Recibido: 27.11.2023; Revisado: 18.03.2024

Correo electrónico (1): mrvela@uloyola.es; N.º ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4957-385X

Correo electrónico (2): asianes@uloyola.es; N.º ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6861-9473

Correo electrónico (3): rlopezm@uloyola.es; N.º ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3968-9119

Correo electrónico (4): adelgadob@uloyola.es; N.º ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5910-2349

Los/as autores/as agradecen las críticas constructivas recibidas, comentarios y sugerencias realizados por las personas evaluadoras anónimas, que han contribuido a mejorar y enriquecer el manuscrito original.

1. Introducción

El aumento de las desigualdades sociales en el mundo incide de forma directa y preocupante en las ciudades, donde se estima que para el año 2050 vivirá el 50% de la población mundial (Naciones Unidas, 2017). Esta situación incide en el aumento de la segregación espacial y social que origina la existencia de las denominadas zonas urbanas desfavorecidas, que concentran en Europa alrededor del 32% de la población (Naciones Unidas, 2017).

En España, aproximadamente el 28% de la población se encuentra en situación de pobreza y exclusión social (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social [EAPN] España, 2022). En el año 2020, el Relator especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos de la Naciones Unidas, Philip Alston, alertaba de la grave situación que enfrentaban determinadas zonas urbanas del país, en las cuales la existencia de condiciones de vida marginales visibilizaba grandes problemas estructurales en las políticas de protección social (Naciones Unidas, 2020).

Esta realidad se agrava aún más en Andalucía, donde incide el impacto de una triple brecha: territorial, socioeconómica y política, situando a esta comunidad por encima de la media europea y estatal en relación con la población que se encuentra en situación de pobreza y exclusión social, y que asciende al 38,7% (EAPN Andalucía, 2022). El último informe de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (2023) señala que, de los 15 barrios más pobres de España, 10 se encuentran en Andalucía, situándose los barrios más ricos del país en Madrid y Barcelona.

Ante esta situación, numerosos son los esfuerzos tanto internacionales, nacionales como locales para poner en marcha políticas eficaces que logren romper con la espiral de la exclusión social en la que se encuentra buena parte de la población. Políticas internacionales, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), ponen el foco en la necesidad de que los diferentes países pongan en marcha políticas eficaces para luchar contra las desigualdades, teniendo en cuenta un abordaje integral y multiactor para luchar contra la exclusión social y promover sociedades con la premisa de “no dejar a nadie atrás” (Naciones Unidas, 2015).

Aterrizar la localización de las diferentes dimensiones e indicadores que inciden en la exclusión social de los territorios afectados por la persistencia de la desigualdad, se vuelve una tarea crucial para promover verdaderas ciudades inclusivas y sostenibles, presentando Andalucía una tarea compleja a la hora de abordar la grave situación en la que se encuentran ya 99 de sus barrios repartidos entre sus ocho provincias (Junta de Andalucía, 2018). Este estudio supone un esfuerzo para ahondar en el conocimiento de la multidimensionalidad de la exclusión social de forma territorializada, y de esta forma promover políticas eficaces que logren poner en marcha procesos virtuosos de transformación social.

Partiendo de un análisis de las diferentes mediciones e informes europeos, estatales y locales que tienen como objetivo analizar las condiciones de exclusión social que afectan a la población, se ofrece una propuesta de aquellos principios orientadores que van a facilitar una medición adaptada a la realidad que enfrentan los barrios desfavorecidos, con el objetivo de poder informar del estado actual de pobreza y exclusión social que afrontan, incidiendo de esta forma en la identificación de los retos que llevan a salir de la exclusión social en la que se ven inmersos desde hace más de cuatro décadas.

2. La medición multidimensional de la exclusión social: principios orientadores para su adaptación a los barrios desfavorecidos

Cuando se aborda la comprensión de la realidad de exclusión social en la que vive parte de la población mundial, se observa como existe un debate en torno a qué medidas son las adecuadas para dar cuenta de esta situación (Alkire & al., 2022; Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; Vollmer & Alkire, 2022; Whelan & al., 2019).

Desde los años setenta, los términos exclusión social y pobreza se han utilizado, a menudo indistintamente, a la hora de establecer políticas y líneas estratégicas que impulsen sociedades inclusivas y sostenibles (Watson & al., 2017). Sin embargo, aunque pobreza y exclusión social representan dos conceptos similares y hasta cierto punto complementarios, no son iguales (Alkire & al., 2022; A. B. Atkinson & Hillls, 1998), siendo posible establecer una diferenciación entre ambos conceptos para dar cuenta de una medición de las desigualdades sociales que va más allá de los ingresos (Alkire & al., 2022; Labonté & al., 2011; Saco Álvarez, 2006; Vela-Jiménez & Sianes, 2021).

En los últimos años, parece estar alcanzándose un consenso sobre cómo el concepto de pobreza, referido únicamente a la falta de recursos económicos, no es suficiente para abordar la cuestión de la exclusión social (Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; Nolan & Whelan, 2010; Rodero Cosano, 2015; Whelan & al., 2019), la cual se presenta como una realidad multidimensional y dinámica relacionada no sólo con las características de los individuos sino también con las comunidades y los entornos sociales y físicos en los que viven las personas.

Sin embargo, cuando nos acercamos a las mediciones que dan cuenta del estado actual de la pobreza y exclusión social en nuestras sociedades, observamos que estas responden en su mayoría a cuestiones que tienen que ver más con lo material, la falta de ingresos o privación material que cierta población tiene en contraposición a otra parte de la sociedad, en detrimento de otras medidas cualitativas que informan de cuestiones sociales que inciden también en la generación y mantenimiento de la exclusión social (Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; Caravaca, 2022; Saco Álvarez, 2006; Torres-Gutiérrez & García Herrera, 2016; Vela-Jiménez & Sianes, 2021).

