APROXIMACIÓN AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD EN EL SISTEMA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL COSTARRICENSE

1. El articulado de la Constitución de 1958[Subir]

De acuerdo con Pardo Falcón, el articulado de la Constitución hace referencia a la parte dispositiva del Texto Fundamental, sin tener en consideración el preámbulo. En efecto, aquella reúne el contenido más importante de los que integran el bloque de constitucionalidad en lo que atañe a la materia de organización y funcionamiento de las autoridades públicas. En este sentido, la mayor parte de las normas jurídicas que componen el articulado de la Constitución regulan las instituciones fundamentales del Estado y, en ese sentido, es particularmente relevante el título V: «Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement», en que se regula el funcionamiento del Parlamento ( ‍Pardo Falcón, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés, la Jurisdicción Constitucional en la Quinta República. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Pardo Falcón, 1990: 116-‍117). Dicho título ha sido utilizado por el Consejo Constitucional para controlar «la constitucionalidad de los reglamentos de las cámaras y de las leyes orgánicas, que se ocupan de tales instituciones, control que en ambos casos ha efectuado desde un primer momento, y que se ha ido sucediendo sin significativas variaciones cada vez que se ha producido alguna modificación de esas normas» (ibid.: 118)^‍‍[4]. Cabe mencionar que el Consejo Constitucional se compone de dos tipos de miembros; es decir, los designados por las autoridades constitucionales competentes y los miembros de derecho. Asimismo, el presidente del Consejo Constitucional es nombrado entre ambos tipos de miembros y tiene voto de calidad ( ‍Bon, P. (2002). A propósito del Consejo Constitucional Francés. En Memorias del Seminario de Justicia Constitucional y Derechos Humanos, homenaje al Dr. Rodolfo E. Piza Escalante. San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos.Bon, 2002: 399). En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 56 de la Constitución francesa^‍‍[5], los miembros designados son elegidos en forma discrecional por tres autoridades, el presidente de la República y los presidentes de las dos Cámaras legislativas, en tanto que los de derecho son aquellos que adquieren esa calidad en su condición anterior de expresidentes de la República ( ‍Pardo Falcón, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés, la Jurisdicción Constitucional en la Quinta República. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Pardo Falcón, 1990: 77)^‍‍[6]. Entre las normas constitucionales que con más frecuencia ha utilizado el Consejo Constitucional francés en el ejercicio de sus atribuciones, cabe mencionar las siguientes (de acuerdo con Pardo Falcón): el art. 64, que consagra el principio de independencia judicial y de la inamovilidad de los magistrados de carrera; el art. 65, que establece el principio de garantía de la libertad individual a cargo de la autoridad judicial; el art. 2.1, que alude al principio de indivisibilidad de la República; el art. 4, relativo al principio de la libre formación de grupos políticos; el art. 72.2, que proclama el principio de libre administración de las colectividades territoriales, y el art. 3.3, en que se reconoce el derecho de igualdad en el sufragio (ibid.: 118-119).

Finalmente, y de acuerdo con el mismo autor, han sido excluidas del bloque de constitucionalidad las siguientes disposiciones del articulado de la Constitución: 1 y de 77 a 88, los cuales han perdido su vigencia en cuanto se referían a la extinta Comunidad (ibid.: 119)^‍‍[7]. También menciona el autor que en algunas ocasiones el Consejo Constitucional ha preferido aplicar una disposición de la Declaración de 1789 sobre el texto de la Constitución, que puede tener un sentido similar, como es el caso del art. 2.1, en que se proclama el derecho de igualdad ( ‍Roussillon, H. (2004). Le Conseil Constitutionnel. Paris: Dalloz.Roussillon, 2004: 51).

2. El preámbulo de la Constitución de 1958[Subir]

De acuerdo con Rousseau, el valor normativo de la Declaración de 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946 han sido objeto de gran controversia doctrinal hasta el año 1971. Por un lado, Carré de Malberg y Eximen habían insistido en que esos textos no poseían ningún valor normativo, sino que suponían sendas declaraciones de buenas intenciones morales y filosóficas, de ahí que constituían, en su criterio, un texto literario más que un texto normativo ( ‍Rousseau, D. (2010). Droit du Contentieux Constitutionnel. Paris: Montchrestien. Rousseau, 2010: 92). Por el otro, varios autores han sostenido (entre ellos Hauriou y Duguit) que esas declaraciones sí poseen fuerza normativa y el mismo valor que el texto constitucional. Por esa razón, estos textos imponían el deber al legislador de respetar el contenido de sus disposiciones (op. cit.). En la actualidad, el preámbulo de la Constitución de 1958, en su primer párrafo, proclama lo siguiente: «Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droit de l’homme et aux principes de la souveranité nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétee par le préambule de la Constitution de 1946»

