El presente artículo intenta definir las principales notas características del llamado «derecho humano a la verdad», el cual viene siendo construido jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus sentencias recaídas sobre los casos de desapariciones forzadas ocurridas en contextos de posconflicto. De esta manera, con base en la revisión y el análisis de veintisiete sentencias del mencionado tribunal internacional, en las cuales la Corte IDH brinda una visión fragmentada del derecho a la verdad, se buscará construir una imagen sistemática de este. Así pues, se intentará evidenciar el impacto del «derecho a la verdad» sobre los sistemas judiciales y los ordenamientos jurídicos nacionales de los países iberoamericanos, especialmente en Perú y Guatemala. Finalmente, a partir de estos casos se inferirá que, en la configuración de este mencionado derecho, la Corte IDH ha sido influenciada, a su vez, por los parámetros de la justicia transicional que desborda la tradicional visión punitiva de la justicia penal, a través del uso de mecanismos judiciales y parajudiciales basados en una visión centrada en las ideas de víctima y sufrimiento.
This article attempts to define the main characteristic notes of the so-called «human right» to the truth, which has been jurisprudentially constructed by the Inter-American Court of Human Rights through its rulings on cases of forced disappearances that occurred in post-conflict contexts. In this way, based on the review and analysis of twenty-seven rulings of the aforementioned international court, in which the Inter-American Court provides a fragmented vision of the right to the truth, we will seek to build a systematic image of it. Thus, an attempt will be made to demonstrate the impact of the «right to the truth» on the judicial systems and national legal systems of Ibero-American countries, especially in Peru and Guatemala. Finally, from these cases it will be inferred that, in the configuration of this aforementioned right, the Inter-American Court has been influenced, in turn, by the parameters of transitional justice that goes beyond the traditional punitive vision of criminal justice, through of the use of judicial and parajudicial mechanisms based on a vision centered on the ideas of victim and suffering.
El derecho a la verdad reconocido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) encuentra uno de sus antecedentes en el derecho internacional humanitario (DIH), sobre todo en el deber del Estado de buscar a los combatientes enfermos, heridos y muertos reconocido en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y en el Protocolo Adicional I de 8 de junio de 1977, que reconoce el derecho de sus familiares a saber su suerte, los cuales estaban destinados a regular la búsqueda y recolección de combatientes heridos
Sin embargo, un hito trascendental será la Resolución II de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1981), porque da un paso adelante en el reconocimiento del derecho a la verdad mediante el establecimiento de un vínculo estrecho entre el derecho que tienen las familias de una víctima de desaparición forzada con los derechos a la vida, la libertad y seguridad personales, a no ser sometido a tortura
Por consiguiente, dentro del marco del derecho internacional humanitario (DIH), tanto el deber del Estado de buscar a los combatientes enfermos, heridos y muertos reconocido en los Convenios de Ginebra de 1949, como el derecho de sus familiares a saber el destino de aquellos, establecido en el Protocolo I Adicional de los Convenios de Ginebra, constituyen los antecedentes jurídicos más próximos a la conceptualización del derecho a la verdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, a diferencia del «derecho a saber» del DIH, el derecho a la verdad adquiere una teleología particular, por causa de las circunstancias sociales e históricas que rodean y motivan su surgimiento en América Latina.
Ahora bien, es importante diferenciar los términos «guerra» y «conflicto armado interno»; más aún debido al escenario especial de violencia en el que se inscribe su gestación y que enmarca los contextos de transición democrática en América Latina. En este sentido, es necesario indicar que, mientras que la guerra es un concepto con una connotación política, el de «conflicto armado interno» posee una connotación jurídica.
Así pues, la guerra es un concepto con una connotación política e histórica muy fuerte
Así pues, es necesario insistir en el esclarecimiento de las definiciones relacionadas con la descripción del fenómeno de violencia que enmarca el origen del derecho a la verdad en América Latina; es decir, del contexto de guerra en el que se produjeron los casos de desapariciones forzadas que han sido conocidos por la Corte IDH y sobre los cuales ha construido, progresiva, aunque no sistemáticamente, una idea de derecho a la verdad.