Otro de los aspectos que dificultan abordar de forma eficaz los procesos de exclusión social en los que se encuentra la población, está referido a la temporalización de los indicadores utilizados, cuyos datos en muchas ocasiones corresponden a años anteriores al periodo que la medición concreta o el informe del que se trate quiere dar cuenta (Caravaca, 2022; Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023).

Además de esta prevalencia de mediciones cuantitativas y materiales, y del desfase en la temporalidad de los datos utilizados, se observa como no existen mediciones concretas e informes territorializados que monitoricen las situaciones de exclusión social que afectan a los barrios desfavorecidos, en los que las desigualdades sociales llevan instaladas desde hace décadas, y donde se han puesto en marcha numerosas políticas específicas para promover procesos transformadores de inclusión social (R. Atkinson & Zimmermann, 2018; Díez-Bermejo & al., 2021; Gimeno-Monterde & Álamo-Candelaria, 2018; Jaraíz Arroyo & González Portillo, 2019; Vela-Jiménez & al., 2022).

Parece haber claras evidencias y consensos de que, para dar cuenta del grado de exclusión social que afecta a la ciudadanía que habita estos barrios desfavorecidos y poner en marcha políticas eficaces, las mediciones utilizadas deben abordar la dinámica y multidimensionalidad de la exclusión social de forma territorializada (Aguado-Moralejo & al., 2019; R. Atkinson & Zimmermann, 2018; Barañano-Cid & Uceda-Navas, 2021; Nel-lo & al., 2021; Rodríguez-Calles & Estrada-Villaseñor, 2022; Torres Gutiérrez, 2021; Vela-Jiménez & al., 2022; Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023). Cuanto más próximo sea el conocimiento a la realidad concreta en la que viven las personas en situación de exclusión social, mejor respuesta se podrá tener para resolver los retos de inclusión social que presentan. Contar con mediciones cuantitativas y cualitativas e informes anuales que den cuenta de la dinámica de las desigualdades a nivel de barrio, y en concreto de aquellos que llevan más de cuatro décadas en situación de exclusión social, ayudaría a definir mejor los desafíos concretos que las políticas públicas dirigidas a la transformación social deben atender para cambiar la realidad de estos contextos (R. Atkinson & Zimmermann, 2018; Barañano-Cid & Uceda-Navas, 2021; Blanco & al., 2022; Gimeno-Monterde & Álamo-Candelaria, 2018; Rodríguez-Calles & Estrada-Villaseñor, 2022; Vela-Jiménez & al., 2022; Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023).

Estudios anteriores, señalan que, para abordar la complejidad de la exclusión social que enfrentan los barrios desfavorecidos, es necesario considerar cuatro aspectos (Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023). En primer lugar, la unidad de análisis para levantar la información, incluyendo tanto el nivel individuo/hogar como el nivel social/comunitario. En segundo lugar, la multidimensionalidad, incorporando las dimensiones e indicadores de los niveles individual y social desde enfoques tanto cuantitativos (materiales y económicos) como cualitativos (percepción). En tercer lugar, la territorialización, levantando la información desde el nivel barrio, más allá de la delimitación que se hace a nivel de sección censal, y estableciendo una priorización de las dimensiones que afectan a cada barrio concreto. Por último, la dinámica, estableciendo la temporalización de la medición desde una lógica longitudinal, idealmente anual, que permita captar de una forma real, actual y constante la realidad de exclusión de los barrios y sus habitantes.

Por otro lado, las dimensiones de la exclusión social multidimensional a nivel de barrio, tal y como se ha señalado, deben ir más allá de aquellas referidas a cuestiones materiales y económicas, incorporando medidas cualitativas y subjetivas que den cuenta no sólo de aquello que afecta al individuo, sino aquellas dimensiones que abarcan los aspectos sociales de la comunidad. Por tanto, para abordar la medición de la exclusión social de forma multidimensional es necesario incluir indicadores referidos a la economía, la vivienda, la salud y discapacidad, la educación, la comunidad y apoyo social, la seguridad, el acceso a los servicios y la participación social y política (Barañano-Cid & Uceda-Navas, 2021; Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; Rodríguez-Calles & Estrada-Villaseñor, 2022; Saco Álvarez, 2006; Vela-Jiménez & Sianes, 2020, 2021, 2023).

3. Método y materiales

La metodología empleada se basa en una revisión de las principales mediciones e informes que, a nivel europeo, estatal y local, se realizan para monitorear la exclusión social, y que inciden en el diseño de las políticas que se ponen en marcha para combatirla. Para ello, se establecen los cuatro principios orientadores explicados en el apartado anterior: unidad de análisis, multidimensionalidad, territorialización y dinámica (Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023).

En relación a los materiales utilizados para este análisis, se incluyen a nivel europeo mediciones como la encuesta de Estadísticas de la Unión Europea sobre ingresos y condiciones de vida (EU-SILC), los indicadores de Laeken y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE, por sus siglas en inglés At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Con respecto a España, se analizan los informes de Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el informe de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA). En Andalucía, se analizan los informes que se territorializan a nivel de comunidad autónoma de EAPN, FOESSA y la ECV; y el informe que, de forma también territorializada, elabora el Observatorio de la Desigualdad de Andalucía (ODA). Por último, el estudio analiza algunos esfuerzos que existen en España para dar cuenta de la exclusión social en el contexto urbano, tales como el Observatorio y Atlas de Vulnerabilidad Urbana dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, anterior Ministerio de Fomento, o el Informe de Indicadores Urbanos del INE, y aquellos que se centran en la realidad de los barrios desfavorecidos como son el Análisis Urbanístico, Catálogo y Visor de Barrios Vulnerables, también del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En la Fig. 1 se establece la relación de las diferentes mediciones e informes, así como la escala a la que rinden y la institución encargada de su elaboración.

