Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional

En torno a la ubicación constitucional del derecho a la vida familiar de los extranjeros

Juan Manuel López Ulla — 2024-07-04

El TC considera que los derechos a la vida familiar y a la reagrupación familiar no están protegidos por el art. 18.1 CE, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar, sino por el art. 10.1 CE, que garantiza el libre desarrollo de la personalidad, y por el art. 39.1 y 4, que ordenan la protección social, económica y jurídica de la familia. Esta jurisprudencia no coincide con la del TEDH, ni con la del TJUE, que por vía interpretativa reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la reagrupación familiar junto al derecho de toda persona «al respeto de su vida privada y familiar» (arts. 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos [CEDH] y 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [CDFUE]). Esta posición divergente, que prescinde del criterio hermenéutico que en materia de derechos ordena el art. 10.2 CE, presenta, no obstante, algunas fracturas que permiten pensar en una posible confluencia futura de esta doctrina.

Los problemas persistentes de la justicia constitucional chilena y los procesos constituyentes

Tania Busch Venthur — 2024-07-04

El artículo analiza el desarrollo de la jurisdicción constitucional chilena en el contexto de cambio constitucional en Chile. Con el objetivo de identificar los aprendizajes obtenidos de una década de deliberación constitucional, que ha dado lugar a tres procesos constituyentes y sus respectivos proyectos de nueva Constitución, se describe la evolución que ha tenido el Tribunal Constitucional chileno desde su incorporación en 1970 y durante la vigencia de la Constitución de 1980. Se evidenciará que el debate sobre una nueva Constitución se desarrollará en paralelo a la discusión sobre la crisis de legitimidad del Tribunal Constitucional chileno, identificando los problemas más relevantes a este respecto. Finalmente, se analiza cómo han sido abordados cada uno de estos en la organización y atribuciones de los tribunales constitucionales que contemplaron los proyectos de nueva Constitución de 2018, 2022 y 2023.

Debates en la teorización de los derechos de la infancia desde el enfoque de los derechos humanos

Luz Estela Tobón Berrio — 2024-07-04

El objetivo del artículo es exponer los debates en la fundamentación teórica de los derechos de los niños que obstaculizan la progresión en el reconocimiento de su capacidad en tanto actores en el plano social y jurídico. Se presenta un contexto sobre el reconocimiento de la dignidad humana del niño, tejido por la historiografía de la infancia. Luego, se exponen los debates acerca de la titularidad de derechos en cabeza de los infantes, enquistados en las principales teorías sobre la fundamentación de los derechos subjetivos; se suman las discusiones al uso del lenguaje de los derechos para referir la protección a la niñez. La crítica a cómo las teorías sobre los derechos no alcanzan hoy a fundamentar el desarrollo de los derechos de los infantes es un llamado a salir de la conformidad que la ‍‍Convención de 1989 produjo en la comunidad jurídica.

El proceso de amparo de los derechos en Cuba. Análisis crítico de sus bases constitucionales y legislativas

Jorge Olver Mondelo Tamayo — 2024-07-04

La Constitución de la República de Cuba de 2019 reformuló su catálogo de derechos, deberes y garantías, introdujo cambios considerables en su Constitución económica y reformó las estructuras del Estado y gobierno en los niveles nacional y local. Sin duda, una de las mayores novedades fue la incorporación de una garantía jurisdiccional de los derechos en su art. 99, un hecho sin precedentes en el constitucionalismo socialista cubano. Durante la reforma procesal, en los años posteriores, se aprobó la Ley 153, de 15 de mayo de 2022, del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales. Este trabajo realiza un análisis crítico de las bases constitucionales que justifican la necesidad de incorporar el amparo constitucional en Cuba, identificando las principales insuficiencias en su concepción desde la Constitución y su desarrollo normativo, con énfasis en lo relativo a la jurisdicción y competencia, la admisión, materias excluidas, las partes y el íter procesal.

Análisis comparado de los distintos enfoques regulatorios de la inteligencia artificial en la Unión Europea, EE. UU., China e Iberoamérica

María Pérez-Ugena Coromina — 2024-07-04

Este estudio lleva a cabo un examen comparativo del panorama regulatorio que rodea a la inteligencia artificial (IA) en Iberoamérica, la Unión Europea, los Estados Unidos de América y China. La investigación comienza con una introducción que describe las características definitorias de la IA e identifica los principios generales que deberían guiar su desarrollo. Estos principios sirven como ejes básicos para la creación de marcos jurídicos generales destinados a fundamentar posibles restricciones en esta tecnología con el fin de proteger los derechos humanos. El estudio subraya la necesidad de emprender acciones coordinadas a nivel internacional, en consonancia con los problemas que plantea la IA dentro de un contexto jurídico global.