En este sentido, la literatura especializada coincide en que, después de la Segunda Guerra Mundial, «el Estado ha perdido el monopolio de hacer la guerra y ahora se enfrenta a actores no estatales que no solo hacen la guerra, sino que inclusive pueden ganarle la guerra al Estado»
Como consecuencia de la connotación política del concepto «guerra», el DIH prefiere el uso del término «conflictos armados». Al respecto, hay que subrayar lo indicado, por un lado, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto de lo que no es conflicto armado interno
Ahora bien, el DIH distingue entre conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales (también llamados conflictos armados internos): mientras que estos «surgen en el territorio de un Estado y puede ser protagonizado por grupos armados organizados que luchan entre sí o contra fuerzas armadas estatales, con un nivel de violencia que sobrepasa los actos aislados o esporádicos de violencia»
Cabe agregar que, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, esta distinción permite determinar la aplicación del DIH ante un conflicto armado internacional, mientras que su implementación en un conflicto armado interno es mucho más limitada
Por consiguiente, mientras que el derecho a saber, reconocido en los Convenios de Ginebra y en su Protocolo Adicional I, posee como ámbito de aplicación los conflictos armados internacionales, el derecho a la verdad, construido jurisprudencialmente por la Corte IDH, tiene como ámbito de aplicación los conflictos armados internos; por lo que, en aras de alcanzar los objetivos planteados en este artículo, el término «conflicto armado interno» es el apropiado para hacer referencia a los episodios de violencia que enmarcan los casos de desapariciones forzadas ocurridas en América Latina, a partir de los cuales la Corte IDH ha empezado a edificar el derecho a la verdad desde que emitió su primera sentencia en el año 1988 sobre el caso
El siguiente paso para el estudio del derecho a la verdad consiste en determinar cuál es su naturaleza jurídica. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no ha desarrollado una idea sistematizada del derecho a la verdad; por ejemplo, respecto de la posición del derecho a la verdad dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). En este sentido, la Corte IDH sitúa el derecho a la verdad dentro del derecho al esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, y del derecho al acceso a la justicia, los cuales no están explícitamente recogidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, la Corte IDH también ha dejado notar que el derecho a la verdad se encuentra relacionado con tres derechos convencionales: el derecho a las garantías judiciales (art. 8), a la protección judicial (art. 25), así como el derecho a la libertad de pensamiento y expresión (art. 13), aunque este derecho convencional es citado en menor medida que los dos anteriores.
Esta noción del derecho a la verdad ha sido recogida por el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006)
Hay que destacar que, en el párrafo 28 del precitado informe se advierte una confluencia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos, alrededor de la argumentación del derecho a la verdad como derivado del derecho al recurso efectivo
Por lo tanto, a efectos de tomar posición en este debate, en esta investigación se afirmará que el derecho a la verdad, según se puede inferir de las sentencias de la Corte IDH sobre los casos de desapariciones forzadas, brinda a las víctimas y a sus familiares el recurso para reclamar al Estado el cumplimiento de su deber de investigar la verdad judicial y la verdad histórica vinculada a eventos de graves violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, en adelante, esta investigación asumirá que el derecho a la verdad está compuesto de tres presupuestos: a) el deber de investigar; b) la verdad histórica; y c) el sufrimiento de las víctimas.
El deber de investigar es la base del derecho a la verdad, y está referido no a cualquier derecho humano que haya sido objeto de vulneración por parte del Estado, sino a los derechos de libertad individual, vida e integridad física y psicológica. Así, también, debe suponer «una afectación manifiesta» de los derechos humanos. Asimismo, su naturaleza jurídica posee cuatro características: convencionalidad, carácter
En cuanto a su carácter convencional, si bien el deber de investigar no está reconocido explícitamente en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), la Corte IDH ha señalado que se desprende del deber de garantía y de respeto establecido en el art. 1.1. de dicho instrumento internacional
Por otro lado, respecto a su carácter de norma
Asimismo, en virtud de su continuidad, el deber de investigar subsiste mientras el objeto de la investigación —el paradero de la víctima o la ubicación de sus restos— permanece incierto
Además, el principio de debida diligencia informa al Estado la manera en que debe producirse el cumplimiento de su obligación de indagar el paradero de la víctima o la ubicación de sus restos (en caso de su fallecimiento), así como las circunstancias que rodean a su desaparición, particularmente, en torno a aquellas que permitan identificar y procesar judicialmente a las personas penalmente responsables
Veamos ahora las formas en las que el Estado infringe su deber de investigar, conforme puede desprenderse de la vasta jurisprudencia de la Corte IDH en materia de desapariciones forzadas.
La primera está relacionada con las situaciones en las cuales autoridades estatales, especialmente aquellas que pertenecen al sistema de justicia y al cumplimiento de la ley
La segunda está referida a las situaciones en las cuales dichas autoridades estatales realizan las mismas conductas con la finalidad de ocultar o de hacer desaparecer los restos humanos de víctimas («cuerpo del delito») de desaparición forzada; aunque este supuesto también resulta extensible a casos relacionados a otro crimen similar. Por ejemplo, la inhumación de cadáveres para su incineración. Son conductas que recaen sobre los restos de la persona.
La tercera corresponde a las situaciones en las cuales las autoridades estatales realizan conductas que contribuyen a impedir, dilatar, entorpecer el inicio o la continuación de las investigaciones o, en su defecto, a favorecer irregularmente su archivamiento o a contribuir a la generación de una cosa juzgada fraudulenta. Este es el caso de autoridades estatales que, siendo competentes, se niegan a recibir demandas de
La cuarta está vinculada a situaciones en las que el inicio o la continuación de la investigación se frustra por causa del marco legal o institucional, o aquella se realiza sin las garantías judiciales mínimas. El ejemplo más significativo son las leyes de amnistía, pero también la atribución del conocimiento de casos de desapariciones forzadas y otros delitos a la competencia de tribunales militares. Se trata de una situación fáctica generada por el marco legal e institucional en el que se enmarca la investigación y que le es adversa, pues la desincentiva.