Escala	Medición / Informe	Institución
Internacional (Europa)	EU-SILC	EUROSTAT
	Indicadores de Laeken	EUROSTAT
	Tasa AROPE	EUROSTAT
Nacional (España)	Informe EAPN	EAPN
	ECV	INE
	Informe FOESSA-EINSFOESSA	FOESSA
Autonómica (Andalucía)	Informe EAPN	EAPN
	ECV	INE
	Informe FOESSA-EINSFOESSA	FOESSA
	INFORME ODA	ODA
Local (Municipio)	Atlas de Vulnerabilidad Urbana	Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
Urbana (Barrio)	Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables	Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
	Catálogo de Barrios Vulnerables	Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
	Visor de Barrios Vulnerables	Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana
	Informe de Indicadores Urbanos	INE

Fig. 1 / Mediciones e Informes sobre exclusión social internacionales, nacionales, autonómicos y locales

Fuente: Elaboración propia

Así, con estos materiales y la metodología propuesta, se pasa a continuación a exponer los resultados de dicho análisis.

4. La medición actual de la exclusión social

4.1. Principales mediciones desarrolladas e implementadas a nivel europeo

En Europa existen diversas fórmulas de medición que de forma periódica se ocupan de monitorizar la situación de pobreza y exclusión social en los diferentes países miembros. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por recoger la multidimensionalidad de este fenómeno, la batería de indicadores que utilizan adolece de una mirada amplia y territorializada que manifieste todas las problemáticas a las que se enfrentan las personas que sufren estas circunstancias (Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; Vela-Jiménez & Sianes, 2023).

La encuesta EU-SILC o los indicadores de Laeken suponen un esfuerzo para monitorear y evidenciar la multidimensionalidad de la exclusión social en los Estados miembros, que actualmente cuentan con un 21,9% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social (EAPN, 2022). A través de indicadores a nivel hogar e individuo se recopilan datos transversales y longitudinales sobre ingresos, pobreza, exclusión social y condiciones de vida, destacando dimensiones claves de la inclusión social como el empleo, la privación material, la salud, la educación, el cuidado de la infancia, la vivienda o la participación (Comisión Europea, 2003). Aunque EU-SILC supone un esfuerzo para ofrecer un conjunto de indicadores multidimensionales, la realidad es que este tipo de mediciones a nivel europeo no terminan de recoger la verdadera situación a la que se enfrentan las personas y comunidades que se encuentran en situación de exclusión social, tanto por las características cuantitativas y materiales de los indicadores utilizados, referidos en su mayoría a tenencia, porcentajes y frecuencias, como por la dilatación en la recogida de los datos. La encuesta EU-SILC, por ejemplo, tiene dos tiempos en dicha recopilación. Las variables primarias referidas a los ingresos, vivienda, educación o salud se recogen cada año, pero las variables secundarias referidas a dimensiones más sociales (obtenidas a nivel individuo y hogar) como la participación social y política, la transmisión intergeneracional de la pobreza, el acceso a los servicios o la percepción sobre el bienestar, se recopilan aproximadamente cada cinco años, suponiendo un periodo de tiempo demasiado largo tanto para monitorear la dinámica de la pobreza y exclusión, como para poder informar adecuadamente las políticas.

Por otro lado, los veintiún indicadores de Laeken, diseñados para monitorear el grado de cumplimiento de los Estados miembros en relación con la efectividad de los Planes Nacionales de Inclusión Social (PNIS) que ponen en marcha, se refieren a cuatro categorías: ingresos, empleo, salud y educación. Estos indicadores se dividen en dos tipos: doce indicadores primarios, que cubren áreas importantes de la exclusión social en base a las cuatro categorías señaladas, y nueve secundarios que complementan a los indicadores primarios (Cañón, 2006; EAPN España, 2003; Pascual Acosta & al., 2012). Una vez más se observa que estos indicadores no se definen de forma multidimensional, debido a la escasez de categorías y tipología de indicadores que dan cuenta de cada una de ellas, los cuales son eminentemente cuantitativos y materiales. Por ejemplo, para el área de salud el único indicador utilizado es la esperanza de vida al nacer.

Por último, los indicadores de Laeken, al igual que EU-SILC, no cubren a los grupos más vulnerables de la sociedad, ya que son aplicados a toda la población en general, siendo esta quizás la razón tanto de la escasez de indicadores como de su tipología, puesto que las poblaciones que se enfrentan a las graves situaciones de exclusión social cuentan con unas circunstancias diferentes al resto de población (Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; EAPN España, 2003; Rodríguez-Calles & Estrada-Villaseñor 2022; Vela-Jiménez & Sianes, 2021).

Por lo tanto, el conjunto de estos indicadores, tanto los utilizados en EU-SILC como los de Laeken, carecen de una mirada no monetaria y cualitativa para reflejar la complejidad de las desigualdades sociales, y al mismo tiempo ofrecen una radiografía demasiado general que no informa de la situación a nivel local y de manera específica.

