Estudios / Articles_E06
CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES
ISSN(P): 1133-4762; ISSN(E): 2659-3254
Vol. LVII, Nº 226, INVIERNO 2025
Págs. 656-673
https://doi.org/10.37230/CyTET.2025.226.6
CC BY-NC-ND
Ainhoa Maruri-Arana (1)
María-Teresa Pérez-Cano (2)
Juan-Andrés Rodríguez-Lora (3)
(1) Contratada predoctoral PIF. Universidad de Sevilla (US)
amaruri@us.es; https://orcid.org/0000-0003-3183-1475
(2) Catedrática. Universidad de Sevilla (US)
tpcano@us.es; https://orcid.org/0000-0002-4470-0872
(3) Profesor Ayudante Doctor. Universidad de Sevilla (US)
jrodriguez91@us.es; https://orcid.org/0000-0003-2770-748X
La pérdida de funciones productivas en el ámbito rural propicia desigualdades e injusticias en un entorno geográfico complejo que, sin embargo, tras la Covid-19 y en un contexto de sobrepoblación de las ciudades, surge como un espacio de oportunidad de reequilibrio territorial más sostenible. A pesar de tener una tendencia hacia su vaciado poblacional, en algunos casos, son zonas con valores y cualidades patrimoniales propios que actualmente pueden estar en peligro de desaparición. Entre ellos, se encuentra el patrimonio cultural arqueológico. A partir de estas premisas, y atendiendo a la variable accesibilidad a estos bienes en el caso del territorio andaluz, se avanza en la conformación de indicadores y en un análisis territorial del ámbito citado mediante herramientas GIS, para finalmente identificar zonas de oportunidad sobre las que actuar antes de que su potencialidad pueda verse mermada.
Palabras clave
Accesibilidad; Andalucía; Despoblación territorial; Patrimonio cultural arqueológico; Zonas rurales.
The loss of productive functions in the rural area, applicable to the case of Andalusia, fosters inequalities and injustices in a complex geographical environment. These sites, however, after Covid-19 and in a context of overpopulation of cities, emerge as spaces of opportunity for a more sustainable territorial rebalancing. Despite having a trend towards population loss, they are areas with their own values and heritage qualities that are currently in danger of disappearance. Among which is the archaeological cultural heritage. Therefore, based on these premises and taking into account the accessibility of these assets in the Andalusian territory, the work goes forward with the development of indicators and in the territorial analysis of the aforementioned area using GIS tools, through which the aims is to identify areas of opportunity to act on before its potential can be diminished.
Accessibility; Andalusia; Territorial depopulation; Archaeological cultural heritage; Rural areas.
Según los datos del Banco Mundial (2022), actualmente, más de la mitad de la población vive en las ciudades, porcentaje que se espera que aumente hasta el 70% para el 2050. El crecimiento demográfico podría suponer el incremento de superficie de suelo urbano, lo que conllevaría una mayor presión sobre los recursos naturales del entorno inmediato.
Esta casuística propicia que gran parte de la literatura científica y de las propuestas por parte de las administraciones centren su atención en casos urbanos. Por ello, la presente investigación pone el foco sobre los espacios rurales, entendiendo que las dinámicas demográficas que vienen experimentando deben ser igualmente atendidas (De-las-Rivas et al., 2022). La superficie rural en España es significativa, suponiendo el 84% de la superficie total (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020) y es parte importante de la evolución humana y ambiental, ya que se suelen asociar a visiones del mundo vinculadas al bienestar.
En lo referente a la despoblación, cabe destacar que se trata de un desequilibrio social que, debido a las políticas asociadas a los espacios débilmente poblados y a las dinámicas económicas derivadas, genera desigualdades, especialmente entre el ámbito rural y urbano. Problema que se encuentra presente en todo el contexto europeo. En el caso andaluz, la situación actual no supone el mismo nivel de urgencia respecto de otras autonomías del Estado (Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España [ONPEGE], 2021). Sin embargo, atendiendo a la existencia de zonas en las que predomina la presencia de una población muy envejecida, podría erigirse como el preludio de una problemática que acabe convirtiéndose en una pérdida demográfica más severa.
Tras la pandemia de la Covid-19, y en un contexto general en el que la sobrepoblación de las ciudades está evidenciando carencias y problemas funcionales de las mismas, el ámbito rural surge como un espacio de oportunidad donde se encuentran los recursos que pueden asegurar que el territorio sea sostenible y resiliente (Del-Espino, 2020); a través, entre otras cuestiones, del refuerzo de la identidad local (Franklin et al., 2020). Asimismo, cabe destacar que el tejido rural del ámbito de análisis posee características que presenta la cultura mediterránea como la producción de alimentos, la conservación de recursos naturales, la celebración de tradiciones y rituales o la protección de paisajes (Del-Espino y Horeczki, 2022). Destaca esta última donde, en lugares como España, se encuentra un gran porcentaje de los paisajes en el ámbito rural, siendo un componente vital del patrimonio de la sociedad en su conjunto, ya que, además de ser el tipo más común de paisaje, a su vez está cargado de diversidad (ICOMOS, 2017).
En este sentido, se propone identificar ámbitos rurales a escala territorial que compartan características comunes en cuanto a patrimonio cultural, entendiéndolo como una posible herramienta de transformación basada en la gobernanza que propiciaría la resiliencia cultural. El legado rural, conformado por elementos construidos y expresiones inmateriales, junto al territorio entendido en clave patrimonial, permite que la identidad permanezca invariable frente a las presiones homogeneizadoras de la globalización. No obstante, debido a los procesos de despoblación, un proceso complejo que alberga, entre otros parámetros, la baja densidad poblacional, las cualidades y valores que tienen estos paisajes rurales al abrigo de la sociedad que los habita, están en peligro de desaparición.