Sobre el contenido de esa disposición, autores como Pardo Falcón afirman que inicialmente estaba desprovisto de todo valor normativo y constitucional, de acuerdo con el Texto Fundamental de 1958. En palabras del autor:

En vista de que dicha tesis prevaleció de manera pacífica entre quienes redactaron la Constitución francesa de la V República, Pardo Falcón supone que ni el Comité ni el Gobierno consideraron necesario diseñar en el texto constitucional alguna disposición que excluyera expresamente del control de cons- titucionalidad la materia contenida en el preámbulo de la Constitución, como se verificó en la Norma Fundamental de 1946 (op. cit.)^‍‍[8]. Pues bien, tan pronto como las circunstancias políticas lo permitieron, el Consejo Constitucional atribuyó valor constitucional al preámbulo de 1946 mediante la famosa Decisión del 16 de julio 1971^‍‍[9], a la Declaración de 1789 mediante la Decisión del 27 de diciembre de 1973 y, de manera general, a todos los textos referidos en el preámbulo de la Constitución de 1958 ( ‍Rousseau, D. (2010). Droit du Contentieux Constitutionnel. Paris: Montchrestien. Rousseau, 2010: 94). Así, en la Decisión de 16 de julio 1971, el Consejo Constitucional se pronunció sobre una posible violación de la libertad de asociación y anuló una disposición legislativa por ser contraria a uno de los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República contenidos indirectamente en el mismo ( ‍Pardo Falcón, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés, la Jurisdicción Constitucional en la Quinta República. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Pardo Falcón, 1990: 122)^‍‍[10]. De acuerdo con Rivero, desde ese momento la Constitución francesa se ha duplicado en tamaño por la voluntad del Consejo Constitucional ( ‍Rivero, J. (1987). Le Conseil Constitutionnel et les Libertes. Paris: Économica.Rivero, 1987: 168), pues con la aludida decisión se integraron en el bloque de constitucionalidad no solo el preámbulo de 1958 propiamente dicho sino también otros textos jurídicos de contenido mucho más denso, como son: la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946 con los «principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República y los principios políticos económicos y sociales particularmente necesarios a nuestro tiempo a los que este último hace referencia» ( ‍Pardo Falcón, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés, la Jurisdicción Constitucional en la Quinta República. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Pardo Falcón, 1990: 122). De esta manera nació en el sistema francés un complejo sistema de fuentes constitucionales en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, no solo por su nomenclatura sino por los momentos históricos en que esos textos fueron redactados, que plantea severos problemas al intérprete y al operador jurídico en el momento de su aplicación (ibid.: 123). Sobre lo anterior, Rubio Llorente ha sostenido: «Ya esta integración en la Constitución de dos textos que responden a espíritus y concepciones muy distintos, y entre los que inevitablemente se producen antinomias, bastaría para hacer del bloc un cuerpo más bien deforme, junto al cual el Título I de nuestra Constitución pueda ser considerado, sin exageración, como un monumento de claridad cartesiana […]» ( ‍Rubio Llorente. F. (1997). La forma del poder: estudios sobre la Constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Rubio Llorente, 1997: 107).

Así, y siguiendo con el mismo autor, esta extensión de la noción de las normas constitucionales y su indefinición plantea en el sistema francés profundos problemas de interpretación, de manera que haría desplazar de los países con jurisdicción constitucional los temas clave del control, por el de determinar cuál es, a fin de cuentas, la norma constitucional con la cual debe ser valorada la conformidad del ordenamiento infraconstitucional, es decir, cuál es la norma constitucional que sirve como parámetro de control (ibid.: 107-108)^‍‍[11]. En consecuencia la expresión bloc de constitutionnalité no es para Rubio Llorente la denominación de una categoría, «sino el enunciado de un problema, y de un problema, además, que no hace referencia alguna, ni de lejos ni de cerca, a la función de delimitación competencial que realizan al menos parte de las normas (para algunos autores y en algunas sentencias del Tribunal Constitucional, todas las normas) que entre nosotros se consideran parte del bloque de la constitucionalidad» (ibid.: 108). Todas estas ideas son compartidas en esta investigación, de ahí que no sea posible equiparar la noción del bloque de constitucionalidad que se maneja en el sistema de justicia constitucional francés frente a la que se plantea en el ordenamiento jurídico español.

3. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789[Subir]

A pesar de que desde el año 1973 el Consejo Constitucional había afirmado que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 también integraba el bloque de constitucionalidad (particularmente, desde la D. 51DC de 27 de diciembre de 1973, así como en otras decisiones posteriores: D. 56.DC de 23 de julio de 1975, D. 67DC de 15 de julio de 1976, D. 83DC de 20 de julio 1977 y D. 101DC de 17 de enero de 1979), a finales de la década de los setenta se suscitó una discusión doctrinal entre quienes consideraban que la aludida declaración, en su totalidad, poseía valor constitucional y quienes se lo atribuían únicamente a determinadas disposiciones ( ‍Pardo Falcón, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés, la Jurisdicción Constitucional en la Quinta República. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Pardo Falcón, 1990: 123)^‍‍[12]. En este sentido, dicha polémica fue aclarada por el Consejo Constitucional, con la D. 132 DC de 16 de enero de 1982, en que afirmó: «Le peuple français a approuvé des textes conférant valeur constitutionnelle aux principes et aux droits proclamés en 1789»; lo anterior, sin hacer ningún tipo de distinción sobre las disposiciones de la Declaración, otorgándose pleno valor constitucional a sus normas (op. cit.)^‍‍[13]. De lo anterior, Favoreu ha concluido que «el lugar ocupado por la Declaración en el seno del bloque de constitucionalidad es, sin duda alguna, tan importante al menos como el de sus otros componentes, contrariamente a lo que se podría sostener antes de 1981-‍1982: el Consejo Constitucional, en su decisión de 16 de enero de 1982, ha confirmado que, a pesar de su edad, la Declaración de derechos del hombre tiene una fuerza, al menos igual a la del Preámbulo de 1946» ( ‍Favoreu, L. y Rubio Llorente F. (1991). El bloque de la constitucionalidad. En Simposium Franco-Español de Derecho Constitucional. Sevilla: Universidad de Sevilla; Civitas.Favoreu y Rubio Llorente, 1991: 27-‍28). De esta forma, el Consejo Constitucional francés ha declarado numerosas inconstitucionalidades por violación de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, convirtiéndose en el segundo instrumento más utilizado tras el propio texto del articulado constitucional y el primero en materia de derechos fundamentales y libertades públicas ( ‍Pardo Falcón, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés, la Jurisdicción Constitucional en la Quinta República. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Pardo Falcón, 1990: 123).

4. El preámbulo de la Constitución de 1946[Subir]

El Consejo Constitucional francés, en la D. 54 DC de 15 de enero de 1975, aplicó por primera ocasión los principios políticos, económicos y sociales particularmente necesarios en nuestro tiempo, recogidos en el preámbulo de 1946, y les otorgó rango constitucional. En la práctica, el Consejo Constitucional ha utilizado la expresión «principios enumerados en la Constitución de 1946» o la de preámbulo de la Constitución de 1946 para referirse a esta categoría (ibid.: 125)^‍‍[14]. De acuerdo con Pardo Falcón, en la decisión anterior (y, particularmente, en la D. 105 DC de 25 de julio de 1789, «droit de grèvè à la radio et à la televisión», que constituye la primera de anulación con base en alguno de estos principios), el Consejo Constitucional da por terminada la discusión y la corriente que imperaba en la doctrina francesa, en el sentido de negar el valor jurídico de las disposiciones del preámbulo de la Constitución de 1946. Lo anterior, teniendo en cuenta la imprecisión y la vaguedad de los principios que proclamaba el preámbulo (ibid.: 123).

5. Los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República[Subir]

Los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República constituyen una nueva categoría jurídica que ha adquirido valor constitucional por la mención que con respecto a ella realiza el preámbulo de la Constitución de 1946, tras la remisión efectuada con anterioridad por el preámbulo de la Constitución de 1958. Se trata, siguiendo a Pardo Falcón, de una remisión de segundo grado (ibid.: 128). De acuerdo con el mismo autor, la incorporación de estos principios en el preámbulo de la Constitución de 1946 constituye un logro de la derecha francesa, que tenía la intención de elevar a rango constitucional, por esa vía indirecta, la libertad de enseñanza, que con anterioridad no disfrutaba de ningún reconocimiento de derecho positivo. Por su lado, la izquierda acabó admitiendo la introducción del término, para lograr la aprobación del nuevo texto constitucional y bajo la consideración de que esa formulación sería considerada como un mero homenaje de los legisladores de la Tercera República, desprovista entonces de toda relevancia jurídica (ibid.: 128-129).