Por lo tanto, el deber de investigar ha sido entendido por la Corte IDH como la investigación enmarcada dentro del ámbito judicial. Asimismo, este deber de investigar se quebranta mediante conductas que pueden recaer sobre: a) la persona viva víctima de desaparición forzada u otro crimen internacional; b) los restos desaparecidos de la víctima fallecida; c) la propia investigación; y d) sobre el marco legal institucional en el que se inscribe la investigación, lo que, a su vez, impide la determinación de la ubicación de la víctima, su identificación, así como la posibilidad de proseguir un proceso judicial para determinar las responsabilidades jurídicas de los perpetradores de crímenes internacionales y su sanción.
Al respecto, es importante subrayar que la Corte IDH considera el deber de investigar como una obligación de medios y no de resultados
Recapitulando, el deber de investigar opera sobre dos espacios de acción, la víctima y la persecución de los responsables de su desaparición forzada
Efectivamente, para lograr la ampliación del contenido del derecho a la verdad, la Corte IDH atribuye al deber de investigar una segunda finalidad: la verdad histórica. Así, el deber de investigar, en tanto norma
En este sentido, a lo largo de toda la jurisprudencia emitida por la Corte IDH se advierten cuatro ejemplos de marcos legales e institucionales que desincentivan el cumplimiento del deber de investigar: las leyes de amnistía, la falta de tipificación del delito de desaparición forzada, la prescripción penal y la intervención de la jurisdicción militar
Para efectos académicos, se han organizado estos cuatro supuestos de mayor a menor gravedad, según el carácter del cuestionamiento al deber de investigación y al efecto que acarrea sobre este.
El primer obstáculo es el principio de legalidad interpretado bajo una perspectiva reduccionista, la cual pretende cuestionar la antijuricidad o desvalor de aquellos actos que no se encuentran tipificados como crímenes internacionales. Se trata de poner en entredicho la propia existencia del deber de investigación, pues implica e incentiva la omisión total del deber de investigar, aunque no exime de cumplirlo.
Sin embargo, la Corte IDH ha criticado esta postura y ha señalado que «el principio de legalidad no debe perjudicar el juzgamiento y la sanción de los actos que, al momento de su comisión, ya constituían delitos según los principios generales de derecho reconocidos por la comunidad internacional»
En cuanto al segundo obstáculo, la Corte IDH ha adoptado una postura contraria a que los graves atentados contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas militares y policiales sean sometidos a conocimiento de tribunales militares o policiales, toda vez que no garantizan la imparcialidad e independencia necesaria para su investigación y juzgamiento; por lo que deben ser de conocimiento del fuero común.
Respecto del tercer y cuarto obstáculos, la prescripción de la acción penal y las leyes de amnistía pueden suponer un desafío constante al deber de investigar al pretender transformarlo, mediante el principio de legalidad formal, en el deber de no investigar. No obstante, cada obstáculo obedece a una razón distinta: la prescripción, a una voluntad de la ley, y las leyes de amnistía, a una voluntad política.
De esta manera, el deber de investigar encuentra su fundamento jurídico en el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos reconocido en el art. 1.2. de la CADH.
Por otro lado, resulta evidente que el deber de investigar es una característica que emparenta al derecho a la verdad con otros derechos que busca hacer cumplir, tales como el derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, etc. En tal sentido, se puede considerar al deber de investigar como el origen de los derechos a que se investigue, procese y sancione a los responsables de crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas, es decir, derechos que están relacionados con la debida administración de la justicia y la búsqueda de la verdad judicial.
No obstante, desde ya es posible adelantar que el derecho a la verdad trasciende la verdad judicial, pues, al ser una idea tributaria de la justicia transicional, aspira a alcanzar la verdad histórica considerando como punto de partida el sufrimiento de la víctima
La Corte IDH ha desarrollado un rol activo en la construcción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad, mediante sus pronunciamientos sobre las leyes de amnistía y el uso de los informes de las comisiones de la verdad como medio probatorio en la resolución de casos sobre desapariciones forzadas. Como botón de muestra, a continuación, se presentarán los casos de Perú y Guatemala, los cuales son los países con más asuntos en los que la Corte IDH ha hecho referencia a los informes de las comisiones de la verdad, y que evidencian posiciones contrastantes.