En consecuencia, la investigación propone trabajar en pos del reconocimiento de estos ámbitos rurales, además de abogar por su recuperación para avanzar en la búsqueda de una futura sostenibilidad y en el reequilibrio interno del territorio rural. Cuestión esta última, además, que podría alinearse con la necesidad de reequilibrar el territorio en su conjunto, entendiendo que las dinámicas de crecimiento poblacional de las ciudades no son inocuas para con el resto del territorio y, por tanto, afectan al ámbito rural y abundan en los desequilibrios demográficos actuales. Por ello, es necesario que se protejan estos espacios a través de su valoración por parte de las sociedades y culturas, ya que podrían convertirse en un recurso crucial (ICOMOS, 2017). Debe tenerse en cuenta que las propuestas que refuerzan la posición del patrimonio pueden ayudar a fortalecer los territorios que presentan vulnerabilidades, enfocándose a través de nuevas oportunidades sostenibles, toda vez que el patrimonio es un recurso para el desarrollo (Fernández-Salinas y Romero-Moragas, 2008).
La valoración patrimonial de los paisajes rurales se ha reconocido internacionalmente. Sea el caso de la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, donde se definen «paisajes culturales contínuos», y en todos ellos es necesario reconocer los valores tangibles e intangibles, con el objetivo de proponer una conservación sostenible y su transmisión a las futuras generaciones (ICOMOS, 2017).
En las áreas rurales se dan diferentes ejemplos de patrimonio, tanto inmueble como mueble, además de material o tangible e inmaterial o intangible. Entre ellos, se encuentran notables ejemplos de patrimonio arqueológico, a partir de los cuales se pueden reconocer procesos históricos de implantación que han condicionado no sólo cambios demográficos y urbanos, sino también la conformación de su patrimonio y de su paisaje; la decisión de su ubicación primigenia hay que entenderla en claves estratégicas, así como, a partir de las características intrínsecas territoriales. La conceptualización del patrimonio como recurso territorial es imprescindible para garantizar su sostenibilidad, como defiende la Unesco (Del-Espino et al., 2022).
Con el fin de abordar la investigación desde el patrimonio arqueológico, se ha trabajado con aquellos elementos que han sido declarados como Bien de Interés Cultural en su tipología de Zonas Arqueológicas. Esta aparece recogida en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español —en adelante, LPHE— y, a su vez, ha sido incorporada a todas las leyes autonómicas, incluyendo las dos leyes de patrimonio andaluzas: la ya derogada Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía y la vigente Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía —en adelante, LPHA—.
Tras un análisis y reconocimiento inicial en primera instancia del patrimonio arqueológico a escala territorial, se propone analizar la accesibilidad de las personas a estos bienes culturales, a través de la cual se pueden conocer los niveles de bienestar social de las mismas. Esto vendría justificado a partir de lo expresado por Del-Espino et al. (2022) quienes señalan que, a mayor acceso, mayor es la potencialidad del recurso patrimonial para el desarrollo local.
Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es identificar zonas de oportunidad a partir de las premisas definidas y abordar la problemática en cuanto a desequilibrio demográfico expresado previamente, entendiendo que una mejora en la accesibilidad al patrimonio cultural propiciaría el desarrollo local conjunto de los municipios objeto de estudio. Poblaciones con situaciones similares que pueden conformar redes de asentamientos que, por sí mismas no tienen masa crítica suficiente, pero que podrían trabajar de manera conjunta en red, para una mejor comprensión y conocimiento del patrimonio que comparten. Una vez sabido que la despoblación afecta fundamentalmente a territorios conformados por pequeños municipios sujetos a dinámicas más complejas, hay que entender el problema desde un contexto más amplio.
Así, se pretende, en cierta medida, anticipar el problema y entender la situación en aquellas zonas con problemas demográficos mediante un acercamiento realizado a través del patrimonio y sus recursos endógenos, considerándolos como un medio o recurso a partir de los cuáles se pueden reforzar sus señas de identidad potenciando, a su vez, el territorio rural andaluz a revitalizar (Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural) mediante la promoción de su legado patrimonial arqueológico conjunto.
La investigación ha tratado de encontrar espacios territoriales de oportunidad, atendiendo a la vulnerabilidad presente en los mismos en torno a la pérdida de densidad demográfica, pero que presentan una gran riqueza patrimonial arqueológica. Para ello, se ha combinado la búsqueda de bibliografía y documentación al respecto con la obtención y el tratamiento de datos demográficos y patrimoniales.
En consecuencia, se ha realizado una revisión bibliográfica, documental y cartográfica cuya lectura y análisis ha permitido definir el contexto de estudio de la investigación. Tras realizar un primer acercamiento al marco actual de la despoblación, con especial atención al caso de Andalucía, se establecen tres escalones para categorizar todos los municipios españoles peninsulares, con el fin de tener una visión del caso andaluz en el contexto estatal: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En paralelo, a cada una de ellas se les han establecido diferentes grados de accesibilidad a partir de cada ciudad origen, entendiéndose como un nodo de partida. Se propone para ello un método basado en datos estadísticos de población y de densidad de población del Instituto Nacional de España y atendiendo a los criterios propuestos por ONU-Hábitat (Sánchez, 2022) y la Estrategia de Lucha Contra la Despoblación en Navarra (Gobierno de Navarra, 2023). A partir de estos criterios, se han definido las áreas en riesgo de despoblación del territorio caso de estudio y la jerarquía de las ciudades.