Sin embargo, y como se expuso con anterioridad, el Consejo Constitucional francés, en su D. 44DC de 16 de julio de 1971, anuló de una ley de asociación una disposición que contravenía el principio de la libertad de asociación, que provenía de otra ley sobre la misma materia del año 1901, al considerarla contraria a los principios fundamentales señalados en el preámbulo de 1946. Con posterioridad, en la D. 87DC de 23 de noviembre de 1977 el Consejo confirió el rango constitucional a la libertad de enseñanza y, con ello, confirmó las expectativas de sus valedores en el referido proceso constituyente (ibid.: 129).

Como se puede suponer, las decisiones del Consejo Constitucional tendentes a dotar de rango constitucional a los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República generaron gran polémica doctrinal y reiteradas inquietudes, en cuanto al alcance de esos principios, sus contenidos y, todavía más, su delimitación. Sobre el particular, Rivero formuló tres grandes preguntas: «Quelles République? quelles lois? que sont les principes fondamentaux?» ( ‍Rivero, J. (1987). Le Conseil Constitutionnel et les Libertes. Paris: Économica.Rivero, 1987: 265)^‍‍[15]. Abundando en esto, el mismo Rivero ha sostenido: «Des multiples questions que pose la promotion des «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » dans la hiérarchie des normes juridiques, deux son d’ores et déjà résolues. Et c’est précisément des réponses qu’elles ont reçues que découlent tous les problèmes qui restent à résoudre» (ibid.: 154).

Sobre los cuestionamientos anteriores, Rousseau considera que la decisión del Consejo Constitucional francés (D. 244DC de 20 de julio de 1988) aportó varios elementos para resolverlos ( ‍Rousseau, D. (2010). Droit du Contentieux Constitutionnel. Paris: Montchrestien. Rousseau, 2010: 95); tales cuestionamientos son:

En suma, y de acuerdo con Pardo Falcón:

Al respecto, Favoreu advierte sobre la poca importancia cuantitativa que tienen los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República en las decisiones del Consejo Constitucional francés (de acuerdo con el mismo autor, a fecha de 1989 la invocación de estos principios ante el Consejo Constitucional apenas representaba el 3,7 % de los casos planteados, en tanto que de los supuestos de anulación la utilización de esos principios apenas representaba el 4 % de los analizados). De ahí, considera este autor que tales principios apenas constituyen «elementos marginales del bloque de constitucionalidad» ( ‍Favoreu, L. y Rubio Llorente F. (1991). El bloque de la constitucionalidad. En Simposium Franco-Español de Derecho Constitucional. Sevilla: Universidad de Sevilla; Civitas.Favoreu y Rubio Llorente, 1991: 30).

Ahora bien, entre los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República que han sido desarrollados por el Consejo Constitucional francés, es preciso mencionar los siguientes: la libertad de asociación (D. 71-‍44DC de 16 de julio de 1971), los derechos de defensa (D. 76-‍70DC de 2 de diciembre de 1976), la libertad individual (D. 76-‍75DC de 12 de enero de 1977), la libertad de enseñanza (D. 77-‍87DC), la independencia de la jurisdicción administrativa (D. 80-‍119DC de 22 de julio de 1980), la independencia de los profesores de universidad (D. 83-‍165DC de 20 de enero de 1984), la competencia exclusiva de la jurisdicción administrativa en materia de anulación de actos de la autoridad pública (D. 86-‍224DC de 23 de enero de 1987), así como la autoridad judicial como guardiana de la propiedad privada (D. 89-‍256DC de 25 de julio de 1989) (ibid.: 32 y 33).