4.2. Principales mediciones aplicadas a nivel nacional

Otra de las mediciones de referencia para dar cuenta de las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social tanto a nivel europeo como nacional es la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE. Esta se creó en 2010 para medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, referida únicamente a los ingresos. La tasa AROPE contempla tres indicadores: riesgo de pobreza, carencia material severa y baja intensidad en el empleo. En 2021, de acuerdo con los nuevos objetivos de la Estrategia Europa 2030, se introduce un cambio metodológico que afecta a dos de sus tres dimensiones, ampliando así el espectro para considerar a la población en dicha situación (INE, 2022). Los tres indicadores quedan de la siguiente forma (INE, 2022):

• riesgo de pobreza: su definición no cambia con respecto al indicador anterior. Contempla a las personas con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana después de las transferencias sociales. El riesgo de pobreza mide la desigualdad identificando cuántas personas tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población.
• carencia material y social severa: Se amplía la tasa AROPE anterior contemplando no sólo la “carencia material severa” sino también la “carencia social severa”. De sus 13 componentes, 7 se calculan a nivel hogar y 6 a nivel individuo, calculándose de forma separada por cada miembro del hogar. A los componentes del nivel hogar (No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año / No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días / No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada / No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos / Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal - hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.- o en compras a plazos en los últimos 12 meses / No puede permitirse disponer de un automóvil), se añade en la nueva definición “no puede sustituir muebles estropeados o viejos”, desapareciendo de la lista la disponibilidad de teléfono, televisor o lavadora. Los 6 nuevos componentes a nivel individuo son: No puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva / No puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones / No puede permitirse reunirse con amigos/familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes / No puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio / No puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo / No puede permitirse conexión a internet.
• baja intensidad en el empleo: cambia su definición haciéndola más precisa. Este indicador contempla las personas que viven en hogares y que se encuentran en edad de trabajar, si lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año anterior (personas de 18 a 64 años, excluyendo los estudiantes de 18 a 24 años, los jubilados o retirados, así como las personas inactivas entre 60 y 64 cuya fuente principal de ingresos del hogar sean las pensiones. No se aplica a personas de 65 años y más).

La tasa AROPE es utilizada en diversos informes que de forma anual dan cuenta del estado de la pobreza y exclusión. En España, se encuentra el Informe del Estado de la Pobreza (nivel nacional y de comunidad autónoma) que elabora EAPN (EAPN España, 2022); o la ECV que elabora el INE (INE, 2022). En ambos casos, para reflejar las condiciones de pobreza y exclusión social en que vive parte de la sociedad española, actualmente el 27,8%, superando la media europea (EAPN España, 2022), se utiliza como medida la tasa AROPE. Ambos informes ofrecen datos necesarios para medir las situaciones de desigualdad social, incluyendo además una radiografía de la situación de la población en exclusión social tras la pandemia provocada por la COVID-19, que tuvo un impacto mayor en este colectivo (Alkire & al., 2021; EAPN España, 2022; Fundación FOESSA, 2022a). Sin embargo, se aprecia nuevamente que estos informes no reflejan la complejidad y multidimensionalidad necesarias que implican las situaciones señaladas. A pesar de ello, como indican los informes publicados en el año 2022, la reformulación metodológica que se ha llevado a cabo en la tasa AROPE ha permitido ampliar el foco para detectar otras situaciones que inciden en la exclusión social, pero sigue siendo insuficiente para reflejar su complejidad y dinámica debido a la naturaleza de los indicadores que componen esta tasa.

Entre los esfuerzos por ir ampliando mediciones que aborden todos los factores que inciden en la exclusión social, se encuentra el trabajo realizado por la Fundación FOESSA, y que impulsa Cáritas Española. La Fundación FOESSA enfoca su trabajo en la investigación sobre el desarrollo y exclusión social en España, y de forma territorializada en las comunidades autónomas. Entre otros trabajos de investigación, publica de forma anual el Informe FOESSA (Fundación FOESSA, 2022a), donde a través de los datos recogidos en la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada a nivel hogar, construye un índice de exclusión social compuesto por 37 indicadores que pivota en torno a tres ejes: la participación en la vida económica (indicadores para medir el empleo y la calidad del mismo, ingresos y privación), un eje político relacionado con los derechos de ciudadanía (indicadores sobre participación política, educación, salud y vivienda), y un eje relativo a las relaciones sociales y aislamiento social (indicadores sobre relaciones en el hogar conflictivas, violentas y delictivas, falta de apoyo familiar, conflictos vecinales e institucionalización) (Fundación FOESSA, 2022a). Si bien estos indicadores cubren buena parte de los ámbitos considerados para dar cuenta de la multidimensionalidad y dinámica de la exclusión social (Vela-Jiménez & al., 2022; Vela-Jiménez & Sianes, 2021), la referencia temporal de los mismos no siempre es la misma. La mayoría de ellos están referidos al momento de la encuesta y los ingresos se cubren con la tasa AROPE del año anterior. Sin embargo, existen otros indicadores que plantean una referencia temporal más amplia para dar cuenta de situaciones prolongadas y que estigmatizan a algunas personas durante cierto tiempo (adicciones, violencia doméstica, etc.) (Fundación FOESSA, 2022a).

El informe FOESSA constituye, a nivel nacional y autonómico, uno de los esfuerzos más decididos por dar cuenta de las situaciones de exclusión social de forma multidimensional, utilizando indicadores que reflejan situaciones más allá de la carencia de ingresos o la privación material, e incorporando además el impacto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido sobre la población más vulnerable (Fundación FOESSA, 2022a). Sin embargo, cuando se quiere poner el foco en lo local para conocer de forma territorializada las situaciones de exclusión social, la escala geográfica más cercana que se encuentra en estos informes es el nivel de comunidad autónoma, provisto de datos a nivel hogar, obviando la información sobre el ámbito comunitario en el que viven las familias y/o individuos.

4.3. Principales mediciones empleadas a nivel sub-nacional (regional y/o local): aplicación en Andalucía

A nivel de comunidad autónoma, y en concreto en Andalucía, donde actualmente el 38,7% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social (EAPN Andalucía, 2021; INE, 2022), duplicando la media española, se encuentran los informes territorializados de EAPN, FOESSA y la desagregación por comunidades autónomas de la ECV del INE 2022 (INE, 2022). La actualización a 2022 y territorialización a nivel andaluz del Informe FOESSA ofrece una radiografía bastante completa de la exclusión social a nivel general en dicha comunidad (Fundación FOESSA, 2022b). Igual ocurre con los datos disponibles de la ECV del INE con la desagregación de estos por comunidad autónoma, donde las cifras muestran un panorama bastante desolador en Andalucía (INE, 2022).