Por otro lado, se ha abordado la legislación en materia de patrimonio cultural en general y del arqueológico en particular. Así, se ha avanzado en esta materia a partir de la Ley 16/1985 LPHE, y las LPHA, la Ley 1/1991 —derogada— y la Ley 14/2007, siendo, esta última la vigente a escala andaluza, una vez que las competencias en materia de patrimonio cultural fueron cedidas a las Comunidades Autónomas.
Así, en el estudio de la accesibilidad se atiende exclusivamente a aquellas zonas que se encuentran en procesos de despoblación debido, entre otras cuestiones, a bajas densidades en la actualidad. En cuanto a los nodos a partir de los cuales atender a la accesibilidad de cada caso, se han seleccionado en torno al 20% de todos los municipios de Andalucía en base a su población, siendo, por tanto, aquellos más poblados. Para ello, se han tomado las cifras oficiales del padrón municipal de habitantes recogidas por el Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía —en adelante, IECA— (2022). Seguidamente, se han ordenado los municipios andaluces en orden descendente en cuanto a su población. Cabe señalar que, para el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, —en adelante, POTA— (Junta de Andalucía, 2006), actualmente en proceso de revisión, a partir de 10 000 habitantes se trata de una ciudad pequeña de nivel 2. En consecuencia, tomando este criterio, se han recogido en el estudio los primeros 155 municipios de mayor población, lo cual suma un 19,75% del total. Además, según la ONPEGE (2021) las principales empresas y las administraciones públicas se ubican y establecen los servicios los núcleos más poblados para abaratar costes, aglutinando, en este caso, tanto ciudades grandes como ciudades medias —como se verá más adelante—, llegando a concentrar casi 7 millones de personas del total de 8 628 026 habitantes que tiene la Comunidad Autónoma —según los datos del INE de 2024—.
Tras la identificación de estos municipios, se establecen como el origen de las isócronas que marcan la accesibilidad. Dichas isócronas parten de un punto de una localización geográfica conocida y dependen de la distancia física (Km) entre dos nodos y de la velocidad (Km/h) a la que se viaja, ya que ambas miden el tiempo necesario para ir de un punto a otro. Es decir, se hace necesario conocer tanto la distancia espacial como la temporal. Resulta pertinente señalar la importancia en cuanto al tipo de movilidad, una vez que cada medio de transporte presenta una velocidad de servicio distinta. Por ello, en este caso, se emplea la velocidad media en un vehículo privado como referencia en la medida de esta magnitud. Para los tiempos asignados a cada una de las isócronas, se ha tomado como base inicial la propuesta realizada por Del-Espino et al. (2022); sin embargo, se han considerado insuficientes para el caso de estudio, por lo que se han completado con un rango intermedio —atendiendo al criterio de municipios de segundo nivel propuesto más adelante.
En lo que a accesibilidad respecta, resulta pertinente señalar que la misma se debería valorar desde un punto de vista tanto físico como digital, ya que organizaciones internacionales como Unesco ya lo reconocen (Unesco, 2009). No obstante, por limitaciones de la actual investigación, en este caso únicamente se valora la accesibilidad física, ya estudiada anteriormente en otras investigaciones (Sanz et al., 2015).
Con todas las capas previamente señaladas, entre las que se encuentran las zonas arqueológicas, las isócronas desde los municipios más poblados y las áreas en riesgo de despoblación, se propone una cartografía en cuya base se encuentran las infraestructuras viarias sobre las cuales se obtienen las zonas de oportunidad. Los límites de las áreas de oportunidad se han establecido a partir de rasgos comunes presentes en esas zonas rurales —de despoblación—, por las características del patrimonio que allí se encuentra —en este caso, el arqueológico— y por la situación de las infraestructuras —teniendo en cuenta su grado de accesibilidad.
Toda esta información se ha gestionado y cartografiado a través de la producción de cartografías propias en las aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica, tal como QGIS —basada en tecnología libre tipo Geographical Information System (GIS)—. Esta herramienta, que combina representación cartográfica con datos, permite evidenciar realidades complejas como la despoblación o la distribución del patrimonio a gran escala; sirviendo tanto para mostrar la situación actual como para identificar los territorios de oportunidad.
Europa afronta retos demográficos cada vez mayores y diferentes según los territorios, entre los que se encuentran tanto el envejecimiento como la despoblación que tendrán consecuencias en muchas regiones, incluidas las rurales, con desafíos para la cohesión social y territorial, entre otros; además, otras regiones verán el aumento de la población sufriendo otro tipo de presión (Ministros Responsables de la Ordenación, el Desarrollo o la Cohesión Territoriales, 2020). En la España peninsular, por ejemplo, se da el problema de la sobrepoblación de las ciudades, ya que el 88% de sus habitantes viven en el 20% de las ciudades más pobladas —según datos del INE (2022). Por lo que una de las consecuencias directas de esta casuística es la despoblación de otras partes del territorio, que consiste en el descenso del número de habitantes de un lugar en comparación a un periodo anterior (Pinilla y Sáez, 2017): más del 80% de los municipios españoles han perdido población en la década desde 2011 a 2019 (MITECO, 2019).