6. Los principios generales del derecho de valor constitucional[Subir]

Con esta categoría se hace referencia a los principios que han sido utilizados por el Consejo Constitucional para sustentar sus decisiones de manera directa, sin utilizar ningún texto constitucional. De acuerdo con Pardo Falcón, se trata de una expresión de origen doctrinal que sirve para aludir a los que el Consejo Constitucional ha empleado como «principios de valor constitucional» ( ‍Pardo Falcón, J. (1990). El Consejo Constitucional Francés, la Jurisdicción Constitucional en la Quinta República. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Pardo Falcón, 1990: 134-‍135). Entre los principios constitucionales que de acuerdo con el mismo autor pueden ser reconducidos a esta categoría, se podría mencionar los siguientes: el principio de separación de Poderes (D. 104DC de 23 de mayo de 1979), el principio de continuidad en el servicio público (D. 105DC de 25 de julio de 1979), y el derecho de defensa en materia penal (D. 182DC de 18 de enero de 1985 y D. 184DC de 29 de diciembre de 1984) (ibid.: 135). Cabe mencionar que el Consejo Constitucional francés también ha integrado en el bloque de constitucionalidad algunas disposiciones de rango infraconstitucional con motivo del control de los reglamentos de las Cámaras. Así se deduce con toda claridad del contenido de las decisiones D. 2 DC de 17, 18 y 24 de junio de 1959, D. 28 DC de 8 de julio de 1966, D. 37 DC de 20 de noviembre de 1969 y D. 86 DC de 3 de noviembre de 1977, en cuya razón incluyó dentro del bloque de constitucionalidad varias ordenanzas relativas a las condiciones de elegibilidad y a las incompatibilidades parlamentarias, así como sobre las materias reservadas a la ley ordinaria (ibid.: 142-143). También ha incluido el Consejo Constitucional francés en el bloque de constitucionalidad la Ordenanza Orgánica 59-‍2 de 2 de enero de 1959, relativa a las Leyes de Finanzas. En este sentido, y según lo ha sostenido el Consejo en la D. 8 DC de 11 de agosto de 1960, la aludida ordenanza forma parte del bloque en todos aquellos supuestos en que se discuta la constitucionalidad de ese tipo de leyes (ibid.: 142-142).

Una vez desarrolladas las disposiciones que de acuerdo con el Consejo Constitucional francés componen el bloque de constitucionalidad o el parámetro para juzgar la compatibilidad o la regularidad constitucional del ordenamiento jurídico, es preciso mencionar las disposiciones que han sido excluidas de la configuración francesa del bloque de constitucionalidad, a saber: el derecho internacional, tanto general como convencional; los reglamentos parlamentarios; la costumbre constitucional; las decisiones del Consejo Constitucional, y, por último, las leyes ordinarias y los principios generales del derecho de valor legislativo.

1. La Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949[Subir]

La Constitución Política de la República de Costa Rica fue promulgada el 7 de noviembre de 1949, y a la fecha lleva más de 50 reformas parciales. Sobre el particular, es evidente que el articulado de la Constitución constituye el primer elemento del bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico costarricense y, además, está dotado de plena normatividad, motivo por el cual es vinculante con respecto a los Poderes públicos.

Es claro entonces que en unos supuestos las disposiciones de la Constitución y su fuerza normativa se imponen de forma directa a las actuaciones y las omisiones de los Poderes constituidos, en otros casos es necesario realizar un proceso de concretización de las normas constitucionales a través de la interpretación, o bien un desarrollo legislativo ulterior con ese propósito. De ahí que no es similar la forma en que las distintas normas constitucionales vinculan a los Poderes constituidos. En consecuencia, los tribunales ordinarios, al resolver con autoridad de cosa juzgada formal y material un conflicto de intereses, aplican la ley y la Constitución, lo cual, lógicamente, implica un juicio previo de constitucionalidad y de convencionalidad sobre la norma legal que ha de ser interpretada en el caso particular. Dicho juicio preliminar se realiza con base en las disposiciones que en el ordenamiento jurídico costarricense integran el bloque de constitucionalidad. De esta forma, si la norma legal no supera el juicio preliminar de constitucionalidad o de convencionalidad realizado por el juez ordinario al pretender aplicar la ley, tiene la obligación de formular la consulta judicial de constitucionalidad como se ha comentado con anterioridad, de acuerdo con el art. 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para que sea la Sala la que determine si esa disposición finalmente lesiona o no el derecho de la Constitución. Lo anterior, teniendo en consideración que el art. 10 de la Constitución Política le atribuye el monopolio del rechazo a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para expulsar del ordenamiento jurídico toda disposición que vulnere el derecho de la Constitución. De otro lado, si los tribunales ordinarios, al efectuar el examen preliminar de constitucionalidad de las disposiciones legales, estiman que no lesionan el derecho de la Constitución, aplican al caso que deben juzgar tanto la Constitución como la ley, e incluso pueden efectuar una interpretación de la disposición legal conforme al derecho de la Constitución, siempre que no desborde los límites del mismo texto legal. De modo que la eficacia directa e inmediata del derecho de la Constitución supone, en palabras del magistrado Jinesta Lobo:

En todo caso, a todas luces es evidente la manera en que el derecho de la Constitución vincula la actividad de los órganos jurisdiccionales y de todas las autoridades públicas. En unos casos se impone de manera directa frente a la actuación de los Poderes públicos, en otros, precisa de un desarrollo normativo ulterior que dote a los preceptos constitucionales de eficacia plena. En estos últimos supuestos, la inactividad de los Poderes públicos en desarrollar los preceptos constitucionales de ejecución o de eficacia diferida puede dar lugar a una inconstitucionalidad por omisión, total o parcial, lo cual ha sido plenamente admitido en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (fundamentalmente a partir de la conocida sentencia 2005-‍05649, de 11 de mayo, en la cual se resolvió la acción de inconstitucionalidad planteada contra la omisión del legislador de dotar de eficacia plena los mandatos establecidos en los arts. 105 y 123 de la Constitución Política, así como el transitorio único de la Ley 8281, de 28 de mayo de 2002, por cuyo medio se reformó parcialmente la Constitución para implementar varios mecanismos de democracia participativa —iniciativa popular y referéndum—, estableciéndose el plazo de un año para dictar las leyes de desarrollo, así como en la doctrina). Al respecto, si bien algún sector doctrinal se ha levantado contra la posibilidad de la Sala Constitucional (y, en términos más generales, de los tribunales constitucionales) de controlar la inactividad de las autoridades públicas que vulnera el derecho de la Constitución, por el contrario, en esta investigación se ha defendido que supone el mayor alcance del principio de supremacía de la Constitución. En este orden de ideas, Villaverde Menéndez ha sostenido sobre las tesis que han criticado el control de inconstitucionalidad por omisión que eluden «la más intensa legitimidad democrática del legislador puede explicar su preeminencia entre los Poderes del Estado y la superioridad de la ley respecto de las demás formas jurídicas del concreto ordenamiento jurídico, pero no ya su relación con la Constitución, regida únicamente por la supremacía normativa de esta última» ( ‍Villaverde Menéndez, I. (1997). La inconstitucionalidad por omisión. Madrid: McGraw-Hill. Villaverde Menéndez, 1997: 10). Es muy claro entonces que el legislador, al igual que los otros Poderes públicos, es un Poder constituido y, por ello, sus actos y sus omisiones son susceptibles de control por el Tribunal Constitucional, que lógicamente puede declararlos inconstitucionales si infringen un precepto de la Norma Fundamental. Cabe mencionar que la Constitución Política de la República de Costa Rica está integrada por XVIII títulos más las disposiciones transitorias^‍‍[16].

A diferencia del sistema francés, el preámbulo de la Constitución Política de la República de Costa Rica^‍‍[17] no está provisto de carácter normativo ni integra o compone el bloque de constitucionalidad. A lo sumo podría servir al juez constitucional como criterio de interpretación de las normas constitucionales (como cualquier otro método o criterio de interpretación: histórico, sistemático, literal, de concretización) y de los demás elementos que conforman el derecho de la Constitución. Además, la Constitución Política costarricense contiene una parte dogmática, de reconocimiento de los derechos fundamentales de que goza todo particular por su condición de ser humano, que no es taxativa y, por el contrario, es completada con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que son directamente exigibles ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, mediante un recurso de amparo, o de habeas corpus, o por las diferentes alternativas de control de constitucionalidad, y que incluso la jurisprudencia de la Sala Constitucional les ha otorgado valor supraconstitucional si confieren mayores garantías o mayor nivel de tutela que la propia Constitución. Pero también está conformada la Constitución por una parte orgánica, en que se establece la configuración constitucional de los principales Poderes públicos. Entre los principios generales que informan el texto de la Constitución es posible mencionar los siguientes: el principio republicano, el principio democrático y el respeto de todos los valores que integran la dignidad humana.