El Informe andaluz de EAPN (2022) llama la atención sobre el aumento de las desigualdades sociales, señalando que los indicadores muestran un retraso importante, y creciente, en el cumplimiento de la Agenda 2030 (EAPN Andalucía, 2022). Para poder medir la evolución de la exclusión social en esta comunidad contempla, además del impacto de la COVID-19, la situación de la población en relación al Género (AROPE por sexo, violencia de género, mercado laboral, brecha salarial, trabajo en el hogar no remunerado y trabajadoras del hogar), Vivienda y Suministros (situación de la vivienda libre, en alquiler y Viviendas de Protección Oficial (VPO), hipotecas, lanzamiento y desahucios y suministros básicos), Infancia y Educación (pobreza infantil, nivel de formación, abandono escolar temprano), Empleo (nivel de los salarios, empleo temporal y tasa de paro), Fiscalidad (Producto Interior Bruto-PIB, renta media por persona y recaudación tributaria (EAPN Andalucía, 2022).

Este esfuerzo por incorporar otro tipo de dimensiones que complementen la tasa AROPE, permite recoger mejor la situación de exclusión social que enfrentan las personas en Andalucía. Sin embargo, a pesar de ello, se sigue observando que los indicadores utilizados por EAPN Andalucía para abordar otras dimensiones, siguen siendo en su mayoría cuantitativos además de insuficientes. Por ejemplo, la pobreza infantil se mide en relación con aquellos menores que viven en hogares con ingresos inferiores al 60% de la mediana (EAPN Andalucía, 2022). Esta cuestión ha sido ampliamente tratada en la literatura, señalando que la medición de la pobreza y exclusión social implica mucho más que la falta de ingresos económicos (Alkire & al., 2022; A. B. Atkinson, 1987; A. B. Atkinson & al., 2004; R. Atkinson & Zimmermann, 2018; Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; Nolan & Whelan, 2010; Rodero Cosano, 2015; Torres-Gutiérrez & García Herrera, 2016; Vela-Jiménez & al., 2022; Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023).

El Observatorio de la Desigualdad de Andalucía (ODA) elabora bianualmente, entre otros informes, un estudio que refleja el estado actual de las desigualdades en esta comunidad autónoma, cuya última edición disponible es la del año 2023 “V Informe” (ODA, 2023). Esta nueva edición del informe se estructura en 2 partes donde, por un lado, aborda de forma general las desigualdades socioterritoriales en Andalucía en relación a 4 indicadores (índice de formación, tasa de desempleo, nivel de renta e índice de envejecimiento); y, por otro lado, realiza un esfuerzo por acercar el foco al nivel más local, analizando las desigualdades sociales urbanas en 12 ciudades andaluzas con más de 100 000 habitantes. Para ello, utiliza la información que provee la sección censal, a partir de las fuentes estadísticas del INE, en base a 4 indicadores (índice de formación, tasa de desempleo, nivel de renta y razón de mortalidad) y una cartografía a escala municipal que refleja la importancia del territorio en la distribución y comportamiento de las desigualdades (ODA, 2023). Por último, se incluye un anexo estadístico que incorpora los indicadores y las bases de datos utilizadas, así como una comparativa de estos entre Andalucía, España y la Unión Europea. Los 23 indicadores utilizados se distribuyen en dimensiones tales como la tasa AROPE, la renta y desigualdad (renta por habitante, renta media por unidad de consumo, participación en los ingresos del 40% más pobre y desigualdad de la distribución de los ingresos: ratio S80/S20), el mercado laboral (tasa de paro, trabajadores pobres, salario medio anual, parados de larga duración y empleo involuntario a tiempo parcial), la educación (abandono escolar temprano, población con estudios superiores y jóvenes que ni trabajan ni estudian), la salud (esperanza de vida al nacer, tasa de obesidad, tasa de tuberculosis, sida y hepatitis) y el género (brecha salarial, brecha de empleo y mujeres dedicadas al cuidado) (ODA, 2023).

Este informe se realiza a través de datos secundarios, perteneciendo los indicadores utilizados a bases de datos disponibles en tres principales organismos públicos: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, INE y Eurostat. Esta información permite, por un lado, seguir la evolución temporal de dichos indicadores, y, por otro, hacer comparativas tanto con otras comunidades autónomas, a nivel estatal como europeo (ODA, 2023). A pesar del esfuerzo realizado en esta última edición por analizar las desigualdades socioterritoriales desde lo local, este informe vuelve a carecer de indicadores que superen las limitaciones que presenta la sección censal, ya que esta no muestra la realidad concreta de los barrios desfavorecidos, pues sus límites territoriales no siempre se corresponden con los de los barrios, que en ocasiones integran varias secciones censales.

Tras este análisis, se constata que estos informes sobre exclusión social tanto a nivel europeo, estatal o de comunidad autónoma, con algunas referencias a escala municipal, no incorporan un conocimiento suficiente para dar cuenta de la situación a la que se enfrenta la población en exclusión social cronificada desde hace más de cuatro décadas, a saber, la que reside en los barrios desfavorecidos. Sin embargo, estos mismos informes, como FOESSA o el del ODA, destacan la necesidad de prestar atención a las personas que residen en estos territorios específicos, ya que estas afrontan situaciones que inciden en un mayor grado de exclusión (Fundación FOESSA, 2022a, 2022b; ODA, 2023), sobre todo cuando actualmente la mayoría de la población mundial vive en ciudades, y un 25% lo hace en estos barrios.