Otro dato de interés es que casi el 50% de la población española vive en grandes áreas urbanas de más de 500 000 habitantes, según el Atlas Didáctico del IGN (s.f.). En los últimos años, el crecimiento de estas áreas urbanas, en general, ha vivido una urbanización acelerada. Ello ha derivado en que la economía tiende hacia una terciarización y a la concentración de habitantes en esas ciudades. Esto último, se produce de manera más acentuada en el litoral y en los entornos metropolitanos (De-la-Cruz-Mera y Madurga-Chornet, 2019), como se verá en el caso de Andalucía.
Centrando la atención en Andalucía (Fig. 1), los procesos de pérdida de población no tienen actualmente consecuencias tan graves en comparación con los existentes en otras Comunidades Autónomas (Fig. 2), pero se estima que la tasa de población mayor de los 65 años se duplicará en el medio-largo plazo (Cejudo-García y Navarro-Valverde, 2019), lo cual puede intensificar el proceso de despoblación de ciertos municipios (ONPEGE, 2021). El problema deriva de los procesos migratorios producidos entre los años 50 y 70 del siglo pasado, los cuales se han visto agravados por otros factores como el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad. A pesar de que estos factores se dan también en las ciudades, en el medio rural la desigualdad con respecto a estas se acentúa por el déficit de infraestructuras y la escasez de los servicios asistenciales.
FIG. 1. Diagramas del porcentaje de municipios rurales —y de ellos cuántos están en riesgo de despoblación— y urbanos en Andalucía
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
FIG. 2. Mapa de la densidad de población en la España peninsular por municipios
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
Esta situación se agrava tanto en la Andalucía Occidental, donde se reconoce que el envejecimiento es muy acusado, como en la Andalucía Oriental, donde la mayor parte de las comarcas presentan niveles importantes de envejecimiento (Del-Valle y Almoguera, 2020), lo cual intensifica la despoblación (ONPEGE, 2021). Sirvan como ejemplos los casos de las comarcas de la Sierra de Huelva y el Andévalo, donde la población se ha reducido en la mitad desde 1950 debido a que al sur de la provincia se han dado procesos de industrialización, de desarrollo del turismo de costa y de la agricultura extensiva (Rodríguez-Lora et al., 2022), dinámicas que han producido la desigualdad territorial en esta zona de la parte occidental de Andalucía y cuyas dinámicas podrían ser extrapolables a otras zonas andaluzas de características similares.
Antes de realizar el análisis territorial, resulta importante abordar previamente un análisis de los asentamientos andaluces con el fin de identificar si son áreas rurales, ciudades pequeñas, medias o grandes, ya que, dependiendo de ello, se analiza de diferente manera su accesibilidad a los recursos culturales. En consecuencia, tal como se adelantaba en el apartado de metodología, se propone un criterio de clasificación de los municipios de toda el área peninsular de España para, posteriormente, centrarse únicamente en el caso de estudio andaluz.
Con ese objetivo, se hace necesario trabajar tanto desde la densidad poblacional como desde la población en números absolutos. Así, la primera magnitud se torna clave a la hora de exponer la situación de la despoblación. Por ello, la densidad de población, que mide el número de personas que habitan en una determinada porción del territorio —teniendo en cuenta su superficie—, resulta imprescindible, ya que determina cómo viven las personas en el mismo: el hecho de tener una alta o, por el contrario, una baja densidad de población puede suponer que la ciudadanía no tenga la misma calidad de vida. Mientras que la segunda, entendida en términos generales como el dato que muestra la cantidad de gente que habita en cada núcleo, sirve para identificar aquellas ciudades, en sus distintos tamaños, donde se dispone de mayor cantidad de servicios.
De este modo, para realizar un acercamiento a la despoblación en Andalucía y procurar definir una clasificación de aquellos municipios que se enmarcarían en esta dinámica, se han tomado aquellos criterios presentes en la bibliografía manejada en la investigación. Por ello, se adoptan como referencia los 300 hab/km2, uno de los valores propuestos por ONU-Hábitat (Sánchez, 2022), lo que permite diferenciar las zonas rurales —rojo— de las urbanas —azul—. A partir de este criterio, en primera instancia, en el gráfico realizado (Fig. 1) se observa que casi el 88% de los municipios de Andalucía serían considerados rurales.
No obstante, con el fin de realizar un análisis más certero de estas áreas, se propone una subdivisión más profunda. Para ello, se aplica al caso andaluz lo propuesto por la Estrategia de la Lucha Contra la Despoblación en Navarra —en adelante, ELCDN— (Gobierno de Navarra, 2023), en las que se subdivide la categoría rural previamente citada como:
–Áreas de baja densidad 25-300 hab/km2
–Áreas en riesgo importante de despoblación 12,5-25 hab/km2
–Áreas en riesgo alto de despoblación 8-12,5 hab/km2
–Áreas en riesgo extremo de despoblación <8 hab/km2
Observando todo el territorio peninsular de España, con esta misma división (Fig. 2), se evidencia un claro desequilibrio entre las diferentes zonas, siendo la densidad de población menor en las zonas del interior, que en la costa. Aplicado al caso de estudio, se observa que hay más de un tercio de la superficie de Andalucía en riesgo, suponiendo el riesgo extremo el 9,9%. En esta comunidad autónoma, la densidad de población media es de 97 hab/km2. Con el fin de reflejar estos datos a través de cartografías, se ha realizado un mapa de Andalucía de densidad de población teniendo en cuenta las delimitaciones administrativas de los municipios que la componen (Fig. 3). En ella, se ha empleado la categorización devenida de la fusión de lo propuesto por ONU-Hábitat (Sánchez, 2022) y el ELCDN (Gobierno de Navarra, 2023), previamente citado.
