renovación.
aMU-RRi	Actuación sobre el Medio Urbano de Regeneración y Renovación integrada.
art./arts.	Artículo/s.
CCAA	Comunidades Autónomas.
DF	Disposición Final.
EVEF	Estudio de Viabilidad Económico Financiera.
ISE	Informe de Sostenibilidad Económica.
L3R	Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
LES	Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
LRSV98	Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
LS56	Ley de 12 de mayo de 1956 de Suelo.
MEaMU	Memoria de viabilidad Económica de las actuaciones sobre el Medio Urbano.
PAMU	Programa de Actuación sobre el Medio Urbano.
PERI	Plan Especial de Reforma Interior.
PGOU	Plan General de Ordenación Urbana.
RDL 8/2011	Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional, seguido de su número, p.ej. STC 37/1987.
TRLS08	Texto Refundido de la Ley de Suelo del año 2008 (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio).
TRLS76	Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril).
TRLSRU	Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).

COMUNIDAD	Situación Básica S. Urbanizado	S. Urbano sin categoría	S. Urbano Consolidado	S. Urbano No Consolidado	Núcleos rurales
Andalucía	NO	SI	NO	NO	NO
Aragón	NO	NO	SI	SI	NO
P. Asturias	NO	NO	SI	SI	Si, con excepciones
I. Balears	NO	SI	NO	NO	NO
Canarias	NO	NO	SI	SI	Si, con excepciones
Cantabria	NO	SI	NO	NO	NO
Castilla-La Mancha	NO	NO	SI	SI	NO
Castilla y León	NO	NO	SI	SI	NO
Cataluña	NO	NO	SI	SI	NO
Extremadura	NO	SI	NO	NO	NO
Galicia	NO	NO	SI	SI	SI
La Rioja	NO	NO SE REGULA	NO SE REGULA	NO SE REGULA	NO
C. Madrid	NO	NO	NO	SI	NO
R. Murcia	NO	NO SE REGULA	NO SE REGULA	NO SE REGULA	NO
C.F. Navarra	NO	NO	SI	SI	NO
País Vasco	NO	NO	SI	SI	SI
C. Valenciana	NO	NO	SI	SI	NO
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	SI	NO	NO	NO	NO

COMUNIDAD	Mod. PGOU	PE	PE Rehabilitación	PE Regeneración	PE de Actuación Urbana	PERI	Delimitación de Ámbito	Ordenanza	Otros
Andalucía	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI
Aragón	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI
P. Asturias	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI
I. Balears	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Canarias	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Cantabria	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Castilla-La Mancha	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI
Castilla y León	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Cataluña	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Extremadura	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Galicia	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
La Rioja	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C. Madrid	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
R. Murcia	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C.F. Navarra	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
País Vasco	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
C. Valenciana	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

COMUNIDAD	Discrecional	Reglado	Mención expresa al art. 2.1 TRLSRU	Vinculación a programas públicos de financiación
Andalucía	SI	NO	SI	NO
Aragón	SI	NO	NO	NO
P. Asturias	SI	NO	SI	SI
I. Balears	SI	NO	NO	NO
Canarias	SI	NO	NO	SI
Cantabria	SI	NO	SI	SI
Castilla-La Mancha	NO	NO	NO	NO
Castilla y León	SI	NO	SI	SI
Cataluña	NO	NO	NO	SI
Extremadura	NO	NO	NO	NO
Galicia	SI	NO	SI	SI
La Rioja	NO	NO	NO	NO
C. Madrid	NO	NO	NO	SI
R. Murcia	NO	NO	NO	NO
C.F. Navarra	SI	NO	SI	SI
País Vasco	SI	NO	SI	SI
C. Valenciana	SI	NO	NO, pero muy similar	SI
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	NO	NO	SI	SI

COMUNIDAD	Se define	Iniciativa Pública		Iniciativa Privada
COMUNIDAD	Se define	Ejecución directa	Con concesión Por concurso	Propietarios	Empresas
Andalucía	SI	SI	SI	SI	SI
Aragón	SI	SI	SI	SI	SI
P. Asturias	SI	SI	SI	SI	SI
I. Balears	SI	SI	SI	SI	SI
Canarias	SI	SI	SI	SI	SI
Cantabria	SI	SI	SI	SI	SI
Castilla-La Mancha	SI	SI	SI	SI	SI
Castilla y León	SI	SI	SI	SI	SI
Cataluña	NO	NO	NO	NO	NO
Extremadura	SI	SI	SI	SI	NO
Galicia	SI	SI	SI	SI	SI
La Rioja	NO	NO	NO	NO	NO
C. Madrid	NO	NO	NO	NO	NO
R. Murcia	NO	NO	NO	NO	NO
C.F. Navarra	NO	NO	NO	NO	NO
País Vasco	SI	SI	SI	SI	Si
C. Valenciana	SI	SI	SI	SI	SI
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	NO	NO	NO	Si	SI