4.4. Fuentes secundarias complementarias en la medición de la exclusión. Análisis aplicado al caso español y andaluz

Además de las métricas e indicadores anteriormente señalados, existen diversos esfuerzos en España por ahondar en el conocimiento de estas situaciones de vulnerabilidad urbana relacionada con buena parte de la población que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana1, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lleva a cabo diferentes estudios sobre este fenómeno en España a nivel de sección censal en todos los municipios de España. Este observatorio se compone de diversas herramientas para ello: así, destaca el Atlas de Vulnerabilidad Urbana2 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021a; Rodríguez-Suárez & al., 2021), una aplicación web que contiene información estadística para analizar variables de vulnerabilidad urbana con datos del Censo de Población y Vivienda del INE de los años 2001 y 2011, aunque no todos los datos están disponibles para ambos años. El Atlas genera mapas temáticos que se componen de diferentes indicadores a través de los cuales se construyen índices que ofrecen información a escala estatal, autonómica y municipal (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021b; Rodríguez-Suárez & al., 2021).

En total, la herramienta se compone de 24 indicadores de vulnerabilidad urbana expresados como datos relativos a través de porcentajes, 33 variables estadísticas complementarias que ofrecen valores absolutos, la renta de los hogares con datos de 2018 (renta media neta y nivel de ingresos en relación con la mediana), y una serie de indicadores complementarios también relativos a 2018 como son la población mayor de 18 y mayor de 65 años, el tamaño medio del hogar y hogares unipersonales. Los indicadores y variables de vulnerabilidad urbana se agrupan en 4 temas que abarcan información sobre vulnerabilidad sociodemográfica (5 indicadores y 8 variables, relativos a la población mayor, tipo de hogares unipersonales y monoparentales, población extranjera e infantil), vulnerabilidad socioeconómica (6 indicadores y 10 variables, referidos a la población en general y juvenil en desempleo, ocupados eventuales y sin formación, y población sin estudios), vulnerabilidad residencial (8 indicadores y 9 variables, orientados a dar cuenta de la situación de infra vivienda) y vulnerabilidad subjetiva (5 indicadores y 6 variables, referidos a cuestiones de ruidos exteriores, seguridad, contaminación, transporte y disponibilidad de zonas verdes) (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021b; Rodríguez-Suárez & al., 2021). De estos indicadores existen 3 que se consideran Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) (Ministerio de Fomento, 2016; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 2021b; Rodríguez-Suárez & al., 2021): porcentaje de población en paro, porcentaje de población sin estudios y porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo, que se sustituye para el año 2011 por el porcentaje de viviendas en edificios en estado de conservación ruinoso, malo o deficiente. A partir de los tres IBVU se construyen dos Índices de Desigualdad Urbana (sintéticos) a nivel estatal, de comunidad autónoma o municipal: Índice de Desigualdad Socioeconómica (IDS) e Índice de Desigualdad Urbana (IDU) (Ministerio de Fomento, 2016; Rodríguez-Suárez & al., 2021).

El propio proyecto del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana en España, y la herramienta para localizar las condiciones de vulnerabilidad urbana que supone el Atlas, son un claro esfuerzo por ir acercando el foco a cuestiones que sólo desde lo más micro pueden informar sobre las situaciones de exclusión en la que se encuentra realmente la población, para desde este nivel local construir las escalas más macro: estatal, regional o autonómica.

Para poder realizar análisis a nivel inferior del municipio con datos secundarios disponibles se suele recurrir a las secciones censales. Esta es la escala desde la que parte la información utilizada por el Atlas de Vulnerabilidad Urbana, que permite, uniendo varias secciones censales, conformar el territorio que abarcarían los diferentes barrios. Los indicadores se definen para dar cuenta de situaciones que en el ámbito urbano responden a un estado de vulnerabilidad: a nivel sociodemográfico aquella población susceptible de ser vulnerable. Para informar sobre la vulnerabilidad socioeconómica, se tienen en cuenta aquellos indicadores referidos al empleo o educación, para la vulnerabilidad residencial, se utilizan indicadores que dan cuenta de la cantidad de infravivienda, y para el área subjetiva, cuya propuesta resulta ser de gran importancia, pues recoge la percepción de las personas que viven en los territorios concretos, indicadores referidos a cuestiones que difícilmente se pueden medir con los datos estadísticos que generalmente se utilizan, como percepciones que atañen al ámbito comunitario.

Sin embargo, a pesar de ser una de las apuestas más cercanas para retratar la realidad de ámbitos urbanos concretos, utilizando indicadores subjetivos que ofrecen información sobre cómo las personas residentes los perciben, los indicadores utilizados no llegan a dar cuenta de la complejidad que supone la exclusión social (R. Atkinson & Zimmermann, 2018; Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; Rodríguez-Suárez & al., 2021; Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023). Tanto a nivel socioeconómico como residencial, los indicadores no abordan la diversidad de situaciones que también constituyen estas dimensiones, así como adolecen de otras que dan cuenta de la multidimensional de la exclusión, como son la salud y discapacidad, otras situaciones educativas más allá de la población sin estudios, cuestiones de seguridad, o indicadores referidos al ámbito comunitario, como la convivencia, el apoyo social, el acceso a los servicios y la participación social y política.

A nivel barrio, se encuentran pocas referencias que midan la exclusión social, cuestión sumamente importante puesto que, en el ámbito urbano, la existencia de los barrios desfavorecidos es una realidad histórica que viene agravándose cada vez más, sobre todo tras periodos de crisis sociales como la provocada por la COVID-19 (Alkire & al., 2021; EAPN Andalucía, 2022; Fundación FOESSA, 2022a). La multitud de informes y medidas referidas a la exclusión social de los territorios reflejan la importancia de la medición de la misma para poder revertir las situaciones de desigualdad. Centrarse en la situación específica de los barrios afectados por la persistencia de la exclusión social, favorece poner en marcha estrategias efectivas en base a la información territorializada. Esta preocupación existe en algunos estudios localizados en España. Así, a partir de los mismos indicadores que utiliza el Atlas de Vulnerabilidad Urbana, el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana en España realiza un Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España3 (Ministerio de Fomento, 2016; Rodríguez-Suárez & al., 2021), que dispone de herramientas tales como el Catálogo de Barrios Vulnerables4 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021c; Rodríguez-Suárez & al., 2021) y el Visor de Barrios Vulnerables5, una herramienta visual que alberga información sobre barrios vulnerables a nivel autonómico y provincial a través de datos referidos a los IBVU: nivel de estudios, tasa de paro y calidad de la vivienda. Estos indicadores se construyen con datos del Censo de Población realizado cada 10 años (el último disponible es el de 2011) (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021c).