FIG. 3. Mapa de la densidad de población en Andalucía por municipios
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
El salto más notable se evidencia de la escala provincial a la municipal, donde ya se pueden observar las zonas en riesgo de despoblación. Resulta reseñable que ninguno de los municipios de costa se encuentra en ese grupo de las zonas en riesgo de despoblación (<25 hab/km2). Los municipios en riesgo extremo se concentran al norte de las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva y en un área entre Jaén, el norte de Granada y Almería. Una vez realizada esta categorización, cabe destacar que, para esta investigación, se tendrán en cuenta únicamente aquellos municipios en riesgo de despoblación (Fig. 4).
FIG. 4. Mapa de las áreas rurales en riesgo de despoblación en Andalucía por municipios
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
Por otro lado, como se ha expuesto previamente, además de la densidad, resulta de igual importancia contar con la población total de esas áreas. Es decir, con la cantidad de personas que viven en cada una de ellas. Con los datos de toda la Comunidad Autónoma, se han ordenado los municipios desde el más poblado al menos poblado. Así, se puede extraer la cantidad de personas que se concentran en la quinta parte de los municipios más poblados. En Andalucía, de sus más de 8,5 millones de habitantes, casi 7 millones viven en el 20%, aproximadamente, de todos los municipios de mayor población. Si se suprime de la óptica del análisis ese porcentaje de los municipios, dentro de los restantes, el municipio más poblado tiene 9952 habitantes (IECA, 2023), no llegando, por tanto, a 10 000 (Maruri-Arana, 2023).
Por ello, a partir de la revisión bibliográfica, y a tenor de los casos de estudio analizados, se propone un nuevo método que, procurando ser una síntesis de los dos citados, avanza hacia una nueva clasificación de las ciudades y áreas rurales. Esta, podría ser testeada a nivel estatal de aplicarse al resto de comunidades autónomas, pudiéndose obtener, así, una visión general de la distribución de las ciudades españolas. Las nuevas categorías que se proponen son las siguientes, las cuáles quedarían, igualmente reflejadas para el caso andaluz en la Fig. 5:
–Nivel 1:
Aquellas áreas urbanas que cuenten con una población mayor de 50 000 habitantes y una densidad de población mayor de 1500 habitantes por kilómetro cuadrado, incluyendo las áreas metropolitanas de las grandes aglomeraciones.
–Nivel 2:
Localidades de densidad intermedia: que cuentan con una población entre 50 000 y 5000 habitantes o una densidad de población entre 1500 y 300 habitantes por kilómetro cuadrado.
Localidades de densidad intermedia: que cuentan con una población entre 50 000 y 5000 habitantes o una densidad de población entre 1500 y 300 habitantes por kilómetro cuadrado.
Capitales de provincia menores a 50 000 habitantes.
–Nivel 3: Son todas aquellas que no superan un total de 300 habitantes por kilómetro cuadrado y no llegan a 5000 habitantes. Para un mayor grado de precisión en lo que respecta a los niveles de riesgo de los municipios, se tiene en cuenta la densidad de población y se subdividen de la siguiente manera:
Áreas de baja densidad: 25-300 hab/km2
Áreas en riesgo importante de despoblación: 12,5-25 hab/km2
Áreas en riesgo alto de despoblación: 8-12,5 hab/km2
Áreas en riesgo extremo de despoblación: < 8 hab/km2
FIG. 5. Clasificación de las ciudades grandes, medias, pequeñas y áreas rurales en Andalucía según el criterio propuesto en esta investigación
Fuente: Elaboración propia
De esta imagen (Fig. 5), se evidencia cómo gran parte de las ciudades de Andalucía estarían clasificadas como nivel 2, llegando a ser consideradas de nivel 1 las principales capitales de provincia, así como algunas ciudades de costa. Paralelamente, resulta reseñable la existencia de una gran concentración de ciudades de segundo nivel en el eje del Guadalquivir.
En paralelo a la identificación de los tipos de municipios objeto de estudio, como se ha comentado anteriormente, se propone realizar la aproximación al patrimonio cultural de Andalucía desde una visión territorial; entendiéndolo como posible vector de oportunidad para reactivar las zonas rurales despobladas.
Al respecto, resulta pertinente señalar que, hasta ahora, la gran mayoría de los bienes culturales que se han protegido se ha hecho de manera puntual, desconectados de su contexto territorial y sin contar con el sistema de relaciones que conforman el territorio y en el que suceden las actuaciones humanas (Fernández-Cacho, 2009). Por ello, ampliar el contexto resulta imprescindible, ya que esos elementos patrimoniales están intrínsecamente ligados al soporte físico donde se asientan (Pérez-Cano, 2016).
En lo que a la legislación de protección respecta, dentro del régimen general de protección del Patrimonio Histórico, en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (LPHE), se encuentra la figura de Bien de Interés Cultural (BIC), siendo el grado máximo de protección en el que se establecen cinco tipos: Monumentos, Jardines Históricos, Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas.
En Andalucía, el Real Decreto 864/1984, de 29 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de cultura, transfiere las competencias en materia de Patrimonio Histórico a la Junta de Andalucía. Conforme a ello, se redacta su propia legislación cultural, una primera ley de patrimonio, la Ley 1/1991, que posteriormente fue sustituida por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA). En ambas leyes, se recogen los cinco tipos mencionados de la LPHE, pero, debido al avance conceptual en la protección del patrimonio, se han complementado con nuevas categorías. En consecuencia, la Ley 1/1991 incluye los Lugares de Interés Etnográfico y, por su parte, la Ley 14/2007 añade a los anteriores los Lugares de Interés Industrial y las Zonas Patrimoniales.