AMIR AL HASANI MATURANO: Discurso del odio y libertad de expresión. Análisis del ámbito político y artístico, Cizur Menor, Aranzadi, 2023

Laura García Castillo — 2024-07-04

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR (coord.): La garantía jurisdiccional de la constitución. A cien años del Verfassungsgerichtshof Österreich, a cuarenta años del Tribunal Constitucional de España. XII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, M

Gunther Hernández Bernal — 2024-07-04

El derecho al matrimonio. Reflexiones críticas a las puertas de una década de la sentencia Obergefell vs. Hodges

Fernando Simón Yarza — 2024-07-04

Al aproximarse el décimo aniversario de la aprobación de Obergefell v. Hodges y el vigésimo de la Ley 13/2005, el presente artículo acomete una reflexión crítica e incisiva sobre el significado de la institución matrimonial como presupuesto del derecho fundamental al matrimonio. El autor se centra en el fundamento antropológico que explica la institución, tal y como ha sido entendida a lo largo de la historia de la cultura hasta tiempos relativamente recientes. Contrapone la «concepción conyugal» del matrimonio a lo que viene a denominar «concepción emotivista», a fin de demostrar por qué solo la primera justifica, en rigor, la existencia de una institución jurídica específica.

El patrimonio cultural de comunidades originarias

Claudia Beatriz Sbdar — 2024-07-04

Este trabajo pretende identificar los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina sobre protección del patrimonio cultural de las comunidades indígenas en la órbita del derecho constitucional al ambiente sano. Tal derecho ha sido reconocido en el art. 41 de la Constitución nacional, que además establece el deber de preservar el patrimonio natural y cultural enmarcado en el desarrollo sostenible, el que reclama la satisfacción del crecimiento económico y las necesidades actuales sin comprometer los recursos y capacidades de las generaciones futuras. El alcance del patrimonio cultural se ha modificado. Es entendido ahora como la representación de una identidad colectiva y de su desarrollo histórico, significado reconocido por la jurisprudencia de la corte argentina en el ámbito de la protección del ambiente y del respeto a la preexistencia étnica y cultural.

Caracterización y función del concepto jurídico de familia en la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena

Susan Turner Saelzer — 2024-07-04

El trabajo aborda las dificultades de conceptualizar jurídicamente la familia considerando la confluencia actual de diversos órdenes normativos (civil, constitucional e internacional), que inciden en la materia y que, además, operan en un contexto de cambios sociales. Ahonda en la comprensión que la Corte Suprema de Chile ha hecho de la familia en su jurisprudencia, concluyendo que, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ella ha optado por una interpretación dinámica y funcional a las particularidades del caso concreto, a la materia del conflicto y a la persona que solicita el amparo jurisdiccional. Con ello se aleja de la pretensión de fijar un concepto único y omnicomprensivo de familia.

La protección reforzada de la madre trabajadora en la jurisdicción constitucional peruana

Javier H. Spinoza Escobar, — 2024-07-04

A partir de diversas sentencias del Tribunal Constitucional peruano, se analiza su labor garantista de los derechos de las madres trabajadoras del ámbito público y privado. Se plantea que —caso a caso— ha cumplido un rol transformador de una realidad en la que, pese a los avances legislativos, la madre trabajadora continúa siendo un sujeto vulnerable. Para cumplir su rol protector y dotar de efectiva vigencia a los derechos fundamentales de la madre trabajadora ha recurrido a la cláusula constitucional de protección reforzada, ampliando al máximo posible los supuestos de protección, dada la vis expansiva de los derechos fundamentales de la maternidad y a una interpretación extensiva de las normas. También ha tomado en cuenta los tratados vinculados con la maternidad y la interpretación que de estos se ha efectuado; así como la experiencia comparada, a fin de idear soluciones concretas en busca de la igualdad real.

La jurisdicción «dirimente» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina

Ana María de la Vega Madueño — 2024-07-04

La jurisdicción «dirimente» que ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un mecanismo de solución de conflictos intrafederales diseñado por los constituyentes de 1853 a fin de evitar conflictos armados entre las provincias argentinas. Utilizada para resolver un conflicto sobre usos de un río interprovincial en 1987, en los últimos años es abierta para la gestión de conflictos ambientales derivados del ejercicio de facultades propias de las provincias sobre sus recursos naturales que afectan cuencas hidrográficas interjurisdiccionales y desafían el federalismo argentino. Es un proceso especial con amplias facultades de la Corte y el ejercicio predominante de funciones conciliatorias con la participación de entes interjurisdiccionales y en algunos casos con participación del Gobierno nacional como tercero interesado. Las resoluciones judiciales son de naturaleza exhortativa, aunque ante la falta de acuerdo deba decidir el derecho aplicable al conflicto al modo de la jurisdicción de las causas judiciales.