Estas herramientas dan información sobre la vulnerabilidad urbana a nivel de barrio (Ministerio de Fomento, 2016; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021c; Rodríguez-Suárez & al., 2021). Tanto el Catálogo como el Visor de Barrios Vulnerables, suponen un esfuerzo para abordar de forma precisa la situación de vulnerabilidad que enfrentan estos territorios, visibilizando la cantidad de barrios desfavorecidos que existen en España. No obstante, al igual que el Atlas de Vulnerabilidad Urbana, de donde toma los Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (educación, paro y vivienda), las medidas que utiliza, además de estar referidas a periodos demasiado largos, con datos actualizados cada 10 años, no terminan de reflejar la multidimensionalidad de la exclusión social, dejando fuera otras muchas situaciones que son necesarias para conocer de forma eficaz la realidad que afecta a los barrios desfavorecidos (R. Atkinson & Zimmermann, 2018; Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; Rodríguez-Suárez & al., 2021; Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023).

Otro de los esfuerzos existentes que abordan la exclusión social a la que se enfrentan determinados barrios en España, es el Informe anual de Indicadores Urbanos del INE (INE, 2023). Este informe pertenece al Proyecto Europeo Urban Audit que recoge información sobre las condiciones de vida de los países de la Unión Europea, con la finalidad de recopilar datos estadísticos socioeconómicos para conocer y medir la calidad de vida en un determinado número de áreas territoriales propias del ámbito urbano (INE, 2023). Así, ofrece datos a nivel municipal sobre la renta media anual por habitante, indicadores municipales de paro y actividad, proporción de empleo industrial y servicios, esperanza de vida al nacer o la media de hijos por mujer referidos al año 2020 (INE, 2023). Por último, establece una subdivisión de las ciudades de España a través de los barrios con mayor y menor renta, y en cuyo último informe de 2023, con datos también del año 2020, señala que, entre los quince barrios con menor renta de España diez se encuentran en Andalucía (INE, 2023).

Este trabajo, si bien da cuenta de la situación de pobreza a escala de barrio a través de la renta media anual por habitante, adolece de una mirada multidimensional de la exclusión social puesto que los indicadores utilizados se refieren en su mayoría a indicadores económicos, exceptuando aquellos referidos a la esperanza de vida o la media de hijos por mujer, siendo una propuesta limitada si se quiere conocer, como se ha apuntado ya en casos anteriores, la calidad de vida de los diferentes territorios y la situación real de exclusión social que enfrentan los barrios desfavorecidos en el entorno urbano (Aguado-Moralejo & al., 2019; Bruquetas Callejo & al., 2005; Nel-lo & al., 2021; Torres-Gutiérrez & García Herrera, 2016; Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023).

A raíz del análisis presentado sobre las principales mediciones e informes que describen la exclusión social en diferentes niveles, se observa que, si bien abarcan dimensiones importantes, no abordan toda la complejidad que supone analizar la exclusión social entendida de forma multidimensional y territorializada. Los datos que se obtienen de este tipo de mediciones deben reflejar la vida real de las personas y el impacto diferencial de la exclusión social en cada territorio concreto. Las políticas correspondientes deben diseñarse en base a la incorporación de una medición territorializada y más cualitativa, con indicadores adecuados que midan las condiciones de vida de las personas que se encuentran en exclusión social, para de esta forma responder de forma efectiva a los retos de transformación social en los barrios desfavorecidos (R. Atkinson & Zimmermann, 2018; Blanco & al., 2022; Bruquetas Callejo & al., 2005; Palacios García, 2012; Pérez Eransus, 2016; Rodríguez-Calles & Estrada-Villaseñor, 2022; Vela-Jiménez & al., 2022; Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023).

En la Fig. 2 se detalla el resumen sobre la relación y adaptación de las mediciones e informes actuales con las necesidades de medición que plantean los barrios desfavorecidos. Por un lado, se identifica cuál es la unidad de análisis que debe tenerse en cuenta para recabar la información, si lo hacen a nivel de individuo/hogar y también a nivel social, incorporando así aquellos indicadores que provee el ámbito comunitario. Por otro lado, si son medidas que dan cuenta de la multidimensionalidad de la exclusión, si levantan la información a nivel de barrio y la temporalidad con la que lo hacen.