Esta última es de especial interés, ya que hace referencia a “aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales” (Ley 14/2007, art. 26.8). De este modo, se trata de la única figura de protección que concibe áreas territoriales a partir de su valor cultural. No obstante, desde la aprobación de la ley, el uso de esta figura de protección ha sido reducido: la Cuenca minera de Tharsis-La Zarza en Huelva o la Zona Patrimonial del Valle del Darro de Granada.
En consecuencia, en la presente investigación se busca considerar las zonas arqueológicas del mismo modo: desde una visión sinérgica y conjunta para encontrar la herencia territorial histórica que ayude a entender las dinámicas actuales y a poner en valor este patrimonio en los ámbitos rurales.
Por tanto, este enfoque avanza en una línea no explorada hasta el momento, ya que las Zonas Arqueológicas se han protegido de manera puntual, sin incluir el sistema de relaciones espaciales, paisajísticas o funcionales que existen entre ellos, conllevando una pérdida de valores, principalmente en el territorio (Fernández-Cacho, 2009). Como ejemplo de ello, sirvan los Dólmenes de Antequera que, en lugar de protegerse toda la necrópolis, se han protegido individualmente las estructuras dolménicas, suponiendo una gran pérdida para su comprensión y disfrute.
Ante esta casuística, y como se ha señalado previamente, una figura que considere la complejidad que compone a los entornos inmediatos a estos bienes arqueológicos podría erigirse como la más adecuada para proteger este bien, ya que se entendería desde un sentido cultural, medioambiental, geográfico y físico. Además, podrían tomarse criterios en su configuración siguiendo las definiciones del Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000) y del Plan Nacional de Paisaje (Instituto del Patrimonio Cultural de España [IPCE], 2012). Esta propuesta conseguiría proponer unidades homogéneas de características, problemas y potencialidades comunes. A través de la misma, se articularían las cualidades de paisaje, los procesos —como el abandono y la despoblación—, los conflictos de uso, los modelos y las necesidades.
Es importante destacar que, dentro de las zonas rurales, se encuentra el patrimonio tangible, con atributos físicos y los vínculos con los entornos más amplios, pero al que hay que sumar, también, los conocimientos y el sentido de pertenencia de las comunidades locales junto a los valores y significados que se le han aportado. Se puede entender el patrimonio rural como un palimpsesto sobre el cual el patrimonio se ha relacionado con varios periodos históricos y se han dado de diferente manera (Icomos, 2017).
El patrimonio arqueológico peninsular es aquel que representa los modelos históricos que se han sucedido en la Península Ibérica hasta época reciente, lo que aporta también claves para entender cómo se ha ordenado el territorio adyacente. No obstante, además de ser un legado que ayuda a entender dinámicas del pasado, podría servir para anticipar cambios futuros, por lo que se podrían definir los objetivos futuros para la totalidad de agentes con implicación (Moore et al., 2020). Paralelamente, según Rivas-Sanz et al. (2022) se hace necesario actuar a gran escala para detener los desequilibrios territoriales como es la despoblación, algo que el patrimonio arqueológico podría propiciar debido a su entidad. Por ello, a tenor de ambos posicionamientos, se considera que para poder restaurar las dinámicas de formación del paisaje cultural se torna indispensable incluir los sitios arqueológicos, ya que representan los valores identitarios del paisaje y son aquellos que han conformado la estructura territorial a lo largo del tiempo (Merino-del-Río, 2022).
En general, en España, se ha tenido una opinión estática del patrimonio construido, entendiendo que no tiene capacidad de asumir el dinamismo del territorio (Fernández-Cacho, 2009), especialmente con el patrimonio arqueológico, que por su concepción de “ruina” se entiende como destruido, según la RAE. Por ello, la propuesta se centra en reactivar este patrimonio, en dar pasos para revertir esta concepción, y no solo en conservarlo. Además, tanto las cartas como las recomendaciones internacionales expresan la necesidad de proteger el patrimonio cultural en general y el patrimonio arqueológico en específico, ya que este último presenta más amenazas por la acción humana sobre el territorio (Fernández-Cacho, 2009) y por el desuso y el riesgo de pérdida. En cualquier caso, desde el planeamiento territorial se podría ayudar a paliar estas consecuencias.
Asimismo, la arqueología como ciencia social ha pasado de proteger el objeto material al yacimiento y, actualmente, incluso al paisaje arqueológico, lo que hace entender que es imprescindible el territorio como soporte físico para que las sociedades dejen huella a través de las acciones humanas (Rodríguez-Temiño, 1998). No obstante, en la actualidad se ha demostrado que ni las delimitaciones de Conjunto Arqueológico ni de Bien de Interés Cultural —como Zona Arqueológica— de los elementos de esta naturaleza responden en la mayoría de los casos a criterios territoriales ni paisajísticos (Maruri-Arana, 2021). Atendiendo al territorio andaluz, se observa cómo las zonas arqueológicas se distribuyen por todas las provincias de Andalucía (Fig. 6).
FIG. 6. Zonas arqueológicas de Andalucía
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IGN
Casado-Villa (2017) define la accesibilidad como la capacidad de un nodo de ser alcanzado por otro. En este caso, el nodo de origen son las ciudades más pobladas de Andalucía —aquellas que se encuentran entre el 20% de los municipios antes citado— y los nodos de destino son las zonas arqueológicas.