El primer caso corresponde al de Guatemala. El 27 de diciembre de 1996, el Gobierno de Carlos Alberto García Regas promulgó el Decreto N.º 145-1996, en adelante Ley de Reconciliación Nacional, la cual decretó la extinción total de la responsabilidad penal por los «delitos políticos»
Parece ser que la razón principal por la que esa ley de amnistía no fue cuestionada por la Corte IDH es porque dicha ley fue producto del consenso entre los actores que protagonizaron un conflicto armado interno, a saber: el Estado guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Por el contrario, la Corte IDH aludió a la Ley de Reconciliación para, mediante un lenguaje propio de la justicia transicional, reforzar su razonamiento relacionado con la responsabilidad de varios altos mandos militares en el entorpecimiento del proceso de esclarecimiento de la verdad histórica
Por consiguiente, se puede afirmar que son dos los criterios seguidos por la Corte IDH para verificar si una ley de amnistía es válida: que sea producto del consenso y que favorezca el esclarecimiento de la verdad histórica, mediante la instauración de una comisión de la verdad
Ahora bien, en cuanto al caso peruano, el 15 de junio de 1995, el Congreso de la República aprobó la Ley n.º 26479, ley de amnistía, mediante la cual se concedió amnistía general al personal militar, policial y civil que se encontrara con investigación o proceso judicial abierto ante el fuero común o militar, por causa de la lucha contra el terrorismo desde el mes de mayo de 1980 hasta la fecha de su promulgación, así como por causa del contragolpe de 13 de noviembre de 1992
En comparación con la ley de amnistía guatemalteca, la cual fue producto de la negociación y el consenso entre todos los actores del conflicto armado interno, plasmado en el Acuerdo de Oslo durante el período de transición democrática, la ley de amnistía peruana fue una medida legislativa diseñada y propuesta «de arriba hacia abajo»
Esto no supone necesariamente que la aprobación de la ley de amnistía no haya exigido un nivel de consenso entre el Gobierno y algunas fuerzas de la oposición. Por el contrario, la amnistía a militares y policías por delitos cometidos en el marco de la lucha contra el terrorismo se logró a cambio de aprobar, junto con ella, la amnistía a Jaime Salinas Sedó, autor intelectual del fallido contragolpe de 13 de noviembre de 1992, así como la amnistía a Carlos Mauricio Agurto
Efectivamente, es posible inferir que ese canje se dio, pues la ley de amnistía destinada a los agentes del denominado Grupo Colina, responsables de las matanzas de La Cantuta
Dos semanas después, el 28 de junio de 1995, el pleno del Congreso aprobó la Ley n.º 26492, por la cual se declaró que la amnistía otorgada por la Ley n.º 26479 no constituía injerencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y que tampoco vulneraba los derechos humanos (art. 1), y, además, era irrevisable en sede judicial (art. 2)
El sustento del razonamiento utilizado por los congresistas del partido del Gobierno (Nueva Mayoría - Cambio 90) en el pleno del Congreso para aprobar esta segunda ley estaba centrado en la idea del olvido como elemento necesario para la reconciliación nacional. Se trataba, pues, del olvido de la verdad histórica
Así pues, la verdad y, especialmente, el derecho a la verdad fueron dos ideas presentes en el fundamento 2, literales c) y d), de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 1997, recaída sobre el expediente N.º 013-96-I/TC, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad presentada por treinta y siete congresistas.
En aquella oportunidad, los demandantes centraron su fundamentación en la idea de justicia transicional, frente a la cual el Tribunal Constitucional señaló que «los efectos que puedan conducir a la determinación de la verdad de los acontecimientos ya han quedado agotados»
Recapitulando, la amnistía traslucía un interés del Gobierno de Alberto Fujimori y sus aliados políticos en el ocultamiento de la verdad histórica, lo cual pudo ser posible gracias al juego de poder entre actores estatales de fuerzas desiguales: por un lado, el Gobierno con el apoyo de la bancada oficialista (mayoría parlamentaria) y, por otro lado, algunos miembros de la oposición que estaban interesados en ampliar los efectos de la amnistía a militares distantes del régimen fujimorista.
Por lo tanto, en comparación con el caso guatemalteco, en el caso peruano la ley de amnistía no fue el resultado de un juego de poder que haya contado con la participación de uno de los principales protagonistas de la lucha contra el terrorismo: los grupos terroristas.
Asimismo, en el caso guatemalteco, el riesgo de renunciar a conocer la verdad histórica se vio neutralizado por la simultánea creación de una comisión de la verdad a la que delegó dicho mandato; es decir, que la extinción de responsabilidad penal por efecto de la amnistía no impidió el derecho a conocer la verdad. Por su parte, en el caso peruano, la ley de amnistía no adoptó una medida similar, de modo que, la extinción de responsabilidad penal aunada a la ausencia de un mecanismo parajudicial para hallar la verdad supuso la imposibilidad real de efectivizar el derecho a la verdad. Para ilustrar el tema, recurriremos a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta por treinta y siete congresistas contra los arts. 1.º y 6.º de la Ley n.º 26479, ley de amnistía, y la Ley n.º 26492, su ley interpretativa.
En su sentencia recaída sobre el expediente n.º 013-96-I/TC de 28 de abril de 1997, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad de «las leyes 26479 y 26492, porque sus efectos quedaron agotados antes del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis, fecha en que se instaló el Tribunal, dejando a salvo el derecho que se menciona en el fundamento número doce». Al respecto, el considerando décimo segundo precisó que tal norma dejaba subsistentes las acciones de reparación civil. Además, en el noveno argumento indicó que, en cuanto al derecho a saber la verdad de los hechos delictivos objeto de amnistía, «no es posible realizar actos de cumplimiento» en virtud de dicha norma; de modo que «los efectos que puedan conducir a la determinación de la verdad de los acontecimientos ya han quedado agotados».