COMUNIDAD	Contenido				Efectos
COMUNIDAD	MEaMU	Avance equidistribución	Plan de realojo	Otros	Legitima inicio actuación	Legitima ocupación espacio público	Otros
Andalucía	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Aragón	SI	NO	NO	Remisión TRLSRU	Remisión TRLSRU	SI	SI
P. Asturias	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
I. Balears	SI	SI	SI	Remisión TRLSRU	SI	SI	NO
Canarias	SI	SI	SI	SI	NO	SI	Remisión TRLSRU
Cantabria	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Castilla-La Mancha	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Castilla y León	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO
Cataluña	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Extremadura	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO
Galicia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
La Rioja	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C. Madrid	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
R. Murcia	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C.F. Navarra	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO
País Vasco	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
C. Valenciana	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO

COMUNIDAD	aMU de transformación urbanística		aMU edificatoria
COMUNIDAD	CON modificación de Ordenación	SIN modificación de Ordenación	CON modificación de Ordenación	SIN modificación de Ordenación
Andalucía	SI	SI	SI	SI
Aragón	SI	SI	NO	SI
P. Asturias	SI	SI	SI	SI
I. Balears	SI	SI	SI	SI
Canarias	SI	SI	SI	SI
Cantabria	SI	SI	SI	SI
Castilla-La Mancha	SI	SI	NO	NO
Castilla y León	SI	SI	SI	SI
Cataluña	NO	NO	NO	NO
Extremadura	SI	SI	NO	NO
Galicia	SI	SI	SI	SI
La Rioja	SI	SI	SI	SI
C. Madrid	NO	NO	NO	NO
R. Murcia	NO	NO	NO	NO
C.F. Navarra	SI	SI	SI	SI
País Vasco	SI	SI	SI	SI
C. Valenciana	SI	SI	SI	SI
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	SI	SI	SI	SI

COMUNIDAD	Estudio Comp.	Determinaciones Eco.	Análisis Inver.	Análisis Part.	Horiz. Temp.	ISE	Otros
Andalucía	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Aragón	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Remisión TRLSRU
P. Asturias	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO
I. Balears	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Canarias	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Remisión TRLSRU
Cantabria	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Castilla-La Mancha	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO
Castilla y León	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI, ESPECÍFICOS
Cataluña	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Extremadura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Galicia	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Remisión TRLSRU
La Rioja	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C. Madrid	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
R. Murcia	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C.F. Navarra	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
País Vasco	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
C. Valenciana	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

COMUNIDAD	Avance Equidistribución	Criterio
		Dentro de la propiedad		Entre propiedades
		Cuotas	Otro	Superficie	Valor	Otro
Andalucía	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Aragón	NO	NO	NO	NO	NO	NO
P. Asturias	SI	SI	NO	NO	NO	NO
I. Balears	SI	SI	NO	SI	NO	NO
Canarias	SI	SI	NO	SI, salvo acuerdo	NO	NO
Cantabria	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Castilla-La Mancha	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Castilla y León	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Cataluña	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Extremadura	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Galicia	SI	SI	NO	SI	NO	NO
La Rioja	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C. Madrid	NO	NO	NO	NO	NO	NO
R. Murcia	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C.F. Navarra	SI	NO	NO	NO	NO	NO
País Vasco	SI	SI	NO	NO	NO	NO
C. Valenciana	SI	NO	NO	SI	NO	NO
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	NO	NO	NO	NO	NO	NO

COMUNIDAD	Todos	Compensación / Concertación	Cooperación	Expropiación	Agente	Concesión	Otros
Andalucía	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Aragón	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
P. Asturias	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI
I. Balears	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO
Canarias	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
Cantabria	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Castilla-La Mancha	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Castilla y León	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Cataluña	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI
Extremadura	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO
Galicia	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
La Rioja	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
C. Madrid	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
R. Murcia	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
C.F. Navarra	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
País Vasco	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
C. Valenciana	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Los del TRLS76

COMUNIDAD	Prev. SUR	Prev. Col	Asoc. Adm.	Prev. Encomienda SUR	Prev. Conv Plan.	Prev. Conv Gest.	Vinc. Ayudas	Ayudas Oblig. u Opcional	Programas Oblig.	Otros
Andalucía	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	Opcional	SI*	SI
Aragón	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	Opcional	NO	NO
P. Asturias	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	Opcional	NO	SI
I. Balears	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	Opcional	NO	NO
Canarias	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	Opcional	NO	SI
Cantabria	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	Opcional	NO	NO
Castilla-La Mancha	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Castilla y León	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Opcional	NO	NO
Cataluña	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO
Extremadura	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Galicia	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	Obligatoria	SI	NO
La Rioja	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C. Madrid	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Opcional	NO	SI
R. Murcia	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
C.F. Navarra	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	Opcional	NO	NO
País Vasco	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	Opcional	NO	NO
C. Valenciana	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Opcional	NO	NO
C.A. Ceuta y C.A. Melilla	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	Opcional	NO	SI