FIG. 7. El 20% de los municipios de mayor población de Andalucía
Fuente: Elaboración propia
El conocimiento de la accesibilidad al patrimonio cultural puede ser un indicador que permite estudiar el grado de bienestar de una población, analizando el acceso a una amplia oferta cultural (Del-Espino et al., 2022). Por tanto, se podría considerar también como un factor de equidad, ya que debería haber una cobertura universal a los bienes culturales por parte de la ciudadanía (Rodríguez-Temiño, 2014).
Con todo ello, la investigación busca medir los niveles de acceso de la sociedad a los bienes patrimoniales —en este caso, los arqueológicos— como un indicador que ayuda a conocer el equilibrio territorial existente. Como ya fue expresado previamente, no debe olvidarse que a mayor acceso mayor es el potencial de un recurso patrimonial para el desarrollo local (Del-Espino et al., 2022).
Se ha observado que no existen muchas propuestas que se centren en los criterios de accesibilidad a los bienes patrimoniales, los cuales podrían ayudar a su valoración como herramienta para el desarrollo local. Casi todos los ensayos se han orientado en la accesibilidad en la gestión del patrimonio, en la accesibilidad de las personas discapacitadas o se relacionan con las rutas culturales (Del-Espino et al., 2022). Además, se han realizado trabajos que tratan sobre las redes sociales para análisis urbanísticos, aunque no específicamente patrimoniales (Serrano-Estrada et al., 2022).
Para la conformación de los indicadores de accesibilidad a los bienes culturales a aplicar en el caso de estudio, se atiende a los propuestos por Del-Espino et al. (2022), si bien han sido complementados con el fin de distinguir entre ciudades grandes, medianas, pequeñas o áreas rurales; casuística no recogida por completo en la fuente citada. En este punto, cabe destacar que, en el caso de Andalucía, su estructura territorial no se entiende sin las ciudades medias, ya que asumen papeles importantes en la ordenación subregional, acogiendo tanto servicios como equipamientos que surten de los mismos a otros núcleos de menor entidad. Por ello, se cree necesario establecer tres rangos de accesibilidad, proponiendo una categoría intermedia que se suma a la referencia manejada. Con todo ello, se proponen los siguientes (Fig. 8):
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Rangos de accesibilidad |
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
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Accesibilidad óptima |
Menor o igual a 30 minutos |
Menor o igual a 15 minutos |
Menor o igual a 5 minutos |
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Accesibilidad favorable |
Entre 30 minutos y 40 minutos |
Entre 15 y 20 minutos |
Entre 5 y 10 minutos |
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Accesibilidad desfavorable |
Entre 40 minutos y 50 minutos |
Entre 20 y 30 minutos |
Entre 10 y 20 minutos |
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Accesibilidad muy desfavorable |
Mayor de 50 minutos |
Mayor de 30 minutos |
Mayor de 20 minutos |
FIG. 8. Tabla de los indicadores de accesibilidad para todas las categorías de ciudades y áreas rurales según los niveles previamente definidos
Fuente: Elaboración propia a partir de Accessibility Indicators for the Assessment of Cultural Heritage as a Resource for Development in Rural Areas of Huelva (Del-Espino et al., 2022)
De este modo, la accesibilidad según los nodos de origen sería como sigue:
–Accesibilidad desde las ciudades de nivel 1: los valores de accesibilidad se calculan desde el nodo de origen que es el centroide del municipio grande más cercano.
–Accesibilidad desde las ciudades de nivel 2: los valores de accesibilidad se calculan desde un nodo de origen que es el centroide del municipio medio más cercano.
–Accesibilidad desde las ciudades de nivel 3: los valores de accesibilidad se calculan desde un nodo de origen que es el centroide del municipio pequeño más cercano.
Con el fin de representar gráficamente la accesibilidad en el territorio en base a los desarrollado hasta el momento, se han geolocalizado los centroides del 20% de los municipios más poblados, y desde estos se representa la accesibilidad a través de isócronas que, en este caso, son ciudades de nivel 1 y nivel 2 (Fig. 7).
Con todas las capas anteriormente mencionadas —las áreas en riesgo de despoblación, las zonas arqueológicas (aquellas únicamente que estén en las zonas en riesgo de despoblación) y las isócronas— junto a las infraestructuras viarias, se establece un mapa resumen sobre el cual se evidencian las zonas de oportunidad. Así, en la Fig. 9, se observa que la parte más accesible es aquella que sigue la Vega del Guadalquivir, además de las conexiones entre las capitales. No obstante, las zonas arqueológicas se centran en otras zonas de la comunidad autónoma, es decir, que están en zonas con una accesibilidad desfavorable en su mayoría.
FIG. 9. Mapa de síntesis con todas las capas de la propuesta
Fuente: Elaboración propia
Con todas las capas anteriormente mencionadas —las áreas en riesgo de despoblación, las zonas arqueológicas (aquellas únicamente que estén en las zonas en riesgo de despoblación) y las isócronas— junto a las infraestructuras viarias, se establece un mapa resumen sobre el cual se evidencian las zonas de oportunidad. Así, en la Fig. 9, se observa que la parte más accesible es aquella que sigue la Vega del Guadalquivir, además de las conexiones entre las capitales. No obstante, las zonas arqueológicas se centran en otras zonas de la comunidad autónoma, es decir, que están en zonas con una accesibilidad desfavorable en su mayoría.