No obstante, el magistrado Aguirre Roca emitió voto singular a favor de que se declare fundada la demanda y la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, «a fin de que, respecto de los efectos no agotados, puedan ejercerse los correspondientes derechos»; entre los que hacía mención al derecho a la verdad y a la reparación civil, «sin que nada de ello pueda afectar o limitar los perdones ya otorgados, los sobreseimientos judiciales ya dispuestos, y la anulación de los antecedentes judiciales, pues respecto de ellos, los efectos de las normas impugnadas, sí han sido agotados»
Así, si bien es cierto que con el perdón ya otorgado —no con el futuro que pudiera otorgarse— se ha agotado el correspondiente efecto, que es el de borrar el delito; también lo es, al contrario, las leyes impugnadas no han borrado las muertes —pues a nadie han resucitado— ni restaurado la integridad física de las víctimas, de modo dichas leyes no pueden haber agotado los efectos vinculados con tales derechos.
En este orden de ideas parecería inscribirse el criterio jurisprudencial desarrollado por la Corte IDH en torno a las amnistías, pues el factor determinante para que la Corte IDH considere que una ley de amnistía es válida y produce efectos jurídicos es su conformidad con el derecho a la verdad.
Sin embargo, la Corte IDH se aparta de las ideas de Aguirre Roca y adopta una postura mucho más radical que él hasta desconocer los efectos jurídicos producidos por la amnistía a nivel del proceso penal cuando esta, según su criterio jurisprudencial, no garantiza la pervivencia del derecho de la sociedad a conocer la verdad histórica, lo que permite inferir que, dentro de los términos planteados por la Corte IDH, el derecho a la verdad se erige en un derecho irrenunciable. En efecto, este argumento cobra mayor solidez con la sentencia de la Corte IDH en el caso
Cabe añadir que esta sentencia es muy ilustrativa porque vincula el deber de investigar tanto con la verdad judicial («determinar las personas responsables de los derechos humanos») como con la verdad histórica («los hechos» y «divulgar públicamente los resultados de dicha investigación»); o, en palabras del magistrado Aguirre Roca, «el plano jurídico» con «el plano real o histórico» de la verdad. Se trata, pues, ni más ni menos que de la dimensión individual y la dimensión colectiva del derecho a la verdad.
De esta manera, el deber de investigar del Estado se concreta a través de dos mecanismos: a) el judicial, correspondiente a la víctima o sus familiares, para la determinación de las responsabilidades penales de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, a través de los órganos jurisdiccionales que persiguen la verdad judicial (dimensión individual); y b) el parajudicial, correspondiente a la sociedad, orientado a la búsqueda de la verdad histórica, a través de comisiones de la verdad (dimensión colectiva). Así pues, la verdad judicial y la verdad histórica se complementan y refuerzan entre sí, de acuerdo con la internacionalista Elizabeth Salmón.
El razonamiento seguido hasta el momento encuentra respaldo también en otras sentencias de la Corte IDH, tales como el caso
En el primero, la Corte IDH destaca el carácter irrenunciable del deber de investigar reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, permite apreciar que la verdad histórica no reemplaza ni completa a la obtenida con procesos judiciales, sino que se refieren a aspectos distintos (aunque vinculados entre sí, como se ha indicado), por lo que se deduce que la verdad judicial posee un carácter irremplazable
Vale la pena ser conscientes de esta sutileza del lenguaje empleado por la Corte IDH, toda vez que la idea de «completar» alude a una relación de parte-todo, a un elemento que forma parte (o está contenido en otro); es decir, a una relación de subordinación de uno respecto de otro en razón de que el segundo es mayor que el primero. Por el contrario, la idea de «complementar» se refiere a una relación de dos cosas distintas interdependientes, pero que están al mismo nivel: ninguna de ellas es mayor que la otra
Por consiguiente, se deduce que la construcción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad requiere la articulación de la verdad judicial con la verdad histórica a través del deber de investigar. No obstante, queda aún precisar las características principales atribuidas a la verdad histórica. En efecto, la mejor evidencia para sustentar las ideas alegadas se encuentra plasmada en la introducción del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú
Como puede apreciarse, la verdad histórica es un componente del derecho a la verdad que contiene toda una enorme carga filosófica que implica que el ámbito de aplicación de este derecho rebase lo puramente jurídico para convertirse en un instrumento de transformación política de toda una sociedad y de un Estado
En cuanto al marco legal, cabe destacarse la expulsión de la ley de amnistía del ordenamiento jurídico peruano, luego de que la Corte IDH declarara en su fallo sobre el caso
Así pues, merecen destacarse las siguientes cinco sentencias correspondientes a dos procesos de
En los dos procesos de
El primer caso versa sobre la situación de Genaro Villegas Namuche, estudiante universitario desaparecido en la ciudad de Piura el 2 de octubre de 1992, tras ser detenido en extrañas circunstancias por ser presunto sospechoso de terrorismo; mientras que el segundo era sobre Peter Cruz Chávez, quien se encontraba recluido en el penal de San Pedro («Lurigancho»), en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, por ser presunto sospechoso de terrorismo, al tiempo en que se produjo el amotinamiento protagonizado por los presos por terrorismo de los penales de Lurigancho y El Frontón que fue reprimido por las fuerzas militares y policiales.