Así, la Asamblea Legislativa es un órgano unicameral y se compone de 57 diputados, los cuales tienen ese carácter por la Nación y son elegidos por provincias. De esta forma, los diputados permanecen en sus cargos por períodos de cuatro años y no pueden ser reelectos en forma sucesiva^‍‍[18]. Entre las funciones más importantes que la Constitución Política de la República de Costa Rica le asigna al Poder Legislativo, es preciso mencionar la de control político, así como la de dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones. Por su lado, en lo que atañe a la Jefatura del Estado y al Poder Ejecutivo, es preciso mencionar que es un órgano compuesto, que está integrado por cuatro órganos constitucionales, a saber, el presidente de la República (quien es jefe del Estado y jefe del Gobierno), los ministros de ramo, el Consejo de Gobierno y el Poder Ejecutivo en sentido estricto (entiéndanse el presidente de la República y el ministro de ramo correspondiente). De este modo, las funciones de quien ejerce la presidencia de la República han sido contempladas en el art. 139 de la Constitución Política^‍‍[19], mientras que los requisitos para ocupar ese cargo han sido contemplados en el art. 131 de la Constitución Política^‍‍[20]. Por su parte, en lo que atañe a la figura del Poder Ejecutivo en sentido estricto (es decir, a la conjunción del presidente de la República y su ministro de ramo), sus funciones han sido contempladas en el art. 140 de la Constitución. De lo anterior, fácilmente se deduce que la Constitución Política costarricense ha preferido encomendar la mayor parte de las funciones que normalmente corresponden al Ejecutivo al órgano denominado Poder Ejecutivo en sentido estricto. De tal manera que, por ejemplo, si en la adopción de un decreto ejecutivo adoptado con arreglo al art. 140 inciso 3) de la Constitución Política^‍‍[21] se omitiese la firma del ministro de ramo que debía suscribir ese acto con el presidente de la República, ello necesariamente produciría la inconstitucionalidad del decreto en cuestión. Sobre los otros órganos que según la Constitución integran el Poder Ejecutivo también se recogen en la misma los requisitos que deben reunir los ministros, así como las funciones propias del Consejo de Gobierno.

Asimismo, el art. 152 de la Constitución Política de la República de Costa Rica señala que el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley. Sobre el particular, el art. 154 constitucional establece que solo está sometido a la Constitución y a la ley. Además, y bajo la observancia del principio de independencia jurisdiccional, ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas pendientes ante otro, y solo se pueden solicitar los expedientes ad effectum videndi. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ámbito judicial, y está conformada por veintidós magistrados, divididos en cuatro salas: cinco en la Sala Primera (que conoce asuntos civiles y contencioso-administrativos), cinco en la Sala Segunda (que conoce asuntos laborales y de familia), cinco en la Sala Tercera (que conoce asuntos penales) y siete en la Sala Constitucional^‍‍[22].

Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 99 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido. De esta forma, los magistrados de ese tribunal están sujetos a las condiciones de trabajo, y al tiempo mínimo de labor diaria que indique la Ley Orgánica del Poder Judicial para los Magistrados de la Sala de Casación, y percibirán las remuneraciones que se fijen para estos. Además, duran en sus cargos seis años, y gozan de las inmunidades y prerrogativas que corresponden a los miembros de los Supremos Poderes^‍‍[23]. Por otra parte, es preciso resaltar lo dispuesto por el art. 103 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en el sentido de que las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso, salvo la acción por prevaricato.

2. Las disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa que establecen trámites sustanciales en el procedimiento de formación de las leyes[Subir]

Ahora bien, en el ordenamiento jurídico costarricense el procedimiento de formación de las normas con rango de ley ha sido contemplado en los arts. 123 a 129 del Texto Fundamental, y es desarrollado por las disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa. En este sentido, el art. 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en su inciso c), establece la posibilidad de entablar una acción de inconstitucionalidad contra una ley cuando durante su proceso de formación se haya violado algún requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución o en el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

De lo anterior se infiere, con toda claridad, que las disposiciones del Reglamento aludido eventualmente integran el derecho de la Constitución, si dentro del procedimiento legislativo establecen un trámite sustancial en el cual se desarrolle algún principio fundamental contemplado en la Constitución, como son los casos del principio democrático, el de respeto de las minorías, o publicidad, entre otros^‍‍[24].

Del contenido de la sentencia transcrita, claramente se deduce que las disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa constituyen parámetro de constitucionalidad si establecen algún trámite sustancial en el procedimiento de elaboración de las leyes o si desarrollan algún principio fundamental previsto en la Constitución como el democrático y el de publicidad.

3. Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos[Subir]

A diferencia de los criterios sostenidos sobre el particular por el Consejo Constitucional francés y el Tribunal Constitucional español, en el sentido en que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no integran el parámetro o bloque de constitucionalidad, en el ordenamiento jurídico costarricense, en cambio, dichos instrumentos constituyen verdaderas reglas jurídicas y son utilizados por la Sala Constitucional para valorar la conformidad de una disposición infraconstitucional con respecto al derecho de la Constitución.

Lo anterior es posible en virtud de una interpretación que sostiene que tales instrumentos, a diferencia de otras normas y reglas del derecho internacional, no tienen únicamente un valor superior a la ley de acuerdo con el art. 7.° de la Constitución Política de la República de Costa Rica, sino que sus disposiciones, en la medida en que brinden mayor cobertura o tutela de un determinado derecho, deben prevalecer sobre estos. De esta forma, lo que ha realizado la Sala Constitucional es una construcción a partir de los alcances del art. 48 de la Constitución Política (en cuya razón es posible plantear un recurso de amparo no solo por la vulneración de un derecho consagrado en la Constitución Política, sino también en un instrumento internacional sobre los derechos humanos), lo cual ha sido desarrollado por la Sala en reiteradas ocasiones^‍‍[25].

Cabe mencionar que los demás instrumentos internacionales, eventualmente, pueden ser utilizados por la Sala Constitucional como parámetro de constitucionalidad, sin que por ello integren el derecho de la Constitución o el bloque, teniendo en consideración lo dispuesto por el art. 73 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece la posibilidad de entablar una acción de inconstitucionalidad cuando alguna ley o disposición general infrinja el 7 párr 1.º de la Constitución, justamente por oponerse a un tratado público o convenio internacional^‍‍[26].

De otro lado, en lo que atañe al valor vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Constitucional, tras una serie de fallos donde se negaba a admitir ese carácter, por medio de la sentencia No. 2014-‍12703, de 1 de agosto, puso de manifiesto la fuerza vinculante de estos precedentes, aunque la República de Costa Rica no sea parte del litigio que se trate, con sustento en la siguiente argumentación:

Dicho criterio, que no es compartido por todos los magistrados titulares que actualmente integran la Sala Constitucional, ha servido de base para afirmar el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte IDH, sobre todo en aquellos casos en que la República de Costa Rica no es parte. Así, en el caso concreto, la Sala Constitucional se valió de los alcances de la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, senten- cia de 24 de febrero de 2012, en cuanto a la prohibición de discriminar en razón de la orientación sexual, y se obligó al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica a extender a la pareja del recurrente el carné para el ingreso y uso de las instalaciones de esa corporación profesional y, en caso de presentar las gestiones concretas, tramitar lo correspondiente para que pueda incluirlo como beneficiario de la póliza de vida y asegurado en las pólizas de los seguros voluntarios.

Cabe mencionar que con esta decisión la Sala Constitucional modificó el criterio vertido en la sentencia No. 2012-‍5590, de 2 de mayo de 2012, dictada en la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento de Salud de la Caja Costarricense de Seguro —norma que definía como beneficiaria del seguro de salud a aquella persona de sexo distinto—, en donde la mayoría de la Sala consideró que no resultaba aplicable al tema del aseguramiento para parejas del mismo sexo lo resuelto en la sentencia dictada por la Corte IDH. Sobre el particular, aunque compartimos sin duda los alcances del fallo No. 2014-‍12703, de 1 de agosto, sobre todo en lo que respecta a la aplicación de la sentencia de la Corte IDH en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, de 24 de febrero de 2012, sí nos parece conveniente proceder con cautela en esta materia, vigilar la jurisprudencia de la Corte IDH, y aplicarla en nuestro país solo si, en aplicación del principio pro homine, el estándar convencional es superior al nacional con respecto a determinado derecho. Es lógico entonces que ello depende, ciertamente, de la ponderación que realice el Tribunal Constitucional en determinado conflicto de derechos, con lo cual el principio de autocontención debe encontrarse de manera permanente en el actuar de los jueces constitucionales, quienes son los únicos facultados para expulsar del ordenamiento jurídico costarricense, con efectos erga omnes, una norma con rango de ley que se estime inconvencional, es decir, contraria al derecho de la Constitución o al bloque de constitucionalidad y de convencionalidad.