		UNIDAD DE ANÁLISIS		MULTIDIMENSIONALIDAD		TERRITORIALIZACIÓN		DINÁMICA
ÁMBITO	MEDICIÓN/ INFORME	NIVEL INDIVIDUO/ HOGAR	NIVEL SOCIAL	INDICADORES CUANTITATIVOS (MATERIALES)	INDICADORES CUALITATIVOS (PERCEPCIÓN)	NIVEL BARRIO	DIFERENTE PONDERACIÓN SEGÚN BARRIOS	TEMPORALIDAD
EUROPA	EU-SILC	X	X	X	X			Variables primarias: cada año Variables secundarias: cada 5 años
	INDICADORES LAEKEN	X		X				Carácter evaluativo PNIS
	TASA AROPE	X		X				Anual (año anterior a publicación)
ESPAÑA	INFORME EAPN-Estatal	X		X				Anual (año anterior a publicación)
	ECV INE-Estatal	X		X				Anual (año anterior a publicación / datos renta 2 años anteriores)
	INFORME FOESSA-EINSFOESSA-Estatal	X	X	X	X			Anual (datos año encuesta) AROPE e ingresos año anterior a encuesta; indicadores referencia temporal 10 años (adicciones, violencia doméstica, etc.)
COMUNIDAD AUTÓNOMA Andalucía	INFORME EAPN-Andalucía	X		X				Anual (año anterior a publicación)
	ECV INE-Andalucía	X		X				Anual (año anterior a publicación / datos renta 2 años anteriores)
	INFORME FOESSA-EINSFOESSA-Andalucía	X	X	X	X			Anual (datos año encuesta) AROPE e ingresos año anterior a encuesta; indicadores referencia temporal 10 años (adicciones, violencia doméstica, etc.)
	INFORME ODA	X		X				Bianual (último 2023)
MUNICIPIO Sección censal	ATLAS DE VULNERABILIDAD URBANA	X	X	X	X	Municipio-Sección censal		10 años (censo)
BARRIO Sección censal	ANÁLISIS URBANÍSTICO DE BARRIOS VULNERABLES	X		X		X		10 años (censo)
	CATÁLOGO DE BARRIOS VULNERABLES	X		X		X		10 años (censo)
	VISOR DE BARRIOS VULNERABLES	X		X		X		10 años (censo)
	INFORME INDICADORES URBANOS INE	X		X				Anual (datos 3 años anteriores)

Fig. 2 / Mediciones e Informes sobre exclusión social actuales vs necesidades de medición en los barrios desfavorecidos

Fuente: Elaboración propia

5. Hacia una propuesta de medición de la exclusión social adaptada a los barrios desfavorecidos

El sesgo que presentan las mediciones e informes para reflejar la multidimensionalidad de la exclusión social, y concretamente la laguna identificada en relación al conocimiento de la situación particular que enfrentan los barrios desfavorecidos, incide, por un lado, en un menor conocimiento de las realidades particulares que afectan a los territorios concretos; y, por otro, en la menor eficacia de las políticas destinadas a la transformación social de estos barrios. Todo ello, además, impacta en un desconocimiento de los retos que deben afrontar tanto los propios territorios, los agentes sociales, como las políticas dirigidas a romper la espiral de exclusión social en la que estas zonas urbanas se encuentran desde hace más de cuatro décadas.

Esta realidad lleva al imperativo de impulsar mediciones e informes territorializados a nivel de barrio (y de barrios). En estos contextos es necesario promover la utilización indicadores de pobreza y exclusión social convencionales cruzándolos con indicadores que den cuenta de las experiencias de las personas que viven en dicha situación. Para las personas y los barrios que se encuentran en situación de exclusión social, prevalecen cuestiones que les afectan en el día a día y que no son medibles con indicadores cuantitativos obtenidos a raíz de diversas fuentes estadísticas. Por ejemplo, para informar sobre la convivencia y cohesión social, que definen la vida comunitaria y que componen el nivel social de los barrios, es necesario contar con indicadores cualitativos que recojan las percepciones y actitudes que tienen las vecinas y vecinos hacia esta realidad (Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; Barañano-Cid & Uceda-Navas, 2021; Rodríguez-Calles & Estrada-Villaseñor, 2022; Sianes & Vela-Jiménez, 2020; Vela-Jiménez & Sianes, 2023).

Ampliar las medidas e indicadores hacia cuestiones comunitarias, reflejadas desde cada territorio concreto, tales como los recursos disponibles, las redes de apoyo, las relaciones y convivencia, resultan fundamentales para ahondar en el conocimiento de los problemas reales que afectan a estos barrios. Por tanto, la construcción de los indicadores y la información que recogen no deberían estar solo en manos de los expertos, sino que deben inscribirse en un debate político participativo a todos los niveles y que parta de cada territorio concreto (R. Atkinson & Zimmermann, 2018; Benegas Mateo & García-Castilla, 2023; Blanco & al., 2022; Barañano-Cid & Uceda-Navas, 2021; EAPN España, 2003; Rodríguez-Calles & Estrada-Villaseñor, 2022; Vela-Jiménez & al., 2022; Vela-Jiménez & Sianes, 2023).

Es necesario promover propuestas de medición de la exclusión social desde un enfoque multidimensional y local capaz de abordar los retos que se enfrentan. Además, este tipo de aproximaciones van a suponer una fuente de conocimiento y una guía para el análisis de la eficacia de las mediciones e informes dirigidos a abordar estas situaciones, pudiendo sustentar los desafíos que pretenden desarrollar las políticas e intervenciones sociales.

En base a la literatura científica relacionada con la cuestión aquí tratada (Atkinson & Zimmermann, 2018; Nel-lo & al., 2021; Vela-Jiménez & al., 2022; Vela-Jiménez & Sianes, 2021, 2023), este estudio plantea una propuesta basada en una serie de principios orientadores que deben incorporar cualquier medición de la exclusión social adaptada a los barrios desfavorecidos: unidad de análisis sobre la que levantar la información (nivel hogar/individuo y nivel social/comunitario); multidimensionalidad, incorporando tanto indicadores cuantitativos como cualitativos; territorialización a nivel de barrio y la temporalidad, priorizando estudios longitudinales y mediciones anuales.

Esta propuesta permite identificar la unidad de análisis sobre la que levantar los diferentes indicadores que van a informar de la situación de cada una de las dimensiones que conforman la exclusión social. Así mismo, puede llegar a conformar un índice específico en función de la realidad de cada barrio, ponderando las necesidades que se priorizan en cada territorio concreto, y permitiendo además monitorear la dinámica propia que experimenta este fenómeno. En la Fig. 3 se presenta esta propuesta de medición de la exclusión social multidimensional adaptada a los barrios desfavorecidos.