En la sentencia de STC N.º 2488-2002-HC/TC, de 18 de marzo de 2004, el Tribunal Constitucional (TC) hizo un importante aporte al constitucionalismo peruano, al reconocer al derecho a la verdad rango constitucional, derivado directamente del principio de dignidad humana; de la obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional; del principio de la forma republicana de gobierno; y de la obligación específica del Estado de investigar y de informar. A modo de evidencia, se muestran los fundamentos pertinentes: a) el reconocimiento del derecho a la verdad como uno de rango constitucional (fundamento n.º 13)
Con base en este desarrollo jurisprudencial, en la sentencia de
Asimismo, aunque los demandantes no invocaron expresamente el derecho a la verdad, el Tribunal Constitucional indicó que era pertinente hacerlo en virtud del principio
Ahora bien, en el caso de los tres procesos de amparo, dos fueron interpuestos por Santiago Martín Rivas y uno por Julio Rolando Salazar Monroe, exoficiales del Ejército peruano que pertenecieron al Grupo Colina, responsables de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, quienes fueron beneficiados por la ley de amnistía promulgada por el Gobierno de Alberto Fujimori. Hay que destacar que las demandas de amparo fueron dirigidas contra distintas resoluciones emanadas del Consejo Supremo de Justicia Militar, las cuales declaraban la nulidad del sobreseimiento definitivo de los hechos investigados en la causa N.º 494-94, correspondiente al caso
Al respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional N.º 4587-2004-AA/TC, de 29 de noviembre de 2005, resulta de sumo interés, debido a que en ella dicho colegiado se pronuncia sobre las leyes de amnistía a pesar de que, como sostenía la defensa de Santiago Martín Rivas, esas leyes no se le aplicaron por los hechos del caso
En la STC N.º 679-2005-PA/TC, de 2 de marzo de 2007, el Tribunal Constitucional aprovechó la oportunidad para conceptualizar la idea de «cosa juzgada constitucional», a propósito de las resoluciones judiciales dictadas al amparo de leyes de amnistía; frente a la de «cosa juzgada fraudulenta» desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia recaída sobre el caso
En este sentido, el Tribunal Constitucional indicó que «una de amnistía se encuentra sujeta tanto a límites formales como materiales» (fundamento 24
A partir de lo señalado, se deduce que, según el criterio asumido por el TC, la facultad legislativa del Congreso no es ilimitada, pues no puede transgredir principios y valores constitucionales en los que se fundamenta el poder constituyente, tales como la verdad, conforme consta en el considerando n.º 59 de la referida sentencia.
Este argumento se encuentra en consonancia con lo discutido anteriormente, en el sentido de que, para ser válidas, las leyes de amnistía deben dejar a salvo las garantías para ejercer el derecho a la verdad, una de las cuales es la creación de mecanismos para establecer la verdad histórica, entre las que destacan las comisiones de la verdad.
Por último, en la STC N.º 03938-2007-PA/TC, de 5 de noviembre de 2007, la discusión giró en torno a la decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar de reabrir la investigación a Julio Rolando Salazar Monroe, quien fue beneficiario de las leyes de amnistía, que afectaba el principio del
La condición de víctima es el tercer elemento que conforma el derecho a la verdad y que es heredera de la justicia transicional y objeto de los más recientes estudios de victimología. De esta manera, el término «víctima» adquiere distintos sentidos.
Sobre el particular, las Naciones Unidas en los arts. 1 y 2 de su «Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder», al referirse a estos dos tipos de víctimas, permiten inferir tres rasgos consustanciales a la idea de víctima y que se evidencian en la jurisprudencia de la Corte IDH: a) puede ser individual o colectiva; b) por la producción de daño a través de la infracción de una norma penal nacional o una norma internacional de derechos humanos (las propias falencias del sistema jurídico son consideradas fuente del daño); y c) el daño puede adquirir múltiples formas, entre las cuales destaca el sufrimiento emocional.
Cabe indicar que, casi sin proponérselo, la Corte IDH ha empezado a construir una idea amplia de «víctima», a partir de la interpretación del art. 8.1 de la CADH y el ensanchamiento de la noción de «daño»; de manera que no solamente se considerará como «víctima» a quien recibió el daño directo, sino también a sus familiares o a la sociedad entera. Desde la perspectiva de la Corte IDH, es posible identificar dos dimensiones en la condición de víctima de desaparición forzada: a) el subjetivo, conformado por el sufrimiento infligido por el daño causado por la desaparición forzada de una o varias personas, y b) el objetivo, que consiste en la propia condición de vulnerabilidad de la persona que padece a causa de la desaparición forzada, correspondiente a factores estructurales o institucionales que la hacen proclive a padecerla.
En este sentido, las víctimas de desapariciones forzadas pueden ser clasificadas en cuatro categorías, según la naturaleza de la situación de vulnerabilidad: a) menores de edad, profesores, universitarios, periodistas e intelectuales (situación de vulnerabilidad concreta); b) líderes sindicales (situación de vulnerabilidad causada por la intensidad de la oposición política al régimen de turno); c) situación de vulnerabilidad por infracción de las garantías judiciales; y d) situación de vulnerabilidad de carácter ideológico político.
Aunado a ello, es importante indicar que la justicia transicional, en la cual se inscribe el nacimiento del derecho a la verdad, añade el elemento narrativo anamnético a la concepción de víctima, con la finalidad de revertir la historia desde las víctimas. Se trata, pues, de una perspectiva suspicaz de la historia hecha «por los poderosos», mediante el silencio y el olvido de los «insignificantes», para sustituirla por una perspectiva ético-filosófica, pero, sobre todo, por una interpretación histórica fundamentada en la memoria de las víctimas.