Una vez expuesta la accesibilidad desde las ciudades más pobladas a las zonas arqueológicas de Andalucía, se busca identificar unidades territoriales con las características comunes en base a los criterios prefijados, ya que estas relacionarían áreas que históricamente se han vinculado, protegiendo los sistemas de asentamientos que comparten rasgos identitarios (Merino-del-Río, 2022).
Estas áreas podrían alinearse con lo señalado por Merino-del-Río (2022), es decir, formando parte de los mismos sistemas hidro-geomórficos, compartiendo rasgos ecosistémicos, asentamientos que se agrupan siguiendo tipos reconocibles, medio rural que comparte rasgos comunes, que se encuentran dentro de los principales horizontes perceptivos, con sistemas socioeconómicos locales que son similares y por el sentido de pertenencia de la comunidad asentada, así como por las propias dinámicas de los asentamientos.
En consecuencia, las áreas de oportunidad se definen a tenor de tres puntos de los anteriores: 1) porque los asentamientos se agrupan siguiendo tipos reconocibles —ya sea de accesibilidad o de no accesibilidad—; 2) porque el medio rural comparte rasgos comunes siendo áreas en riesgo de despoblación; y 3) porque los asentamientos que se estudian, en este caso, las zonas arqueológicas, por estar en zonas en despoblación, son susceptibles de seguir las mismas dinámicas —en este caso de abandono y destrucción—.
Como se observa en la Fig. 10, se pueden plantear varias agrupaciones de zonas arqueológicas que juntas pueden crear sinergias y proponer nuevas oportunidades en las áreas en riesgo de despoblación. Prácticamente, todas ellas se encuentran en la zona oriental de Andalucía, mientras que sólo encontramos una en la provincia de Huelva en la zona occidental. Además, hay algunas de las zonas arqueológicas que no se pueden agrupar, ya que no se encuentran cerca o en la misma situación que las demás.
FIG. 10. Mapa de las zonas de oportunidad
Fuente: Elaboración propia
Con carácter general, se han logrado los objetivos que planteaba la investigación, ya que se han localizado unidades territoriales de oportunidad sobre las que se podrían reactivar las zonas en riesgo de despoblación potenciando su patrimonio arqueológico. Esto ha sido llevado a cabo a través de unas delimitaciones de áreas que muestran síntomas de despoblación cuya principal componente patrimonial es la arqueología.
Para ello, se ha estudiado la accesibilidad a este patrimonio, trazando isócronas tomando como origen el 20% de los municipios de mayor población de Andalucía, una vez que en ellas se concentran los principales servicios y equipamientos, y también, por lo tanto, la mayor cantidad de personas susceptibles de acceder a estos bienes patrimoniales. Resulta reseñable la complejidad a la hora de configurar las citadas isócronas, toda vez que las referencias existentes en torno a la accesibilidad no eran completas. Por ello, se ha procedido a definir un rango de accesibilidad intermedio que recogiera las peculiaridades del territorio de Andalucía, cuya estructura territorial se fundamenta en gran medida en las ciudades medias. Cuestión, esta última, por la que se hacía necesaria una diferenciación para las ciudades grandes y medias, además de las pequeñas y las áreas rurales. Estas isócronas desde las ciudades más pobladas —bien sean pertenecientes al nivel 1 o 2— se concentran en las principales ciudades y sus áreas metropolitanas, sobre todo alrededor de Sevilla, y también en la zona del litoral, en detrimento de la accesibilidad de las zonas de sierra, tanto oriental como occidental.
Todas las zonas arqueológicas señaladas están en áreas rurales en riesgo de despoblación, definidas en la investigación como aquellas que se encuentran por debajo de 25 hab/km2. Dentro de esta categoría se encuentran aquellas en riesgo extremo (<8 hab/km2), en riesgo intenso (entre 8 y 12,5 hab/km2) o en riesgo (entre 12,5 y 25 hab/km2). En todas estas áreas, el patrimonio arqueológico a escala territorial permite reconocer los modelos territoriales históricos y puede generar identidad a través de la restauración de las dinámicas de formación de paisaje. Esta escala territorial permitiría crear sinergias entre comunidades en un entorno físico común y podría constituir una nueva variable de análisis patrimonial en la actual redacción del nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
La superposición de todas las capas —las zonas arqueológicas en las áreas rurales en riesgo de despoblación, las infraestructuras viarias, las isócronas y las propias áreas en riesgo de despoblación— ofrecen un plano de síntesis donde dibujar las zonas de oportunidad. Estas unidades territoriales de oportunidad se han delimitado a partir de los propios criterios territoriales que pueden llegar a conformar un sistema patrimonial y que pueden ayudar a identificar las claves de la evolución histórica de los mismos. Entendiendo el pasado y anticipándose a los posibles cambios futuros, sería posible reactivar las zonas objeto de vulnerabilidades, tornándose en oportunidades que generarían identidad, con la consiguiente necesidad de la participación de agentes con implicación.
Finalmente, cabe señalar que la investigación se ha limitado al patrimonio arqueológico por su condición intrínseca territorial y que se trataría de un primer acercamiento a esta metodología de análisis; dejando constancia de que, para que la reactivación fuera efectiva, se debería tener en cuenta todo el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Igualmente, atendiendo a la evolución social actual, sumergida en plena era de digitalización, sería importante incluir la accesibilidad digital además de la física, entendiéndose ambas como un motor imprescindible para el desarrollo local.
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