Así pues, la justicia transicional invoca la necesidad de «la reparación del tejido social, de la recuperación de la memoria histórica y de la recuperación socio-afectiva de personas y comunidades» a través de «las conmemoraciones vinculadas a hechos horríficos tales como masacres, detenciones arbitrarias masivas, desapariciones». Como puede apreciarse, «víctimas» y «verdad histórica» se entrelazan y darán contenido a una idea amplia de «reparación» que trascenderá la estrecha noción de indemnización pecuniaria y, con ello, romperá radicalmente con la visión tradicional de justicia como puro restablecimiento del equilibrio, para comprehender nuevas formas de reparación.
Por consiguiente, el sufrimiento de la víctima, el deber de investigar y la verdad histórica dotan al derecho de la verdad de una teleología especial: la implementación de un genuino proyecto político en aras de la transición democrática, el cual es promovido «de arriba hacia abajo» por la Corte IDH. He aquí el rasgo característico del derecho a la verdad: se trata, en buena parte, de una crítica radical al modelo de Estado constitucional de derecho ante su fracaso para garantizar no ya los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad política, sino el cumplimiento del deber de investigar como norma
Como ha podido apreciarse, el factor determinante para ostentar la condición de víctima es el sufrimiento; más aún, supone la transformación del sufrimiento individual (desaparición forzada de una persona o su muerte por dicha causa) en sufrimiento colectivo o compartido (en la forma de traumas psicológicos, alteración en el modo de vida de poblaciones vulnerables, etc.) lo que, a su vez, hace posible que toda la sociedad sea considerada «víctima».
A partir de la jurisprudencia de la Corte IDH sobre casos de desapariciones forzadas se desprende que el derecho a la verdad es aquel derecho humano que brinda a las víctimas y a sus familiares el recurso para reclamar al Estado el cumplimiento de su deber de investigar la verdad judicial y la verdad histórica vinculada a eventos de graves violaciones a los derechos humanos, a efectos de procesar, sancionar y reparar el daño producido por el sufrimiento ocasionado por el ocultamiento de la verdad o, dicho de otra manera, del incumplimiento del Estado de su deber de investigar, el cual tiene carácter de ser una norma
Sin embargo, lejos de haber esclarecido completamente el concepto de «derecho a la verdad», debemos afirmar que su contenido no se encuentra acabado y que existen algunos aspectos que nos hacen mantener la duda acerca de su carácter estrictamente jurídico e, incluso, de su pretendido rango de derecho humano.
En primer lugar, la propia denominación de «derecho a la verdad» y la ausencia de un significado sistemático de la Corte IDH lo convierten en un concepto líquido y totipotente (similar a lo que sucede actualmente con el de dignidad humana, invocada tanto por quienes están en favor como por quienes se oponen al aborto y a la eutanasia), en el que lo único claro que se advierte es la finalidad política que persigue la apelación a «la verdad».
En segundo lugar, parece cierto que el derecho a la verdad, lejos de suponer un aporte jurídicamente relevante para el catálogo de los derechos humanos, por guardar varias similitudes con el derecho a la tutela judicial efectiva y presentar dificultades para descubrir su naturaleza jurídica, constituye el fundamento ideológico para el diseño y la construcción de un Estado según una idea particular de democracia embebida por el paradigma de la justicia transicional, a través de la jurisprudencia de la Corte IDH. Así, la construcción del derecho a la verdad obedecería a una estrategia de judicialización de la política
En tercer lugar, en la base de esta estrategia se encontraría la verdad histórica como principal objetivo del derecho a la verdad y que sería instrumentalizada para la implementación de una serie de mecanismos judiciales y parajudiciales promocionados por la Corte IDH y que se encuentran reunidos en los llamados estándares interamericanos en materia de justicia, verdad y reparación para contextos transicionales, aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El ejemplo más significativo es el caso peruano. En él se aprecian claramente las consecuencias de la importancia de la verdad histórica para el ordenamiento jurídico peruano, conforme a los términos de la Corte IDH señalados, especialmente, en las sentencias recaídas sobre los casos
En definitiva, el derecho a la verdad constituiría una nueva categoría jurídica, pero sobre todo política, elaborada por la Corte IDH que permitiría a esta incidir sobre el diseño del Estado y en la forma de pensar la verdad histórica, mediante parámetros jurídicos e institucionales conocidos como estándares interamericanos en materia de verdad, justicia y reparación. Actualmente, esta nueva categoría se estaría convirtiendo en un genuino principio que pretende sustituir el lugar de la dignidad humana como principio ordenador del derecho y la política. Y es que la creación de un nuevo derecho humano, llamarlo «verdad» y alegar la defensa de las «víctimas» para su justificación provee el ropaje ideológico adecuado para dotar de una fuerza jurídica especial a un nuevo proyecto político que se vendría gestando en el sistema interamericano, pues facilita la división de la sociedad entre un grupo que acepta y otro que la rechaza «la verdad». Sin embargo, debemos formular la siguiente pregunta: ¿quién define la verdad?
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Profesor a tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. Abogado de la Universidad de Piura y politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Navarra (España). Correo electrónico:
Rodríguez Rodríguez (
Resolución II de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, celebrada en la ciudad de Manila (Filipinas) del 7 al 14 de noviembre de 1981. «La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, […] señalando que las familias tienen derecho a ser informadas sobre el paradero, la salud, y el bienestar de sus miembros, derecho refrendado en diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas».
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013, 97. Disponible en:
Von Clausewitz (
Obando (
Obando (
Ídem.
Aprobada por la Comisión de Derechos Humanos mediante la resolución E/CN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006, en cumplimiento de su resolución 2005/6.
Los países que participaron en el estudio fueron: Argentina, Bielorrusia, Colombia, Cuba, Georgia, Mauricio, Perú, Eslovenia, Togo, Uruguay y Venezuela.
Ídem.
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«Art. 1.- 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social».
Recuérdese que, de acuerdo con el art. 53 de la Convención de Viena de 1969, «una norma imperativa de derecho internacional general es una norma acepada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter».
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Jeffery (
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Vale la pena recordar que, como afirma Diego García-Sayán, las transiciones poseen un carácter muy heterogéneo, por lo que, con este término no solo se alude a aquellas que suponen un cambio de régimen autoritario por uno democrático, sino también a las que se enmarcan tras el fin de un conflicto interno, y otras más.
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«200. Como ya se ha establecido en esta Sentencia (
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Con base en la clasificación planteada: frente a los agravios que recaen sobre la persona desaparecida aún viva, las autoridades deben desplegar todos los esfuerzos por determinar su paradero, dar trámite a la garantía de
Sin embargo, hay que tener presente que el caso especial de la eliminación de los restos óseos de la víctima no supone el incumplimiento del deber de investigar, mientras se demuestre que las autoridades actuaron con la debida diligencia durante la investigación y que, pese a ello, no pudo evitarse ese hecho nefasto. Más aún, en este contexto subsiste el deber de investigar con el fin de determinar las responsabilidades jurídicas respectivas, lo cual deberá ser realizado debidamente.
Mihlar (
Los identificados dentro del cuarto grupo de agravios al deber de investigar.
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Benítez Jiménez (
Bajo la denominación de «delitos políticos» el Código Penal de Guatemala tipifica delitos contra el orden político (rebelión, insurrección, etc.).
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Efectivamente, el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) estaba orientado por cuatro fundamentos inspiradores, los cuales tienen como punto de convergencia la necesidad de conocer la verdad histórica, para la construcción de una cultura de paz, la promoción de la reconciliación y la consolidación de la democracia; es decir, valores correspondientes a la justicia transicional. Posteriormente, el informe de la CEH destacó la importancia de que la verdad histórica sea asumida en la conciencia nacional para seguir avanzando con el proceso de reconciliación. Véase
El llamado «contragolpe de 13 de noviembre de 1992» fue el intento de golpe de Estado ideado por un grupo de altos mandos militares peruanos, reunidos en torno a Jaime Salinas Sedó, a la sazón general de brigada del Ejército peruano, que tenía la finalidad de restaurar el orden democrático quebrantado tras el autogolpe de Alberto Fujimori de 5 de abril de 1992.
Ambos generales habían sido condenados por los delitos militares de infidencia y ultraje a la Nación y las Fuerzas Armadas, sin respetar las mínimas garantías judiciales consagradas en la Constitución, luego de haber criticado públicamente las operaciones militares de Perú durante el conflicto bélico con el Ecuador (Conflicto del Cenepa), entre enero y febrero de 1995. Para más información, véase la nota de prensa de Amnistía Internacional publicada en línea:
Se refiere a los hechos de violencia ejercidos por agentes del Gobierno contra estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta (Lima), quienes eran sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Entre cuyas víctimas figuraba un menor de edad.
Ley n.º 26492, publicada en el diario oficial
Congreso de la República del Perú,
STC n.º 013-96-I/TC, de 28 de abril de 1997, párr. noveno.
STC n.º 013-96-I/TC, de 28 de abril de 1997, voto singular del magistrado Aguirre Roca.
Corte IDH. Caso
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Para profundizar en el tema, véase Ledoux (
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«13. Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado en primer lugar de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional».
«16. […], pues el daño ocasionado a las víctimas no solo se traduce en la lesión de bienes tan relevantes como la vida, la libertad y la integridad personal, sino también en la ignorancia de lo que verdaderamente sucedió con las víctimas de los actos criminales».
«17. […], pues mediante su ejercicio se posibilita que todos conozcamos los niveles de degeneración a los que somos capaces de llegar, ya sea con la utilización de la fuerza pública o por la acción de los grupos criminales del terror».
19. «[…] no solo consiste en facilitar el acceso de los familiares a la documentación que se encuentra bajo control oficial, sino también en la asunción de las tareas de investigación y corroboración de hechos denunciados».
STC N.º 2529-2003-HC/TC, de 2 de julio de 2004, párr. 2.
STC N.º 679-2005-PA/TC, de 2 de marzo de 2007, párr. 28.
STC N.º 03938-2007-PA/TC, de 5 de noviembre de 2007, párr. 42.
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